El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

El gasto público nos ha salvado

Todo el mundo ha visto que hay 2 formas de afrontar una crisis. Una, la que se aplicó en 2008: hacer recortes, provocando recesión y pérdida de empleos, sobre todo en el sur de Europa. Y la otra, gastar más, reanimar la economía y crear empleo, como han hecho Europa y España ante la COVID, la crisis energética y la hiperinflación. Los datos lo corroboran: más de la mitad del crecimiento de España entre 2019 y 2024 ha sido por el gasto público, el principal motor de nuestra economía, muy por delante del consumo, las exportaciones y la inversión. Es bueno saberlo ahora que los “populistas neoliberales” atacan al Estado en EEUU (Trump) y en media Europa, planteando recortes en Italia, Francia y Alemania (rompiendo el Gobierno). En España, ya hay expertos que hablan de gasto público “desbocado”. Ojo a estos “anti-Estado”, porque la DANA nos recuerda que, cuando vienen mal dadas, sólo el del gasto público y nuestros impuestos nos salvan. Como en la última crisis.

                            Enrique Ortega 

En los últimos 15 años, España y el mundo hemos asistido a 2 grandes crisis, que los políticos y economistas han afrontado de dos maneras diferentes. Ante la crisis financiera y de deuda (2008-2013), los principales Gobiernos y en especial Europa, se acogieron a la receta de recortar el gasto público en todo y abandonar la inversión del Estado, mientras en paralelo ayudaban a los bancos y entidades causantes de la crisis. Estos recortes “drásticos”, auspiciados en Europa por la alemana Merkel y los paises ricos del centro y norte, recayeron sobre todo en la Europa del sur, provocando una profunda recesión, que se cobró millones de empleos (en España se perdieron -3.572.700 empleos entre 2007 y 2013). Y la recuperación posterior (entre 2014 y 2019) fue lenta y débil.

En 2020 estalló la crisis desatada por el COVID y tanto Merkel como los demás dirigentes europeos optaron por otra vía de salida, en la antípodas de los viejos recortes: aprobar un Plan de recuperación para Europa, autorizando un fuerte gasto e inversión (806.900 millones) en el continente, mantenido después por la guerra de Ucrania, la crisis de la energía (gas y electricidad) y la hiperinflación. Y Europa recuperó en un año el crecimiento y el empleo (en la anterior crisis habíamos sufrido 5 años de recesión), sobre todo España, donde se han creado +1.856.100 nuevos empleos en esta crisis, entre 2019 y 2024 (septiembre).

Dos recetas económicas frente a la crisis, una dolorosa e inútil y otra positiva y eficaz (y “antigua”: ya la puso en marcha el presidente Roosevelt, con el New Deal, entre 1933 y 1938, para sacar a EEUU y al mundo de la gran Recesión de 1929-31). Y para los que duden de sus “bondades”, veamos el efecto que ha tenido esta vieja política “keynesiana”, de reanimar la economía a base de gasto público, en España, entre 2020 y 2024. El motor de nuestro fuerte crecimiento (mayor que en la UE-27) ha sido el consumo público: ha aportado más de la mitad del crecimiento real de la economía española (el 59%) entre diciembre de 2019 y septiembre de 2024, según este estudio del profesor Manuel Hidalgo, a partir de los datos del INE. Las exportaciones han sido el 2º motor del crecimiento (aportaron el 19% del total), el consumo privado el 3º (13% del crecimiento) y el resto lo ha aportado la inversión (7%).

En toda Europa, el consumo público (gasto administraciones públicas)  ha sido el principal motor del crecimiento estos años posteriores a la pandemia. Pero en España, su papel ha sido más decisivo. Este análisis de Funcas revela que, entre 2020 y 2023, la economía española creció algo más que la europea (porque en 2020 cayó más con la COVID), un +3,6% frente al +3,5%. Pero en España, casi el 70 de lo que crecimos esos 4 años fue por el consumo público (69,44%), mientras en la eurozona sólo aportó algo menos de la mitad del crecimiento (48,57%). Eso significa que, aunque España gastó en esta crisis menos en ayudas públicas que Alemania o Francia, este “tirón” del Estado en España  fue comparativamente más importante en el crecimiento final y el empleo. Mientras, en Europa ayudó más al crecimiento el empujón del consumo privado (25,7% del crecimiento en la zona euro y sólo el 8,3% en España) y las exportaciones (25,7% frente al 13,88% en España), siendo casi nula la ayuda de la inversión, que aportó poco (el 2,8%) al crecimiento, en Europa y en España.

¿Qué tipo de gasto público es el que nos ha hecho crecer estos años? Básicamente, el consumo público hecho en sanidad (medidas anti-COVID , vacunas y refuerzo de personal), gasto educativo, ayudas para compensar la subida de la energía y otras transferencias, según el análisis del profesor Hidalgo. Y detalla que casi dos tercios de este gasto público (entre 2019 y 2023) lo han hecho las autonomías, especialmente las más grandes (el gasto público de Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana ha aportado más de un tercio de todo el crecimiento generado en los últimos 4 años), seguidas de los Ayuntamientos (aportaron el 21%) y el que menos el Estado central  (su gasto directo, al transferir la mayoría, ha aportado sólo el 16,5% del PIB total).

En lo que llevamos de 2024, se mantiene la tendencia del alto crecimiento y los motores que “tiran” del PIB. Así, en el tercer trimestre, la economía española creció +0,8%, lo que indica que crecemos a un ritmo del +3,4% anual, según el INE (más que el +2,7% de todo 2023). Y de nuevo, en el tercer trimestre, el gasto público (consumo público) es lo que más crece (+2,2% sobre el trimestre anterior y +4,7% anual), lo que más “tira” de la economía, por encima del consumo privado de las familias (+1,4% trimestral y +3,3% anual) y las exportaciones (+0,9% trimestral y +5,1% anual), mientras cae la inversión (-0,9% trimestral). Y todo apunta a que en el 4º trimestre, con las ayudas públicas por la DANA en Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía, el gasto público volverá a crecer y será el principal motor del crecimiento también en 2024, un año en que podemos crecer el +3% (frente al 0,8% la zona euro).

Ante estos datos, algunos expertos y políticos (“ortodoxos” y “neoliberales”) ya han disparado las alarmas y hablan de un gasto público “desbocado”. Lo que no dicen es que gracias a esta política “contracíclica”, a afrontar con más gasto la crisis del COVID, la energía y la hiperinflación, la economía española (y europea) sólo cayó un año y lleva creciendo casi 4 años (mucho España y poco Europa, según Eurostat), creando 1,85 millones de empleos en nuestro país  y ayudando a las familias a sobrellevar esta última crisis.

Ahora, estos mismos economistas y políticos defienden que el Gobierno tiene que “gastar menos”, porque el gasto actual es “inasumible” e “insano” (para su ideología de “cuanto menos gasto público mejor”). Por un lado, hay que decir que el Gobierno Sánchez ha enviado un Plan fiscal a Bruselas en el que contempla un menor gasto público en 2025, porque se ha comprometido con la Comisión Europea a seguir rebajando el déficit público el año que viene (del -3,6% del PIB en 2023 y el -3% con que espera cerrar 2024 a un déficit del -2,5% en 2025). Y como se espera un menor crecimiento el año próximo (+2,4%), también habrá menos recaudación fiscal, lo que obligará a gastar menos, salvo catástrofes.

Este menor gasto público en 2025 hará que las administraciones públicas ya no “empujen” tanto el crecimiento, con lo que deberían “tirar más” de la economía los otros motores. El principal motor del crecimiento es el consumo de las familias, pero se ha retraído en los últimos años, tras el rejonazo de la inflación disparada, porque la gente ha empezado a pensar en “ahorrar más y gastar menos” por si vuelve a haber otra crisis. De hecho, el ahorro de las familias españolas está en una tasa anormalmente elevada (21,2% de su renta, más del triple que entre 2015 y 2019), algo que también pasa en el resto de Europa. El otro motor clave del crecimiento, las exportaciones, han ayudado mucho estos años, pero no lo harán tanto en 2025, porque Europa (nuestro primer cliente) apenas crece y por el riesgo de un mayor proteccionismo comercial en el mundo con Trump. Y el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece: aumenta la inversión pública y los Fondos europeos pero sigue “gripada” la inversión privada, todavía un 10% por debajo que antes de la pandemia.

Así que mientras los economistas ortodoxos y “neoliberales” se rasgan las vestiduras por el exceso de gasto público, en España y en Europa, no queda claro que el consumo, las exportaciones y la inversión vayan a “tomar el relevo” y mantener un alto crecimiento, necesario en Europa e imprescindible en España (para recortar el paro y la brecha de riqueza con Europa). Además, estos expertos esconden un dato clave: España tiene un gasto público muy inferior al del resto de Europa, por lo que necesitamos gastar más que ellos (en casi todo) para aproximarnos a su Estado del Bienestar. Así, en 2023, el gasto público en España fue el 46,4% del PIB, frente al 49,4% de media en la UE-27, el 57,3% en Francia o el 48,6% en Alemania, según la Comisión Europea. Y esto lleva pasando décadas, con el franquismo y luego con la democracia: entre 2015 y 2019, España gastó el 42,4% del PIB frente al 47,2% de la UE-27, el 56,8% en Francia o el 47,5% en Alemania. Esto significa, a lo claro, que, en 2023, si España hubiese gastado como la media europea, el gasto público debería haber sido 45.000 millones más. Y si gastáramos como los franceses, +163.000 millones más al año. Serían  +33.000 millones de gasto público si gastáramos como los alemanes. 

Y tenemos menos gasto público que la mayoría de Europa porque también ingresamos menos que la mayoría de paises: en 2023, España recaudó el 42,8% del PIB, frente al 45,9% del PIB la UE-27, el 46,1% de Alemania y el 51,9% de Francia. A lo claro: recaudamos 46.500 millones menos al año que la media de paises europeos, 49.500 millones menos que si fuéramos alemanes y 136.000 millones menos que si fuéramos franceses. Por eso, estamos condenados a gastar menos que la mayoría de europeos mientras no recaudemos más. La Comisión Europea ha exigido a España que apruebe una reforma fiscal este año (dentro de las reformas vinculadas a la entrega de Fondos europeos), porque no tiene sentido que pidamos dinero europeo y recaudemos menos. Los expertos fiscales elaboraron en 2022 un Informe donde proponían cambios en el impuesto de sociedades (grandes empresas y multinacionales), el IVA , el IRPF, los impuestos al capital y los impuestos verdes. Pero el Gobierno es incapaz de pactar una mínima reforma fiscal con sus socios de Gobierno y tanto PP como Vox no se salen de la cantinela de que “hay que bajar impuestos”.

En medio de este panorama, de un crecimiento asentado en el gasto público y que ahora está “en el aire” por la exigencia de rebajar el déficit y la deuda, el mundo ha entrado en una nueva etapa política, donde crecen los “populistas anti-Estado”, que defienden reducir el gasto público y recortar la Administración. Estas teorías políticas y económicas (que surgieron en los años 80 del siglo pasado, con Thatcher y Reagan) parecían desaparecidas tras la última crisis, cuando la COVID, la energía y la hiperinflación llevó a todos los Gobiernos a gastar más. Pero se anuncia un “cambio de signo político”: avanzan los que quieren recortar el Estado y el gasto público, con bajada de impuestos.

Trump ha basado su victoria en las elecciones USA en recortar al máximo el Estado y la Administración Federal, proponiendo al multimillonario Elon Musk (Twitter-X) al frente de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que podría recortar funcionarios y gasto público (2 billones de dólares), lo que reduciría el PIB y afectaría a los norteamericanos más vulnerables, mientras baja los impuestos y quita regulación a los más ricos. Y en paralelo, en Europa, el avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones (16 de los 26 comisarios, más la presidenta Von der Leyen) está dando más voz a los que defienden un menor gasto público europeo. Precisamente ahora, cuando el informe Draghi ha señalado que para conseguir una mayor competitividad frente a USA y China, la UE tendría que aprobar un nuevo Plan Marshall y gastar 800.000 millones de euros al año…

La derecha europea no está por la labor de repetir un Plan de recuperación como hizo tras el COVID (140.000 millones en ayudas y créditos hasta 800.000 millones de gasto entre 2021 y 2026). Y la mayor prueba es que los liberales alemanes han roto el Gobierno de coalición con socialdemócratas y verdes (habrá elecciones el 23 de febrero), porque querían hacer recortes (y bajar impuestos) en el Presupuesto para 2025. En Francia, el nuevo gobierno (más conservador, bajo la presidencia de Macron) plantea unos recortes de 40.000 millones de euros para 2025. Y en Italia, el Gobierno Meloni ha recortado un 5% el gasto de todos los Ministerios (salvo Sanidad) para 2025. Así que “pintan bastos” para el gasto público.

En definitiva, que en un momento donde la DANA en Valencia ha dejado claro la enorme importancia del Estado y el gasto público (se han aprobado ayudas por 14.373 millones de euros), surge una ola de recortes por el mundo, desde EEUU a Europa, que pone en cuestión el Estado, el gasto y los servicios públicos, con un avance de los ideólogos del “populismo neoliberal”, que pretenden reducir al máximo el papel del Estado y los servicios públicos, agravando las desigualdades. Se trata, otra vez, como en los años 80 y 90 del siglo pasado, de una “ola económica conservadora”, que pone en cuestión lo público y defiende recortes generalizados. Un “neoliberalismo insano”, que no sólo es “socialmente injusto” sino también “económicamente peligroso”. Porque estos recortes frenarían el crecimiento y el empleo. Ya lo vimos con la crisis financiera. Y ahora sabemos que, en esta última crisis, el gasto público y el Estado nos han salvado. No lo olvidemos.

El coste (y negocio) del envejecimiento

Ahora, 1 de cada 5 españoles tienen más de 65 años (20,18% de la población), el doble que en los años 70. Y este envejecimiento de la población irá a más, hasta alcanzar un máximo en 2050: el 30,4% de la población tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,7 millones). Este enorme salto de los mayores va a tener un alto coste, tanto para la sanidad pública (más gasto en atención médica y medicamentos) como en los cuidados a la Dependencia (ahora ya faltan residencias y atención a los mayores dependientes) y, sobre todo, en la factura de las pensiones. Todo ello exigirá más servicios públicos y más gasto, que sólo se asegura con más recaudación, no con la bajada de impuestos que propone la derecha. Pero este envejecimiento abre también la vía a una nueva economía “de las canas”, que mueve millones y moverá más. Por eso hay muchos inversores (y Fondos) invirtiendo en residencias, viviendas, salud y ocio para mayores.

Enrique Ortega

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. En todo el Planeta hay 747 millones de personas con más de 65 años, el 10% de la población mundial, el doble que en 1960, cuando había 150 millones de mayores (el 5% del total), según los datos del Banco Mundial (2021). Y sus previsiones son que para 2050, el 20% de la población mundial tenga más de 65 años: habrá 1.940 millones de mayores en el mundo. Actualmente, los paises con más porcentaje de mayores son Japón (28,7% de la población total), Italia (23,6%), Portugal (23,15%), Finlandia (22,96%), Grecia (22,64%), Alemania (21,98%), Malta  (21,81%), Croacia (21,66%) y Puerto Rico (21,27%). España, según estos datos del Banco Mundial, ocupa el puesto 23 en el ranking de envejecimiento, con un 20,3% de mayores de 65 años.

El problema del envejecimiento en España se debe a una drástica caída de la natalidad (los nacimientos se han desplomado de 669.378 en 1975 a 329.812 en 2022) y a un aumento de la esperanza de vida (era de 35 años en 1900 y saltó a 79,34 años en el 2000 y a 83,3 años hoy). Eso nos ha llevado a que España superara el 20% de mayores de 65 años el 1 de abril de 2023, según el último censo del INE: eran 9.728.685 mayores (20,18% de la población total), lo que supone medio millón de mayores más que antes de la pandemia (eran 9.223.565 el 1 de enero de 2020, un 19,49% del total) y 2,2 millones de mayores más que hace 15 años (7.506.291 el 1 de enero 2008, un 16,43% del censo entonces). Este 20% de mayores hoy contrasta con el 8% en 1960 y el 17% en el año 2000.

El envejecimiento en España es desigual, por sexo, autonomías y zonas urbanas o rurales. Hay más mujeres mayores (5.290.554, el 54,38% del total)  que hombres, (4.438.131), debido a su mayor esperanza de vida (85,8 años frente a 80,4 años los hombres). Además, 4 autonomías tienen más de un millón de mayores: Andalucía (1.654.785 el 1 de abril pasado), Cataluña (1.603.914), Madrid (1.332.437) y Comunidad Valenciana (1.101.526), según el INE. Sin embargo, las autonomías más envejecidas, con mayor porcentaje de mayores son Asturias (27% población es mayor de 65 años), Galicia y Castilla y León (26%), País Vasco (23%), Cantabria (22,5%), Aragón (22%), La Rioja y Extremadura (21,5%). Y las menos envejecidas Melilla (11% son mayores), Ceuta (12%), Murcia y Baleares (16%), Canarias (17%), Andalucía (17,5%) y Madrid (18%). Y aunque la mayoría de los mayores están concentrados en las grandes ciudades (7.164.059 mayores, pero sólo el 19% de la población total), son las zonas rurales las que tienen un mayor porcentaje (el 28,3% de la población, aunque sólo sumen 761.021 mayores), según un estudio del CSIC.

Este envejecimiento en España se va a agravar en las próximas décadas, entre 2025 y 2040,  porque van a superar los 65 años los integrantes de la generación del “baby boom”, los españoles nacidos entre 1960 y 1975, con el “desarrollismo”. Y así, España se colocará en 2050 como el 7º país más envejecido del mundo (con un 31,5% de la población total mayor de 65 años), sólo por detrás de Corea (39,8% de mayores), Japón (37,7%), Grecia (33,8%), Italia y Portugal (33,7% de mayores) y Lituania (31,6%), según la última previsión de la OCDE, que espera alcanzar un 26,7% de mayores en sus 38 paises integrantes.

Otra previsión, más cercana, es la del INE, que ha hecho una proyección de la población española para el periodo 2022 a 2072, en base a los datos de natalidad y mortalidad y la inmigración. Según este estudio, el número de mayores actual (9.728.685 mayores de 65 años al 1 de abril de 2023, el 20,18% del censo) alcanzará los 11.450.000 mayores en el año 2030 (el 22,8% de la población de entonces) y superará los 16 millones de mayores (16.035.000) en 2050 (el 30,4% de la población a mediados de siglo), para bajar algo en 2070: 15.601.000 mayores, un  29,5% de la población total censada entonces en España.

Además de tener 6,3 millones más de mayores de 65 años en 2050 que hoy, el otro problema es que estos mayores del futuro serán “más mayores que hoy”, porque aumentarán los que tienen más de 80 años y los que tienen más de 100 años, gracias a la subida de la esperanza de vida: pasará de 83,3 años hoy a 86,5 años en 2050, la 2ª más alta del mundo. Así, las proyecciones del INE nos indican que si hoy tenemos 2.882.370 mayores de 80 años (el 5,98% de la población), en 2050 habrá ya 5.811.300 octogenarios (el 11% de la población total). Y si hoy viven en España 17.005 personas que tienen 100 años o más (el 0,057% del censo), en 2050 habrá 95.094 españoles centenarios (el 0,18%). No sólo habrá más viejos, sino más personas con más de 80 y 100 años.

Con este panorama del envejecimiento, actual y futuro, habrá que replantearse el futuro del Estado del Bienestar, para atender a ese creciente porcentaje de mayores, que van a suponer un mayor gasto en sanidad, Dependencia y pensiones, sobre todo. En sanidad, los datos revelan que a más edad de la población, más gasto sanitario. Por un lado, habrá más mayores en la atención primaria, pero sobre todo más mayores en los hospitales, para atender sus crecientes problemas de salud y al aumento de las enfermedades crónicas. De hecho, el 40% del gasto hospitalario (que se ha duplicado) lo protagonizan los mayores de 65 años, con más estancias y más largas. Y también aumenta su gasto farmacéutico, que concentra el grueso de las recetas. Un estudio hecho en Cataluña revela que el gasto sanitario de un mayor de 80 años oscila entre 2.723 euros (hombres) y 3.388 euros (mujeres), casi 10 veces más que el gasto sanitario de los jóvenes de 15 a 19 años. Y de media, se estima que el gasto sanitario de los mayores multiplica por 4 el gasto sanitario medio del país.

En cuanto a la atención a los dependientes, la mayoría de los que no pueden valerse por sí mismos y necesitan la ayuda de sus familias y el Estado son mayores. Actualmente, el sistema público de la Dependencia atiende a 1.352.257 españoles dependientes, el 73% de los cuales tienen más de 65 años (y el 53,5%, más de 80 años), con un coste público para el Estado central y las autonomías de 8.343 millones (2022). La estimación del CSIC es que el número de dependientes se va a duplicar para 2050, con lo que habría que atender a 3 millones de dependientes (hoy ya hay 353.965 desatendidos). Y en vez de dedicarles ayudas “low cost” (como la teleasistencia o la atención a domicilio) se deberían reforzar y mejorar las ayudas, aumentando las plazas en residencias. Con ello, el coste de atender a los mayores dependientes será mucho mayor en el futuro, lo que exigirá más recursos públicos, sobre todo a las autonomías, que ahora “racanean”.

El tercer frente a cubrir con el envejecimiento disparado son las pensiones: la previsión es que saltemos de los 9.074.316 pensionistas que había el 1 de mayo a casi 16 millones  de pensionistas en 2050, según la AIREF, que cobrarán una pensión más alta (por la subida de los sueldos y la revalorización anual de las pensiones) durante más años (20 de media, al subir la esperanza de vida). Eso va a disparar el gasto en pensiones, para 2030 y más para 2050, lo que ha llevado al Gobierno Sánchez a aprobar una reforma para conseguir más ingresos, sobre todo vía cotizaciones, además de traspasar ingresos presupuestarios. Pero la gravedad del problema está ahí y la propia reforma fija un mecanismo de seguimiento, para obligar a futuros Gobiernos a buscar nuevos ingresos para garantizar las pensiones en el futuro.

En resumen, que el envejecimiento va a forzar a España a realizar un mayor gasto público en sanidad, Dependencia y pensiones, así como en gasto social. Y habrá que hacer ese mayor esfuerzo con menos activos para cotizar y pagar impuestos. Es el gran problema de las próximas décadas: aumentará la tasa de dependencia, el porcentaje de mayores sobre el resto de la población. El dato es demoledor: si en 2019, el porcentaje de mayores (65 años y más)  sobre los activos (población de 16 a 64 años) era del 30%, en 2050 esa tasa de dependencia se duplica y subirá al 60% (porcentaje de población mayor sobre el resto). Eso crea a España un problema más grave que en otros paises, donde el porcentaje de activos (para trabajar, cotizar y pagar impuestos) es mayor, según revela un estudio del Banco de España: la tasa de dependencia del 60% en 2050 es la más alta de Europa, salvo Italia (62% de mayores sobre resto población), muy superior a la media de la UE-27 (54%) y a la de Alemania (48%) o Francia (49%). Otra forma de ver lo mismo: en 2050 habrá 1,75 cotizantes por cada pensionista frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007).

A lo claro: que ser un país con más mayores va a exigir al resto de la población un mayor esfuerzo, tanto en cotizaciones como en los impuestos a pagar. Algo que obvian (o esconden) los políticos de la derecha, que apuestan por bajar impuestos en vez de subirlos. Pero si no subimos la recaudación fiscal, consiguiendo que paguen más los que ahora pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), no se podrá atender el mayor gasto que van a suponer nuestros mayores. Así que la opción es clara: o se aumenta la recaudación o habrá que hacer recortes en la sanidad, la dependencia y las pensiones para atender al imparable aumento de las personas mayores. Hay una tercera opción, que muchos defienden en privado: no reforzar el Estado del Bienestar y que las necesidades de los mayores se las financien ellos mismos (los que puedan, claro).

Precisamente, este envejecimiento de la población aparece para muchos como “una gran oportunidad de negocio”, desde la sanidad privada al cuidado privado a los mayores o las pensiones y seguros privados de vejez. Y sobre todo en España, donde el Estado gasta menos que otros paises en cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social): 0,9% del PIB frente al 1,5% de media en la OCDE y hasta el 4,1% en Paises Bajos, el 3,7% en noruega y el 3,6% en Dinamarca. Un gasto en cuidados que la OCDE estima se va a duplicar o incluso triplicar para 2050, impulsado por el envejecimiento. La duda es qué parte seguirá cubierta por el Estado (vía impuestos, cotizaciones)  y qué parte habrán de pagarse los mayores y sus familias (vía copagos y privatización).

De momento, el envejecimiento ha disparado la inversión privada en residencias de ancianos en España, sobre todo la inversión extranjera (y los Fondos). Eso se debe a que inversores y grupos multinacionales detectan un gran potencial de negocio en España, dada la escasa oferta y el envejecimiento esperado. Hay 384.251 plazas en residencias, una ratio de 4,2 plazas por cada 100 mayores de 65 años, inferior a las 5 recomendadas por la OMS. Se estima que hoy existe ya  un déficit de 66.000 plazas de residencias de ancianos y que harán falta 785.000 plazas en 2050, el doble de las actuales. Así que hay grandes perspectivas de negocio. Ya en 2021, las residencias facturaron 4.600 millones de euros, el 58% de la gestión de plazas privadas puras, otro 32% de la gestión privada de plazas concertadas y un 10% más de la gestión privada de plazas públicas, según la consultora DBK. Y de las 5 empresas que gestionan más residencias, tres son de capital francés (DomusVi, Orpea y Amavir), una británica (Vitalia, del Fondo CVC) y sólo una española (Ballesol, controlada por Santa Lucía). Y cada día, numerosos inversores  y Fondos compran pequeñas residencias o construyen otras nuevas.

En el negocio de los cuidados a mayores y dependientes, la financiación es mayoritariamente pública (80%) pero el servicio se gestiona en un 85% con empresas privadas, que ofrecen las ayudas, desde la teleasistencia a las atención a domicilio o los centros de día, cuidadores y gestión de residencias. En los últimos años se han sumado a este lucrativo negocio empresas de construcción (como ACS, con Crece, o Sacyr Social), junto a empresas, Fundaciones y ONGs, más muchos Fondos e inversores extranjeros. Sólo la ayuda a domicilio facturó 1.935 millones de euros en 2021, según DBK, con más de 1,6 millones de usuarios (la mayoría mayores), dos tercios clientes de servicios de teleasistencia.

Un nuevo negocio que está creciendo son los productos inmobiliarios para mayores, que ofrecen viviendas y complejos para mayores no dependientes, que incluyen servicios de comedor, atención sanitaria y ocio, apartamentos libres o concertados con la Administración que ofrecen otra forma de atención a los mayores nacionales y extranjeros, en Madrid, Barcelona y lugares de costa. Actualmente, la oferta de “sénior living” supera en España las 3.600 viviendas, en 70 complejos inmobiliarios, según DBK. Y cada vez hay más capital extranjero interesado en construir estos complejos multiservicios para mayores.

En paralelo a estos negocios ligados al cuidado de los mayores (dependientes y no), los mayores son un importante sector de consumidores, en todo el mundo y en España. Se estima que “la economía de las canas” (la “silver economy”) generó 325.000 millones de euros y mantuvo 4,4 millones de empleos en 2019 (el 26% del PIB y el 22% del empleo). Ahí se engloba todo el gasto de los mayores de 50 años en salud y productos sanitarios, seguros, estética y cosmética, moda, turismo, ocio, cultura, seguridad, inversión, vivienda y tecnología. Y las empresas saben que han de adaptar su oferta de productos y servicios a este gigantesco grupo de consumidores, los mayores de 50 años: hoy son 19.529.081 personas (el 40,5% de la población), pero en 2050 serán 28 millones (el 53% del total). Así que los mayores serán los consumidores que orienten la economía del futuro.