Sin medios contra los delitos económicos

Las denuncias particulares, la prensa, fiscales y jueces siguen destapando numerosos delitos económicos y una imparable corrupción política, la tercera preocupación de los españoles (tras el paro y la crisis). Pero los juzgados y la policía no dan abasto y han pedido públicamente más medios. Un ejemplo: Pablo Ruz, uno de los seis jueces de la Audiencia Nacional, lleva más de 3.000 causas económicas, con millones de folios. Y los dos fiscales del caso Bankia se enfrentan casi solos a 33 bufetes de abogados. Hacen falta más jueces, más policías, más peritos y más medios en los Juzgados para luchar contra la corrupción y la delincuencia económica, muy compleja y poderosa. Y establecer controles eficaces en las empresas y en la Administración. No puede ser que, mientras la mayoría se sacrifica, los delincuentes de guante blanco se vayan de rositas. Control, transparencia y sentencias ejemplares ya.

enrique ortega

Los delitos económicos aumentaron en España un 38% entre 2009 y 2011 y crecerán otro tanto estos dos últimos años, según un estudio de la auditora PwC. Casi la mitad de las empresas españolas (un 47%) reconoce haber sufrido algún delito económico o informático en 2011 (34,5% en 2010), un porcentaje mayor que en Europa (30% empresas), según la encuesta mundial realizada por PwC. Los delitos económicos más frecuentes son apropiación indebida (47%), manipulación contable (29%: se ha duplicado con la crisis), fraude fiscal (9%) y delitos informáticos (3%), los que más crecen. En España, la mayoría de estos delitos se cometen dentro de las empresas (81%, frente al 50% en Europa), sobre todo por los altos ejecutivos (61% de los casos), mientras tiene poco peso la delincuencia externa a las empresas (17,5% en España y 45% en Europa).

El otro frente es la corrupción política, con más de 500 casos abiertos en los juzgados y 300 políticos electos imputados. La policía investiga actualmente 171 casos de corrupción (59 la Policía Nacional y 122 la Guardia Civil), según el ministro del Interior, con 1.110 personas investigadas y 311 detenciones (sólo la Policía). España es el país de Europa occidental con más corrupción en el sector público: ocupa el lugar 30 en el ranking de Transparencia Internacional, sólo por detrás de Portugal (puesto 33) e Italia (72). Y la corrupción y el fraude se han convertido, desde febrero, en la tercera preocupación de los españoles (30,7%), tras el paro y la crisis económica, según el Barómetro del CIS de mayo.

La crisis financiera, y en especial la reconversión de las Cajas de Ahorros en 2011 y 2012, ha supuesto un salto en la delincuencia económica: unos 100 directivos, de 21 de las 45 antiguas Cajas, están imputados en distintos procesos, por los presuntos delitos de operaciones fraudulentas para beneficio propio, indemnizaciones y jubilaciones millonarias o fallidas salidas a Bolsa. La Audiencia Nacional lleva los grandes procesos: Bankia (33 imputados), Banca Cívica (15), CAM (han declarado 30 ex directivos), NovaCaixa Galicia (5 imputados), Caixa Penedés (3) y Banco de Valencia (10 imputados). Además, numerosos juzgados provinciales tienen causas abiertas sobre la CAN, CAM, NovaCaixa Galicia, Caixa Penedés, el crédito de Caja Madrid que ha llevado a la cárcel a Díaz Ferrán (Marsans) y el caso Blesa (ex presidente Caja Madrid), que ha vuelto a la cárcel.

Junto a estos procesos financieros, la Audiencia Nacional tiene abiertos otros viejos procesos económicos: Eurobank (quebró en 2004), Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico y Afinsa (los dos, con 500.000 ahorradores afectados). Y siguen entrando nuevos, el último Pescanova: están imputados su expresidente y tres ex directivos por falseamiento de cuentas, ocultación de deuda y manipulación de acciones. Precisamente, por intento de manipular acciones del Popular, la Fiscalía pide 2 años de cárcel para el empresario Trinitario Casanova. La CNMV reconoce que cada año recibe más de 100 denuncias de manipulación de precios en Bolsa, la última con las acciones de Bankia en este mes de mayo tras la reciente ampliación.

Y luego están los delitos informáticos, el cibercrimen, que crece sin parar, no sólo en banca (phishing, robo de claves) sino con ataques a empresas. Y otros nuevos delitos, como el amaño de partidos (se investiga el partido Levante-Deportivo), un problema con tal entidad (por el auge del juego online) que la Interpol, FIFA y UEFA han creado brigadas especializadas en Europa para investigarlo (en febrero denunció el amaño de 380 partidos en 15 países).

La crisis y las nuevas tecnologías han disparado los delitos económicos, mientras se destapa la corrupción ligada al boom. El problema es que la Justicia está colapsada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en mayo refuerzos, nuevos Fiscales (tiene sólo unos 100, para miles de causas), pero Justicia no se los da  e incluso está despidiendo a los fiscales sustitutos (300 de los 2.400 Fiscales de toda España). Los jueces de la Audiencia Nacional (son 6) también pidieron refuerzos en enero. Baste decir que el juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, acumulaba en 2011 (según Memoria AN) unas 3.000 causas por delitos económicos, con 1,5 millones de folios. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un informe demoledor: los tribunales tienen abiertos 1.661 causas complejas por delitos económicos y corrupción, de los que 512 son macroprocesos muy complejos, sobre todo en la Audiencia Nacional (77), Andalucía (115), Cataluña (87) y Comunidad Valenciana (80). Y piden a Justicia más medios: 64 nuevos jueces, 18 secretarios judiciales, 150 funcionarios y más ayuda de Hacienda y la Policía.

Precisamente, otro problema es que también está colapsada la Agencia Tributaria y la Policía judicial, que no dan abasto para hacer los informes que les piden los jueces. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) de la Policía Judicial, unos 300 agentes en Madrid, ya ha denunciado que está superada y están desviando casos a policías provinciales no especializados. Y en el caso de Bankia y algunas Cajas, los jueces, el Gobierno y el Banco de España están recurriendo a peritos privados (más de 120 auditores) porque los juzgados no tienen apenas peritos especializados.

Consecuencias de la falta de medios: los procesos se retrasan (con riesgo de que prescriban) y aumentan las posibilidades de sumarios con errores o con investigaciones incompletas, en beneficio de los procesados. En el caso Bankia, los dos fiscales trabajan casi solos frente a una legión de abogados de los 33 imputados. Y en el caso Banca Cívica, un fiscal frente a 15 imputados. Y los 6 jueces de la Audiencia Nacional no pueden físicamente atender a 77 macroprocesos. Esto lo saben los delincuentes y mafias internacionales, que ven España como un paraíso para delinquir. Además, la escasez de fiscales impide que tengan iniciativa para abrir nuevos casos: la mayoría de los delitos se están investigando por denuncias particulares o populares (UPyD en el caso Bankia y Banca Cívica) o de medios de comunicación.

Hacen falta más medios contra la corrupción y la delincuencia económica, pero también más control de las empresas y el sector público. Habría que ser más riguroso con los auditores (las Cajas intervenidas estaban auditadas) y aplicar sanciones ejemplares (la primera auditora del mundo, Arthur Andersen, desapareció tras los engaños contables de Enron). Y exigir a las empresas más transparencia y unas cuentas más rigurosas, mejor vigiladas por la CNMV (caso Pescanova), que debe aplicar multas más rigurosas (son ridículas) por la manipulación en Bolsa. En la Administración, dar más autonomía a los interventores y más medios y poder al Tribunal de Cuentas, que no pinta casi nada, con ayuda de la Ley de Transparencia, que sin medios, no será efectiva.

En un país donde se piden tantos sacrificios a la mayoría, habría que ser especialmente beligerante con la corrupción y los delincuentes de guante blanco, con más normas, más controles y más medios para jueces y policías. Y con sentencias ejemplares: sólo hay un empresario(Díaz Ferrán) y un banquero (Blesa) provisionalmente en las cárcel (llena de delincuentes de poca monta). Quien la hace, a costa de llevarse dinero de Cajas, ahorradores, inversores, empresas o contribuyentes, la debe pagar especialmente. Es lo justo.

Auditor que no ve, crisis que te cae encima

El detonante de la crisis de Bankia (y del rescate a la banca) fue una auditoría que revelaba un agujero no aceptado por Rato. Pero ese mismo auditor había dado antes por bueno que Bankia tenía 305 millones de beneficios cuando ahora se sabe que tenía 3.318 de pérdidas. Otros auditores bendijeron antes las cuentas de siete Cajas y bancos intervenidos, sin que tampoco el Banco de España detectara nada. En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado tres datos de déficit público en seis meses y han sido incapaces de detectar ni la corrupción de Gürtel o los ERES ni las facturas sin pagar desde 2002. Ha fallado estrepitosamente el control de las cuentas, públicas y privadas, y eso nos sale muy caro. El Gobierno quiere privatizar parte del control de las cuentas públicas, empezando por Ayuntamientos y empresas públicas.

enrique ortega

Rato entregó a principios de mayo las cuentas de Bankia-BFA sin auditar, por una discrepancia con su auditor (Deloitte), que quería aflorar un agujero de 3.500 millones, lo que provocó la nacionalización. Pero ese mismo auditor no tuvo problemas en bendecir, en julio de 2011, la salida a Bolsa de Bankia como una operación “redonda” para los 347.000 inversores que han perdido ya tres cuartas partes de su dinero. Y otros auditores acaban de decirnos que los 305 millones de beneficios de Bankia en 2011 son en realidad unas pérdidas de 3.318 millones. Y que su saneamiento nos costará 19.000 millones más.

Hace dos años, en junio 2010, nacía Bankia con la fusión de Caja Madrid, 5 cajas pequeñas y Bancaja, auditada también por Deloitte, que dio el visto bueno a sus cuentas 2010. Pero ahora, otra auditoría encargada por  Rato en febrero (a través del responsable de Auditoría de BFA, el exministro del Interior Ángel Acebes), ha revelado que Bancaja estaba en quiebra técnica, con un patrimonio de -4.465 millones. Y Deloitte también auditaba (“sin problemas”) al Banco de Valencia, controlado por Bancaja, intervenido por el Banco de España en noviembre 2011.  

No son casos aislados. La auditora KPMG no detectó ninguna irregularidad en las cuentas de los últimos veinte años de la CAM, intervenida en julio 2011 por el Banco de España (“la CAM es lo peor de lo peor”, dijo el Gobernador, pero cuando ya le había caído encima). Ni tampoco los auditores de Catalunya Caixa (Deloitte), Unnim (Price Waterhouse) o NovaCaixa Galicia (sólo una salvedad de Deloitte en las cuentas de 2011, no antes), intervenidas por el Banco de España en junio 2011. Sólo en Caja Castilla la Mancha (CCM), intervenida en marzo 2009, y Cajasur (mayo 2010), los auditores (Ernst Young para CCM y Deloitte) pusieron salvedades (tarde) en sus auditorías, que llevaron al Banco de España a intervenir y cambiar sus gestores.

Salvo en estos dos casos (y tarde), el Banco de España no fue capaz de anticipar y evitar las  crisis bancarias que han supuesto el rescate de la banca española y costarán 60.000 millones en ayudas públicas. Los inspectores se defienden diciendo que ellos no deciden los planes de inspección y piden más independencia. Pero el prestigio del Banco de España está por los suelos y más después de que el Gobierno haya contratado 7 auditoras privadas (dos “ sospechosas”, Goldman Sachs y Oliver Wyman, y otras cuatro, Deloitte, Ernst  Young, KPMG y PWC, que llevan años auditando a bancos y cajas, incluidos los intervenidos…) para analizar las cuentas de la banca, junto al BCE, el FMI y la autoridad bancaria europea (EBA).

En paralelo, los auditores públicos (interventores) han dado el visto bueno a tres cifras distintas de déficit público en  menos de seis meses: 6% en noviembre, 8,5 % en febrero, 8,9% en mayo. Y si Europa ya no se fiaba, por lo que mandó dos misiones de inspectores de Eurostat en marzo, ha vuelto a mandarlos en mayo para revisar otra vez nuestras cuentas públicas. Cuentas que legalmente fiscalizan los interventores, funcionarios que trabajan en el  Estado, las autonomías y Ayuntamientos. Y también el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas que tienen 13 de las 17 autonomías.

Pero estos interventores tampoco han visto los problemas, desde el desvío de los déficits a las facturas impagadas desde 2002 o los casos de corrupción, como los de la Comunidad Valenciana (en especial, el caso Gürtel), Baleares (caso Matas) o Andalucía (EREs), donde la propia Guardia Civil han censurado a la Intervención General por “ignorar su deber”. La ley les obliga a fiscalizar pagos, pero o no ven o firman presionados por los políticos de turno.

La falta de credibilidad de los auditores está también detrás de la actual crisis mundial: no detectaron el problema de las hipotecas basura y las agencias de rating que ahora nos descalifican (Moodys, Standard &Poors y Finch) les otorgaron la máxima calificación hasta unos días antes de la quiebra de Lehman Brothers. Y en 2001, la crisis de Enron, tras falsear sus cuentas, ya supuso la desaparición de Arthur Andersen, la primera auditora del mundo.

Sin embargo, con la crisis, las auditoras son de los pocos negocios boyantes. Parece que “la transparencia vende”: en 2011, un 25% de las auditorías hechas en España fueron voluntarias. Las auditoras facturan 896 millones, pero un 76% lo mueven las cuatro grandes (Deloitte, Ernst Young, PwC y KPMG) que llevan muchos años auditando a los mismos: la mayoría de  los grandes bancos y empresas del IBEX llevan con el mismo auditor desde 1.990. Algo que quiere cambiar la Comisión Europea, con dos importantes cambios que tienen revolucionado al sector: las empresas tendrán que cambiar de auditor cada 12 años y no les podrán dar otros servicios (consultoría, legal, etc., que suponen ahora el 55% de la facturación de las auditoras).

Con esta norma, habrá más competencia y Bruselas quiere dar cancha a las medianas y pequeñas auditoras. Por eso, las auditoras presionan al Gobierno para que obligue a más empresas a auditarse (no sólo a las que cotizan). Y además, quieren entrar a saco en el sector público. El Gobierno ya les permite, en la Ley de Estabilidad,  participar en las futuras auditorías de los Ayuntamientos. Y también podrían entrar en las auditorías de las 20.630 entidades públicas, un jugoso pastel ya que sólo el 8% se auditan.

En definitiva, que en lugar de controlar y sancionar a los auditores, inspectores e interventores que no ven, el Gobierno busca corregirlo dando el  trabajo ( y la minuta) a las empresas privadas (que tampoco han visto), privatizando la fiscalización de las cuentas públicas. Para eso no hay recortes. Es nuestro dinero y debería controlarse con medios públicos. Eso sí, eficaces e independientes. Y si no vigilan y nos cae la crisis, que lo paguen.