Las primeras semanas
de 2015, la contaminación se
agravó en Madrid y Barcelona, saltando
todos los límites por el buen tiempo y la falta de lluvias. Pero no se trata de un problema coyuntural: la mayoría de los españoles (como los
demás europeos) respiramos un aire muy contaminado, que provoca enfermedades y
mata. De hecho, la contaminación provoca 450.000 muertes al año en Europa, de ellas 26.800 en España. Son 20
veces los muertos que causan los accidentes de tráfico. Ahora que se
acercan las elecciones, los partidos volverán a hablar de la contaminación,
pero nadie afronta con seriedad el
problema. Y España está pendiente de varias multas europeas por incumplir
los límites comunitarios. Urge tomar medidas para penalizar el
diésel, cambiar de coche, fomentar el transporte público y obligar a
eléctricas, refinerías y grandes industrias a contaminar menos. Porque en
cuanto crezcamos más y no llueva, el aire será más peligroso. No podemos seguir respirando veneno.
En noviembre, la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA) volvió a dar la voz
de alarma: hasta el 98% de la población europea vive en
lugares que rebasan los límites de contaminación del aire que marca la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Y si se toman los límites de
contaminación de la Unión Europea, menos estrictos, un tercio de los
europeos respira un aire
contaminado por encima de los límites UE. Una contaminación que provoca enfermedades (respiratorias,
cardiovasculares, cáncer) y muertes:
sólo en Europa se producen 450.000 muertes al año por la
contaminación, según la
AEMA. Y de ellas, 26.800 son en España,
20 veces más mortalidad que los
accidentes de tráfico (1.131 muertos en 2014). Además, la contaminación deteriora el medio ambiente y las cosechas,
provocando daños a dos tercios de la superficie cultivada en España, según la
AEMA.
En España, un 95% de la población (44,8 millones de
españoles) respira aire contaminado,
que supera los límites marcados por la OMS, según el último informe
de Ecologistas en Acción. Y si se toman los límites de la UE (más laxos), un
tercio de los españoles (36%, 16,8 millones) respiran un aire que infringe las normas europeas. Hay 5
tipos de contaminantes en
el aire que respiramos. El más extendido es el ozono troposférico (O3, el ozono “malo”), producido sobre todo en
verano por la fotooxidación de NO2 y compuestos
orgánicos volátiles (COVs),
procedentes de vehículos, calefacciones e industrias. Media España incumple los límites europeos de O3 (Madrid, sur de
Castilla y León, mitad sur de España, la Rioja, valle del Ebro y Cataluña),
afectando a unos 23 millones de habitantes. El contaminante que más crece es el
dióxido de nitrógeno (NO2), un gas
tóxico que procede en un 80% de los vehículos (diésel) y que afecta a Madrid,
Barcelona y otras 11 grandes ciudades, con 12 millones de habitantes afectados.
Es el
que ha subido mucho este mes de enero.
Y el único contaminante donde España
tiene más porcentaje de población afectada que Europa.
El tercer contaminante, las partículas PM 10 y PM 2,5,
procedentes de los vehículos diésel (35-50%), las calefacciones, centrales térmicas e industrias, es el menos
extendido pero el más grave, porque
las partículas más pequeñas (PM 2,5) penetran fácilmente en el aparato
respiratorio y pueden llegar al torrente sanguíneo. La OMS fija un límite anual
de 10 microgramos por metro cúbico y tanto Barcelona (14) como Madrid (10) lo
han rebasado en ocasiones. El cuarto contaminante, el dióxido
de azufre (SO2) lo producen
sobre todo las industrias (refinerías
y químicas), afectando a la bahía de Algeciras y Tenerife. Y el último contaminante
en detectarse, el benzopireno
(BaP), producido por el uso de estufas de madera y calefacciones de biomasa,
está afectando a 9 de cada 10 habitantes urbanos en Europa, según el estudio de
la AEMA. Y en España hay pocas estaciones
de detección.
Está científicamente
demostrado que estos cinco
contaminantes en el aire afectan muy negativamente
a la salud. El ozono troposférico agrava las enfermedades respiratorias y la contaminación de los motores diésel
causa cáncer de pulmón y de vejiga,
según certificó la OMS en julio de 2012. La contaminación también provoca enfermedades cardiovasculares
y arritmias, asma infantil, problemas en los fetos (bajo peso al nacer),crisis cardiorrespiratorias a los ancianos y
hasta diabetes y obesidad,
según numerosos estudios médicos. Y lo último: en octubre de 2013, la Agencia
de Investigación del Cáncer (IARC) clasificó
la contaminación ambiental como “cancerígena,
sin ninguna duda científica”. De ahí que se estimen 26.800 muertes al año por la contaminación en España, de ellas 2.000 en el gran
Madrid y 3.500 en
las 40 ciudades del área metropolitana
de Barcelona.
Un coste muy alto en vidas humanas, al que
hay que sumar el deterioro del
medio ambiente y los cultivos. De ahí que la contaminación cueste a España entre 20.000 y 42.000
millones al año, según un
cálculo de la AEMA, que estima entre
59.000 y 189.000 millones el coste para toda Europa, entre muertes
prematuras, costes de hospitalización, enfermos, pérdidas de horas de trabajo y
daños en cosechas y medio ambiente. Además, la contaminación puede acarrear más costes a España,
porque estamos pendientes
de tres multas de Bruselas (Tribunal Europeo de
Justicia), una al Estado y dos a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por
expedientes abiertos al incumplir desde 2010 la normativa
europea sobre contaminación ambiental. Y Bruselas ha rechazado
el Plan del Gobierno Rajoy que pretendía eximir de cumplir
la normativa europea hasta 2020 a 34 instalaciones industriales, la mayoría
centrales de carbón (la Robla, As Pontes, Anclares o Velilla). Ahora, tendrán que adaptarse o cerrar.
Luchar contra la
contaminación del aire no es fácil
y en Europa hay dos
modelos. Uno, el de París,
Milán o Bolonia, que opta por actuar cuando hay un episodio de
contaminación: dejar circular sólo matrículas pares un día e impares otro,
limitar la velocidad, fomentar las bicis… Y el otro, el de Berlín, Londres, Estocolmo o Copenhague, con medidas más
estructurales: más impuestos al coche, peajes por entrar en las ciudades,
prohibición acceso al centro vehículos “sucios”, rebaja precio transportes
públicos… En España, Madrid
optó en julio por subir el precio del aparcamiento a los coches más
contaminantes y quiere aplicar medidas como las de París en febrero. Y la
Generalitat aplicó en Barcelona
este 9 de enero un protocolo que incluyó reducir la velocidad en vías rápidas
(de 100 a 90), informar al ciudadano e “instar” a las eléctricas y cementeras a
reducir emisiones. Pero no aplicó dos
medidas del protocolo que serían más efectivas: subir un 25% peajes autopistas y aparcamientos municipales y reducir a la
mitad el precio de los transportes públicos.
La normativa contra
la contaminación está en manos de autonomías
y Ayuntamientos, pero es clave que Europa fije unos límites
estrictos, para forzar a cumplirlos. Y, por desgracia, la nueva Comisión Europea ha descartado aprobar
una normativa más estricta contra la contaminación, como le
pide la OMS, el conocido paquete Aire limpio para fijar techos de emisión más estrictos a partir de
2020. Baste decir que el límite legal
europeo para la contaminación por partículas, que ha entrado en vigor en
2015, es el doble del que
existe en EEUU y 2,5 veces el recomendado por la OMS. Y todo ello porque Bruselas
se ha plegado a las presiones de las
grandes industrias, eléctricas y multinacionales del automóvil, que no quieren límites más estrictos de
contaminación, argumentando la crisis y el empleo. De hecho, la nueva normativa
de emisión de coches deja a los fabricantes hasta 2021 para adaptarse. Y
podrán compensar fabricar más contaminantes con fabricar híbridos y eléctricos.
España tiene un
problema de contaminación más grave que el resto de Europa por tres razones. Primera, porque tenemos más coches: somos el cuarto país del mundo con más
coches por habitante (480 por 1.000), tras Italia (602), Alemania (510)
y Francia (495), por delante de EEUU (439) y Japón (450). Segunda, porque nuestros coches son más
viejos y contaminan más: la edad media del parque son 11,3 años (8 años
en la UE) y la mitad de los vehículos
tienen más de 10 años. Tercera, somos
“un
país diésel”: un 60% de vehículos circula con gasóleo,
frente al 37% en Europa. Y dos de
cada tres coches
vendidos en 2014 fueron diésel.
Un carburante que emite seis veces más
de NO2 y partículas PM10 que la gasolina. Además, tenemos un gran parque de
centrales térmicas de carbón (3 están
entre
las 100 empresas más contaminantes de Europa: Andorra, Almería y
Compostilla, las tres de Endesa), químicas
y refinerías (la de Repsol en Tarragona está en ese ranking).
El Gobierno Rajoy aprobó
en abril de 2013 el Plan
Aire 2013-2016, que pretende crear un marco común para todas las
ciudades (cada Ayuntamiento va a su aire)
y promover tres
medidas concretas: limitar la velocidad, poner colores
a los coches (según contaminen) para posibles limitaciones de acceso a
las ciudades y subir el impuesto de
circulación a los más contaminantes. Pero el Plan apenas se ha aplicado, salvo las ayudas a la renovación de vehículos comerciales (Plan PIMA aire)
e industriales (Plan
PIMA Transporte), junto al mantenimiento del Plan
PIVE, que ha renovado 755.000 vehículos entre 2012 y 2014.
Habría que hacer mucho más para
reducir la contaminación. A corto plazo, subir los impuestos al gasóleo como piden Bruselas
y el
FMI (equipararlo con la gasolina supondría subirlo 7 céntimos por
litro), aumentar impuestos a los
coches más contaminantes, limitar la
velocidad en las ciudades, fomentar
el transporte público con mejoras del servicio y bajadas de precios,
subir los aparcamientos y fomentar el uso híbridos y eléctricos
en las flotas de autobuses, empresas y vehículos comerciales. Y a medio plazo,
pactar con las petroleras la fabricación de carburantes menos contaminantes (como ha
hecho Obama en USA) y con los fabricantes la producción más barata de
coches híbridos y eléctricos.
Junto a un Plan de incentivos y créditos para recortar las emisiones de calefacciones colectivas y grandes empresas
(sobre todo eléctricas, químicas, refinerías, acerías y cementeras).
Todo eso cuesta
tiempo y dinero, pero más caro es no hacer nada, en muertes y en costes
múltiples. Y más cuando llegue la recuperación, ya que tenemos el aire muy contaminado cuando el consumo de carburantes y
electricidad ha caído con la crisis.
¿Qué pasará cuando la economía despegue? Hay que afrontarlo
antes, con realismo y sin demagogias
electorales. Tenemos que cambiar
todos, automovilistas, propietarios
de viviendas, transportistas y empresas (sobre todo). No podemos seguir envenenando el aire. Es un suicidio colectivo.
