Presupuestos 2023: "vacuna" frente a la crisis

El pasado jueves llegaron al Congreso los Presupuestos 2023, que podrían prorrogarse para 2024. Estas cuentas públicas tienen un objetivo: evitar que España caiga en recesión, como se teme en Alemania y parte de Europa, por la inflación y la guerra en Ucrania. ¿Cómo? Tirando de la inversión pública (con Fondos europeos) y aumentando el gasto social a 25 millones de españoles (jubilados, funcionarios, parados, trabajadores, dependientes, beneficiarios del ingreso mínimo, bono social eléctrico y de transportes, jóvenes…), para sostener así su consumo, el crecimiento (la mitad) y el empleo, gracias al aumento de la recaudación, por la inflación y algunas subidas "selectivas" de impuestos. Es una nueva “vacuna” (social) frente a la crisis, muy diferente a la que aplicó Rajoy en 2012 (subida histórica de impuestos y drásticos recortes). Veremos si la mayor inversión y gasto social hacen de "locomotora" e impiden la recesión. Porque si la receta no funciona y la economía decrece,  sólo quedará subir impuestos y volver a los recortes. Crucemos los dedos.

Enrique Ortega

Los Presupuestos de un país son la política que elige un Gobierno para afrontar los problemas y diseñar cómo quiere que evolucione la economía.  Ahora, la gran prioridad de estos Presupuestos 2023 recién presentados es sortear la “recesión” (caída del PIB dos trimestres seguidos), seguir creciendo el año que viene, aunque menos: el gran objetivo de las cuentas públicas es crecer un +2,1% en 2023, la mitad que este año (+4,4%), pero más que la media europea (la UE-27 espera crecer +1,5%) y más que los otros grandes países europeos, más que Alemania (+1,3% estima la Comisión Europea, pero la OCDE prevé que caerán un -0,7%), Francia (+1,4%) e Italia (+0,9%). Y con este menor crecimiento del +2,1% (ojo: similar al +2% de 2019), se busca sortear la grave crisis de la inflación (la segunda en tres años, tras la pandemia) y subir incluso algo el empleo (+122.000 ocupados), llegando a rozar los 21 millones de españoles trabajando a finales de 2023, según el cuadro que acompaña a estos Presupuestos.

¿Cómo puede España evitar la recesión que amenaza a Europa? La estrategia es utilizar los Presupuestos 2023 como “un arma contracíclica”: cuando la economía está débil, cuando la inversión de las empresas y el consumo de los españoles se enfría, el sector público trata de hacer de “locomotora de la economía”, contrarrestar el pesimismo económico del momento con más inversión y más gasto público, que buscan “tirar de la actividad”, crecer aunque sea poco. Para ello, los Presupuestos 2023 utilizan dos instrumentos: aumentar más la inversión pública y el gasto social, para que estos mayores recursos públicos en la economía reanimen la actividad e impidan caer en recesión. Para aportar estos mayores recursos públicos (+6%), este mayor gasto (la “vacuna” contra la crisis), los Presupuestos 2023 contemplan tener más ingresos (+7,7%), recaudados gracias a la inflación, la mejora (pequeña) del crecimiento y el empleo y la subida de algunos impuestos. Veámoslo.

Empecemos por el aumento del gasto público, para sostener la economía. Los Presupuestos 2023 no “disparan” el gasto (como la derecha indica engañosamente), sino que son “moderadamente expansivos”, porque Bruselas no nos dejaría hacerlo, dada nuestra baja recaudación y elevado déficit público. Hay un “techo al gasto”, para cumplir las exigencias europeas, y el conjunto del gasto público (485.986 millones) crece un 7,6% en 2023, lo que supone (descontando un 4,1% de inflación prevista) un crecimiento real del gasto público del 3,5% en 2023. Y dentro de este futuro gasto, hay dos prioridades: el gasto en inversiones públicas y en gasto social, los dos “motores” que mantendrán el crecimiento.

Los Presupuestos 2023 destinan 43.084 millones a inversiones públicas, unas que harán el Estado y otras que transferirán para que las hagan otras instituciones. Lo más llamativo es que las inversiones directas que hará el Estado superarán los 10.000 millones por primera vez en nuestra historia, alcanzando los 11.867 millones de euros, un +33,1% más que en 2022 (y si descontamos la aportación de los Fondos UE, crece incluso un +28%). Estas inversiones públicas harán de locomotora de proyectos, arrastrando mayores inversiones privadas, que ayudarán al crecimiento y a la modernización de la economía.

El otro gasto que hará de “locomotora” de la economía será el gasto social, que crecerá un 10,5% el año próximo: 266.719 millones de euros, 6 de cada 10 euros del gasto presupuestado. La mayor partida de gasto es para pensiones, a las que se destinarán 190.687 millones de euros en 2023 (+11,4% que este año). El mayor aumento de este gasto es por la revalorización de las pensiones con el IPC anual esperado (diciembre 2021-noviembre 2022), un +8,5% de subida para 2023, que tendrá un coste extra para la SS de unos 20.000 millones de euros, a los que sumar las nuevas pensiones y la aportación que va a hacerse en 2023 a la “hucha de las pensiones”, por primera vez en 13 años: 2.957 millones.

Otro colectivo que se beneficia del mayor gasto social son los dependientes, que recibirán 620 millones más, hasta destinarse 3.522 millones a la Dependencia (+152% que hace tres años). También habrá 12.741 millones (+13,2%) para los jóvenes, con la prórroga del bono de alquiler de 250 euros (+200 millones) y las ayudas al alquiler accesible. Y aumenta el gasto público en educación y becas (5.354 millones, +6,6%), sanidad (7.049 millones, +6,7%), cultura (+13,5%), ingreso mínimo vital (sube un 8.5%), bono social térmico (+102 millones), bono transportes (el de cercanías gratuito se amplía a todo 2023) y ayudas familiares (los 100 euros por niño de 0 a 3 años los cobrarán todas las madres, trabajen o no). Sólo baja el gasto en desempleo (-5,3%), pero porque se espera reducir el paro, ya que los parados van a cobrar más en 2023: subirá la prestación asistencial (+3,6%) y la prestación contributiva, del 60% (al que lo recortó Rajoy en 2012)  al 70% de la base reguladora a los 6 meses de cobrar el desempleo (300.000 parados cobrarán 100 euros más al mes).

El objetivo de estas subidas del gasto social a mayores, dependientes, parados, familias con niños y jóvenes es compensarles el efecto de la inflación disparada y que su consumo no caiga en picado y anticipe la recesión. Otro colectivo importante que tendrá una subida importante son los funcionarios: su sueldo subirá un 2,5% en 2023, más un 1% adicional que va a depender de la inflación y del crecimiento del PIB. Y muy importante: antes de que acabe este año, recibirán una paga del 1,5% para compensarles (en parte) la pérdida de poder adquisitivo. En conjunto, el gasto de personal de los 2,7 millones de empleados públicos será de 20.502 millones en 2023, un 6,6% más que este año.

Fuera de este gasto social y del personal laboral, la tercera partida importante de gasto es el pago de los intereses de la deuda pública, que se llevará 31.300 millones en 2023 (+3,7%). Y esta factura para financiar el déficit público no es mayor porque el Tesoro ha anticipado la colocación de deuda este año, antes de la subida de tipos. Fuera de estos gastos, destaca el aumento del gasto en Defensa (12.317 millones presupuestados, +25,8%), para poder cumplir en los próximos años (para 2029) el compromiso con la OTAN de gastar un 2% del PIB en Defensa, en Ciencia (8.673 millones, +23%), en Seguridad Ciudadana (10.719 millones (+5,6%), en Justicia (2.291 millones, +0,3%) y en Política exterior y Cooperación (2.426 millones, +7,6), un desglose que detalla el Libro amarillo de los Presupuestos 2023.

Y todo este gasto público, ¿cómo se paga? Pues con impuestos y con déficit público. En los últimos años, por exigencias de Bruselas, las cuentas se hacen al revés: cuanto déficit público puedo presentar  y, en función de eso, cuanto puedo gastar y cuanto tengo que recaudar. Porque el Gobierno Sánchez y su vicepresidenta Calviño saben bien que han de presentar unas cuentas públicas “asumibles” por la Comisión Europea y “los mercados” (los inversores, para que no les pase como a la británica Truss), aunque ahora (primero por la pandemia y ahora por la inflación y la guerra) no esté en vigor el Pacto  de Estabilidad (prohibido tener más del 3% de déficit y más del 60% de deuda para poder estar en la zona euro). Por eso, el Gobierno ha reiterado que estos Presupuestos 2023 tienen “responsabilidad fiscal”: aumentan el gasto, pero reducen el déficit público (del -5% del PIB en 2022 al -3,9% en 2023 y el -3,3% en 2024) y la deuda pública (del 115,2% del PIB en 2022 al 112,4% en 2023 y en 110,9% para 2024).

¿Cómo se puede gastar más y a la vez bajar el déficit público y la deuda? Pues recaudando más. En principio, los Presupuestos contemplan ingresar 262.781 millones de euros por impuestos, un 7,7% más (+18.710 millones), gracias a tres factores: la inflación (que eleva la recaudación porque todo vale más y tributa más, al no “deflactarse” la tarifa, descontarse la inflación de ingresos y precios), el crecimiento (ligero) de la economía y el empleo y los cambios fiscales que ha aprobado el Gobierno y que entrarán en vigor en 2023 y 2024. En los Presupuestos 2023 se contemplan “medidas fiscales Robín Hood”: se reducen los impuestos a 4,5 millones de trabajadores (no se toca su tipo en el IRPF, pero se extiende la deducción por el trabajo a todos los que ganen menos de 21.000 euros anuales, el sueldo mediano en España), a casi 1 millón de autónomos (a los que se rebaja los módulos y se aumenta los gastos deducibles sin justificar) y a 407.000 pymes (se les rebaja los tipos del 25 al 23%) y , en contrapartida, se les suben a 3.600 grandes empresas (que ahora sólo podrán compensar la mitad de las deudas de sus filiales) y a 17.814 inversores,  contribuyentes que ingresan más de 200.000 euros anuales por intereses o dividendos. En paralelo, el Gobierno aprobará en las próximas semanas una Ley ad hoc con dos nuevos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero y durante 2023 y 2024: un impuesto a las energéticas (eléctricas, petroleras, gasistas) y a la banca.

Con los cambios fiscales incluidos en los Presupuestos 2023, Hacienda ingresará 3.144 euros más entre 2023 y 2024: por las bajadas a trabajadores, autónomos y pymes perderá 2.559 millones y por la subida a grandes empresas e inversores ganará 5.649 millones. Y con los dos nuevos impuestos a energéticas y bancos, ingresará 7.000 millones extras en los próximos dos años. Además, se anuncia un Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que afectará a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, para compensar la pérdida de ingresos por la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, Madrid y otras autonomías del PP. Así, la estrategia es doble: ayudar a reanimar la economía reduciendo impuestos a los que más sufren esta crisis, pero seguir aumentando la recaudación neta, para afrontar el aumento del gasto y a la reducción del déficit. Más “gasolina” a la economía, pero financiándola con las grandes empresas y los más ricos.

Hasta aquí, la filosofía de los Presupuestos 2023, que podrían ser también los Presupuestos prorrogados para 2024 (si las elecciones son en diciembre 2023): una “vacuna” social, que pretende evitar la recesión gastando e invirtiendo más, a costa de recaudar más. Esta estrategia, seguida por el Gobierno Sánchez en los tres Presupuestos que ha hecho, coincide ahora con la estrategia en Europa, donde la Comisión, el BCE y la mayoría de los gobiernos defienden importantes ayudas públicas contra la inflación (y antes, contra la pandemia)  financiadas con subidas de impuestos a las grandes empresas y los más ricos. Una estrategia, una “vacuna” contra la crisis, que nada tiene que ver con la que defendía Europa en la pasada década y que aplicó Rajoy en los Presupuestos 2012 a 2015: subida histórica de impuestos y drásticos recortes de gastos. Ya sabemos por experiencia las consecuencias de esa medicina contra la crisis…Ahora hay que ver el fruto de esta otra vía, que ya hemos visto en la crisis COVID: corta recesión en 2020, empresas salvadas y más empleos.

Esta estrategia de gastos e ingresos de los Presupuestos 2023, en línea con Bruselas, va a tropezar con muchas incertidumbres. La primera y fundamental, la evolución de la guerra en Ucrania, los precios de la energía y la inflación. Si el conflicto se prolonga muchos meses y Europa no consigue frenar los precios del gas y la luz (siguen divididos sobre si poner topes y extender “la excepción ibérica”), las familias frenarán el consumo (a pesar del gasto social y los menores impuestos) y las empresas invertirán menos, rebajándose el crecimiento. Y más si Alemania y parte de Europa “pinchan” y entran en recesión. Harían falta más ayudas y eso obligaría a recaudar más o a seleccionar ayudas y gastos.

La otra incertidumbre son los tipos de interés. Si la inflación tarda en bajar, el BCE seguirá subiendo los tipos (a finales de octubre los pondrá ya en el 2%) y eso hará mucho daño a las familias (el Euribor está ya en el 2,42%, lo que encarece una hipoteca media más de 2.000 euros al año…) y a las empresas, aumentando la morosidad y frenando más la actividad, lo que ayuda también a acabar en recesión. Y eso siempre que la subida de tipos y la crisis en Europa no provoque otra “crisis de la deuda” como la de 2010-2012, lo que nos encarecería la financiación del déficit, restando recursos públicos.

Y un tercer tema clave es cómo gastemos los Fondos europeos, unos 25.000 millones anuales incluidos en los Presupuestos de 2021,2022 y 2023. Es un dinero básico, del que depende buena parte de la inversión prevista, pero que en su mayoría no se ha gastado y muchos de los proyectos están sobre el papel, no en ejecución. Todo apunta a que 2023 va a ser el año clave para ejecutar estos Fondos europeos. Y que de hacerlo bien o mal depende en buena medida que España crezca algo o nada el próximo año… Y ejecutar bien este dinero clave para modernizar el país depende en buena medida de una estrecha colaboración entre el Gobierno central, las autonomías y los empresarios, una relación que hoy resulta bastante polémica (y más en un año electoral).

Al final, que la “vacuna” social de estos Presupuestos 2023 “funcione” y nos salve de la recesión depende de que lo noten los 25 millones de españoles beneficiados (por el mayor gasto social y los menores impuestos), reduzcan su incertidumbre y consuman. No es fácil, porque el pesimismo del momento es evidente (“España está mal, aunque los españoles dicen que están bien”, según el último Barómetro del CIS) y existe una tremenda polarización política, que impide hacer necesarios Pactos frente a la crisis. Si los Presupuestos no ayudan a recomponer la confianza o el conflicto en Ucrania  y la inflación se agravan, no será posible crecer el 2,1% previsto en 2023 (el Banco de España prevé que creceremos mucho menos, el 1,4%, y la OCDE, un 1,5%). De ser así, de crecer menos o caer en recesión, las cuentas de los  Presupuesto 2023 no saldrían. Y sólo quedaría subir impuestos o recortar gastos otra vez, recetas que agravarían la situación. Crucemos los dedos para que la “vacuna” funcione.

Reconstrucción: España depende de sí misma

Los contagios se han duplicado la última semana y Sanidad  habla de “una 2ª oleada” de la pandemia cuando no ha empezado agosto, el mes más peligroso. Y cada autonomía va “a su aire”, evitando confinamientos duros por su coste económico y político, mientras la atención primaria sanitaria no tiene medios ni rastreadores. La temporada turística y la incipiente recuperación peligran por los rebrotes, pero urge avanzar en la reconstrucción, tras la euforia (injustificada) por los Fondos europeos: no llegarán hasta dentro de un año y ahora sólo contamos con 14.000 millones (el 10%), que poco nos ayudarán. España depende de sí misma y de pactar unos Presupuestos 2021 que prioricen gastos y recauden más, subiendo algunos impuestos. Y urgen reformas en la contratación (25% de empleos son temporales) y las pensiones, no porque lo exija Europa sino para sobrevivir. Hay que modernizar la economía, invertir en sectores con futuro y dejar de ser un país de servicios. Ser menos vulnerables en la próxima crisis.

enrique ortega

El coronavirus cumple esta semana los 7 meses de vida oficial (31 de julio) y sigue con más fuerza cada día, marcando nuevos récords de contagios en el mundo: 282.700 nuevos contagiados el jueves 23 de julio, tras 280.600 contagiados el miércoles 22. Son 25 veces los contagios que había el 14 de marzo (11.100 diarios). Hoy se contabilizan ya 16.262.481 contagiados en 188 paises, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos (4.234.020 contagiados) como en Latinoamérica (que ha superado también los 4 millones de contagiados), destacando Brasil (2.419.091 contagiados), México (390.516), Perú (375.961), Chile (345.790), Colombia (248.976), Argentina (162.526), Ecuador (80.694) y Bolivia (69.429). Y crece cada día en Asia y Oriente Medio, sobre todo en India (1.435.616 contagiados), Irán (291.172), Pakistán (274.289), Arabia Saudí (266.941), Turquía (226.100), Bangladesh (223.453), Iraq (110.032), Qatar (109.305) e Indonesia (98.778 contagiados). Y sigue propagándose por África (850.000 contagios), especialmente en Sudáfrica (445.433 contagiados) y Egipto (92.062). En Europa hay nuevos rebrotes y rondan los 3 millones de contagios (2.973.382), especialmente en Rusia (811.073 contagiados), Reino Unido (301.020), España (272.421), Italia (246.118), Francia (217.801) y Alemania (206.667).

Las muertes por coronavirus se han disparado en el mundo, multiplicándose por 120 desde el 14 de marzo (5.407 muertes) a hoy, cuando se contabilizan ya 648.937 muertes, casi la cuarta parte en Estados Unidos (146.935 muertes, ahora 1.078 diarias), seguido de Brasil (87.004 muertes, 1.367 diarias), Reino Unido (45.837), México (43.680). Italia (35.107), India (32.771 muertes, 1.129 diarias). Francia (30.195), España (28.432 muertes, frente a 136 fallecidos hasta el 14 de marzo), Perú (17.843), Irán (15.700), Rusia (13.249), Bélgica (9.821) y Alemania (9.124 fallecidos), según la Universidad Jhons Hopkins.

En España, se han vuelto a disparar los contagios la última semana: se han detectado +12.166 nuevos contagiados, el doble que la semana anterior (+6.346) y 4 veces los contagios de la primera semana de julio (+3.363), según los datos de Sanidad. El salto de contagios se ha dado día a día, de +685 nuevos el lunes a +730 el miércoles, +971 el jueves y +922 el viernes, último dato oficial de Sanidad (que no reporta los datos del fin de semana hasta la tarde del lunes). Hemos vuelto al nivel de contagios de principios de mayo, en pleno estado de alarma, con especial incidencia en Aragón (237 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más que los 171 de Brasil), Cataluña (111 contagiados/100.000), Navarra (110/100.000) y País Vasco (50/100.000), todas por encima de la media española de contagios (38/100.000), la 2ª más alta de Europa, tras Rusia (51), lo que ha llevado a Francia a recomendar “vivamente” no viajar a Cataluña y al Reino Unido a imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen de España .

Los nuevos contagios se han más que duplicado por la aparición de casi 300 rebrotes en 30 provincias, especialmente en Cataluña (+4.846 contagiados  la última semana), Aragón (+2.113 contagiados),  País Vasco (+813 casos), Madrid (+789), Andalucía (+597), Navarra (+518 casos) y Comunidad Valencia (+472 nuevos casos). Y aunque la mayoría afectan a gente joven y de mediana edad (la mayoría asintomáticos y que se curan en casa), también han aumentado los contagiados hospitalizados (de 237 semanales el lunes a 327 el viernes, sobre todo en Aragón, Madrid y Cataluña), aunque se estabilizan los ingresos semanales en UCIs (15 el lunes, 11 el miércoles y 14 el viernes). Y también se estabilizan las muertes: 12 más en la última semana, con un total de 28.432 fallecidos oficiales por COVID 19.

Sanidad ha reconocido que podemos estar ante “una 2ª oleada de la pandemia”, ya que en muchos focos hay “transmisión comunitaria”, no controlada, provocada por reuniones de familiares y amigos, ocio nocturno ligado a los jóvenes y algunos casos de temporeros. El problema es que cada autonomía ha reaccionado “a su aire” ante los rebrotes, con medidas (suavizadas) de recorte de actividades y confinamientos muy “light”, que apenas funcionan porque los ciudadanos no los toman en serio. En muchos casos, las autonomías y Ayuntamientos se sienten “presionados” por la hostelería y el turismo (otra vez el viejo dilema de “la bolsa o la vida”) y por tomar medidas “impopulares”. Y también hay una “carrera de imagen”: Galicia implantará esta semana un “control” a los visitantes de otras autonomías (tendrán que informar en los hoteles de donde proceden) mientras Madrid se resiste (con Canarias) a implantar la mascarilla obligatoria para no asustar a los visitantes.

El problema de fondo es que tenemos un virus único que no distingue de pueblos ni autonomías y 17 políticas distintas para combatirlo (¿se imaginan si hubiéramos hecho esto de marzo a junio?). Y que ahora, la primera línea de esta guerra no está en los hospitales y las UCIs sino en los centros de salud, en la atención primaria, que es el eslabón más débil de nuestro sistema sanitario, falto de medios y personal tras años de recortes, que no se han compensado en estos meses a pesar de lo que se diga. Unos centros de salud que están ya saturados (por los rebrotes y las vacaciones del personal, a los que se ha obligado a tomarlas en previsión de una oleada de contagios en otoño). Y que podrían estar peor en agosto, si los españoles y turistas aumentan en zonas de costa y hay más rebrotes.

Los Centros de salud (colapsados) son claves para las dos tareas que hay que realizar frente a los rebrotes: detectar los contagios, aislarlos y multiplicar las pruebas PCR a sus contactos. En España se han multiplicado los test PCR (4.347.022 hechos a 23 de julio, 1,1 millones más que hace un mes), pero son todavía pocos y estamos a la cola de Europa en test PCR por caso detectado: 38 en España frente a 169 de media en Europa, 218 en Italia, 203 en Alemania, 174 en Holanda o 91 en Francia, según la Universidad de Oxford. Y eso, porque no sólo hay que tener test y reactivos, sino personal para hacer las pruebas y laboratorios para analizarlas. En cuanto a los rastreadores, harían falta el doble o el triple, según los expertos,  sobre todo en 12 autonomías que tienen menos de 1 rastreador por 5.000 habitantes: sólo se salvan Andalucía (5 rastreadores por cada 5.000 habitantes), Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana (1 rastreados por cada 5.000 habitantes). Los mayores déficits de rastreadores se dan en Cataluña (había 220), Madrid (142) y Aragón (105 rastreadores).

La pandemia se ha descontrolado en sólo un mes de “nueva normalidad” y ahora, en agosto, podrían dispararse los rebrotes, al multiplicarse la movilidad de los españoles que cogen vacaciones más la llegada de nuevos turistas extranjeros (la patronal Exceltur espera 4,1 millones en agosto), lo que hace temer nuevos rebrotes en zonas turísticas, hasta ahora poco afectadas por los nuevos contagios y sin medios en los Centros de salud locales. De confirmarse esta  “2ª oleada de la pandemia”, supondría no sólo un peligro sanitario sino que interrumpiría la actividad económica y turística. De hecho, la cuarentena británica y el aviso francés (más los "avisos" de Alemania, Bélgica y Noruega sobre España) son "la puntilla" para un verano desastroso para el turismo. Y además, un rebrote generalizado y nuevas medidas de confinamiento agravarían la recesión y dificultarían más la recuperación. Por eso hay que evitarlo como sea, con medidas públicas más drásticas y más conciencia ciudadana (sobre todo los jóvenes).

Mientras media España se coge las vacaciones más raras de su vida, el Gobierno trabaja para tener listo a finales de septiembre el Presupuesto 2021, que debe ser el motor de la reconstrucción económica y social del país. Y por mucha euforia y “propaganda” con el éxito de la última Cumbre Europea (ojo: se ha aprobado un Fondo de 750.000 millones en 4 años, frente a los 1,5 billones que pedían inicialmente España e Italia y los 2 billones que propuso el Parlamento europeo), España tendrá que salir del agujero básicamente por sus propios medios. Y eso, porque el dinero europeo (ojo, de los 140.000 millones para España, 66.900 son créditos que habrá que devolver a partir de 2027) no llegará a España hasta dentro de un año, según ha confirmado el Comisario europeo Gentiloni. Y sólo podremos disponer ahora del 10%, o sea de 14.000 millones  (7.200 en ayudas a fondo perdido), cuando la factura extra que tiene España por el coronavirus superará los 100.000 millones.

La primera decisión que tiene que tomar el Gobierno español es qué déficit le propone a Bruselas para 2021. Este año 2020, el déficit estimado por la Comisión Europea para España era en mayo del -10,1% del PIB, lo que traducido supone un “agujero” en las cuentas públicas de -112.000 millones (frente a -32.879 en 2019). Pero hoy, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) sube este déficit fiscal, entre el -11,9% (-132.041 millones) y -14,4% si hay rebrotes (-159.780 millones). Pongamos un punto medio, un agujero fiscal de -145.000 millones de euros, que habrá que “tapar” con deuda (+110.000 millones sobre la prevista inicialmente). Ahora, el debate es ¿Qué déficit estimamos para 2021? Podemos ofrecer a Bruselas bajarlo algo, al 10% del PIB (-117.616 millones), muy difícil, porque obligaría a ajustes que pondrían en peligro la recuperación necesaria de la economía en 2021, o intentar mantenerlo en el 12% con que podría acabar el año, lo que sería un déficit de -140.000 millones para 2021. Tremendo, pero bajarlo más con una economía débil podría llevar a asfixiar la ansiada recuperación.

Así que lo primero será que Nadia Calviño negocie con Bruselas ese déficit  “permitido” para 2021, entre el 12 y el 10% del PIB (menos saben los europeos que es imposible). Y una vez negociado, hay que hacer dos cuentas: cuánto es lo mínimo que necesitamos gastar y de dónde lo sacamos, cómo podemos ingresarlo. Y aquí está lo difícil de los Presupuestos. Primero, en priorizar el gasto. Porque en 2019, sin coronavirus, el gasto presupuestario fue de 492,812 millones, el 41,9% del PIB, un gasto muy inferior al del resto de Europa (46,7% del PIB). Ahora, con las ayudas que hacen falta a empresas, parados y familias, más las inversiones necesarias para la reconstrucción, habría que gastar al menos 100.000 millones más, en torno a 600.000 millones. Pero si gastamos eso, habría que recaudar 460.000 millones para que el déficit no sea más de -140.000 millones (“si nos dejan” el 12%).

Y aquí está el 2º gran problema, tras el gasto: cómo ingresamos esos 460.000 millones, que es justo lo ingresado en 2019, un año sin recesión. Una recaudación difícil de repetir, con las empresas, los sueldos y el consumo muy “tocados”. Y con un PIB menor en 2021 (1.176.163 millones) que en 2019 (1.245.331), el esfuerzo para recaudar los mismos 460.000 millones  tendrá que ser mayor. Así que sólo hay dos opciones: o se mejora la recaudación, subiendo algunos impuestos, o se gasta menos, en ayudas o inversiones para la reconstrucción. Y sabiendo que el dinero de Europa llegará, pero tarde (entre 2021 y 2023) y sólo la mitad será de ayudas, pero muy dirigidas a inversiones en medio ambiente, digitalización y formación, no para muchas otras cosas que necesitamos.

Así que, les guste o no al PP y a Ciudadanos, no queda otra opción que subir algunos impuestos para pagar la reconstrucción, como han propuesto la Comisión Europea, el Banco de España y muchos expertos. Bruselas lleva años diciéndonos que recaudamos menos en todo (88.000 millones menos cada año que la media UE-27, según los últimos datos de Eurostat), sobre todo en IRPF, IVA e impuestos verdes. El Banco de España ha propuesto subir el IVA, sociedades y los impuestos medioambientales. FEDEA ha propuesto un recargo temporal en el IRPF (recargo COVID), como el que impuso Rajoy en 2012. Y la AIReF recuerda que se pierden 60.000 millones anuales de recaudación por beneficios fiscales, con lo que se podrían ingresar 35.000 millones más subiendo los tipos reducidos del IVA y suprimiendo exenciones no justificadas en el IRPF y sociedades.

Algo habrá que hacer para cuadrar las cuentas. Lo ideal sería pactar esos Presupuestos 2021, para que los gastos e ingresos sean respaldados por la mayoría, la mejor baza para que los apruebe Bruselas. No será fácil, pero sin un pacto de Presupuestos no hay reconstrucción (ni Gobierno). Y en paralelo, habría que pactar las reformas necesarias para modernizar la economía, al margen de esos 5 Pactos de Estado propuestos por la Comisión de Reconstrucción: pacto por la Sanidad, la Industria, la igualdad de género, la Ciencia y la Cultura. Sobre todo dos, no porque nos lo pida Europa, sino porque son las 2 reformas más urgentes: la reforma de la contratación (es insostenible que un 25% de los contratos sean temporales, lo que nos hace muy vulnerables) y la reforma de las pensiones (porque si no, las cuentas públicas no se pueden ajustar a medio plazo).

Además, habrá que modernizar la economía española, hacerla más eficiente, con empresas más grandes y más peso de la industria, la tecnología y la digitalización, para aumentar la baja productividad del país. Eso pasa por cambiar el modelo productivo, dejar de ser un país de bares, hoteles y tiendas que nos ha hecho tan vulnerables en esta pandemia, como en la crisis de 2008. Conseguir un cambio radical en nuestra economía, para que cree más empleo estable y dejemos de tener el doble de paro que Europa y menos renta. Esto no se hace de un día para otro, harán falta una o dos décadas. Podría ser lo único positivo que saquemos de esta pandemia: una catarsis de la economía para ser menos vulnerables en la próxima crisis. Para conseguirlo, necesitamos dinero, tiempo y remar todos en la misma dirección. A ello. Pero sin olvidar al “bicho”. ¡Cuidado¡

Pacto social sí, acuerdos políticos no

Llevamos 15 días en la “nueva normalidad” y los contagios apenas han aumentado (319 más que en las dos semanas anteriores), aunque se multiplican los rebrotes, serios en Lérida, Lugo y Huesca. El riesgo aumenta ahora, con las vacaciones de muchos españoles y la llegada de turistas de Europa y otros 12 paises. Mientras, el paro subió la quinta parte en junio y aumentó el empleo, con 1,5 millones de españoles abandonando los ERTEs. Y el Gobierno ha aprobado más ayudas: 50.000 millones para inversiones, salvar empresas y un Plan Renove para comprar coches. Más “gasolina” para reanimar la economía, que habrá que pagar subiendo algunos impuestos, como ha pedido el Banco de España (IVA, sociedades y “verdes”). Pero el PP se niega a pactar estas subidas y la reconstrucción económica, lo que dificultará aprobar los Presupuestos 2021. En cambio, se firmó el viernes un importante Pacto social, entre Gobierno, sindicatos y patronal, para promover la recuperación y el empleo. Este es el camino: dinero y acuerdos para salir juntos del agujero.

enrique ortega

La pandemia ha cumplido ya 23 semanas y no se frena. Al contrario, el 1 de julio batió otro récord de contagios, 218.000 en un solo día, 20 veces los contagios mundiales por coronavirus al inicio del estado de alarma (14 de marzo), según los datos de la Universidad Johns Hopkins, que revelan cómo pasar de los 10 a los 11 millones de contagios ha costado sólo 6 días, frente a 8 días los anteriores y los 3 meses que tardó en alcanzarse el primer millón. Hoy son ya 11.450.247 los contagiados en 188 paises.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos, con 2.888.730 contagiados (con un rebrote de 54.557 diarios los últimos días) como en Latinoamérica (2.780.000 contagiados), donde aún no se ha alcanzado el pico de contagios, con récords diarios en Brasil (+48.105), que tiene 1.603.055 contagiados, Perú (302.718 contagiados), Chile (295.532), México (256.848), Colombia (113.685), Argentina (77.815), Ecuador (61.958), Bolivia (39.297) y Panamá (38.149). Y el coronavirus sigue avanzando en Asia y Oriente Medio, con 697.414 contagiados en India, 240.438 en Irán, 231.818 en Pakistán, 205.758 en Arabia Saudita y 99.799 en Qatar, más 205.758 en Turquía. Y avanza en África (440.512 contagiados), especialmente en Sudáfrica (196.150 contagiados), Egipto (75.253) y Nigeria (28.711). En Europa (2.662.701 contagiados), la pandemia avanza rápido en Rusia (680.283 contagiados, +6.718 diarios),  Suecia (+1.241 contagios diarios y 71.419 totales), Francia (+659 diarios y 204.222 contagiados)  y Reino Unido (+576 diarios y 286.931 contagiados), creciendo poco en Alemania (+446 diarios y 197.523 contagiados), Italia (+201 diarios y 241.211 contagiados) o España (+174 diarios y 250.545 contagiados).

El coronavirus ha provocado ya 534.273 muertes en  el mundo, la cuarta parte en Estados Unidos (129.947 fallecidos), seguido de Brasil (64.867 muertes), Reino Unido (44.305), Italia (34.861), México (30.639), España (28.385 muertes), India (19.693), Irán (11.571), Perú (10.589), Rusia (10.145), Bélgica (9.771) y Alemania (9.006). Los paises con más letalidad (muertos/contagiados) son Francia (18%), Bélgica (15,9), Italia (14,4), Reino Unido (14), México (12,3), Holanda (12,2) y España (11,3), según los datos de Sanidad.

En España, el levantamiento del estado de alarma (21 de junio) ha aumentado los contagios, pero no de forma preocupante: han sido 4.120 nuevos en los últimos 13 días (21 de junio al 3 de julio), frente a 3.801 los 14 días anteriores (7-21 de junio), según Sanidad. O sea, 319 más en las últimas dos semanas, centrados en las 6 autonomías que tienen una mayor tasa de contagios que la media española (8,76 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Aragón (37,52), Cataluña (18,62), Navarra (16,36), Madrid (12,35), Castilla la Mancha (10,23) y Castilla y León (9,75 contagios por 100.000 habitantes). En contrapartida, Ceuta lleva sin ningún contagio nuevo desde el 18 de junio y tampoco Asturias desde el 26 de junio. Los nuevos contagios subieron la semana pasada, de 84 el lunes a 149 el miércoles y 174 el viernes, último dato de Sanidad hasta los que publique hoy. Las nuevas hospitalizaciones rondaron entre las 137 y 141 semanales (sobre todo en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Aragón y Murcia) y los ingresos en UCI semanales variaron entre 9 y 13 (en Madrid, Cataluña y las dos Castillas). Los muertos aumentaron en 21 la última semana (7 en Madrid y 4 en Cataluña), totalizando ya 28.385 fallecidos, según los datos de Sanidad del viernes.

Con la “nueva normalidad”, aparecen cada día rebrotes por casi toda España: ha habido más de 60 rebrotes activos, aunque sólo 13 preocupaban a Sanidad, sobre todo en Lérida (200.000 personas confinadas), la Marina de Lugo (70.000 confinados) y Huesca (80.000 confinados), además de Santander, Albacete, Castellón, Navarra, Girona, Málaga, Granada, Murcia, Valladolid y Madrid , mientras destaca que las autonomías están controlando y acotando bien estos rebrotes, detectando contactos y haciendo más test PCR: la última semana se han hecho 200.986 nuevos test y ya van 3.644.458, una media de 77 test PCR por cada 100.000 habitantes, aunque se hacen de forma muy desigual por autonomías (ver reparto). El origen de estos rebrotes es triple: reuniones de familiares y amigos donde no se respetan las normas (mascarilla y distancia), fábricas y mataderos en condiciones precarias de trabajo o habitabilidad (inmigrantes) y residencias. Y los nuevos contagios son más jóvenes (50 años de media, antes 60) y menos graves.

Ahora, en julio, con muchos españoles ya de vacaciones, el riesgo de rebrotes aumenta sensiblemente. Y más con la llegada de turistas, no sólo de Europa (las fronteras están abiertas desde el 21 de junio) sino de terceros paises, tras dar luz verde la Unión Europea a la entrada de visitantes de 12 paises (Australia, Corea del sur, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez, Serbia y Uruguay), más China, Argelia y Marruecos (si abren sus fronteras a Europa, hoy cerradas). Pero ojo: sólo 4 de estos 12 paises aceptan hoy turistas españoles (Corea, Túnez, Serbia y Montenegro), por lo que hay que negociar la reciprocidad con el resto. También preocupa que Marruecos abra sus fronteras, quizás el 10 de julio, porque España tendría que organizar la Operación Paso del Estrecho, con la que 3 millones de magrebíes procedentes de Europa atravesaron la Península el año pasado, lo que podría crear problemas en Algeciras.

De momento, el sector turístico espera que lleguen 11,8 millones de turistas a España entre julio y septiembre, el 80% por los aeropuertos de la costa y Mallorca, pocos vía Barajas. El control en  aeropuertos y puertos es triple: se exige a los visitantes haber rellenado antes un formulario online con sus datos y lugar de estancia (les proporciona un código QR sin el que no pueden entrar en España), se les toma la temperatura al llegar y se les hace “un control visual”, que si detecta “algo extraño” les conduce a un “control secundario”, donde se les toma de nuevo la temperatura y una evaluación cínica (no se les hace test). Ojo: son pruebas que no sirven para detectar a los asintomáticos, el 40% de los contagiados. Y si tiene síntomas, se deriva al turista a un centro sanitario. Estas tareas las hacen los funcionarios de Sanidad Exterior (600 personas, de los que sólo 150 son sanitarios), aunque AENA les ha reforzado con 1.000 subcontratados de apoyo (de Quirón Prevención e Interserve).

No parece personal suficiente para afrontar la avalancha de 11,8 millones de extranjeros, que se van a concentrar en los aeropuertos del Prat, Mallorca, Málaga, Alicante y Valencia, aunque hay 46 aeropuertos por los que pueden entrar. Y lo mismo por  los puertos, en especial Barcelona, Algeciras, Málaga, Valencia, Alicante, Almería o Bilbao. Otra duda es si los municipios turísticos donde van, la mayoría en la costa mediterránea y Baleares, tienen Planes de contingencia en caso de rebrotes. Y si sus centros de salud podrán detectar y contener los contagios y sus hospitales atender a los posibles turistas contagiados y a los millones de españoles que se van a desplazar a destinos de playa. Un alto riesgo.

Mientras media España está de vacaciones o piensa irse en agosto y septiembre, la mayoría sigue preocupada por su trabajo y sus ingresos. Los últimos datos de la “emergencia económica” son “menos malos” y algo esperanzadores, dentro de la profunda recesión en que estamos. El paro en junio aumentó en 5.107 desempleados, la quinta parte que en mayo (+26.000). Y se crearon 68.208 empleos, el 2º mes de mejora de afiliación a la SS en esta pandemia (tras los 97.462 nuevos afiliados de marzo). Además, hay 1,56 millones de trabajadores que han salido ya de los ERTEs, donde todavía quedan 1,83 millones. Y la actividad mejora ligeramente, como indican las ventas de coches, que cayeron en junio un -36,7%, la mitad que en mayo (-73%). Y otro dato destacable: el índice de confianza del sector manufacturero (PMI) mejoró en junio hasta los 47 puntos, cerca de los 50, que es el lístón a superar para volver a la expansión y el crecimiento.

Pero no basta con ir algo mejor, tras tocar fondo en un profundo agujero: este tercer trimestre debería empezar a crecer la economía y para eso hay que mantener las ayudas. Ya lo advirtió el gobernador del Banco de España en el Congreso, el 23 de junio: “la retirada prematura de estímulos aumentaría el riesgo de daños duraderos”. El Gobierno le ha hecho caso en dos de sus peticiones: ampliar los ERTEs (hasta el 30 de septiembre) y aumentar los créditos ICO. El viernes, el Consejo aprobó avales para conceder otros 40.000 millones de créditos a las empresas, esta vez no para mantener su liquidez sino para que hagan nuevas inversiones en digitalización y economía verde. Y además, aprobó un Fondo de rescate de 10.000 millones, para salvar empresas estratégicas solventes (entrando en su capital si lo necesitan y lo piden), como podrían ser Iberia, Vueling y otras. Es lo que ha hecho Francia con Air France, Alemania con Lufthansa y Portugal con TAP.

Además, el Gobierno trata de “echar más gasolina” a la reactivación con la aprobación el viernes de otro Plan Renove, 250 millones  para conceder ayudas a los que achatarren su coche y compren uno nuevo: las ayudas a los particulares serán de 800 euros (etiqueta C) a 1.000 euros (Eco) y 4.000 euros (vehículos 0 emisiones) , para las pymes de 650 a 3.200 euros y para grandes empresas de 550 a 2.800 euros, válidas para las compras hechas desde el pasado 16 de junio y hasta el 31 de diciembre. Y aprobó también una moratoria hipotecaria de 1 año para empresas y autónomos del sector turístico.

El problema de estas ayudas, y de los 150.000 millones gastados antes (la mayoría en avales), es que habrá que pagarlas, una parte con deuda pública (este año se emitirán 300.000 millones, 110.000 más de lo previsto antes de la pandemia), otra parte con ayudas europeas (se esperan 140.000 millones, la mitad créditos, pero no estarán disponibles hasta dentro de un año, como pronto, si se aprueban en la Cumbre europea del 17 y 18 de julio) y la mayor parte con ingresos públicos. Y eso obligará a aumentar la recaudación fiscal en 2021, para lo que habrá que subir algunos impuestos.

El Gobernador del Banco de España ya se lo dijo a los diputados el 23 de junio: “habrá que subir algunos impuestos”. Y propuso subir 3 impuestos: el IVA (subiendo los tipos reducidos, en el 10%, y el superreducido, del 4%), los impuestos ambientales (impuestos “verdes”, con los que España recauda 3.500 millones menos de lo que podría, según la Comisión Europea) y “revisar los agujeros” (textual) del impuesto de sociedades (a lo claro: reducir exenciones).  El presidente Sánchez ya ha anticipado que habrá que subir impuestos en 2021 para pagar los extracostes del coronavirus y asegurar un Estado del Bienestar que ya estaba muy deteriorado antes de la pandemia. Y se plantean, por ejemplo, subir el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (son el 2% de contribuyentes).

Los impuestos serán el caballo de batalla de los Presupuestos 2021. El PP propone  “bajar impuestos”, no subirlos (algo que no apoyan ni el Banco de España ni la mayoría de  expertos) y la duda es lo que hará Ciudadanos, para que el Gobierno no dependa sólo de ERC y PNV. Pero la subida de impuestos no es un tema ideológico sino de pura necesidad, basada en los datos: España recauda menos que la media de Europa (39,1% del PIB frente  al 46,2% de media la UE-27 en 2019), concretamente 88.418 millones menos el año pasado. Y por eso tenemos más déficit y más deuda que otros paises, a pesar de que también gastamos menos que Europa (41,9% del PIB frente a 46,7% la UE-27). Así que uno de nuestros problemas de fondo, ya antes de la crisis de 2008 y de esta del coronavirus, es que tenemos un sistema fiscal “lleno de agujeros” (60.000 millones de deducciones y exenciones) y con mucho fraude, que teníamos que reformar ya antes y ahora con más motivo.

Los expertos de FEDEA, los técnicos de Hacienda y la Comisión Europea nos han dicho muchas veces que tenemos un problema de baja recaudación en todos los impuestos: en el IRPF (somos el tercer país que menos recauda, tras Grecia y Portugal: el 7,5% del PIB frente al 10% de media la UE-28) , en el IVA (el 3º país que menos recauda tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% la UE-28), en impuestos especiales (tenemos tipos más bajos en tabaco y alcohol y pagamos 15,8 céntimos menos por litro de impuestos en gasolinas y 11,5 céntimos menos en gasóleos que la media UE-27), en el impuesto de sociedades (recaudamos el 2,3% del PIB frente al 2,5% en la UE, con 3.800 millones de deducciones anuales, que permiten a las grandes empresas pagar el 7,7% de tipo efectivo, frente al 18,37% que pagan las pymes y el 15% la mayoría de contribuyentes) y hasta en las herencias (España recauda 3.25º millones menos cada año que la media europea). Así que hay margen para ingresar más. Y no es una cuestión ideológica, sino de recaudar como europeos, con más eficacia.

Pero la derecha no oye al Banco de España ni a los expertos y ha hecho de la bajada de  impuestos su bandera, en defensa de los que deberían pagar más (multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores, grandes fortunas y altos sueldos). Por eso no habrá acuerdo sobre el Presupuesto 2021 ni en la parte económica del Plan de reconstrucción. Eso sí, el PP ha cambiado, por temor a que su obstruccionismo le reste votos, y se abstendrá en el bloque europeo y las mejoras sanitarias, que exigen todos los españoles tras la pandemia: reforzar las plantillas, crear una Agencia de Salud Pública, reforzar la atención primaria y las emergencias y fomentar una industria sanitaria nacional. Pero estas mejoras y las medidas sociales para atajar la recesión exigen más dinero. ¿De dónde saldrá si proponen bajar impuestos?

Mientras en la Comisión de Reconstrucción,  el PP hace el paripé de apoyar algunas medidas de reconstrucción, los nacionalistas (PNV y ERC) piensan en sus próximas elecciones y Ciudadanos hace “contorsionismo político”, los sindicatos y patronal aparcan sus diferencias y firmaron con el Gobierno el viernes “un Pacto de reactivación económica y por el empleo”, que incluye cuestiones clave para la reconstrucción: adaptar los ERTEs para proteger el empleo y las empresas, promover el teletrabajo, un pacto por la reindustrialización, digitalizar la economía, reforzar los servicios públicos, asegurar las pensiones, luchar contra el fraude y la evasión fiscal, la transición ecológica  y la modernización de las relaciones laborales. De momento, sólo  son 10 puntos muy generales, para negociar, pero es el mejor punto de partida para salir de esta grave recesión: Gobierno, sindicatos y patronal haciéndose una foto para indicarnos, a los españoles y a Europa, que quieren salir juntos del agujero. Es la mejor noticia de los últimos meses.