Renta 2026: más declaraciones a pagar

Queda hasta finales de junio para presentar la declaración de la Renta, por los ingresos de 2025. Este año, aumentan los contribuyentes que les sale a pagar (+1,64 millones que en 2025) y además pagarán más (+5.535 millones), porque hay más gente trabajando y han subido los sueldos, dividendos y plusvalías de Bolsa y de la venta de viviendas. También porque Hacienda no descuenta la inflación en tramos y tipos. La Renta se consolida como el principal impuesto (43,78% de la recaudación)  y la pagan sobre todo los que viven de un trabajo o pensión, principalmente las clases medias y medias altas. Con todo, no es verdad que “vivamos en un infierno fiscal”, como reitera Feijóo: el porcentaje del salario bruto que se llevan impuestos y cotizaciones es mayor que en la OCDE pero menor que en Alemania, Francia e Italia. Y España sigue recaudando porcentualmente menos que Europa. Por eso, si queremos mejorar los servicios públicos, algunos (los más ricos, inversores y empresas) tendrán que pagar más.

                               Enrique Ortega

Esta primavera de 2026, Hacienda espera recibir 25.251.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2025, un +2,1% que en 2025. La novedad es que bajan las declaraciones negativas, con derecho a devolución (serán 15.706.000 declaraciones, 1,36 millones menos que el año pasado, -1,8%) y suben mucho las declaraciones positivas, en las que sale a pagar: se esperan 7.709.000 declaraciones, 1,64 millones más que en 2025 (+10,3%). Las razones son varias: hay más gente viviendo y trabajando en España y a muchos de estos declarantes les han subido los sueldos y en algunos casos, los dividendos que perciben (+12,7% en 2025) y las plusvalías por la subida de la Bolsa (+49,27% en 2025) y por la venta de viviendas (que subieron el 12,7%). Ahora lo que se paga con la declaración no es todo el IRPF, sino la parte que “queda pendiente” tras las retenciones mensuales en 2025, con lo que el pago neto de los contribuyentes (pago positivas menos ingreso negativas) será un saldo positivo para Hacienda de 11.357 millones (19.093 el año pasado).

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo las deducciones por obras en viviendas para reducir el consumo energético, así como por la compra de vehículos eléctricos o por instalación de postes de recarga, más la deducción (hasta 340 euros) para los que ganen menos de 18.276 euros y los ajustes a los que ganan el salario mínimo (SMI). Eso sí, hay que destacar que Hacienda enviará este año 3,5 millones de “avisos” preventivos para alertar de sus obligaciones fiscales a los que tienen criptomonedas (1,2 millones de avisos), a los que obtienen rentas en el extranjero, a los que venden cantidades destacadas en plataformas digitales (como Wallapop o Vinted: 437.000 avisos más) o los que tienen un piso en alquiler no declarado (avisos a 867.000 propietarios…).

Las mayores novedades de la Renta siguen estando en la mitad que gestionan las autonomías. Sigue habiendo una gran diferencia regional en el tipo mínimo (9,5%), que sólo mantienen Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia) y que han rebajado el resto, mientras el tipo máximo autonómico (24,5%) lo mantiene sólo Cantabria, subiéndolo 8 autonomías (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, la Rioja y Comunidad Valenciana, con el tipo más alto, 29,5%) y bajándolo otras 6 (Castilla y León, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid, con el tipo máximo más bajo, 20,5%). Tipos que se suman al tipo mínimo (9,5%) y máximo (24,5%) estatal.

Además de que las autonomías compiten entre ellas con unos tipos del IRPF al alza o a la baja, también difieren en las deducciones que aplican, muy diferentes entre ellas. En esta declaración a presentar en 2026, hay deducciones autonómicas muy llamativas: un 15% de la cuota del gimnasio, con 100 euros máximo (Andalucía y Murcia), un porcentaje del gasto veterinario en mascotas (Andalucía y Murcia), a los celíacos (Asturias), por gastos en dentistas (hasta 150 euros de deducción) y oculistas, así como por estudios musicales, hasta 150 euros (las 3 deducciones en la Comunidad Valenciana), ayuda para material escolar (Galicia),para gastos de guardería o mudanza entre islas (Canarias), por ahorro para previsión social (País Vasco) o para compra de vivienda (Castilla la Mancha), para compensar los gastos de una ocupación de vivienda (en Baleares), para bonificar los trabajos en el campo de nuevos residentes (La Rioja) o para incentivar a los que vengan de otras regiones (una deducción nueva este año en Extremadura y Cantabria).

Con tipos autonómicos distintos y diferentes deducciones, los españoles pagan un IRPF diferente según donde vivan, según demuestra este estudio de los economistas asesores fiscales (REAF). Un soltero sin hijos que ingrese 20.000 euros pagará de Renta 1.772 euros al año en todas las regiones, salvo en Navarra (1.200 euros) y País Vasco (0 euros).Si gana 30.000 euros, la horquilla varía entre 4.958 euros que paga en Cataluña (4.926 en Castilla la Mancha) y 4.495 en el País Vasco, 4.582 en Navarra y 4.598 en Madrid. Para 45.000 euros, vuelve a ser Cataluña donde más de paga (9.684 euros), seguida por Extremadura (9.653) y menos en el País Vasco (8.626) y Madrid (8.881). Para 70.000 euros de ingresos, el mayor pago hay que hacerlo en Extremadura (19.365 euros) y Cataluña (19.097), siendo el menor en el País Vasco (34.724) y Madrid (35.000 euros). Y a partir de 110.000 euros de ingresos anuales, el reparto se repite: pagan más los contribuyentes (ricos) que viven en la Comunidad Valenciana y los que menos quienes viven en Madrid (ahí, “los más ricos” pagan de Renta entre 7.000 y 46.000 euros menos que en la Comunidad Valenciana: ver cuadro).

El IRPF se consolida en España como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios: en 2025, Hacienda recaudó con la Renta 142.466 millones de euros, casi la mitad (el 43,78%) de toda la recaudación fiscal en España (325.356 millones), un peso que ha ido en aumento tras la pandemia (el IRPF suponía el 40,83% de toda la recaudación en 2019). Y la recaudación por Renta ha crecido un +64% desde 2019 (cuando ingresó 86.892 millones), el 2º mayor aumento de ingresos de todos los impuestos, sólo por detrás del impuesto de Sociedades (cuya recaudación ha crecido un +78% desde 2019 porque entonces las empresas pagaban muchos menos impuestos y ahora ganan más). Muy lejos del IRPF quedan la recaudación del IVA (99.532 millones en 2025), la de Sociedades (42.266 millones) y los impuestos especiales (23.083 millones por carburantes, tabaco y alcohol), los 4 principales impuestos que pagamos cada día y cada año.

Este fuerte tirón de la recaudación por el IRPF tras la pandemia se debe a varios factores:  más población residente y trabajando (+2.496.400 ocupados que en 2019), con mayores sueldos (han subido +16,66% en estos 6 años) y con unos ingresos extras para muchos declarantes que ahorran e invierten (generando plusvalías), desde los que cobran dividendos (42.671 millones cobrados en 2025, la cifra máxima en once años) a los que invierten en Bolsa (2,4 millones de familias, el 12% de los hogares) o los que compraron una vivienda y la han venido (+62% ha subido desde 2019) o alquilado (+47% subieron los alquileres). Todo ello explica que la recaudación por IRPF se haya disparado tras la pandemia y especialmente en 2025 (+10,1%), lo que ha aumentado las declaraciones positivas este año.

Y hay otra razón muy importante, que explica parte de la mayor recaudación por IRPF: Hacienda no deflacta los tramos ni la tarifa del IRPF, lo que significa que ganamos más cada año por la inflación, aunque se coma parte del poder adquisitivo. Y eso se traduce en contribuyentes que saltan de tramo de la renta, que pagan un tipo más alto que años anteriores. El PP lleva años pidiendo al Gobierno que “deflacte” la tarifa, que descuente de nuestros ingresos lo que ha crecido la inflación. Y lo ha aplicado en las 11 autonomías que gobierna, aunque lo hizo en años anteriores, porque las autonomías “populares” no han deflactado la tarifa ni en 2025 ni en 2026.

Hacienda rechaza deflactar la tarifa, argumentando que esa medida “favorece más a los más ricos” y que las medidas fiscales adoptadas en los últimos años por el Gobierno han rebajado más a las rentas bajas que deflactarles la tarifa. En cualquier caso, los expertos de AIReF estiman que Hacienda recauda 10.000 millones “extras” al año por no deflactar la tarifa de la Renta, algo que pagamos todos, pero unos más que otros. Así, un declarante que ingresa 25.000 euros paga un extra por no deflactar la tarifa de 250 euros (Extremadura) a 263 euros el año (Comunidad Valenciana). Uno que declara 30.000, paga de más entre 337 euros (Madrid) y 352 (Extremadura). Uno que ingresa 45.000 paga un extra de 522 euros (Madrid) a 533 (Extremadura). Quien ingrese 75.000 euros, paga entre 750 euros de más (Baleares) y 769 (Comunidad Valenciana). Y los contribuyentes de 400.000 euros pagan extra entre 2.134 euros (Madrid) y 2.163 euros (Comunidad Valenciana). Como se ve, hay grandes diferencias.

Un problema que tiene el IRPF, frente a otros impuestos, es que la mayoría lo pagan los que viven de un sueldo a de una pensión, (el 90,8 % de todas las declaraciones son de rendimientos del trabajo). que además son los más fáciles de controlar por Hacienda que los ingresos que declaran los que tienen ahorros o inversiones (lo incorporan el 40% de las declaraciones), los que obtienen ingresos de inmuebles (otro 38% declaraciones) y los que declaran actividades económicas (empresarios y autónomos, 12,5% declaraciones). Y muchas de las personas con grandes patrimonios no declaran en el IRPF, porque utilizan sociedades e intermediarias (SICAV) para canalizar sus pagos fiscales (reducidos).

Con todo, los que declaramos en el IRPF pagamos más cada año, por esos mayores ingresos que no notamos por la inflación. Así, el tipo medio de las declaraciones ha saltado del 12,7% de media sobre ingresos que pagábamos en 2019 al 14,4% en 2024 y al 16,2% de 2025, según la Agencia Tributaria. Un pago de la Renta que recae sobre todo sobre las personas de ingresos medios y medios altos, según los últimos datos de Hacienda, de la Declaración de 2023: los que declaran ingresos entre 30.000 y 60.000 euros (22,02% declarantes) pagan el 37,54% del IRPF, una media de 8.370 euros por declarante. Y los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,88% del total) pagan el 24,19% del IRPF, 24.317 euros de media. Así que entre ambos grupos (de 30.000 a 150.000 euros, el 26,9% de declarantes) pagan casi dos tercios del IRPF. Y la mayoría de contribuyentes, los que ingresan menos de 30.000 euros (el 67% de declarantes) pagan sólo el 20,31% del IRPF, una media de 190 a 3.761 euros.  Y la minoría que gana más de 150.000 euros (175.665 contribuyentes, el 0,73% del total) pagan el 17,97% del IRPF, entre 81.586 y 543.472 euros…

Visto así, queda claro que en el IRPF pagan más los que más tienen. Pero estos datos esconden un grave problema, nuestros impuestos en general no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (españoles (el 78,9% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso pasa porque el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías).Y a que los más ricos utilizan empresas e “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

Otro mito que circula en el imaginario popular es que “en España pagamos más impuestos que en otros paises”, una idea agravada con la última consigna de Núñez Feijóo: “España es un infierno fiscal”. Algo que es sencillamente mentira: la presión fiscal en España en 2024 (ingresos tributarios más cotizaciones sociales) es del 37,3% del PIB, lejos de la media de la UE-27, que es el 40,4%, según Eurostat. Y si miramos “la cuña fiscal”, el porcentaje del salario bruto que pierden los trabajadores tras el pago de impuestos y cotizaciones, es en España el 41,4%, más que la media de la OCDE (35,1%), pero menos de lo que pierden los trabajadores de Alemania (49,3%), Francia (47,2%), Italia (45,8%) o Bélgica (52,5%).

Lo que sí es preocupante para España, aunque nunca lo diga Núñez Feijóo, es que recaudemos muchos menos ingresos que otros paises en relación a nuestro PIB, algo que pasaba hace una década (40% del PIB entre 2017 y 2021, frente al 46,3% que recaudaba la UE-21) y que pasa ahora: España recaudó en 2025 una cifra récord, pero suponía el 42,8% del PIB, otro año por debajo de la UE-27 (recaudó el 46,3% del PIB), de Alemania (47,5% del PIB), Francia (52% del PIB) e Italia (47,6% del PIB). Eso significa, a lo claro, que en 2025 recaudamos 59.000 millones menos que la media europea, un dinero que nos hubiera venido muy bien para mejorar la sanidad, educación, Dependencia o los servicios públicos.

Estas fechas en que nos toca el mal trago de presentar la declaración de la renta (pagar impuestos lo hacemos todo el año), es buen momento para hacer una reflexión: necesitamos recaudar más, homologarnos con Europa, para reforzar el Estado del Bienestar, desde la sanidad (un trasplante de corazón cuesta 90.000 euros) a la educación pasando por la Dependencia, las ayudas sociales, la vivienda, las infraestructuras (desde vías de tren a carreteras), los servicios públicos y emergencias…, tantas y tantas cosas que necesitan recursos y personal.

Ojo, no se trata de pagar más impuestos la mayoría que ya los pagamos, sino que paguen más los que pagan poco: grandes empresas (un tercio de nuestras multinacionales pagan un tipo efectivo inferior al 15%, menos que un trabajador en el IRPF), multinacionales y grandes patrimonios (los más ricos). Y reducir las vías de fraude fiscal, “legales” o ilegales (economía sumergida). Además, Bruselas nos recomienda aprobar una reforma fiscal (imposible hace décadas) que reduzca los tipos reducidos del IVA, suprima deducciones en Renta y Sociedades y aumente los “impuestos verdes” (llevamos años sin cumplir la exigencia de subir impuestos al gasóleo). Sólo así recaudaremos más, de una forma más justa, y podremos mejorar los servicios públicos. No bajando impuestos.

El deterioro de los servicios públicos

El Foro de Davos alerta que 1 de los 3 mayores riesgos de España es “la insuficiencia de los servicios públicos”. Mientras, en España se multiplican las quejas sobre las deficiencias en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, que fuerzan a pagar servicios privados. Un deterioro del Estado del Bienestar que se explica con un dato: España gasta menos que Europa (-43.000 millones anuales) en financiar los servicios públicos fundamentales. Y se agrava porque dos tercios los financian las autonomías, con grandes diferencias en el gasto social: Navarra, País Vasco, Extremadura y Asturias son las que más gastan por habitante y las que menos Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia. Las autonomías se quejan de falta de recursos, mientras muchas bajan impuestos. Ahora, el Gobierno propone un nuevo sistema de financiación, que les aportaría 21.000 millones más para mejorar los servicios públicos. Pero las autonomías rechazan el sistema, dentro del acoso político al Gobierno. Y han aprobado Presupuestos para 2026 que apenas refuerzan los servicios públicos. No mejorarán mientras los políticos no pacten cambios.

                             Enrique Ortega 

En los últimos meses, crece la preocupación de los españoles por el deterioro de los servicios públicos, desde los cribados de cáncer de mama en Andalucía a las Universidades públicas en Madrid, los 32.704 ancianos que murieron en 2025 sin recibir las ayudas a la Dependencia  o las familias vulnerables que no reciben el ingreso mínimo vital  o las rentas mínimas (sin olvidar los transportes). Un deterioro que ha llevado al Foro de Davos a señalar que 1 de los 5 principales “riesgos” de España es “la insuficiencia de los servicios públicos” , junto a la polarización social, la escasez de talento y mano de obra especializada, la elevada deuda pública y la falta de oportunidades para los desempleados.

Los servicios públicos en España han pasado por múltiples vaivenes en la historia reciente. Durante el franquismo, los españoles teníamos pocos servicios públicos, a cambio de que también pagábamos pocos impuestos. Con la democracia, aumentó la demanda ciudadana y hubo un fuerte aumento del gasto público hasta 2009 (+5,1% anual), que se truncó con la crisis financiera y europea, que provocó fuertes recortes del Estado de Bienestar en España. A partir de 2014, el gasto público se recupera lentamente (+1,8% anual) hasta 2020, cuando el COVID obliga a un mayor gasto público, situación agravada después por la hiperinflación de 2022 y 2023, tras la invasión de Ucrania. Y ahora llevamos dos años (2024 y 2025) con menores aumentos del gasto social, también por la falta de Presupuestos.

Con todos estos vaivenes, el gasto público primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) ha crecido este siglo, del 36% del PIB en 2002 al 43% en 2024. Pero seguimos, antes y ahora, con un gasto público muy inferior al del resto de Europa, que fue el 47,3% de su producción (PIB) en 2024, según un reciente estudio de Ivie, un porcentaje que es mucho mayor en Francia (el 55% de su PIB), Italia (50,3% del PIB) o Alemania (47.5% del PIB). Y si analizamos qué parte del gasto público se destina a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales, pensiones y desempleo), España también gasta menos: el 26,4% del PIB, frente al 28,2% que gasta la UE-27, el 34,2% de Francia, el 29,6% de Italia y el 27,6% de Alemania.

Veamos las diferencias por tipo de gasto, según el informe de Ivie. En sanidad, España gasta (2024) un 6,6% del PIB, frente al 7,3% que gasta la UE-27, el 8,8% de Francia, el 7,5% de Alemania y el 6,5% de Italia. En educación, España gasta el 4,2% del PIB, frente al 4,7% la UE-27, el 5% de Francia, el 4,5% de Alemania y el 3,9% de Italia. Y en servicios sociales (políticas de inclusión social, familia, infancia y vivienda social), España gasta el 1,7% del PIB, casi la mitad que la UE-27, mucho menos que Francia (4,3%) y por debajo de Alemania (2,8%) e Italia (2,3%). Esto significa, a lo claro, que si gastáramos “como europeos”, tendríamos que destinar 43.000 millones más cada año a sanidad (+11.160 millones), educación (+7971 millones) y servicios sociales (+23.914 millones).

El problema no es sólo que España gaste menos que la mayoría de Europa sino que ha habido un cambio en ese gasto: en 2002, era el Estado central el que más gastaba (51,6%), mientras ahora (2024) son las autonomías quienes aportan el 53,6% de gasto, con las transferencias del Estado y sus propios recursos. Y además, los recortes hechos principalmente por el Gobierno Rajoy en el gasto público (-62.659 millones entre 2009 y 2013) se concentraron en las autonomías (se llevaron el 99,8% del recorte), según el informe de Ivie, lo que se tradujo en menos recursos para los servicios públicos. Posteriormente, el fuerte aumento de población (hay 2,25 millones más de habitantes que en 2019) ha disparado la demanda de servicios, sin que las autonomías hayan disparado sus recursos.

Y esto nos lleva a la situación actual, donde la sanidad, la educación, los servicios sociales y la Dependencia (un 4º pilar del Estado de Bienestar, que ha atendido a 4 millones de mayores y dependientes desde 2007) sufren problemas, básicamente de falta de medios y personal, porque la demanda ha crecido más que la financiación. Y como estos servicios públicos los gestionan las autonomías, su nivel y calidad dependen en gran medida de los recursos que destine cada una. Y el problema es la enorme disparidad en el gasto en servicios públicos entre las autonomías, que condiciona la sanidad, la educación , los servicios sociales o las ayudas a la Dependencia que recibimos según donde vivamos.

El estudio de Ivie, con datos de 2024, revela que en sanidad, hay autonomías que gastan mucho más que la media (como Murcia o Navarra) y otras mucho menos (como Andalucía, Galicia y Madrid, las tres que menos gastan). En educación, gastan por encima de la media País Vasco, Cantabria, Castilla León y Galicia y están a la cola del gasto Madrid (otra vez el “farolillo rojo”), Murcia, Cataluña y Baleares. Y en protección social, también gastan por encima del resto Navarra y País Vasco, siendo Galicia la que menos gasta (Madrid vuelve a gastar por debajo de la media). Globalmente, las autonomías que más gastan en servicios públicos fundamentales son País Vasco, Navarra, Canarias y Extremadura, mientras están a la cola de este gasto Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias (ver cuadro).

Otro estudio, de los Directores de Servicios Sociales, pone cifras más concretas a esta desigualdad autonómica en el gasto social. En 2024, el gasto autonómico en políticas sociales fue de 3.277 euros/habitante, con grandes diferencias entre las que más gastaron (Navarra 4.500 euros, País Vasco 4.343 y Extremadura 4.124 euros/habitante) y las que menos (Madrid 2.702 euros, Cataluña 2.940, Andalucía 3.158 y Murcia 3.259 euros/habitante). Si se desglosa, el gasto medio en sanidad fue de 1.717 euros/habitante, con grandes diferencias entre los que más gastaron (2.318 euros Asturias, 2.222 País Vasco. 2.170 Navarra, 2.164 euros/habitante Extremadura) y los que menos (1.415 euros Madrid, 1.457 Cataluña, 1.602 euros Murcia, 1.623 Comunidad Valenciana y 1.639 euros Andalucía). En educación, superan el gasto medio de España (1.126 euros/habitante) País Vasco (1.608 euros), Navarra (1.492), Extremadura (1.300) y Murcia (1.264 euros/habitante), mientras encabezan la cola del menor gasto Madrid (910 euros), Asturias (1.034), Cataluña (1.042) y Galicia (1.055 euros/habitante). Y en servicios sociales, el gasto medio en 2024 fue de 433 euros/habitante, superado por Navarra (837 euros), Extremadura (659), Asturias (608), la Rioja (560) y País Vasco (512 euros/habitante), mientras a la cola del gasto están Baleares (273 euros), Canarias (327), Andalucía (368 euros) y Madrid (377 euros/habitante).

Estas tremendas diferencias autonómicas se dan también en el gasto en Dependencia, una prestación clave pero con problemas por falta de recursos: a finales de 2025, había 258.167 dependientes en listas de espera (esperando una prestación reconocida o ser valorados), lo que provocó que 32.704 mayores murieran esperando una ayuda en 2025. Y los que sí reciben alguna prestación (1.635.000 en diciembre 2025), la mayoría perciben “ayudas low cost” (una ayuda a la familia de 180 a 455 euros al mes, teleasistencia o pocas horas de ayuda a domicilio). Las autonomías aportan el 73% del gasto en Dependencia y muchas tratan de recortar este gasto, retrasando o revisando ayudas. Y su gasto es también muy desigual, según el informe de los Directores de Servicios Sociales: si la media es 8.592 euros por beneficiario atendido, en el País Vasco gastan 13.554, 12.670 en Navarra y 11.395 euros en Extremadura, mientras a la cola de gasto están Andalucía (7.173 euros), Aragón (7.125) y Murcia (7.455), ocupando Madrid el 8º lugar por la cola (8.894 euros/beneficiario).

 
Cara a este 2026, no parece que las autonomías vayan a hacer un esfuerzo especial por gastar más en servicios públicos, a pesar de su deterioro. Un ejemplo es el gasto en sanidad, según los Presupuestos aprobados o prorrogados: el gasto por habitante será de 2.013 euros, sólo un +3,5% que en 2025. Y el País Vasco, Extremadura o Navarra gastarán entre 2.373 y 2.288 euros por habitante, un 50% más que el gasto sanitario de Madrid (1.537 euros/habitante), el tercero más bajo, tras Murcia (1.511 euros) y Cataluña (1.516 euros/habitante).

Así que la financiación de los servicios públicos depende básicamente de las autonomías, que gastan más o menos según quien gestione y sus políticas, no según sus ingresos: hemos visto como Madrid y Cataluña están a la cola de gasto, aunque sean más ricas. Lo que ha pasado estos últimos años es que muchas autonomías (sobre todo las gestionadas por el PP) han reducido el peso del gasto social, como reveló un estudio de los Directores de Servicios Sociales: en 2024, las autonomías gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019, gastando más en infraestructuras, personal y deuda, además de favorecer en muchos casos la sanidad y la educación privadas.

Muchas autonomías se quejan de falta de recursos para justificar que no destinen más medios a sanidad, educación, Dependencia o gastos sociales. Pero es una “cortina de humo”, porque hay autonomías con pocos recursos (como Extremadura o Castilla y León) que gastan relativamente más en servicios públicos que otras ricas. Y además, en los últimos años, la recaudación fiscal de Hacienda  ha batido récords año tras año, siendo también récords las transferencias del Estado a las autonomías (por el 50% del IRPF o del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Así, en 2025, Hacienda transfirió a las autonomías 158.167 millones, una cifra récord como en 2023 y 2024. Y en 2026 recibirán 170.300 millones, +7,7% que en 2025. Incluso cuando el Estado aumentó su aportación para Dependencia, hubo autonomías que “hicieron caja”, recortando su Presupuesto. Y cuando el Estado creó el ingreso mínimo vital, algunas autonomías aprovecharon para recortar sus rentas mínimas…

En cualquier caso, lo que está claro es que España gasta menos en servicios públicos esenciales que Europa, a pesar de que cada vez tenemos más habitantes (en 2030 seremos 2 millones más que ahora) y más envejecidos (más gasto en sanidad y Dependencia). La causa de esta situación está en que España también recauda menos que Europa, según destaca el estudio de Ivie: en 2024, los ingresos públicos en España eran el 42,3% del PIB, frente al 46% de media UE-27, el 51% de Francia, el 46,8% de Alemania y el 47,1% de Italia. A lo claro: que recaudamos 59.000 millones menos cada año que la media de los europeos. Por eso gastamos menos en los servicios públicos que tanta falta nos hacen.

¿Solución? Recaudar más, para lo que urge poner en marcha una reforma fiscal, como la que propusieron el Comité de Sabios en 2022: armonizar los impuestos autonómicos (evitar la pelea por ver quien baja más los impuestos), reformar el IVA y quitar la mayoría de los tipos reducidos, revisar las deducciones en el IRPF y en sociedades (muy abultadas), aumentar la fiscalidad ambiental (carburantes) y al alcohol y tabaco, además de una mayor lucha contra el fraude y la “elusión” fiscal de los más ricos y grandes empresas.

Y además de recaudar más, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, para que las transferencias que reciben las autonomías aumenten y se distribuyan con nuevos criterios (porcentaje de mayores y población joven, dispersión geográfica y renta) no sólo el de población. El actual sistema de financiación es de 2009 y lleva pendiente de reforma desde 2014, cuando prometió hacerlo Rajoy. Es una reforma clave, porque el sistema actual provoca que 6 autonomías reciban menos recursos por habitante que la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón y Madrid (muy poco menos), beneficiándose las 9 restantes (el País Vasco y Navarra tienen un régimen foral que les beneficia sobre el resto, un privilegio histórico difícil de corregir). Pero además de esta reforma, urge frenar las bajadas de impuestos en cadena que llevan años promoviendo las autonomías gobernadas por el PP, porque son injustas (benefician más a quien más tiene) y porque reducen ingresos que impiden gastar más en sanidad, educación, servicios sociales o Dependencia (caso muy evidente de Madrid).

A principios de año, el 9 de enero, el Gobierno ha hecho una propuesta para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, forzado por sus acuerdos con ERC y Junts. Pero el nuevo sistema aumenta el porcentaje del IRPF (al 55%) y el IVA (al 56,5%) que se transfiere a las autonomías, junto a una mayor aportación del Estado, con lo que las autonomías recibirían 20.975 millones extras en 2027. Una ganancia para todas, sobre todo para Andalucía (+4.846 millones), Cataluña (+4.686 millones), Comunidad Valenciana  (+3.669), Madrid (2.555) y Castilla la Mancha (+1.248 millones). Pero la propuesta ha sido rechazada por todas las autonomías, salvo Cataluña, más por causas políticas que económicas o fiscales.

 Y así, con esta imposibilidad política de llegar a acuerdos para pactar una reforma fiscal y una reforma de la financiación autonómica, los ciudadanos seguiremos sufriendo las consecuencias de una financiación escasa y mal repartida de nuestros servicios públicos esenciales. Y cada vez tendremos más problemas en la sanidad, la educación, la Dependencia o los servicios sociales, porque el deterioro se acumula y somos más habitantes. Lo grave es que la incapacidad de los políticos para buscar acuerdos perjudica nuestra vida diaria.

Castigo político a autonomías y Ayuntamientos

El enfrentamiento político constante provoca que no se resuelvan los grandes problemas que preocupan a los españoles, desde la sanidad y la educación a la vivienda, la Dependencia, el agua o las ayudas a la familia. Un ejemplo reciente: el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto para 2024, paso previo a los Presupuestos (ahora prorrogados). Y así, ha privado a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría gestionados por el PP) de gastar 4.380 millones extras este año, que no podrán destinarse a servicios públicos. Ese dinero está perdido, aunque el Gobierno ha asegurado, con una enmienda a otra Ley, que autonomías y Ayuntamientos reciban este año más dinero que nunca, a cuenta de la recaudación prevista. Pero la mayoría de autonomías y Ayuntamientos (gestionadas por PP y Vox) han aprovechado para bajar impuestos (más a los más ricos), con lo que recaudarán menos y no podrán gastar más en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales y servicios públicos, faltos de medios y recursos. La política manda.  

                    Enrique Ortega

El primer trámite para que cualquier Gobierno elabore unos Presupuestos es aprobar “el techo de gasto”, un tope al gasto que se puede presupuestar para rebajar el déficit y la deuda. Es una exigencia impuesta por Bruselas en 2011, que obligó a reformar la Constitución española (artículo 135, en septiembre de 2011) y aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria (abril de 2012), que exige aprobar ese techo de gasto previo a cualquier Presupuesto (el primero, para el Presupuesto 2013). Esta vez, el Gobierno Sánchez aprobó el 12 de diciembre pasado ese techo de gasto para los Presupuestos de 2024 y lo envió al Congreso, que lo aprobó el 10 de enero. Luego tuvo que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazó, como ataque político al Gobierno y su amnistía.  El Gobierno volvió a aprobar (13 de febrero) ese mismo techo de gasto y lo envió, por 2ª vez, al Congreso (que lo volvió a aprobar el 29 de febrero)  y al Senado, que volvió a rechazarlo (6 marzo), alegando está vez la corrupción y el caso Koldo.

El Gobierno reaccionó a este doble veto manteniendo el anterior techo de gasto para 2024, que había enviado a Bruselas en abril y que aprobó la Comisión Europea. Pero ojo, este anterior techo de gasto, que podía aplicar este año, tiene una diferencia esencial: permite menos gastos a autonomías y Ayuntamientos. En el techo de gasto vetado por el PP en el Senado, se permitía a las autonomías tener un déficit del -0,1% de su PIB, mientras que en el anterior techo (el vigente ahora) no pueden tener déficit. Y se permitía a los Ayuntamientos tener un superávit del +0,2% de su PIB, mientras el anterior (el vigente ahora, tras el veto del Senado) les prohíbe tener superávit. Consecuencia: las autonomías podrán gastar 1.456 millones menos en 2024 y los Ayuntamientos otros 2.924 millones menos.

Así que el veto político del PP (y Vox) al nuevo techo de gasto (que permitía más gasto a Ayuntamientos y autonomías a cambio de menos gasto del Estado) suponía que autonomías y Ayuntamientos podrían gastar 4.380 millones menos. Un veto político que era “un tiró en el pie”, porque perjudicaba a instituciones gobernadas mayoritariamente por PP y Vox (11 autonomías y el 40% de Ayuntamientos).  De hecho, la Comunidad de Madrid va a poder gastar 284,2 millones menos este año, Andalucía -195,7 millones, la Comunidad Valenciana -137,3 millones, Galicia -75,8 millones, Castilla y León -69,7 millones y Canarias -53,2 millones, por ejemplo, mientras Cataluña pierde -277,1 millones, País Vasco otros -86,2 millones, Castilla la Mancha -50,7 millones, Aragón -45,4 millones, Murcia -38,9 millones, Baleares -38,5 millones, Asturias -28 millones, Navarra -24,5 millones, Extremadura -24 millones y Cantabria -17,6 millones, según cálculos de Hacienda, que recuerda que con ese mayor gasto autonómico (los 1.456 millones perdidos con el veto del Senado) se podrían crear 50.000 plazas de profesores o 28.000 de médicos.

El mayor recorte por el veto al nuevo techo de gasto lo sufrirán los Ayuntamientos, que no podrán gastar 2.924 millones más este 2024, unos recursos que les permitirían promover viviendas públicas, mejorar el transporte público o los servicios municipales, afrontar los problemas de agua o mejorar las ayudas a mayores y personas vulnerables. El Ayuntamiento que más pierde es el de Madrid (-202 millones), seguido de lejos por Barcelona (-101 millones), Sevilla (-42), Málaga (-36), Las Palmas (-23), Vigo (-18), A Coruña (-15), Fuenlabrada (-15), Alcorcón (-10) o Pontevedra (-5 millones), según datos del PSOE, que propondrá mociones en Ayuntamientos y autonomías para denunciar el perjuicio del veto del PP (y VOX) a sus propias instituciones. Y ,tanto Ayuntamientos como autonomías, tendrán que rehacer sus Presupuestos 2024, para incluir estos menores ingresos.

Una semana después del veto en el Senado al techo de gasto, el Gobierno catalán se descolgó con un adelanto electoral, al no poder aprobar sus Presupuestos para 2024, por el veto de los comunes. Y unas horas después, el Gobierno Sánchez comunicaba que renuncia a presentar unos Presupuestos para 2024, como tenía previsto (en abril) , porque necesitaba pactar con los nacionalistas catalanes (y vascos), que estarían enfrascados en sus elecciones (21 de abril en Euskadi y 12 de mayo en Cataluña) y eso enturbiaría sus exigencias. Además de que sólo servirían para 6 meses (sería imposible aprobarlos antes de junio). Su decisión es mantener la prórroga de los Presupuestos 2023 para todo 2024, una prórroga que ya aprobó el Gobierno el 27 de diciembre de 2023. Y ponerse a trabajar para presentar en septiembre los Presupuestos de 2025.

Esta será la 9ª prórroga de Presupuestos de la democracia. La prórroga más duradera fue la de los últimos Presupuestos de Montoro, los de 2018, que sirvieron para 2018, 2019 y 2020, siendo los de 2021 los primeros aprobados por el Gobierno Sánchez. La prórroga de Presupuestos afecta negativamente a la economía, aunque se salvaguardan temas claves, como la subida de las pensiones (se cumplirá la Ley de subirlos con el IPC) y los funcionarios (subida pactada), así como las rebajas de impuestos a la electricidad y los alimentos (aprobadas ya). Tampoco afecta la prórroga de Presupuestos a las inversiones ligadas a los Fondos europeos, que seguirán su curso. Eso sí, no se podrán retocar impuestos ni realizar nuevos gastos, lo que impedirá aplicar reformas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, algunas mejoras a la dependencia, ayudas al campo y medidas ligadas a la nueva Ley de Familia y la de derechos de los consumidores. En definitiva, no poder aprobar un nuevo Presupuesto no ayuda a resolver problemas, paralizando algunos gastos e inversiones.

Cara a autonomías y Ayuntamientos, el Gobierno Sánchez ha encontrado “un truco” para que reciban en 2024 las “entregas a cuenta” de la recaudación prevista: las ha incluido a última hora como enmienda socialista al proyecto de Ley de ayudas anticrisis. Así, asegura que las autonomías recibirán este año 134.658 millones, un +8,3% que en 2023,  a cuenta de la recaudación prevista (les toca un 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRPF e IVA y un 58% de los impuestos especiales). Falta saber si les podrá abonar también (con un Presupuesto prorrogado) los otros 20.746 millones que les corresponden como liquidación definitiva de 2022 (se liquida 2 años después). En el caso de los Ayuntamientos, la misma enmienda les asegura este año 23.773 millones de euros, un +5,1% que en 2023, como entrega a cuenta de la recaudación prevista (municipios reciben el 2,13% de los ingresos por IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos especiales). Y queda por saber si podrán recibirán alguna cantidad adicional (como otros años)  por la liquidación final de 2022.

En cualquier caso, Hacienda reitera que autonomías y Ayuntamientos recibirán en 2024 las mayores transferencias del Estado de la historia, como ya pasó en 2023, gracias a que Hacienda consiguió una recaudación récord, por el crecimiento del PIB y del empleo, aumento de recaudación que será menor en 2024, aunque Hacienda estimaba (antes de prorrogar el Presupuesto) que iban a recibir 20.000 millones más que en 2023. Y destacan que las autonomías han recibido 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2013) que los recibidos en los 5 años de Gobiernos de Rajoy (2013-2017), según datos aportados por Hacienda como defensa ante las acusaciones de falta de recursos.

¿Qué han hecho las autonomías (y los Ayuntamientos) con estos mayores recursos recibidos del Estado central?  La mayoría los han destinado a mayores gastos e inversiones, aunque hay autonomías que también han aprovechado para gastar menos en algunas cosas. Dos ejemplos escandalosos. Uno, el gasto en Dependencia. En 2021, 11 autonomías aprovecharon que el Gobierno aprobaba un Plan de choque y aumentaba el gasto estatal en dependencia para gastar ellos menos (“ahorraron” 188,7 millones), según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y en 2022, volvieron a hacerlo: 9 autonomías gastaron 203 millones menos en Dependencia, mientras había 180.000 dependientes “en lista de espera”. El otro ejemplo, las rentas mínimas: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central ponía en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir el gasto (-241 millones, entre 2020 y 2022) y los beneficiarios (-128.448) de las rentas mínimas que financian las autonomías, según otra denuncia de los Directores de Servicios sociales.

Lo que han hecho la mayoría de las autonomías (y Ayuntamientos), sobre todo a partir de 2023, cuando ganaron las elecciones del 28-M el PP (y Vox), ha sido bajar los impuestos, aprovechar los mayores recursos recibidos para reducir los impuestos (más a los que más tienen). En 2023, ya bajaron el impuesto de la Renta (bajando la tarifa o aumentando las deducciones) la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Canarias. Y en 2024, son ya 11 las autonomías (básicamente las gobernadas por PP y Vox) que han vuelto a bajar la tarifa del IRPF (aumentando además deducciones), así como la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones (peleando por quien cobra menos por las herencias), transmisiones patrimoniales y sobre todo, aprobando cambios en el impuesto de patrimonio: 7 autonomías han legislado para recuperar lo que perdían al aprobar Hacienda el impuesto alternativo sobre grandes fortunas, según refleja este estudio del Consejo de Economistas, donde se ve “el guirigay fiscal” de las autonomías.

El problema de estas bajadas de impuestos autonómicos (y municipales), que políticamente “suenan bien”, es que reducen la recaudación de las autonomías (y Ayuntamientos), perjudicando a sus ciudadanos. Se estima que en la Comunidad de Madrid, las rebajas sólo en el IRPF van a recortar sus ingresos en 379 millones en 2024 (más otros 1.200 millones que pierde por bonificar el Impuesto de Patrimonio). En Murcia, las rebajas supondrán recaudar este año 400 millones menos y otros 366 en la Comunidad Valenciana, 240 millones menos en Canarias, 120 millones en Baleares, 90 millones menos en Cantabria, 67 en Extremadura, 51 en Aragón y 50 millones menos en Galicia…

En definitiva, las mismas autonomías (y partidos) que se quejan de que están “infra financiadas”, aprueban por ideología política unas rebajas fiscales (que favorecen más a los contribuyentes con más recursos) que les suponen recaudar menos y por tanto poder gastar menos en servicios públicos y sociales, que necesitan más los que menos tienen. Basta analizar las autonomías que menos gastan en educación, Sanidad, Dependencia o rentas mínimas para ver que son las que más bajan impuestos. Veámoslo.

En sanidad,  6 autonomías gastaron por debajo de la media (1.809 euros por habitante) en 2023: Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651 euros/habitante). En educación, gastaron por debajo de la media (en 2022) Madrid (816 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937). En Dependencia, los que menos gastan por habitante potencialmente dependiente (2023) son Asturias (744 euros), Galicia (812), Canarias (858), Navarra (971), Aragón (986), Murcia (1.020), Baleares (1.238), Cantabria (1.239) y Comunidad Valenciana (1.292), todas por debajo de la media (1.305 euros), mientras Madrid recortó este gasto un -57%. Y en rentas mínimas, hay gran distancia entre los 526,4 millones que gastó Cataluña (2022), los 379,6 millones del País Vasco, 97,11 de Canarias o 77,22 de Andalucía y los 25,18 millones que gastó Madrid, 23,2 de Extremadura, 7,7 de Murcia, 7,3 de Aragón y los 3,4 millones gastados por Castilla la Mancha.

Y no podemos olvidar las desigualdades en el gasto de los Ayuntamientos, que sostienen unos Presupuestos de 50.000 millones al año, destinados al pago de personal y a atender servicios básicos para sus vecinos (transportes, basuras, abastecimiento agua, policía, seguridad e inversiones en infraestructuras y servicios). Aquí, el gasto es muy desigual, porque lo son sus ingresos, relacionados con su población y economía: dos tercios de su recaudación procede de la vivienda (del IBI) y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias que reciben del Estado y de su autonomía. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (2023) son Barcelona (2.243 euros), Marbella (2.227), San Sebastián (2.095), Bilbao (1.915), Lleida (1.630), Madrid (1.622), Cádiz (1.451), Tarragona (1.383), Zaragoza (1.325), Valencia (1.320), Huelva (1.314), Toledo (1.290), Logroño (1.281) y Málaga (1.258 euros por habitante). El gran problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños (8.000), con bajos ingresos y unos gastos mínimos que han de afrontar.

En resumen, estamos ante un problema muy serio: la mayoría de los servicios públicos que nos importan dependen de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las autonomías (gestionan el 92% del gasto sanitario, el 85% del educativo y el 73% de la Dependencia). Y aunque reciben muchos más recursos del Estado, racanean con los gastos sociales y rebajan impuestos, recortando así su recaudación. Este año 2024, sin el gasto extra del techo de gasto vetado y sin Presupuestos, tendrán que ajustar sus Presupuestos y hacernos recortes. Pero lo tienen peor para 2025, porque recibirán menos transferencias del Estado (recaudará menos y tendrá que bajar más el déficit público) y ellos también recaudarán menos. Así que convendría alcanzar acuerdos (tras las elecciones europeas de junio) sobre financiación e impuestos (estatales, autonómicos y municipales), para costear un Estado del Bienestar que necesita más medios y recursos. Con tanta pelea política, no avanzamos en resolver los problemas que preocupan a la mayoría.

Los retos económicos del Gobierno Sánchez

El nuevo Gobierno Sánchez empieza a trabajar y su gran reto no será la amnistía sino afrontar una economía española que crece menos y una economía europea estancada, con 10 paises decreciendo. Su estrategia “socialdemócrata” busca crecer y repartir la riqueza, con ayudas a familias, empresas y modernización de la economía, para que sea más verde y digital. Problema: con poco crecimiento (1,7% en 2024), será difícil recaudar y gastar más, porque Bruselas exige reducir el déficit público, lo que obliga a ajustar gastos (-15.000 millones), máxime con una derecha europea radicalizada ante las elecciones UE (junio 2024). El Gobierno tendrá difícil cuadrar los Presupuestos 2024 y reforzar a la vez el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, vivienda) sin tocar impuestos (exigiría una reforma fiscal). La clave será contener la inflación y mantener el consumo familiar (subiendo salarios por mejoras de productividad). Y gastar bien los Fondos europeos. Que la economía y el empleo se mantengan, para poder gastar en lo mucho que hace falta. Suerte. 

                 Enrique Ortega

La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%)  de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).

Esta debilidad en el crecimiento de España y Europa complicará la política económica del Gobierno Sánchez, cuya estrategia “socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”: su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones, dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las pensiones.

El primer reto del nuevo Gobierno va a ser la aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año, como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi 200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8% previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer gasto obligado son los intereses de la deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí, analizar qué margen queda para el resto del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un dilema: si se mantienen las ayudas contra la inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.

Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una Ley previa. Así que se mantendrán los impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos  (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623 millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en 2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más, porque hubo un récord de recaudación (255.000 millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la recaudación crece menos (+5,1% hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad de empleos nuevos).

Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles: el déficit público (gastos-ingresos) no puede superar el 3% del PIB, porque Bruselas ha advertido que en 2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por  la pandemia  y Ucrania: un déficit público máximo del 3% (España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España cerrará con el 106,5%). Así que España tendrá que recortar el déficit del 4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el déficit al 3% del PIB, pero la Comisión Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%. Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros paises grandes tampoco van a cumplir  (estiman que el déficit de Francia e Italia será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).

En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo, será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2% en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían, porque se recaudaría menos (y habría que gastar más en ayudas).

Este es el gran reto económico del Gobierno para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir. Y a partir de ahí, ver si puede afrontar el otro gran reto: consolidar el Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden  privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios públicos. En Sanidad, el gran reto es recortar las listas de espera, que han batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de 60 días el 51,6%). Y además, mejorar la atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que exige triplicar el número de psicólogos. En Educación, las prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear 300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos. Y en Dependencia, forzar a las autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas. Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza ya a 2 millones de beneficiarios), pero sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas (como hacen Madrid y otras).

Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de Europa: el 42,8% del PIB frente al 45,7% de media UE-27, el 46% en Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según la Comisión Europea. A lo claro: España recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos, sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro Blanco de propuestas de expertos, entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa necesaria reforma fiscal.

Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la reforma del sistema de financiación autonómica, fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios públicos. El sistema actual, según un estudio de FEDEA, beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Y perjudica a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a 3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer más justo el sistema de financiación.

En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría autonómica del PP, habrá que negociar la quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá quita para todos”: el Estado asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían financiarse. La autonomía más beneficiadas por esta “quita” de deuda sería Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5% de la deuda), seguidas de Madrid (no tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir su deuda privada), Comunidad Valenciana (-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su deuda), Canarias (quita de 4.385 millones, el triple de su deuda), Castilla la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.

Otros temas que protagonizarán esta Legislatura serán los retos laborales. El primero, un “escaparate” para la vicepresidenta Yolanda Díaz, será la subida del salario mínimo vital, que está en 1.080 euros (tras subir +47% desde 2018). La patronal quiere que suba sólo un 3% en 2024 (+32 euros mes) y otro 3% en 2025 (+33 euros), pero los sindicatos piden subirlo a 1.200 euros ya (+11%). El Gobierno tomará una decisión salomónica y podría subirlo en diciembre un 3,8% (la  inflación media anual prevista para noviembre), 41 euros (a 1.121 euros).

Pero hay más temas laborales pendientes. Uno clave es la reforma del despido, porque PSOE y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro tema pactado con Bruselas es la reforma del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras Francia), para incentivar a los parados a reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y den paso a los jóvenes. Y urge aprobar  Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda Díaz quiere aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.

Y quedan otros retos importantes, aunque menos mediáticos. Como afrontar el grave problema de la vivienda, con precios disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y una baja promoción privada). La preocupante situación de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que, junto a los alquileres imposibles les obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años, frente al 49% en Europa). Y una mayor atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no podemos olvidar el otro gran reto de este siglo, la lucha contra la emergencia climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las energías renovables (poniendo orden a la actual burbuja) y en la reforma del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un nuevo Ministerio) es la digitalización de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias (baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…) donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y el empleo del futuro.

Por retos y tareas no será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de los españoles y en una cooperación de la inversión pública y privada, para aprovechar el tirón de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad, empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace años: avanzar o retroceder. En España y en Europa.