El negocio de la muerte: la "burbuja" funeraria

Este fin de semana recordamos a nuestros difuntos, una ocasión para conocer los entresijos del sector funerario en España. El negocio “más seguro”: cada día mueren 1.188 personas, un 50% más que hace 45 años. Y con futuro: en 2050 habrá 548 muertos más al día. Esto propicia que las grandes empresas de servicios funerarios hayan creado una “burbuja” de tanatorios (casi 6 plazas por cada muerto diario) y crematorios: hay tres por cada incinerado y tenemos el 45% de toda Europa. Este exceso de oferta y costes, más la concentración de las funerarias (las 5 grandes controlan un tercio de los funerales) han encarecido los funerales, con un coste entre 3.700 y 5.000 euros, que alimentan el negocio junto a los “seguros de decesos”, el 2º más popular: hay 22,2 millones de españoles que pagan por su futuro entierro, a pocas aseguradoras, que también controlan las funerarias. Un negocio con poca competencia y transparencia, sin una Ley y regido por un Decreto de 1974.

                           Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio “seguro” y con gran “futuro”. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población (hoy, 3 millones de españoles tienen más de 80 años, el 6,20% de la población, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84 años en 2025). La consecuencia es que las defunciones han aumentado un 50% en los últimos 45 años, saltando de 289.344 fallecidos en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012, 493.796 en 2020 (por el COVID) y 433.547 en 2024 (y 303.935 este año, hasta finales de agosto, según el INE). Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.188 en 2024.

Pero además de que ha aumentado un 50% la mortalidad y los entierros, las previsiones apuntan a que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de media en 2061) y el envejecimiento de la población (el 13% de los españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que ahora). La estimación del INE para los años 2030-50 es que haya 483.250 muertes en 2030, 549.250 en 2040 y 633.580 fallecidos en 2050 (200.000 más que en 2024). Y que la mortalidad siga creciendo, hasta alcanzar un máximo de defunciones en 2065: 707.570 fallecidos dentro de 40 años, 1.938 muertos al día (casi el doble de los 1.188 de 2024).

Con estos datos, es normal que muchas empresas e inversores (incluso Fondos extranjeros) se hayan apuntado en las últimas décadas al “negocio de la muerte”, a ofrecer servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el “boom” de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y después, las aseguradoras. Y así, ahora nos encontramos con una “burbuja funeraria”, miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.

Actualmente, hay en España 2.525 tanatorios (100 más que en 2016), con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los últimos datos (2023) de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,9 salas por cada persona que fallece al día (1.188 en 2024), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la “sobrecapacidad” de los crematorios disponibles: había 537 hornos crematorios en 2023 (eran 380 en 2016), según Panasef, con una capacidad de hacer 1.549 incineraciones al día. Y eso supone el triple de la actual demanda, dado que en España se realizan unas 570 incineraciones al día (al 47,78% de los fallecidos en 2023, cuando sólo se incineraban el 16% de los muertos en 2005). Esta “burbuja” de hornos crematorios, fomentada por las funerarias, lleva a que España acapara casi la mitad de los crematorios de Europa (el 45% del total), casi duplicando los de Reino Unido (315), duplicando con creces los de Francia (206), triplicando los de Alemania (164) y multiplicando por 6 los crematorios de Italia (87). Y sólo Madrid (33) tiene más crematorios que toda Bélgica (21), Portugal (20) o Austria (15).

Estos tanatorios y crematorios han aumentado su facturación en los últimos años, al rebufo de la mayor mortalidad y la subida de tarifas. En 2024, la patronal estima una facturación del negocio funerario de 1.719 millones de euros, un aumento de ingresos del +2,38% sobre 2023 y del +16,85% sobre la facturación en 2015 (1.471 millones de euros), según Panasef. El sector funerario se ha ido concentrando en los últimos años, porque las grandes empresas se han dedicado a comprar funerarias locales para crecer: así en 2007 había en España 1.616 empresas funerarias, que se redujeron a 1.300 en 2019 y que rondaban las 1.000 funerarias en 2024 (en menos de dos décadas se han perdido un tercio, el 38%). 

Y el proceso de concentración sigue mes a mes, con lo que las grandes funerarias (las “5 grandes”) copan cada vez más mercado, un tercio del total (del 30 al 35%), mientras las pequeñas y medianas funerarias locales (80% del sector) sólo tienen un 19% de cuota (y bajando). Actualmente, las aseguradoras dominan las grandes funerarias. La líder del sector, Mémora (facturó 262,8 millones en 2024 y tiene casi 16% de cuota de mercado), es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente (Occident), que la compró en febrero de 2023 al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). Le sigue Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, con casi 200 millones de facturación y una cuota del 12%. En tercer lugar está Enalta (antes Funespaña), controlada por Mapfre, que factura unos 100 millones y roza el 7% de cuota. Le sigue Servisa, de la aseguradora Ocaso, con unos 85 millones de facturación y 5% de cuota. Y la 5ª mayor funeraria es el grupo ASV, ligada a la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con 57 millones de facturación (4% cuota). En total, los servicios funerarios gestionados por aseguradoras suponen el 69,2%.

“La gasolina” del negocio funerario son los seguros de decesos, un seguro que pagan ahora 22,2 millones de españoles, según datos de Unespa,  y que es el 2º más popular tras el seguro del automóvil (obligatorio). Este es un seguro “typical spanish”, que no existe en ningún otro país europeo: su origen, a principios del siglo XX, son las colectas para pagar a las familias de los pescadores gallegos muertos en el mar y se generalizó en forma de seguro en los años 60 y 70, con el éxodo del campo a la ciudad de miles de españoles a los que preocupaba su futuro entierro. Y así, hay muchas generaciones que han pagado el “seguro de entierro” desde su juventud y muchos son los que ahora mueren. Pero también se ha popularizado en sus hijos y familias, con una potente publicidad (recordar el anuncio “contigo” de Santa Lucía…).

Estos seguros de decesos son los que pagan actualmente 6 de cada 10 funerales, para lo que recaudan unas primas en alza: 2.835 millones en 2024, según Unespa, un +5,5% que en 2023 y el doble que en 2005 (las primas de decesos recaudaron entonces 1.370 millones). Las tarifas de este seguro, para cubrir los futuros gastos de entierro, son muy variadas y oscilan entre 50 y 500 euros anuales, aunque varían mucho según la edad, el lugar de residencia y los servicios contratados: la póliza cuesta entre 200 y 400 euros al año para las personas de mediana edad y suben a más de 600 euros si el asegurado tiene más de 60 años. En general, se recomienda la prima “nivelada”, que paga casi lo mismo cada año, aunque muchos expertos creen que los asegurados acaban pagando más del coste de su entierro.

Las aseguradoras que controlan estos “seguros de decesos” son prácticamente las mismas que controlan las funerarias a las que pagan los servicios. La líder de estos seguros de entierro es Santa Lucía (dueña de la funeraria Albia), con 2,5 millones de aseguradores y una cuota del 30,31% del seguro de decesos en 2024. Le siguen la aseguradora Ocaso (dueña de Servisa), con el 17,4% de cuota del mercado de seguros de decesos, Mapfre (dueña de Enalta), con 2 millones de asegurados de decesos y el 14,2% de cuota en 2024, Catalana de Occidente (dueña de Mémora), con el 5% de cuota) y SegurCaixa Adeslas (4,7% de cuota), la única aseguradora que no controla una funeraria.

Al final, el exceso de oferta (la “burbuja” de tanatorios y crematorios supone altos costes), el elevado personal (12.889 empleados en el sector funerario, más de 10 por cada fallecido al día) y, sobre todo, la falta de competencia, derivada de la enorme concentración de las 5 grandes empresas funerarias y la coincidencia de sus dueños (las grandes aseguradoras) hacen que sea un sector con mucha concentración y poca competencia, lo que acaban pagando los usuarios, con unas tarifas funerarias elevadas y en aumento: el coste de un servicio funerario medio es de 3.700 euros, según la OCU, y supera los 5.000 euros en las grandes capitales y a poco que se contraten varios servicios. Un coste que crece año tras año, básicamente porque las funerarias ofrecen cada vez servicios más completos, que suman al féretro y el tanatorio otros servicios complementarios, desde audiovisuales, libros digitales, ceremonias en streaming o excursiones en catamarán para tirar las cenizas…

Las empresas se defienden diciendo que los servicios funerarios sólo suponen el 57,9% de la tarifa del entierro y otro 15,2% es el coste de la inhumación o incineración (que ofrecen normalmente ellos), mientras que el resto son servicios complementarios los cobran otros (12,8% supone el pago de tasas y certificados, iglesia, esquelas, coronas, flores y lápidas), suponiendo un 14,9% el pago del IVA (21%, el 4º más alto de Europa para un funeral).Las empresas funerarias se agarran precisamente al IVA para justificar que hasta 750 euros de un entierro se los lleva Hacienda (recauda 300 millones anuales por los sepelios). Se quejan de que varios paises, como Francia, Portugal e Italia, tienen un IVA del 5 al 10% y otros nada, mientras en España es el 21% (sólo las flores tienen el 10% de IVA). Y por eso piden al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios funerarios al 10%.

Pero el sector funerario hace años que está bajo vigilancia de la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha abierto varios expedientes a funerarias por denuncias de pequeñas funerarias contra las compras de las grandes y por atentar contra la competencia: la última, en 2025, un expediente de la CNMC a Mémora, por no haber respetado los compromisos que adquirió en Zarauz tras la compra de las funerarias vasco navarras Rekalde e Irache, por lo que ha pagado una multa de 108.000 euros. Y ya en octubre de 2021, la CNMC frustró la fusión de dos grandes funerarias, Albia y Funespaña. Antes, en 2014,  la CNMC habló de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos”  para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Y en 2006, un informe del Tribunal de Cuentas ya denunciaba “grandes diferencias” de precios de los servicios funerarios entre ciudades, algo que se mantiene actualmente, según datos de la OCU.

En definitiva, estamos ante un sector funerario muy concentrado, con poca competencia y dominado por las grandes aseguradoras, que controlan mercados y precios, con la “connivencia” de hospitales (que “recomiendan” funerarias y servicios). Y que se aprovechan en sus ofertas de unos consumidores que pasan por un mal momento de ánimo (la muerte de un ser querido) y que no están para buscar y comparar, aunque proliferan los comparadores de precios y servicios (como Funos). Y a los que cada vez se les sube la factura final, ofreciéndoles servicios más “atractivos”. Y todo ello es posible porque el sector funerario carece de una Ley propia: todavía se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. Aznar liberalizó el sector en 1996 y Zapatero aprobó la primera Ley de Servicios Funerarios en 2011, pero la Ley no llegó a aprobarse nunca, por el fin de la Legislatura. Y aunque Rajoy se la prometió a Bruselas en 2014, sigue pendiente…

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

El desarrollo humano se estanca

Los españoles y el resto de europeos estamos ahora preocupados por nuestra seguridad y por una nueva crisis si se mantienen los aranceles de Trump. Una visión “eurocentrista” de los problemas del mundo, que no escucha la última alerta de la ONU: el desarrollo humano se ha estancado en 2024 y de seguir así, los paises en desarrollo seguirán con problemas en los próximos 25 años. Además, este estancamiento económico global ha aumentado las diferencias entre paises ricos y pobres, otro detonante de tensiones geopolíticas. Y en paralelo, también desoímos otra alerta reciente de la OMS: el atraso económico y la pobreza acortan la vida en los paises más pobres y dentro de los paises, donde los más vulnerables viven menos años. En un momento donde Trump y el nacionalismo ultra atacan la cooperación internacional, es más urgente que nunca mantenerla y avanzar en el comercio y las inversiones internacionales, en reducir las diferencias entre paises ricos y pobres. Porque un mundo menos desigual nos beneficia a todos.

En 1990, la ONU introdujo un índice para medir el desarrollo de los paises: el índice de desarrollo humano (IDH), que mide 3 indicadores claves para reflejar la situación económica y social de un país: la esperanza de vida de la población, el nivel de estudios y educación y el nivel de vida (PIB per cápita descontando la inflación). Sobre estos 3 indicadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica cada año el índice de desarrollo humano del mundo y el índice de los 193 paises analizados. Y el PNUD acaba de publicar el IDH de 2024, una “alerta” para el mundo: se ha estancado en 0,76 puntos en 2024, el mismo índice que en 2023 y casi el mismo que en 2019, antes de la pandemia (0,75).

El objetivo de la ONU era que este índice de desarrollo humano (IDH) llegara a 0,81 puntos en 2030, pero los expertos del PNUD alertan que va a ser difícil conseguirlo y que si seguimos la tendencia de estos últimos años, el IDH podría estancarse en esos 0,76 puntos actuales en 2030, algo que nunca ha pasado en las últimas décadas. Y eso porque los paises ricos crecen poco y se ha estancado el crecimiento de los paises en desarrollo, una situación agravada en los últimos meses por las crisis geopolíticas y las tensiones en el comercio mundial, por la amenaza de aranceles de Trump. Y además, se está frenando la bajada de tipos (en USA y Europa), lo que agrava los problemas de deuda de muchos paises.

El otro problema sobre el que alerta la ONU es el aumento de la desigualdad entre los paises, una brecha que se había reducido y que ha crecido tras la pandemia. Esta desigualdad se refleja en los distintos índice de desarrollo humano (IDH) que publica el PNUD (ver listado). Hay un primer grupo de 74 paises de “muy alto nivel de desarrollo”, con un IDH de 0,914 puntos, encabezado por Islandia (0,972 puntos), Noruega (0,970). Suiza (0,970), Dinamarca (0,962) y Alemania (0,959 puntos). EEUU ocupa el lugar 17 (0,938 puntos del IDH), Francia el 26º, España el lugar 28º (0,918 puntos) e Italia el 29º (0,915 puntos).

El segundo grupo de paises, por su “desarrollo humano” (esperanza de vida, educación y nivel de vida) lo integran otros 50 paises con un “alto nivel de desarrollo” (media IDH 0,777 puntos), donde están China (0,797 de IDH), Brasil (0,786) y muchos paises de Latinoamérica, Asia y Oriente medio. El tercer grupo lo integran 43 paises con un “nivel medio de desarrollo” (0,656 de IDH), entre ellos India (0,685) y varios paises de Asia y África. Y el cuarto grupo lo integran los 26 paises con “bajo nivel de desarrollo” (0,515 puntos de IDH), los paises más pobres y con peor desarrollo humano del mundo. De los 10 últimos, 9 son paises de África: Sudán del sur (0,388 de IDH, la mitad que la media mundial), Somalia (0,404), República Centroafricana (0,414), Chad (0,416), Níger (0,419), Mali (0,419), Burundi (0,439), Burkina Fasso (0,459), Sierra Leona (0,467) y Yemen (0,470 puntos IDH).

El informe del PNUD (ONU) alerta que esta desigualdad en el desarrollo entre paises se ha agravado en 2024, el 4º año consecutivo en que crece la brecha entre paises ricos y pobres, tras haberse reducido en las dos décadas anteriores. Y alertan que esta mayor desigualdad mundial es un riesgo porque alienta el aumento de conflictos y de ruptura económica. Además, el informe muestra su preocupación por el futuro, ya que si se mantienen estas tendencias (estancamiento del IDH y aumento de la desigualdad entre paises), será difícil conseguir los Objetivos del Desarrollo previstos para 2030, entre ellos, acabar con el hambre en el mundo: actualmente pasan hambre 733 millones de personas y la ONU solo puede atender, con el programa de alimentos (WFP) a 123 millones de personas. ”Si sigue el estancamiento actual, los objetivos previstos para 2030 pueden demorarse décadas, haciendo del Planeta un lugar menos seguro, más dividido y más vulnerable a las perturbaciones económicas y ecológicas”, alerta Achim Steiner, administrador del PNUD (ONU).

En paralelo a este informe de la ONU se ha publicado la semana pasada otro informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tampoco ha tenido eco en los medios. Su conclusión es tremenda: la pobreza acorta la vida. El estudio revela que la falta de oportunidades laborales, de educación y vivienda son más determinantes para provocar problemas de salud que los factores genéticos y sanitarios. Y que el nivel de desarrollo supone que las personas vivan más o menos. Un ejemplo: en paises de altos ingresos (como Suecia o Japón), la esperanza de vida es 33 años superior a la de paises pobres (como Chad o República Centroafricana. Y reitera la OMS: “millones de personas sufren más riesgo de enfermedad y muerte por las condiciones socioeconómicas en que han nacido o por el grupo social al que pertenecen. La desigualdad sanitaria no es un accidente, es consecuencia de la forma en que la sociedad distribuye recursos y oportunidades”.

Este informe de la OMS no sólo refleja una desigualdad en la sanidad y esperanza de vida entre paises, según su nivel de desarrollo, sino también dentro de cada país, según las zonas y grupos sociales. Así, revela que en el mismo Japón, los hombres de las regiones más atrasadas viven 2 años y medio menos que los de las zonas ricas. En Canadá, los inuit viven de media 12,5 años menos que el resto de la población. Y en Australia, la población aborigen vive 10 años menos que la media de la población. También en España, los datos del INE reflejan que la esperanza de vida en los municipios más ricos (Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo) es 6 años mayor que en los municipios más pobres y con más paro (Ceuta, la Linea de la Concepción, Melilla, Algeciras o Linares).

La OMS también alerta que el mayor o menor desarrollo afecta también a la mortalidad infantil: los niños nacidos en paises pobres tienen hasta 13 veces más de posibilidades de fallecer antes de cumplir los 5 años que los de las naciones más ricas. Y señala que si consiguiéramos reducir las desigualdades entre los paises (con inversiones en servicios sanitarios, sociales, educación, servicios públicos e  infraestructuras), se podría salvar la vida de 1,8 millones de niños del mundo cada año…

Volviendo al estancamiento del desarrollo humano (IDH), la ONU (PNUD) propone medidas para impulsar el crecimiento mundial, con más cooperación internacional por la vía de inversiones y comercio, al contrario de lo que propone Trump y la extrema derecha mundial. También es clave la inversión en educación y sanidad. Y en su informe, proponen aprovechar la Inteligencia artificial (IA) para impulsar el desarrollo de los paises más pobres, lo que exige solventar las actuales brechas de estos paises en su acceso a la electricidad, a Internet y a las aplicaciones de la IA. En definitiva, creen que la IA puede corregir parte de la actual desigualdad mundial, pero si se aplica mal, sin contar con los paises en desarrollo, puede agravar esa desigualdad, planteando un futuro a 2 velocidades…

El problema de fondo es que la economía mundial se ha estancado tras la pandemia, tras décadas de crecimiento, según revela otro informe, esta vez del Banco Mundial. Y no sólo crecen menos los paises ricos, sino que “ha pinchado” el crecimiento de los paises en desarrollo: crecieron una media del +5,9% entre 2000 y 2010, un +5,1% entre 2010 y 2020 y sólo el +3,5% entre 2020 y 2024, según el Banco Mundial. Y además, estos paises en desarrollo han crecido un 0,5% menos que las economías ricas desde 2014, lo que ha ampliado la brecha de desarrollo entre paises ricos y pobres.

Lo preocupante es su futuro: “los próximos 25 años serán más difíciles para las economías en desarrollo de lo que han sido los últimos 25 años”, augura Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial. Así que no sólo tenemos el problema de que se ha estancado el desarrollo humano de los más pobres (como dice la ONU) sino que seguirá estancado los próximos años. Y eso porque se han frenado las fuerzas que les hicieron crecer, sobre todo el comercio y las inversiones (y la deuda) . Y ahora, con un menor crecimiento también para los paises ricos, preocupa que los paises en desarrollo frenen sus exportaciones y reciban menos inversiones, mientras les sigue pesando la deuda (por los todavía altos tipos de interés) y se agravan las consecuencias negativas del cambio climático.

El futuro de las economías en desarrollo no sólo es importante para ellas sino también para las economías desarrolladas. Y a su vez, el crecimiento de EEUU, Europa y Japón es clave para promover el crecimiento de los paises en desarrollo. Actualmente, ambas crecen poco y se multiplican los problemas en el comercio mundial (aranceles y proteccionismo), las inversiones y la deuda. El informe del Banco Mundial señala que los paises en desarrollo necesitarán en los próximos años un nuevo modelo estratégico que acelere las reformas estructurales, fomente la inversión nacional y extranjera, fomente nuevas áreas de relaciones comerciales y promueva un uso más eficiente del capital, el talento y la energía. Y estos retos serán claves en América Latina, África y Asia, los paises con menos crecimiento futuro. Las dificultades serán el aumento de la incertidumbre de los inversores, las tensiones geopolíticas y comerciales y el temor a una mayor inflación, que frene la bajada de tipos y encarezca la deuda.

“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los paises en desarrollo”, dijo hace un año en Washington el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia, también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas beneficia a todas las economías”, señaló el Banco Mundial. Porque si los 75 paises más pobres mejoran y se reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y conflictos.

Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global, una fuente de conflictos, de más muertes y menos esperanza de vida. Hay que atajarla entre todos, con más comercio, inversiones y colaboración multinacional. Miremos un poco al mundo.

El negocio funerario crece y se concentra

La muerte es un negocio muy seguro: cada día hay 1.268 defunciones en España. Y va a más: en 2062 habrá 1.831 defunciones diarias (+44%). Esta demanda, asegurada y creciente, ha generado más de 1.000 empresas que ofrecen servicios funerarios y que han creado una "burbuja" de tanatorios y crematorios muy superior a los que hacen falta. Y se acelera la concentración del negocio, con unas pocas grandes empresas (de aseguradoras) comprando a funerarias pequeñas por toda España. La "gasolina" de este negocio de la muerte son los seguros de decesos, que tienen contratados ya 22 millones de españoles. Y los que no tienen seguro, pagan cada vez más por los entierros, sobre todo por los servicios complementarios, que cada día se contratan más, mientras las funerarias se quejan del IVA del 21%, el tercer tipo más alto en Europa. El negocio funerario tiene poca competencia y transparencia, carece de una Ley estatal y se rige por una norma de 1974. Hay que controlarlo más. 

                        Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.

Pero además de que aumenta la mortalidad (y los entierros), las previsiones apuntan que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de vida media en 2061) y el envejecimiento de la población (un 13% de españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que hoy). La estimación del INE es que para los años 2037-41 haya 516.136 muertes anuales en España y 633.172 fallecimientos anuales en el periodo 2052-53. Y que lleguemos a una cifra máxima de 668.451 muertos anuales en el periodo 2062-66 (ojo: 200.000 muertos más al año que hoy), para bajar ligeramente hacia 2070 (659.894 muertes anuales). Eso supone que pasaríamos de los 1.268 entierros diarios de hoy a 1.831 entierros al día en 2065, un 44% más que hoy.

Con estos datos, es normal que muchos se apunten al "negocio de la muerte", la prestación de servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el "boom" de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y así, ahora nos encontramos con una "burbuja funeraria", miles de tanatorios y crematorios medio vacíos. 

Actualmente, hay en España 2.567 tanatorios, con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los datos de 2022 de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,5 salas por cada persona que fallece al día (1.268 muertes diarias), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la sobrecapacidad de crematorios: había 537 hornos disponibles en 2022, con una capacidad de 1.663 incineraciones diarias, según Panasef. Pero resulta que sólo se incineran en España el 45% de los fallecidos, unas 571 incineraciones en 2022, la tercera parte de las que podrían hacerse en los crematorios disponibles (que tienen así 2/3 de su capacidad sin utilizar). De hecho, España es el país con más hornos crematorios de Europa (537, frente a 307 en Reino Unido, 185 en Francia o 159 en Alemania), cuando aquí se hacen menos cremaciones.

Esta "burbuja" de instalaciones, que encarece el coste final de los servicios funerarios, es fruto de un crecimiento vertiginoso y desordenado del sector, donde muchos han hecho el negocio al construir tanatorios y hornos crematorios, no tanto con la explotación del servicio. Actualmente hay 1.076 empresas de servicios funerarios en España (con 12.433 trabajadores), un negocio muy disperso, con muchas empresas en Andalucía (181), Galicia (171), Comunidad Valenciana (131) y Castilla y León (115) y más concentrado en Madrid (22 empresas), Cataluña (47) o Euskadi (33). Y en los últimos 5 años ha habido un proceso de concentración: las grandes empresas de servicios funerarios han comprado empresas pequeñas locales, desapareciendo 360 empresas: se ha pasado de 1.435 en 2015 a 1.076 en 2022. Ha desaparecido un 25% del sector funerario.

Con ello, el negocio funerario se ha concentrado en 12 grandes empresas, que facturan entre 10 y 50 millones de euros anuales (30 millones de media) y que controlan más del 35% del mercado, mientras todavía hay unas 850 empresas locales muy pequeñas, que facturan menos de 1 millón de euros al año, según la patronal Panasef. Y cada semana, muchas de estas pequeñas funerarias desaparecen o son compradas por las grandes, sobre todo en Galicia, Andalucía y Castilla y León. Esto ha reforzado a las 5 grandes empresas, cada día mayores por sus compras y que controlan el 26% del mercado funerario. Un negocio que facturó 1.653 millones de euros en 2022, según el último dato de Panasef, con lo que supera ya los ingresos de 2019 (1.565) aunque todavía no llega al récord de facturación que tuvieron con la pandemia (1.700 millones en 2020).

La empresa líder del sector funerario en España es Memora, con 200 millones de facturación anual y unos 50.000 servicios anuales en sus 146 tanatorios, 45 crematorios y 35 cementerios. Es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente, que compró en julio de 2022 la empresa funeraria (por 401,3 millones) a Ontario Teacher's (el Fondo de pensiones de los profesores de Ontario), que antes se la habían comprado al Fondo de inversiones británico 3i. La segunda mayor funeraria es Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, que factura 90 millones anuales y gestiona unos 55.000 servicios anuales, con 126 tanatorios, 40 crematorios y 20 cementerios. La tercera es Servisa, de la aseguradora Ocaso, que factura 65 millones y anuales y tiene 60 tanatorios. La cuarta es Funespaña, propiedad de la aseguradora Mapfre, con 48 millones de facturación, 160 tanatorios, 25 crematorios y 24 cementerios. Y 5ª está ASU, de la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con una facturación anual de 30 millones.

El problema de esta creciente concentración y gran poder de "las 5 grandes" es que se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de "cuasi-monopolio" donde operan, impidiendo en la práctica la entrada de otras empresas, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar sus precios y condiciones en un momento muy doloroso. De hecho, han sido numerosas las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes. Y eso llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que impiden, de hecho, que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo.

Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque se acabó la Legislatura, y el Gobierno Rajoy nunca contempló una reforma funeraria, aunque se lo prometió a Bruselas en 2014, dentro del Plan Nacional de Reformas. Y a pesar de la petición (en 2014) de la Comisión de la Competencia (CNMC), que habló incluso de "connivencia entre empresas y Ayuntamientos" para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunció en 2006 grandes diferencias de precios funerarios entre ciudades y la falta de transparencia del sector. Un sector que sigue "bajo vigilancia" de la CNMC, que ha frustrado en octubre de 2021 la fusión de dos grandes, Albia y Funespaña, solicitada en 2019. Ahora, el sector funerario sigue sin una Ley que lo regule y se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.

La "gasolina" que alimenta este negocio funerario, además de la creciente mortalidad, son los seguros de decesos que contratan los españoles a las aseguradoras y que pagaron 1.050 millones en 2022 a las empresas funerarias (dos tercios de su facturación el año pasado), según la patronal Unespa. Este seguro de decesos es el 2º seguro más popular en España, tras el de automóviles (obligatorio: 33,2 millones de coches asegurados), con más de 22 millones de asegurados en 2022 (22.129.957, según Unespa), 1,8 millones de asegurados más en la última década. Eso significa que lo tienen el 47% de los españoles, aunque su penetración es mayor en Extremadura (70,6%), Andalucía (62,4%), Asturias (59,3%) y Castilla la Mancha (56,29%), siendo mucho menor en Madrid (39,18%), Cataluña (33,88%) y Navarra (21,87%). Y sorprende el alto porcentaje que tienen este seguro de decesos en Cádiz (78%), Ávila (76%), Ciudad Real (71%) y Cáceres (66%), según los datos de Unespa. En general, lo contratan más las familias con menos ingresos y los mayores de 60 años.

Este seguro de decesos es el 4º seguro que más primas recauda en España: 2.626 millones en 2022, sólo por detrás del seguro de automóviles (11.352 millones) el seguro de salud (10.543 millones) y el seguro multirriesgo (8.578 millones). Y ha sido uno de los seguros que mejor se ha comportado en las últimas crisis, duplicando sus primas en los últimos 17 años (ingresó 1.370 millones en 2015). Es un negocio muy concentrado y 5 aseguradoras controlan casi el 70% del mercado de seguros de decesos: Santa Lucía (34,9%), Ocaso (21,2%) y Mapfre (12,6%), las 3 aseguradoras que controlan también el negocio funerario, más Adeslas (5%) y Norte Hispania (4,7%). Y las 10 mayores aglutinan el 82,4% de estos seguros.

El seguro de decesos tiene 3 modalidades, según el sistema de pagos por el que se opte (menos al principio y más con la edad o más nivelado). Y actualmente se mantiene una cierta "guerra de precios", como en el resto del seguro, con ofertas "low cost" muy bajas al principio, para captar clientes. Los comparadores disponibles en Internet hablan de cuotas desde 109 a 182 euros al año, aunque la tarifa depende mucho de la edad y la cobertura del seguro. En cualquier caso, un estudio reciente de la OCU revela que estos seguros no son recomendables, porque se acaba pagando el triple de lo que cuesta el servicio funerario. Y la prima sube cada año más, un +4,9% este año, según el INE.

Los seguros de decesos pagan 6 de cada 10 funerales, pero los 4 restantes los pagan los familiares cuando se produce el fallecimiento. El coste medio de un servicio funerario ronda los 3.700 euros, según la OCU, aunque varía mucho según la ciudad, oscilando entre 5.200 euros en Madrid y 3.800 en Barcelona (ver "comparador de precios"). En el desglose del gasto funerario, lo más caro es el féretro (1.198 euros), seguido de la cremación (646), el tanatorio (546), las esquelas (319), personal y servicio (291), coche (211), trámites y gestiones (205), flores (186) y otros (137). Y el coste se dispara más si no hay cremación (55% entierros) y hay que pagar un nicho o tumba (difícil de comprar en muchos cementerios).

La patronal funeraria estima que un 58% del coste se debe al servicio funerario estricto, otro 14,3% al crematorio o cementerio y el 12,8% restante se lo lleva el pago de servicios complementarios (certificados y tasas, esquelas, iglesia, coronas y lápida). Y recuerdan que un 15% se lo llevan los impuestos, el IVA del 21%, que Rajoy subió en 2012 desde el 10% que se pagaba antes. La patronal funeraria se queja de que España paga el tercer IVA más alto en Europa por los servicios funerarios (tras el 27% de Hungría y el 24% de Grecia), mientras se paga un 20% en Francia, un 19% en Alemania y un IVA cero en los servicios funerarios en Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por eso piden bajarlo al 10%, lo que reduciría el coste de un sepelio en 350 euros.

Cara al futuro, las empresas funerarias están aumentando al máximo sus servicios, lo que encarecerá el coste de los entierros, porque muchas familias empiezan a contratar servicios complementarios: sepelios laicos (15%), viajes para tirar las cenizas, música, psicólogos y servicios personalizados, servicios digitales (funerales "en streaming", Memoria, historial del difunto) y en redes sociales, gestión de legados y huella digital... Y avanza el concepto de funerales "sostenibles", con la oferta de ataúdes de cartón y reducción de emisiones más plantación de árboles. En paralelo crecen los cementerios y servicios funerarios para mascotas (hay 31 millones en España). De hecho, Málaga tendrá a finales de 2023 el primer cementerio público para mascotas de España.

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

El dilema de la Navidad: fiestas o vidas

La pandemia mejora en España, con casi la mitad de contagiados que hace un mes y el dato más bajo de Europa, salvo Irlanda. Pero estamos mucho peor que el 22 de junio, cuando se inició la desescalada: tenemos 231 contagios por 100.000 habitantes frente a 8  entonces y 226 muertos diarios frente a 6. Y si a pesar de eso, el descontrol del verano trajo la 2ª ola de la pandemia, las Navidades pueden traer la 3ª ola en enero. Lo ha advertido la comisaria de sanidad europea. Pero ni Sanidad ni las autonomías quieren afrontarlo  y han pactado un Plan “light” para Navidad: reuniones sí, pero no más de 10 (incontrolable) y viajes no, salvo para ver a familia y “allegados” (un coladero). Y nosotros, nos agarraremos a estas “normas” para celebrarlo “a medias”, agravando la pandemia. Todo por no hacer lo que debemos: quedarnos en casa y “cancelar” la Navidad. Salvar 226 vidas diarias (y la economía) vale mucho más.

 La COVID 19 avanza imparable por el mundo: ha empezado diciembre rozando el nuevo récord de 700.000 nuevos contagios diarios (690.389 el jueves 3) , tras superar 10 veces en noviembre el anterior listón de los 600.000 contagios diarios, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins. Hoy son ya 67.073.749 contagiados en 191 paises, destacando el alcance de la pandemia en América (28.062.331 contagiados), Europa (19.985.154 contagiados), sudeste de Asia (11.071.129), Oriente Medio (4.288.324), África (1.547.607) y Pacífico (914.744), según la OMS. Por paises, los más afectados hoy son EEUU (14.760.626 contagiados), India (9.677.203), Brasil (6.603.540), Rusia (2.4.39.163), Francia (2.345.648), Italia (1.728.878), Reino Unido (1.727.751)  y España (1.684.647), seguidos de Argentina (1.443.110), Colombia (1.371.103), Alemania (1.194.550), México (1.175.850), Polonia (1.175.850), Irán (1.040.547), Perú (972.688), Ucrania (843.554), Turquía (828.295), Sudáfrica (814.565) y Bélgica (591.756 contagiados), según la Universidad Jhons Hopkins.

También aumentan imparables las muertes por la COVID 19, que ascienden hoy a 1.536.255 fallecidos en todo el mundo, destacando la mortalidad en EEUU (282.312 muertos), Brasil (176.941), India (140.573), México (109.717), Reino Unido (61.342), Italia (60.078), Francia (55.247), Irán (50.310), España (46.252 muertes el viernes 4 de diciembre, según Sanidad: somos el 3º país con más muertes COVID por millón de habitantes, tras Bélgica y Perú), Rusia (42.675), Argentina (39.770), Colombia (37.808), Perú (36.231), Sudáfrica (22.206), Polonia (20.089), Alemania (18.989), Indonesia (17.740) y Bélgica (17.320 muertos), según la estadística de la Universidad Jhons Hopkins.

Con este panorama, la 2ª ola de la pandemia sigue preocupante en Europa, donde continúa el rebrote de nuevos contagios diarios en Italia (+23.225 el viernes, 590 por 100.000 en las últimas dos semanas), en Francia (+12.696 diarios, 255 por 100.000), Reino Unido (+14.879 diarios, 331 por 100.000), Alemania (23.449 diarios, 302/100.000), Portugal (3.772 diarios, 628/100.000), Polonia (14.863 diarios, 610 por 100.000), Bélgica (+2.425 diarios, 271/100.000),  Chequia (+4.621 diarios, 525 por 100.000 habitantes), Holanda (5.603 diarios, 409 por 100.000 habitantes o Suecia (+6.485 contagios diarios, 682 por 100.000. De hecho, ahora, España, con 8.745 nuevos contagios el viernes 4 de diciembre,  es el 2º país de la Unión Europea con menos tasa de contagios recientes (14 días), tras Irlanda (81,7): teníamos 231 contagiados recientes el viernes 4 de diciembre, menos de la mitad que hace sólo un mes (528 contagios recientes el 4 de noviembre).

A pesar de esta mejoría general en España (estamos ya por debajo del “riesgo extremo”: más de 250 contagios últimos 14 días/100.000 habitantes), tenemos una tasa nacional de contagios (231) de “riesgo alto”, según los semáforos de Sanidad, al estar en la franja 150/250 contagiados/100.000 habitantes. Y seguíamos, el viernes 4 de diciembre, con 7 regiones en “riesgo extremo”: Asturias (344 contagios recientes/100.000 habitantes), Melilla (344), País Vasco (342), La Rioja (341), Aragón (302), Cantabria (302) y Castilla y León (295), según Sanidad. Han mejorado bastante Cataluña (de 720 contagios/100.000 habitantes el 6 de noviembre a 208 el viernes 4 de diciembre), tras un drástico cierre de bares y restaurantes más un cierre perimetral, y Madrid (que ha bajado sus contagios de 369 a 224 en el último mes), quizás debido a que ahora hace muy pocos test PCRs (11.010 diarios) y muchos test de antígenos (16.722 diarios), que detectan menos positivos en enfermos asintomáticos. Y sólo Canarias parece tener “controlada” la pandemia, con sólo 86 contagios recientes por 100.000 habitantes, según los datos de Sanidad del viernes.

La cifra de hospitalizados sigue a la baja en el último mes (de 20.209 el 9 de noviembre a 12.552 el viernes 4 de diciembre), aunque es todavía muy alta y ocupa el 10,13% de las camas públicas. A Sanidad le preocupa el riesgo “extremo” en Asturias (22,14% camas ocupadas por COVID) y en Castilla y León (15,42% camas hospitales ocupadas). Los ingresados en UCIs han bajado pero menos (de 2.833 el 6 de noviembre a 2.371 el 4 de diciembre) y ocupan todavía el 24,64% de las camas UCI disponibles, aunque el riesgo es “extremo”, según Sanidad, en La Rioja (46,7% camas UCI ocupadas por enfermos COVID), Aragón (39,9%), Asturias (37,8%), Castilla y León (36,3%), Cataluña (31,5%), Comunidad Valenciana (27,3%), País Vasco (27,5%) y Madrid (26,2%).

Y lo más preocupante es que hay muchas muertes: +1.584 la última semana (viernes 20 al viernes 4 diciembre), lo que da una media de 226 muertes diarias (264 la semana anterior). Y la mortalidad se concentra en Andalucía (205 muertos la última semana), Castilla y León (123), Asturias (118), Comunidad Valenciana (106), Madrid (74) y Aragón (65 muertos la última semana). Y se han producido 14.000 nuevas muertes en los últimos 2 meses, casi un tercio del total (46.252). La mortalidad sigue alta  porque aumenta la edad de los contagiados y vuelve a haber rebrotes en las residencias de ancianos, origen de 27.000 muertes, el 58% del total en esta pandemia. Y algunos expertos advierten que el “pico” de muertes  se dará a finales de diciembre y en enero. Y más si hay 3ª ola.

El riesgo de una 3ª ola es muy alto porque tenemos pendientes las Navidades, que son unas fechas donde se multiplica la movilidad y los contactos interpersonales. Y el problema de partida es que ahora estamos peor de contagios, hospitalizados, UCIs y muertes que el 22 de junio, cuando se inició la desescalada. La comparación es muy elocuente en contagios diarios (de 125 el 22 de junio a 4.372 el viernes), contagios en los últimos 14 días (de 8,3/100.000 a finales de junio a 231 el viernes) hospitalizados en los últimos 7 días (de 150 en junio a 2.756 el viernes), de ingresados en las UCIS la última semana (de 10 el 22 de junio a 210 el viernes) y, sobre todo, en muertes (6 muertos el 22 de junio y 214 este último viernes).

El argumento es sencillo: si la desescalada se inició con esas cifras tan buenas, el 22 de junio, ¿por qué llegó después la 2ª ola? Pues poco a poco, mientras los españoles nos movíamos por todo el país y cogíamos vacaciones. Veamos el salto en los contagios, del que nadie alertó para pararlo en seco con medidas drásticas: los contagios recientes (últimos 14 días) crecieron exponencialmente con la desescalada: de 8,30 el 22 de junio a 30,88 (x3,7) el 22 de julio, 150 (x18) el 21 de agosto, 287 (x34,5) el 22 de septiembre, 361 (x43,5) el 23 de octubre y un máximo de 525 (x63) el 9 de noviembre. Así que ya sabemos lo que pasa cuando bajamos la guardia… Y hoy estamos peor, porque aunque han bajado los contagios a la mitad (231 el viernes 4 de diciembre), todavía tenemos un nivel de contagios que es casi 28 veces el que teníamos al inicio de la desescalada.

Por eso es tan importante plantearse la Navidad con rigor y medidas muy restrictivas: ya sabemos lo que pasa cuando “se abre la mano”. Lo han advertido hasta la saciedad los expertos. Y la propia Comisaria europea de Sanidad, la chipriota Stella Kyriakides, ha alertado de una “superpropagación” de la pandemia por Navidad. Y el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC) anticipó una 3ª ola  de la pandemia en enero si se relajan las medidas. Y han advertido que las restricciones para frenar el virus “tendrán que durar meses todavía, hasta que una parte considerable de la población esté vacunada”, lo que no será antes de junio o julio.

El riesgo está ahí, como estaba al inicio de la desescalada de junio, y tanto el Gobierno central como los autonómicos parecen dispuestos a repetir los mismos errores que nos llevaron a esta 2ª ola: no frenar la movilidad y no tomar medidas sanitarias efectivas para reforzar la detección temprana, los rastreos, los centros de salud, los hospitales y las UCIs. Y no quieren enfrentarse con medidas duras a unos ciudadanos hartos de verles enfrentados e indecisos y que ya llevan 9 meses de cansadas  restricciones por la pandemia. Así que “se juntan el hambre con las ganas de comer”: unos políticos que no se atreven a tomar medidas duras en Navidad (“olvídense este año de la Navidad y quédense en casa”) y unos ciudadanos hartos, que se cubren con la mascarilla y la distancia para intentar hacer vida casi normal, “a ver si se libran y enferman y mueren otros”.

Y en esta política del avestruz, Sanidad y las autonomías aprobaron el miércoles este Plan para la Navidad, que es toda una “dejación de responsabilidades”, unos por otros. Sanidad “abre la mano” a la petición de algunas autonomías para ampliar las reuniones familiares de 6 a 10 personas y amplia la vuelta a casa hasta la 1,30 de la mañana (en vez de a la 1). Y como no ha podido imponer el cierre perimetral de las comunidades, acepta que los españoles puedan viajar los días más señalados a otras ciudades a ver a sus familiares y “allegados” (un coladero para viajar). Son normas que van a multiplicar la movilidad y los contactos, además de ser muy difíciles de aplicar: ¿quién va a controlar que en una cena de Navidad hay 10 o 12 y si son de cuatro hogares distintos? ¿Cómo se va a impedir que media España viaje a la otra media a reunirse con un familiar o simplemente a viajar y ver a amigos, trasladando el virus de unas autonomías a otras?

Al final, el Gobierno y los políticos autonómicos “se lavan la conciencia” dejando la responsabilidad en manos de los ciudadanos. Y de hecho, está ahí: nadie puede imponernos con quien cenamos, aunque sí limitarnos los viajes (Madrid, otra vez Madrid, no quiere cerrar la capital). Pero lo que sí debían decirnos es que la pandemia es preocupante, en España y en Europa, que no se puede bajar la guardia y que debemos “olvidarnos de la Navidad”, quedarnos en casa, ni cenas ni viajes: ya lo celebraremos en 2021. Sólo así tenemos la certeza de que salvaremos vidas (226 diarias) e impediremos que haya 100.000 muertos por COVID en junio. Y sólo así salvaremos también la economía, porque la 2ª ola ya ha provocado una caída del crecimiento este 4º trimestre (según la OCDE) y ha subido el paro y los trabajadores en ERTEs: hay 746.900 afectados, 114.000 más que hace dos meses.

Así que ya lo sabe: no piense en lo que Sanidad o su autonomía “le deja hacer estas Navidades”, piense lo que “debe hacer”. Y si le merece la pena jugarse su salud y la de los demás por salir de compras, ir a bares y restaurantes o viajar a ver a sus padres o hijos. Uno sólo no es el problema, pero millones de españoles moviéndose estos días suponen multiplicar el riesgo de contagios, hospitalizaciones y muertes. Seguro. Ya nos pasó este verano. Y aunque ahora tengamos más cuidado, también estamos peor que en junio. Así que o nos quedamos en casa, saliendo lo menos posible, como si no fuera Navidad, o lo podemos pagar después, en más enfermos y muertes. Y entonces, si llega la 3ª ola, sabemos que en pocas semanas se multiplica la pandemia. Y pararla obligará, entonces sí, a un cierre total, como en marzo. A eso nos arriesgamos, con 226 muertos más cada día que pasa, que serán muchos más en enero si no queremos “autoconfinarnos” ahora. Piénselo.