España crece, pero la inversión no tira

España crece cinco veces más que la zona euro, gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones. Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse” (devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos, promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar la crispación política, porque no ayuda a invertir.

                     Enrique Ortega

España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.

¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra causa ha sido la drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre 2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que las empresas españolas han aprovechado sus altos beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han reducido su deuda en 38.924 millones, según el Banco de España,  dejándola en el menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB frente al 80% en 2021).

Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6 euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.

Pero al margen de la coyuntura, la inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media. Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias, lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335 millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023 (232.034 millones), pero quedando todavía por debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte (0,8%), según el INE.

Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema como su menor peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa, donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises, salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.

Este menor peso de la inversión en España, año tras año desde 2006, es especialmente preocupante porque la inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década y media, según este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.

El gran cambio es que la inversión inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en 2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años (2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%), tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital (+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura, ganadería y pesca (-5,2%).

Eso se ha traducido en mayores inversiones estos últimos 3 años en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios, el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves, locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el ladrillo.

Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso, porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales, terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania, los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido el 80%).

Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a cubrir la depreciación del capital, el capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009 (75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones), recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia, para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la inversión privada (que supone el 90% de la inversión total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.

Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión (sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo, dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el ladrillo. La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología, donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita descontando la inflación) es el 89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas porque invertimos menos en modernizar la economía.

El resultado es que España, la 4ª mayor economía de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia, Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).

Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser más productivos, los expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas, fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada. Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura, porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión, la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.

El lastre de una deuda pública récord

España va bien, reitera Rajoy, pero somos uno de los países más endeudados del mundo y la deuda pública acaba de batir un récord histórico: 1.144.629 millones de euros, 24.500 euros de deuda por cada español. Una deuda que ha crecido en 400.000 millones desde que gobierna Rajoy. Y lo peor: esta deuda pública se ha hecho crónica y en 2028, pesará casi tanto como hoy (el 95% del PIB), según la Comisión Europea. La deuda pública de España, la 6ª mayor de Europa, es una losa  para todos, porque pagarla nos cuesta 32.000 millones cada año, la cuarta mayor factura tras las pensiones, la sanidad y la educación. Y en cuanto suban los tipos, en 2018 o 2019, pagar los intereses de esta deuda nos costará mucho más (si los mercados quieren financiarnos). Parece que esto de la deuda pública no va con nosotros, pero es un pesado lastre que van a heredar nuestros hijos. Convendría aprovechar la recuperación para dejarles menos deuda. Bastante tienen ya con el mundo que reciben.

enrique ortega

La economía se recupera pero el mundo está mucho más endeudado que antes de la crisis. Y eso, porque la receta para evitar una debacle mundial en 2008 fue inundar el mundo de dinero barato. Esta medicina reanimó las economías y salvó a EEUU y a Europa, pero a cambio las economías se hicieron “adictas” al crédito casi gratis: si en el año 2000, el endeudamiento mundial (público y privado) era del 250% de la producción mundial (PIB), en 2008 había aumentado al 275% y hoy supera ya el 300% del PIB, según datos oficiales. El problema ahora, para las autoridades monetarias del mundo (Reserva Federal USA o BCE), es como “desenganchar” a las economías de la droga del dinero barato y que “no les dé el mono”, que no se paren y volvamos a la recesión. Tienen que recortar la dosis, porque el mundo está demasiado endeudado (“dopado”), pero lo tienen que hacer con cuidado, subiendo poco a poco los tipos, para no frenar en seco la recuperación.

En medio de este panorama, España es uno de los países más endeudados del mundo, junto a EEUU, Japón, Italia o Grecia. La deuda total del país, entre empresas, familias y administraciones públicas, alcanzó los 2.473.150 millones de euros (2,4 billones) a finales de 2017 (el 236% del PIB), según el Banco de España, una deuda más elevada que antes de la crisis, cuando alcanzó 2.609.887 millones de euros en 2008. En estos últimos 10 años, la deuda total ha crecido porque ha aumentado la deuda pública, casi la mitad del total (1.144.150 millones en 2017) mientras se ha reducido la deuda de las empresas (894.131 millones en 2017) y las familias (704.390 millones), según el Banco de España.

Como vemos, la mayor parte de toda la deuda española (58%) es deuda privada, de las empresas y familias, que aumentaron mucho su endeudamiento en los años 90 y a principios de este siglo, alimentando la “burbuja del ladrillo”. Así, las empresas españolas pasaron de tener sólo 200.951 millones de deuda en 1995 a 1.009.429 millones en 2002 y seis veces más en 2008: 1.261.105 millones de euros de deuda empresarial, la cifra récord. A partir de ahí, vino la crisis, los bancos se cerraron como lapas y las empresas se dedicaron a devolver créditos como pudieron, bajando su deuda un 29%, hasta 894.130 millones que debían a finales de 2017. Las familias hicieron lo mismo: de tener una deuda de 139.075 millones de euros en 1995, la subieron a 783.932 millones en 2002 y luego, a golpe de pedir hipotecas, la multiplicaron por seis en 2008: 908.160 millones de deuda de las familias, el récord. A partir de ahí, con el paro y la caída de ingresos, los hogares se dedicaron a devolver créditos y no pedir más, con lo que su deuda ha caído un 22%, hasta 704.390 millones en 2017.

Mientras empresas y familias reducían su deuda, el sector público, la Administración, hacía todo lo contrario: endeudarse más cada año, para hacer frente a los gastos extraordinarios de la crisis. Y así, la deuda pública, que era baja en 2008, sólo 440.621 millones de euros (el 35% del PIB), la quinta parte que la abultada deuda privada, dio un primer salto entre 2008 y 2011, con Zapatero, que la dejó en 744.323 millones a finales de 2011. Pero el mayor salto de la deuda pública lo ha dado Rajoy, que la subió a 1.041.621 millones en 2014 y la ha vuelto a subir a 1.144.150 millones de euros a finales de 2017 (el 98,08% del PIB), un récord histórico y 400.306 millones más de deuda (+53.8%) que cuando llegó a la Moncloa. O sea, que debemos ya 24.589 euros por cada español, casi el triple de lo que debíamos en 2008. La mayor parte de esta deuda pública es del Estado (996.472 millones), seguido de las autonomías (288.313 millones), Ayuntamientos (29.161) y Seguridad Social (27.393 millones). La suma no da los 1.144.150 millones de deuda total 2017 porque hay que hacer ajustes por la deuda entre distintas administraciones.

La deuda pública se ha disparado porque los gastos públicos durante la crisis se multiplicaron  mientras caían los ingresos, lo que ha profundizado el déficit público: de tener superávit en 2007 se pasó a un déficit del 3,8% del PIB en 2008, que acabó siendo del 8,5% en 2011 para bajar después despacio hasta el 3,1% esperado en 2017. Y cada año ha habido que “tapar” este agujero en las cuentas públicas pidiendo prestado, endeudándonos. Los “culpables” de esta deuda histórica que ahora tenemos son miles de partidas, pero podemos citar algunas más importantes: rescate bancario (50.000 millones), déficit eléctrico (30.000 millones), Plan pago a proveedores (40.000 millones), pago parte española rescate de Grecia, Portugal e Irlanda (30.000 millones), financiación de las pensiones (10.192 millones prestados por el Tesoro a la SS, a los que se sumarán otros 15.000 este año)… Suma y sigue.

Muchos países han visto disparar su deuda en estos años de crisis, pero España tiene ahora más deuda que la mayoría: somos el 6º país de Europa con más deuda pública relativa (en relación al PIB): 1.144.150 millones de euros a finales de 2017, el 98,08% del PIB, sólo por detrás de Grecia (su deuda pública es el 177,2% del PIB), Italia (133,3%), Portugal (128,9%), Bélgica (106,5%) y Chipre (103,2%), según Eurostat. Y estamos muy por encima de la media de deuda de toda Europa (84,8% la UE-28) y del límite fijado a los países euro (60% del PIB).

El gran problema de la deuda es que hay que pagarla: hay que destinar cada año muchos millones a pagar intereses a los inversores y bancos que la compraron, dinero que no se puede gastar en otras cosas. Así, en 2017, España destinó 32.171 millones de euros a pagar intereses de la deuda, la cuarta mayor partida de gasto del país, tras las pensiones (130.000 millones), la sanidad (80.000 millones) y la educación (50.000 millones). Y así, año tras año, hasta dentro de 10, 20, 30 ó 50 años que vence mucha de esa deuda. Baste decir que si en 2008 nos gastábamos 15.000 millones al año en pagar la deuda pública, en 2011 ya pagábamos 22.000 millones y este año 2018 volveremos a pagar 32.000 millones. En conjunto, desde hace 10 años ya hemos pagado en intereses por la deuda pública más de 250.000 millones de euros, lo que cuesta pagar dos años de pensiones.

El problema se complica ahora, porque pagar la deuda va a ser más caro. Desde 2015, el Banco Central Europeo (BCE) ha salido en auxilio de España y los países más endeudados, con dos medidas muy eficaces: bajar el precio oficial del dinero a cero y comprar deuda pública en el mercado, para rebajar su coste. Sólo en 2017, el BCE compró 80.000 millones de deuda pública española, el 60% de lo emitido ese año. Y con la rebaja de tipos, el Tesoro español se ahorró 2.500 millones sólo en 2017. Ahora, las tornas van a cambiar: el BCE quiere “desenganchar a los países europeos de la droga del dinero barato y que funcionen sin “dopaje”, por lo que  va a reducir sus estímulos. En enero de 2018 ya ha reducido a la mitad sus compras de deuda pública europea y comprará este año sólo 39.000 millones de deuda española (la mitad que en 2007), Además, aunque el BCE quiere mantener sus tipos este año y no subirlos hasta 2019, el hecho cierto es que los mercados están ya pidiendo más interés por comprar deuda, dado que EEUU ha subido ya 4 veces los tipos de interés oficiales y los volverá a subir este año, lo que ha servido para encarecer el precio del dinero en todo el mundo y también financiar la deuda española.

La consecuencia es que pagar la deuda será más caro este año 2018 y sobre todo en 2019. Se calcula que por cada 1% que suba el precio oficial del dinero, España paga 12.000 millones más por su deuda pública. Y  las empresas 9.000 millones más y las familias otros 7.000 millones extras. Así que van a cambiar las tornas y tras una década de dinero barato, volverá a ser caro. Y lo sufriremos más los países más endeudados, España entre ellos. El Presupuesto tendrá que recortar otros costes, las empresas tendrán menos dinero para invertir y crear empleo y las familias menos dinero para consumir. A final, menos crecimiento por subir los tipos y encarecerse la deuda, pública y privada.

Y el problema no se va a arreglar a corto plazo, porque la recuperación (4 años de fuerte crecimiento) no ha servido para bajar la deuda pública, sino que sigue subiendo en España año tras año. La propia Comisión Europea ha advertido a España (aunque Rajoy no diga nada) de que la deuda pública se ha hecho crónica y se va a enquistar en niveles altos en los próximos 10 años: si 2017 cerró casi con tanta deuda como lo que produce el país (98,08% del PIB), en 2020 seguirá en el 95,6% del PIB y para 2028 prevén que España mantenga todavía una deuda casi igual, el 95,1% del PIB. Y eso se traduce en que si hoy dedicamos el 3% de la riqueza a pagar intereses (32.000 millones anuales), en 2020 seguiremos con el lastre de pagar ese 3% del PIB en intereses (entonces ya serán más de 50.000 millones de euros de la época). Y eso hace a España muy vulnerable, porque de aquí a 10 años tendrá que buscar la financiación de los mercados y que no se pongan nerviosos, como en 2012, para que nos financien y no nos cobren  muchos intereses.

De hecho, la Comisión Europea acaba de publicar un informe donde alerta de que hay 5 países europeos considerados “de alto riesgo” en caso de que Europa vuelva a tener un grave shock de deuda, si vuelven los nervios a los mercados, como en 2012 y 2013: Bélgica, España, Italia, Francia y Portugal. Por eso, ahora que hay recuperación, les piden medidas para ir reduciendo su deuda pública  y poder cumplir el 60% de deuda sobre PIB, objetivo de la Comisión para 2032. Para España, ese objetivo supone reducir la deuda un 38% del PIB en 14 años, recortarla en 460.000 millones hasta 2032, unos 33.000 millones al año.

Parece un objetivo imposible. Pero no lo debería ser reducir la deuda lo más que se pueda, para no cargar cada año con la losa de los intereses, que pueden dispararse los próximos años. El ministro Montoro ha apuntado una primera medida: perdonar parte o toda la deuda a las autonomías, como compensación a la falta de financiación que han tenido estos años. Pero es una solución “falsa e injusta”. Falsa, porque sería engañarnos a nosotros mismos: cambiar la deuda de sitio, para que en vez de ser deuda de Cataluña o Valencia (ver reparto) lo sea del Estado central. E injusta, porque cargaría sobre los bolsillos de todos los españoles una deuda que han generado los catalanes o valencianos, por ejemplo. La solución sólo puede pasar por ingresar más, porque no se pueden hacer más recortes en pensiones, sanidad, educación, desempleo, gastos sociales o inversiones públicas, faltas de recursos.

Así que para recortar la deuda, el camino pasa, como casi todos, por recaudar más, sobre todo el Estado central (no bajar impuestos: eso iría "en la dirección contraria"). Y se puede hacer, porque España tiene un problema de fondo que genera los déficits públicos: ingresa menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a bajar el déficit y amortizar deuda y el resto a costear los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar las pensiones, la sanidad, la educación, los gastos sociales y las inversiones públicas.

El Gobierno Rajoy ha visto crecer la bola de la deuda pública sin tomar medidas, amparado en la ayuda del BCE y los tipos bajos. Pero ahora van a cambiar las tornas y pueden volver las turbulencias. Aunque los mercados estén calmados, es una barbaridad destinar 32.000 millones a pagar intereses mientras hace falta de todo. Y lo peor, esa deuda es la herencia que dejamos a nuestros hijos, que tendrán que seguir pagándola sin haberla generado. No es justo. Intentemos dejarles una deuda menor. Bastante tienen ya.

España tiene un serio problema de inversión

España sigue creciendo y este primer trimestre de 2017 se ha recuperado ya lo que producíamos (PIB) antes de la crisis. Pero crecemos gracias al consumo de las familias y a las exportaciones, porque el tercer motor del crecimiento, la inversión, aún está muy débil y es todavía menor que en 2008. Lo preocupante es que el 87% de las empresas no están aumentando sus inversiones, a pesar de que ganan ya más que antes de la crisis: utilizan sus beneficios para quitarse deudas y pagar dividendos a sus accionistas, no para invertir capital en máquinas, personal y nuevos proyectos. Y encima, las inversiones públicas siguen cayendo (para recortar el déficit)  y el Estado invierte la mitad que en 2009. Este parón de la inversión privada y pública es especialmente preocupante porque las inversiones son los cimientos del futuro, del crecimiento y el empleo de mañana. Un grave problema del que no se habla, pero que nos afecta a todos: sin inversión no hay recuperación estable y duradera. No hay futuro.



                                                                                   Enrique Ortega

Tres son los motores que hacen crecer a un país: el consumo de las familias y el Estado (68% del PIB), la inversión (17%) y las exportaciones (15%). España lleva tres años seguidos creciendo, 2014 (+1,4%), 2015 y 2016 (+3,2%), gracias sobre todo al tirón del consumo de las familias (poco el del Estado, por los recortes) y a las exportaciones, que ya han superado el nivel que tenían antes de la crisis. El tercer motor, la inversión, lleva también tres años creciendo (2014 a 2016), pero mucho menos que el consumo y las exportaciones, aunque haya mejorado este primer trimestre la inversión en bienes de equipo (+3%). Pero se invierte todavía menos de lo que se invertía antes de la crisis: 227.289 millones de euros en 2016, un 25% por debajo de los 338.676 millones que se invirtieron en 2007, según los datos del INE.

La inversión en España pegó un gran salto a principios de este siglo, ya que se triplicó entre 1995 (102.748 millones de euros) y 2007 (338.678 millones), el año récord de la inversión, gracias a la burbuja del ladrillo, que disparó la inversión en suelo e inmuebles. Pero en 2008 pincha la burbuja inmobiliaria y la inversión se desinfla hasta los 191.921 millones en 2013, el año más bajo, con una caída total en la crisis del 43,3%. Y aunque luego la inversión se ha recuperado ligeramente entre 2014 y 2016, todavía pierde ese 25% sobre 2007. Y el esfuerzo inversor de España, que invertía un 31,33% de su producción (PIB) en 2007, se desplomó al 18,7% del PIB en 2013 y ahora sólo ha subido al 20,4%, según la Fundación BBVA e Ivie. Es decir, que España está invirtiendo ahora menos que antes de la crisis, al nivel de 1995. Y si descontamos el efecto de la inflación, la inversión real ha caído al nivel del año 2001.

Lo peor no es que hayamos retrocedido a un nivel de inversión de hace 14 años. El problema más grave es que la inversión hecha ha sido muy poco rentable y se ha depreciado mucho, al ser las dos terceras partes inversión inmobiliaria, que ha perdido mucho valor. Y en consecuencia, ahora hay que invertir para cubrir estas pérdidas y para afrontar el futuro. Y como la inversión está todavía en niveles bajos, no llega para tapar a la vez las pérdidas y generar aumentos de capital para el futuro. Y así, el stock de capital neto real, lo que crece la capitalización de la economía, ha pasado de aumentar el 4% anual antes de la crisis a crecer un 0,5% anual ahora, el aumento más bajo de los últimos 50 años, según un riguroso estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Dicho de forma más sencilla: la inversión apenas da para aumentar el capital de la economía, que es junto a la mano de obra, uno de los dos factores claves del crecimiento y la riqueza de un país.

Además, la inversión es España tiene otros dos problemas adicionales. Uno, que se ha centrado demasiado en el ladrillo y la especulación inmobiliaria y poco en sectores industriales competitivos, en la tecnología y en la digitalización. Y el otro, que se ha concentrado sólo en una parte de España, en 4 autonomías que concentran ellas solas el 57,6% del capital invertido: Cataluña (17,2%), Madrid (16%), Andalucía (14%) y Comunidad Valenciana (10%). Y así, la inversión y el capital han agravado las diferencias económicas entre autonomías ricas y pobres, en lugar de ayudar a reequilibrar el país.

La clave de este problema inversor de España está en la inversión privada, porque supone el 88% del total, aportando el 12% restante la inversión pública. Y aunque la inversión privada empezó a crecer en 2014, lo hace lentamente, más que la economía. De hecho, este año 2017, sólo el 13% de las empresas españolas prevén aumentar sus inversiones, según un estudio realizado por la patronal CEPYME. Y además, el 40% de las empresas consultadas no prevén realizar ninguna inversión este año 2017.

Y no invierten a pesar de que las empresas españolas llevan tres años aumentando sus beneficios, que ya son mayores que antes de la crisis: ganaron 473.032 millones de euros en 2016 frente a 465.182 millones en 2008, según la Contabilidad Nacional del INE. La razón es que las empresas destinan un 13% de sus beneficios a repartir dividendos (a sus accionistas) y el 87% restante a “reservas”, a aumentar capital y sobre todo a devolver créditos y reducir el pago de intereses. De hecho, las empresas españolas se han quitado más de una cuarta parte de su deuda: si en 2009 debían 1.272.181 millones, en 2016 debían ya “sólo”  913.350 millones. Se han quitado 358.800 millones, el 28% de la deuda, aprovechando sus beneficios. Y lo que ha ido a los bancos (o a dividendos) no ha ido a invertir.

Junto a esta débil inversión privada, otro problema es que la inversión pública (el 12% de la inversión total) se ha desplomado en estos años, por los recortes hechos por ZP y sobre todo por Rajoy para reducir el déficit público. La inversión pública ha caído de 55.030 millones en 2009 (un 5,1%, el récord histórico por el “Plan E” de inversiones de Zapatero para tratar de atajar la crisis) a 21.548 millones en 2016, el 1,9% del PIB, una cifra que es el mínimo histórico de la serie estadística que arranca en 1.995. Con este drástico recorte (-58%), España se coloca ahora como el segundo país europeo con menos peso de la inversión pública (tras Portugal): un 1,9% del PIB, frente al 2,7% de inversión pública en la UE-28 y el 3,3% del PIB que invierte Francia o el 2,1% que invierten Alemania o Italia, por ejemplo.

Esta drástica caída de la inversión pública varía por autonomías, pero afecta a la mayoría: la inversión productiva por habitante se ha reducido a menos de la mitad en 13 de las 17 autonomías. Y de no corregirse, esta caída de la inversión pública compromete el futuro de los servicios públicos que prestan las autonomías (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…), según el análisis de Fedea. Pero el Gobierno Rajoy sigue con los recortes y para este año 2017, la inversión pública en infraestructuras caerá un 20,6%. Y la inversión pública del Estado en las autonomías caerá otro 22,2% (en todas menos en Canarias).

La inversión (el capital), es, junto al trabajo, uno de los dos cimientos de cualquier economía: la mejora de la productividad (muy baja en España) y el aumento del empleo y del nivel de vida (menores que en Europa) dependen de que un país cuente con capital suficiente. Y para ello hace falta que se invierta más y mejor. El reto es doble: volver a invertir un tercio de lo que se produce (PIB), como en 2007 (eso significaría invertir unos 120.000 millones más al año) y destinar esa inversión (privada y pública) a sectores con futuro, en línea con la nueva inversión que ya se está produciendo: maquinaria y bienes de equipo,  tecnología, sectores información y comunicación (TIC) y digitalización de la economía. Y diversificar también la inversión, para que no sólo vaya a las autonomías “ricas”.

Haría falta pactar una Plan de choque para reanimar la inversión y colocar a España en línea con la inversión que hace el resto de Europa. Y para ello, tendría que empezar dando ejemplo el Estado, reanimando la inversión de la administración central, las autonomías y los Ayuntamientos. Tras los recortes, hace falta invertir en casi todo (menos en más AVEs): carreteras (están muy deterioradas), obras hidráulicas (para evitar las consabidas inundaciones periódicas), ferrocarril (ahí está, a medio gas, el corredor mediterráneo), tecnología, digitalización, escuelas, hospitales y centros de salud, residencias de ancianos, etc., etc. Inversiones públicas necesarias y que tirarían de las inversiones privadas. Y que podrían financiarse con una mejora de la recaudación, porque España recauda 90.000 millones anuales menos que el resto de Europa, según Eurostat. Para ello, habría que reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más impuestos los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos).

En paralelo, habría que tomar medidas para reanimar la inversión privada, facilitando que las empresas destinen una mayor parte de sus inversiones a invertir en máquinas, renovación tecnológica y digital, nuevos negocios y personal mejor formado. Eso obliga a un tratamiento fiscal que incentive más la inversión privada y en paralelo, un Plan de refinanciación de la deuda de las empresas, para facilitarles la devolución anticipada de créditos y que puedan destinar sus ingresos más a invertir y menos a pagar intereses. Además, habría que conseguir una mayor colaboración inversora entre el Estado y las empresas, para cofinanciar proyectos, intentando conseguir los mayores fondos posibles de la Unión Europea.

Al final, estamos tan obsesionados con el día a día que nadie piensa a medio plazo. Y no basta con crecer, sino que hay que asegurar los cimientos de este crecimiento. Y la inversión es un elemento clave, porque sin más inversiones será difícil asegurar un crecimiento estable y duradero, más empleo, algo vital para España. Por eso, hablar de inversión puede sonar a algo muy técnico, un “rollo”, pero si España no consigue mayores inversiones, atraer más capital (español y extranjero), no podremos apuntalar el crecimiento futuro, el empleo y un mejor nivel de vida. Así que ya lo saben: más inversión igual a mejor futuro.

La enorme deuda, una losa para la recuperación

España está endeudada hasta las cejas. Como país, debemos 1 billón largo de euros, más del 100% del PIB, un récord desde 1910. Y hay que sumar otros 1,6 billones que deben las empresas y familias españolas. En total, debemos el 250% del PIB y somos el 8º país más endeudado del mundo. El problema es doble. Por un lado, la deuda sigue creciendo y nos hace muy vulnerables: dependemos de que “los mercados” nos presten (necesitamos 400.000 millones “nuevos” este año) y no se pongan nerviosos, cobrándonos más por su dinero. Y por otro, tenemos que dedicar muchos recursos a devolver deuda y pagar intereses, dinero que el Estado no puede destinar a gastos necesarios, las empresas a invertir y las familias a consumir. Por eso, tanta deuda es una losa que dificulta crecer y crear más empleo. Hay que renegociar esta deuda, a nivel europeo y español, para rebajar su coste y que no torpedee la recuperación.
 

enrique ortega

España alimentó la burbuja inmobiliaria y el fuerte crecimiento de la pasada década a base de endeudarse, de créditos para el Estado, las empresas y las familias (hipotecas). Y con la crisis, los Gobiernos se endeudaron aún más, para enjugar los déficit públicos crecientes, mientras las empresas y familias intentaban reducir sus deudas, que muchos no podían pagar (quiebras y desahucios). El resultado es que si España ya estaba muy endeudada antes de la crisis, como el resto del mundo, lo está aún más ahora, por culpa del aumento de la deuda pública  (+641.556 millones), aunque haya bajado la deuda privada (-542.278 millones). Así, si en diciembre de 2008 España tenía una deuda total de 2.611.413 millones de euros (el 233,95% del PIB), en febrero de 2016 tiene una deuda mayor, de 2.710.691 millones de euros (el 250,71% del PIB), dos veces y media lo que producimos anualmente.

España se ha convertido así en el octavo país más endeudado del mundo, con datos del Mc Kinsey Global Institute, sólo por detrás de Japón (debía el 400% de su PIB en 2014), Irlanda (390%), Singapur (382%), Portugal (358%), Bélgica, Holanda y Grecia (todos con una deuda superior al 300% del PIB). En el mundo, la deuda es hoy uno de los problemas económicos más graves y ha crecido un 40% con la crisis: pasó de 142 billones de dólares a 199 millones en 2014, según los datos del  Mc Kinsey Global Institute. Los mayores aumentos de deuda se han dado estos años en China, España, Irlanda Portugal y Grecia. Y este “empacho de deuda” explica que el mundo y sobre todo Europa apenas crezcan: los esfuerzos de Estados, empresas y familias están volcados en devolver parte de esta deuda, en “desendeudarse” y eso se come la mayor parte de la recuperación internacional.

Volviendo a España, la mayor parte de la deuda total es deuda privada, de empresas y familias: alcanzaba los 1.629.364 millones de euros en febrero de 2016, un 150,7% del PIB, una deuda más elevada que en el resto de Europa, a pesar de que esta deuda privada es la única que se ha recortado con la crisis: se ha rebajado en 542.278 millones, una cuarta parte de lo que debían empresas y familias en diciembre de 2008 (2.171.642 millones).

Las empresas españoles deben ahora 910.769 millones de euros (febrero 2016), tras haber devuelto 350.836 millones en los últimos 7 años, a costa de beneficios, dividendos y empleo. Con todo, las empresas españolas siguen más endeudadas (84% del PIB) que el resto de las empresas europeas (su deuda supone el 60% del PIB) y sobre todo más que las alemanas (su deuda es sólo el 38% del PIB). Y además de tener más deuda pendiente, las empresas españolas pagan más caro el dinero, sobre todo las pymes, con lo que devolver los créditos y pagar intereses les supone un coste mayor que a la mayoría de empresas europeas. Por eso, aunque el beneficio de las empresas españolas se ha triplicado, la mayoría dedican estos recursos a desendeudarse, pagar dividendos y ahorrar, no a invertir. Y no quieren pensar en pedir más créditos, porque aún tienen encima una pesada deuda.

Las familias españolas deben ahora 718.595 millones de euros (febrero 2016), la mayoría son hipotecas pendientes de pago (el 77% de esta deuda) que tienen unos 7 millones de españoles. También aquí, las familias españolas están más endeudadas (67% del PIB) que la mayoría de familias europeas (65% PIB) y que las alemanas (52%), francesas (60%) o italianas (50% PIB). Y como además aquí han caído más los salarios y el empleo, han sufrido más el impacto de la crisis para poder pagar estas hipotecas. Por eso ha subido la morosidad y los desahucios, mientras se ha recortado el consumo, porque su prioridad ha sido y es pagar la hipoteca. Y aún tienen que seguir devolviendo dinero, unos 2.000 millones al mes, con lo que las familias no alcanzarán el nivel de endeudamiento europeo hasta 2018, según un estudio de CaixaBank.

Y queda la deuda pública, que está disparada: acaba de batir un récord histórico, al llegar en febrero de 2016 a la cifra de 1.081.327millones de euros, superando la barrera del 100% del PIB (100,012 % PIB) y el mayor porcentaje desde el año 1910 (antes tuvimos el 165% en 1879 y el 124% en 1900), según el reciente libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, de Francisco Comín. Esta deuda pública se ha multiplicado por 2,5 con la crisis, ya que era sólo de 439.771 millones (39,4% PIB) en diciembre de 2008. Y el mayor salto lo ha dado con el Gobierno Rajoy, que recibió 743.530 millones de deuda pública (el 69,5% del PIB) y la ha aumentado en un tercio, para financiar el déficit público, ayudar a las autonomías y a la banca y colaborar en los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda. Una deuda que en un 80% tiene el Estado y la Seguridad Social y el resto las autonomías.

Con esta deuda que ya supera el billón de euros, España es el 6º país europeo con más deuda pública en importancia relativa (99,2% del PIB en 2015), por delante de la media europea (85,2% PIB) y de la zona euro (90,7%), sólo por detrás de la deuda de Grecia (176,9% PIB), Italia (132,7%), Portugal (129%), Chipre (108,9%) y Bélgica (106%), según los últimos datos de Eurostat. Y a nivel mundial, somos el país nº 14 en deuda pública, sólo por detrás de Japón (249,08%), EEUU (104,97%) y cinco pequeños países de África y el Caribe.

Las perspectivas apuntan que la deuda privada (empresas y familias) se reduzca otra vez este año, pero que siga creciendo la deuda pública, porque España tiene que financiar un elevado déficit público. La última previsión de la Comisión Europea es que la deuda pública española crezca en 2016  (hasta el 101,3% del PIB) y no baje del 100% del PIB hasta 2020. Y esto nos hace “un país muy vulnerable”, como ha advertido Bruselas en su informe de Sostenibilidad Financiera (enero 2016). Y eso porque tanta deuda hace a España muy dependiente de los “mercados”, de los inversores (el 53% de la deuda pública española está en manos de extranjeros). Así, el país necesita este año 400.000 millones de dinero nuevo para seguir funcionando, según el ministro de Guindos (226.000 el Tesoro público y 170.000 las empresas y bancos). Y si vuelve a haber tensiones o suben los tipos (que están casi a cero), tendríamos un grave problema. Porque además de devolver la deuda, hay que pagar intereses. Este año 2016, el pago de intereses sólo por la deuda pública supondrá 33.500 millones (5.000 menos que en 2012, gracias a la bajada de tipos). Una factura que daría para pagar medio año del gasto en Educación o 4 meses las pensiones. Y que ahora se va a pagar intereses a los inversores y bancos (la mayoría españoles), que son los que ganan dinero con nuestra deuda.

Así que la deuda pública es una pesada losa para los Gobiernos, que no pueden gastar ese dinero en gasto social o en inversiones que ayuden a crecer más y crear más empleo. Y la deuda privada es también una losa para el resto de la economía: las empresas tienen que destinar una gran parte de sus ingresos a devolver deuda y pagar intereses en vez de a invertir y crear más empleo. Y las familias, están agobiadas por pagar la hipoteca y restringen su consumo y sus gastos, lo que retrae también las ventas y el crecimiento. Por eso, son muchos los economistas que creen que la abultada deuda, del mundo y de España, es la principal causa de que la economía internacional esté estancada y no despegue con más fuerza.

¿Qué se puede hacer? Hay que reducir la deuda, empezando por la pública, lo que obliga a reducir el déficit público, para no seguir “alimentándola”. Eso pasa no tanto por hacer más recortes (siempre hay gastos “prescindibles”) sino por aumentar los ingresos públicos, ya que España recauda mucho menos que el resto de Europa (sólo el 38,2% del PIB, frente al 46,6% del PIB que recaudan los países del euro y el 44,9% del PIB que ingresa la UE-28, según Bruselas). Eso se traduce en que si España recaudara como los demás países euro, Hacienda ingresaría 90.804 millones más al año, con lo que no habría déficit y se podría pensar en devolver más deuda y gastar más en lo que hace falta. Para ello, habría que reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más impuestos los que ahora pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), no la mayoría.

Además de reducir el déficit y la deuda pública, habría que renegociarla a nivel europeo. Porque ahora, España y los países del sur de Europa pagamos intereses más altos porque tenemos que endeudarnos por nuestra cuenta, país a país, y los más endeudados y con más problemas económicos tenemos que pagar más (prima de riesgo). La alternativa, propuesta por el Consejo alemán de expertos económicos y 17 economistas europeos, sería crear un Fondo Europeo donde los países metieran su exceso de deuda, la que supera el 60% del PIB (en el caso de España, 432.000 millones del billón largo de deuda pública) y eso se convertiría en “eurobonos”, bonos que pagarían menos que ahora los países. Y el resto de deuda, ya más baja, se financiaría más barata mientras se crea el Tesoro europeo y toda la deuda se mete en el mismo saco, como hace EEUU con la deuda de sus Estados. Claro que eso supondría que Alemania y los países del norte pagarían algo más de lo que pagan ahora por su deuda (por eso se resiste Merkel). Pero eso debería ser la solidaridad europea.

A nivel de deuda privada, las empresas españolas deberían renegociar su deuda con los bancos, ayudadas por el Estado (que ha “rescatado” a la banca), para ampliar plazos de devolución  y reducir tipos, sobre todo las pymes, que están más indefensas. Y en algún caso, crear un “banco malo de créditos empresariales”, como se hizo con los créditos inmobiliarios de la banca. Sólo reduciendo el peso de la deuda podemos conseguir que las empresas inviertan más y creen más empleo, las grandes prioridades de España. Y en cuanto a las familias, habría que hacer “un mapa de las hipotecas más vulnerables”, para renegociar plazos, tipos y condiciones, evitando desahucios y dando un respiro a las familias, que sólo así podrán pensar en gastar y consumir más, algo que necesitan las empresas y la economía.

Como se ve, quitarse parte de la losa de la deuda es clave para reanimar la economía, internacional, europea y española. Pero no es algo que se resuelva de un día para otro: 2,7 billones de euros es una carga demasiado pesada como para aligerarla en poco tiempo. Hacen falta años, pero sobre todo un Plan ambicioso, europeo y español, para recortarla y aliviar su peso. Porque si no, no sólo creceremos menos sino que cargaremos el problema de  esa deuda sobre nuestros hijos y nietos. No es justo dejarles esa pesada herencia.