Sin más reformas no hay más Fondos europeos

El 20 de diciembre, el Gobierno español envió una carta a Bruselas para pedir el 5º pago de los Fondos europeos adjudicados. Un día antes, el Gobierno Sánchez peleó a fondo en el Congreso para aprobar varias Leyes que exige la Comisión Europea para hacernos ese pago. Una de las medidas exigidas, la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos/litro), no se ha podido pactar y se pospone  hasta marzo. Pero si no se implanta el 1 de abril, Bruselas nos quitará parte de los Fondos se esta 5ª entrega. Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado 181 reformas y han llegado ya 48.000 millones de subvenciones europeas, a los que sumar los 8.000 millones pedidos ahora. Faltan 3 entregas más, en 2025 y 2026, por 24.000 millones (y otros 84.000 millones en créditos). Pero todo este dinero europeo no llegará si España no aprueba otras 500 reformas, algunas de ellas Leyes que han de pactarse en el Parlamento. Y con la oposición a la contra y el Gobierno débil (chantajeado por sus socios), no parece nada fácil asegurar los futuros Fondos europeos. Por favor, pacten y no perdamos dinero.

                          Enrique Ortega

Recordemos la pequeña historia de los Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega… 

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplido 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional. Con este 4º pago condicionado (de los 8 previstos), España había recibido (en julio de 2024) un total de 48.000 millones de subvenciones europeas (a fondo perdido), el 60% del total adjudicado (al final, 79.954 millones de euros, en vez de los 70.000 inicialmente previstos, por ajustes en el PIB y nuevos Fondos). Con ello, España es el país europeo al que la Comisión ha entregado más Fondos europeos y también el país que ha cumplido más hitos (181).

Ahora, en plenas Navidades, España pide a Bruselas el pago de la 5ª entrega de Fondos europeos, otros 8.000 millones de euros, que llegarán en 2025. Y además, pide también la 1ª entrega del paquete de créditos (a bajo interés), 16.000 millones de euros, que nos corresponden como parte del paquete de 84.000 millones en créditos del Plan de Recuperación adjudicados a España por el Consejo Europeo, en octubre de 2023. La entrega de este primer paquete de créditos (el 20% del total) es también a cambio de nuevas reformas (30 hitos), a las que se comprometió España al solicitarlos en diciembre de 2022. De estos 84.000 millones en créditos, 24.000 los gestionará el Banco Europeo de Inversiones (el BEI, presidido por Nadia Calviño) y 40.000 el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que los canalizará a empresas, particulares e instituciones para proyectos “verdes”, innovación, tecnología, vivienda y digitalización.

Esta 5ª solicitud de subvenciones (y la 1ª de créditos) a Europa se hizo sólo un día después de que el Gobierno Sánchez lograra aprobar en el Congreso, al 19 de diciembre, varios proyectos de Ley que exige Bruselas para hacernos el nuevo pago de Fondos Europeos. Por un lado, el Gobierno consiguió aprobar “in extremis” una Ley con medidas fiscales “descafeinada”, porque  el veto conjunto de Junts y PNV habían sacado el impuesto a las energéticas (por presiones de Repsol e Iberdrola). Y por otro, una negociación de última hora con Podemos permitió aprobar dos Leyes sobre la Eficiencia de la Justicia y el Derecho de Defensa, también exigidas por Bruselas.

Eso sí, el Gobierno no pudo aprobar en el Congreso la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos por litro con el IVA, lo que encarecerá 6 euros el llenar un depósito), para equiparar su impuesto (0,3790 euros por litro) al de la gasolina (0,4726 euros por litro), por presión de Podemos, que justificó su veto en que la subida perjudica a los más vulnerables, aunque es una exigencia medioambiental de la UE (el gasóleo emite más CO2 y partículas que la gasolina) y clave para recaudar más (ingresaría 1.500 millones al año). Por eso,  el Gobierno quiere aprobar esta subida en el primer trimestre de 2025, para intentar convalidarla después y que entre en vigor el 1 de abril de 2025. De momento, Bruselas ha pactado con el Gobierno una prórroga, para aprobarla antes de finales de marzo. Pero si no logra los apoyos para convalidarla en el Congreso, España perderá parte de los 8.000 millones del 5º pago solicitado ahora.

Con la solicitud de esta 5ª entrega de ayudas, el Gobierno suma 84 hitos más a los 181 cumplidos antes (hasta julio, cuando recibimos el 4º pago). Pero quedan muchas reformas, hitos e inversiones que aprobar, concretamente el 50% de todos los hitos comprometidos por España al presentar el Plan de recuperación en 2021 y la adenda para solicitar los créditos adicionales de 2022. En total, faltan por cumplir otros 265 hitos. Este va a ser el gran problema de España (no sólo de su Gobierno) en 2025 y 2026: necesitamos aprobar nuevas reformas e inversiones (pactadas con la Comisión Europea) para seguir recibiendo subvenciones y créditos. Y el Gobierno Sánchez  está en una situación de peligrosa minoría, teniendo que pelear en el Congreso cada Ley que aprueba y cada convalidación de Decretos-Leyes. Así que cuando el PP hace “pinza” con Junts (o Podemos veta) para tumbar una Ley comprometida con Bruselas, no sólo es “una derrota política de Sánchez”, sino que ponen en peligro los Fondos europeos que tanta falta nos hacen.

En los dos últimos meses, un batallón de funcionarios del Estado, autonomías, Ayuntamientos y Universidades (800, según Economía) han trabajado en miles de reuniones para aportar más de 325.000 documentos a otro “batallón” de funcionarios de la UE, con los que están permanentemente en contacto (online) para presentar las reformas e hitos aprobados y justificar las inversiones adjudicadas. Puede que algún día aparezca un problema, pero pocos procesos se vigilan tanto y por tantas personas como la solicitud, recepción y adjudicación de los Fondos Europeos. Y en estas reuniones es donde España negocia retrasar una reforma unos meses (como la del gasóleo) o posponerla a 2025 o 2026 a cambio de anticipar otra. Técnicos que deben estar al tanto de las peleas políticas en el Congreso, porque de ellas dependen que el Plan de Recuperación avance.

De momento, España es un “alumno ejemplar” en Europa en el cumplimiento del Plan de Recuperación (y el país más “vigilado”, por ser el primero donde se prueban los controles europeos). Cuando recibamos el 5º pago ahora solicitado,  habrán llegado 56.000 millones de subvenciones europeas, el 70% del total. Y España afianzará así su liderazgo, siendo el país que más Fondos UE ha recibido y el que ha cumplido con más hitos y reformas. Y también es uno de los paises que más porcentaje de esos Fondos  UE ha adjudicado: 44.163 millones, un 92% del dinero recibido en las 4 primeras entregas (48.000 millones) y un 55,30% del dinero total asignado en subvenciones a España (79.854 millones), según el último balance hecho por el ministro de Economía el 12 de diciembre.

De esos 44.163 millones europeos ya adjudicados, un 40,1% han ido a microempresas y pymes, un 25,7% a grandes empresas, un 15,9% a uniones temporales de empresas (UTEs), un 14,4% a Fundaciones y otras instituciones y un 3,9% a hogares, según el Balance oficial. Y más de la mitad de las adjudicaciones han ido a las autonomías (26.595 millones), que tienen que gestionar su reparto. Las que han recibido hasta ahora más Fondos europeos son Andalucía (4.168 millones), Cataluña (3.974) y Madrid (2.948 millones).

El Plan de Recuperación y la llegada y adjudicación de los Fondos europeos avanza, pero queda más de la mitad por recorrer y sólo tenemos año y medio por delante: lo que no se haya adjudicado para agosto de 2026 (subvenciones y créditos) se perderá. Así que queda la mayor parte de la tarea.  En los tres primeros años del Plan (2022, 2023 y 2024) hemos recibido 48.000 millones en subvenciones (el 60%) y queda recibir, en 2025 y primera mitad de 2026 (año y medio) los casi 32.000 millones restantes. Pero el gran reto son los créditos: los 84.000 millones llegarán en 2025 y primera mitad de 2026, poco más de año y medio para que las empresas e instituciones los soliciten y se les adjudiquen.

El Gobierno es consciente de que ahora, el gran reto de los Fondos Europeos es “canalizar los créditos”, porque no son tan fáciles de “adjudicar” como las subvenciones (a fondo perdido), dado que hay que devolverlos (aunque a un interés bajísimos y con carencias). Por eso, ya en febrero de 2024 se aprobaron las 5 nuevas líneas de crédito del ICO (40.000 millones), que ahora se están tratando de “movilizar” entre las empresas: linea ICO verde (22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para promover viviendas en alquiler), línea Spain Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Tecno (4.000 millones en créditos para financiar tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).

Recapitulando: España ha adjudicado 44.163 millones de Fondos europeos en tres años y tiene ahora poco más de año y medio para adjudicar otros 114.500 millones (30.500 en subvenciones y 84.000 en créditos). Una tarea inmensa, que exige un enorme esfuerzo de gestión, no solo al Gobierno central sino sobre todo a autonomías, Ayuntamientos, Universidades, instituciones y empresas. Una tarea que debería ser la gran prioridad para todos, porque es un dinero con fecha de caducidad (agosto de 2026) y con el que nos jugamos modernizar la economía española y asegurar el crecimiento y el empleo futuros.

Pero hay otra tarea más difícil: que España apruebe en paralelo las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas, porque sin ellas no llegarán los 114.500 millones que faltan. Y dados los enfrentamientos políticos, que ponen en peligro cada entrega de Fondos, haría falta un gran Pacto político: el compromiso de pactar todas las reformas que nos exige Bruselas para enviarnos nuevos Fondos. No se puede perder ni un euro por las guerras políticas y los “chantajes” entre partidos. Es un tema muy serio: no puede “jugar” con las cosas de comer… Pero, por desgracia, algunos lo seguirán haciendo, poniendo en peligro un dinero y unas reformas que benefician a todos los españoles. Por favor, sean sensatos.

Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

Navidades 2024: más gasto y más desigual

Este año, la inflación no es la gran protagonista de la Navidad, como en 2023 y 2022, aunque algunos precios se han disparado. Y además de tener menos inflación (2,4%), hay medio millón de personas más trabajando que las Navidades pasadas. Por esto, se espera que gastemos algo más este año, sobre todo en comidas, regalos y viajes, aunque una parte sea a golpe de tarjeta o de créditos personales (con tipos que apenas bajan). Pero casi la mitad de los españoles (46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes (porque los sueldos siguen bajos y los alquileres y gastos altos), con lo que tendrán que gastar “con cuidado”. Y la Navidad es una mala época para los que están en situación de pobreza, 9.715.000 españoles, según los datos oficiales (ganan menos del 60% que la media), algo por lo que nos acaba de llamar la atención Bruselas. Celebremos estos días con familia y amigos, pero sin olvidarlos, porque necesitan apoyo (y son vecinos nuestros). ¡Feliz Navidad!

                           Enrique Ortega

El consumo de las familias se recuperó en el tercer trimestre, según el INE, creciendo un +1,1%, más que la economía (+0,8%) y el mayor aumento del año. Y todo parece indicar que el gasto de los hogares aumentará más en este 4º trimestre, dado que muchas personas han aprovechado el Black Friday (finales de noviembre y principios diciembre) para anticipar la compra de regalos (se han hecho más compras, aunque de menor importe, según los primeros balances) y porque todos los datos (reservas comidas y cenas, compras anticipadas, reservas de hoteles y viajes) anticipan que los españoles vamos a gastar algo más estas Navidades 2024, tras “cortarnos” en 2022 y 2023, por la alta inflación.

Este mayor consumo esperado para las Navidades 2024 se asienta en dos datos económicos claves, que impulsan el gasto. Uno, que hay más gente con trabajo este año, personas que ahora trabajan y las Navidades pasadas no: en noviembre había 21.302.463 cotizantes a la Seguridad Social, +496.392 ocupados más que en noviembre de 2023 (20.806.071 afiliados). Y el otro dato, básico para ellos y para el resto de consumidores, es que la inflación ha bajado este año, que los precios suben pero menos: la inflación anual estaba en el +2,4% en noviembre (2,3% en la zona euro), frente al +3,1% que subía en diciembre de 2023, el +5,7% en 2022 y el +6,5% de subida anual en las Navidades 2021, las más inflacionistas.

Y además, los que tienen una hipoteca media (150.000 euros) pagan ahora menos cuota, por las 4 bajadas de tipos que ha hecho el BCE : 127 euros menos al mes que hace un año. También los carburantes están algo más baratos que las Navidades pasadas: nos ahorramos 5,2 euros al llenar el depósito de un coche diesel y 2,6 euros en un coche de gasolina. La revisión de los alquileres será mucho más baja (+2,4% y un máximo del 3%), aunque los alquileres nuevos son mucho más caros (han subido un +11,1% en  el último año). Y también han subido la luz (74,60 euros el recibo medio en noviembre 2024, frente a 50,39 euros un año antes, según la OCU) y el gas natural, aunque ha bajado el gas de calefacción.

Con este panorama, de más empleo y precios en general más bajos, todos los expertos auguran un mayor gasto en las Navidades 2024. Y que España sea uno de los paises europeos con más consumo navideño, dado que crecemos más que la mayoría, Alemania está en recesión y Francia estancada, con Italia a medio gas. Así, la previsión de MasterCard es que el gasto “navideño” (noviembre y diciembre) aumente en España un +5,3%, frente al +2,9% que augura para toda Europa, con un mínimo aumento del gasto en Francia (+0,7%) y Alemania (+1,7%) y mayor en Italia (+3%) o Reino Unido (+3,6%). Para España, anticipan que el mayor gasto se dará en hostelería (+15,5%), hoteles y alojamientos (+13,2%), muebles y decoración (+55), alimentación (+4,5%), bricolaje (+4%) y ropa (+3,4%).

Resulta difícil saber cuánto se va a gastar cada familia estas Navidades, porque cada una tiene sus cuentas.  El Observatorio Cetelem estima, con una Encuesta, que el gasto medio será de 583 euros por persona, un 3% más que las Navidades pasadas (+15 euros), señalando que la mitad gastará lo mismo y que los productos con mayor intención de compra son los perfumes (el 47% piensa comprarlos), moda (44%), juguetes (43%), libros (el 36% los comprará), calzado y complementos (30%), viajes (16%) y ocio (15%). Otra Encuesta, de la OCU, eleva este gasto navideño a 683 euros por persona, aunque sorprende que sea una cifra un 8% menos del gasto las Navidades pasadas (-62 euros). Según este estudio, el mayor gasto se dará en regalos (359 euros por persona), comidas y fiestas (170 euros), viajes (86 euros) y Lotería (64 euros, aunque el gasto medio en España fue de 71,67 euros en 2023 ).

Un gasto que seguro aumentará estas Navidades son los viajes, porque este año ha sido récord en “escapadas”, de españoles y extranjeros, confirmando la nueva tendencia de que viajar es un gasto prioritario para los europeos tras la pandemia. Algunos buscadores señalan que “7 de cada 10 españoles harán algún viaje estas Navidades”, mientras los datos indican que las reservas hoteleras para diciembre crecen un +37% sobre las hechas en las Navidades de 2019, antes de la pandemia. Los principales destinos estas fiestas son las grandes ciudades (Madrid y Barcelona), zonas de nieve y montaña pero también destinos de costa (aprovechando temperaturas más altas) y Canarias. Y más viajes fuera. Un mayor gasto en viajes que contrasta con la fuerte subida de los hoteles (algunos han subido un 20% sobre la Navidad pasada), los bares, restaurantes y el ocio.

El mejor indicador de que habrá más consumo estas Navidades 2024 es que muchas empresas han aumentado sus plantillas (temporalmente). Según la empresa de trabajo temporal Randstad, se han hecho 491.175 nuevas contrataciones en España para cubrir la mayor demanda entre Black Friday, Navidades y rebajas de enero. Son 116.175 empleos más que la pasada temporada (347.000 empleos) . La mayoría son para logística y transporte (+211.400, un 25,8% más, sobre todo de mozos de almacén, transportistas y atención al cliente), hostelería (+179.000, +10,6%,  la mayoría camareros) y comercio (+100.775 empleos, +5,2%), concentrados en Andalucía (+86.3609), Cataluña (+77.780), Madrid (+74.715), Comunidad Valenciana (+50.000) y Canarias (+38.600 empleos estas Navidades).

Con todo, el gasto estas Navidades será muy diferente, según la situación económica de las familias. Porque hay muchas que tienen ahora más gente trabajando y pueden gastar algo más, pero muchas otras no pueden y algunas siguen en situación muy vulnerable, pensando más en sobrevivir que en celebrar estas fiestas. Así que no hay una Navidad, sino tres tipos de Navidades, como tres tipos de familias.

Casi la mitad de familias tienen un problema, que se les agrava en Navidad: les cuesta llegar a fin de mes. Les sucede al 46,4% de las familias, según el INE: un 8,9% llegan “con mucha dificultad”, otro 12,7% “con dificultad” y un 24,8% más “con cierta dificultad”. Estas familias tienen dos opciones en Navidad: restringir gastos o endeudarse, tirar de tarjeta o pedir un crédito. Y, a pesar de las bajadas de tipos, no lo tienen fácil. Los créditos personales apenas han bajado: del 7,69% en diciembre de 2023 a 7,41% en octubre, el último dato del Banco de España. Y si optan por pagar con tarjeta, a crédito, el tipo estaba en octubre en el 18,62%, más caro que el 18,22% de diciembre de 2023. Pero ASUFIN denuncia que los tipos reales de las tarjetas “revolving” (se pide un crédito y se devuelve pagando una cuota fija al mes)  están en el 23,34% (21,34% hace un año). Significa que si tienes una tarjeta “revolving con un crédito de 1.000 euros y pagas una cuota fija de 25 euros al mes, acabas pagando 569 euros en intereses… (+99 euros que hace un año).

El otro grupo de familias, las más vulnerables, lo tienen peor: no es que tengan que restringir gastos o endeudarse, es que su prioridad sigue siendo “sobrevivir”. Y son muchos. En 2023, nada menos que 9.715.577 españoles estaban “en situación de pobreza o exclusión social”, según las estadísticas europeas y del INE, que consideran “pobre” a quien gana menos del 60% de la media de cada país (en España, menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos). Este baremo supone que 1 de cada 5 españoles (20,28% en 2023) está en situación de “pobreza , lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania). Un dato sobre el que alertó la semana pasada la Comisión Europea, en su informe sobre España.

Para Cáritas, que se vuelca cada Navidad en este grupo de “españoles pobres”, el problema es que esta pobreza se ha hecho “estructural”, sigue ahí aunque mejoren la economía y el empleo y bajen los precios. Es una pobreza ligada a la falta de empleo o a los muchos empleos precarios, que explican que 2,5 millones de personas con trabajo “sean pobres”. Una pobreza que se concentra entre las mujeres con niños (hay 2 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza, el 28% de los menores, la tasa más elevada de toda Europa, según Unicef), en los parados mayores de 45 años, bastantes jóvenes y muchos inmigrantes (aunque el 75% de los “pobres” son españoles, según Cáritas).

Escribo todo esto no para amargar las Navidades sino para que seamos conscientes de que no todo son luces y “consumismo”, celebraciones y bolsas con regalos. Que no podemos olvidar que hay muchos españoles (“vecinos nuestros”) que lo están pasando mal, con problemas serios para llegar a fin de mes e incluso para sobrevivir cada día. Seamos solidarios y si podemos, ayudémosles, donando a ONGs o ayudando a quienes sabemos que lo necesita. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad y todas: hagamos que sea una fiesta de solidaridad con los que tenemos alrededor, con ayudas, atención y cariño.

¡ Feliz Navidad ¡

El despilfarro de la ropa: usar (poco) y tirar

En Navidades se dispara el gasto en ropa. Pero compramos todo el año, siguiendo una “moda rápida”, alentada por los bajos precios: comprar, usar poco, desechar y volver a comprar.  Un “circulo vicioso” que obliga a fabricar cada año 150.000 millones de prendas en el mundo, que en un 87% terminan en vertederos o se queman. Un despilfarro y un atentado medioambiental, porque fabricar ropa consume petróleo (69% son fibras sintéticas), agua, productos químicos (contaminantes) y muchos transportes, lo que genera el 10% de los gases de efecto invernadero (más que la aviación). España desecha casi 1 millón Tm. de ropa al año y sólo recicla el 12%, acabando el resto en basureros o en África, Asia y Latinoamérica. Europa obliga, en 2025, que las empresas textiles gestionen sus residuos y que todos los Ayuntamientos instalen contenedores para recoger ropa. Pero la solución no es reciclar, sino consumir menos ropa, usarla más tiempo y comprar ropa usada. Comprar por comprar mata el Planeta.

          Los contenedores de recogida de ropa, obligatorios en toda España desde el 1 de enero

El mundo está “enganchado” a la droga de comprar ropa cada vez más, sobre todo en los países ricos. Y así, la producción de ropa se duplicó entre el año 2000 y 2015 y hoy ya, cada ciudadano del Planeta consume un 60% más de prendas de ropa que hace 15 años, según la ONU. Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente son llamativos: la producción textil mundial ha pasado de 58 millones de toneladas en el año 2.000 a 109 millones en 2020. Y se prevé que alcance los 145 millones de toneladas en 2030. Lo más grave, añaden, es que el 87% de esta ropa se desecha luego y acaba en vertederos o se quema.

En los últimos años, el consumo de ropa se ha disparado en Occidente, por el auge de la llamada moda rápida (“fast fashion”), alimentada por precios cada vez más bajos (“low cost”) y diseños que se renuevan diariamente en función de los cambios en los gustos de los consumidores.  Una moda que fomenta la tendencia a “comprar, usar, desechar y volver a comprar” , incentivando a los consumidores (sobre todo jóvenes) a multiplicar sus comprar de ropa y renovar constantemente su vestuario. De hecho, en España, operadores como Primark, Lefties o Shein han ganado un 21% de clientes desde antes de la pandemia. Y su cuota de mercado ha crecido un +16% sólo en 2023. Según datos de Kantar WorldPanel, los distintos operadores que venden ropa “low cost” (Primark, Lefties, Kiabi, Shein, Zeeman o Pepco) han ganado 3 millones de compradores desde la pandemia y ya tienen una cuota de mercado superior al 20% (20,4%, frente al 12,9% en 2019).

En Europa, capa persona consume unos 26 kilos de ropa al año, según datos de la Comisión Europea. Un consumo en ascenso, como en todo el mundo occidental, que supone dos graves problemas: causa un enorme daño medioambiental al fabricarse, exportarse y venderse la ropa, y causa otro daño posterior al dejar de usarse, porque apenas se recicla y acaba en vertederos, quemándose o exportándose a los países pobres.

Veamos primero el daño medioambiental del negocio de la moda, que genera un 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, causantes del Cambio Climático, más que el transporte aéreo y marítimo juntos, según Greenpeace. Otros expertos, el Informe Global Fashion Agency, resumen así los daños medioambientales de la industria de la moda, que irán a más: emisiones de CO2 (1.715 millones de Tm en 2015 y 2.791 millones para 2030), consumo de agua (79 millones de metros cúbicos en 2015 y 118 en 2030), uso de productos químicos (en el 37% del proceso) y, sobre todo, una tremenda generación de residuos, de ropa que se tira (92 millones de Tm hoy y 148 millones en 2030).

La propia Comisión Europea hizo un cálculo, en 2022, del impacto ambiental del consumo de ropa de los europeos: consumió 400 metros cuadrados de suelo por persona al año, 9 metros cúbicos de agua, 391 kilos de materias primas y generó 270kg de CO2 por persona, lo que supone unos 121 millones de Tm de CO2 generadas por las compras de ropa de los europeos, entre el 4 y el 10% de las emisiones totales, según criterios.

La fabricación y distribución mundial de ropa generan un daño ambiental por distintas vías. En unos casos, restando tierras a otros cultivos para la producción de algodón y fibras vegetales. Pero en las últimas décadas se ha generalizado la fabricación de tejidos con fibras sintéticas (representan ya el 69% de los materiales utilizados y alcanzarán el 75% en 2030, el 85% de ellos poliéster), que se fabrican a partir del petróleo, lo que genera una parte de las emisiones. Otras provienen del transporte, desde los países de origen de gran parte de la ropa (China, Bangladesh, Vietnam, India, Camboya…) hasta las estanterías de las tiendas occidentales. Y están aumentando las emisiones derivadas del impulso de las ventas por Internet: no sólo el reparto al comprador, sino los viajes posteriores por las devoluciones: el auge de las “devoluciones gratuitas” aumentan los viajes de ida y vuelta de las prendas.

Luego está el tremendo consumo de agua para fabricar la ropa que compramos. Fabricar una simple camiseta se lleva entre 2.700 y 3.000 litros de agua, lo que bebe una persona en dos años y medio. Y hay prendas como los vaqueros que llegan a consumir 11.500 litros de agua:10.000 litros para producir el tejido (8.000 litros) y fabricarlos (2.000 litros) y 1.500 litros más en los lavados que se harán. Además, la industria textil utiliza numerosos productos químicos, que acaban contaminando ríos y aguas residuales: causa el 20% de la contaminación mundial de estas aguas. Un ejemplo son otra vez los vaqueros (ojo: se fabrican 1.000 millones al año): para fabricarlos con índigo sintético se utilizan productos químicos agresivos para fijar el tinte, además de cloro para darles el efecto desgaste.

Otro problema de la ropa para los ecosistemas es que en los primeros lavado de los tejidos sintéticos, muchas prendas liberan “micro plásticos” , que acaban en los mares y océanos, porque su pequeño tamaño impide que queden atrapados en los filtros de las depuradoras: cada año se vierten al mar más de 500.000 toneladas, según Greenpeace. Además, la fabricación de ropa también produce daños a la salud humana, porque se utilizan compuestos químicos como el formaldehído (para evitar arrugas), el antimonio, nanopartículas de plata (para neutralizar olores), plastificantes y retardantes de llama.

Y no podemos olvidar la explotación laboral que va ligada a la industria mundial de la moda “low cost”, que da trabajo a más de 300 millones de personas, sobre todo en países pobres de Asia, con larguísimas jornadas de trabajo (16 horas), salarios de miseria y muchos niños y menores trabajando en condiciones infrahumanas (se han multiplicado los incendios y muertes). Todo para que podamos comprar una camiseta barata…

Después de este enorme coste ambiental y humano para fabricar tantos millones de prendas, la mayoría de los consumidores occidentales nos las ponemos unas semanas o unos meses y al cabo del tiempo las tiramos: el 87% de las prendas que se fabrican al año en el mundo. En Europa, se generan unos 16 kilos de residuos textiles por habitante, lo que supone que se generan 6,95 millones de Tm al año de residuos textiles, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (con datos de 2020).  Datos más recientes hablan de que se desechan en Europa 5,2 millones de toneladas al año, una media de 12 kilos al año. De ellos, un 22% se recicla y el 78% restante acaba en basureros (un 80% se exporta y termina en basureros de África, Asia y Latinoamérica).

En España, la última cifra señala que se desechan unas 900.000 Tm de ropa al año, lo que supone unos 19 kilos al año por español, más que en Europa. Y reciclamos mucho menos, el 12,2%, mientras casi el 88 % de la ropa acaba en vertederos, según los datos de Moda-re, una empresa de Cáritas que se hace cargo con sus contenedores del 40% de la recogida de ropa en España (otro 16% lo recoge la ONG Humana y el resto, empresas privadas). El reciclaje de ropa en España varía mucho por regiones. Hay autonomías con más reciclaje textil, como País Vasco (24%), Navarra (16,5%), Comunidad Valenciana (16%) o Cataluña (13,9%), mientras el reciclaje es muy bajo en Extremadura (2,8%), Castilla la Mancha y Madrid (9,1%).

La estimación de los expertos en reciclaje es que un 10% de la ropa desechada en España se quema, otro 70% se exporta (a Asia, África y Oriente Medio), otro 10% se separa para generar hilaturas recicladas y sólo un 10% de la ropa en buen estado que no se usa acaba en tiendas de segunda mano. En España hay sólo unas 300 tiendas donde se vende ropa usada, frente a los miles que existen sólo en Londres o Berlín. Moda-re, la cooperativa de Cáritas tiene 170 tiendas y Humana, la ONG de origen danés tiene otras 50 tiendas.

Recientemente, las grandes cadenas de ropa tratan de “mejorar su imagen” instalando puntos de reciclaje en sus tiendas. Pero Greenpeace ha denunciado que estas prendas no se reciclan de verdad y que acaban en vertederos de Ghana, Pakistán o Chile. Durante más de un año, en 2023, hicieron un seguimiento, poniendo dispositivos en prendas dejadas para reciclar en tiendas de 11 ciudades españolas y comprobaron que estas prendas viajaron después miles de kilómetros, a 4 continentes y 11 países (Emiratos, Pakistán, Marruecos, Egipto, Camerún, India, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Rumanía y Chile). Por eso pide a los consumidores que “no caigan en la trampa del reciclaje de moda”, que provoca inmensos “vertederos” en países pobres.

Ante este desolador panorama, el Parlamento Europeo ya aprobó en 2018 una Directiva de residuos. Y en marzo de 2022, la Comisión Europea aprobó una nueva Estrategia europea para conseguir que los textiles sean "más duraderos, reutilizables y reciclables", para hacer frente a la fiebre de la “fast fashion”. Pero no se avanzó y en junio de 2023, los eurodiputados propusieron endurecer las medidas, para frenar la producción y el consumo de ropa e impulsar su reciclaje y reutilización. A partir de ahí, en marzo de 2024, el Parlamento europeo modificó la normativa de residuos con 2 medidas claves, que los países han de cumplir en 2025: introducir  sistemas de responsabilidad ampliada del fabricante (las empresas tendrán que cubrir los costes de recogida selectiva, clasificación y reciclaje) y la obligación de que todos los países de la UE recojan los residuos textiles por separado.

La primera medida que nos afecta en España es la recogida obligatoria de los residuos textiles en contenedores propios, desde el 1 de enero de 2025. Ya hay 21.000 instalados, pero sólo en grandes y medianas ciudades: ahora los tendrán que instalar todos los municipios y habrá muchos más, facilitando que al menos la mitad los gestionen ONGs (como Cáritas o Humana), una norma que ahora muchos Ayuntamientos incumplen. La segunda medida, más importante, es que las empresas de moda tendrán que gestionar (a su cargo) la ropa que no vendan o recojan, creando entidades de recogida y reciclaje, como existen para los plásticos (Ecoembes) y el vidrio (Ecovídrio). Tendrán meses para hacerlo, después de que el Gobierno apruebe antes del  verano un Decreto que lo regule. Mientras, 10 grandes firmas de moda pondrán en marcha (en abril de 2025) un proyecto piloto (“Re-Viste”), en 6 municipios de distinto tamaño, para comprobar la eficacia de distintos métodos (contenedores en calle, puntos limpios en tiendas, recogida en parroquias y Centros Comerciales).

El reciclaje de ropa es importante, pero hay que avanzar más en reducir el consumo y la producción de ropa, haciendo el proceso más sostenible para el medio ambiente y para sus trabajadores. Los expertos de la Fundación Ellen MacArthur, que trabajan para la promoción de “la economía circular” en el textil proponen 4 medidas: aumentar la durabilidad de la ropa, usar los recursos de forma más eficiente, eliminar uso tejidos con sustancias tóxicas o micro plásticos y mejorar el reciclaje textil, para lo que proponen avanzar en tejidos confeccionados con un único material, para que sea más fácil reciclarlos.

Al final, la clave está en nosotros, los consumidores: tenemos que “cambiar de hábitos”, no podemos estrenar una camiseta, un pantalón o unas zapatillas cada mes, para arrinconarlas en el armario o tirarlas después. Tenemos que aplicar “las 4 reglas”: comprar menos (no comprar por impulsos o rebajas), comprar mejor (ropa más sostenible y en tiendas de 2ª mano), utilizar más la ropa (alargar su vida) y depositarla en los contenedores señalados. Hay que acabar con este “despilfarro” de consumo de ropa, que destruye el Planeta. Toma nota: cada kilo de ropa que no compramos ni tiramos ahorra 25 kg de CO2. Piénsalo.

Trump infla la burbuja de las criptomonedas

Aun no gobiernan, pero Trump y sus amigos ultraconservadores se están haciendo de oro, desde Elon Musk a todos los que invierten en criptomonedas, cuya cotización supera los 100.000 dólares, subiendo un 140% este año, incluso las monedas “memes”. Y seguirán subiendo, porque Trump promete convertir a EEUU en la patria de las criptomonedas y hasta crear una reserva estatal. Preocupa el “boom” de estas monedas digitales, porque no tienen un valor real detrás, son muy volátiles y han protagonizado fraudes y quiebras, además de utilizarlas el crimen organizado y ser las monedas de la ultraderecha internacional. A pesar de las críticas de instituciones y economistas, han conseguido introducirse en el mundo financiero USA (con las ETFs de bitcoins aprobadas en enero) y ahora despegarán en Europa, al aprobarse un Reglamento que entra en vigor este 30 de diciembre. De hecho, los 3 grandes bancos españoles las venderán en 2025. Ojo, porque si esta burbuja cripto estalla, tendremos otra grave crisis financiera.

                         Enrique Ortega, a partir de "El cambista y su mujer", de Marinus van Reymerswale 

Las criptomonedas han pasado en 25 años de no valer casi nada al récord de los 100.000 dólares en diciembre. La primera criptomoneda, el bitcoin, empezó a funcionar en enero de 2009 y la han seguido después hasta 20.000 monedas digitales (ver historia de las criptomonedas). Son monedas y activos digitales que emplean un cifrado para identificar a su dueño y poder realizar transacciones. Un 20% están respaldadas por activos como el oro, el dólar y otras monedas, pero la mayoría (80% del mercado) son criptoactivos sin respaldo detrás de un activo concreto, sobre todo criptomonedas, monedas digitales que no tienen detrás el respaldo de un país y un Banco Central sino que las fabrican y emiten miles de empresas privadas, que controlan también su distribución y mercado. Las criptomonedas se basan en una red mundial de ordenadores descentralizada, unos “mineros” (que generan informáticamente nuevas monedas) y unas plataformas de compraventa, que permiten cambiar divisas por criptomonedas, almacenarlas en “billeteros digitales” y comprarlas y venderlas después, con altísimas comisiones, poca transparencia y enorme riesgo.

Al principio, el valor de las criptomonedas fue muy bajo (en 2010 cotizaba a 0,08 dólares), con pocos compradores y un mercado restringido a los fanáticos de la informática. Por eso, su cotización languidece y en 2015 era de 327 dólares. En diciembre de 2017 alcanzó su primer récord, cotizando a 18.674 dólares, tras el lanzamiento de futuros negociables en la plataforma CME Group. Hubo después una corrección y en 2018 cae hasta 4.000 dólares. A mediados de 2019 se recupera algo (12.212 dólares), pero el siguiente tirón viene con la pandemia: ante el parón de las Bolsas, los inversores lo ven  como una alternativa y llega a cotizar a 63.410 dólares el 13 de abril de 2021, para subir a 67.734 dólares el 9 de noviembre. A partir de ahí, empiezan las ventas masivas y se desinfla la burbuja de las criptomonedas: cotizan a 15.409 dólares en diciembre de 2022.

Fue un año y medio de desplome de cotizaciones (“el invierno de las cripto”), entre mediados de 2022 y principios de 2024, que se llevaron por delante a millones de pequeños inversores, que perdieron más de 2 billones de dólares, y provocaron quiebras y cierres de empresas y plataformas de venta muy conocidas, como FTX, Terra (Luna), Three Arrons Capital, Celsius o Voyager, con historias de emprendedores digitales famosos ante el juez o en la cárcel.

Muchos pensaron que era el final de las criptomonedas. Pero no fue así: la fiebre volvió y con más fuerza: el 6 de febrero de 2024 empezó el penúltimo “rally”, pasando el bitcoin (el 64,4% del mercado) de cotizar a 40.064 dólares a un nuevo máximo de 73.157 dólares, el 13 de marzo pasado (ver gráfico cotización). Los expertos explicaron esta nueva “burbuja cripto” por dos causas. La primera, porque los inversores esperaban bajadas de tipos de interés y eso les hacía buscar otras alternativas de inversión. La segunda causa (clave) fue que Estados Unidos aprobó, el 10 de enero, la comercialización de los primeros 11 Fondos (ETF) en bitcoin, lo que permitía a inversores “más serios” (Fondos, instituciones, bancos, grandes inversores) poner su dinero en Fondos (ETF) que replican a bitcoin, operando con ellos sin problemas, sin tener que recurrir a billeteras virtuales y plataformas de bitcoin. Y pagando muchas menos comisiones.

Los grandes inversores aprovecharon la aprobación de Fondos (ETF) de bitcoin para entrar a saco en este nuevo mercado, disparando un 35% las cotizaciones del bitcoin (y las demás cripto, hasta las “memes”…).  La ETF en bitcoin más popular, IBIT, comercializada por Black Rock (la mayor gestora de fondos del mundo) recibió hasta 10.000 millones de inversiones en las primeras 7 semanas, un récord histórico. Y hasta la fecha, los 4 mayores Fondos (ETF) en bitcoin han captado ya cerca de 100.000 millones de dólares... 

Posteriormente, en abril de 2024, otro acontecimiento volvió a disparar la cotización de las criptomonedas: el recorte de los bitcoins disponibles, un proceso que se repite cada 4 años para controlar la oferta y mantener los precios. Lo llaman el “halving” (“reducir a la mitad”) y consiste en reducir a la mitad la recompensa que los “mineros” (los que generan bitcoin) reciben por validar bloques en el blockclain de bitcoin. Su objetivo es recortar la oferta de bitcoin, que tiene un máximo (hay otras criptomonedas que no, lo que infla su oferta), para estabilizar los precios. Y los inversores sabían que las tres ocasiones anteriores en que se  hizo (noviembre de 2012, julio de 2016 y mayo de 2020), la cotización se disparó.

Y así llegamos a las elecciones de noviembre en EEUU: cotizaba a 67.000 dólares la víspera y tras la victoria de Trump se disparó a 88.014 dólares (11 de noviembre) y no dejó de subir hasta alcanzar los 100.000 dólares el 5 de diciembre (ver gráfico cotizaciones: el viernes valía 100.075 dólares). Y su capitalización es de 2,4 billones de dólares, el  PIB de Italia... Tras el triunfo de Trump se disparó también el valor de las cripto “menos serias”, las “memecoins”, criptomonedas que surgieron como una broma en Internet (con gatitos y otros “memes”) y ahora han disparado su valor, en un mercado sin transparencia, amplificado por las redes sociales. Las principales son Dogecoin (DOGE), impulsada por Elon Musk, Shiba Inu (SHIB), Dogelon, Samoyed Coin, Mona Coín y Pepe Coin. Sorprende que, tras el triunfo de Trump, su capitalización creció un 3% en 24 horas, alcanzando un valor de 74.780 millones de dólares, el PIB de Lituania…

Ahora, el sector cree que el bitcoin (64,4% del mercado) puede cotizar a 200.000 dólares en 2025. Y algunos creen que podría valer 1 millón de dólares en 2033… La burbuja de compras se alimenta por varias causas. Una, coyuntural, el triunfo de Trump y sus amigos neoconservadores, como Elon Musk, que son todos “fans de las cripto”. Trump era muy crítico en 2019 con las monedas digitales (son “volátiles” y “se basan en nada”, dijo), pero ahora es un firme defensor, tras apoyarle el lobby cripto con 150 millones de dólares para su campaña. Además, Trump ha prometido “convertir a EEUU en la capital de las criptomonedas”, tras nombrar como Secretario del Tesoro y Presidente de la SEC (la Comisión de Valores) a dos firmes defensores de las criptomonedas. Y se especula con que Trump podría crear una “reserva estratégica” en criptos de 100.000 millones de dólares.

Pero hay un factor estructural más de fondo que Trump sea ahora el gran “criptobrother”: el mundo financiero le ha perdido el miedo a las criptomonedas y las ve como una forma más de ganar dinero, como en su día fueron las “hipotecas basura” o los futuros. Un dato: 10 grandes gestores internacionales han llegado a administrar hasta 100.000 millones de dólares en ETFs de bitcoin en tan sólo 228 días desde su lanzamiento en enero, la mayoría procedente de inversores minoristas y todavía pocos de inversores institucionales. Pero es cuestión de tiempo que entren en este nuevo negocio los Fondos de pensiones y los Fondos soberanos (de paises), disparando un mercado que podría llegar al billón de dólares en pocos años. Y tras este éxito de las ETF (Fondos) en criptos, la ingeniería financiera  investiga otras formas de inversión alrededor de las criptomonedas. Ya no es "una cosa de chavales y pirados informáticos”: han entrado los inversores de verdad. 

Y eso, aunque las instituciones y los economistas “serios” siguen alertando sobre las criptomonedas. La Comisión de Valores de EEUU (la SEC), que autorizó los ETFs en enero, lo hizo por imposición judicial, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Apelación de Columbia, tras múltiples litigios legales de poderosos Fondos y bancos de inversión, que querían unirse al negocio cripto. Pero su presidente, al que cesará Trump el próximo 20 de enero, ya lanzó su alerta al aprobarlos: “Hoy hemos aprobado determinados Fondos cotizados sobre el bitcoin al contado, no hemos aprobado ni respaldado al bitcoin. Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas”…

Más contundente fue, poco después (febrero 2024), el Banco Central Europeo (BCE): reiteramos que el valor real del bitcoin es cero”, escribieron en el blog del BCE dos de sus economistas. Y añadieron: “tras 15 años, el bitcoin ha fracasado en su promesa de ser una moneda global y descentralizada y sus transacciones siguen siendo lentas y costosas, además de haber sido incapaces de combatir su uso por los ciberdelincuentes”. Estiman que el bitcoin se utilizó para blanquear 23.800 millones de dólares en 2023 y para que empresas y particulares pagaran 1.100 millones de dólares en chantajes de ciberdelincuentes (por “ransomware”, secuestro de datos). Los economistas del BCE reiteran que el bitcoin no tiene ningún activo real detrás, contamina el medio ambiente (su “minería” consume mucha electricidad) y su cotización es “un espejismo” que se desplomará a medio plazo, porque su valor real es cero. “Se trata sólo de especulación y habría que tomar medidas drásticas contra su uso”, concluían.

Por si no quedara claro, un informe del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) destacó que las inversiones en bitcoins “están resultado desfavorables para los individuos”, porque entre el 73% y el 81% de los inversores minoristas de todo el mundo perdieron dinero en sus inversiones en bitcoins entre 2015 y 2022. Y como remate, tres opiniones contrarias de expertos economistas: ”es una estafa piramidal posmoderna” (Nobel P. Krugman); “es una herramienta de lavado de dinero y evasión fiscal“ (Nobel J. Stiglitz); “es como ir al casino” (Warren Buffet, uno de los mayores inversores del mundo).

Pero hay toda una generación de jóvenes e inversores que desprecian todas estas alertas y siguen arriesgando su dinero comprando criptomonedas y hasta “memecoins”. Había 617 millones de personas en el mundo que habían comprado criptomonedas en el primer semestre de 2024, frente 30 millones en 2017. Y con la “fiebre” actual, podría cerrarse el año con 850 millones de usuarios, una cifra en alza. Para la mayoría, porque creen que pueden ganar dinero fácil y “no quieren quedarse fuera”. Para una minoría de inversores profesionales, porque quieren “diversificar su inversión. En España, un 12% de los adultos han comprado criptomonedas, 4.700.000 españoles, según estimó el Banco de España. Muchos son jóvenes, atraídos por las redes sociales y los influencers. El interés es tal que miles de personas han sido engañados con “cursos” sobre criptos y 400.000 jóvenes hicieron cola, en febrero, en varios Centros Comerciales, para que les escanearan el iris a cambio de unas pocas criptomonedas (80 euros)…

Hay otro motivo por el que algunos invierten en criptomonedas: la ideología. En EEUU y en Europa, las cripto son las monedas de los neoconservadores y la extrema derecha, así como de los “antisistema”. Cuando nació el bitcoin en 2009, su creador, el “mítico” Satoshi Nakamoto, hablaba de “privacidad online”, “libertad individual” y “desnacionalización de la moneda”, siguiendo la tradición de movimiento “Ciberpunk” de los años 90. Y en 2018, casi la mitad de los usuarios de criptos de identificaron como “libertarios” y “conservadores”. Y la ultraderecha blanca USA (Steve Banon) defiende “el control de tu moneda” como parte de “la verdadera libertad”. De hecho, algunas informaciones revelaron que el asalto al Capitolio se financió con criptos… Y en España, el ultraderechista Alvise Pérez está investigado por recibir 100.000 euros de un empresario cripto (investigado también por una estafa piramidal de su empresa, Madeira Invest) para que hiciera lobby en el Parlamento europeo.

En cualquier caso, sea por inversión o por ideología, todo indica que la burbuja cripto es imparable y seguirá creciendo. Por eso, la Comisión Europea quiso “ordenar y clarificar” este mercado, aprobando en mayo de 2023 el Reglamento MiCA, la primera normativa en el mundo para regular las criptomonedas. Entra en vigor este 30 de diciembre, con unos objetivos claros. Por un lado, regular la emisión, oferta y negociación de los cripto en la Unión Europea. Y por otro, proteger a los inversores para que estén informados de lo que compran y de sus riesgos, asegurando que puedan saber dónde está su dinero (depósitos). Y además, reforzar la transparencia y seguridad en este mercado, que tendrá que informar a los reguladores de las operaciones dudosas o ilegales.

Desde el 30 de diciembre, el control de las criptomonedas estará en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sustituye al Banco de España, donde se registraban las empresas cripto desde 2021. Hay 124 firmas de criptomonedas registradas en el Banco de España, que las inscribía pero no las supervisaba: ahora, la CNMV las registrará y supervisará. De momento, sólo 5 nuevas empresas se han inscrito y parece que hay un compás de espera en el sector financiero. Pero la implantación del Reglamento europeo (MiCA) y la euforia inversora en EEUU ha provocado que los tres grandes bancos (Santander, BBVA y Caixabank) anuncien que venderán criptomonedas a sus clientes en 2025, algo que ahora sólo hacen “neobancos” como Revolut o N26.

Todo apunta a que las criptomonedas van a dispararse en 2025, más en EEUU, pero también en Europa y en España, de la mano de inversores que no quieren “quedarse fuera” por si acaso (como los que especularon con tulipanes en el siglo XVII), de jóvenes que creen que van a hacerse millonarios rápidamente o de ultraderechistas que quieren “atacar al sistema” y tomar el poder con las cripto. Las autoridades tienen que estar vigilantes para evitar abusos, fraudes y quiebras. Y sobre todo, para prevenir que estalle la burbuja y nos aplaste una nueva crisis financiera, más grave que la de 2008. Avisados estamos.