Retrato de España (de la OCDE, no de Rajoy)

España va bien, reitera Rajoy mientras un 70% de españoles dicen que no notan la recuperación. La OCDE acaba de publicar un informe sobre cómo es la vida en España donde analiza 11 áreas, desde el empleo a la educación, comparando a España con los otros 34 paises desarrollados de esta organización. Y en 6 de ellas quedamos muy por debajo, con 12 de 25 indicadores peor. En resumen, estamos peor en empleo y paro, salarios, ingresos, pobreza y desigualdad, educación, vivienda, medio ambiente y bienestar. Y mejor en salud y esperanza de vida, apoyo social, vida personal  y seguridad. Pero quizás lo más preocupante es la mayor insatisfacción con la democracia y la corrupción y el creciente individualismo de los españoles. Un serio retrato de España que ha pasado desapercibido, pero que nos muestra donde debíamos volcarnos en el futuro: empleo, desigualdad, educación, tecnología, medio ambiente y servicios públicos. Y regeneración de la democracia. Son problemas de fondo, que no podemos olvidar por Cataluña.

enrique ortega

El informe se llama “Cómo va la vida 2017” y lo publica cada dos años la OCDE sobre los 35 paises desarrollados que integran esta organización, para comparar indicadores de vida y bienestar. Hagamos un repaso de estos datos, una radiografía reciente de España en 11 áreas, más una adicional  sobre la desigualdad y la pobreza.

El primer tema clave es el empleo y el paro, que explican casi todo lo demás y donde España está peor que la media OCDE en todos los indicadores. Empezando por la gente que trabaja (60,5% de los adultos frente al 67,1% en la OCDE, el 74,7% en Alemania, el 69,4% en USA o el 74,3% en Japón). Y claro, somos el 2º país de la OCDE (tras Grecia) con más paro total (16,7% frente a 5,7%) y más paro juvenil (39,2% frente a 11,96%). Y también el 2º país con más paro de larga duración (parados durante más de 1 año): 9,56% de los adultos activos frente al 2% en la OCDE. Además, los que tienen trabajo tienen “más inseguridad en el empleo” (el triple que en la OCDE) y más “tensión laboral” (parados que no encuentran empleo aunque lo buscan). Y finalmente, los que trabajan en España ganan un 15,7% menos que la media OCDE (37.333 dólares brutos frente a 44.290 dólares).

Segundo indicador, los ingresos. Los ingresos medios netos de las familias españolas (2015), que han caído un 6% sobre los de 2005, son una cuarta parte menos que los ingresos de las familias de los 35 paises OCDE (23.129 dólares frente a 30.620), lo que significa que hay 24 paises desarrollados cuyas familias ingresan más que las españolas. Eso sí, como España es un país de propietarios y la vivienda ha recuperado parte de su valor perdido, el patrimonio neto de las familias españolas es un 4,3% superior al de las familias en la OCDE (345.583 dólares frente a 331.132 dólares).

Tercer indicador añadido, la desigualdad y la pobreza. El indicador 80/20 mide la proporción de renta que tienen el 20% de los más ricos sobre el 20% que menos ingresa: 6,61 veces en España frente a 5,39 veces en la OCDE (y 4 veces en Suecia, 4,47 en Francia, 4,42 en Alemania, 5,91 en Italia y 6,11 en Reino Unido). Y también tenemos más pobres: ingresan menos del 50% de la renta media el 15,3% de los españoles, frente al 11,52% en la OCDE. Y según el Informe sobre España 2017 de la OCDE, somos el tercer país de la OCDE donde más ha crecido la pobreza durante la crisis (tras Lituania y Rumanía) y el 8º país con más pobreza relativa entre los 35 paises desarrollados de la Organización (un 15,5% de la población, frente al 11,8% de media en la OCDE), tras Israel, EEUU, Turquía, Chile, México, Estonia y Japón. Y resalta el grave problema de la pobreza infantil en España, que alcanza al 23,4% de los menores, casi el doble que en la OCDE (13,3%).

Cuarto indicador, la vida laboral y personal. En España hay menos personas que trabajan mucho, más de 50 horas a la semana (4,5% frente al 12,6% en la OCDE) y hacemos la mitad de horas extras que la media OCDE. Por ello, tenemos más tiempo libre: las horas de ocio, de no trabajar son 15,9 en España, una hora más que en la OCDE (14,9).

Quinto indicador, la vivienda. España tiene casas más grandes (1,9 cuartos por persona frente a 1,8 de media en la OCDE y Alemania, por ejemplo) y con todos los servicios básicos (sólo el 0,1% de viviendas no los tienen, frente al 2,2% en la OCDE). Pero aquí gastamos mucho más en mantener la vivienda, en gastos del hogar, que han subido mucho con la crisis: el 21,8% de los ingresos, frente al 19% de media en los paises OCDE. Y además, tenemos que dedicar mucho más esfuerzo (36,5% del sueldo) para comprar una vivienda que las mayoría de europeos (entre el 15% y el 27% del sueldo les basta para comprar piso a los daneses, irlandeses, holandeses, suecos, alemanes, belgas, británicos, franceses e italianos), según recientes datos de pisos.com.

Sexto indicador, la salud. Hay una mayor proporción de españoles adultos que gozan de buena salud (el 72,4%) que en el resto de la OCDE (el 68,75). Y España tiene la segunda mayor esperanza de vida de la OCDE (83 años frente a 80,1 años en los 34 paises), sólo por detrás de Japón (83,9 años). Séptimo indicador, también favorable a España, el  apoyo social: aquí, un 94,8% de las personas tienen familias, amigos o instituciones y organizaciones a las que recurrir y que les apoyan, frente al 88,6% de las personas en la OCDE.

Octavo indicador, la educación, uno de los puntos negros del retrato de España. Hay tres indicadores claves. Uno, las competencias de los jóvenes de 15 años, que están por debajo de las de los jóvenes OCDE en comprensión lectora, matemáticas, ciencia y cultura financiera, según los sucesivos informes PISA. Dos, los adultos españoles tienen poca formación: sólo el 58% de los adultos españoles tienen estudios de 2 ciclo (Bachillerato, FP o Universidad) frente al 67,1% de los ciudadanos de la OCDE, con lo que somos el 4º país peor formado de los 35, sólo por detrás de México (36,6%),Turquía (38,5%) y Portugal (46,9%). Y tres, tenemos un elevadísimo  fracaso escolar, jóvenes (18 a 24 años) que dejan sus estudios al final de la ESO (o sin acabarla): eran el 19,97% en 2015, el porcentaje más elevado de toda la OCDE  y casi el doble que la media europea (11%), según la OCDE.  

Noveno indicador, medio ambiente. Por un lado, hay más españoles satisfechos con la calidad del agua (72,7%) que en el resto de la OCDE (80,8%). Pero hay menos población expuesta a la contaminación por partículas (11,5% frente a 13,9% en la OCDE), aunque ha aumentado en los últimos años. Décimo indicador, seguridad, uno de los “puntos fuertes” de España: tenemos una menor tasa de muertes por agresión (0,6% frente a 3,6% en la OCDE) y aquí hay más personas que se sienten seguras al salir de noche (83,1% frente a 68,6% en la OCDE), lo que nos hace el cuarto país con más sensación de seguridad en la OCDE, sólo por detrás de Noruega (87,7%), Islandia (87%) y Suiza (84%).

Undécimo indicador, que sirve de resumen: satisfacción ante la vida. Los españoles han reducido su nivel de satisfacción en la última década (el triple que la OCDE) y queda ahora en 6,9 puntos sobre 10, frente a 7,3 puntos de media en la OCDE. Y con ello, somos el 7º país menos satisfecho de los 35, tras Corea (5,9), Hungría (6,1), Grecia y Portugal (6,2), Letonia y Estonia (6,5 puntos).

Y dejo para el final el indicador sobre el compromiso cívico y la gobernanza, muy clarificador. Ha bajado el porcentaje de los que votan, en toda la OCDE, pero en España todavía votan más (69,8%) que en el resto de paises (68,6%), aunque son pocos los españoles que creen que pueden influir en lo que hace el Gobierno: sólo un 23% frente al 33% en la OCDE. En términos generales, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia es inferior a la de los demás paises europeos de la OCDE: hay más porcentaje aquí de ciudadanos que dudan sobre la libertad e imparcialidad de las elecciones, sobre las políticas públicas para reducir desigualdades o sobre los mecanismos de participación. Y somos el tercer país más preocupado por la corrupción (el 82% de la población cree que está generalizada, frente al 56% en la OCDE), tras Italia (89%) y México (83%).

Los españoles están también más insatisfechos que en la OCDE con tres servicios públicos básicos: la sanidad (6,36 puntos de nota frente a 6,40 en la OCDE), la educación (6,11 frente a 6,48) y la policía (5,77 frente a 6,26). Y al final, tras toda esta insatisfacción política y con el Estado del Bienestar, los españoles se encierran en sí mismos. Cuando la OCDE les pregunta qué es lo que más les importa, responden (ver aquí resultados) por este orden: la salud, la educación, el equilibrio de la vida personal y laboral y la satisfacción ante la vida. El empleo queda en 6º lugar entre sus preocupaciones y lo que menos les importa es el compromiso cívico y la comunidad. O sea, los españoles son individualistas y frente a los problemas, se encierran en sí mismos y en su mundo. No en mejorar la política y la sociedad. Así nos va.

Cara al futuro, este retrato de España de la OCDE analiza los cimientos del país, los recursos básicos que tenemos y su potencial para el futuro. Primer cimiento, el capital natural. Señala como positivo que emitimos menos gases, CO2 y partículas que la media OCDE, pero les preocupa que tengamos menos bosques (la mitad de superficie por habitante) y menos recursos de agua dulce, mientras estamos en la media en animales y plantas amenazadas. El gran problema está en el capital humano: el atraso educativo y la baja formación de los adultos son un gran hándicap para el futuro, aunque estamos mejor en salud y esperanza de vida, si bien llaman la atención sobre nuestro alto nivel de tabaquismo (somos el 9º país europeo que más fuma, según el último Eurobarómetro). En el tercer pilar, el capital económico, destacan como problemas cara al futuro la elevada deuda, la menor inversión y sobre todo el desplome del gasto en Ciencia (I+D+i). Y en el cuarto cimiento de un país, el capital social, destacan los problemas de la falta de confianza en las instituciones, una menor confianza en los demás y en un bajo nivel del voluntariado social.

Bueno, como se ve con los exhaustivos datos (datos, no “impresiones”) de este Retrato de la OCDE, España no va tan bien como dice Rajoy. El Excel con todos los indicadores de España y los 34 paises restantes de la OCDE (verlo aquí), debería ser “la hoja de ruta” del Gobierno y la “oposición” para los próximos años, para que dejaran de obsesionarse con sus peleas cotidianas y afrontaran los grandes problemas del país a medio plazo: empleo de calidad, mejora de ingresos, lucha contra la desigualdad y la pobreza, apuesta por la educación, la sanidad y los servicios públicos, defensa del medio ambiente y regeneración de la democracia. Esto es lo que hace que “Spain is different”. Y aquí es donde nos jugamos el futuro. Así que, una vez que pasen las elecciones de Cataluña, afrontemos los problemas de fondo, los que hay que resolver como sea para equipararnos al mundo desarrollado. Y los ciudadanos también tendríamos que mirar este Excel  y su retrato de los males de España a la hora de analizar los programas electorales y votar. Luego no se quejen.

Negro futuro para los servicios sociales

La crisis ha disparado las visitas de españoles a los servicios sociales, para pedir todo tipo de ayudas, desde comida y alojamiento a subsidios, teleasistencia, residencias de ancianos o asesoramiento para trabajar. Y la puerta de entrada a estos servicios sociales son los Ayuntamientos, que atienden a 7 millones de personas cada año. Ahora, el Gobierno ha enviado al Parlamento una Ley de reforma local que quita a los Ayuntamientos los servicios sociales para que los presten las autonomías. El problema es los Gobiernos regionales no tienen recursos y se teme que al final nadie preste estos servicios sociales, cada vez más necesarios porque la crisis ha hecho que 12 millones de españoles vivan como pobres. Además, Rajoy ha prometido a Bruselas que autonomías y Ayuntamientos recortarán 11.500 millones más sus gastos en 2014 y 2015, con lo que tendrán que hacer un recorte extra en gastos sociales. Un drama para millones de personas que lo están pasando muy mal.

                                          Vídeo Cruz Roja 2012: "Ahora más que nunca frente a la crisis" 

España gasta en servicios sociales unos 13,300 millones al año (2012), un 1,3% del PIB, la mitad que la media europea. El Estado central apenas aporta y menos desde que gobierna Rajoy, que ha bajado a la tercera parte el presupuesto del Estado para gastos sociales: de 86,6 millones que aportaba en 2011 a sólo 27,5 en 2013. Las autonomías aportan el grueso del gasto en servicios sociales, 12.645 millones en 2012, aunque también llevan dos años de recortes. Y los Ayuntamientos dedican casi 600 millones a servicios sociales, aunque son los que gestionan el Plan concertado municipal de servicios sociales, con 1.330 millones (2011). En conjunto, los presupuestos para servicios sociales han caído un 33,1% entre 2011 y 2014, según un reciente informe encargado por el Consejo General de Trabajo Social (CGTS).

Los servicios sociales son competencia exclusiva de las autonomías, que hacen casi todo el gasto, aunque lo han reducido en 478 millones con la crisis (entre 2009 y 2012). Lo primero que choca es la gran diferencia de servicios sociales entre autonomías. Tres ejemplos. Uno, la renta mínima de inserción (RMI), el subsidio que pagan las autonomías a algunas familias sin ingresos: en el País Vasco cobran 658 euros al mes 1 de cada 13,5 habitantes mientras en Extremadura cobran sólo 399 euros 1 de cada 337 habitantes. Otro, las residencias de ancianos: en Castilla y León hay 7,42 plazas por 100 mayores y en Murcia 2,37. Tres: el País Vasco ofrece 71 plazas de albergues para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes mientras Extremadura tiene 20.

Esta disparidad de servicios sociales se debe a la disparidad de gasto entre autonomías: mientras el País Vasco gasta 796 euros por habitante, en Baleares gastan diez veces menos (76,4€). Si se mide en relación a su riqueza, las autonomías que más gastan son el País Vasco (2,57% de su PIB), Extremadura(2,20%),Castilla la Mancha(1,99%), Andalucía(1,60%), La Rioja(1,59%) y Navarra(1,44%).Y las que menos Baleares (0,31%), Canarias(0,65%), Madrid(0,75%) y Comunidad Valenciana(0,76%). Pero al final, unas gestionan mejor que otras y sólo tres sacan buena nota en el ranking que hacen los gerentes de servicios sociales: Navarra (nivel alto, con 7,15+ puntos), País Vasco(7,35) y La Rioja (6,85). Seis más aprueban: Castilla y León (6,65 puntos), Cantabria(6,60), Cataluña (6,35), Asturias(6,35), Castilla la Mancha(6,25) y Aragón (5,85). Y las ocho restantes suspenden, lo que hace que para toda España, la nota que dan a los servicios sociales sea suspenso: 4,92 puntos.

Los Ayuntamientos lo hacen mucho mejor, aunque gestionan bastante menos dinero, los 1.330 millones del Plan concertado de servicios sociales (al que aportaban, en 2011, 86,6 millones del Estado, 710,5 de las autonomías y 532,3 de los Ayuntamientos). En este Plan trabajan 50.000 funcionarios municipales, que atienden a 7 millones de personas cada año. El catálogo de servicios sociales que prestan los  Ayuntamientos es amplísimo: información y orientación de ayudas, asesoramiento para el empleo, ayuda a domicilio y teleasistencia, comida y alojamiento (ayudas al alquiler, albergues y viviendas tuteladas), ayudas de emergencia, gestión de becas, ayudas y renta mínima de inserción (RMI), gestión de la Dependencia, apoyo a la familia, a las mujeres (maltrato),a la infancia y a inmigrantes, atención a discapacitados, gestión justicia gratuita, atención psicosocial…  Y lo más importante: los Ayuntamientos son la puerta de entrada para que los ciudadanos soliciten y accedan a las ayudas que luego conceden las autonomías y el Estado. Por eso son claves.

Pero ahora, el Gobierno Rajoy quiere que dejen de prestar estos servicios sociales. En la Ley de reforma de la Administración Local, que se debate en el Parlamento para que entre en vigor en 2014, se contempla que los Ayuntamientos dejen de prestar los servicios que se consideran “impropios” y que se llevan la cuarta parte de sus presupuestos: servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. El argumento del Gobierno es evitar duplicidades con las autonomías y el Estado (que también prestan estos servicios) pero la verdad es que se hace por recortar gastos: la previsión enviada a Bruselas es que, suprimiendo servicios públicos, los Ayuntamientos recorten 4.000 millones entre 2013 y 2015.

Con la reforma local, la prestación de servicios sociales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pasará a las autonomías (en los pequeños, la gestión pasa a las Diputaciones, que ni siquiera asegurarán el servicio, sólo los básicos). Y los Ayuntamientos quedarán para una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”. O sea, para detectar necesidades y atender lo más urgente. El resto a cientos de kilómetros, en la autonomía. Y además, la Ley les va a exigir que establezcan medidas para “racionalizar el servicio”. O sea que, como los recortes y Hacienda mandan, las autonomías tratarán de “ahorrar” también en servicios sociales los próximos años.

La Ley, rechazada por muchos alcaldes y  toda la oposición (salvo PNV), provocará varios problemas. Por un lado, muchas autonomías no tienen recursos como para financiar los servicios sociales que ahora prestan los Ayuntamientos. Castilla y León ya se ha quejado de que le costaría 200 millones. Por eso, el temor es que el traspaso acabe en un drástico recorte de servicios. Por otra parte, están en riesgo los empleos de los empleados municipales de servicios sociales (50.000) y de las ONGs y empresas que prestan servicios (temen que se pierdan 70.000 empleos). Pero además, puede provocarse una mayor duplicidad de tareas: los Ayuntamientos tendrán que seguir atendiendo situaciones urgentes y evaluando problemas (necesitarán medios) y las autonomías necesitarán medios y recursos para atender servicios que antes no prestaban. Un caos.

Con todo, el mayor problema es de fondo: los servicios sociales necesitan prestarse con  proximidad, para detectar mejor las necesidades y hacer un seguimiento constante. Y eso sólo pueden hacerlo los Ayuntamientos, no las autonomías. De hecho, Castilla y León o Asturias gastan menos que Extremadura en servicios sociales (1,28% PIB y 1,59% frente a 2,20%) y sin embargo obtienen mucha mejor nota en el ranking (6,65 y 6,60 frente a 4,60) porque tienen la gestión muy descentralizada en los Ayuntamientos. Más cerca, mejor servicio.

La reforma de los Ayuntamientos puede ser la puntilla a los servicios sociales, que se enfrentan además a nuevos recortes de gastos (11.500 millones), impuestos por Rajoy a autonomías y Ayuntamientos para 2014 y 2015, Y todo ello, recortes y reforma, precisamente cuando más falta hace la asistencia social (la demanda ha crecido un 72% en 2012), ya que la crisis ha provocado que España tenga 12 millones de personas en el umbral de la pobreza, familias que viven con menos de 14.700 euros al año (matrimonio con dos hijos). Y lo peor: hay 3 millones de españoles en situación de pobreza severa: malviven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas.

La crisis ha provocado un destrozo social que están sufriendo los más débiles. Un grave problema social que hay que paliar desde las instituciones públicas, con un Plan contra la pobreza (exigido por Bruselas y que no llega) y con un reforzamiento de los servicios sociales, para paliar los casos más graves. Hacen falta más recursos, no recortes. Y no desmantelar los servicios sociales de los Ayuntamientos, los que mejor funcionan. Por solidaridad (o caridad, si prefieren), den marcha atrás.

Una década perdida para España

Estamos en el quinto año de la crisis y habrá que esperar hasta 2014 para volver a crecer: seremos el único país de la UE-27 que decrezca en 2013, según la Comisión Europea. Y el FMI prevé que no recuperaremos el crecimiento de antes de la crisis hasta 2017. Una década perdida que impedirá crear empleo suficiente para los 6 millones de parados, sobre todo los mayores de 55 años y los jóvenes con menos formación. La crisis provocará empleos precarios y bajos salarios, lo que agravará la pobreza y la desigualdad. Y con poco empleo y pocos ingresos, se reducirá más el sector público y el Estado del Bienestar, obligando a nuevos recortes en las pensiones futuras. Hay que cambiar cuanto antes de política y reanimar la economía, para que España no pierda más de una década.

Desde que vivimos en democracia, España ha sufrido tres crisis. En la primera (1978-82), la economía sólo cayó en 1981(-0,2%) y en la segunda (1992-94), en 1993 (-1,2%). Ahora, con la gran recesión, que empezó en España en el verano de 2008, estamos en el quinto año de la crisis y todo apunta a que no volverá el crecimiento hasta 2014. La Comisión Europea estima que España será el único país de la UE-27 que no crecerá en 2013 (-0,3%) y la OCDE apuesta por una caída mayor (-0,8% en 2013), aunque el Gobierno Rajoy sí espera crecer (+0,2%). Y cuando lo hagamos, será poco: del 1,1%  al 1,8 entre 2014 y 2017, según el FMI, que estima que España estará entre los 6 países europeos con recuperación más lenta (junto a Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia e Irlanda).

El FMI estima que España no recuperará el crecimiento de antes de la crisis hasta 2017, por lo que habla de “década pérdida”. Para crear empleo suficiente y empezar a reducir los 6 millones de parados, España necesita crecer más del 2%. Por eso, el FMI prevé que el empleo no empiece a crecer de forma significativa hasta 2018. De hecho, el propio Gobierno Rajoy prevé cerrar su legislatura (2012-2015) perdiendo 469.500 empleos netos. Además, el FMI no ve el paro por debajo del 20% hasta 2017. Y cree que los 2,5 millones de empleos perdidos con la crisis no se recuperarán hasta 2023. Quince años perdidos.

Quince años es mucho esperar para los parados, sobre todo para los que tienen más de 55 años (474.200 parados), una generación perdida,  y para los jóvenes, sobre todo los que no han trabajado nunca (456.000 parados) y los que tienen baja formación (un 22% de los parados carece de formación y otro 36% no tiene Secundaria o FP). Eso puede agravar el llamado paro estructural, parados que tienen casi imposible encontrar un empleo (la mitad de los parados llevan más de dos años buscando) aunque la economía se recupere.

Recuperación tardía, lenta, con empleos más precarios y con bajos salarios. El Gobierno Rajoy ha propuesto a Bruselas, en el Programa de Estabilidad 2012-2015, que las empresas recuperen competitividad a costa de no subir apenas los salarios: +0,2% en 2012, -0,4% en 2013, +0,2% en 2014 y +0,3 en 2015. Como los precios subirán más, eso supone una pérdida de poder adquisitivo del 5,6 % en estos próximos cuatro años, menos dinero para consumir, lo que desacelerará el ritmo de la recuperación (y la reducción de deuda de las familias).

Esta década perdida, con poco empleo, bajos salarios y bajas cotizaciones, pone en entredicho el futuro de los jóvenes, la generación de la crisis, casi 7 millones de españoles de 18 a 30 años que aunque llegue la recuperación van a tener complicado independizarse, formar una familia, tener una casa y cotizar los años necesarios para tener un a pensión digna. Una posible generación perdida, teme la OIT.Y además, como la población envejece y hay 150.000 nuevos pensionistas cada año, con menos trabajadores en activo por cada pensionista, podría haber nuevos recortes de derechos en las pensiones futuras (además de los de la reforma de 2011).    

Con poco empleo y bajos salarios, el sector público tendrá pocos ingresos, lo que obligará a  duros recortes de gastos y  reducirá aún más el Estado del Bienestar en el resto de la década perdida. De hecho, el Gobierno Rajoy ha prometido a Bruselas reducir el déficit del 8,5% de 2011 al 1,1% en 2015 (algo que la Comisión Europea no se cree), lo que supondría  un recorte de 74.000 millones de euros en la legislatura, siendo los ajustes más duros este año (-32.000 millones) y en 2013 (-23.000 millones). Los recortes se darán en la inversión pública, en los gastos sociales (sanidad, educación y ayudas a la dependencia) y en el empleo público. Eso supondrá una caída drástica del sector público, que pasaría de suponer el 43,6% del PIB (2011) al 37,7% (2015), con lo que el peso del Estado retrocederá al nivel de los años 80 y España tendría el sector público menor de toda Europa, salvo los antiguos países del Este. Y eso, en un país donde el gasto social público (educación, sanidad, pensiones, desempleo, ayudas sociales) ya estaba por debajo de la media europea antes de los recortes.

Al final, el escaso crecimiento, alto paro, bajos salarios y modestas pensiones configuran una sociedad con más desigualdades, donde una década de crisis habrá agravado la pobreza, ya ahora escandalosa: en España está en riesgo de pobreza el 21,8% de la población, 10.278.874 habitantes, 1.374.329 personas más que antes de la crisis (19,7% en 2007). Y somos el séptimo país de Europa con más pobres, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Grecia. El problema, advierten los expertos, es que los aumentos actuales de pobreza se pueden convertir en crónicos, incluso cuando llegue la recuperación.

Como se ve, si la crisis provoca una década perdida, sus efectos serán devastadores y por muchos años más. Por eso es urgente cortar la sangría de los recortes, “salir de la trampa de la austeridad” como dice la OIT, evitar el suicidio económico de Europa. Empezar a reanimar la economía para no perder en vez de una década dos. Bruselas tiene la palabra.