El sobrecoste político de la luz

El precio de la luz en el mercado mayorista bajó en septiembre (-10,8%), por tercer mes consecutivo, recuperándose del apagón. Pero el recibo de la luz que pagamos apenas ha bajado (13 céntimos), porque aunque la luz sea más barata en origen (por las renovables), hay que pagar las centrales de gas disponibles para evitar otro corte. El Gobierno aprobó en junio un “Decreto antiapagones”, para reforzar la red eléctrica, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso: en julio, lo  tumbaron PP, Vox, UPN, Junts, BNG y Podemos. A falta de estas medidas, los consumidores pagamos en el recibo un sobrecoste, 2.300 millones anuales. Ahora, el Gobierno busca aprobar algunas medidas por Decreto-Ley, para no pasar por el Parlamento, como el apoyo al autoconsumo (560.000 hogares y empresas tienen placas solares). Y propone invertir 13.590 millones en la red eléctrica, para multiplicar por 14 su capacidad. Objetivo: electrificar la economía y que las renovables aporten el 81% de la luz en 2030, abaratando más nuestro recibo.

                             Enrique Ortega

La luz se ha comportado bien este verano, costando menos en origen (mercado mayorista) que en junio y con un recibo estabilizado para los consumidores, aunque sea mayor que el del verano de 2024 porque este año ha subido el IVA que pagamos (del 10 al 21%) y los peajes (costes fijos del sistema). Concretando, en septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido de 61,04 euros/MWh, según OMIE, una bajada del -10,8% sobre el precio medio de agosto y la tercera bajada mensual consecutiva desde el máximo de junio (72,60 euros/MWh). La rebaja del precio mayorista de la luz en septiembre se debe a que no tuvimos olas de calor (como en agosto), a una menor demanda (menos turistas) y a una fuerte generación eólica y solar (un 53,7% de la luz fue renovable).

Sin embargo, esta rebaja de la luz en septiembre en origen (-10,8%) no se ha trasladado a los consumidores que tiene tarifa regulada (PVPC), 8,4 millones (otros 20 millones tienen tarifa “libre”, que renegocian cada año). Y eso porque el precio mayorista supone sólo un tercio del recibo final: los otros dos tercios son impuestos, costes fijos regulados (para pagar la deuda eléctrica, el parón nuclear, la ayuda a las islas o a las renovables), el transporte y la distribución y los “ajustes del sistema”. Y aquí está pesando ahora el coste específico que tiene Red Eléctrica (REE) por mantener disponibles 30 centrales de gas para evitar otro apagón como el del 28 de abril. Este coste, llamado “operación reforzada”, pasó de 8,19 euros/MWh en julio a 16,15 euros en agosto y 17,5 euros en septiembre… Un extracoste que pagamos en el recibo (hace un año eran 10,24 euros) para “evitar apagones”.

Al final, la factura media de la luz que ha pagado un hogar (con 4,6 KW de potencia y un consumo mensual de 292 kwh) ha sido de 67,61 euros en septiembre, sólo 13 céntimos menos que en agosto (67,74 euros), menos que en julio (68,12 euros) y casi como en junio (67,43 euros), según la OCU. Y es una factura algo más cara que hace un año (62,08 en septiembre 2024) y que hace dos (65,19 en septiembre de 2023) , por la subida del IVA y los mayores peajes obligatorios este año.

El Gobierno aprobó el 24 de junio un “Decreto antiapagones” para reforzar la seguridad de la red eléctrica y evitar a medio plazo este “extracoste” en el recibo por pagar las centrales de gas. Por un lado, reforzaba la vigilancia y la supervisión del sistema eléctrico, con más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación. Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Además, este “Decreto antiapagones” tenía otro objetivo: dar un empujón a las energías renovables, flexibilizando y agilizando los plazos para instalar nuevos proyectos renovables, incentivando el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones.

Este “Decreto antiapagones” contaba con el apoyo de las eléctricas, de los ecologistas y consumidores y de Bruselas, pero chocó con un Parlamento donde prima la derrota política del Gobierno sobre el contenido de lo que se vota. Y así, el 23 de julio, el Congreso rechazó convalidar el “Decreto antiapagones”, que fue tumbado por 183 votos en contra (al PP, Vox y UPN se sumaron Junts, BNG y Podemos). Este rechazo ha provocado que REE siga con su política de mantener las centrales de gas (su producción ha aumentado un 33% este año) para asegurar mejor el suministro, dominado por las energías renovables (con menos mecanismos para afrontar las tensiones del sistema). Y todo apunta a que este extracoste lo seguiremos pagando en el recibo este año y en 2026, al menos el primer trimestre. Un extracoste que nos supone a los consumidores un pago extra en el recibo de 2.300 millones anuales…De momento, Red Eléctrica acaba de pedir a la CNMC que apruebe cambios urgentes en las operaciones de la red para evitar nuevos apagones (alerta de que "hay riesgos"), cambios que reconoce subirán temporalmente el recibo de la luz a los consumidores. .

El Gobierno no se resigna a reforzar la seguridad del sistema eléctrico, aunque la pelea política haya frustrado el Decreto antiapagones que apoyaba el sector. Y así, va a aprobar algunas de sus medidas por vía Decreto-ley, para no tener que pasar por el Parlamento, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) las considera "innecesarias". De momento, el Gobierno ultima un Decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico, para facilitar que particulares y empresas instalen paneles solares y molinos para producir su propia electricidad, una vía cada vez más utilizada: son ya 484.000 hogares y 76.000 empresas las que utilizan este autoconsumo, a un coste cero en su factura (el coste es la instalación y mantenimiento). Y ahora, el objetivo del Decreto es facilitarlo más, permitiendo que haya hasta 5 kilómetros desde la instalación al punto de consumo y facilitando vender los excedentes (un colegio o una empresa podrá vender un domingo la luz solar que no usa).

En paralelo, el Gobierno, la Comisión de la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica estudian otras medidas para reforzar la seguridad de la red sin pasar por el Parlamento. Y en paralelo, está en fase de consulta pública el Plan de inversiones para la red eléctrica entre 2026 y 2030, que pretende invertir 13.590 millones en los próximos 5 años, un 65% más que en 2021-2026. Y con ello, se pretende multiplicar por 14 la capacidad de la red eléctrica española, para evitar los “cuellos de botella” actuales y permitir que se “enchufen” a la red más polígonos industriales, nuevas viviendas, líneas de ferrocarril y puertos, además de nuevos proyectos tecnológicos (hidrógeno verde, centros de datos). Se trata de evitar la actual saturación de algunos puntos de la red eléctrica y conseguir una red más extensa y segura.

Estas importantísimas inversiones en la red eléctrica han de ser negociadas ahora con las eléctricas y los futuros usuarios, además de con las autonomías, en un reparto del pastel que traerá enfrentamientos. El objetivo de este ambicioso Plan de inversiones es aumentar la capacidad de la red para hacer frente a la “electrificación de la economía” (cambiar el petróleo, el carbón y el gas por luz de origen renovable), pero sin pasarse, sin crear una “burbuja eléctrica” (como sería aceptar los aumentos de capacidad que piden algunas industrias y muchas eléctricas), porque estas inversiones en la red se acaban pagando con nuestro recibo, las financiaremos los consumidores…

Cara al futuro, contar con una red eléctrica más potente y segura llevará a un aumento de la tarifa eléctrica, que debería ser compensado por la rebaja que supone producir más de la mitad de la electricidad con energías renovables, mucho más baratas. De hecho, el auge de las renovables en España ya han provocado un gran ahorro en la factura: el precio de la electricidad en España era en 2025 un 32% más barato que en Europa (cuando en 2019 era más cara), gracias al mayor peso de las renovables, según un reciente estudio de Ember, que refleja como en 2019, los combustibles fósiles (fuel, carbón y gas) determinaban el 75% del precio mayorista de la electricidad y en 2025 sólo influyen en el 19%.

Ahora, el gran reto es seguir promoviendo las energías renovables (entre diciembre de 2019 y junio de 2025, España ha duplicado su capacidad eólica y solar, consiguiendo un liderazgo en Europa). Entre enero y septiembre de 2025, el 56,8% de la electricidad generada ha sido renovable, superando la eólica (20,4%) y la fotovoltaica (20%) a la energía nuclear (19,5%) y al gas (15,5%), con un  13,1% de energía hidráulica. Y tanto en agosto como en septiembre, el carbón no ha generado ni un kilovatio de electricidad en España… Ahora, se trata de seguir avanzando, con más  inversiones en las nuevas instalaciones renovables , sobre todo en seguridad ( instalando inversores, que convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su vertido a la red) y en la instalación de baterías, que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.

Todas estas inversiones persiguen conseguir el gran objetivo del Plan de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) : que el 81% de la electricidad generada en 2030 sea renovable. Y por supuesto, conseguir una luz mucho más barata, además de más limpia (con menos emisiones). Son objetivos que deberían unir a todos los partidos, al Gobierno central y a las autonomías, a los consumidores. Pero resulta imposible y la energía se ha convertido en otra bandera política, en medio de un preocupante auge de las posiciones negacionistas sobre el Cambio Climático. En definitiva, que la tarifa de la luz debería seguir a la baja (salvo subidas puntuales), por el peso creciente de las renovables y la baja demanda: de hecho, los precios mayoristas están bajando en octubre. Y los futuros de la electricidad apuestan por un precio mayorista de la luz de 60 euros/MWh en 2026 (en septiembre fue de 61 euros) y en torno a 58 euros/MWh entre 2027 y 2030.

Pero todo va a depender de la política, de que los enfrentamientos partidistas bloqueen o no los cambios y nos hagan pagar más cara la luz. Y provoquen ir más despacio para conseguir una luz mayoritariamente renovable. El riesgo es político, no tecnológico: podemos tener una luz más limpia y barata. No lo impidan políticamente a costa de nuestro bolsillo.

Leyes contra el maltrato al cliente

El suplicio que supone llamar a un teléfono de atención al cliente (esperas, hablar con robots, cortes…) puede acabar en 2025, si se aprueba la nueva Ley de Atención al Cliente, que se debate por 2ª vez en el Congreso, tras no poder aprobarse en 2023 por el adelanto electoral. La medida estrella es que limita la espera para ser atendido a 3 minutos y será obligatorio que nos atienda una persona física, si lo pedimos, además de fijar plazos para resolver incidencias (15 días). En paralelo, el Gobierno aprobó en marzo otra Ley que permite a las asociaciones de consumidores ejercer demandas colectivas, como la “Dieselgate” contra Volkswagen o las cláusula suelo de algunas hipotecas contra los bancos, agilizando complejas reclamaciones que duran años. Dos Leyes que garantizan mejor los derechos de los consumidores y que obligarán a muchas empresas a reforzar sus servicios de reclamaciones y atención al cliente. Un mayor coste para las empresas que nos acabarán cargando a los consumidores. Seguro.

Todo el mundo ha sufrido al tener que llamar al servicio de atención al cliente por una incidencia en Internet, luz o gas, bancos o servicios: esperas interminables con músicas y mensaje, contestadores automáticos y robots que nos obligan a diálogos absurdos, elección de dígitos que marcar para ser atendido, nuevas  esperas e incluso cortes de llamada cuando el tiempo de espera es elevado o incluso cuando nos está atendiendo un operador, que no retoma la llamada…Un incordio desesperante, que muchas veces nos retrae a la hora de reclamar o simplemente informarnos. La Ley del Consumidor en España es de julio de 1984 y en noviembre de 2007 se incorporaron cambios en un nuevo texto refundido de la Ley, pero no se recogían los cambios que se han dado después en servicios masivos (telecos) o con el auge del comercio electrónico. Por eso, la Comisión Europea aprobó en noviembre de 2020 una Nueva Agenda del Consumidor, para actualizar y mejorar sus derechos.

España se comprometió con la UE a cumplir con esta nueva norma europea que regula el consumo, dentro de las reformas prometidas en el Plan de Recuperación para poder acceder a los Fondos europeos. Y así, el 16 de abril de noviembre de 2021, el Gobierno Sánchez aprobó la Ley de Servicios a la Clientela, que llegó a aprobarse en el Congreso el 27 de abril de 2023, con un amplio consenso (289 votos a favor, incluido el PP, 54 abstenciones de VOX y PDeCAT y 1 voto en contra). Pero cuando la Ley se debatía en el Senado, decayó sin aprobarse (iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2024) por la convocatoria adelantada de elecciones y el final de la Legislatura. Ahora, el nuevo Gobierno volvió a aprobar la Ley de Servicios a la Clientela, el 27 de febrero de 2024, y ya se debate en el Congreso, por el procedimiento de urgencia, para que entre en vigor en 2025.

La Ley de Servicios a la Clientela afecta a todas las empresas privadas que prestan servicios de suministro y distribución de agua y energía, transporte de pasajeros en avión, ferrocarril, mar o vías navegables, autobús o autocar, servicios postales, comunicaciones electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros. También a grandes empresas privadas de más de 250 trabajadores, independientemente del sector, aunque la nueva Ley no afecta a la Administración Pública y sus servicios.

La principal novedad de la Ley es que limita los tiempos de espera para el usuario, a un máximo de 3 minutos en el 95% de las llamadas que recibe la empresa, independientemente del objeto de la llamada, de que sea para información, para reclamar o para solicitar algún servicio postventa. Otro cambio importante es que la empresa no podrá cortar la llamada en espera, como hacen ahora cuando hay un tiempo de espera elevado. Además, prohíbe el uso exclusivo de la atención robótica y los contestadores automáticos, obligando a las empresas a ofrecer la atención de personal físico, empleados suficientemente formados que deberán atender a los usuarios que lo soliciten (en castellano y otras lenguas cooficiales en cada autonomía). Y otro tema importante: se deberá asegurar la atención telefónica y digital a los clientes vulnerables (mayores, analfabetos digitales o discapacitados, por ejemplo sordos o ciegos).

 Se regula también el horario de atención, que deberá ser de 24 horas en el caso de empresas que suministran servicios básicos (agua, gas, electricidad o Internet) y el horario habitual en el resto. Y las empresas deberán admitir para la presentación de consultas o reclamaciones el mismo canal por el que captaron al cliente.

Las oficinas físicas de estas compañías también están obligadas a recibir quejas o reclamaciones, que se podrán enviar también por vía postal, telefónica o correo electrónico. Y en todos los casos, la empresa está obligada a entregar al usuario una clave identificativa de su petición o reclamación, para facilitar su seguimiento. Otra novedad clave de la Ley es que se acortan los plazos máximos para solucionar incidencias, a 15 días (ahora son 30 días). Y con ello, se prohíbe a las empresas seguir reclamando supuestas deudas o proceder a cortar servicios mientras los usuarios tramitan sus reclamaciones. Además, otra novedad es que las empresas estarán obligadas a informar a los usuarios de las incidencias que afecten gravemente de la prestación de un servicio (un corte de luz, agua o Internet, por ejemplo),  sin que el usuario lo requiera expresamente.

La nueva Ley de Servicios a la Clientela obliga a las empresas afectadas a realizar auditorías anuales ( externas e independientes) de sus servicios de atención al cliente, auditorias que deberán conocer las distintas Administraciones, que podrán actuar en consecuencia si son negativas. Las sanciones por incumplimiento de la nueva normativa serán de 150 a 10.000 euros en casos leves, pero podrán llegar a 100.000 euros para infracciones graves.

Las asociaciones de consumidores valoran la nueva Ley de Servicios a la Clientela como “una mejora de la situación actual”, aunque señalan algunas carencias. Para la OCU, el régimen de sanciones es todavía “laxo” y les preocupa que algunos sectores que tienen regulación sectorial propia (como banca o seguros) puedan “librarse”, a lo que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy ha precisado que la Ley “se aplicará de forma horizontal a todos los sectores”. Para FACUA , la nueva Ley se queda “corta”, porque no incluye una indemnización económica al usuario si la empresa no resuelve su reclamación en el plazo requerido. Piden que se fije una reclamación de 50 euros, similar a lo que ya sucede en las reclamaciones eléctricas  (tienes derecho a 30 euros si no te responden en 5 días, aunque la reclamación siga su curso). Y también piden que se recorte el nuevo plazo de 15 días para las reclamaciones a 10 días (similar al que establece ya la Junta de Andalucía). El ministro de Consumo dice que no incluyeron la indemnización para lograr la aprobación de la Ley, que hace un año contó con el apoyo del PP y la mayoría de los nacionalistas, algo que hoy no está asegurado.

La nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela,  si finalmente se aprueba y entra en vigor el 1 de enero de 2025, será un gran avance en los derechos de los consumidores y facilitará que los usuarios se informen, quejen y reclamen vía telefónica, personalmente o por Internet. En paralelo, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo otra Ley, la de Eficiencia de la Justicia, que va a agilizar las reclamaciones colectivas de los consumidores. Se trata, otra vez, de cumplir con una exigencia europea, trasponer la Directiva europea 2020/1928, de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para los intereses colectivos de los consumidores. España debía aplicarla antes del 25 de diciembre de 2022 y sólo cinco días antes, el 20 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una Ley para la protección colectiva de los consumidores. La Ley se debatió en el Congreso en 2023 y, como le pasó a la Ley de Servicios a la Clientela, decayó antes de aprobarse, al anticiparse las elecciones. Y ahora, ha vuelto a aprobarse por el Gobierno, enviándola al Congreso para tramitarla por el procedimiento de urgencia.

Esta Ley pretende facilitar que las organizaciones de consumidores presenten demandas colectivas en los Juzgados, por temas que afectan a miles de usuarios, evitando que cada uno tenga que presentar una demanda (compleja y costosa). En los últimos años, se han multiplicado las demandas colectivas, aumentando un +120% en toda Europa. En España, hay múltiples ejemplos recientes: Forum Filatélico y Afinsa, Bankia, las preferentes, el caso “Dieselgate” contra Volkswagen, la demanda contra varias marcas por “el cartel” de coches y, sobre todo, la demanda por las cláusulas suelo en muchas hipotecas (el tipo mínimo no puede bajar de un mínimo, aunque bajen más los tipos), una macro demanda liderada por Adicae en la que participan 830 consumidores contra 40 bancos españoles y que está pendiente de la sentencia del tribunal europeo de Justicia (TJUE).

Hasta ahora, la presentación de estas demandas colectivas era difícil y colapsaban los juzgados, encareciendo y dilatando la resolución de los litigios. Ahora, la nueva Ley (exigida por Europa y que va con retraso) pretende eliminar las barreras para presentar estas acciones colectivas, regulando la intervención de las asociaciones de consumidores y creando un procedimiento único para abordar estas demandas colectivas, incorporando plataformas electrónicas que permitirán una tramitación más ágil y coordinada (hasta ahora, los Juzgados de cada ciudad, provincia o región podrían acumular miles de causas sin saber que litigios similares se habían presentado en otros lugares). Ahora, el procedimiento judicial será único y más sencillo, aumentando las garantías para los consumidores, que podrán reclamar conjuntamente a través de las organizaciones de consumidores.

Las organizaciones de consumidores apoyan esta nueva Ley para la protección colectiva de los usuarios, pero “temen la injerencia de terceros”, porque abre la vía a nuevas entidades que se dediquen a litigar demandas colectivas como negocio (a cambio de una comisión por lo conseguido), sobre todo Fondos de inversión. El Gobierno reitera que con ello sólo cumple la normativa europea y que los consumidores dispondrán de un listado de organizaciones (en el Ministerio de Consumo) a las que podrán dirigirse para sumarse a una demanda colectiva. Y que las organizaciones de consumidores tendrán que competir por el servicio, con una mayor competencia que ahora, lo que acabará beneficiando a los consumidores. Lo seguro es que se facilitan las demandas colectivas y se reducirá “el atasco” en los Juzgados.

Con ambas Leyes, ahora a debate en el Congreso, los consumidores saldremos ganando, porque podremos defender mejor nuestros derechos y reclamaciones. Eso sí, esta mayor exigencia a las empresas les obligará a mejorar y reforzar sus servicios de Atención al Cliente y Reclamaciones, así como su Departamento Jurídico. Y eso les supondrá más costes, tanto a las compañías de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones como al resto de empresas que prestar servicios a los consumidores. Y estos mayores costes, los acabarán cargando en nuestras facturas, antes o después, de una forma indirecta y no transparente, encareciendo los servicios que prestan (como hacen cuando los Gobiernos les cambian Leyes o normas). Estaremos más protegidos, pero pagaremos más por los servicios que recibimos. Seguro.

España, la despensa de Europa

Con la pandemia, se desplomó la economía y las exportaciones, pero las ventas al extranjero de alimentos españoles crecieran en 2020 y batieron otro récord histórico, tras dos décadas de aumentos. Naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Y somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos. Pero hay varios problemas en este “éxito” alimentario. El primero, que apenas lo nota el campo, los agricultores y ganaderos españoles, que cobran precios bajos y ven subir los costes. El segundo, los consumidores españoles sufrimos alzas de precios continuas (y las mejores naranjas van a Alemania). Y el tercero, sufre el medio ambiente, porque producir alimentos genera un 12,5% de emisiones y consume el 85% del agua. Una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, además de ser su bar, su hotel y su playa. Pero debíamos aspirar a ser otra cosa.

Enrique Ortega

Las exportaciones han sido uno de los motores que han tirado de la economía española desde 2008, atenuando primero la caída de la economía (2009-2013) y ayudando después a la recuperación (aportaron un tercio del crecimiento en 2016 y la cuarta parte en 2019). Pero en 2020, con la pandemia, las exportaciones españolas se desplomaron (cayeron un -10%), como la economía (el PIB cayó un -10,8%). Pero hubo una excepción: las exportaciones de alimentos y bebidas, que crecieron un +5,5%, siendo el único renglón exportador que aumentó: las ventas fuera de coches cayeron un -12,9% y también las exportaciones de ropa (-19,8%), Calzado (-15,9%), maquinaria (-10,3%), equipos de transporte (-23,9%), productos químicos (-3,6%) o cerámica (-1,8%), según los datos de Comercio.

Y no es un año aislado. Las exportaciones de alimentos llevan dos décadas creciendo, año tras año, y casi se han duplicado en la última década: de 31.497 millones exportados en 2011 se pasó a 43.116 millones en 2016 y 51.304,1 millones exportados en 2020, casi la quinta parte (el 19,6%) de todo lo que exportó España. Y lo más llamativo: es uno de los dos únicos sectores económicos donde España es autosuficiente, donde exportamos más de lo que importamos: 51.304 millones de alimentos y bebidas vendidos fuera frente a 33.967,2 millones importados, con un superávit de +17.336 millones en 2020 (año en que España tuvo un déficit comercial global de -13.422 millones de euros). El otro sector con superávit es el automóvil, pero su saldo positivo con el exterior (+8.119 millones en 2020) es la mitad que los alimentos y bebidas (+17.336 millones), según los datos de Comercio.

Para hacernos una idea global, el empuje de los alimentos ha convertido a España en la 4ª potencia exportadora de alimentos de Europa, con un 3,6% de cuota de mercado mundial,  sólo por detrás de Paises Bajos (que es un líder discutible, con un 6% de cuota mundial, porque sus cifras se deben a que muchos alimentos salen de sus puertos pero han llegado de otros paises, no son holandeses), Alemania (5,3%) y Francia (4,6%). Y ocupamos el 7º puesto en el ranking mundial de exportadores de (ver Mapa), encabezado por EEUU (9% de cuota mundial), con Brasil en el 4º puesto (5,2% de cuota) y China en el 5º puesto (4,6% de cuota), seguido España de Canadá (3,3% de cuota), Italia (3,1%) y Bélgica (2,9%).

En 2020, los alimentos que más exportó España fueron la carne de cerdo (fresco y congelado, mucho a Cina, que sufre la peste porcina), cítricos (naranjas, sobre todo a Europa), aceite de oliva y vino, dos alimentos cuyas exportaciones a EEUU se han frenado en 2020 por la drástica subida de aranceles (del 3,5% al 25%) aprobada por Trump en octubre de 2019 (y levantada por Biden en marzo de 2021). A pesar de este contratiempo, España es el primer exportador del mundo (y productor) de aceite de oliva y el primer exportador de vino (en volumen), aunque seamos el tercero en valor (tras Francia e Italia).

Analizando las exportaciones de alimentos y bebidas  hechas en 2020 (51.304 millones), casi el 40% son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (19.559 millones, +6%), seguidas de lejos por las exportaciones de carne (6.188 millones, +16,2%), aceites y grasas (4.208 millones, +1,8%), bebidas (4.073,5 millones, -3,3%), alimentos preparados (3.889 millones, +4,6%), pescado y productos pesqueros (3.815,3 millones), azúcar, café y cacao (1.833 millones, +3,6%) lácteos y huevos (1.572 millones, +2,2%), piensos para animales (1.514 millones, +13,5%), cereales (598 millones, +8,1%), tabaco (211,5 millones, -16,6%) y semillas y frutos oleaginosos (186,3 millones, +16,6%), según los datos de Comercio. En la mayoría de alimentos exportamos más de lo que importamos, salvo en pescado, azúcar, café y cacao, lácteos, piensos, cereales, tabaco y semillas, 7 partidas donde somos deficitarios: importamos más de lo que exportamos.

¿A qué paises vende España? El 63% de las exportaciones de alimentos y bebidas van a la Unión Europea, en especial a Francia (15% del total), Alemania(11,1%), el cliente donde más crecieron las ventas en 2020, Italia (9,8%), Portugal (8,9%), Reino Unido (7,7%), el 2º país europeo donde más crecieron las ventas para anticiparse al Brexit) y Paises Bajos (4,3%). El primer cliente no europeo es China (4,1% ventas, unos 2.400 millones de ventas agroalimentarias), país donde se han duplicado las exportaciones de alimentos españoles (sobre todo cerdo), seguido de Estados Unidos (3,8%, unos 2.100 millones de ventas), según este estudio de CaixaBank Research.

El origen de la mayoría de los alimentos que España exporta está en Andalucía (37% de las exportaciones agroalimentarias), siendo Almería (“la huerta de Europa”) la provincia que aporta la mitad de estas exportaciones andaluzas (3.090 millones, el 15,8% del total nacional), seguida de Huelva (20,9% de las exportaciones andaluzas de alimentos: 1.289 millones, un tercio son fresas), según datos de Extenda, la agencia andaluza de comercio exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana (26,4% de las exportaciones españolas de alimentos) y Murcia (18,5%), Aragón y Cataluña detrás (por la exportación de cerdo), Extremadura, Castilla la Mancha y la Rioja. Al final, Almería y Murcia son la huerta de Europa, aportando el 30,6% de todas las exportaciones hortofrutícolas (6.000 millones en 2020).

Todo este esfuerzo exportador muestra la pujanza del sector agroalimentario español, que en 2020 ha afrontado un doble reto: alimentar a los españoles en pandemia (hemos consumido más alimentos y bebidas) y alimentar a los extranjeros, siendo la despensa de Europa. Gracias a este esfuerzo, se mantienen 2,5 millones de empleos: 744.000 en el campo (agricultura y ganadería), 456.000 en la industria agroalimentaria y 1,3 millones de empleos más en el comercio agroalimentario, según un estudio de Cajamar e IVIE. Pero este dato positivo para el empleo y el empujón económico que conlleva la pujanza del sector, no pueden  esconder 3 problemas que hay detrás del “boom” exportador de alimentos de España: la situación del campo, los consumidores y el medio ambiente.

El campo español apenas se ha beneficiado del “boom exportador. Los agricultores y ganaderos han aumentado sus ventas en 2020, pero se quejan de que también les han aumentado sus costes y que los precios que les pagan por alimentos y carnes no les compensan, denunciando que el beneficio se lo llevan los intermediarios (en España y en Europa). No hay datos del margen con que se venden los alimentos en Europa, pero sí en España: 5,13 veces más caros los productos agrícolas y 3,30 veces los ganaderos, según el índice de precios (IPOD) que elabora COAG. Veamos tres ejemplos: la patata se le paga al agricultor a 0,08 euros kilo y se vende en el mercado a 0,80 euros kilo (10 veces más cara). La naranja se paga al productos a 0,29 euros kilo y nos la venden a 1,89 euros (6,5 veces más). Y la ternera, de 3,69 euros/kilo a 16,12 euros (4,37 veces más).

Además, los trabajadores del campo sufren mayor precariedad y peores salarios para que España pueda competir con otros paises a la hora de vender alimentos en Europa y el resto del mundo. De hecho, podemos ser competitivos vendiendo alimentos y bebidas porque los costes laborales en el campo español son un 44 % más bajos que la media europea, según el estudio de Cajamar e IVIE. Y eso explica también los “poblados” de inmigrantes y trabajadores precarios (que ha denunciado la ONU) que se multiplican por Almería, Huelva, Murcia e incluso zonas de Huesca o Lérida (mataderos y recolección de fruta). Los exportadores de frutas se quejan de la “competencia desleal” de Marruecos, porque pagan 7 euros la hora (350 euros a la semana), que es lo que se paga en Marruecos al día (no sabemos si es lo que querrían pagar ellos…).

El segundo problema es que los consumidores españoles “pagamos” este boom exportador, por dos vías. Una, que el aumento de las exportaciones dispara los precios dentro, porque fuera se paga más: los alimentos y bebidas son un 4,3% más caros en la UE-28 que en España, con lo que los productores tratarán de forzar venderlos más caros aquí, con la “amenaza” de exportarlos si los intermediarios y supermercados no pagan más. De hecho, los alimentos llevan subiendo más que el IPC desde hace años y también en 2020: el índice anual de alimentación subió el 1,1%, cuando el IPC cayó un -0,5%. Y los alimentos encadenan ya 7 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,6% en febrero de 2021, cuando el IPC total sube el +0%.  El otro coste es que la mejor fruta, verdura, carne, vino y aceite se exportan, porque pagan más.

El tercer problema del “boom” exportador de alimentos es más de fondo: daña al medio ambiente. Por un lado, la producción de alimentos es el 4º mayor emisor de CO2 en España: 39,7 millones de TmC02, el 12,5% de las emisiones totales de 2019, sólo por detrás del transporte (29%), la industria (20,6%) y la generación de electricidad (13,5%) y por encima de las emisiones residenciales (8,8%), según el Inventario de Emisiones oficial. Y del total de emisiones del campo español, 67% corresponden a la ganadería y 33% a la agricultura. La producción de carnes, sobre todo la ganadería industrial, genera emisiones por el proceso de digestión de los rumiantes (metano, el 2º gas que provoca el efecto invernadero), el estiércol y los purines de las granjas (emiten metano o óxido de nitrógeno) y también por  el forraje y los piensos que consumen (que llevan a la deforestación). Y la agricultura, al utilizar fertilizantes nitrogenados y abonos emite óxido de nitrógeno (N2O).

De hecho, la FAO (la ONU de la alimentación) estima que la agricultura y la ganadería generan un 20% de las emisiones de efecto invernadero. Y que la ganadería es responsable del 35 al 40% de las emisiones de metano y del 65% de emisiones de oxido de nitrógeno (N2O). Y a eso se une que los pesticidas utilizados en la agricultura extensiva y los purines de las granjas contaminan las aguas y los acuíferos.

Además, la agricultura y ganadería intensivas consumen mucha agua: concretamente el 85% del total, gastando otro 3% la industria y quedando el 12% restante para el abastecimiento humano, según Ecologistas en Acción. Ya hemos superado las 4 millones de hectáreas de regadío (más un 5 a un 10% más de regadío ilegal), que ha aumentado un 21% en las últimas dos décadas, para alimentar el “boom” exportador de alimentos. Además, hay extensas zonas de Almería, Murcia o Huelva donde las explotaciones agrarias han gastado el agua disponible y han sobreexplotado los pozos, agotando y contaminando los acuíferos. Y gran parte de la agricultura intensiva son cultivos no para producir alimentos sino forraje para el ganado o para piensos. Con ello, la ganadería consume en España tanta agua en un año como todos los hogares en una década, según Greenpeace.

Así que muy bien que seamos una potencia en la producción y exportación de alimentos, pero ojo al tremendo coste (laboral, inflacionista y ecológico) de ser la despensa de Europa. Habría que defender una producción agroalimentaria más justa y sostenible, que no se asiente en explotar a sus trabajadores, mal pagar a agricultores y ganaderos, hacer subir los precios interiores y deteriorar el medio ambiente y el agua. El Estado debería intervenir y asegurar unos mínimos, ayudando a consolidar un sector que debía ser laboralmente más justo, menos contaminante y más dinámico, apoyándose en la digitalización y en mejores infraestructuras de transporte. Esa es otra: cada día salen de Almería 1.500 camiones hacia Europa (y miles más de Murcia o Valencia), debido a que no se avanza en el corredor mediterráneo, para que exportemos alimentos por tren. Habría que dedicar una parte de los Fondos europeos a asegurar un futuro más sostenible para el sector agroalimentario, casi tan potente como el turismo.

Y una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, como también somos su bar, su hotel y su playa. Pero como se ha visto con la pandemia, eso nos hace muy vulnerables y más pobres, porque son actividades que crean menos empleo estable y menos riqueza. Sería bueno que aspiráramos a ser otra cosa.

El gasto para la recuperación no es "verde"

En el último mes, la ONU ha lanzado 3 alertas medioambientales, que han pasado desapercibidas por la pandemia. La primera, que el mundo se enfrenta a una triple emergencia: cambio climático, pérdida de diversidad y contaminación. La segunda, que se acaba el tiempo para actuar pero 121 paises no han presentado sus Planes para recortar más las emisiones de CO2, que siguen en niveles récord. Y la más preocupante, que el mundo está gastando billones en ayudas y medidas contra la recesión provocada por la pandemia, pero sólo el 18% de ese dinero se gasta “en verde”: el resto de inversiones agravan el cambio climático. La ONU advierte que 2021 es clave para que los paises actúen de verdad contra la emergencia climática, con inversiones eficaces y más colaboración ciudadana. Y los jóvenes han vuelto a manifestarse en 60 paises para que se actúe y acaben las promesas vacías. No hay vacuna para salvar el medio ambiente. Ni un Planeta B.

Enrique Ortega

La pandemia ha paralizado la actividad económica en todo el mundo, provocando la mayor recesión del último siglo y una caída del consumo de energía. Pero apenas ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero: las emisiones de CO2 cayeron un -4% en 2020, tras haber subido en los tres años anteriores (+2,6% en 2019), según los últimos datos de Carbon Monitor. La caída de emisiones fue mayor en EEUU (-9,4%), Brasil (-9,8%) e India (-8,1%), algo menor en Europa (-7,5%), Japón (-5%) y Rusia (-2,9%), aumentado en China (+0,5% subieron sus emisiones en 2020). España fue el país donde más cayeron las emisiones (-13,1%, frente a -9,5% en Reino Unido, -9% en Francia. -7,9% en Alemania y -7,4% en Italia),  casi la mitad de la caída (-5,4%) por las menores emisiones en la producción de electricidad (el 44% de la luz fue renovable) y el resto por la reducción de emisiones en el transporte terrestre (-3,8%) y la industria (-2,7%), por los confinamientos y la recesión, aunque se han mantenido estables (solo cayeron un -0,2%) las emisiones de las viviendas.

Pero esta bajada de las emisiones de CO2 se frenó en el verano, con la mayor movilidad y actividad y sobre todo en el último trimestre de 2020: del 1 de octubre al 31 de diciembre, las emisiones mundiales volvieron a crecer un +0,2%. Y sólo en el mes de diciembre de 2020, crecieron un 2,3%, según el último dato de Carbon Monitor. Así que todo apunta a que este año 2021 volverán a subir las emisiones de CO2, como viene pasando desde el año 2000 (un 3% anual entre 2000 y 2009 y un 1% anual entre 2010 y 2019). El temor de los expertos es que si la recuperación tras la pandemia es fuerte y rápida, sobre todo en 2022 y 2023, se disparen otra vez las emisiones de CO2, atenuadas la última década.

Pase lo que pase, el problema ya lo tenemos, porque llevamos dos siglos acumulando emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, metano y óxido nitroso), producidos sobre todo (en un 75%) por la actividad humana. Y así, la acumulación de CO2 era ya de 418,46 ppm (partes por millón) el pasado 20 de marzo, frente a 414,34 un año antes. Y esto supone la concentración más alta de CO2 en la atmósfera desde hace… 650.000 millones de años, según advierte la ONU (PNUMA, Programa sobre Medio Ambiente) en su informe “Brecha de emisiones 2020”. Y con esta elevadísima concentración de gases de efecto invernadero, el clima se resiente cada año más, según revela otro informe del PNUMA (ONU): 2020 ha sido uno de los tres años más calurosos de la historia, ha seguido el deshielo ártico y el aumento del nivel del mar (ha subido 10 centímetros desde 1993), se han disparado las inundaciones, tormentas y sequías (afectando a 50 millones de personas en el año 2000) y se han  multiplicado los “megaincendios” en Australia, Brasil, Rusia y Estados Unidos.

Pero no se deteriora sólo el clima. La ONU (PNUMA) lanzó el 18 de febrero su primera alerta al mundo este año: nos enfrentamos a una triple emergencia medioambiental, en el terreno del clima (cambio climático), la biodiversidad y la contaminación. Por un lado, la temperatura del Planeta sigue subiendo y a este ritmo, subirá 3 grados a finales de siglo cuando lo máximo compatible con la vida serían 1,5 grados. La segunda emergencia es la pérdida de biodiversidad: más de 1 millón de especies (animales y plantas) de los 8 millones existentes están en peligro de extinción, por las emisiones y el deterioro ambiental. Y la tercera emergencia es la contaminación, de los océanos (está acidificado, porque absorbe el exceso de CO2, con zonas sin oxígeno y un exceso de plásticos), el agua dulce (arrojamos desechos industriales y residuos)  y el aire, provocando esta contaminación casi 9 millones de muertes prematuras al año. “Estamos destruyendo el Planeta y la prosperidad de la humanidad está en riesgo”, advirtió el secretario general de la ONU. Y añadió: “Estamos cerca del punto de no retorno. Tenemos que hacer las paces con la naturaleza”.

El problema es que casi todo el mundo reconoce la gravedad del problema medio ambiental, pero hay demasiadas palabras y pocos hechos. Y encima, la pandemia ha paralizado muchos Planes. Con eso llegamos a la 2ª alerta de la ONU, en su informe del 26 de febrero: la mayoría de paises incumplen sus compromisos del Tratado de París, firmado en diciembre de 2015: de los 196 paises que lo firmaron, sólo 75 paises habían presentado la revisión de sus Planes nacionales al 31 de diciembre de 2020, como era obligatorio, según la ONU. Son los 27 paises de la UE y Reino Unido (que han presentado Planes con recortes adicionales), más Rusia y Australia (con nuevos Planes) o Brasil (cuyo Plan carece de objetivos de recortes para 2030) y otros paises menores. Pero no han presentado Planes con recortes adicionales ni EEUU ni China, que suponen juntos el 40% de las emisiones mundiales.

Ya no es sólo que los paises incumplan el compromiso de presentar Planes concretos de recortes de emisiones, sino que muchos paises “hacen publicidad” de que van a conseguir 0 emisiones netas para 2050 pero apenas justifican recortes para 2030. De hecho, 126 paises (que representan el 51% de las emisiones mundiales) han prometido ya emisiones cero para 2050 (y China para 2060), pero la ONU cree que sus promesas de recortes para 2030 “son incongruentes” con conseguir 0 emisiones para 2050. A lo claro: que “venden la imagen” de que va a ser “verdes”, pero no tienen Planes serios para 2030.  

La estimación de la ONU es que los recortes prometidos hoy para 2030 son insuficientes,  salvo en el caso de la UE-27 (que ha elevado su recorte del 40 al 55%)  y el Reino Unido (que lo ha elevado del 53 al 68%). Y que por este camino tan lento en el recorte de emisiones, la temperatura del Planeta alcanzaría el aumento de 1,5º sobre el periodo preindustrial en 2040 (o incluso antes) y no en 2100, que es el objetivo deseable y el firmado en el Acuerdo de París. Por eso, la ONU insiste en que no bastan los recortes prometidos y que hay que ser más ambiciosos, buscar un recorte global de emisiones del -45% (sobre las de 2010) para 2030. Y quedan menos de 10 años para conseguirlo. Por eso, el secretario general de la ONU dice que 2021 es un año crucial: o todos los paises recortan más o será tarde. Y pide que se aceleren los Planes, para aprobarlos en la Cumbre de Glasgow de noviembre de 2021.

La tercera alerta de la ONU, lanzada el 10 de marzo por el PNUMA, es quizás la más preocupante: los billones que los paises están gastando en luchar contra la pandemia y conseguir la recuperación económica van por mal camino, no son inversiones “verdes”. Así,  de los 14,6 billones de dólares que han gastado en 2020 los 50 principales paises en ayudas y medidas de reactivación económica, sólo un 18% (368.000 millones de dólares)  van en la buena dirección, son inversiones “verdes”, según este estudio realizado por la Universidad de Oxford y el PNUMA (ONU). O sea, que el 82% del gasto que está haciendo el mundo para salir de la pandemia agrava las emisiones y el cambio climático. Tremendo.

En definitiva, que la mayor movilización de recursos públicos de la historia agrava la crisis medioambiental del Planeta en lugar de ayudar, porque aumenta las ayudas al consumo no sostenible, al transporte, al campo o a las energías fósiles, sin ayudar a cambiar los hábitos de producción y consumo. Según este estudio de la ONU, sólo el 16% de estas ayudas mundiales reducen la contaminación del aire y el 84% restante la aumenta. Y sólo el 3% de las inversiones reducen la pérdida de ecosistemas, mientras el 97% restante los deteriora más. La mayor parte de esas inversiones “verdes”, en la buena dirección, las están haciendo los paises europeos, con Francia, Alemania, España y Polonia en cabeza. Y el informe muestra (ver este cuadro en la página XII) los paises que deterioran más el medio ambiente con sus inversiones anti-COVID: EEUU, Rusia, México, Sudáfrica, India e Indonesia, junto a Corea y Canadá.

En resumen, las 3 alertas de la ONU a los paises son preocupantes: el deterioro ambiental aumenta, los recortes de emisiones prometidos son insuficientes y las inversiones millonarias que hacen los paises para salir de la recesión del COVID empeoran más el medio ambiente. El corolario es evidente: hay que ir por otro camino, aprovechar las inversiones y la recuperación para recortar drásticamente las subvenciones a las energías fósiles y producir y consumir de otra manera. La ONU pide a los paises que rehagan sus Planes de recorte de emisiones y sean tres veces más ambiciosos, no sólo en la industria y el automóvil, sino también en el recorte de emisiones del transporte aéreo y marítimo, que quedaron fuera de los recortes de los Acuerdos de París. Y también piden a los paises ricos un mayor esfuerzo, porque el 1% más rico del mundo emite tanto como el 50% más pobre.

Además de pedir un esfuerzo a los paises, especialmente a los del G-20 (“culpables” del 78% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero), la ONU ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos del mundo, para que “cambiemos nuestra forma de vivir”, porque calculan que dos tercios de las emisiones mundiales de CO2 están vinculadas a “actividades domésticas”: 20% de emisiones se dan en el ámbito de las viviendas (calefacción y electricidad), otro 20% en el transporte (coches y vuelos) y 20% más en la alimentación (la agricultura y la ganadería provocan muchas emisiones).

Así que ya sabemos lo mal que están las cosas en el medio ambiente y lo poco que hacemos los paises y los ciudadanos. Incluso que la mayor parte de lo que se está gastando para luchar contra la pandemia y la recesión agrava los problemas del Planeta. Es hora de tomárselo en serio, de que paises y ciudadanos tomemos medidas, sin esperar al fin de la pandemia. Porque se acaba el tiempo para actuar.

La hoja de ruta de la ONU es que los paises presenten este año Planes concretos para reconvertir sus economías y su transporte, como ha hecho la Unión Europea y España, con el Plan de recuperación y el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que contempla 81 medidas, con 4 objetivos intermedios para 2030: reducir las emisiones un 23% (sobre las de 1990), duplicar el consumo de renovables (al 42% del consumo final), duplicar la electricidad 100% renovable (del 37,5% en 2019 al 74% en 2030, con el cierre en 2025 de todas las centrales de carbón) y mejorar la eficiencia energética (un +39,2% para 2030). Y otro objetivo más: que en 2040 sólo se vendan coches 0 emisiones. Todo ello exige, según este Plan, que España destine más de 200.000 millones a inversiones verdes en la próxima década, lo que reportará de 250.000 a 300.000 empleos netos anuales.

Pero además, los ciudadanos tenemos que cambiar nuestra forma de vida, para ayudar a reducir las emisiones y salvar el Planeta. Tenemos que cambiar nuestro transporte, no sólo en las ciudades  (con más transporte público y más bicicletas) y comprando más coches híbridos o eléctricos y menos SUV, sino haciendo menos viajes en avión (sustituir los vuelos de menos de una hora por el tren) y reduciendo la velocidad. Es importante también consumir menos energía en casa, con más aislamiento (se va a ayudar la rehabilitación de viviendas con fondos europeos) y menos consumo de electricidad y un aire acondicionado menos fuerte, reciclando al máximo. Y cambiar los hábitos de consumo: comprar más productos de proximidad (no importados), comer menos carne (una fuente de metano y NO2) y no hacer compras innecesarias (consumismo). Y también, estar dispuestos a pagar más impuestos por consumir productos más ecológicos o carburantes sucios: hoy pagamos 16 céntimos menos que la media europea de impuestos por litro de gasolina y 12 céntimos menos por litro de gasóleo, según los datos del Boletín Petrolero europeo.

Hace unos días, miles de jóvenes volvían a manifestarse en 700 ciudades de 60 paises, en los “Fridays for Future”, para pedir a los Gobiernos que “dejen de hacer promesas vacías”, que tomen medidas de verdad para no dejarles un mundo insostenible. Basta ya de palabras: no puede haber más demoras, con la excusa del coronavirus. Hay que enfocar la salida de la crisis y la recuperación “en verde”, los Gobiernos y los ciudadanos. Porque el deterioro ambiental avanza y se acaba el tiempo para frenarlo. Hay que volcarse a tope contra esta peligrosa “pandemia medioambiental”. No hay vacuna. Ni Planeta B.

Inflación negativa y euro fuerte: un coctel nefasto

En octubre, la inflación anual sigue negativa (-0,9%), por 7º mes consecutivo. Y España es el país grande europeo donde más caen los precios. Que bajen puede parecer una buena noticia, porque nos permite ganar poder adquisitivo, pero es muy mala: los consumidores retrasan sus compras, las empresas venden y ganan menos, invierten menos y crean menos empleo, retrasando la reconstrucción del país. Y encima, el euro sigue fuerte, lo que alienta más la bajada de precios (hay más importaciones) y encarece las exportaciones europeas, retrasando la recuperación. La inflación negativa continuará unos meses más y provocará que el BCE tome medidas en diciembre, inyectando más liquidez a la economía. En España, urge aprobar los Presupuestos 2021, para relanzar el gasto y la inversión, el crecimiento y la inflación. Pero es clave que no caigan los salarios, para recuperar el consumo y los precios. Porque la inflación negativa es un síntoma de que la economía está en la UCI.

 

Una secuela de todas las crisis es que bajan los precios, como reacción para contrarrestar la caída del consumo y la actividad. Pero en esta crisis del COVID 19, la caída de precios ha sido más rápida que en la anterior crisis de 2008. Entonces pasaron 6 meses entre la caída de Lehman Brothers (septiembre 2008) y la primera caída de la inflación anual (-0,1% en marzo de 2009), que se prolongó durante 8 meses, hasta octubre de 2009 (-0,7%). Ahora, la inflación se estancó ya el primer mes del confinamiento (+0% de inflación anual en marzo de 2020, tras haber subido un +0,7% en febrero) y lleva cayendo mes a mes desde abril (-0,7% anual) hasta octubre (-0,9%), 7 meses consecutivos según el INE.

La inflación negativa ha aparecido también en Europa, pero más tarde que en España: en la zona euro (19 paises UE), la inflación negativa no apareció hasta agosto de 2020 (-0,2%) y ha empeorado ligeramente en septiembre (-0,3%) y octubre (-0,3%), según el último dato de Eurostat. Con ello, España se sitúa como el país grande del euro con más inflación negativa (-1% en octubre, el dato de inflación anual armonizada con Europa), más del triple de caída que la media del euro (-0,3% en octubre) y por encima de la caída en Alemania (-0,5%), Italia (-0,6%) y Francia (+0%) o Portugal (-0,6%), mientras los paises ricos del norte tienen subidas de precios (+1,1% Holanda, +1,3% Austria, +0,4% Bélgica, +0,2% Finlandia) y caen más que en España en Grecia (-2%), Irlanda (-1,8%), Estonia (-1,7%) o Chipre (-1,3%). Al final, los paises que más sufren la pandemia ven mayores caídas de precios.

Esta bajada de precios en la mayoría de Europa se debe a la recesión por el COVID 19 (con menos actividad, las empresas buscan mantener ventas con bajadas de precios), la caída de los precios del petróleo (de 68,71 dólares/barril el 3 de enero a 22,98 el 22 de marzo y 41 dólares/barril hoy), a la bajada coyuntural del IVA en Alemania y otros paises europeos, al aumento de importaciones y al envejecimiento de la población europea, que alienta un menor consumo y menores subidas de precios (como se ha visto en Japón). Algunos expertos, como los de Funcas, señalan que no podemos hablar todavía de “deflación” (exige 12 meses continuados de bajadas de precios, según la definición del FMI, y sólo llevamos 7) y creen que no hay que preocuparse demasiado, porque la bajada de precios no es generalizada: se debe sobre todo a la bajada de la energía y lo que es la inflación “de fondo” (la llaman inflación “subyacente: sin energía ni alimentos no elaborados) sube, está en positivo (+0,4% en octubre), con subidas anuales en alimentación (+2,4%), vestido y calzado (+1%), enseñanza (+1,2%), medicina (+0,4%), menaje (+0,4%) y hoteles y restaurantes (+0,3%), según las subidas recogidas en el último IPC detallado por el INE, el de septiembre.

A pesar de todo esto, la inflación sigue negativa y va a continuar así varios meses más , según la última previsión del FMI, de octubre: la inflación anual caerá este año al -0,3% en España, con lo que seremos el 2º país europeo que cerrará el año 2020 con una inflación negativa, junto a Francia (-0,5%), mientras en Italia los precios subirán un +0,1%, en Alemania y Reino Unido un +0,3% y en la zona euro un +0,1%. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Sánchez son más optimistas, porque creen que los precios podrían cerrar el año con una subida del 0%, que mejoraría en 2021 hasta subir los precios un +0,9%. Con todo, estamos ante la inflación más baja del siglo y de varias décadas anteriores.

Podría parecer que esta baja inflación (ahora negativa y en unos meses cero) es algo “bueno” para España y el resto de Europa, sobre todo para los consumidores porque podemos comprar más barato, mejora nuestro “poder adquisitivo”. Y es así, pero este aspecto positivo se contrarresta con muchos otros aspectos negativos, que preocupan a los Gobiernos y expertos. El primero, que la inflación negativa desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente preocupante para España, porque tenemos más del doble de paro que Europa (16,5% en septiembre frente al 7,5% en la UE-27, según Eurostat). El mecanismo es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos, retrasa sus compras a la espera de que bajen más o porque no teme que suban. Y las empresas ven recortarse sus ventas y sus márgenes, al ser forzadas a recortar precios para competir. Y con esto, venden menos, ganan menos, invierten menos y no crean empleo (o lo reducen). Y esto es especialmente preocupante ahora, porque retrasa la recuperación post COVID.

Un segundo problema que acarrea la inflación negativa (o muy baja) es que reduce los ingresos públicos, sobre todo el IVA (también Sociedades, IRPF e impuestos especiales), tanto porque se reduce el consumo como porque bajan las ventas y los precios (se aplica un IVA sobre un precio menor). Es algo que ya está pasando en 2020, con la recesión ligada a la pandemia. Y un problema más preocupante para España, porque este año 2020 tendremos un déficit público récord, del -10,1% del PIB, frente al -8,5% de la zona euro, el -7% de Alemania, -9,9% de Francia o el 11,1% de Italia, según la Comisión Europea.

El tercer problema que implica una inflación negativa (o muy baja) es que perjudica a los que tienen deudas, porque no rebaja lo que hay que devolver (si la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo que valía cuando lo pedimos).Y este es un problema que también perjudica más a España, porque somos uno de los paises más endeudados del mundo. Las Administraciones Públicas (Estado, SS, autonomías y Ayuntamientos) debían en junio 1.291.057 millones de euros, el 110,1% del PIB, según el último dato publicado por el Banco de España. Y los particulares debían todavía más, 1.654.000 millones (el 141,2% del PIB), entre las empresas (944.138 millones) y las familias (otros 709.861 millones de euros), según el Banco de España. Para todos , una inflación negativa es una mala noticia, porque les dificulta devolver esa deuda.

Y además, hay un cuarto problema: una inflación negativa (o muy baja) obliga a las empresas a entrar en una dinámica de ofertas “low cost”, a tirar precios para competir, lo que aumenta la ya preocupante “precariedad laboral” (más contratos basura y más tareas “subcontratadas”) y deteriora aún más los salarios, que ya cayeron con la anterior crisis y que no suben ahora sino que bajan con el coronavirus. Así que lo que podríamos ganar los ciudadanos como consumidores (poder comprar más batato) lo perderemos como trabajadores, como familias endeudadas y como contribuyentes. Mal negocio.

Lo peor ahora es que hay otro factor en Europa que se suma a la inflación negativa: el euro fuerte frente al dólar (se necesitan más dólares para comprar un euro). La moneda única, que empezó el año en una cotización de 1,1208 dólares por euro, cayó hasta un mínimo de 1,0831 dólares/euro (7 de mayo) y repuntó luego en verano hasta un máximo de 1,1938 dólares (31 agosto), que se ha suavizado hasta los 1,1809 dólares por euro de hoy, a la espera de los resultados de las elecciones USA. La revalorización del euro (+5,36% desde enero) no se debe a que Europa vaya económicamente mejor que EEUU (va peor: la zona euro ha caído un -11,8% con la pandemia, frente al -9,1% USA) sino a que la Reserva Federal Norteamericana se ha gastado mucho más dinero en reanimar la economía (ha inyectado 3,1 billones de euros frente a 1,4 billones el BCE), lo que hace que en EEUU haya mucha más liquidez , más dólares en circulación y eso deprecia el billete verde. Y además, en esta crisis, el dólar no ha actuado como “valor refugio”, por la incertidumbre sobre Trump, lo que ha permitido al euro ganar terreno durante todo el año.

Y la previsión, muy pendiente de lo que pase con Trump, es que el euro se fortalezca más en 2021. Así, el escenario de los Presupuestos 2021 contempla que la cotización media del euro se estabilice en 1,10 dólares por euro en 2020 (como 2019) pero que suba a una media de 1,20 dólares por euro en 2021 (+9,1% de revalorización). ¿Qué problema supone tener un euro fuerte? Básicamente, dos. El primero, que un euro más fuerte abarata las importaciones de los paises europeos (de España también) y eso presiona a las empresas nacionales a bajar más los precios para competir: es otro acicate para la inflación negativa (o muy baja). El segundo problema de un euro fuerte es que encarece las exportaciones europeas, al tener que pagarlas en euros más caros. Y esto es muy negativo para España y el resto de paises europeos, porque una de las claves para salir de esta crisis es que las empresas puedan recuperar sus exportaciones de antes, diezmadas por la pandemia.

Así que, por si teníamos poco con la inflación negativa de los últimos meses, el euro más fuerte se suma al coctel para forzar a la baja los precios y dificultar las ventas en el extranjero. La baja inflación de la zona euro, que va a seguir todavía unos meses (y se agrava con los rebrotes de la pandemia) preocupa muy seriamente al Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo desde su creación es “luchar contra la inflación”, impedir que suba del 2%. Pero lleva ya una década con poca inflación (+1,2% de subida media en la zona euro entre agosto de 2008 y finales de 2019) y ahora tres meses incluso de inflación negativa. Y asistiendo al grave problema de que Europa apenas crece, antes y ahora con la pandemia.

Por eso, el BCE quiere poner la inflación en 2º plano y buscar cómo ayuda a reanimar la economía europea, que sufre la mayor crisis desde el final de la II Guerra Mundial. Y ya ha anticipado que en diciembre tomará más medidas, para estimular la economía de la zona euro con una nueva inyección de liquidez, por tres vías: más compra de deuda pública y privada europea (+600.000 millones que se suman a los 1,4 millones de estos años), ampliar 6 meses el programa de compra (hasta finales de 2021) y mantener el tipo de interés preferencial (-1%) para sostener a los bancos. El objetivo es dar otro empujón a las economías europeas, tras la 2ª ola de contagios, y de paso, con esta inyección de liquidez, subir algo la inflación (al 1% en 2021) y bajarle los humos al euro, dos logros colaterales, que, de conseguirse, ayudarían a la recuperación de las economías europeas.

En España, todas  las esperanzas están puestas en los Presupuestos 2021, que incluyen un gasto y una inversión pública récord (con el adelanto de 26.634 millones de fondos europeos), que deberían reanimar la actividad y el consumo, sobre todo con la subida del 0,9% a los pensionistas (8.867.680 personas que han ganado poder adquisitivo en 2020, que cerrará con una inflación del 0%) y a los funcionarios (2,6 millones de empleados públicos que también han ganado poder adquisitivo y que no lo perderán tampoco, como los pensionistas, en 2021, cuando se espera un 0,9% de aumento de precios). Eso sí, el Gobierno ha congelado el salario mínimo en 950 euros, tras subirlo un 29% en los últimos dos años.

La clave de 2021 va a estar en los salarios, porque si no suben algo y pierden poder adquisitivo, será difícil reanimar el consumo y la inflación. De momento, la subida pactada en los pocos convenios firmados este año 2020 (7 millones de trabajadores en 868.400 empresas) ha sido del +1,93%, inferior al +2,26% de aumento pactado en 2019, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría de trabajadores no están incluidos en estas estadísticas (pymes, personal fuera de convenio, empresas que no han firmado convenio), con lo que la subida salarial de este año será mucho menor. Y hay muchas empresas que, por la pandemia, ya están bajando sueldos a cambio de mantener el empleo (o en las nuevas contrataciones): un 17% de los trabajadores ya han sufrido una reducción de salarios y a otro 53% se les ha congelado, según una reciente Encuesta de la consultora Hays. Y un estudio del grupo Adecco prevé un reajuste de salarios en las nuevas ofertas de empleo, con bajadas del -10 al 15%. Y peor será para los que acaben despedidos.

En resumen, es prioritario reanimar el consumo y el gasto para recuperar  la economía y hacer subir los precios, requisito clave para reconstruir la economía. Y para ello, las empresas tienen que intentar no bajar los salarios de sus trabajadores y subirlos los que puedan (supermercados, empresas de logística, e-commerce, sanidad y educación), porque es “la gasolina” que necesitamos para aumentar el consumo y los precios. Si no lo hacen y las empresas aprovechan la pandemia para recortar salarios, retrasarán la recuperación.