Este mes de septiembre se inicia en el Congreso el debate de la reforma de los Ayuntamientos, que aprobó de tapadillo el último Consejo de
Ministros de julio, tras casi un año de pelea del Gobierno con sus propios alcaldes y las críticas
de toda la oposición, que la recurrirán al Constitucional. Se trata de quitar competencias a los municipios y pasárselas
a las autonomías y Diputaciones, que
ganan poder. Y recortar gastos,
quitando el sueldo a los alcaldes de los pueblos pequeños y al 82% de los
concejales, recortando personal
contratado y privatizando servicios,
como el abastecimiento de agua. En la práctica, supone desmantelar la mayoría de
servicios que hoy prestan los Ayuntamientos, sobre todo servicios sociales, guarderías, centros de
salud y residencias de ancianos, con el temor
de que luego no los preste nadie. Se recorta la administración municipal en
beneficio de autonomías y empresas privadas. Y eso cuando el gasto municipal en España es el más bajo de Europa. Otro recorte del
Gobierno Rajoy, pero este de gran calado social.
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| enrique ortega |
En España hay 8.116 Ayuntamientos, la mayoría en
pueblos muy pequeños (83% tienen menos de 5.000 habitantes y el 60% menos de
1.000). Con el boom del ladrillo, la
mayoría multiplicaron
sus ingresos y sus servicios, desde
centros culturales y polideportivos a residencias de ancianos, centros de salud
o servicios sociales. Pero con la crisis,
sus ingresos cayeron en picado mientras han tenido que hacer frente a más
gastos: son la administración más cercana y 8 millones de españoles les piden ayuda cada año. El
resultado es que la mitad de los municipios están medio quebrados, con problemas para
pagar sus nóminas y facturas, más 35.290 millones de deuda (747 € por
habitante). Y han tratado de hacer frente a su grave situación recortando servicios y multiplicando tasas
e impuestos municipales.
El Gobierno se agarra a esta crisis para justificar su drástica reforma, argumentando que 4.000
Ayuntamientos son inviables,
porque no tienen vecinos suficientes para pagar sus servicios. Y aseguran que
un pueblo pequeño (menos 5.000 habitantes) paga el triple por habitante por el
servicio de agua o basuras que uno de más de 100.000. En consecuencia, la reforma municipal del Gobierno Rajoy
busca recortar costes municipales quitando competencias a los Ayuntamientos,
para que las presten las autonomías o las
Diputaciones.
Por un lado, la reforma de la Ley de Régimen Local de 1986 quita a los Ayuntamientos los servicios que llama “impropios”, aquellos que
creen que no deben prestar y que
suponen un 25% de sus Presupuestos (13.223
millones según el IEF) : servicios sociales, sanidad, educación y
vivienda, básicamente. En 6 meses, la inspección sanitaria municipal
(mataderos, industrias alimentarias) pasará a las autonomías. En un año, los servicios sociales: ayuda a
domicilio, apoyo a las familias, ayuda a la infancia, integración extranjeros,
políticas de igualdad, residencias de mayores, pisos tutelados… Y en cinco
años, tendrán que traspasar los servicios sanitarios, desde la
atención urgente (SAMUR)
a los Centros de Salud municipales o Centros de día para ancianos. Sólo podrán
seguir prestando estos servicios los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes si se los financian las autonomías
(todas sin liquidez).
Las competencias
“propias” que les quedarían (basuras,
abastecimiento de agua, viales, protección civil, salud pública, cementerios y
algo de deporte, cultura y turismo) tampoco
las tienen aseguradas. En tres meses, la futura
Ley obliga a los Ayuntamientos a publicar lo que les cuestan estos servicios. Si su coste está por encima de la media,
se les obliga a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (el 92%) a traspasar estos servicios a las Diputaciones provinciales, que
los prestarán con medios propios o más bien, sacando a subasta los servicios (privatizando su gestión). Y a cambio,
las Diputaciones serán las que fijen los
precios y tasas que pagarán los vecinos
por estos servicios (a la larga, más
caros).
Menos competencias
para los futuros Ayuntamientos, a los que se
impone varios recortes de costes. Por un lado, los alcaldes
de municipios menores de 1.000 habitantes (hay 4.873) dejan de cobrar, se rebajan
los sueldos de la mayoría (baremo según población) y se suprime el sueldo para el 82% de los concejales (56.077 de los 68.285
concejales sólo cobrarán dietas). Por otro, se limitará el personal eventual de los Ayuntamientos, con lo que
podrían quedar sin
trabajo un tercio de los 334.500 contratados actuales. Además, se
reducirán a la mitad las 1.134 empresas municipales, lo que
multiplicará la privatización de
servicios como el abastecimiento de
aguas, aparcamientos o transportes. Y se suprimirán la mayoría de las 3.720
entidades locales menores, las pedanías rurales (de 10 a 200
vecinos) que tienen mucho peso en Castilla y León o Asturias (propietarias de
muchos montes vecinales) y que ahora pasarán a ser controladas por
Ayuntamientos o Diputaciones. Y como guinda, se ahorrarán 815 millones limitando el complemento específico y de
productividad que cobran la mayoría de empleados municipales (a veces suponen la mitad del sueldo).
Con todas estas medidas, el Gobierno calcula que pueden ahorrarse 8.024 millones entre 2013
y 2019. Además de quitarles competencias, va
a vigilar
con lupa a los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes: estarán
“bajo vigilancia” y podrán ser intervenidos por el Gobierno si no
controlan sus cuentas o su deuda.
La reforma ha sido criticada por muchos alcaldes del PP (pierden poder y
competencias), sindicatos y toda la oposición, anunciando el PSOE un
recurso ante el Constitucional. Y tanto Cataluña
como el País Vasco amenazan con no aplicarla y aprobar una Ley propia
para sus municipios. Quien sale claramente ganando
son las Diputaciones: suman competencias y poder, a pesar de que no son elegidas directamente
por los vecinos (sino por los alcaldes), con lo que será más difícil pedirles cuentas de su gestión, como ha
dicho el Consejo
de Estado.
El mayor problema
que plantea esta reforma local, que
entrará en vigor en 2014 y sobre todo en 2015, es que se desmantelan parcialmente los Ayuntamientos sin asegurar quién y cómo
va a prestar sus servicios, sobre todo los servicios
sociales, que hoy reciben 2,6 millones de españoles (648.738
reciben ayuda a domicilio, 519.046 servicios de apoyo a las familias y el resto
son pobres, ancianos, mujeres y niños atendidos por los servicios sociales
municipales). Y luego están las guarderías municipales, los centros de salud o de atención a ancianos
o las urgencias tipo SAMUR. Teóricamente, estos servicios los prestarán las autonomías,
pero no
se sabe cómo, ya que todas están
con recortes. Para la Comunidad
de Madrid, por ejemplo, atender
lo que hoy hacen los Ayuntamientos, le supondría 1.000 millones de gasto extra al año. El temor: que una parte de estos servicios se pierdan y otros se
ofrezcan con recortes o mediante la
privatización de algunos servicios. En definitiva, peor.
Por todo ello, esta
reforma municipal puede encubrir otro
gran recorte social, al privar de servicios de primera línea, muy
cercanos a los ciudadanos. La otra vía de reforma hubiera sido, en
vez de suprimir y recortar servicios, dotar
a los Ayuntamientos de más recursos, ya que España es el
país de Europa con menos peso del gasto local: un 13% (51% el Estado y 36% las autonomías) frente al 15% de media en Europa, el 14,2% en
Alemania, el 17,8% en Francia o el 27,7% en Reino Unido. Y también los municipios europeos tienen más peso que
los españoles en los gastos de protección social (28%
media UE frente al 8% en España) o en
educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o 16% en Alemania frente al 3% en España).
En definitiva, frente a desmantelar
los Ayuntamientos, la opción europea sería dotarles
de más recursos, para que presten los actuales servicios y más,
porque es la administración más próxima al ciudadano. Para eso, necesitarían
contar con más recursos estatales,
para no tener que asfixiarnos a los
vecinos con más tasas e impuestos. Y eso supone que reciban fondos que hoy van al estado y las autonomías. Más poder municipal y menos autonómico y central. Una
batalla que los Ayuntamientos han
perdido estrepitosamente. Y nosotros
con ellos.
