Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

El gasto público nos ha salvado

Todo el mundo ha visto que hay 2 formas de afrontar una crisis. Una, la que se aplicó en 2008: hacer recortes, provocando recesión y pérdida de empleos, sobre todo en el sur de Europa. Y la otra, gastar más, reanimar la economía y crear empleo, como han hecho Europa y España ante la COVID, la crisis energética y la hiperinflación. Los datos lo corroboran: más de la mitad del crecimiento de España entre 2019 y 2024 ha sido por el gasto público, el principal motor de nuestra economía, muy por delante del consumo, las exportaciones y la inversión. Es bueno saberlo ahora que los “populistas neoliberales” atacan al Estado en EEUU (Trump) y en media Europa, planteando recortes en Italia, Francia y Alemania (rompiendo el Gobierno). En España, ya hay expertos que hablan de gasto público “desbocado”. Ojo a estos “anti-Estado”, porque la DANA nos recuerda que, cuando vienen mal dadas, sólo el del gasto público y nuestros impuestos nos salvan. Como en la última crisis.

                            Enrique Ortega 

En los últimos 15 años, España y el mundo hemos asistido a 2 grandes crisis, que los políticos y economistas han afrontado de dos maneras diferentes. Ante la crisis financiera y de deuda (2008-2013), los principales Gobiernos y en especial Europa, se acogieron a la receta de recortar el gasto público en todo y abandonar la inversión del Estado, mientras en paralelo ayudaban a los bancos y entidades causantes de la crisis. Estos recortes “drásticos”, auspiciados en Europa por la alemana Merkel y los paises ricos del centro y norte, recayeron sobre todo en la Europa del sur, provocando una profunda recesión, que se cobró millones de empleos (en España se perdieron -3.572.700 empleos entre 2007 y 2013). Y la recuperación posterior (entre 2014 y 2019) fue lenta y débil.

En 2020 estalló la crisis desatada por el COVID y tanto Merkel como los demás dirigentes europeos optaron por otra vía de salida, en la antípodas de los viejos recortes: aprobar un Plan de recuperación para Europa, autorizando un fuerte gasto e inversión (806.900 millones) en el continente, mantenido después por la guerra de Ucrania, la crisis de la energía (gas y electricidad) y la hiperinflación. Y Europa recuperó en un año el crecimiento y el empleo (en la anterior crisis habíamos sufrido 5 años de recesión), sobre todo España, donde se han creado +1.856.100 nuevos empleos en esta crisis, entre 2019 y 2024 (septiembre).

Dos recetas económicas frente a la crisis, una dolorosa e inútil y otra positiva y eficaz (y “antigua”: ya la puso en marcha el presidente Roosevelt, con el New Deal, entre 1933 y 1938, para sacar a EEUU y al mundo de la gran Recesión de 1929-31). Y para los que duden de sus “bondades”, veamos el efecto que ha tenido esta vieja política “keynesiana”, de reanimar la economía a base de gasto público, en España, entre 2020 y 2024. El motor de nuestro fuerte crecimiento (mayor que en la UE-27) ha sido el consumo público: ha aportado más de la mitad del crecimiento real de la economía española (el 59%) entre diciembre de 2019 y septiembre de 2024, según este estudio del profesor Manuel Hidalgo, a partir de los datos del INE. Las exportaciones han sido el 2º motor del crecimiento (aportaron el 19% del total), el consumo privado el 3º (13% del crecimiento) y el resto lo ha aportado la inversión (7%).

En toda Europa, el consumo público (gasto administraciones públicas)  ha sido el principal motor del crecimiento estos años posteriores a la pandemia. Pero en España, su papel ha sido más decisivo. Este análisis de Funcas revela que, entre 2020 y 2023, la economía española creció algo más que la europea (porque en 2020 cayó más con la COVID), un +3,6% frente al +3,5%. Pero en España, casi el 70 de lo que crecimos esos 4 años fue por el consumo público (69,44%), mientras en la eurozona sólo aportó algo menos de la mitad del crecimiento (48,57%). Eso significa que, aunque España gastó en esta crisis menos en ayudas públicas que Alemania o Francia, este “tirón” del Estado en España  fue comparativamente más importante en el crecimiento final y el empleo. Mientras, en Europa ayudó más al crecimiento el empujón del consumo privado (25,7% del crecimiento en la zona euro y sólo el 8,3% en España) y las exportaciones (25,7% frente al 13,88% en España), siendo casi nula la ayuda de la inversión, que aportó poco (el 2,8%) al crecimiento, en Europa y en España.

¿Qué tipo de gasto público es el que nos ha hecho crecer estos años? Básicamente, el consumo público hecho en sanidad (medidas anti-COVID , vacunas y refuerzo de personal), gasto educativo, ayudas para compensar la subida de la energía y otras transferencias, según el análisis del profesor Hidalgo. Y detalla que casi dos tercios de este gasto público (entre 2019 y 2023) lo han hecho las autonomías, especialmente las más grandes (el gasto público de Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana ha aportado más de un tercio de todo el crecimiento generado en los últimos 4 años), seguidas de los Ayuntamientos (aportaron el 21%) y el que menos el Estado central  (su gasto directo, al transferir la mayoría, ha aportado sólo el 16,5% del PIB total).

En lo que llevamos de 2024, se mantiene la tendencia del alto crecimiento y los motores que “tiran” del PIB. Así, en el tercer trimestre, la economía española creció +0,8%, lo que indica que crecemos a un ritmo del +3,4% anual, según el INE (más que el +2,7% de todo 2023). Y de nuevo, en el tercer trimestre, el gasto público (consumo público) es lo que más crece (+2,2% sobre el trimestre anterior y +4,7% anual), lo que más “tira” de la economía, por encima del consumo privado de las familias (+1,4% trimestral y +3,3% anual) y las exportaciones (+0,9% trimestral y +5,1% anual), mientras cae la inversión (-0,9% trimestral). Y todo apunta a que en el 4º trimestre, con las ayudas públicas por la DANA en Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía, el gasto público volverá a crecer y será el principal motor del crecimiento también en 2024, un año en que podemos crecer el +3% (frente al 0,8% la zona euro).

Ante estos datos, algunos expertos y políticos (“ortodoxos” y “neoliberales”) ya han disparado las alarmas y hablan de un gasto público “desbocado”. Lo que no dicen es que gracias a esta política “contracíclica”, a afrontar con más gasto la crisis del COVID, la energía y la hiperinflación, la economía española (y europea) sólo cayó un año y lleva creciendo casi 4 años (mucho España y poco Europa, según Eurostat), creando 1,85 millones de empleos en nuestro país  y ayudando a las familias a sobrellevar esta última crisis.

Ahora, estos mismos economistas y políticos defienden que el Gobierno tiene que “gastar menos”, porque el gasto actual es “inasumible” e “insano” (para su ideología de “cuanto menos gasto público mejor”). Por un lado, hay que decir que el Gobierno Sánchez ha enviado un Plan fiscal a Bruselas en el que contempla un menor gasto público en 2025, porque se ha comprometido con la Comisión Europea a seguir rebajando el déficit público el año que viene (del -3,6% del PIB en 2023 y el -3% con que espera cerrar 2024 a un déficit del -2,5% en 2025). Y como se espera un menor crecimiento el año próximo (+2,4%), también habrá menos recaudación fiscal, lo que obligará a gastar menos, salvo catástrofes.

Este menor gasto público en 2025 hará que las administraciones públicas ya no “empujen” tanto el crecimiento, con lo que deberían “tirar más” de la economía los otros motores. El principal motor del crecimiento es el consumo de las familias, pero se ha retraído en los últimos años, tras el rejonazo de la inflación disparada, porque la gente ha empezado a pensar en “ahorrar más y gastar menos” por si vuelve a haber otra crisis. De hecho, el ahorro de las familias españolas está en una tasa anormalmente elevada (21,2% de su renta, más del triple que entre 2015 y 2019), algo que también pasa en el resto de Europa. El otro motor clave del crecimiento, las exportaciones, han ayudado mucho estos años, pero no lo harán tanto en 2025, porque Europa (nuestro primer cliente) apenas crece y por el riesgo de un mayor proteccionismo comercial en el mundo con Trump. Y el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece: aumenta la inversión pública y los Fondos europeos pero sigue “gripada” la inversión privada, todavía un 10% por debajo que antes de la pandemia.

Así que mientras los economistas ortodoxos y “neoliberales” se rasgan las vestiduras por el exceso de gasto público, en España y en Europa, no queda claro que el consumo, las exportaciones y la inversión vayan a “tomar el relevo” y mantener un alto crecimiento, necesario en Europa e imprescindible en España (para recortar el paro y la brecha de riqueza con Europa). Además, estos expertos esconden un dato clave: España tiene un gasto público muy inferior al del resto de Europa, por lo que necesitamos gastar más que ellos (en casi todo) para aproximarnos a su Estado del Bienestar. Así, en 2023, el gasto público en España fue el 46,4% del PIB, frente al 49,4% de media en la UE-27, el 57,3% en Francia o el 48,6% en Alemania, según la Comisión Europea. Y esto lleva pasando décadas, con el franquismo y luego con la democracia: entre 2015 y 2019, España gastó el 42,4% del PIB frente al 47,2% de la UE-27, el 56,8% en Francia o el 47,5% en Alemania. Esto significa, a lo claro, que, en 2023, si España hubiese gastado como la media europea, el gasto público debería haber sido 45.000 millones más. Y si gastáramos como los franceses, +163.000 millones más al año. Serían  +33.000 millones de gasto público si gastáramos como los alemanes. 

Y tenemos menos gasto público que la mayoría de Europa porque también ingresamos menos que la mayoría de paises: en 2023, España recaudó el 42,8% del PIB, frente al 45,9% del PIB la UE-27, el 46,1% de Alemania y el 51,9% de Francia. A lo claro: recaudamos 46.500 millones menos al año que la media de paises europeos, 49.500 millones menos que si fuéramos alemanes y 136.000 millones menos que si fuéramos franceses. Por eso, estamos condenados a gastar menos que la mayoría de europeos mientras no recaudemos más. La Comisión Europea ha exigido a España que apruebe una reforma fiscal este año (dentro de las reformas vinculadas a la entrega de Fondos europeos), porque no tiene sentido que pidamos dinero europeo y recaudemos menos. Los expertos fiscales elaboraron en 2022 un Informe donde proponían cambios en el impuesto de sociedades (grandes empresas y multinacionales), el IVA , el IRPF, los impuestos al capital y los impuestos verdes. Pero el Gobierno es incapaz de pactar una mínima reforma fiscal con sus socios de Gobierno y tanto PP como Vox no se salen de la cantinela de que “hay que bajar impuestos”.

En medio de este panorama, de un crecimiento asentado en el gasto público y que ahora está “en el aire” por la exigencia de rebajar el déficit y la deuda, el mundo ha entrado en una nueva etapa política, donde crecen los “populistas anti-Estado”, que defienden reducir el gasto público y recortar la Administración. Estas teorías políticas y económicas (que surgieron en los años 80 del siglo pasado, con Thatcher y Reagan) parecían desaparecidas tras la última crisis, cuando la COVID, la energía y la hiperinflación llevó a todos los Gobiernos a gastar más. Pero se anuncia un “cambio de signo político”: avanzan los que quieren recortar el Estado y el gasto público, con bajada de impuestos.

Trump ha basado su victoria en las elecciones USA en recortar al máximo el Estado y la Administración Federal, proponiendo al multimillonario Elon Musk (Twitter-X) al frente de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que podría recortar funcionarios y gasto público (2 billones de dólares), lo que reduciría el PIB y afectaría a los norteamericanos más vulnerables, mientras baja los impuestos y quita regulación a los más ricos. Y en paralelo, en Europa, el avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones (16 de los 26 comisarios, más la presidenta Von der Leyen) está dando más voz a los que defienden un menor gasto público europeo. Precisamente ahora, cuando el informe Draghi ha señalado que para conseguir una mayor competitividad frente a USA y China, la UE tendría que aprobar un nuevo Plan Marshall y gastar 800.000 millones de euros al año…

La derecha europea no está por la labor de repetir un Plan de recuperación como hizo tras el COVID (140.000 millones en ayudas y créditos hasta 800.000 millones de gasto entre 2021 y 2026). Y la mayor prueba es que los liberales alemanes han roto el Gobierno de coalición con socialdemócratas y verdes (habrá elecciones el 23 de febrero), porque querían hacer recortes (y bajar impuestos) en el Presupuesto para 2025. En Francia, el nuevo gobierno (más conservador, bajo la presidencia de Macron) plantea unos recortes de 40.000 millones de euros para 2025. Y en Italia, el Gobierno Meloni ha recortado un 5% el gasto de todos los Ministerios (salvo Sanidad) para 2025. Así que “pintan bastos” para el gasto público.

En definitiva, que en un momento donde la DANA en Valencia ha dejado claro la enorme importancia del Estado y el gasto público (se han aprobado ayudas por 14.373 millones de euros), surge una ola de recortes por el mundo, desde EEUU a Europa, que pone en cuestión el Estado, el gasto y los servicios públicos, con un avance de los ideólogos del “populismo neoliberal”, que pretenden reducir al máximo el papel del Estado y los servicios públicos, agravando las desigualdades. Se trata, otra vez, como en los años 80 y 90 del siglo pasado, de una “ola económica conservadora”, que pone en cuestión lo público y defiende recortes generalizados. Un “neoliberalismo insano”, que no sólo es “socialmente injusto” sino también “económicamente peligroso”. Porque estos recortes frenarían el crecimiento y el empleo. Ya lo vimos con la crisis financiera. Y ahora sabemos que, en esta última crisis, el gasto público y el Estado nos han salvado. No lo olvidemos.

El coste (y negocio) del envejecimiento

Ahora, 1 de cada 5 españoles tienen más de 65 años (20,18% de la población), el doble que en los años 70. Y este envejecimiento de la población irá a más, hasta alcanzar un máximo en 2050: el 30,4% de la población tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,7 millones). Este enorme salto de los mayores va a tener un alto coste, tanto para la sanidad pública (más gasto en atención médica y medicamentos) como en los cuidados a la Dependencia (ahora ya faltan residencias y atención a los mayores dependientes) y, sobre todo, en la factura de las pensiones. Todo ello exigirá más servicios públicos y más gasto, que sólo se asegura con más recaudación, no con la bajada de impuestos que propone la derecha. Pero este envejecimiento abre también la vía a una nueva economía “de las canas”, que mueve millones y moverá más. Por eso hay muchos inversores (y Fondos) invirtiendo en residencias, viviendas, salud y ocio para mayores.

Enrique Ortega

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. En todo el Planeta hay 747 millones de personas con más de 65 años, el 10% de la población mundial, el doble que en 1960, cuando había 150 millones de mayores (el 5% del total), según los datos del Banco Mundial (2021). Y sus previsiones son que para 2050, el 20% de la población mundial tenga más de 65 años: habrá 1.940 millones de mayores en el mundo. Actualmente, los paises con más porcentaje de mayores son Japón (28,7% de la población total), Italia (23,6%), Portugal (23,15%), Finlandia (22,96%), Grecia (22,64%), Alemania (21,98%), Malta  (21,81%), Croacia (21,66%) y Puerto Rico (21,27%). España, según estos datos del Banco Mundial, ocupa el puesto 23 en el ranking de envejecimiento, con un 20,3% de mayores de 65 años.

El problema del envejecimiento en España se debe a una drástica caída de la natalidad (los nacimientos se han desplomado de 669.378 en 1975 a 329.812 en 2022) y a un aumento de la esperanza de vida (era de 35 años en 1900 y saltó a 79,34 años en el 2000 y a 83,3 años hoy). Eso nos ha llevado a que España superara el 20% de mayores de 65 años el 1 de abril de 2023, según el último censo del INE: eran 9.728.685 mayores (20,18% de la población total), lo que supone medio millón de mayores más que antes de la pandemia (eran 9.223.565 el 1 de enero de 2020, un 19,49% del total) y 2,2 millones de mayores más que hace 15 años (7.506.291 el 1 de enero 2008, un 16,43% del censo entonces). Este 20% de mayores hoy contrasta con el 8% en 1960 y el 17% en el año 2000.

El envejecimiento en España es desigual, por sexo, autonomías y zonas urbanas o rurales. Hay más mujeres mayores (5.290.554, el 54,38% del total)  que hombres, (4.438.131), debido a su mayor esperanza de vida (85,8 años frente a 80,4 años los hombres). Además, 4 autonomías tienen más de un millón de mayores: Andalucía (1.654.785 el 1 de abril pasado), Cataluña (1.603.914), Madrid (1.332.437) y Comunidad Valenciana (1.101.526), según el INE. Sin embargo, las autonomías más envejecidas, con mayor porcentaje de mayores son Asturias (27% población es mayor de 65 años), Galicia y Castilla y León (26%), País Vasco (23%), Cantabria (22,5%), Aragón (22%), La Rioja y Extremadura (21,5%). Y las menos envejecidas Melilla (11% son mayores), Ceuta (12%), Murcia y Baleares (16%), Canarias (17%), Andalucía (17,5%) y Madrid (18%). Y aunque la mayoría de los mayores están concentrados en las grandes ciudades (7.164.059 mayores, pero sólo el 19% de la población total), son las zonas rurales las que tienen un mayor porcentaje (el 28,3% de la población, aunque sólo sumen 761.021 mayores), según un estudio del CSIC.

Este envejecimiento en España se va a agravar en las próximas décadas, entre 2025 y 2040,  porque van a superar los 65 años los integrantes de la generación del “baby boom”, los españoles nacidos entre 1960 y 1975, con el “desarrollismo”. Y así, España se colocará en 2050 como el 7º país más envejecido del mundo (con un 31,5% de la población total mayor de 65 años), sólo por detrás de Corea (39,8% de mayores), Japón (37,7%), Grecia (33,8%), Italia y Portugal (33,7% de mayores) y Lituania (31,6%), según la última previsión de la OCDE, que espera alcanzar un 26,7% de mayores en sus 38 paises integrantes.

Otra previsión, más cercana, es la del INE, que ha hecho una proyección de la población española para el periodo 2022 a 2072, en base a los datos de natalidad y mortalidad y la inmigración. Según este estudio, el número de mayores actual (9.728.685 mayores de 65 años al 1 de abril de 2023, el 20,18% del censo) alcanzará los 11.450.000 mayores en el año 2030 (el 22,8% de la población de entonces) y superará los 16 millones de mayores (16.035.000) en 2050 (el 30,4% de la población a mediados de siglo), para bajar algo en 2070: 15.601.000 mayores, un  29,5% de la población total censada entonces en España.

Además de tener 6,3 millones más de mayores de 65 años en 2050 que hoy, el otro problema es que estos mayores del futuro serán “más mayores que hoy”, porque aumentarán los que tienen más de 80 años y los que tienen más de 100 años, gracias a la subida de la esperanza de vida: pasará de 83,3 años hoy a 86,5 años en 2050, la 2ª más alta del mundo. Así, las proyecciones del INE nos indican que si hoy tenemos 2.882.370 mayores de 80 años (el 5,98% de la población), en 2050 habrá ya 5.811.300 octogenarios (el 11% de la población total). Y si hoy viven en España 17.005 personas que tienen 100 años o más (el 0,057% del censo), en 2050 habrá 95.094 españoles centenarios (el 0,18%). No sólo habrá más viejos, sino más personas con más de 80 y 100 años.

Con este panorama del envejecimiento, actual y futuro, habrá que replantearse el futuro del Estado del Bienestar, para atender a ese creciente porcentaje de mayores, que van a suponer un mayor gasto en sanidad, Dependencia y pensiones, sobre todo. En sanidad, los datos revelan que a más edad de la población, más gasto sanitario. Por un lado, habrá más mayores en la atención primaria, pero sobre todo más mayores en los hospitales, para atender sus crecientes problemas de salud y al aumento de las enfermedades crónicas. De hecho, el 40% del gasto hospitalario (que se ha duplicado) lo protagonizan los mayores de 65 años, con más estancias y más largas. Y también aumenta su gasto farmacéutico, que concentra el grueso de las recetas. Un estudio hecho en Cataluña revela que el gasto sanitario de un mayor de 80 años oscila entre 2.723 euros (hombres) y 3.388 euros (mujeres), casi 10 veces más que el gasto sanitario de los jóvenes de 15 a 19 años. Y de media, se estima que el gasto sanitario de los mayores multiplica por 4 el gasto sanitario medio del país.

En cuanto a la atención a los dependientes, la mayoría de los que no pueden valerse por sí mismos y necesitan la ayuda de sus familias y el Estado son mayores. Actualmente, el sistema público de la Dependencia atiende a 1.352.257 españoles dependientes, el 73% de los cuales tienen más de 65 años (y el 53,5%, más de 80 años), con un coste público para el Estado central y las autonomías de 8.343 millones (2022). La estimación del CSIC es que el número de dependientes se va a duplicar para 2050, con lo que habría que atender a 3 millones de dependientes (hoy ya hay 353.965 desatendidos). Y en vez de dedicarles ayudas “low cost” (como la teleasistencia o la atención a domicilio) se deberían reforzar y mejorar las ayudas, aumentando las plazas en residencias. Con ello, el coste de atender a los mayores dependientes será mucho mayor en el futuro, lo que exigirá más recursos públicos, sobre todo a las autonomías, que ahora “racanean”.

El tercer frente a cubrir con el envejecimiento disparado son las pensiones: la previsión es que saltemos de los 9.074.316 pensionistas que había el 1 de mayo a casi 16 millones  de pensionistas en 2050, según la AIREF, que cobrarán una pensión más alta (por la subida de los sueldos y la revalorización anual de las pensiones) durante más años (20 de media, al subir la esperanza de vida). Eso va a disparar el gasto en pensiones, para 2030 y más para 2050, lo que ha llevado al Gobierno Sánchez a aprobar una reforma para conseguir más ingresos, sobre todo vía cotizaciones, además de traspasar ingresos presupuestarios. Pero la gravedad del problema está ahí y la propia reforma fija un mecanismo de seguimiento, para obligar a futuros Gobiernos a buscar nuevos ingresos para garantizar las pensiones en el futuro.

En resumen, que el envejecimiento va a forzar a España a realizar un mayor gasto público en sanidad, Dependencia y pensiones, así como en gasto social. Y habrá que hacer ese mayor esfuerzo con menos activos para cotizar y pagar impuestos. Es el gran problema de las próximas décadas: aumentará la tasa de dependencia, el porcentaje de mayores sobre el resto de la población. El dato es demoledor: si en 2019, el porcentaje de mayores (65 años y más)  sobre los activos (población de 16 a 64 años) era del 30%, en 2050 esa tasa de dependencia se duplica y subirá al 60% (porcentaje de población mayor sobre el resto). Eso crea a España un problema más grave que en otros paises, donde el porcentaje de activos (para trabajar, cotizar y pagar impuestos) es mayor, según revela un estudio del Banco de España: la tasa de dependencia del 60% en 2050 es la más alta de Europa, salvo Italia (62% de mayores sobre resto población), muy superior a la media de la UE-27 (54%) y a la de Alemania (48%) o Francia (49%). Otra forma de ver lo mismo: en 2050 habrá 1,75 cotizantes por cada pensionista frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007).

A lo claro: que ser un país con más mayores va a exigir al resto de la población un mayor esfuerzo, tanto en cotizaciones como en los impuestos a pagar. Algo que obvian (o esconden) los políticos de la derecha, que apuestan por bajar impuestos en vez de subirlos. Pero si no subimos la recaudación fiscal, consiguiendo que paguen más los que ahora pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), no se podrá atender el mayor gasto que van a suponer nuestros mayores. Así que la opción es clara: o se aumenta la recaudación o habrá que hacer recortes en la sanidad, la dependencia y las pensiones para atender al imparable aumento de las personas mayores. Hay una tercera opción, que muchos defienden en privado: no reforzar el Estado del Bienestar y que las necesidades de los mayores se las financien ellos mismos (los que puedan, claro).

Precisamente, este envejecimiento de la población aparece para muchos como “una gran oportunidad de negocio”, desde la sanidad privada al cuidado privado a los mayores o las pensiones y seguros privados de vejez. Y sobre todo en España, donde el Estado gasta menos que otros paises en cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social): 0,9% del PIB frente al 1,5% de media en la OCDE y hasta el 4,1% en Paises Bajos, el 3,7% en noruega y el 3,6% en Dinamarca. Un gasto en cuidados que la OCDE estima se va a duplicar o incluso triplicar para 2050, impulsado por el envejecimiento. La duda es qué parte seguirá cubierta por el Estado (vía impuestos, cotizaciones)  y qué parte habrán de pagarse los mayores y sus familias (vía copagos y privatización).

De momento, el envejecimiento ha disparado la inversión privada en residencias de ancianos en España, sobre todo la inversión extranjera (y los Fondos). Eso se debe a que inversores y grupos multinacionales detectan un gran potencial de negocio en España, dada la escasa oferta y el envejecimiento esperado. Hay 384.251 plazas en residencias, una ratio de 4,2 plazas por cada 100 mayores de 65 años, inferior a las 5 recomendadas por la OMS. Se estima que hoy existe ya  un déficit de 66.000 plazas de residencias de ancianos y que harán falta 785.000 plazas en 2050, el doble de las actuales. Así que hay grandes perspectivas de negocio. Ya en 2021, las residencias facturaron 4.600 millones de euros, el 58% de la gestión de plazas privadas puras, otro 32% de la gestión privada de plazas concertadas y un 10% más de la gestión privada de plazas públicas, según la consultora DBK. Y de las 5 empresas que gestionan más residencias, tres son de capital francés (DomusVi, Orpea y Amavir), una británica (Vitalia, del Fondo CVC) y sólo una española (Ballesol, controlada por Santa Lucía). Y cada día, numerosos inversores  y Fondos compran pequeñas residencias o construyen otras nuevas.

En el negocio de los cuidados a mayores y dependientes, la financiación es mayoritariamente pública (80%) pero el servicio se gestiona en un 85% con empresas privadas, que ofrecen las ayudas, desde la teleasistencia a las atención a domicilio o los centros de día, cuidadores y gestión de residencias. En los últimos años se han sumado a este lucrativo negocio empresas de construcción (como ACS, con Crece, o Sacyr Social), junto a empresas, Fundaciones y ONGs, más muchos Fondos e inversores extranjeros. Sólo la ayuda a domicilio facturó 1.935 millones de euros en 2021, según DBK, con más de 1,6 millones de usuarios (la mayoría mayores), dos tercios clientes de servicios de teleasistencia.

Un nuevo negocio que está creciendo son los productos inmobiliarios para mayores, que ofrecen viviendas y complejos para mayores no dependientes, que incluyen servicios de comedor, atención sanitaria y ocio, apartamentos libres o concertados con la Administración que ofrecen otra forma de atención a los mayores nacionales y extranjeros, en Madrid, Barcelona y lugares de costa. Actualmente, la oferta de “sénior living” supera en España las 3.600 viviendas, en 70 complejos inmobiliarios, según DBK. Y cada vez hay más capital extranjero interesado en construir estos complejos multiservicios para mayores.

En paralelo a estos negocios ligados al cuidado de los mayores (dependientes y no), los mayores son un importante sector de consumidores, en todo el mundo y en España. Se estima que “la economía de las canas” (la “silver economy”) generó 325.000 millones de euros y mantuvo 4,4 millones de empleos en 2019 (el 26% del PIB y el 22% del empleo). Ahí se engloba todo el gasto de los mayores de 50 años en salud y productos sanitarios, seguros, estética y cosmética, moda, turismo, ocio, cultura, seguridad, inversión, vivienda y tecnología. Y las empresas saben que han de adaptar su oferta de productos y servicios a este gigantesco grupo de consumidores, los mayores de 50 años: hoy son 19.529.081 personas (el 40,5% de la población), pero en 2050 serán 28 millones (el 53% del total). Así que los mayores serán los consumidores que orienten la economía del futuro.

43.275 dependientes muertos esperando ayuda

Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

Pero el coronavirus ha empeorado las cosas, ha sido la puntilla para el deteriorado sistema de Dependencia: con el estado de alarma, se cerraron oficinas de atención y se retrasaron aún más los expedientes y las ayudas. Así, a 30 de abril, se habían reducido en 54.808 las solicitudes de ayuda (1.844.322 frente a 1.899.385 a finales de febrero), se habían reducido también las resoluciones (-13.837) y caía el número de beneficiarios: 1.375.740 a finales de abril, 12.974 menos que a finales de febrero (porque habían caído las entradas de expedientes y las resoluciones y habían muerto beneficiarios), según los datos del IMSERSO. Gracias a esta caída de solicitantes, se conseguía reducir las listas de espera, por primera vez en dos años: a finales de abril había 261.616 dependientes esperando una ayuda reconocida, 6.218 menos que en febrero.

El 21 de junio salimos del estado de alarma, volvió a funcionar la Administración, pero la gestión de la Dependencia siguió empeorando, según los últimos datos del IMSERSO. Así, a finales de septiembre, el número de solicitudes de ayuda era similar al de abril: 1.844.766, -54.619 menos que a finales de febrero. La resolución  de expedientes había empeorado (1.697.776), cayendo el triple que en abril (ahora -43.332 menos que en febrero). El número de beneficiarios de ayuda también siguió cayendo: 1.345.397 dependientes, -43.317 menos que en febrero (el triple que a finales de abril). También habían caído los que recibían ayudas: 1.111.492 dependientes, -9.387 menos que en febrero. Y lo único que ha mejorado es “la lista de espera”, los dependientes con ayuda reconocida que la estaban esperando: 233.905 a finales de septiembre, -33.930 menos que a finales de febrero. Un “milagro” fruto de que habían caído los beneficiarios y a que muchos habían muerto en estos meses.

Este empeoramiento de la Dependencia no ha sido igual en toda España, sino que hay autonomías que lo han sufrido más que otras. Así, la caída en el número de dependientes que reciben una prestación (-9.387 en toda España, entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre) se concentra en 9 autonomías, Ceuta y Melilla, destacando la caída de dependientes con ayudas en Madrid (-8.736), Cataluña (-7.608), Castilla la Mancha (-3.546) y País Vasco (-1.449 dependientes con ayudas), según los datos del IMSERSO. Y por el contrario, hay 7 autonomías donde hay ahora más dependientes recibiendo ayudas que antes de la pandemia, en especial la Comunidad Valenciana (+3.716), Extremadura (+2.335), Canarias (+1.037), Baleares (+949) y Murcia (+879). 

Y en cuanto a las “listas de espera” (recordemos: 233.905 dependientes con derecho a una ayuda que no les ha llegado, el 17,39% de los dependientes con derecho reconocido), tampoco son uniformes. En cabeza siguen Cataluña (31,21% dependientes en espera, un porcentaje similar al de febrero), La Rioja (27,63% en espera, casi como en febrero), Canarias (22,72%, menos que el 28,5% de febrero), Andalucía (21,9%, mejor que el 24,7% de febrero), Cantabria (19,1%, peor que el 17,78% de febrero) y Madrid (17,74% dependientes en espera, similar a febrero).  Y siguen con una lista de espera mínima Castilla y León (0,22%, frente al 1,22% en febrero), Ceuta (3,7%), Navarra (4,57%), Galicia (7.76%), Castilla la Mancha (7,78%) y Baleares (9,46%).

Lo dramático es que si hoy tenemos 33.930 dependientes menos en lista de espera para recibir ayuda que a finales de febrero es, básicamente, porque muchos dependientes han muerto estos meses, más que nunca antes por la pandemia. Así, el IMSERSO publicó el lunes los datos de dependientes muertos este año, obtenidos a partir del MoMo (sistema de monitorización de la mortalidad) que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Y el resultado es escalofriante: han muerto 132.654 dependientes entre enero y septiembre (36.505 fallecidos más de lo habitual, por la COVID 19) y de ellos, casi un tercio, 43.275 dependientes muertos estaban a la espera de recibir una ayuda (27.116 de la “lista de espera”) o pendientes de valorar su dependencia (16.159 dependientes más).

Son 158 dependientes muertos cada día en espera de ayuda este año, una cifra tremenda, que casi duplica la cifra de fallecidos pendientes en 2019, 85 dependientes al día, según estimaban los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). Y aquí también, el reparto de dependientes muertos en espera de ayuda o valoración  (esos 43.275 fallecidos) es desigual por autonomías, según los datos del MoMa/IMSERSO: 11.160 dependientes en espera han fallecido en Cataluña (2.880 estaban en “lista de espera”), 9.110 en Andalucía (4.018 de la “lista de espera”), 4.324 en Madrid (21 en “lista de espera”, 4.110 en la Comunidad Valenciana (2.396 de la “lista de espera”), 2.514 en Canarias (1.724 en “lista de espera”) y 1.922 en el País Vasco (247 en “lista de espera”). Así que estas 6 autonomías concentran el 76,5% de todos los dependientes muertos sin atender.

De paso, la estadística del MoMa y el IMSERSO revela que la pandemia se ha cebado sobre los dependientes: han muerto este año 82,9 de cada 1.000 beneficiarios de la dependencia, unos 31.800 más que otro año, por el COVID. Y lo peor lo han sufrido los dependientes reconocidos que vivían en residencias: han muerto 180,1 de cada 1.000, casi 1 de cada 5, frente a 56,8 por cada 1.000 que han muerto entre los que recibían la ayuda a domicilio. Y lo más estremecedor: han muerto más los dependientes que menos se podían valer, los que tenían una dependencia grave (grado III), 225,7 de cada 1.000, casi 1 de cada 4 dependientes graves en residencias. Y sobre todo en Cataluña (3.594 muertes “extras” en residencias sobre un año normal), Madrid (+2.842 muertes extras), Castilla la Mancha (+1.528), País Vasco (+580) y Andalucía (“exceso de 516 muertes sobre lo habitual). Y eso a pesar de que este año, hasta septiembre, la ayuda a dependientes en residencias ha sido la que más ha caído con la pandemia: de recibirla el 12,05% en febrero al 11,02% a finales de septiembre, porque unos se han muerto y otros han vuelto con su familia.

Eso sí, con la pandemia, las autonomías han seguido concentrando las ayudas a los dependientes en los servicios más baratos (“low cost”), que les permiten atender a más beneficiarios con el mismo dinero, según los datos del IMSERSO: teleasistencia (cuesta unos 35 euros al mes y suponía el 17,66% de las ayudas en septiembre), la ayuda a domicilio (17,51%), los cheques a las familias para que busquen ayuda (prestación vinculada a servicio, una especie de “privatización” del servicio que reciben un 10,96% de los dependientes pero un 47% en Extremadura, un 31% en Castilla y León o un 26,38% en Canarias) y los centros de día (6,45% de las ayudas), aunque todavía es mayoritaria (31,49% del total) la ayuda a las familias (de 153 a 387 euros al mes, según grado de dependencia),para que atiendan ellos a sus dependientes.

La pandemia y las muertes de dependientes han hecho saltar todas las alarmas en un sistema de Dependencia que ya tenía graves deficiencias antes. Los dependientes y sus familias no pueden seguir así, sufriendo las consecuencias de una gestión autonómica que utiliza los retrasos en los expedientes  y la utilización de servicios “low cost” para paliar la falta de recursos. Urge un Plan de choque, para dotar a la Dependencia de recursos públicos suficientes, sobre todo de una mayor aportación del Estado central, que ahora financia un 20% del gasto público en Dependencia, lo que obliga a las autonomías a aportar el 80% restante (cuando la Ley fijaba que ambas administraciones aportarían el 50/50). Y que obliga a las familias de los dependientes a unos copagos crecientes (el 19% del gasto total en dependencia) y a “buscarse la vida”  pagando cuidadores en casa o residencias privadas, muy caras y con deficientes servicios (como se ha visto con el COVID 19).

El Gobierno ha presentado a las autonomías, el 2 de octubre, un Plan de choque por la Dependencia, que quiere incluir en el Presupuesto 2021. Propone destinar 600 millones más a la Dependencia el año próximo, lo que permitirá reducir la “lista de espera” y crear 24.000 empleos. Además, propone mejorar el sistema de ayudas (establecer las cuantías mínimas que había en 2012), agilizar los procedimientos administrativos, establecer la teleasistencia como un derecho generalizado y aumentar el servicio de ayuda a domicilio.

El Plan del Gobierno “suena bien” pero es insuficiente. Para acabar con las listas de espera harían falta 1.500 millones de euros, según una reciente estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se podrían crear 70.000 empleos. Y además, piden que las autonomías agilicen trámites y simplifiquen ya procedimientos, sobre todo mientras dure la pandemia. Y además creen que hay que modificar la Ley de Dependencia, para permitir compatibilizar prestaciones y aumentarlas, lo que exige destinar más recursos públicos a la Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más (no sólo los 600 millones extras prometidos para 2021). Y en paralelo, reordenar y mejorar la calidad de las ayudas, con un Plan específico de construcción de residencias de ancianos públicas (el 73% de las plazas son privadas): harían falta 100.000 plazas públicas, coordinadas con una mejor atención hospitalaria de los residentes.

La pandemia ha desvelado las debilidades del sistema de Dependencia, como también lo ha hecho con nuestra sanidad, educación, protección social y modelo económico. Hay que aprovechar esta catástrofe para apuntalar las ayudas a los dependientes, con inversiones en cuidados que pueden ayudarnos a reconstruir la economía y el empleo, máxime cuando el creciente envejecimiento español va a duplicar el número de dependientes en 2050, según el CSIC. Hay que reforzar la Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), para proteger a los más débiles ante la pandemia y ante cualquier otra crisis futura. Es inadmisible que 158 dependientes mueran diariamente sin recibir una ayuda a la que tienen derecho, tras toda una vida trabajando. Deberían ser una prioridad en la reconstrucción del país. Se lo debemos.