La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

2,5 millones son "pobres" a pesar de trabajar

Hay 2,5 millones de personas que van cada día a trabajar y son “pobres”: ganan menos del 60% que la media (menos de 916 euros mensuales) y no pueden atender gastos básicos. Son tanto hombres como mujeres, jóvenes y personas de 45 a 59 años, muchos inmigrantes, familias y mujeres solas con niños, personas con poca formación y contratos precarios en el campo, hostelería, construcción, limpieza y servicio doméstico, en el sur y Levante. España es el tercer país europeo con más “trabajadores pobres”, un porcentaje (11,9% de los que trabajan) similar al de 2008. Y Caritas alerta que la mitad de las personas que atienden tienen trabajo. Ahora, la subida de alquileres ha aumentado esta tasa de pobreza laboral, vinculada a empleos precarios y mal pagados, así como a tener hijos. Pero los expertos insisten en que no basta con mejorar empleos y sueldos: urgen políticas para aumentar las ayudas a los más pobres y a las familias con niños. Pobres con empleo.

                               Enrique Ortega

Hasta hace 2 décadas, tener un trabajo permitía a las personas vivir “medianamente bien”: emanciparse, formar una familia, tener una casa o un coche y mantener un ritmo de vida “digno”. Pero la crisis financiera de 2008 trastocó esta “vida tranquila” de la mayoría de trabajadores: muchos perdieron su empleo y otros vieron recortar sus sueldos y sus expectativas vitales, de la mano de los recortes presupuestarios. Y a partir de 2012, con la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy, muchas empresas “cambiaron a su personal”, sustituyendo personal mayor por jóvenes peor pagados y con contratos precarios. Y después, la pandemia y la inflación disparada se comieron parte de los sueldos, que apenas habían subido, deteriorando más la calidad de vida de las familias.

Con todo ello, la pobreza afecta a una parte importante de la sociedad, en Europa y en España. En la UE-27, había 72 millones de personas “pobres” en 2023, un 16,2% de la población que ingresaban menos del 60% de la media del continente, según Eurostat. Y España es el 6º país europeo con más porcentaje de población “pobre”, un 20,2% que ingresa menos del 60% de la media española (10.990 euros al año), 9.715.577 personas en 2023, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), sólo por detrás de Estonia (22,6% son “pobres”), Letonia (22,4%), Rumanía (21,1%), Bulgaria y Lituania (20,6%), según Eurostat, que refleja también un alto nivel de “pobreza monetaria” en Italia (18,9% de la población), Francia (15,4%) y Alemania (14,4%).

Lo que quizás se conoce menos es que muchos de estos “pobres” tienen un trabajo, son “pobres con empleo”. En España, los últimos datos del INE revelan que un 32% de los pobres tenían empleo, mientras otro 22% son parados, un 15% son jubilados y el 31% restantes son inactivos (personas que ni trabajan ni buscan trabajo, la mayoría mujeres y jóvenes). Si se aplica el criterio de “pobreza” a las personas que trabajan, que ingresen menos de 10.989 euros al año (916 euros al mes), que se amplía a 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para familias con dos progenitores y dos niños, según el INE, resulta que un 11,9% de los que tenían un empleo en 2023 eran “pobres”: casi 2,5 millones de trabajadores “pobres” (2.499.654), según los cálculos de la Red EAPN.

El problema de que hay muchos “trabajadores pobres” no es nuevo: lo arrastramos desde 2008, cuando ya eran “pobres” (ingresaban menos del 60% de la media) el 11,7% de los ocupados: eran 2.370.139 trabajadores “pobres”. Después, el porcentaje aumentó con la crisis, hasta un máximo del 14,8% en 2015, para bajar al 12% en 2020 y volver a subir al 14,3% en 2021, por la pandemia, bajando al 12,5% en 2022 y al 11,9% de 2023. Con este último dato, España se sitúa como el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Dentro de estos 2,5 millones de “trabajadores pobres” en España, el grupo más preocupante son los 890.000 trabajadores (el 4,2% de todos los que trabajan) que viven en “pobreza severa”, porque ingresan menos del 40% de la media (menos de 611 euros al mes los individuos y menos de 1.283 euros mensuales las parejas con 2 hijos). Son “los más pobres entre los trabajadores pobres”, un porcentaje que apenas ha mejorado desde 2008 (cuando los trabajadores en pobreza severa eran el 4,3% del total de ocupados). Y están muy lejos de salir de esta situación, según el estudio de la Red EAPN: ingresan de media 4.521 euros al año y tendrían que ingresar 2.805 euros más al año para salir de la pobreza severa. Y ganar 6.469 euros más al año (539 euros más al mes, vez y media lo que ganan) para salir de la pobreza. Algo imposible… En el caso del resto de “trabajadores pobres”, los que ingresan menos del 60% de la media del país, ganan de media 7.705 euros al año, así que necesitan ganar un 22% más (2.423 euros más al año) para dejar de ser pobres. Difícil…

¿Quiénes son estas personas “pobres” a pesar de trabajar? Son algo más hombres (12,4% de ocupados) que mujeres (11,3%), más jóvenes (12,9% de ocupados entre 16 y 29 años) que mayores (11,8% entre 45 y 64 años), aunque sube la pobreza entre los que tienen de 45 a 59 años, según un estudio de Intermón Oxfam, porque este grupo de trabajadores sufrió más la crisis de 2008 y encima tienen en casa a hijos que no pueden emanciparse. Hay más “pobreza laboral” entre los ocupados con baja formación (27,9% de los que sólo tienen primaria son “pobres”) y sobre todo entre los inmigrantes: un 32,3% de trabajadores de fuera de la UE son pobres (19% si vienen de la UE), frente al 9,9% de españoles ocupados “pobres”. Y lo sufren más zonas rurales (15,4%) que urbanas (11,4%).

Un factor clave es el tipo de contrato que tengan: los trabajadores con contrato temporal tienen más tasa de pobreza (17,9%) que los fijos (7,8% son pobres) y lo mismo los que tienen contratos a tiempo parcial, por horas o días (22,5% son pobres) frente a los que trabajan a jornada completa (sólo 10,1% son pobres). Y como estos contratos precarios les suponen ganar menos, muchos son pluriempleados (el 13,4% son pobres). Otro factor decisivo que explica la pobreza laboral es el sector en que se trabaje. Los que salen peor parados son los autónomos, según el estudio de Intermón Oxfam: el 26,9% son pobres, básicamente porque son “falsos autónomos” o porque son actividades que hacen solos, sin empleados). Y entre los asalariados, los más “pobres” son los que trabajan en el campo (31,4% ocupados son pobres), las empleadas de hogar (29,4% pobres), en hostelería (21,1%) y construcción (19,6%), estando por encima del 15% de empleados pobres los que trabajan como monitores deportivos (15,7%) y en Call centers y limpieza de edificios (15,3%).

Por autonomías, las zonas con más porcentaje de “trabajadores pobres” son Andalucía (19,4% ocupados), Extremadura (17,2%), Ceuta (16,3%), Castilla la Mancha (15,4%), Murcia (14,3%), Canarias y Comunidad Valenciana (13,8%), todas por encima de la media. En resumen, el sur y Este de España. Y tienen poca “pobreza laboral” Navarra (6,3%), país Vasco (6,6%), Madrid (7%), Baleares (9,6%), Cantabria o Asturias (9,6%) y Aragón (10%).

Es importante añadir que la composición de los hogares también es decisiva para que un trabajador sea o no pobre, según el estudio de Intermón Oxfam. Así, esta “pobreza laboral” se concentra más en las familias numerosas (el 39% de los hogares con 3 o más hijos) y en los hogares monoparentales (el 75% de ellos con mujeres solas) con niños (el 29,5% de estos hogares donde la madre trabaja son pobres). Los expertos reiteran que la existencia de menores agrava el riesgo de pobreza, se trabaje o no. También es mayor la tasa de pobreza entre los trabajadores que viven solos (13,3%), ya sean jóvenes o mayores.

Un dato llamativo son los gastos de estos “trabajadores pobres”. El estudio de Intermón Oxfam revela que un tercio viven en alquiler (y el 24% pagan una hipoteca) y que pagarlo se lleva el 53,6% de sus ingresos mensuales  (cuando supone un 22,4% de los ingresos en los hogares sin pobreza). Y otro 25,6% se lo lleva el pago de suministros (luz, agua y gas). Así que entre alquiler (o hipoteca) y pagos del hogar, las familias pobres destinan hasta el 79,2% de sus ingresos (frente al 32% las familias que no son pobres), lo que apenas les deja margen para comida, enseñanza (transporte, comida, uniformes y libros) o sanidad (la mayoría de los hogares pobres no pueden pagar al dentista, las gafas o algunas medicinas). Y por eso, 1 de cada 4 familias pobres acuden a ONGs o a los servicios sociales: Caritas dice que la mitad de las personas a las que atendió en 2023 trabajan.

¿Por qué hay trabajadores que son pobres? La primera causa es que su trabajo es precario y por eso tienen un sueldo bajo, que les dificulta sobrevivir. En España, aunque la reforma laboral ha bajado el porcentaje de contratos temporales (16,4% de los asalariados en septiembre, según la EPA) y a tiempo parcial (12,8%), aún son más que en Europa. Y tenemos  un exceso de trabajos que exigen baja formación y en el sector servicios, que están peor pagados. En  consecuencia, el salario medio bruto en España era de 1.964 euros brutos en 2023, casi un 20% inferior al salario medio en la UE-27, que era de 2.351 euros brutos, según un estudio de Adecco con datos del INE y Eurostat. Y hay 11 paises europeos que cobran más que España: Luxemburgo (4.086 euros brutos mensuales), Holanda (3.771), Irlanda (3.596), Dinamarca (3.494), Austria (3.205), Alemania (3.174), Finlandia (3.040), Bélgica (2.967), Suecia (2.827), Francia (2017) e Italia (2017).

No se trata sólo de que los sueldos sean más bajos, sino que en España se cobra también menos por hora trabajada, según Eurostat: 18,2 euros en 2023, un -24,2% menos que en la UE-27 (24 euros por hora) y bastante menos que en Dinamarca (42 euros/hora), Bélgica (36,3), Irlanda (33,3), Paises Bajos (33), Alemania (31,6), Francia (28,7)o Italia (21,5). Y sólo ganan menos por hora en Portugal (13,7), Grecia (12,6) y los paises del Este.

El segundo problema que explica la pobreza laboral es la inflación, que se ha ido comiendo las subidas de salarios, sobre todo entre 2021 y 2023, pero también antes. Así, el salario medio bruto en España pasó de 1.774 euros en 2008 a 2.128 en 2022 (+20%),  según el INE. Pero como la inflación subió más (+29,9%), pues los salarios reales (descontando la inflación) han bajado, de 1.774 a 1.652 euros. Y esto afecta más a las familias más vulnerables, que son las que sufren más la inflación, por el tipo de gastos que tienen.

Un tercer factor que explica nuestra mayor pobreza laboral es que los salarios se han revalorizado menos en España los últimos años. Así, el salario por hora trabajada aumentó aquí un +27% entre 2008 y 2023,según Eurostat, mientras aumentó un +49% en la UE-27, un 44,95% en Alemania, un +37% en Francia y un +37% en Portugal.

Pero hay más causas que explican por qué tenemos más “trabajadores pobres”. Una es que hemos tenido un salario mínimo muy bajo, menor al del resto de Europa, aunque el Gobierno Sánchez lo haya subido de 736 euros (2018) a 1.134 euros en 2024 (+54%), lo que beneficia a 2,5 millones de trabajadores (muchos han dejado de ser “pobres”, otros no, porque trabajan menos de la jornada completa). Otra causa, clave, es que los trabajadores pobres en España tienen menos ayudas públicas: sólo llegan a un tercio de las familias pobres y su impacto es reducido (suponen el 22% de los ingresos totales), según el estudio de la Red EAPN.

Por eso, los expertos reiteran que no sólo hay que actuar sobre los contratos y los sueldos para reducir la pobreza laboral, sino que hay que aumentar las ayudas públicas a la pobreza, sobre todo a los hogares vulnerables con niños, dado que España destina sólo el 1,5% del PIB a la infancia y la familia, la mitad del gasto que hace la UE (2,4% del PIB). Para ello, habría que ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sólo llegaba en septiembre a 661.640 hogares (con 2 millones de beneficiarios). Además, es importante la reforma del seguro de desempleo, que entrará en vigor el 1 de noviembre y permitirá cobrar un subsidio y aceptar un trabajo (para animar a buscarlo), lo que aumentará los ingresos de algunos “trabajadores pobres”. Además, hay que seguir negociando mayores subidas en los convenios para los trabajadores peor pagados, mejorando en paralelo el salario mínimo.

Y será clave mejorar las ayudas a la infancia, porque los hogares con niños son más proclives a la pobreza. En este sentido, es indignante que la Ley de Familia siga estancada en el Congreso (desde febrero en que la envió el Gobierno), porque pretende asentar las ayudas por hijo (100 euros al mes para hijos menores de 3 años), que el Gobierno quiere ampliar a 200 euros en 2025 (ojo, va a tenerlo difícil si no consigue aprobar los Presupuestos) y generalizarla en el futuro para todos los menores hasta los 6 años.

En resumen, que en pleno siglo XXI, hay 2,5 millones de españoles que se levantan cada día para trabajar sabiendo que su empleo no les impide ser pobres y malvivir. Somos un país que crece y crea mucho empleo, pero a muchos eso no les permite vivir dignamente y tienen graves problemas para subsistir. Habría que polarizar menos la política y pactar de una vez un Plan contra la pobreza, que es una vergüenza social y un cáncer para la economía. Contratos y salarios dignos, alquileres y precios asumibles y ayudas para los que se quedan atrás, esos casi 10 millones de españoles pobres, una cuarta parte trabajando.   

España, tercer país con más pobreza de Europa

España crece más que Europa, pero la pobreza ha aumentado en España, en 2023 y desde 2019. Y somos el tercer país europeo con más pobreza, tras Rumanía y Bulgaria: un 26,5% de la población, 12.746.710 españoles en riesgo de pobreza, según las estadísticas europeas. “¿Donde estarán los pobres en Madrid?, se pregunta el portavoz de Ayuso. Los “pobres” son quienes ganan menos de 916 euros mensuales (1.923 euros una familia con dos hijos), no sólo los que piden por la calle sino muchos vecinos: inmigrantes, parados, madres solas con hijos, mayores y jóvenes, incluso personas con empleo (hay 2,5 millones de trabajadores “pobres”). Y tenemos 2,32 millones de niños viviendo en familias pobres, siendo España líder europeo en pobreza infantil. No basta con crecer y crear empleo, hay que mejorar las ayudas a los más vulnerables y resolver el problema de la vivienda. Urge un Pacto de Estado contra la pobreza: no es una cuestión ideológica sino “un cáncer” social, económico y político.

                       Enrique Ortega

Europa es, con Norteamérica, la región más rica del mundo, pero también tiene mucha pobreza, aunque no se habló de ella en las elecciones europeas. En 2023 había en la UE 94,6 millones de europeos “pobres”, un 21,4% de toda la población que está en riesgo de pobreza o exclusión social, según las estadísticas europeas (Eurostat). Y aunque son 700.000 europeos “pobres” menos que en 2022, la cifra ha aumentado en 2,2 millones de pobres desde 2019 (cuando había 92,4 millones de pobres en la UE-27), por las consecuencias negativas de la pandemia y la alta inflación en los hogares más vulnerables.

¿Qué es ser pobre? Europa tiene una estadística, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”) que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne tres veces por semana a pagar recibos). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Según Eurostat, en la UE-27 hay 94,6 millones de pobres, algo más de 1 de cada 5 europeos (el 21,.4%, frente al 24% de pobres en 2015). Su perfil son mujeres (22,3% frente al 20,3% hombres), parados (66,3% pobres) o inactivos (43,2%), jóvenes de 18 a 24 años (26,1%), mujeres solas con hijos (22,4% pobres), menores (24,8%) y personas con bajo nivel educativo (más de un tercio son pobres).

España es el tercer país con más pobreza en Europa, con una tasa AROPE del 26,5% de la población en 2023 (12.742.621 personas “en riesgo de pobreza o exclusión social”) según publicó Eurostat la semana pasada. Sólo tienen más pobreza Rumanía (32% población) y Bulgaria (30%). Y hemos empeorado, porque en 2019 éramos el 5º país con más pobreza (nos superaban Grecia y Letonia) y en 2020,2021 y 2022 éramos el 4º país (nos superaba Grecia, que ahora tiene un 26,1%). Estamos por encima de la media de pobreza de la UE-27 (21,4% en 2023) y por encima de Italia (22,8%), Alemania (21,3%), Francia (20,4%) o Portugal (20,1%). Los paises europeos con menos pobreza son la República Checa (12,8%), Eslovenia(13,7%), Finlandia (15,8%), Polonia (16,3%), Chipre (16,7%) y Paises Bajos (17%).

La tasa de pobreza ha aumentado en España tras la pandemia, pasando del 26,2% de la población en 2019 al 26% en 2022 y al 26,5% en 2023, según el INE y Eurostat, lo que indica que hay 445.364 españoles pobres más que en 2019. Frente a estos datos oficiales, la derecha política se empeña en que hablar de pobreza es “una obsesión de la izquierda” (Ayuso). Incluso el portavoz de la Comunidad de Madrid (que tiene 1.300.000 “pobres”, según Eurostat), Enrique Osorio, ha dicho “¿Dónde están los pobres en Madrid” (ver vídeo). Quizás piensa que los pobres son sólo los que piden en los semáforos o los que duermen bajo cartones. Pero no es así. Como lleva años insistiendo Cáritas, “muchos de nuestros vecinos son pobres y no nos damos cuenta”. Y es que la pobreza se ha hecho estructural y afecta ya a muchas personas. Por eso la estadística AROPE indica que afecta al 26,5% de españoles en 2023, 12.746.710 personas que tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media española), poco empleo o muchas privaciones.

¿Quiénes son estos pobres en España? La estadística AROPE detalla los colectivos con una tasa de pobreza superior a la media (26,5%): mujeres (27,5% de pobreza frente al 25,5% los hombres), inmigrantes (57% de pobreza entre extranjeros no UE y 36,5% entre extranjeros europeos), parados (56,7%) y personas inactivas (38% de pobreza), hogares con poca educación (36,7%), menores de 16 años (el 34,3% viven en familias pobres), familias monoparentales con niños (32,4% son pobres y el 80% son mujeres solas), hogares con discapacitados (31%), parejas con niños (28,5% son pobres) y jóvenes de 16 a 29 años (27,4% pobres), según el detallado análisis de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Por autonomías, hay 9 regiones con más pobreza que la media española (26,5% en 2023): Ceuta (¡ 41,8% de la población es “pobre”!), Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%), Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla la Mancha (31,7%), Murcia (30,5%) y Comunidad Valenciana (29,6%), según la EAPN. Y las que tienen menos pobreza son, lógicamente, las autonomías más ricas: País Vasco (15,5% es pobre), Navarra (17,2%), Madrid (19,4%, casi 1 de cada 5), Aragón (20,4%), Cataluña (21,2%), Cantabria (22%) y Castilla y León (22,4%). Pero hay algo chocante: 10 autonomías españolas tienen hoy (2023) más porcentaje de pobres que antes de la pandemia, en 2019. Algunas están entre las más ricas, como País Vasco, Navarra, Cataluña, la Rioja, Cantabria, Baleares o Comunidad Valenciana, y otras que han empeorado son pobres, como Castilla la Mancha, Castilla y León y Galicia.

La mayoría de los 12,7 millones de pobres en España que revela Eurostat lo son porque tienen “pobreza monetaria”, porque ganan menos del 60% del ingreso medio en nuestro país. En 2023, esos “pobres monetarios” (por bajos ingresos) eran 9.715.577 personas, el 20,2% de la población (+8.446 “pobres monetarios” que en 2022 y +1.172 que en 2019), según la EAPN. Para incluirlos como “pobres monetarios”, la estadística europea y el INE fijan un nivel de ingresos: 10.990 euros anuales (916 euros al mes) para un soltero y 23.078 euros anuales (1.923 euros al mes) para una familia con dos hijos. Esos son los que la estadística señala como “pobres”, porque con esos ingresos considera que no pueden vivir “decentemente”. Así que busque a su alrededor y ya verá que “conoce a muchos pobres”.

Hay otro nivel de pobreza peor, la llamada “pobreza severa”, que sufren los que ingresan menos del 40% del ingreso medio en España. Para 2023, integran este grupo los solteros que ingresan menos de 7.326 euros al año (611 euros al mes) y las familias con dos hijos que ingresan menos de 15.384 euros anuales (1.282 euros al mes). En 2023 eran 3,9 millones los españoles que estaban en situación de pobreza severa, el 8,3% de la población española( ha mejorado: eran el 9,2% en 2019) y 2 de cada 5 personas pobres, sobre todo inmigrantes, parados y mujeres solas con niños, además de jóvenes y mayores. Lo positivo es que esta pobreza severa se reduce: 900.000 españoles han salido de ella desde 2021.

Con todo, lo más preocupante es la elevada pobreza infantil en España: 2,32 millones de  niños y niñas vivían en 2023 en hogares “pobres” (que ingresan menos de 1.923 euros al mes), un 28,9% de los menores de 18 años, según el INE. Y el 13,7% de los niños viven en hogares con “pobreza severa”. Con estos datos, España es el país europeo con más pobreza infantil, superando a Rumanía y la alta tasa de pobreza infantil en Europa (25% de los menores), según un informe de UNICEF. Y además, España ocupa el puesto 36 con mayor pobreza infantil de los 39 paises OCDE: con una media del 28% (entre 2019 y 2021) sólo tienen más pobreza infantil Colombia (35,8%), Turquía (33,8%) y Reino Unido (20,7%), destacando la baja pobreza infantil  de Dinamarca (9,9%) Eslovenia (10%) y Finlandia (10,1%).

La gran mayoría de los “pobres AROPE” (9,7 millones de los 12,7 millones totales) lo son porque tienen bajos ingresos (menos del 60% de la media de cada país). El resto son personas que no pueden atender sus necesidades básicas (otros 2 millones) o tienen un bajo nivel de empleo (1 millón más), aunque muchas personas vulnerables cumplen dos o tres indicadores a la vez (pobreza  monetaria, privaciones y bajo empleo). Lo preocupante de los datos del INE (Encuesta de Condiciones de Vida 2023)  no es sólo el alto nivel de pobreza sino que un 37,1% de todos los hogares no tienen capacidad para atender gastos imprevistos y casi la mitad (el 48,7%) tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y hay otros datos llamativos: un 33,1% de los españoles no puede coger una semana de vacaciones, un 20,7% no pueden calentar (o enfriar) su casa, un 11,7% pagan con retraso hipoteca o recibos y el 6,4% no pueden comer carne o pescado cada dos días.

En definitiva, sí hay pobres en España (12,7 millones, de ellos 9,7 millones por bajos ingresos) y la mayor pobreza se da entre las mujeres y jóvenes, los inmigrantes, parados o con trabajos precarios, las familias que tienen niños y discapacitados, sobre todo en el sur de España, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo positivo es que, tras la pandemia, la acción protectora del Estado (ayudas, ERTES, gastos e impuestos) ha evitado que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza (2,4 millones en pobreza severa), según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). Y destaca también el efecto positivo de las pensiones públicas, que son “una vacuna contra la pobreza”: estiman que evitan que 7,8 millones de personas (jubilados y sus familias) acaben en la pobreza.

Pero el informe de la EAPN llama la atención sobre un hecho: el crecimiento de la economía y el importante empleo creado en España (1.280.000 empleos entre 2020 y 2023)  no han evitado que haya crecido la pobreza desde 2019 hasta hoy. Es evidente que el crecimiento y el empleo ayudan, pero “no son una vacuna contra la pobreza”, reflexiona la EAPN. Primero, porque mucho del empleo creado es precario (a tiempo parcial o temporal, a pesar de la mejoría por la reforma laboral) y mal pagado, con un alto nivel de paro (duplica al europeo), casi la mitad de jóvenes, mujeres y mayores con paro de larga duración. De hecho,” tener un trabajo no evita la pobreza”, según reitera la EAPN. Los datos revelan que un 32% de los “pobres” en España tienen un trabajo remunerado. Y cada vez hay más “trabajadores pobres”, casi 2,5 millones en 2023 (el 12% de los que trabajan).

Lo decisivo para que haya aumentado la pobreza desde 2019 ha sido, para la EAPN, la fuerte subida de la inflación y los problemas de la vivienda, el dispararse los alquileres. Por un lado, la alta inflación daña más a las familias con menos ingresos, porque les supone un mayor esfuerzo pagar los alimentos, la energía y las facturas que a las familias con más recursos. Y además, les ha afectado también más la fuerte subida de los alquileres (han subido tres veces más que sus ingresos). De hecho, vivir en alquiler es más frecuente entre los ”pobres” (el 33,3% son inquilinos) que entre los ”no pobres” (en alquiler sólo el 15,7%). Y tras las fuertes subidas de estos años, la tasa de pobreza de los que viven en alquiler (33,1%) duplica a la de quien tiene su casa en propiedad (15,7%), porque han tenido que afrontar alquileres disparados y mayores gastos (luz, gas, agua, seguros y múltiples recibos).

Ahora, los expertos de la EAPN reiteran que “no se puede atajar la pobreza sólo con más crecimiento y más empleo”, que hay que actuar sobre la inflación y sobre la vivienda, aumentando la oferta de alquileres subvencionados para las familias pobres. Y piden que no se reduzcan las ayudas contra la inflación : mantener la rebaja del IVA de los alimentos y la luz, que el Gobierno prorrogará después de junio. Además, piden un Pacto de Estado contra la pobreza, para que todos los partidos acuerden medidas (ayudas, fiscalidad, vivienda, educación, sanidad…) para ayudar a las familias más vulnerables. En paralelo, UNICEF pide un Pacto contra la pobreza infantil, que provoca daños económicos, educativos y mentales en nuestra infancia. Y si no se resuelven, estos niños serán  los adultos pobres de mañana. De momento, el Gobierno Sánchez ha creado un grupo de trabajo con ONGs para impulsar después este Pacto con autonomías y Ayuntamientos a lo largo de 2024.

España firmó en 2015 la Agenda 2030 aprobada por la ONU, que pretende reducir drásticamente la pobreza al final de esta década. Y en 2018, el nuevo gobierno Sánchez aprobó un Plan de Acción, con una posterior Estrategia contra la Pobreza 2019-2023, aprobada en marzo de 2019. Pero no estamos cumpliendo el objetivo:  reducir la pobreza a la mitad entre 2015 y 2030 (del 28,7% al 14,3%), sacar de la pobreza a 6 millones de españoles en estos 15 años. A medio camino, en 2023, la pobreza sólo se había reducido en -581.561 personas. Debería haberse reducido en 2,6 millones de personas más en estos 8 años. Por este enorme retraso, hay que dar un empujón a la lucha contra la pobreza en lo que queda de década.

Así que todos (Gobierno, autonomías, Ayuntamientos y organizaciones sociales) tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza , que está entre nuestros vecinos, aunque sólo se visualice en “las colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en las campañas electorales, ni en España ni en Europa. No podemos “mirar para otro lado”: la pobreza y la desigualdad están ahí, no son “un invento de la izquierda”, como defiende la ultra liberal Ayuso. La pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se frena cuando un 25% de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca a la democracia, porque las personas vulnerables no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza refleja una grave injusticia social. Por todo ello, urge extirpar la pobreza y no dejar atrás a la cuarta parte de los españoles.

El "salto" en los contratos fijos discontinuos

En los 10 primeros meses de 2022, los contratos que más crecieron fueron los “fijos discontinuos”: se hicieron casi 2 millones, 9 veces más que antes de la reforma laboral. Cubren tareas de temporada (turismo, hostelería, campo, conserveras…) pero son contratos fijos: la empresa llama al trabajador cada temporada y el resto del tiempo cobra el paro. Por eso, Feijóo acusa al Gobierno de utilizarlos para “maquillar” las cifras del paro, cuando debería saber que no figuran como parados desde 1985 (tampoco con Aznar y Rajoy), por una norma estadística europea. Lo que ha detectado la inspección de Trabajo es que hay mucho fraude: las empresas abusan del fijo discontinuo para cubrir trabajos que son permanentes y no de temporada, por lo que ha transformado 25.593 en fijos indefinidos. Pero los fijos discontinuos han ayudado a reducir la temporalidad, aunque aún hay muchos contratos precarios, a tiempo parcial (4,68 millones este año), con bajísimos salarios. Y así, 1 de cada 7 trabajadores (2,8 millones) son “pobres”.

Enrique Ortega

El contrato “fijo discontinuo” no es nuevo: se contempla en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 16) y su objetivo es incluir trabajos que se realicen de una forma intermitente o periódica pero estable. Es el caso, por ejemplo, de trabajos de temporada en hoteles y restaurantes, en actividades de ocio, monitores de vacaciones o de estaciones de esquí, socorristas de piscinas, logística y comercio (Navidad o rebajas), profesores, trabajadores temporeros en el campo o personal de conserveras y la pesca. Son empleos en los que no se trabaja todo el año, sólo unos meses, pero que tienen una estabilidad año tras año, son”trabajos de temporada” pero estables. Pero hasta 2022, con la reforma laboral, este contrato fijo discontinuo se utilizaba poco: sólo suponía el 10% de los contratos firmados cada mes y lo tenían 373.000 asalariados en 2021 (el 2,19% del total).

El gran cambio en el contrato fijo discontinuo lo introduce la reforma laboral, en vigor desde el 31 de diciembre de 2021 (y totalmente a partir del 31 de marzo de 2022). El objetivo del Gobierno es reducir los contratos temporales y aumentar los fijos, para lo que se potencia el contrato fijo discontinuo, como una forma de canalizar trabajos de temporada que se hacían con contratos temporales (ahora prohibidos). Para eso, junto a la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, la reforma laboral incluye 4 nuevas modalidades de contrato fijo discontinuo: trabajos de prestación intermitente (no estacional) que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados (revisiones periódicas de seguridad, por ejemplo), trabajos de contratas a otras empresas (limpieza, reparación o mantenimiento), personal de ETTs para ser cedidos y trabajos periódicos esenciales para administraciones y empresas públicas.

En definitiva, la reforma laboral ha ampliado  el abanico de posibilidades del contrato fijo discontinuo, para derivar contratos hasta ahora temporales, pero siempre con una idea clara: no puede usarse para una actividad permanente. Para el trabajador, el contrato fijo discontinuo ofrece muchas más garantías que uno temporal: es un contrato fijo, el trabajador forma parte de la plantilla de la empresa, cotiza a la Seguridad Social y cobra un sueldo cuando trabaja, devengando antigüedad y vacaciones. Y la empresa está obligada a llamarle a trabajar cuando se inicie de nuevo la actividad: si no lo hace, el trabajador fijo discontinuo puede reclamar legalmente (en 20 días) y cobrar una indemnización si es despedido (de 20 a 33 días, según sea procedente o improcedente, frente a 12 días de indemnización los temporales).

El trabajador con un contrato fijo discontinuo, cuando no trabaja tiene derecho a cobrar el desempleo, siempre que haya cotizado el mínimo exigido (360 días dentro de los 6 años previos). Pero durante el tiempo que esté sin trabajar, no computa como parado (aparece como DENOS: demandantes de empleo no ocupados). Esto es lo que utiliza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al Gobierno Sánchez de “maquillar” las cifras del paro con los fijos discontinuos. Debería saber que esto se hace en España desde 1985 (también con los Gobiernos de Aznar y Rajoy), en cumplimiento de una normativa estadística europea, para  homogeneizar las estadísticas de paro en Europa…

El efecto de la reforma laboral, potenciando y ampliando el contrato fijo discontinuo para reducir la temporalidad laboral, ha dado sus frutos, al disparar su utilización por las empresas este año. Ya en abril de 2022, los contratos fijos discontinuos se multiplicaron por 14 (238.760 contratos frente a 17.391 en abril 2021). Y así han seguido creciendo mes a mes, siendo en octubre el contrato laboral más utilizado: 258.800 contratos fijos discontinuos, un 37,2% de todos los contratos fijos hechos. Y si tomamos los 10 primeros meses de este año (enero a octubre), las empresas han hecho 1.928.700 contratos fijos discontinuos, 9 veces más que en ese periodo de 2021 (sólo se hicieron 212.200). Es el contrato laboral que más crece este año (+809% en 10 meses), más que los fijos indefinidos (+259%), mientras han caído los contratos temporales (-30,5% de enero a octubre).

Este “salto” en los contratos fijos discontinuos hizo saltar las alarmas en el Ministerio de Trabajo en primavera. A finales de mayo, la Inspección de Trabajo envió cartas a 83.600 empresas donde se había detectado un uso “inusual” de los contratos fijos discontinuos, en actividades donde trabajaban 200.000 personas. Fruto de estas cartas y del trabajo de los inspectores, se consiguió detectar, para septiembre, 25.593 contratos fijos discontinuos fraudulentos, en los que las empresas denunciadas los habían utilizado para “enmascarar empleos estructurales como periódicos o intermitentes”, para ahorrarse costes y cotizaciones, imponiendo una precariedad a trabajadores que debían ser fijos permanentes. Un uso abusivo de los contratos fijos discontinuos, que resulta estar muy extendido: se ha detectado en el 66% del los contratos investigados en Aragón, el 63,2% en Asturias y el 59% en Cataluña, según el balance de Trabajo. Ahora, las empresas que han abusado de estos contratos se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros por contrato, además de obligarles a regularizar la situación laboral de los trabajadores afectados.

A pesar del “gran salto” en los contratos fijos discontinuos, este tipo de contrato es todavía marginal en España, aunque su peso haya aumentado: a finales de septiembre de 2022, había 525.100 trabajadores con contrato fijo discontinuo (el 57% mujeres y las tres cuartas partes mayores de 30 años), un 3% de todos los asalariados, según la última EPA. Pero  son 151.700 asalariados más con este contrato fijo discontinuo que a finales de 2021, lo que supone un avance para estos trabajadores, que han ganado el tener un contrato fijo y no temporal como antes, aunque sea peor en ingresos que uno fijo continuo (a tiempo completo, no por temporada). Es un avance en derechos laborales, aunque todavía haya demasiadas empresas que lo utilizan de forma abusiva, para “camuflar” contratos temporales precarios, sobre todo en el turismo, la hostelería, y el campo.

La reforma laboral y los contratos fijos discontinuos han conseguido que se firmen este año, de enero a octubre, 5.947.800 contratos fijos indefinidos (4,3 millones más que el año pasado), casi un 38% de todos los contratos firmados este año, cuando en 2021, los contratos fijos firmados no llegaban al 11% (10,9%). Un avance indudable, que consigue ya que casi el 80% (79,81%) de los asalariados españoles tengan un trabajo indefinido (13.890.800 asalariados con empleo fijo, según la EPA septiembre 2022), un porcentaje aún por debajo de la media europea (89,5% empleos indefinidos en la UE-27).

Otro aspecto positivo de la reforma laboral es que se han reducido las personas que trabajan a tiempo parcial, por horas o por días: eran 2.622.000 ocupados a finales de septiembre, 116.000 personas menos que a finales de 2021. Y eso se debe a que la reforma ha encarecido la cotización a la SS de los contratos temporales de duración determinada, sobre todo los contratos de menos de 30 días. Pero todavía son demasiadas las personas que trabajan a tiempo parcial, con jornada reducida: 2.622.000 empleados, el 12,72% de todos los ocupados. El problema es que la mayoría de estos “ocupados parcialmente” no lo eligen, sino que son los únicos empleos que encuentran: trabajos por horas o días, con los que ganan un 59,7% del salario de los ocupados a jornada completa, según el INE. Y los que más lo sufren son las mujeres (1.924.300 trabajan a tiempo parcial) y los jóvenes (los tienen el 38% de los menores de 25 años).

Este tipo de empleos, temporales y a tiempo parcial, son el meollo de lo que se consideran trabajadores subempleados, personas que trabajan menos de lo que necesitan para vivir:  1.617.500 ocupados a finales de septiembre, según el INE, sumando 1.495.600 asalariados, 117.700 autónomos y 4.200 personas en otra situación. Un subempleo que se da sobre todo en los servicios (1.384.700 ocupados), aunque también en la industria (120.100), la construcción (73.800) y en el campo (38.900 subempleados). Y un problema que coloca a España como el país europeo con más “infraempleo”, trabajadores con una ocupación que apenas les llega para sobrevivir: serían un 5,6% de todos los empleados en España (1,15 millones de ocupados), muy por delante del infraempleo en Grecia (4,7% ocupados), Francia (4,5%), Italia (4,1%), Portugal (2,9%), Rumanía (1,8%) o Alemania (1,3% infraempleo), según los últimos datos de Eurostat.

Consciente de este grave problema de “subempleo” e “infraempleo”, la ministra de Trabajo anunció en septiembre en el Congreso medidas contra la explotación laboral. En concreto, Yolanda Díaz anunció un Plan específico de la Inspección de Trabajo para investigar la situación laboral de 290.000 trabajadores sobre los que existen “indicios” de que están realizando jornadas superiores a las declaradas.

En cualquier caso, la reforma laboral no ha podido frenar un problema que crece en España, por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: han aumentado las personas con trabajo que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la media). Eran el 14,3% de los trabajadores en 2021, frente al 11,7% en 2013 y el 12% en 2020, según el último informe  de la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). Son ya 2.886.455 trabajadores pobres, 1 de cada 7 personas con empleo. Un problema muy serio, que debería servir para replantearse “otra vuelta de tuerca” al mercado laboral, para reducir seriamente el subempleo y mejorar los salarios, tanto el salario mínimo como el salario de la mayoría, para conseguir más empleos decentes y que permitan llegar a fin de mes. Acabar con los trabajos que mantienen en la pobreza.  Es la otra reforma laboral pendiente.

Salarios: las protestas que vienen

La mayoría de salarios no han subido este año, a pesar de la inflación disparada: sólo 7,1 millones de trabajadores (de 17,3 millones) han pactado subidas del +2,6%, la cuarta parte de la inflación (+10,5%). El acuerdo de negociación de convenios está bloqueado desde mayo, a pesar de los intentos del Gobierno en julio y septiembre. Todo apunta a que este año no habrá acuerdo salarial, al menos hasta pasadas las elecciones en la patronal CEOE (23-N), que no quiere más acuerdos globales (se firman desde 2010) y apuesta por negociar empresa a empresa. Los sindicatos anuncian movilizaciones en octubre, para pedir subidas salariales y cláusulas de revisión (que sólo tienen el 25% de trabajadores). Urge subir los salarios, para no frenar más el consumo de las familias y acabar en otra recesión. Y para que no crezcan los “trabajadores pobres” (2,5 millones), que acaban en las colas del hambre. Ojo al dato: la mitad de las personas necesitadas a las que atiende Cáritas tienen un empleo.  

Enrique Ortega

La mayoría de los españoles llevamos casi dos años perdiendo poder adquisitivo, porque la inflación se come parte de nuestros ingresos. En 2021, antes de la invasión de Ucrania, la inflación media subió un +3,08%, más que los ingresos de 29 millones de españoles: los 9 millones de pensionistas (con una subida media del 0,9%), los 2,7 millones de empleados públicos (con una subida del +0,9%) y, sobre todo, los 17 millones de trabajadores asalariados (los que firmaron un convenio, pactaron una subida media del +1,5%, la mitad que la inflación media). Así que todos ellos han perdido poder adquisitivo, aunque en el caso de los pensionistas, se les ha compensado con “la paguilla” hecha en enero de 2022 (268 euros de media), para resarcirles de la mayor subida de la inflación el año pasado.

Este año 2022, la inflación se ha disparado más, tras la invasión de Ucrania y la subida desorbitada de la energía, alimentos y materias primas. Y la previsión es que la inflación media acabe el año en el +8% (incluso entre el 8 y el 9%). Así que 29 millones de españoles  volveremos a perder poder adquisitivo, incluso más que en 2021: lo sufrirán los 9 millones de pensionistas (que tienen una subida del +2,5%, aunque se les resarcirá en 2023, no con otra “paguilla”, sino con una subida mayor para todo 2023, en aplicación de la nueva Ley de Pensiones), los 2,7 millones de funcionarios (con una subida este año del +2%) y, sobre todo, los 17,3 millones de trabajadores asalariados, la mayoría sin haber firmado un nuevo convenio (con el sueldo congelado) y con una subida de sólo el + 2,6% para los 7,1 millones de trabajadores que han firmado o renovado convenio este año (hasta agosto). En todos los casos, la inflación triplicará con creces su aumento de ingresos.

El problema adicional que tienen los trabajadores asalariados es que muchas empresas y sectores no han renegociado sus sueldos, tienen los convenios bloqueados: se han negociado sólo 538 hasta agosto, la tercera parte que en 2021. Eso se debe a que la patronal CEOE se levantó en mayo de la mesa de negociación, cuando estaba preparando con los sindicatos la firma de otro Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), en sustitución del IV Acuerdo firmado en 2018, que fijó la subida salarial de 2018, 2019 y 2020. En 2021 no hubo acuerdo salarial, por la pandemia y ahora se trataba de negociar el V Acuerdo confederal para el empleo y la negociación colectiva, que debía acordar las subidas salariales en las empresas para 2022, 2023 y 2024.

Pero la patronal CEOE se levantó de la mesa negociadora en mayo, argumentando que los sindicatos querían saltar “una línea roja”: incluir en los futuros convenios una cláusula de revisión salarial, para compensar a los trabajadores si la inflación subía más que los salarios pactados. Y eso, para la patronal, no era asumible, porque suponía aumentar los costes de las empresas y “alimentar la inflación”. Enfrente, los sindicatos reiteraban que los trabajadores llevan dos años perdiendo poder adquisitivo y que hay que buscar fórmulas para resarcirlos de los aumentos extras de inflación (este año y los siguientes), aunque se abrían a repartir esta compensación en varios años y según la situación de las empresas. Y denuncian que las empresas han aprovechado la reforma laboral del 2012 (Rajoy) para suprimir la clausula de revisión en los convenios. El dato es claro: si en 2008 tenían esta clausula de revisión el 70% de los trabajadores con convenio, en 2022 sólo la tienen el 24,42% de los trabajadores que han firmado convenio hasta agosto (1.738.842 trabajadores). O sea, que sólo tienen clausula de revisión ante la inflación 1 de cada 10 trabajadores en España (hay 17,3 millones de asalariados).

Al margen de este “escollo” (fundamental), las posturas sobre las futuras subidas de salarios estaban bastante próximas entre patronal y sindicatos: ambos aceptaban una subida salarial del +3,5% para 2022 (con una inflación esperada del +8%), +2,5% para 2023 (se espera una inflación del 4,5%) y +2% para 2024, subidas muy moderadas y por debajo de la inflación prevista. Por eso resulta clave ver cómo se compensa la inflación “extra”, cómo se reparte por años (retrasar la mayoría a que pase esta crisis), empresas y trabajadores, para que esta compensación no ahogue a las empresas  pero sirva para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Los sindicatos dicen que están abiertos al “cómo”, pero sin renunciar a la compensación, sobre todo cuando las empresas tienen ya más ventas y beneficios que antes de la pandemia. Pero la patronal niega la mayor.

Y así han ido pasando los meses. En julio, la vicepresidente Calviño reunió a sindicatos y patronal para intentar un acuerdo, sin resultado. Y en agosto, la ministra de Trabajo lanzó un torpedo a la negociación, al declarar que “los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle” para reclamar subidas salariales. La semana pasada, el 21 de septiembre, varios ministros (Calviño y Díaz entre ellos), intentaron “enderezar la negociación”, reuniéndose con patronal y sindicatos, pero no se avanzó nada. Seguimos en punto muerto.

Y todo apunta a que este año 2022 no habrá ningún acuerdo salarial y que si se consigue algo, será ya para 2023 y 2024. Por un lado, la patronal CEOE tiene elecciones el 23 de noviembre y no parece que su actual presidente (y único candidato, Antonio Garamendi) “mueva ficha” antes, tras ser muy criticado dentro por una parte de los empresarios debido a sus pactos con Gobierno y sindicatos. Y por otro, se abre paso entre los empresarios que “es mejor negociar empresa a empresa y sector a sector que pactar un acuerdo global”, que no hace falta un pacto salarial global. Y argumentan que estos acuerdos no existen en otros paises, aunque siempre se ha puesto de ejemplo en Europa los acuerdos sociales en España, que han asegurado “la paz social” en la anterior crisis económica: el primer acuerdo salarial se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después se han firmado tres acuerdos más, el IV AENC en julio de 2018 (para 2018-2020). Ahora, quizás no haya un V Acuerdo.

Ante este panorama, los sindicatos CCOO y UGT han anunciado movilizaciones para octubre, sobre todo en las empresas y sectores que no han firmado convenios este año y no se han sentado a negociar los de 2023. Se sumarán así a las protestas y movilizaciones convocadas en toda Europa, por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que denuncia una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores europeos mientras las empresas aumentan ventas y beneficios, sobre todo energéticas y bancos. En España, además, los sindicatos denuncian la desigualdad en la subida de los salarios: los sueldos de los consejeros de las empresas cotizadas en Bolsa han subido este año un +7,1% (+2,6% los convenios firmados) y estos directivos ganan 32 veces el sueldo medio de sus empleados (y 60 veces más los directivos de las empresas del IBEX).

La inflación afecta a los trabajadores de toda Europa, pero más a los españoles, porque aquí los precios suben más (+10,5% hasta agosto, frente al +9,1% en la eurozona, +8,8% en Alemania, 9,1% en Italia y 6,6% en Francia, según Eurostat) y los salarios son más bajos: el coste laboral (no sólo los salarios, el coste de contratar un trabajador) era de 22,90 euros la hora en 2021, frente a 29,10 euros en la UE-27, 32,80 euros en la zona euro, 46,90 euros en Dinamarca, 37,2 euros en Alemania, 37,9 euros en Francia y 29,3 euros en Italia, los paises con que competimos en Europa.

Y además, los salarios están subiendo menos en España (con muchos convenios bloqueados) que en el resto de Europa: los costes sólo salariales han crecido un +2,6% anual en el 2º trimestre de 2022 (el 5º país europeo donde menos crecen los salarios), frente al +4,5% que subieron de media en la UE-27 y el +5,5% que crecieron en Alemania (+2,7% en Italia, +3% en Italia y +5,6% en Portugal), según Eurostat. Con ello, dado que los salarios crecen menos en España y la inflación más, los trabajadores españoles serán los segundos en Europa que más poder adquisitivo pierdan en 2022, según la OCDE: -4,46% caerán los salarios reales aquí, sólo por detrás de Grecia (-6,92%) y más que Italia (-3,13%), Reino Unido (-2,94%), Alemania (-2,55%) y la media de los 35 países de la OCDE (donde los trabajadores perderán un -2,30% de poder adquisitivo). Y en Alemania, “un ejemplo” para muchos empresarios, los salarios ganarán este año un +0,23% de poder adquisitivo.

Esta mayor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles tiene dos consecuencias. Una, para ellos, para los 17,3 millones de asalariados: tendrán más difícil llegar a fin de mes, pagar las mayores facturas de la luz, el gas, la calefacción, el carburante o la cesta de la compra. Y la hipoteca, los que la tengan (subirá 178 euros al mes, los que la revisen en septiembre: después más). Sobre todo esa mayoría de trabajadores con el sueldo congelado. Y una parte de ellos acabará siendo “un trabajador pobre”: en España hay  2,5 millones de trabajadores pobres, el 14% de los asalariados. Un creciente colectivo que ahora lo está pasando peor, ante la alta inflación y la baja o nula subida de sus sueldos. Ojo al dato: la mitad de las familias que acuden a Cáritas pidiendo ayuda tienen un empleo.

La otra consecuencia de que los trabajadores pierdan poder adquisitivo la sufre “la economía”, todos nosotros: baja el consumo de las familias, gastan y compran menos, y en consecuencia bajan las ventas y el crecimiento de la economía. Y el empleo se frena o cae. Y si el proceso se mantiene muchos meses más, España puede entrar en recesión (de hecho, el Gobierno ha vuelto a rebajar el crecimiento previsto para 2022: del 4,3% esperado en julio al 4% previsto ahora (y +2% en 2023), que puede ser menos o negativo si Putin y la energía enturbian más el invierno).

Así que “devaluar” los salarios es malo para las familias y para la economía, perjudica también a las empresas. Por eso, la patronal debería volver a la mesa de negociación con los sindicatos y pactar una subida de sueldos razonable y una compensación justa y asumible por la inflación. Es lo que pensaba Henry Ford: tengo que subir más los salarios de mis trabajadores para que me puedan comprar coches. Hay fórmulas para subir los salarios y, en paralelo, compensar este mayor coste a lo largo del tiempo y aumentar la productividad. Otra cosa no, pero los sindicatos españoles han demostrado ser “razonables”. Ahora falta que lo sean las empresas, desbloqueando convenios y pactando  mayores subidas de salarios. Y conteniendo sus márgenes y beneficios para que los precios suban menos. Eso es ser justos con los que peor lo están pasando (los trabajadores pobres) y ser “patriotas” con la economía. Si no lo hacen, se abrirá este otoño un rosario de conflictos laborales que a nadie beneficiarán. Negocien.