Zonas bajas emisiones: 100 Aytos rebeldes

Acaba la Semana Santa y volvemos a la rutina, los atascos y la contaminación de nuestras ciudades, que provoca enfermedades y 22.000 muertes al año en España. La principal culpa es del tráfico, razón por la que se aprobó en 2021 una Ley de Cambio Climático que obligaba  a los Ayuntamientos de las grandes ciudades (+ 50.000 habitantes) a establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a los coches más contaminantes. Debían implantarlas el 1 de enero de 2023, pero más de 3 años después, los consistorios de 100 grandes ciudades no las han implantado (10 se niegan a hacerlo). Y la mayoría de las 53 ciudades que sí lo han hecho aplican las restricciones en zonas pequeñas y no multan. Además, Madrid acaba de aprobar que los coches sin etiqueta puedan seguir circulando. Esta actitud se explica porque el PP y Vox defienden posiciones negacionistas del Cambio Climático, mientras los límites de contaminación se superan en zonas donde viven 8,4 millones de españoles. Tremendo.

                           Enrique Ortega

La contaminación del aire en las grandes ciudades es un grave problema en toda Europa. La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó en 2021 que 327.000 europeos mueren prematuramente en la UE por la contaminación del aire. Y en España, un informe de Countdown refleja que 22.000 muertes anuales pueden atribuirse a la contaminación, mientras otras fuentes suben a 30.000 muertes. Esta alta mortalidad se debe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares, ictus, asma y cáncer de pulmón, además de diabetes, obesidad y problemas de salud mental, junto a más partos prematuros, déficits al nacer y daños cerebrales a los niños. Y recuerdan que los grupos más vulnerables a la alta contaminación son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos crónicos. Además de los daños a la salud, el Banco Mundial estima que la contaminación tiene unos costes sanitarios y laborales en España de 44.000 millones de euros.

En España, el aumento del número de vehículos (31,3 millones en 2024, 2 millones más que en 2019) sigue aumentando la contaminación en las grandes ciudades, sobre todo porque casi un tercio del parque de vehículos tienen más de 20 años de vida. Eso provoca que casi 8,4 millones de españoles (1 de cada 6 habitantes) viven en ciudades donde se superan los límites vigentes (Directiva UE 2024/2881 y Decreto 102/2011) de partículas (PM 2,2 y PM 10),ozono y NO2, afectando a una superficie de 83.000 km2 (el 16,5% del territorio), según el último estudio sobre contaminación de Ecologistas en Acción. Pero si tomamos los nuevos límites de contaminación aprobados por la Comisión y el Parlamento Europeo para 2030 (más estrictos, la mitad que los actuales), resulta que 30,95 millones de españoles (2 de cada 3 habitantes) respiran un aire contaminado, en 22 grandes ciudades. Y si somos más estrictos y aplicamos los límites de la OMS aprobados en septiembre de 2021 (la cuarta parte de los vigentes), toda España respira un aire que excede estos límites OMS.

Ante este panorama de contaminación, el Gobierno Sánchez aprobó en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, que no fue aprobada por el Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta para reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta contaminación) estaban obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a esas zonas (generalmente el centro de las ciudades) de los vehículos más contaminantes (sin etiqueta). Y les daba una fecha para que esas zonas restringidas al tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de 2023 (casi 2 años después).

El problema es que la gran mayoría de consistorios (gobernados por PP y Vox) han “remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de 2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se han sumado 8 ciudades más, con lo que son 57 las ciudades grandes (53 de más de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000 habitantes) que tienen implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así que de las 153 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a instalar zonas de acceso restringido, 100 ciudades no las aplican más de 3 años después del plazo fijado: 90 están en proceso de instalarlas ("no tienen prisa") y otras 10 ciudades no han iniciado siquiera el proceso, se han declarado “en rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).

Entre las 90 grandes ciudades que tramitan la instalación de una Zona de Bajas Emisiones (3 años y tres meses después del plazo legal: ver listado) hay 3 grandes capitales (Valencia, Murcia y Las Palmas), 7 ciudades grandes-medianas (Vigo, Gijón, Vitoria, Oviedo, Jerez, Móstoles y Santa Cruz de Tenerife), otras 25 ciudades de 100.000 a 200.000 habitantes (Alcalá de Henares, Leganés, Burgos, Albacete, Castellón, Santander, Alcorcón, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Logroño, Huelva, Dos Hermanas, Tarragona, Parla, Mataró, Algeciras, León, Santa Coloma, Cádiz, Jaén, Reus, Ourense, Roquetas, Girona y Barakaldo), más otras 55 ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes (capitales como Lugo, Cáceres, Melilla, Toledo, Ceuta, Ciudad Real, Zamora, Huesca o Ibiza y grandes ciudades como Santiago, Lorca,  San Fernando, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, Vélez Málaga, Torrevieja, Talavera, Coslada, Manresa, Gandía, Avilés, Majadahonda, Paterna, Sagunto, Collado Villalba, Irún, Mérida, Granollers, Pinto o Elda).

Pero además, en las 53 grandes ciudades donde sí funcionan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en muchas se dan dos problemas que denuncian expertos y ecologistas. Una, que la zona a la que se aplica la restricción de entrada de vehículos es muy pequeña, con lo que tiene poco impacto real en la reducción de la contaminación (son ZBE “de cara a la galería”). La otra, que muchos de los Ayuntamientos que aplican estas restricciones no multan a los infractores: primero les dieron un plazo de gracia de un año (avisos sin multa) y después muchos Ayuntamientos los han prorrogado y no sancionan realmente, otro factor que resta efectividad a estas 53 ZBE (57 con los 4 municipios pequeños) que si funcionan.

¿Qué ha hecho el Gobierno Sánchez para que los Ayuntamientos cumplan la Ley? La verdad es que poco, dado el constante enfrentamiento político con los consistorios gobernados por el PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de CC, pero que ahora está en una posición más negacionista del Cambio Climático, por presión de Vox). En 2025, tras los 2 primeros años de retraso, el ministro de Transportes (Oscar Puente) amenazó a los Ayuntamientos incumplidores a no transferirles los Fondos europeos destinados a subvencionar el transporte público y fijó una fecha: el 2º trimestre de 2025. Pero al día de hoy, no se conoce ningún caso de un Ayuntamiento que no haya recibido estas ayudas. La otra medida anunciada (sin fecha) es la aprobación de un Decreto-Ley (de los Ministerios de Transición Ecológica y Transportes) para obligar a los Ayuntamientos a multar realmente a los conductores con vehículos contaminantes que entran en las ZBE.

Mientras, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo han pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción han llevado a los Tribunales a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander y Alicante) mientras preparan otros recursos (contra Valencia y Arganda) por “inacción, fraude o falta de ambición” en la creación de Zonas de Bajas Emisiones.

Otra medida muy criticada por expertos y ecologistas ha sido la reciente decisión (25 marzo 2026) del Ayuntamiento de Madrid de prorrogar indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y poder aparcar en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su titular esté empadronado en la capital. Estos vehículos sin etiqueta (11.309, el 1,08% de los que circulan) ya tuvieron dos prórrogas antes: una para poder circular hasta finales de 2025 y otra hasta finales de 2026, lo que provocó que muchos propietarios los vendieran. Y ahora se quejan del cambio normativo del Ayuntamiento, provocado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (17 de septiembre 2024) que anuló la prohibición de circular aprobada por el consistorio y recurrida por Vox en noviembre de 2021. Así que ahora, “bula” para los coches sin etiqueta en Madrid.

En definitiva, tenemos un grave problema de contaminación del aire en gran parte de España (recordemos: 2 de cada 3 españoles respiran un aire que supera los límites aprobados por Europa para 2030, una Directiva que el Gobierno debe transponer) y sin embargo, dos de cada tres grandes ciudades incumplen la Ley y no han implantado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y las que sí lo han hecho, ha sido en zonas pequeñas o no multan a los que entran con coches muy contaminantes. Esto es especialmente preocupante porque casi el 60% de los coches que circulan en España no tienen etiqueta (el 29,4%) o tienen etiqueta B (otro 29,7%), mientras el 36,4% tienen etiqueta C y sólo un 5,8% tienen etiqueta ECO y un 1,6% tienen etiqueta 0, según ANFAC. Y el 92,7% de los vehículos que circulan por nuestras ciudades y carreteras son diesel (58,9%) o gasolina (33,8%), los motores de combustión que más contaminan (y sobre todo los viejos: 1/3 vehículos tienen más de 20 años).

Nos quejamos de las inundaciones, olas de calor o los incendios forestales, pero no se toman medidas eficaces para paliar los efectos de la emergencia climática, sobre todo los relacionados con el tráfico en las ciudades. Y a pesar de los informes de los científicos, que aseguran que el origen del problema está en los combustibles fósiles y en el tráfico, crecen los políticos negacionistas, en Europa y en España, muchos en los grandes Ayuntamientos, que no están dispuestos a tomar medidas contra el tráfico y la contaminación, retrasando y boicoteando las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Y no se espera la incorporación este 2026 de muchas de las 100 ciudades pendientes, sobre todo porque en mayo de 2027 hay elecciones municipales y tanto PP como Vox irán con la bandera “negacionista”.

Nuestra esperanza sigue siendo Europa, aunque en Bruselas crece el peso de los políticos negacionistas: a la extrema derecha se ha sumado la mayoría del PP europeo, en una alianza que ha conseguido un triunfo en diciembre de 2025: retrasar la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y gasóleo) a después de 2035, retraso que todavía ha de aprobar el Parlamento europeo. Pero, de momento, sigue vigente la nueva Directiva de emisiones (Directiva UE 2024/2881), aprobada en octubre de 2024, que reduce a la mitad los límites actuales de emisiones en los paises miembros para 2030. España tiene que transponer ahora esta Directiva y tomar medidas para cumplir estos límites de contaminación más estrictos (se reducen a la mitad las emisiones permitidas de partículas, ozono y N02) en 2030. Eso puede reforzar al Gobierno frente a los Ayuntamientos “rebeldes”, aunque todo va a depender de la duración de la Legislatura y de las municipales y generales de 2027.

En cualquier caso, reducir la contaminación de nuestras ciudades (que enferma, mata y cuesta mucho dinero) no debería ser objeto de “pelea política”, ya que nos afecta negativamente a todos y deberían pactarse medidas eficaces. Pero la realidad es que la lucha contra las medidas ambientales es una de las banderas de la extrema derecha y de la derecha (de momento en autonomías y Ayuntamientos, pero lo será en toda España si llegan a la Moncloa), a costa de agravar la emergencia climática y de nuestra salud. Deberíamos apostar por ciudades más limpias y con menos coches, aunque nos cueste cambiar de hábitos. Y votar en consecuencia cuando nos toque.

Ola de calor y Bruselas rebaja política climática

La primera ola de calor de este verano ha dejado un mapa de muertes y problemas en toda Europa, especialmente en España. Y junio ha sido el mes más cálido de la historia. No es casualidad: la ONU reitera que la culpa es del Cambio Climático, que el Planeta se está volviendo “más caliente y más peligroso”. Pero el miércoles, con Bruselas a 37 grados, la Comisión Europea “suavizó” su política climática, aprobando “un truco contable”: permite a paises y empresas emitir más CO2 del previsto si a cambio pagan a otros paises (pobres) que reduzcan sus emisiones. “Externalizan” la gestión de las emisiones como algunos proponen hacer con los inmigrantes… Y eso pasa cuando los autócratas de medio mundo, de Trump a Milei, niegan el cambio climático y el PP y Vox hacen políticas negacionistas en Murcia, Valencia, Extremadura o Aragón, además de en sus Ayuntamientos. No nos quejemos del calor extremo: exijamos a los políticos que aceleren las medidas contra la emergencia climática. Ya.  

                    Vendrán más olas de calor, antes y más graves y duraderas

Por si alguien tenía dudas del “Cambio Climático”, nos ha caído encima la primera ola de calor del verano, que por primera vez empezó en junio: el domingo 29 fue el día más caluroso en España desde que hay registros (1950) y más de 100 localidades superaron la semana pasada los 40 grados (46 grados en El Granado, Huelva). Y este junio ha sido el más cálido de la historia: 23,6 grados de media, 0,8 grados más que en junio 2017 (anterior récord).  La ola de calor no se ha sufrido sólo en España, sino que ha recorrido toda Europa, desde Reino Unido a Turquía, con muertos incluso en Francia e Italia. En España, el sistema MOMO (Instituto Carlos III) estima que ha habido 390 muertos en junio por la ola de calor, más 53 en los dos primeros días de julio, la mayoría mayores de 75 años (338 en junio).

Ya son varios años en que se producen olas de calor, sobre todo en España y la Europa del sur, con un tremendo saldo de muertes, incendios forestales y daños a la agricultura y la ganadería, las infraestructuras, el turismo  y las empresas, así como a los ecosistemas terrestres y marinos. En Europa se produjeron 47.690 muertos por olas de calor en 2023, según un estudio de Nature Medicine. Y en España, los datos del sistema MOMO señalan que hubo 3.521 muertos por olas de calor en 2024. Pero sólo en la primera mitad de 2025 (hasta junio), se estima que ha habido ya 2.168 muertos por altas temperaturas.

El calor extremo ya no es una novedad en el mundo y menos en la Europa del sur, donde llevamos varios años sufriendo olas de calor, especialmente desde 2022. “El Planeta se está volviendo más caliente y más peligroso: ningún país es inmune”, declaraba la semana pasada en Sevilla (a más de 40 grados) el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y los expertos insisten: “la ola de calor no es una casualidad, es consecuencia del Cambio Climático, que la hace 5 veces más probable”, según la plataforma científica Climate Central. El “mecanismo” es bien conocido: la acumulación de gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) hacen como de “paraguas” que retiene el calor solar y aumenta las temperaturas. En España, la temperatura media de 2024 fue 1,64 grados más alta que en 1961.

Los expertos de la ONU (IPPC) calculan que cada medio grado adicional de calentamiento global de la atmósfera causa aumentos importantes en la intensidad y frecuencia de las temperaturas extremas. Y dado que el Planeta sigue calentándose año tras año, estiman que los paises sufriremos cada vez más olas de calor, que llegarán antes (normalmente se daban en julio y agosto, pero ahora han sido en junio) y que serán más graves y duraderas. Así que no nos extrañemos de lo que está pasando: “el calor extremo ya no es un fenómeno raro, se ha convertido en la nueva normalidad”, alertó Antonio Guterres en Sevilla, pidiendo “más ambición” a los Gobiernos en la lucha contra esta “emergencia climática.

El problema es que el clima empeora cuando en medio mundo se consolidan los líderes políticos que niegan el Cambio Climático, como Trump en USA o Milei en Argentina. Los autócratas del mundo y la extrema derecha han convertido la lucha contra las políticas “verdes” como uno de sus principales caballos de batalla cultural y política (junto a los inmigrantes, el feminismo y los impuestos). El “anti-ecologismo” es una seña de identidad de la extrema derecha y parte de la derecha internacional, con su corolario de oposición a cualquier regulación medio ambiental (“imposición ideológica verde”, dice Vox) para frenar el Cambio Climático. Y con ello, hay cada vez más paises y Gobiernos que no toman medidas decididas para reducir las emisiones que provocan y aceleran las olas de calor.

En Europa, las últimas elecciones en la UE (junio 2024) supusieron una derechización del Parlamento Europeo y la Comisión, con un mayor peso de la derecha y la extrema derecha. Por eso, el PP Europeo vetó la Ley de Restauración de la Naturaleza, que puso salir adelante en el Parlamento europeo (julio de 2023) gracias al voto de socialistas, liberales, verdes, izquierda y algunos eurodiputados 'populares' que apoyaban la norma (324 votos a favor y 312 en contra). Y además, el PPE promovió el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de Deforestación y diluyó la Ley de Biodiversidad. Con la nueva Comisión Europea y la extrema derecha negacionista ganando terreno en media Europa, ganan peso los que creen que Europa debe echar el freno a las políticas climáticas de vanguardia, porque perjudican a la competitividad de las empresas europeas.

El último ejemplo de esta “nueva ecología europea” lo dio la Comisión Europea el miércoles pasado, 2 de julio, precisamente cuando en Bruselas hacía unos inusuales 37 grados… El Gobierno europeo aprobó una enmienda a la Ley europea del Clima (en vigor desde julio de 2021) que pretende “flexibilizar” algunas medidas para reducir las emisiones europeas, manteniendo el mismo objetivo final de la Ley: que se reduzcan el 90% para 2040 (respecto a las de 1990) y emisiones netas cero para 2050.

La primera medida “de flexibilización” es que se permite a los paises, sectores y empresas que en vez de reducir las emisiones previstas, puedan reducirlas algo menos a cambio de que compren derechos de emisiones de CO2 a paises y empresas de fuera de la UE. Es decir, que un sector como el automóvil o la aviación, por ejemplo, pueden recortar menos sus emisiones de CO2 (desde 2036) siempre que a cambio compren derechos (paguen) a paises o empresas que hayan reducido emisiones, por ejemplo una empresa que tiene bosques en Brasil o una sociedad extranjera que ha invertido en renovables o en mecanismos de absorción de carbono. A lo claro: yo sigo emitiendo a cambio de pagar a otros (paises pobres y empresas del sur Global) para que emitan menos. Se trata de “externalizar” una parte de las emisiones (hasta el 3%), un mecanismo que ya intentó Italia con sus inmigrantes (en Albania) o que hace Trump con las prisiones de El Salvador.

Además de este “nuevo mecanismo” para facilitar la descarbonización de empresas y sectores europeos, la enmienda aprobada permite otro mecanismo de “flexibilización”: la reducción de emisiones se podrá compensar entre sectores y empresas, de tal manera que se evita imponer un plan “rígido” de recorte, lo que ha sido aplaudido por las empresas. Y además se incluyen nuevos mecanismos para reducir emisiones y cobrar derechos de CO2, como la reforestación y las técnicas de captura y almacenaje de CO2 (poco desarrolladas y “poco viables”, según muchos expertos, que lo consideran una vía de posibles fraudes).

Muchos expertos y ecologistas han criticado con dureza estas nuevas medidas de Bruselas, calificándolas de “trucos contables” para retrasar medidas efectivas contra las emisiones. Y creen que ante la grave emergencia climática que vivimos, “socaban la credibilidad de las políticas climáticas europeas”, según la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB). Para Greenpeace, las medidas “abren la puerta a hacer trampas para reducir las emisiones” y critican dejar en manos de terceros una responsabilidad que debe asumir Europa: “pagar a otros paises (pobres) para que reduzcan tus emisiones en tu nombre no es liderazgo, es posponer el problema”, añaden, criticando que la Comisión priorice los criterios económicos (competitividad e inversiones) sobre la urgencia medioambiental.

Ahora, estos cambios en la gestión de las emisiones han de ser ratificados por los Gobiernos europeos y por el Parlamento Europeo, algo que parece muy posible. Y el siguiente paso es que Europa apruebe su Plan Climático 2035, que debía haber presentado en febrero y que ahora se promete para septiembre. Ahí volveremos a ver si la Comisión Europea suaviza sus objetivos medioambientales, como se temen muchos expertos y ONGs. Mientras, la ONU insiste en que hay que avanzar más, que los paises “se tienen que poner las pilas” y aprobar Planes de recorte de emisiones más drásticos y eficaces. Porque con los Planes presentados hasta ahora por los 192 firmantes del Acuerdo de París, la temperatura de la Tierra aumentaría 2,6 grados para 2100, un aumento que trastocaría el clima y la economía, dado que supera con crecer el tope límite de 1,5 grados fijado como “sostenible” por los expertos.

La ONU y los científicos están muy preocupados porque la emergencia climática avanza a mayor ritmo y los paises no reducen emisiones sino que las aumentan: en 2024, las emisiones de CO2 en el mundo fueron de 37.400 millones Tm de CO”, un +0,8% que en 2023., según Carbón Monitor. China (responsable del 32% de las emisiones mundiales) aumentó sus emisiones un 0,2%, EEUU (responsable 13% emisiones totales) las bajó un 0,6%, la India (8% emisiones mundiales) las aumentó un 4,6%, la Unión Europea (7% emisiones totales) las bajó un 3,8% y el resto del mundo (38% emisiones) las subió un 1,1%. Y este año 2025, hasta abril, las emisiones mundiales han subido otro 3%, según Carbón Monitor. España aumentó sus emisiones de CO2 en 2024 (278 millones Tm, +0,9%).

Ante este panorama, con Trump en plan negacionista (“perfora, niño, perfora”) y China e India “a su aire”, el papel de Europa es aún más decisivo, aunque avancen los negacionistas. Por todo ello, la ONU organizó una “Cumbre Climática virtual” el 23 de abril, donde participaron Brasil y 17 líderes de economías desarrolladas (entre ellos Pedro Sánchez, de España), China, África y Asia, más paises e islas muy vulnerables al Cambio Climático, para impulsar Planes nacionales más ambiciosos contra el Cambio Climático. “Ya hemos negociado bastante: hay que pasar a la acción”, les dijo Antonio Guterres. El objetivo es tener en septiembre Planes climáticos hasta 2035 de los 192 paises firmantes del Acuerdo de París, para darles un impulso definitivo en la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil). Será una COP30 clave.

Mientras los dirigentes europeos y mundiales no afrontan con decisión la lucha contra la emergencia climática (una “guerra mundial” que estamos perdiendo), los ciudadanos estamos cada vez más preocupados: el 85% de los ciudadanos europeos consideran que el Cambio Climático es “un problema grave” , según el Eurobarómetro de junio. Pero luego apoyan y votan a partidos que, en muchos casos, niegan ese Cambio Climático y dicen que es “una cuestión ideológica”, como si no tuviera nada que ver con las olas de calor.

En España, esta contradicción entre lo que piensan los ciudadanos y algunos de sus partidos es especialmente relevante, porque el negacionismo de Vox se ha acabado contagiando al PP, que utiliza cada vez más las políticas ambientales como “una bandera de enganche” para captar votos. Y además, los pactos PP-Vox en algunas autonomías han llevado a varios Gobiernos a aprobar medidas que favorecen la crisis climática, así como en sus Ayuntamientos (retraso zonas de bajas emisiones y supresión carriles bici) . En Murcia, el pacto presupuestario PP-Vox (junio) incluye modificar la Ley de Protección del Mar Menor y un rechazo explícito “a las políticas medioambientales europeas”, lo mismo que ha hecho Mazón en la Comunidad Valenciana para aprobar sus Presupuestos con Vox. Y también en Extremadura se han revisado normativas de protección ambiental, como en Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Aragón, con o sin Vox. Da miedo pensar lo que harían si Feijoo y Abascal llegan a la Moncloa… 

“No podemos retroceder en la acción climática”, acaba de decir el Secretario General de la ONU. Pero no parece que esa sea la prioridad de muchos políticos mundiales, europeos y españoles. Así que no basta con quejarse de la ola de calor. Habría que salir a la calle y manifestarse a favor de políticas más decididas contra la emergencia climática, para salvar el Planeta y nuestras vidas. Y sobre todo, no votar a nadie que sea “negacionista”. El Cambio Climático está aquí y es un problema más grave que las guerras, la inmigración o el paro. Es una cuestión de supervivencia. Y si retrasamos las medidas o las “suavizamos” nos estamos engañando y poniendo en peligro. Ya lo sabemos: si no se reducen drásticamente las emisiones, habrá más olas de calor, más graves y más mortíferas. Seguro.

Elecciones europeas 2024: mucho en juego

Este domingo 9 de junio, 360 millones de europeos elegimos el gobierno de la Unión Europea para los próximos 5 años. Unas elecciones cruciales, porque en Bruselas se deciden temas claves para nuestro día a día y nuestro futuro: la lucha contra el Cambio Climático, la energía, el control de la inmigración, la seguridad europea y, sobre todo, la supervivencia económica de Europa frente a Estados Unidos y China, además de mantener a Europa como el continente más libre y socialmente avanzado del mundo. En las últimas décadas, el gobierno europeo lo ha gestionado una alianza de demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, pero ahora, la extrema derecha (Le Pen, Meloni, Vox…) pugna por ser el tercer bloque político, promoviendo una coalición con la derecha más conservadora (parte del PPE) para dar marcha atrás en muchas políticas, desde el negacionismo climático a la inmigración, nuevos ajustes o el recorte de libertades. Y defienden más poder de los paises frente a más Europa. Nos jugamos el futuro. Vota avanzar, no retroceder.

                    Enrique Ortega

Son las décimas elecciones europeas, desde las primeras de 1979. En las anteriores, en mayo de 2019, el temor político estaba centrado en los efectos del Brexit (salida del Reino Unido de la UE, tras el referéndum de junio de 2016), el riesgo de avance de la ultraderecha nacionalista en Francia, Holanda, Italia y Alemania. Ahora, en estas elecciones del 9 de junio, está en juego el propio proyecto europeo: si avanzamos hacia “más Europa” o si retrocedemos a posturas nacionalistas, con más peso de los Estados y menos avances en la integración económica, financiera, fiscal y política en Europa. De nuevo, elegimos entre “avanzar” o “retroceder” en los Estados Unidos de Europa.

Con todo, el gran temor es que se produzca “un cambio político de fondo” en la gestión de la política europea, en el Parlamento Europeo y luego en la Comisión, el gobierno de los 27. En las últimas décadas, el proyecto europeo lo ha liderado una coalición integrada por conservadores socialcristianos (177 diputados en 2019), socialdemócratas (140 diputados) y los liberales y centristas  (102 diputados en el grupo Renew Europa), que tienen la mayoría, con los Verdes (72) y La Izquierda europea (37 escaños), en el Parlamento de Estrasburgo (705 escaños tras la salida del Reino Unido). Pero en los últimos años han crecido los grupos de extrema derecha, muy poderosos en Francia (Le Pen), Italia (Meloni y Salvini), Polonia (PiS), Hungría (Fidesz), (Alemania (AfD) y Holanda (Partido por la Libertad), aunque están presentes en todos los parlamentos europeos, salvo en Irlanda, Eslovenia y Lituania.

Si los grupos de extrema derecha ya consiguieron un 21,8% de los votos en las elecciones europeas de 2019 (19,29% si restamos a la ultraderecha británica), ahora se espera que crezcan en las elecciones del 9-J. Y con ello, la extrema derecha podría convertirse en el tercer grupo político de Europa, ampliando los diputados que ya tienen los 2 grupos ultraderechistas presentes en Estrasburgo: 73 diputados de Identidad y Democracia (Le Pen, Alternativa para Alemania, Salvini y Partido por la Libertad de Holanda) y 68 diputados de ECR, Conservadores y Reformistas (Meloni, el polaco PiS, el francés Reconquista y el español VOX). Y podrían unírseles los futuros eurodiputados del húngaro Víktor Orban, cuyos 13 eurodiputados fueron expulsados en 2021 de las filas del grupo popular europeo (PPE), tras múltiples encontronazos políticos.

La derecha europea, el PPE (donde está el PP español) es consciente del “cambio político” y ha querido anticiparse con un “cambio de estrategia”: la candidata del PPE a presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (líder de la CDU, democracia cristiana alemana), enfrentada desde hace años con el presidente del PPE (Manfred Weber, líder de la CSU, los socialcristianos alemanes), está dispuesta a compensar la pérdida esperada de diputados propios (el PPE bajará a 170), socialdemócratas (entre 130 y 140) y sobre todo de centristas y liberales (esperan bajar a 85), más verdes (43) y de izquierdas (30) con una alianza futura con parte de la extrema derecha, a la que hasta ahora los conservadores europeos han impuesto “un cordón sanitario”, sobre todo en Alemania.

En concreto, Von der Leyen dice que está dispuesta a gobernar con los diputados de Meloni, porque aunque sea de extrema derecha, es “europeísta” y está contra Putin (y contra los inmigrantes ilegales, a los que deporta a Albania, contra el aborto y la homosexualidad, además de contra muchas libertades, siendo su aliado en España el líder de Vox, Santiago Abascal). Este cambio de los conservadores europeos ha sido criticado por el líder de los socialdemócratas, el luxemburgués Nicolas Schmit, que amenaza con romper la coalición con Von der Leyen si pacta con Meloni.

Así que en estas elecciones se juega si sigue gobernando la alianza conservadora-social- liberal o si el gobierno de Bruselas se escora a la derecha, empujado por la ultraderecha y los populistas, que tienen en común ser más “nacionalistas”, apostar por mantener el poder de los paises en muchas cuestiones y frenar los avances en la integración europea en temas claves como el Cambio Climático, la independencia energética, la inmigración, la política de seguridad y, sobre todo, los avances en el mercado único y la integración económica, fiscal y financiera, para conseguir unos Estados Unidos de Europa. Los grandes retos de Europa.

El primer gran reto de Europa (y del mundo) es afrontar la Crisis Climática. Hasta ahora, el continente ha sido el líder en la lucha contra las energías fósiles y en el desarrollo de las energías verdes, aprobando en 2019 el Pacto Verde Europeo, con un objetivo pionero en el mundo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% hasta 2030 y dejarlas en cero emisiones netas para 2050. Para ello, la Comisión ha aprobado estos años múltiples Planes e inversiones, pero le ha costado aprobar en el Europarlamento la Ley de Restauración de la Naturaleza, que salió adelante el 24 de febrero de 2024, con los votos en contra de la extrema derecha europea y parte de los conservadores. Ley duramente criticada por los agricultores europeos y que ahora debe ser ratificada por los paises, en el Consejo de Medio Ambiente del 17 de junio, tras las elecciones del 9-J.

Si la ultraderecha y la derecha más conservadora y negacionista (como el PP español) avanzan en estas elecciones europeas, podría haber una marcha atrás en las políticas medioambientales, a pesar de que el 80% de los hábitats europeos están en mal estado (la Ley sólo pretende restaurar el 20% que está peor para 2030). Si avanza la derecha negacionista, cobrará fuerza la resistencia económica y empresarial contra los impuestos verdes y las normas anti-emisiones, con la “excusa” de que el liderazgo medio ambiental de la UE pone en peligro la competitividad y los empleos de las empresas europeas. Y eso sería especialmente grave para el sur de Europa, muy afectado por la Crisis Climática.

El segundo gran reto es regular la inmigración a Europa. El problema es serio, porque en 2023 llegaron a la UE un total de 255.332 inmigrantes irregulares, una cifra elevada pero muy distante de los 1,04 millones que llegaron en 2015, tras la guerra de Siria. Eso sí, Europa sigue siendo un continente atractivo para los millones de jóvenes sin futuro de África, Oriente Medio, Asia y América, como lo demuestra que las solicitudes de asilo se hayan vuelto a disparar: el récord fue en 2015 (1.216.868 solicitudes), bajó a menos de la mitad en 2018 (564.115) y luego ha crecido año tras año, hasta llegar a 1.049.020 solicitudes de asilo en 2023, según Eurostat (320.025 en Alemania, 160.460 en España, 145.095 en Francia, 130.565 en Italia y 55.605 en Austria). Un problema, la llegada de inmigrantes, que hay que canalizar aunque Europa necesita empleo extranjero, por su alto envejecimiento: el 21% de los europeos tienen más de 65 años y en 2050 serán mayores el 29,5%. De hecho, la ONU ha alertado que Europa necesita 60,8 millones de inmigrantes para 2050.

Los gobiernos europeos han intentado tomar medidas para regular la inmigración, tras la avalancha de 2015, sin conseguirlo: han puesto “parches” a las llegadas, que han sufrido Grecia, Italia y España, junto a Alemania, entre el desinterés del resto, mientras 3.000 inmigrantes morían en el Mediterráneo. Finalmente, la Comisión y los paises han buscado aprobar un Pacto sobre Migración y Asilo antes de estas elecciones, temiendo que luego sea más difícil lograrlo. Se aprobó el 10 de abril en el Europarlamento, con muchas críticas tanto de la derecha como de la izquierda (322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones). Y el Consejo ratificó el 14 de mayo este Pacto migratorio que endurece la entrada y el asilo de inmigrantes, permitiendo que los paises del norte puedan comprar su insolidaridad pagando 20.000 euros por los inmigrantes que les toquen y no acojan.

Pero este Pacto migratorio in extremis, manifiestamente insolidario, no resuelve el problema: dos días después del acuerdo del Consejo Europeo, el 16 de mayo, 15 paises europeos enviaron una carta a la Comisión en la que pedían que “explorara acuerdos para crear Centros de acogida fuera de la UE para inmigrantes rescatados en el mar”, al igual que quiere hacer el británico Rishi Sunak en Ruanda (la carta de la vergüenza la enviaron Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Paises Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia). Si en esos paises y en el resto de Europa avanza la extrema derecha, el endurecimiento de las políticas migratorias será una realidad. A pesar de que el porcentaje de extranjeros sólo supera el 10% de la población en 7 paises UE:  Suecia (20,4%), Alemania (19,5%%), España (17,1%), Francia (13,1%), Portugal (16,1%), Grecia (11,3%) e Italia (10,9%). En total, hay 63,6 millones de europeos nacidos en el extranjero, el 13,3% del total (15,3% en EE. UU.).

El tercer gran reto europeo es la defensa y seguridad, sobre todo tras la invasión de Ucrania por Putin (febrero 2022) y ante el temor de que Trump gane la presidencia de EEUU. Parece claro que Europa no puede dejar la defensa y seguridad del continente en manos de la OTAN, una organización financiada en un 67% por EEUU. Ya en 2020, la Comisión y los paises aumentaron el gasto europeo en Defensa, que pasará de 214.000 millones (2021) a 284.000 millones en 2025. Y se creó, en 2021, un Fondo Europeo de Defensa, dotado con 7.921 millones hasta 2027 para promover la investigación y desarrollo de nuevas armas, dentro de una Política de Defensa Europea, que contempla fomentar una industria armamentística europea y un Mercado Común de la Defensa, para evitar que pase lo que ahora: el 80% del gasto que ha hecho la UE para defender Ucrania ha servido para crear empleos en USA, Turquía o Corea, no en Europa.

Cara al futuro, los paises tendrán que afrontar la creación de un Ejército Europeo, que complemente a la OTAN, aumentando el gasto en Defensa y Seguridad. Actualmente, sólo 11 de los 31 paises de la OTAN gastan más del 2% del PIB en Defensa (3,90% Polonia, 3,50% USA, 3,01% Grecia, 2,73% Estonia, 2,54% Lituania, 2,45% Finlandia, 2,44% Rumania, 2,43% Hungría, 2,27% Letonia, 2,07% Reino Unido y 2,03% Eslovaquia), mientras Francia gasta 1,90%, Alemania 1,57%, Italia 1,46% y España 1,26% del PIB en 2023. Ya este 2024, la OTAN espera que dos tercios de los paises gasten más del 2% en Defensa, una prioridad, como la Seguridad (física y cibernética) para el próximo Gobierno europeo.

Y llegamos al cuarto gran reto europeo, el fundamental: mejorar su competitividad, asegurar su lugar en un mundo cada vez más complejo y dominado por Estados Unidos y China. “Europa puede morir”, alertó el presidente Macron en la Sorbona, al abrir la campaña de las europeas. El temor es que Europa pierda el tren del futuro, desde la tecnología y la digitalización a los chips y la inteligencia artificial, que las empresas europeas no sean capaces de competir en los mercados mundiales con los gigantes norteamericanos y chinos. Hay dos datos preocupantes. Uno, que el déficit comercial de la UE con China se ha duplicado: de -182.300 millones en 2020 saltó a -396.800 millones en 2022, aunque ha bajado a -291.600 millones en 2023. El otro, que la mayor parte del ahorro europeo lleva años “fugándose” del continente, a inversiones punteras en Estados Unidos y China.

Europa necesita buscar su lugar en el mundo, ser más competitiva y con empresas punteras para sobrevivir en un siglo que estará dominado por USA, China y quizás India. El miedo es que Europa no avance en su integración, porque país a país será incapaz de sobrevivir. Para saber qué hacer, la Comisión encargó dos informes, a los exministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. El informe de Letta (“Mucho más que un mercado”) propone cambios estructurales en 3 grandes áreas: telecomunicaciones, energía y finanzas. Tres sectores donde Europa tiene muchas empresas pequeñas y necesita conseguir grandes multinacionales (con fusiones europeas), para competir con USA y China. Y pone como ejemplo la industria aeronáutica: Airbus es líder mundial porque es una empresa europea (Francia, Alemania y España). Si fuera sólo la empresa de un país, la líder sería la norteamericana Boeing…

Este ejemplo de Airbus hay que replicarlo en las telecomunicaciones, la energía, la banca, las empresas tecnológicas, las farmacéuticas, las de armamento, las automovilísticas, los chips, la inteligencia artificial, etc., etc., movilizando esfuerzos e inversiones europeas. Y para ello, Europa debe avanzar en el mercado único, en una mayor integración presupuestaria (el Presupuesto de la UE-27 es ridículo comparado con el de los paises, el de USA o China), fiscal (más impuestos a nivel europeo y menos nacionales) y financiera (fusiones para lograr gigantes financieros europeos y crear una gran Bolsa europea).

Para competir en un mundo globalizado y muy competitivo, hay que avanzar en más Europa, en construir de verdad los Estados Unidos de Europa, no potenciar los nacionalismos como defiende la ultraderecha y gran parte de los conservadores europeos. Sólo así Europa podrá ser más competitiva, crecer más y crear empleos estables, mientras busca reducir las desigualdades entre la Europa del norte y la del sur, que se han agravado: la renta media disponible por habitante de Alemania (23.107 euros) es 1,34 veces la de España (17.254 euros) y más del doble que la renta por habitante de Bulgaria (9.671 euros en 2022).

Como vemos, muchos son los retos que tiene por delante Europa y que nos afectan a todos. Por eso son claves estas elecciones, porque no son lo mismo las recetas que proponen los conservadores moderados, socialdemócratas o liberales que la derecha menos evolucionada y la ultraderecha. Está en juego el modelo de Europa, no solo sus libertades sino también sus posibilidades de competir mejor en el mundo, de crear riqueza, empleo e igualdad, en un continente más sostenible y que integre a nacionales y extranjeros. Al final, se trata de apostar por más Europa, para conseguir una España mejor. Avanzar y no retroceder. Vota.

Retrocesos frente a la Crisis Climática

Las olas de calor del verano y las inundaciones han dejado claro que estamos ante una grave Crisis Climática (no un “Cambio Climático”: demasiado suave). Pero no hacemos nada para atajarla. Es más, las emisiones de CO2 aumentan este año, tras subir en 2021 y 2022. Y eso, porque los paises han subvencionado las energías fósiles para reducir la inflación, con ayudas a los carburantes, la luz  y el gas, alimentando emisiones. Y encima, en Europa avanzan las posiciones negacionistas, con el Partido Popular Europeo (incluido el PP español) votando en contra (en julio y septiembre) de 2 Leyes para proteger la naturaleza y reducir la contaminación. Y en España, con el PP (y Vox) gobernando 11 autonomías y 44 grandes ciudades, se está dado marcha atrás en las zonas de bajas emisiones o suprimiendo carriles bici. Ojo: la defensa del medio ambiente es de sentido común y no debe tener un sesgo político. Nos jugamos la salud, la economía y el Planeta. Es pura supervivencia.

                 Enrique Ortega

La ONU acaba de dar otra alerta ("hemos abierto las puestas del infierno") sobre la Crisis Climática, la enésima en los últimos años: las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, culpables del “Cambio Climático”, siguen aumentando en 2023, un +0,3% en el primer semestre, por un mayor consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) en la industria y el transporte, aunque han bajado las emisiones de los hogares y la producción de electricidad. Y esto es grave porque ya subieron las emisiones de CO2 en 2022 (+1%) y en 2021 (+6%), tras la bajada (por la recesión derivada del COVID) en 2020 (-5,4%), por primera vez desde 2015. Con ello, se ha vuelto a batir el récord de CO2 en la atmósfera: en mayo de 2023, en Hawái, se alcanzaron las 424 partes por millón (ppm), el doble que al inicio de la Revolución Industrial (280 ppm en 1850) y la mayor concentración en los últimos 3 millones de años… 

El último informe de la ONU advierte que este récord de emisiones de CO2 ya han provocado una subida de la temperatura mundial de 1,15 grados sobre el año 1850, muy cerca del tope marcado en la Cumbre del Clima de París (2015): no superar en 1,5 grados para el año 2100. A este ritmo de emisiones, la temperatura subiría hasta 2,8 grados a finales del siglo, lo que provocaría un caos climático, con graves efectos para la salud, la agricultura y la alimentación y el Planeta, afectando más a algunas zonas y paises. Y recuerdan que la Crisis Climática ya ha provocado graves daños el mundo: más de 2 millones de muertes y 4,3 billones de dólares de pérdidas, sólo entre 1970 y 2021, afectado más a los paises en desarrollo (que se han llevado el 90% de las muertes y el 60% de las pérdidas). 

En definitiva, que aunque los desastres naturales (olas de calor, sequías, inundaciones, tornados, malas cosechas y hambre) son cada día más patentes, el mundo no aprende y sigue aumentando sus emisiones y alimentando la Crisis Climática. Unos más que otros. Así, entre enero y finales de julio de 2023, las emisiones mundiales de CO2 y otros gases de efecto invernadero han crecido un +0,5%, según los últimos datos de Carbon Monitor, aumentando las emisiones en el transporte terrestre (+0,8%), vuelos internacionales (+0,3%), industria (+0,2%) y vuelos nacionales (+0,1%), bajando sólo en la generación de electricidad (-0,1%). 

Las emisiones bajan este año en Europa (-4,3%), más en Alemania (-5,5%) e Italia (-5,4%) que en España (-2,6%) o Reino Unido (-1,3%), en EEUU (-3,6%), en Japón (-5,2%) y en Brasil (-2,6%), pero suben en China (+3,7%), India (+6,7%) y Rusia (+3,2%), tres paises claves porque emiten casi la mitad del total de CO2 mundial (30,3% China, 7,62% India y 5,1% Rusia). Los tres defienden que no pueden poner en peligro su crecimiento futuro y que los paises desarrollados llevan siglo y medio contaminando, además de que emiten más CO2 por habitante. De hecho, EEUU emite 14,24 Tm de CO2 por habitante y la UE 8,39 Tm frente a 8,73 Tm China y 1,90 India, aunque Rusia produce 13,52 Tm per cápita. 

Visto el panorama actual, la ONU se queja de que los paises no toman medidas para reducir  sus emisiones y las que toman son para aumentarlas. Así, denuncian que en los últimos dos años, casi todos los paises (sobre todo los desarrollados) han aprobado más ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), dentro de Planes para atajar la inflación. Sólo en 2022, las ayudas públicas mundiales a la utilización de combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares (6,5 billones de euros), 1 billón más que en 2020, según un informe del FMI. La mitad de estas ayudas públicas las han dado Asia oriental (China) y EEUU, el resto India, Rusia y la Unión Europea, precisamente los grandes emisores de CO2. España concedió en 2022 unos 10.500 millones de euros en ayudas públicas a los combustibles fósiles, desde la subvención a los carburantes (20 céntimos), al gas (industrias y particulares) y a la generación de electricidad (subvención al gas), lo que ha beneficiado a consumidores, eléctricas, gasistas y petroleras pero a la vez ha “alimentado” las emisiones. Por eso, la ONU pide suprimir estas ayudas y destinar esos billones a promover  energías limpias. 

Otro tema preocupante en la lucha contra la Crisis Climática es el avance de las posturas negacionistas en Europa, el continente que más ha apostado por el medio ambiente. El auge de la extrema derecha en la mayoría de paises europeos ha llevado a la derecha europea a asumir parte de sus postulados “negacionistas”, para no perder votos. Y así, en los últimos meses, hemos asistido a dos votaciones en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular Europeo (y también el PP español) han votado en contra de dos Leyes promovidas por la Comisión Europea dentro del llamado Pacto Verde europeo. 

La primera Ley, la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) procede de un Reglamento aprobado en junio de 2023 por la Comisión Europea para restaurar los ecosistemas europeos, el 80% dañados. La Ley, que pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas para 2030, salió adelante en el Parlamento europeo el pasado 12 de julio, con 336 votos a favor, 12 abstenciones y 300 votos en contra del PP europeo (y del PP español), junto a la extrema derecha europea (y Vox). Dos meses después, el 13 de septiembre, esos mismos partidos votaron en contra de la nueva Directiva de la Calidad del Aire, promovida también por la Comisión Europea para establecer límites más severos a los indicadores de contaminación, para 2035, en línea con los límites que recomienda la OMS. Y eso porque la contaminación atmosférica provoca más de 300.000 muertes al año en la UE (24.000 en España). A pesar de ello, la propuesta de Directiva tuvo 226 votos en contra (PP europeo y español, más la ultraderecha europea y Vox), 46 abstenciones y 363 votos a favor. 

Ahora, ambas Leyes medioambientales, aprobadas con fuerte oposición en el Parlamento Europeo, deben concretarse en una negociación entre la Comisión, el Parlamento y los distintos Gobiernos europeos. Pero el ambiente político es complicado, porque la derecha europea (PP europeo) está virando hacia posiciones negacionistas, preocupada por el ascenso de la extrema derecha ante las elecciones europeas de junio de 2024. Y además, crecen las posturas negacionistas, para “suavizar” las medidas medioambientales en muchos paises, no sólo en Polonia y Hungría. Así, el gobierno italiano de la ultraderechista Meloni bloquea los nuevos límites que estudia la Comisión Europea para las emisiones de coches a partir de 2030. Y Alemania ha tenido problemas internos  para aprobar la “Ley de calefacción”, para promover bombas de calor frente a las calefacciones de gas. En general, avanzan las posturas contrarias a medidas de defensa del medio ambiente, con la excusa de que atacan la economía, los agricultores y el nivel de vida. Ayer mismo, el Gobierno británico anunció que revisará a la baja sus objetivos medioambientales "para no dañar a la economía y a los británicos" . 

En España, con el avance de la derecha y la extrema derecha en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, también han avanzado las posiciones negacionistas del Cambio Climático y las medidas medioambientales, con cada vez más políticos, medios y ciudadanos que critican lo que denominan “la religión climática de Occidente”. Y eso está suponiendo un retroceso en la lucha contra el Cambio Climático promovida por la Ley de 2020. 

Primero, en las 11 autonomías donde gobierna el PP (en 5, con la ultraderecha de Vox), ya se han dado muestras de una “menor sensibilidad medioambiental”: reducción normas medioambientales, ampliación de regadíos, reducción espacios protegidos, fomento de la caza,  reversión políticas europeas (como en el uso de pesticidas), freno limitaciones pesqueras… Por un lado, los políticos de Vox se han hecho con varias consejerías de Agricultura (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón) y en otros casos se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente (Baleares) o se le ha dado a Vox el control de parte de las inversiones medioambientales (Murcia y el Mar Menor). 

Después, en las 44 capitales y grandes ciudades que ahora gobierna el PP (en muchas, con Vox), también se están dando retrocesos en las políticas medioambientales. Por un lado, varios Ayuntamientos han suprimido los carriles bici, algunos ya construidos (con Fondos europeos): es el caso de Valladolid, Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Logroño (donde se ha eliminado un carril bici subvencionado ya con 2 millones de Fondos del programa UE Next Generation para luchar contra el Cambio Climático, como también Valladolid, Elche o Gijón). Y por otro, la mayoría de Ayuntamientos, en especial los gobernados por el PP y Vox, han paralizado la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el tráfico en el centro de las ciudades, proyectos que habían recibido también dinero de la UE. 

Veamos el negacionismo de estos Ayuntamientos para reducir la contaminación, cuando los expertos denuncian que cada año mueren por la contaminación 24.200 españoles y que es la causa principal de que aumenten los enfermos de cáncer en España. La Ley contra el Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en 2020, establecía que las 149 ciudades con más de 50.000 habitantes (donde viven la mitad de los españoles) tenían que poner en marcha, el 1 de enero de 2023, unas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en los centros urbanos y así reducir la contaminación. La realidad fue que sólo aprobaron estas restricciones 20 ciudades, con la excusa de que no les había dado tiempo a implantar los sistemas de acceso, aunque la realidad es que no querían hacerlo por la cercanía de las elecciones municipales (28-M). Pero, pasadas las elecciones, la realidad es que, a primeros de agosto, sólo están activas las ZBE en 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pontevedra, Hospitalet, Badalona, Pamplona, Sant Cugat del Vallés, Rivas Vaciamadrid, Cornellá, A Coruña, Córdoba, la Línea de la Concepción y Badalona. Y en otras 120 siguen en trámite, mientras no se sabe nada del resto.   

Ahora, al menos 6 ciudades gobernadas por el PP (y Vox) han indicado que buscan retrasar o reducir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Gijón (ahora permite aparcar en el centro coches sin etiqueta), Valladolid (quiere reducir la zona ZBE y retrasarla a finales de 2024), Castellón y Lorca, Majadahonda (el Ayuntamiento ya votó en febrero que no pondrá en marcha la ZBE) y Elche. El último Ayuntamiento “rebelde” ha sido Badalona, cuyo alcalde (por mayoría absoluta) es el exlíder del PP catalán García Albiol: este 25 de septiembre van a aprobar paralizar la ZBE aprobada por el anterior consistorio (y por la que recibieron 2 millones de euros de Fondos UE) y fijar una moratoria de 3 años para aplicarla. 

El Gobierno ya ha reaccionado ante esta “rebeldía negacionista” de la derecha, que incumple la Ley vigente contra el Cambio Climático. Por un lado, la ministra de Transición Ecológica amenazó el martes con llevar al Ayuntamiento de Badalona y a los demás a los Tribunales. Y por otra, el Ministerio de Transportes ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno transfirió 1.500 millones de euros de Fondos europeos para que los municipios implantaran carriles bicis o Zonas de Bajas emisiones. Y que si no lo hacen, tendrán que devolverlos. 

En resumen, que la crisis Climática avanza, en el mundo y en España, y los Gobiernos siguen financiando las energías fósiles (para intentar rebajar la inflación) y avanzan las posturas negacionistas (promovidas por la ultraderecha y “asumidas” por una gran parte de la derecha), en Europa y en España. Malas noticias, porque  la realidad es que los síntomas de la Crisis Climática se agravan y causan cada día muertes y daños. Sólo en 2021, los daños por el Clima en Europa fueron de 15.154 millones de euros, según Eurostat. Y rondan los 500.000 millones las pérdidas por causas climáticas en Europa desde 1.980, sin olvidar los miles de muertos por las olas de calor (6.000 en España en 2022), incendios, desastres naturales, contaminación y enfermedades asociadas). Y a eso hay que sumar los daños en la agricultura y las cosechas (que disparan el precio de los alimentos), en el turismo y las infraestructuras y en la economía, sobre todo en la Europa del sur y el este y sur de España. 

Urge una reflexión: la lucha contra la Crisis Climática debería ser una cuestión “de sentido común”, al margen de la política: hay que preservar el medio ambiente para evitar una crisis climática que acabe con vidas, cultivos, la economía y el Planeta. Los científicos llevan años diciéndonos qué hay que hacer: dejar de utilizar los combustibles fósiles y cambiar el modelo de vida y crecimiento, para que sea sostenible. Aprobar medidas concretas  para reducir más drásticamente las emisiones de CO2 (un -43% en 2030 y 0 emisiones netas para 2050, según la ONU) y reducir la contaminación que mata. Salvar el medio ambiente no debe ser de izquierdas ni de derechas. Es algo obvio, una cuestión de supervivencia.