Empresas,bancos y fortunas en paraísos fiscales

Los casos de corrupción, desde Bárcenas a la Gürtel o la familia Pujol,  y la lista Falciani han puesto de moda  los paraísos fiscales, sobre todo Suiza y Andorra. Pero no son sólo ellos: hay cientos de millonarios, empresas y bancos españoles que tienen cuentas y compañías fantasmas en paraísos fiscales de Europa y América. Concretamente, 34 de las 35 empresas y bancos del IBEX tienen 810 filiales en paraísos fiscales, sobre todo en USA, Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Suiza. Y 136.000 grandes fortunas han declarado cuentas en el extranjero. Unos y otros evaden así más de 12.000 millones de euros, lo que costaría erradicar la pobreza. La OCDE y el G-20 han aprobado medidas para que en 2017 se intercambie información sobre  las cuentas en paraísos fiscales y las multinacionales informen de lo que hacen en cada país. Mientras, en España, la inspección tiene pocos medios para vigilar a bancos, grandes empresas y multinacionales, que sólo pagan “legalmente” un 5,3% de impuestos.
 

enrique ortega

Cada año, las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales “eluden” el pago en España (legalmente) de 40.000 millones de euros en impuestos, según la asociación de inspectores Gestha y de Fedea. Y al menos un tercio de estos impuestos perdidos (más de 12.000 millones) se deben a sus operaciones en paraísos fiscales, que les permiten ocultar ingresos o beneficios y rebajar impuestos. Un informe de Fedea de 2013 cifraba en 144.000 millones de euros lo que los españoles ocultan en paraísos fiscales, más de la mitad sólo en Suiza (80.000 millones, según un libro de Gabriel Zucman).

Incluso podría ser mucho más. A raíz de la amnistía fiscal de Montoro en 2012, se dio la posibilidad a los contribuyentes con cuentas en el extranjero a que  las regularizaran, sin pagar nada, entre enero y abril de 2013. Al final, fueron 134.310 contribuyentes los que presentaron el Modelo 720 con datos de cuentas, valores e inmuebles en el extranjero por valor de 88.665 millones. En 2014, la cifra bajó a 53.170 declarantes, de los que 32.000 eran nuevos y afloraron otros 20.615 millones en el extranjero. Luego, son 109.200 millones los declarados fuera (10% del PIB) y no parece descabellado pensar que hay una cifra aún mayor sin declarar, con lo que el dinero fuera sólo de particulares superaría los 200.000 millones. Baste ver que había 2.694 españoles (nombres muy conocidos, con 1.700 millones de euros opacos) entre los 106.000 clientes de 206 países incluidos en la lista Falciani, sólo en la filial suiza del HSBC.

Y luego están los bancos y grandes empresas, con numerosas filiales en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales: 34 de las 35 empresas y bancos del IBEX (todas menos Indra) tienen 810 filiales en paraísos fiscales (2013), según un reciente estudio de Intermon Oxfam a partir de las memorias de estas entidades. El Banco Santander es el líder en paraísos fiscales (182 filiales), seguido de Iberdrola (66 filiales), Abengoa (63), BBVA (52) y Repsol (49). Y sus destinos preferidos son Delaware (en USA, con 352 filiales españolas), Holanda (122 filiales), Luxemburgo (62), Irlanda (56) y Suiza (25). La inversión española en paraísos fiscales representa el 24% de toda la inversión española en el exterior y el 56% de la inversión extranjera en España proviene de paraísos fiscales (el 12,4% es inversión  española encubierta: sale y vuelve a entrar, tras pasar por un paraíso fiscal).

Los bancos tienen filiales en paraísos fiscales para ofrecer cuentas y asesoramiento a empresas y grandes fortunas, mientras las grandes empresas y multinacionales utilizan los paraísos fiscales para su “ingeniería fiscal”, para pagar menos impuestos “legalmente”. Los sistemas son variados. En unos casos, abusan en los precios de transferencia: venden con pérdidas a una filial que vende a otra en un paraíso fiscal (donde se quedan los  beneficios) para vender luego a otra con pérdidas y así indefinidamente. En otros casos, una empresa o banco presta a una filial y se deduce por ello (hasta 2012, el 100% de los gastos financieros; ahora el 30%): el 26% de la financiación española al exterior son préstamos de matrices a sus propias filiales. Otra fórmula es trasvasar los beneficios a filiales en paraísos fiscales, bajo la fórmula de “pagar por la marca”: Inditex tiene dos filiales en Holanda y Suiza que facturan por consultoría y marca a la matriz española. Entre 2009 y 2013 han “trasladado”  2.000 millones de dólares de beneficios a Holanda y Suiza (“legalmente”), ahorrándose 325 millones en impuestos a la Hacienda española, según Intermón Oxfam. Y lo mismo hacen Ikea o Starbucks con Holanda.

Otra fórmula es lo que se denomina “doble irlandés” y “sándwich holandés”, que es lo que hace Google (y Apple). Facturan en España, a través de una filial en Irlanda, que trasfiere este dinero a una filial de Holanda (donde no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca) que tampoco paga impuestos y transfiere los beneficios a una filial en Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo fiscal, Google sólo paga el 2,4% de todos los beneficios que genera fuera de EEUU. Y así muchas otras.

Como se ve, los “paraísos fiscales” son claves en la ingeniería fiscal de bancos, grandes empresas y multinacionales para eludir el pago de impuestos. Por eso, su importancia es creciente: al menos la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal y los activos en estos paraísos se estiman entre 20 y 32 billones de dólares, una cifra superior al PIB de EEUU y China juntos, según datos del FMI (2014), recopilados por Intermon Oxfam.

La lista de “paraísos fiscales” no es única y la OCDE, que era quien fijaba la “lista oficial”, ha sacado de ella a países que son verdaderos “paraísos” por haber firmado “acuerdos de transparencia” que no evitan la opacidad y la elusión de impuestos. Es el caso de Suiza, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Delaware, Andorra, islas del Canal, Bermudas o islas Caimán, que no están ya en la “lista negra” de la OCDE. En el caso de España, Hacienda publicó en 1991 una lista de 48 “paraísos fiscales”, donde no estaba Suiza ni Delaware. Y en 2013 publicó la lista actual, con 33 países, en la que ya no figuran como “paraísos fiscales”  Andorra, Luxemburgo, Holanda (tres países clave para la “elusión fiscal” de los españoles), Bahamas, Barbados, Bermudas, Trinidad Tobago, Jamaica, Barbados, Panamá, Mónaco, San Marino, Hong-Kong, Malta, Gibraltar ni las islas del Canal (Jersey, Guernesey, isla de Man)…

Con la crisis, los líderes mundiales vieron la necesidad de conseguir más ingresos fiscales y ya en 2009 plantearon una revisión de la fiscalidad internacional. En la Cumbre del G-20 en México (junio 2012), se encargó a la OCDE medidas contra los paraísos fiscales y la elusión de impuestos de las multinacionales. En febrero y julio de 2013 se perfiló  el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), con 15 medidas para asegurar que los países informaran de las cuentas opacas y que bancos y grandes empresas sean más transparentes en su operativa multinacional. Siete de estas medidas se aprobaron en el G-20 de San Petersburgo (septiembre 2013) y el resto deben aprobarse en el G-20 en Turquía (noviembre 2015), para entrar en vigor en 2016. Es un gran avance, pero si no se cambia al final, la exigencia de transparencia internacional solo obligará a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales: afectaría a multinacionales, bancos y empresas del IBEX35, pero sólo a 183 de las 24.000 grandes empresas que declaran en España, según Intermon Oxfam.

En paralelo, La Comisión Europea  aprobó en 2013 una Directiva que exige a los bancos comunitarios a que informen de sus actividades país por país (hoy sólo lo hacen los franceses), aunque la obligación no entrará en vigor hasta 2017. Y a partir de 2016, Bruselas obligará a los países europeos a hacer públicos sus acuerdos fiscales con las multinacionales (como el de Luxemburgo, el escándalo Luxleaks), pero no los limita ni prohíbe. A nivel mundial, en 2017, la mayoría de los países estarán obligados a informar de las cuentas bancarias, valores e inmuebles que tengan los ciudadanos extranjeros, tras el acuerdo firmado en Berlín, en octubre de 2014, por el G-20, la OCDE y 53 países, entre ellos Luxemburgo, Holanda, Gibraltar, islas del Canal, islas Vírgenes, islas Caimán, Bermudas, Andorra y Suiza (esta última dará información a partir de 2018). Con ello, Hacienda y las autoridades fiscales de los demás países recibirán, desde 2017, un listado anual de todas las cuentas de extranjeros abiertas a finales de 2015 y las que se abran después, con saldos e importes recibidos.

Es un gran salto adelante en la transparencia, aunque todavía queden dos años de opacidad. Pero habrá que ver si además de saber qué personas, bancos y empresas tienen cuentas y filiales fuera de España, se consigue que paguen más impuestos. Porque ahí está el problema: la mayoría del fraude fiscal, estimado en España en 60.000 millones de euros anuales, corresponde a las mayores fortunas, bancos y grandes empresas, según Gestha, que pagan menos impuestos, muchas veces “legalmente”. Basta ver los datos de Hacienda: en 2013, el tipo efectivo que pagaron al Fisco las grandes empresas fue del 5,3% sobre sus beneficios, mientras las pymes pagaron un 16% (Informe Intermon Oxfam, página 32). Y todo gracias a las exenciones y desgravaciones fiscales en el impuesto de Sociedades, muchas veces gracias a filiales y operaciones en paraísos fiscales. Una vergüenza.

La crisis ha arrasado las arcas públicas de todo el mundo, mientras las grandes fortunas, bancos, grandes empresas y multinacionales ganan más y pagan menos impuestos. Por eso proliferan las peticiones de una reforma a fondo de la fiscalidad internacional, para que la globalidad no suponga eludir impuestos. Intermon Oxfam va más allá y pide una Cumbre Fiscal Mundial, en julio de 2015, que cree incluso un cuerpo de vigilancia fiscal internacional (como el FMI o la OMC, que vigila el comercio mundial). Y en España, piden a todos los partidos que pacten una Ley contra la evasión fiscal, que vigile estrechamente las cuentas e inversiones en el exterior. Además, hacen falta más medios. Hacienda creó en 2013 la Oficina de Fiscalidad Internacional, con sólo 50 personas, que poco pueden hacer frente a los grandes bufetes que asesoran a bancos, grandes empresas y multinacionales. Y en España sólo hay 1 inspector fiscal por cada 1928 contribuyentes, frente a 1x860 en Francia, 1x729 en Alemania o 1x900 de media en la OCDE. Y lo peor: sólo el 20% del trabajo de inspección de Hacienda está centrado en los más ricos, grandes empresas y bancos, donde está la mayoría del fraude, según los técnicos de Hacienda (Gestha). El propio presidente de los inspectores acaba de reconocer que Hacienda centra sus investigaciones en los asalariados. Así nos va.

En resumen: sabemos  que multinacionales, empresas, bancos y grandes fortunas utilizan los paraísos fiscales para pagar menos impuestos y que por eso hay déficit público, recortes y pagamos más impuestos de lo que deberíamos. Teóricamente, unas nuevas normas internacionales les van a poner más difícil ocultar ingresos fuera y eludir impuestos desde  2017. Pero ya estarán buscando otras vías para pagar menos. Por eso, la única garantía de justicia fiscal es tener nuevas leyes y más recursos contra el fraude, vigilar mejor a los que tienen medios para defraudar más, no a la mayoría de contribuyentes. Así de fácil.

Ser mujer, un mal negocio en España

Nacer mujer en España es tener muchas papeletas para no trabajar y si lo hace, tener un peor puesto, ganar menos que un hombre y no llegar a directiva, cobrando también menos paro y menos pensión, además de trabajar el doble en casa, según un demoledor informe del Consejo Económico y Social (CES). Las mujeres están sufriendo más la crisis, con más paro y más precariedad. Las políticas de igualdad se han quedado sin Ministerio y sin subvenciones, por los recortes. Y con pocos Planes de igualdad en las empresas, aunque son obligatorios. Pero la igualdad no es un lujo: es un derecho que empieza en casa y sigue en la educación, las empresas y en todo el país.

enrique ortega

El primer problema es que un 48% de las mujeres no trabajan ni buscan trabajo, frente a un 32% de hombres. Muchas de ellas dejaron de trabajar para cuidar a sus hijos o padres y luego no han podido volver. De hecho, un 41,3% de las mujeres españolas no buscan empleo por razones familiares (frente al 3,8% los hombres), cuando en Europa sólo son un 25%.

Pero las que lo intentan, lo tienen más difícil. En España hay 8,2 millones de mujeres trabajando (2 millones menos que hombres) y la mayoría ha tardado más en empezar: los hombres encuentran empleo cuatro meses antes que las mujeres, según el informe del CES. Y eso, a pesar de que las mujeres están mejor preparadas: hay menos mujeres sólo con la ESO, menos abandono escolar femenino, más mujeres en secundaria y más universitarias (45,9% frente a 35,7% varones), que se licencian antes y con más rendimiento. Pero quizás estudian carreras con menos salidas, como Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y menos carreras técnicas.

El hecho es que acaban teniendo un menor abanico de empleos: la mitad se concentran en 6 trabajos (14,5% empleadas domésticas y limpieza, 10,1% cuidadoras y servicios personales, 8,4% dependientas comercio, 6,4% gestión administrativa, 6,1% hostelería y 4,6% auxiliares administrativos), cuando la mitad del empleo masculino se reparte en 13 ocupaciones. Y con contratos muchos temporales (26,1 % mujeres frente a 23,9% hombres), sobre todo entre las jóvenes (58,4% temporales), y muchos contratos a tiempo parcial (23,2 % mujeres y sólo 5% hombres), no porque quieran sino porque no encuentran a tiempo completo.

Empleos con poca cualificación (a pesar de su mayor formación) y contratos precarios, junto a la necesidad de atender a sus hijos (jornadas reducidas, menos antigüedad, puestos de menor responsabilidad)  llevan a peores sueldos: las mujeres ganan un 22% menos que los hombres, según la encuesta de salarios 2009. Unos 5.300 euros menos al año, según GESTHA. Y la brecha salarial es mayor entre las mujeres con estudios superiores y directivas (-32%).

Las mujeres, además, hacen peor carrera en las empresas: sólo suponen el 29% de los directivos (35% en la UE). Y en las grandes empresas del IBEX 35, sólo hay un 11% de consejeras, aunque la Ley de Igualdad planteaba el objetivo del 40% para 2015. La Comisión Europea ha dado un ultimátum hasta marzo de 2012 para tomar medidas y conseguir un 30% de mujeres en los Consejos de las empresas europeas para 2015.

Con empleos más precarios, hay más mujeres paradas que hombres: 2.212.621 a finales 2011 (frente a 2.209.738 hombres), habiendo aumentado más el paro femenino, sobre todo entre las jóvenes (+9,48% mujeres frente a +3,52% hombres). Con ello, la tasa de paro femenino (21,5% frente al 20,9% la masculina) es la más alta de toda Europa (9,7% paro femenino frente al 9,3% el masculino). Y lo peor es que, en el desempleo, también las mujeres cobran un 15% menos: 760 € de media frente a 895 € los hombres, por sus menores bases de cotización. Además, menos de la mitad de los beneficiarios del desempleo son mujeres (44,9%, cuando en paro son 50/50) y de los parados que cobran prestaciones contributivas, sólo un 39% son mujeres.

Empezar a trabajar más tarde, con bajos sueldos, contratos precarios y carreras profesionales interrumpidas por la maternidad llevan a que las mujeres tengan también pensiones más bajas: 614,24 €  de jubilación frente a 1.034,15 €  los hombres, que son casi el doble (3,28 millones con jubilación frente a 1,73 millones de mujeres), mientras las mujeres cobran sobre todo viudedad (96%). Y lo peor, un tercio de todas las pensiones que cobran las mujeres están por debajo del mínimo (1,5 millones de mujeres pensionistas). Además, la última reforma de las pensiones perjudica más a las mujeres.

Con este panorama, las mujeres enfrentan peor su vejez, ya que además viven más que los hombres (85 años frente a 78). De hecho, dos tercios de los beneficiarios de las ayudas a la Dependencia (741.713 a finales 2011) son mujeres, que van a sufrir más los recortes y el parón de la Ley. Y con ellas, sus hijas: los mayores de 80 años dependientes son atendidos en un 40,7% por sus hijas y sólo en un 8% por sus hijos. Más mujeres sin poder trabajar.

Al final, la crisis ha frenado los avances en la igualdad de las mujeres. Pero el origen de muchas desigualdades empieza en casa, en la falta de conciliación entre hombres y mujeres: ellos dedican sólo 2,28 horas a las tareas del hogar, frente a 4,25 horas las mujeres. Y en la creencia machista de que los hijos son un tema de la mujer, que es la que pide las bajas de maternidad (sólo 1,8% hombres), las excedencias (hombres 4,5%) o las reducciones de jornada (3,5% hombres frente a 22,7% mujeres). Y si hay que dejar el trabajo por los niños, lo hace la mujer: un 23% lo han hecho, frente a un 4,8% de hombres. También falta un entorno público propicio, con más guarderías y más apoyo público a la familia, que en España es la mitad que en Europa (1% del PIB frente al 2% en la UE).

La igualdad no es sólo cuestión de cuotas y leyes, aunque Bruselas está empeñada en avanzar y queda mucho por hacer en las empresas, donde sólo un 5% de los convenios la contemplan. Es sobre todo un tema de educación y de hechos, compartiendo hijos y tareas. Y peleando en empresas e instituciones, a pesar de la crisis. Hay que conseguir que nuestras hijas y nietas sean más iguales que nuestras mujeres, madres y abuelas. Es lo mínimo.  

Multinacionales españolas: el modelo Telefónica

Es una de esas noticias que provocan al personal: Telefónica, la empresa con más beneficios del país occidental  con más paro, despide a una quinta parte de su plantilla. Y mientras, sus directivos se reparten millones en bonus, su presidente es el tercer ejecutivo mejor pagado de España y sus accionistas cobran uno de los dividendos más altos del mundo. Pero lo peor no es eso. El problema es que el modelo Telefónica es el más puro ejemplo de la gestión de las multinacionales españolas, empresas que invierten y crean empleo fuera, que viven pensando en las Bolsas y el dividendo, cuyos directivos tienen sueldos y bonus millonarios y que no crean empleo en España sino que a la menor oportunidad lo destruyen y lo externalizan.

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La noticia no es que Telefónica reduzca plantilla, ya que ha hecho dos grandes ajustes (17.335 empleos en 1.999-2000 y 13.780 en 2003-2007), que han reducido a la mitad su personal en España (de 67.217 a 35.379). Lo provocativo es que lo haga tras ser la primera empresa española que supera los 10.000 millones de beneficios y la empresa con mayor rentabilidad por dividendo de las 50 mayores compañías del mundo, lo que significa que sus accionistas se han embolsado 6.755 millones en 2010 y esperan llevarse el 91 % de los beneficios en 2011. Para redondear el reparto, Telefónica ha aprobado unos bonus de 450 millones de incentivos para 1.900 altos directivos (que tuvieron otro bonus en 2006). Y su presidente, César Alierta es el tercer ejecutivo mejor pagado de España: cobró 8,6 millones de euros en 2010.

Con todo esto, argumentar que han caído las ventas de Telefónica en España y que hay que despedir a 6.500 empleados en tres años, para ahorrar 450 millones al año en gastos de personal, suena poco convincente. Está claro que el fin del monopolio y la dura competencia en el sector afectan a Telefónica, pero el problema clave es su estrategia multinacional, que le lleva a tratar de ajustar sus cuentas en España (reduciendo el 20 % de su plantilla  y vendiendo Atento) para invertir y crear empleo en el extranjero. Y eso que, en 2011, los beneficios sobre  ingresos en España han sido del 44%, un porcentaje superior al conseguido en el resto del mundo y por su competencia. O sea, que los clientes españoles y la plantilla sostienen su internacionalización.

Para poner la guinda, han sido los sindicatos los que han pedido que los despidos suban de 6.500 a 8.500 (aunque finalmente serán 6.500), a cambio de que en 5 años no se tocara la plantilla. Y también, porque hay muchos empleados que quieren convertirse en prejubilados de oro: dejan de trabajar a los 53, tienen dos años de paro y luego cobran un 66% del sueldo bruto (unos 3.000 euros mes) hasta los 61 años y después, el 34% hasta la jubilación (unos 1.500 euros al mes), más las cotizaciones a la SS a cargo de la empresa. Un regalo envenenado, que supone una pérdida de recursos para el país (y eso que no nos toca pagarles dos años de paro, como a otras empresas y a las Cajas) y para Telefónica (que los cambia por becarios y empresas externas). Y una afrenta a los 5 millones de parados.

El problema de fondo es que Telefónica no es un caso aislado, sino el ejemplo más duro de un modelo de gestión, el de las nuevas multinacionales españolas, bancos y empresas, no más de 50, que facturan más fuera de España que dentro. Unas empresas que gestionan su día a día pensando en su valor en Bolsa y en los analistas (los “mercados”), en los Fondos de inversión que tienen de accionistas y que sólo valoran el beneficio y el dividendo, no que creen empleo. Y cuyos directivos gestionan para defender sueldos y bonus multimillonarios, ligados a beneficios y cotización.

Las 35 empresas del IBEX ganaron 51.613 millones de euros en 2010 (+ 24,7%). Además,  su dividendo se ha multiplicado por cinco en los últimos 10 años (repartieron 25.000 millones en 2010), en beneficio de sus accionistas. Los sueldos de sus Consejos de Administración han crecido un 40% en los últimos cinco años, con una subida del 20% sólo en 2010. Y hay 8 altos ejecutivos que ganan más de 4 millones de euros al año, mientras son frecuentes los ejemplos de bancos y empresas que reparten jugosos bonus a sus directivos, bonus que la Unión Europea quiere controlar con una Directiva que el Gobierno español aprobó finalmente el  pasado viernes 3 de junio, sobre todo para bancos y Cajas que reciban ayudas públicas. 

Entre tanto, las multinacionales españolas destruyeron empleo, tanto en 2009 (18 empresas de las 35) como en 2010 (11 empresas). Entre las 35 del IBEX emplean 2.670.774 personas en el mundo (2009), de las que sólo una cuarta parte (559.869) están en España, según UGT. Y la sensación es que si no reducen más plantilla en España, como Telefónica, es por imagen, ya que tienen claro que España es un mercado maduro, donde les sobra plantilla (de un 10 a un 20%), que desearían recortar para crecer más fuera. De momento, abren las puertas a que se vaya (discretamente) el que quiera, fuerzan a empleados a trabajar en otros países y externalizan todo el trabajo que pueden. Además, presionan al Gobierno para que les facilite el ajuste. Así, tras la reunión de 30 grandes empresarios con Zapatero en Moncloa, en noviembre, el Gobierno aprobó en diciembre un Decreto que eliminaba el requisito del mantenimiento del empleo en la libre amortización del impuesto de sociedades. Resultado: los despidos colectivos de grandes empresas han crecido un 210% este año.

Al final, nuestras multinacionales destruyen más empleo del que crean, encabezadas por César Alierta, presidente del Consejo para la Competitividad, un lobby de grandes empresas creado por Zapatero, que se van a repartir 30.000 becarios (que cobrarán 400 euros) de un programa para jóvenes desempleados, impulsado por Economía, que también coordina Alierta. Para nuestra desgracia, estas multinacionales españolas (muchas antiguas empresas públicas) no son la solución contra el desempleo, que tendrá que venir de pymes y autónomos. Pero ellos no tienen su poder ni sus ayudas. Así nos va.