Faltan inmigrantes

El Banco de España ha dado la alarma: faltan trabajadores en el campo, la construcción y la hostelería, básicamente porque han llegado menos inmigrantes tras dos años de pandemia. El problema se da también en Alemania, Italia, Irlanda o Reino Unido. Pero no es una situación coyuntural: el problema de fondo es que la población europea no crece y en España cayó en la primera mitad de 2021, con lo que los inmigrantes son cada vez más necesarios para mantener la economía, los ingresos públicos y el Estado del Bienestar. De hecho, la ONU estima que Europa tendrá un déficit de 60 millones de trabajadores en 2050 y España necesitará 7 millones de inmigrantes, aunque la estimación del INE es que sólo vendrán 5,8 millones. En definitiva: necesitamos inmigrantes, ahora y en las próximas décadas, porque nacen pocos jóvenes y hay cada vez más viejos. Urge un Pacto europeo y español para regular la necesaria llegada de inmigrantes: no nos “roban” el trabajo, salvan nuestro futuro.

Enrique Ortega

Europa tiene un grave problema de población del que se habla poco: hay cada vez menos nacimientos, menos niños y jóvenes menores de 19 años (20%) y más viejos (21% europeos tienen más de 65 años), con lo que la población apenas crece y lleva estancada dos décadas. Si había 429 millones de europeos en 2001, crecieron hasta 440 millones en 2008 y éramos 447 millones a finales de 2020 : sólo un 4% de aumento en 20 años. Pero además, 2020 fue el primer año en que cayó la población europea, en -312.000 habitantes, según los últimos datos de la Comisión Europea. Y eso, porque se redujo la población en 10 paises, sobre todo Italia (-384.000), Rumanía (-143.000) y Polonia (-118.000), aunque creció en otros 17, sobre todo en Francia (+119.000 habitantes).

En España, la población aumentó en 2020 (+66.081 habitantes), según el INE, pero ha caído en 2021, en el primer semestre: había censados 47.326.687 habitantes, -72.007 habitantes que a finales de 2020, debido a la caída de población en 13 de las 17 autonomías. Una caída que se explica por el aumento de la mortalidad y la caída de natalidad por el COVID pero, sobre todo, por la menor llegada de inmigrantes (el censo de extranjeros bajó -42.364 personas, de los -72.007 en que bajó el censo). Y no es la primera vez que baja la población en España: ya pasó en 2012 (-90.326 habitantes), 2013 (-215.691), 2014 (-62.634) y 2015 (-9.466 habitantes), según los datos del INE, debido a que la anterior crisis económica provocó una salida de inmigrantes a sus paises de origen y menores llegadas.

Ahora, la previsión de la Comisión Europea es que la población europea se estanque en las próximas dos décadas, manteniéndose en 449 millones entre 2025 y 2030, para decrecer después, hasta los 440 millones de europeos en 2050 y llegar al año 2070 con 424 millones de europeos (-5,1% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio de Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4), Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población en las próximas décadas, pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE, para el periodo 2020-2070: pasará de 47.326.958 habitantes el 1 de enero de 2021 a 47.749.007 en enero de 2030, 49.910.653 habitantes a principios de 2050 y 50.589.811 habitantes el 1 de enero de 2070. O sea, un aumento de población de 2,5 millones en los próximos 20 años y 3,25 millones en los próximos 50 años. Un aumento mínimo, si tenemos en cuenta que en los 50 años anteriores (1970-2020), la población española creció cuatro veces más, en 13,51 millones (de 33,81 millones de habitantes en 1970 a los 47,32 millones en 2020).

Pero este aumento previsto para la población española en 2050 y 2070 es “engañoso”, porque “encubre” una realidad: la población de los nacidos en España cae y el censo sube solamente por el aumento de los inmigrantes, según las proyecciones del INE. Así, los nacidos en España pasarán de 40.229.931 en 2020 a 37.108.939 españoles en 2050 (-3,22 millones) y 33.794.071 españoles en 2070 (-6,5 millones sobre 2020), debido a que la mortalidad ganará a la natalidad, a la falta de nacimientos (1,23 hijos por mujer, cuando para que aumente la población harían falta 2,1 hijos por mujer). Y quien nos “salvará” de no perder población total serán los extranjeros, los inmigrantes que llegarán a España: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones) y 16.795.740 inmigrantes censados en 2070 (9,8 millones más que hoy), según el INE.

Con este “panorama demográfico”, España y Europa necesitarán a los inmigrantes en las próximas décadas para mantener sus economías. Lo ha dicho claramente la ONU: Europa necesita abrir sus puertas a 60,8 millones de trabajadores extranjeros para 2050. Una cifra que el centro especializado Wittgenstein eleva a 72,7 millones de inmigrantes. Y en el caso de España, necesita 7 millones más de inmigrantes entre 2020 y 2050, según la estimación del Centro de Desarrollo Global de Washington. Así que si el INE estima que vendrán 5,8 millones, todavía tendríamos un déficit de 1,2 millones de inmigrantes para dentro de tres décadas. Estos estudios son concluyentes: no bastará con aumentar la edad de jubilación, incorporar más mujeres al trabajo, aumentar la natalidad o robotizar y automatizar los empleos. Seguirá faltando mano de obra si no entran más inmigrantes.

De hecho, el problema se está dando ya, agravado por la menor entrada de inmigrantes (y las mayores salidas) en 2020 y 2021, por la COVID. Así, las migraciones internacionales hacia los 38 paises de la OCDE se redujeron un 30% en 2020, alcanzado los niveles más bajos de llegadas desde 2003. En el caso de España, las entradas netas de inmigrantes (entradas menos salidas) han caído en picado: de 446.000 en 2019 bajaron a 232.000 en 2020 y se han desplomado en 2021, con un saldo negativo en el primer semestre: salieron 366 inmigrantes más de los que entraron, según el INE.

La consecuencia es que faltan trabajadores en algunos sectores, por la menor entrada de inmigrantes, según ha alertado el Banco de España, utilizando la Encuesta que hizo a las empresas a finales de 2021. Hay todavía menos oferta de mano de obra extranjera que antes de la pandemia (mientras ha aumentado la oferta de trabajadores españoles) y esto provoca escasez de trabajadores en los sectores con mayor porcentaje  de extranjeros: faltan trabajadores en el campo y la construcción (lo reportan el 40% de las empresas) y también en la hostelería (lo indican el 36% de las empresas encuestadas). Y el problema preocupa especialmente a los empresarios de la construcción en los próximos meses, porque el sector va a acaparar el 35% de todos los Fondos Europeos y esta inversión peligra si falta mano de obra (el 20% del trabajo lo hacen extranjeros).

El problema de la falta de trabajadores, por la menor llegada de inmigrantes, se da también en el resto de Europa. En Alemania, faltan trabajadores para conducir trenes, tranvías y camiones, en Irlanda falta mano de obra en la construcción y en Italia y Reino Unido faltan temporeros para recoger las cosechas. Sin embargo, la Unión Europea no tiene una política común de inmigración y cada país va a su aire, abriendo más o menos la mano según sus necesidades. Pero los expertos en demografía insisten: no hay futuro para Europa sin inmigrantes. Y antes o después, tendrá que abrirse, sobre todo a África, un continente cuya población se va a triplicar en los próximos 80 años (de 1.372 millones a 4.400) y donde el 60% de sus habitantes tiene menos de 25 años (el 80% en paro). Además, en unos años, Europa tendrá que “competir” por atraer inmigrantes con otras regiones que también los van a necesitar, como EEUU, Canadá, Japón, Corea del sur y las monarquías del Golfo.

Actualmente, la inmigración es una cuestión muy polémica en toda Europa y está siendo aprovechada por los líderes populistas y de extrema derecha para frenar su presencia, que no es excesiva, según las cifras (y escasa, según las necesidades económicas).Así, al 1 de enero de 2021 había 23,7 millones de extranjeros de terceros paises (no UE) en Europa (legalmente), sólo un 5,3% de toda la población europea, según Eurostat. Y de ellos, el 72% se concentra en 4 grandes paises: Alemania (6.112.300 extranjeros no UE, el 7,4% de su población total), Italia (3.764.800, el 6,4% de su población), Francia (3.735.200 ciudadanos de terceros paises, el 5,5%) y España (3.633.100 extranjeros no UE, el 7,7% de la población), donde destacan los inmigrantes de Marruecos (829.000), Colombia (541.000), Ecuador (420.000), Venezuela (415.300) y Colombia (297.700), según Eurostat.

En las próximas décadas, estas cifras de inmigrantes en Europa van a aumentar, debido a la fuerte presión demográfica de África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de la Europa del Este (por su envejecimiento), según un estudio de FEDEA. Esta presión migratoria explica el 40% de la inmigración, otro 26% se explica por la atracción que ejercen los inmigrantes que ya están aquí y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según este estudio, que prevé la llegada a España de 5,2 millones de nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón largo del resto del mundo.

Ahora que sabemos que necesitamos estos inmigrantes y más (hasta 7 millones para 2050), y que empezamos a sufrir su falta en el campo, la construcción y el turismo, urge regular este flujo de inmigrantes, para que lleguen de forma ordenada y no a golpe de cayucos y saltos de valla en Ceuta y Melilla. En diciembre pasado, el Gobierno aprobó una Orden para flexibilizar este año 2022 la contratación de extranjeros en origen, con dos novedades: ahora se pueden hacer contratos por 12 meses (antes eran por 9) y para todos los sectores económicos (no sólo para tareas agrícolas), una manera de cubrir los déficits de trabajadores señalados por el Banco de España. La medida está favoreciendo la contratación temporal de inmigrantes magrebíes y latinoamericanos (se han firmado acuerdos, por ejemplo, con Honduras, para traer trabajadores a las campañas agrícolas), que han de regresar después a sus paises.

Es una medida coyuntural, para cubrir necesidades extras de mano de obra, pero sigue faltando una política estable de inmigración, pactada entre los principales partidos para que no cambie cada 4 años (las necesidades de inmigrantes deben programarse a medio plazo). Y aquí, España deja mucho que desear, porque los Gobiernos se dedican más a “tapar agujeros” (los “boquetes por los que entran los inmigrantes ilegales: 41.945 en 2021, según Interior) que a regularizar la situación de los inmigrantes que están aquí y los que llegan pidiendo asilo: hay 104.000 solicitudes pendientes y en 2021 se concedieron el 10,5% de las solicitudes presentadas, frente al 35% de media concedidas por la UE-27, según CEAR.

Resulta clave un Pacto político sobre la política migratoria, en España y en Europa, con la vista puesta en esos 60 o 70 millones de inmigrantes que se necesitan para 2050. Y para ello, es clave informar a la opinión pública y deshacer falsos mitos, los que utiliza la extrema derecha xenófoba en Europa. Como que los inmigrantes “nos roban el trabajo”: es falso, porque 4 de cada 10 se incorporan a ocupaciones elementales y mal remuneradas (su salario medio es un 56% del que reciben los españoles, según un informe del Defensor del Pueblo), trabajos que no quieren los españoles (como recoger fruta o cavar zanjas). Y además, aportan más de lo que reciben: los 2 millones de trabajadores extranjeros pagan el 10% de las cotizaciones a la SS y sólo reciben el 0,9% del gasto en pensiones, según un estudio de UGT. Además, otros estudios revelan que pagan más en impuestos y cotizaciones que lo que reciben en prestaciones sociales y ayudas. Y con su consumo, contribuyen al mayor crecimiento y a crear otros empleos de españoles. Acabo con un dato más: el 30% de todo lo que ha crecido España en los últimos 20 años ha sido gracias a los inmigrantes.

Estamos en una situación preocupante, agobiados por la guerra y los precios, pero no podemos olvidar los 3 grandes problemas de fondo, que estaban ahí antes de la pandemia y estarán después de la guerra de Ucrania, los grandes retos del siglo XXI: el Cambio climático, la revolución tecnológica y digital y el problema demográfico. Vivimos en un continente donde baja y envejece la población de forma imparable, por lo que si no queremos incurrir en un “suicidio demográfico”, tenemos que tomar medidas en 2 frentes: fomentar la natalidad y atraer inmigrantes de forma ordenada y regular. Dos políticas que exigen acuerdos, valentía política y tiempo para dar frutos. Otra asignatura pendiente que debemos aprobar.

¿Faltan trabajadores?

Algunos empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores: peones de la construcción, camioneros, camareros y personal de hoteles o temporeros del campo. No pasa sólo en España, también en Reino Unido, resto de Europa y Estados Unidos. El presidente Biden dio la solución: “páguenles más”. Y se sumó Yolanda Díaz. Suena muy “progre”, pero los salarios son sólo parte de la solución: también hay que ofrecer contratos “decentes”. Pero sobre todo, faltan trabajadores en muchos puestos porque no hay suficiente personal formado: encofradores, electricistas, gruistas, cocineros, conductores de maquinaria, ingenieros agrónomos y, principalmente, especialistas en medio ambiente, informática, digitalización y nuevas tecnologías (faltan 100.000 empleos digitales). El problema de fondo es que tenemos una educación ineficaz, desde la escuela a la Universidad, con adultos poco formados (el 37% frente al 17% en Europa). Y que las empresas gastan poco y mal en formar a sus trabajadores. No basta con pagar más. El gran reto es educar y formar en los empleos con futuro.

Enrique Ortega

El empleo lleva creciendo 15 meses, desde junio de 2020, tras lo peor de la pandemia: se han creado 1.423.800 nuevos empleos en España, según la última EPA (septiembre 2021). Pero aún así, hay muchos empresarios que se quejan: podrían crear más empleos, pero no encuentran los trabajadores que buscan. Sobre todo en la construcción (la patronal CNC dice que faltan 700.000 trabajadores para cubrir las inversiones contempladas en el Plan de recuperación), en el transporte (la patronal Fenadismer habla de un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros en España), en la hostelería y el turismo (desde camareros a limpiadoras y personal de habitaciones) y en el campo (temporeros). También en el resto de Europa se quejan de que faltan camioneros y otros trabajadores, igual que en EEUU, donde faltan estibadores en los puertos, camioneros y trabajadores no cualificados.

Este déficit de empleos se refleja en las estadísticas. En España, la cifra de “vacantes” (puestos que no encuentran quien lo ocupe) ha subido mucho tras la pandemia: eran 74.346 vacantes en junio de 2020 (107.531 un año antes) y 119.202 vacantes en junio 2021, la cifra más alta de empleos sin ocupar de la última década, según los últimos datos del INE. La cifra no es muy importante en la construcción (6.575), a pesar de lo que dice la patronal, tampoco en la industria (7.033), pero sí en los servicios (105.605 vacantes en junio 2021), por los puestos sin cubrir en el comercio (12.692), la sanidad (9.292), la hostelería (8.170) y el transporte (3.208 vacantes). La mitad de estas vacantes se da en empresas muy pequeñas, de menos de 4 trabajadores (56.407) y sólo un tercio en las grandes (36.980). Y las vacantes se concentran en Cataluña (27.917), Madrid (27.001), Andalucía (16.561), Comunidad Valenciana (12.788) y Castilla y León (5.663), siendo mínimas en el resto del país.

Con todo, España está a la cola de Europa en empleos vacantes, lo que parece lógico cuando tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,8% de empleos por cubrir, la tercera cifra más baja de Europa (tras el 0,3% de Grecia y el 0,8% de Rumanía), frente al 2,2% de empleos vacantes en la UE-27, el 1,9% en Francia o Italia y el 2,9% de empleos vacantes en Alemania, según los últimos datos de Eurostat (junio 2021). En Reino Unido hay 1,10 millones de empleos vacantes, un 3,4% de los empleos. Y en EEUU tenían 9,3 millones de empleos vacantes en junio pasado, el 6,2% de los empleos.  

¿Qué está pasando para que aumenten los empleos sin cubrir?  Hay varias causas. La primera, que la pandemia ha frenado la inmigración en todos los paises, también en España: sólo 149.011 extranjeros se sumaron al Censo en 2020, menos de la mitad de los extranjeros censados en 2019 (+395.168). Y muchos de estos inmigrantes son los que trabajan en el campo (temporeros), la construcción, la hostelería y el turismo. Otro factor es que muchos de los que han sido despedidos durante la pandemia, en la construcción, la hostelería y el campo, no quieren volver a trabajar en esas empresas, porque saben que son empleos muy precarios. Y algunos ya salieron de la construcción en la crisis de 2008 para pasar ahora a la hostelería y salir con la pandemia, así que están “doblemente escaldados”: intentan trabajar “en otra cosa”. Y además, las empresas ahora, que no tienen claro el futuro y están también escaldadas de esta nueva crisis, ofrecen contratos muy precarios y salarios muy bajos. Sobre todo a trabajadores no cualificados de la construcción, el campo y los servicios.

Por eso, en junio, el presidente Joe Biden dio “la solución” a los empresarios norteamericanos que se quejaban de que no encontraban trabajadores: “Páguenlos más” (“Pay them more”). Y después le copiaron el ministro francés de Economía y la ministra Yolanda Díaz: “Páguenles más”.  Suena muy “progre” y realista (el salario hora en España es de 22,8 euros, un 20% inferior a los 28,5 euros de media en Europa y un 38% inferior a los 36,6 euros por hora que cobran en Alemania, según Eurostat), pero es sólo una parte del problema. Porque muchos de estos trabajos donde hay vacantes no sólo tienen sueldos mínimos sino también unas condiciones de trabajo muy precarias: contratos basura (por días y hasta por horas) y horarios infinitos (camioneros, hostelería o comercio), sin derechos.

Así que con contratos “decentes”, mejores condiciones de trabajo y mayores sueldos podríamos resolver una parte del problema, encontrar trabajadores para los empleos que no requieren cualificación. Pero la mayor parte de los empleos vacantes son empleos que sí requieren alguna cualificación. Algunos, una cualificación media, por ejemplo en construcción: faltan “caravisteros” (ponen ladrillos en fachadas) y “tabiqueros” (ladrillos en interiores), que ganan más de 50.000 euros al año, encofradores, ferrallistas, electricistas, fontaneros y operadores de grúa, empleos especializados. Y en transporte, operadores de algunos vehículos especiales y en logística. Y en hostelería, cocineros. Todo ello exige potenciar la figura del aprendiz y los cursos de Formación Profesional (FP).

Pero la mayoría de empleos vacantes y más en el futuro, son empleos que exigen una mayor especialización y formación, como los 100.000 empleos digitales que faltan en España, según la patronal DigitalES. Y lo mismo en sectores de futuro como la informática, la gestión de datos o las energías alternativas y el medio ambiente. Incluso en el campo, hay un déficit de ingenieros agrónomos (en Cataluña, por ejemplo, salen 20 licenciados al año frente a 150 que se demandan). Es aquí, en las profesiones más demandadas, donde 6 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores, según Manpower: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas varios y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente. Y ya hoy, las empresas ofrecen más empleos a los que tienen FP que a los universitarios.

La solución a la falta de trabajadores no está sólo en ofrecer mejores sueldos y contratos. Hay que apostar por tener trabajadores mejor formados y cualificados en los empleos del futuro. Y aquí, España tiene “un grave hándicap de partida”, del que no hablan ni políticos ni empresarios: tenemos un país con poca formación. Un 37,1% de los adultos (25-64 años) españoles  tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 13,9% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2021 Y sólo tenemos un 23,2% de la población adulta con formación media (Bachillerato o FP), la más demandada, frente al 46% de los adultos en Europa y el 55% en Alemania. Eso sí, tenemos más universitarios que la media europea (39,7% de nuestros adultos frente a al 37,6% en la UE y el 31,3% en Alemania), pero un tercio de nuestros universitarios están subempleados (poniendo copas o de cajera en un súper).

Y si nos fijamos sólo en la formación de los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque mejora ligeramente: tenemos un 28,3% de jóvenes con poca formación (ESO o menos) frente al 12,3% en Europa, debido sobre todo a la lacra del “abandono escolar temprano” (16% en España, el 2º país peor de la UE, tras Malta, frente al 9,9% en la UE-27). Y sólo un 24,3% con formación media (Bachillerato o FP) frente al 43,1% en Europa, según el mismo Informe de la OCDE. Y en este grupo, sólo un 36% estudian Formación Profesional (FP), mientras lo hacen el 43% de los jóvenes en Europa, el 45% en Alemania, el 55% en Italia o el 65% en Reino Unido. Eso sí, tenemos más jóvenes universitarios (47,4% del total frente al 44,5% en la UE-27), aunque dos tercios de ellos no encuentren “trabajo de lo suyo” y estén subempleados o parados (el 15% en España, 6% en la UE y 4% en Alemania).

Esta baja formación de adultos y jóvenes es una clara consecuencia de un sistema educativo ineficaz, que pierde a muchos jóvenes por el camino y que no forma para encontrar trabajo. Y además, España es el 5º país de Europa que menos gasta en educación, en las últimas décadas y más tras los recortes de 2010 a 2015.

Pero no sólo falla la educación, también falla el reciclaje de trabajadores y parados. España es el 2º país de Europa con más paro (14,6% frente al 6,7% en la UE-27, según Eurostat), pero lo más grave es que tenemos muchos parados de larga duración (1.638.000, el 48% llevan más de un año parados), muy difíciles de recolocar, y muchos parados con poca formación: el 47,05% de todos los parados en septiembre ( son 1.607.600) tenían baja formación (la ESO o incluso menos), un 25,14% formación media (Bachillerato o FP) y el 27,79% restante tenían formación universitaria, según la última EPA.

Así que tenemos un país con adultos poco formados y donde la mitad de los parados apenas tiene formación (y les ofrecen cursos escasos y poco atractivos). Así parece difícil que las empresas encuentren los trabajadores que necesitan. Pero esas empresas tienen también mucha culpa, no sólo el sistema educativo. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte del gasto en formación lo hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10%. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y volvieron a caer hasta los 55,57 euros por trabajador en 2020, según detalla la última Encuesta anual de coste laboral del INE. La caída es más llamativa si la vemos así: en 2011, el 0,35% del coste total de un trabajador (31.370 euros de media) era formación y ahora, en 2020, el coste de la formación ha caído al 0,18% del coste total  por trabajador (31.150 euros). El gasto de las empresas en formación era mínimo y ahora es insignificante.   

Podemos verlo de otra manera, el gasto en formación de empresas y trabajadores. Cada mes, se descuenta una parte de las nóminas para formación (el 0,7%, un 0,6% las empresas y un 0,1% los trabajadores). En 2019, último año con datos, fueron 2.101,9 millones para formación, a los que se sumaron otros 312,55 de aportaciones del Estado y Europa (FSE). Con este dinero se hicieron 90.694 cursos, en los que participaron 267.480 empresas (de los 3 millones que hay en España), según los datos de la Fundación para el Empleo (FUNDAE). Una parte son cursos que se dan en Centros homologados y la menor son cursos subvencionados que dan las propias empresas a sus trabajadores, básicamente las grandes. El problema no es solo que se gasta poco dinero en formación, sino que además se gasta mal: cada año quedan sin gastar un 20% de los fondos que aportan empresas y trabajadores, según denuncia UGT, con lo que hay un remanente sin utilizar de 2.500 millones. Y eso por el exceso de control y burocracia, que retrasa el pago ayudas de 1,5 a 2 años, provocando que muchas empresas no se animen a adelantar el gasto para hacer cursos.

Bueno, si ha llegado hasta aquí verá que la falta de trabajadores es una cuestión más compleja que “pagarles más”. Y que las empresas que se quejan tienen bastante culpa, por no apostar por la formación de sus trabajadores y por no acabar con un sistema de cursos ineficaz. Y que los Gobiernos y el país  tenemos mucha culpa también por no afrontar de una vez por todas la reforma de un sistema educativo que no ayuda a formarse en los empleos que se necesitan. En vez de hacer demagogia con la falta de trabajadores, urge tomar medidas eficaces: pactar una reforma educativa, fomentar y mejorar la imagen de la FP, cambiar el sistema de cursos ligados a la cuota de formación, modernizar las oficinas de empleo (para que ayuden a recolocar a los parados) y plantearse como prioridad la formación y el reciclaje permanente de los españoles, del colegio a la jubilación. Conseguir una plena sintonía entre empresas, educadores y formadores, para limitar las vacantes. Y, sobre todo, orientar a los jóvenes a estudiar las profesiones con futuro. Formarse más y mejor.

España, la despensa de Europa

Con la pandemia, se desplomó la economía y las exportaciones, pero las ventas al extranjero de alimentos españoles crecieran en 2020 y batieron otro récord histórico, tras dos décadas de aumentos. Naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Y somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos. Pero hay varios problemas en este “éxito” alimentario. El primero, que apenas lo nota el campo, los agricultores y ganaderos españoles, que cobran precios bajos y ven subir los costes. El segundo, los consumidores españoles sufrimos alzas de precios continuas (y las mejores naranjas van a Alemania). Y el tercero, sufre el medio ambiente, porque producir alimentos genera un 12,5% de emisiones y consume el 85% del agua. Una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, además de ser su bar, su hotel y su playa. Pero debíamos aspirar a ser otra cosa.

Enrique Ortega

Las exportaciones han sido uno de los motores que han tirado de la economía española desde 2008, atenuando primero la caída de la economía (2009-2013) y ayudando después a la recuperación (aportaron un tercio del crecimiento en 2016 y la cuarta parte en 2019). Pero en 2020, con la pandemia, las exportaciones españolas se desplomaron (cayeron un -10%), como la economía (el PIB cayó un -10,8%). Pero hubo una excepción: las exportaciones de alimentos y bebidas, que crecieron un +5,5%, siendo el único renglón exportador que aumentó: las ventas fuera de coches cayeron un -12,9% y también las exportaciones de ropa (-19,8%), Calzado (-15,9%), maquinaria (-10,3%), equipos de transporte (-23,9%), productos químicos (-3,6%) o cerámica (-1,8%), según los datos de Comercio.

Y no es un año aislado. Las exportaciones de alimentos llevan dos décadas creciendo, año tras año, y casi se han duplicado en la última década: de 31.497 millones exportados en 2011 se pasó a 43.116 millones en 2016 y 51.304,1 millones exportados en 2020, casi la quinta parte (el 19,6%) de todo lo que exportó España. Y lo más llamativo: es uno de los dos únicos sectores económicos donde España es autosuficiente, donde exportamos más de lo que importamos: 51.304 millones de alimentos y bebidas vendidos fuera frente a 33.967,2 millones importados, con un superávit de +17.336 millones en 2020 (año en que España tuvo un déficit comercial global de -13.422 millones de euros). El otro sector con superávit es el automóvil, pero su saldo positivo con el exterior (+8.119 millones en 2020) es la mitad que los alimentos y bebidas (+17.336 millones), según los datos de Comercio.

Para hacernos una idea global, el empuje de los alimentos ha convertido a España en la 4ª potencia exportadora de alimentos de Europa, con un 3,6% de cuota de mercado mundial,  sólo por detrás de Paises Bajos (que es un líder discutible, con un 6% de cuota mundial, porque sus cifras se deben a que muchos alimentos salen de sus puertos pero han llegado de otros paises, no son holandeses), Alemania (5,3%) y Francia (4,6%). Y ocupamos el 7º puesto en el ranking mundial de exportadores de (ver Mapa), encabezado por EEUU (9% de cuota mundial), con Brasil en el 4º puesto (5,2% de cuota) y China en el 5º puesto (4,6% de cuota), seguido España de Canadá (3,3% de cuota), Italia (3,1%) y Bélgica (2,9%).

En 2020, los alimentos que más exportó España fueron la carne de cerdo (fresco y congelado, mucho a Cina, que sufre la peste porcina), cítricos (naranjas, sobre todo a Europa), aceite de oliva y vino, dos alimentos cuyas exportaciones a EEUU se han frenado en 2020 por la drástica subida de aranceles (del 3,5% al 25%) aprobada por Trump en octubre de 2019 (y levantada por Biden en marzo de 2021). A pesar de este contratiempo, España es el primer exportador del mundo (y productor) de aceite de oliva y el primer exportador de vino (en volumen), aunque seamos el tercero en valor (tras Francia e Italia).

Analizando las exportaciones de alimentos y bebidas  hechas en 2020 (51.304 millones), casi el 40% son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (19.559 millones, +6%), seguidas de lejos por las exportaciones de carne (6.188 millones, +16,2%), aceites y grasas (4.208 millones, +1,8%), bebidas (4.073,5 millones, -3,3%), alimentos preparados (3.889 millones, +4,6%), pescado y productos pesqueros (3.815,3 millones), azúcar, café y cacao (1.833 millones, +3,6%) lácteos y huevos (1.572 millones, +2,2%), piensos para animales (1.514 millones, +13,5%), cereales (598 millones, +8,1%), tabaco (211,5 millones, -16,6%) y semillas y frutos oleaginosos (186,3 millones, +16,6%), según los datos de Comercio. En la mayoría de alimentos exportamos más de lo que importamos, salvo en pescado, azúcar, café y cacao, lácteos, piensos, cereales, tabaco y semillas, 7 partidas donde somos deficitarios: importamos más de lo que exportamos.

¿A qué paises vende España? El 63% de las exportaciones de alimentos y bebidas van a la Unión Europea, en especial a Francia (15% del total), Alemania(11,1%), el cliente donde más crecieron las ventas en 2020, Italia (9,8%), Portugal (8,9%), Reino Unido (7,7%), el 2º país europeo donde más crecieron las ventas para anticiparse al Brexit) y Paises Bajos (4,3%). El primer cliente no europeo es China (4,1% ventas, unos 2.400 millones de ventas agroalimentarias), país donde se han duplicado las exportaciones de alimentos españoles (sobre todo cerdo), seguido de Estados Unidos (3,8%, unos 2.100 millones de ventas), según este estudio de CaixaBank Research.

El origen de la mayoría de los alimentos que España exporta está en Andalucía (37% de las exportaciones agroalimentarias), siendo Almería (“la huerta de Europa”) la provincia que aporta la mitad de estas exportaciones andaluzas (3.090 millones, el 15,8% del total nacional), seguida de Huelva (20,9% de las exportaciones andaluzas de alimentos: 1.289 millones, un tercio son fresas), según datos de Extenda, la agencia andaluza de comercio exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana (26,4% de las exportaciones españolas de alimentos) y Murcia (18,5%), Aragón y Cataluña detrás (por la exportación de cerdo), Extremadura, Castilla la Mancha y la Rioja. Al final, Almería y Murcia son la huerta de Europa, aportando el 30,6% de todas las exportaciones hortofrutícolas (6.000 millones en 2020).

Todo este esfuerzo exportador muestra la pujanza del sector agroalimentario español, que en 2020 ha afrontado un doble reto: alimentar a los españoles en pandemia (hemos consumido más alimentos y bebidas) y alimentar a los extranjeros, siendo la despensa de Europa. Gracias a este esfuerzo, se mantienen 2,5 millones de empleos: 744.000 en el campo (agricultura y ganadería), 456.000 en la industria agroalimentaria y 1,3 millones de empleos más en el comercio agroalimentario, según un estudio de Cajamar e IVIE. Pero este dato positivo para el empleo y el empujón económico que conlleva la pujanza del sector, no pueden  esconder 3 problemas que hay detrás del “boom” exportador de alimentos de España: la situación del campo, los consumidores y el medio ambiente.

El campo español apenas se ha beneficiado del “boom exportador. Los agricultores y ganaderos han aumentado sus ventas en 2020, pero se quejan de que también les han aumentado sus costes y que los precios que les pagan por alimentos y carnes no les compensan, denunciando que el beneficio se lo llevan los intermediarios (en España y en Europa). No hay datos del margen con que se venden los alimentos en Europa, pero sí en España: 5,13 veces más caros los productos agrícolas y 3,30 veces los ganaderos, según el índice de precios (IPOD) que elabora COAG. Veamos tres ejemplos: la patata se le paga al agricultor a 0,08 euros kilo y se vende en el mercado a 0,80 euros kilo (10 veces más cara). La naranja se paga al productos a 0,29 euros kilo y nos la venden a 1,89 euros (6,5 veces más). Y la ternera, de 3,69 euros/kilo a 16,12 euros (4,37 veces más).

Además, los trabajadores del campo sufren mayor precariedad y peores salarios para que España pueda competir con otros paises a la hora de vender alimentos en Europa y el resto del mundo. De hecho, podemos ser competitivos vendiendo alimentos y bebidas porque los costes laborales en el campo español son un 44 % más bajos que la media europea, según el estudio de Cajamar e IVIE. Y eso explica también los “poblados” de inmigrantes y trabajadores precarios (que ha denunciado la ONU) que se multiplican por Almería, Huelva, Murcia e incluso zonas de Huesca o Lérida (mataderos y recolección de fruta). Los exportadores de frutas se quejan de la “competencia desleal” de Marruecos, porque pagan 7 euros la hora (350 euros a la semana), que es lo que se paga en Marruecos al día (no sabemos si es lo que querrían pagar ellos…).

El segundo problema es que los consumidores españoles “pagamos” este boom exportador, por dos vías. Una, que el aumento de las exportaciones dispara los precios dentro, porque fuera se paga más: los alimentos y bebidas son un 4,3% más caros en la UE-28 que en España, con lo que los productores tratarán de forzar venderlos más caros aquí, con la “amenaza” de exportarlos si los intermediarios y supermercados no pagan más. De hecho, los alimentos llevan subiendo más que el IPC desde hace años y también en 2020: el índice anual de alimentación subió el 1,1%, cuando el IPC cayó un -0,5%. Y los alimentos encadenan ya 7 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,6% en febrero de 2021, cuando el IPC total sube el +0%.  El otro coste es que la mejor fruta, verdura, carne, vino y aceite se exportan, porque pagan más.

El tercer problema del “boom” exportador de alimentos es más de fondo: daña al medio ambiente. Por un lado, la producción de alimentos es el 4º mayor emisor de CO2 en España: 39,7 millones de TmC02, el 12,5% de las emisiones totales de 2019, sólo por detrás del transporte (29%), la industria (20,6%) y la generación de electricidad (13,5%) y por encima de las emisiones residenciales (8,8%), según el Inventario de Emisiones oficial. Y del total de emisiones del campo español, 67% corresponden a la ganadería y 33% a la agricultura. La producción de carnes, sobre todo la ganadería industrial, genera emisiones por el proceso de digestión de los rumiantes (metano, el 2º gas que provoca el efecto invernadero), el estiércol y los purines de las granjas (emiten metano o óxido de nitrógeno) y también por  el forraje y los piensos que consumen (que llevan a la deforestación). Y la agricultura, al utilizar fertilizantes nitrogenados y abonos emite óxido de nitrógeno (N2O).

De hecho, la FAO (la ONU de la alimentación) estima que la agricultura y la ganadería generan un 20% de las emisiones de efecto invernadero. Y que la ganadería es responsable del 35 al 40% de las emisiones de metano y del 65% de emisiones de oxido de nitrógeno (N2O). Y a eso se une que los pesticidas utilizados en la agricultura extensiva y los purines de las granjas contaminan las aguas y los acuíferos.

Además, la agricultura y ganadería intensivas consumen mucha agua: concretamente el 85% del total, gastando otro 3% la industria y quedando el 12% restante para el abastecimiento humano, según Ecologistas en Acción. Ya hemos superado las 4 millones de hectáreas de regadío (más un 5 a un 10% más de regadío ilegal), que ha aumentado un 21% en las últimas dos décadas, para alimentar el “boom” exportador de alimentos. Además, hay extensas zonas de Almería, Murcia o Huelva donde las explotaciones agrarias han gastado el agua disponible y han sobreexplotado los pozos, agotando y contaminando los acuíferos. Y gran parte de la agricultura intensiva son cultivos no para producir alimentos sino forraje para el ganado o para piensos. Con ello, la ganadería consume en España tanta agua en un año como todos los hogares en una década, según Greenpeace.

Así que muy bien que seamos una potencia en la producción y exportación de alimentos, pero ojo al tremendo coste (laboral, inflacionista y ecológico) de ser la despensa de Europa. Habría que defender una producción agroalimentaria más justa y sostenible, que no se asiente en explotar a sus trabajadores, mal pagar a agricultores y ganaderos, hacer subir los precios interiores y deteriorar el medio ambiente y el agua. El Estado debería intervenir y asegurar unos mínimos, ayudando a consolidar un sector que debía ser laboralmente más justo, menos contaminante y más dinámico, apoyándose en la digitalización y en mejores infraestructuras de transporte. Esa es otra: cada día salen de Almería 1.500 camiones hacia Europa (y miles más de Murcia o Valencia), debido a que no se avanza en el corredor mediterráneo, para que exportemos alimentos por tren. Habría que dedicar una parte de los Fondos europeos a asegurar un futuro más sostenible para el sector agroalimentario, casi tan potente como el turismo.

Y una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, como también somos su bar, su hotel y su playa. Pero como se ha visto con la pandemia, eso nos hace muy vulnerables y más pobres, porque son actividades que crean menos empleo estable y menos riqueza. Sería bueno que aspiráramos a ser otra cosa.

Guerra de precios en los súper

Los supermercados han sido de los pocos negocios que han ido mejor con la pandemia, porque nos hemos gastado mucho más en la cesta de la compra, al ir menos a bares y restaurantes: facturaron un 12,7% más en 2020, un tercio del aumento porque aprovecharon para subirnos los precios, mientras bajaba la inflación. Ahora, una vez hecha caja, algunos súper (Lidl, Aldi o Día) han lanzado una guerra de precios, con “ofertas escaparate” para seguir quitando clientes a Mercadona y Carrefour. Pero son sólo un espejismo, porque los alimentos llevan 6 meses consecutivos de subidas, que no benefician al campo porque se lo llevan los intermediarios. El INE ha aumentado el peso de los alimentos en la cesta de la compra y la inflación anual subió en enero y se estancó en febrero, tras 9 meses de IPC negativos. Ahora, se espera que todos los precios suban en 2021, mientras los salarios se estancan o bajan. Ojo a la cesta de la compra.

Enrique Ortega

La pandemia, con el confinamiento y la menor movilidad, ha disparado las compras de los españoles de productos de gran consumo: alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. En 2020, los españoles nos gastamos en “el carro de la compra” 95.000 millones de euros, un 6,4% más que en 2019, según la consultora Nielsen, quien estima que 3.500 millones de gasto extra se debe a la pandemia, porque provoca que gastemos más en alimentos y bebidas al ir menos a bares y restaurantes. De hecho, las ventas que más crecieron con la pandemia fueron las de bebidas (+8,5%), congelados (+8,3%), alimentos frescos (+6,5%) y envasados (+6,4%), destacando el aumento de ventas en droguería y productos de limpieza (+9,4%), según Nielsen.

La mayor parte de este gasto lo hicimos en los supermercados, pero  hay dos novedades en el gasto durante la pandemia. Uno, que aumentaron las compras en las tiendas tradicionales (las carnicerías, pescaderías y fruterías de toda la vida), que alcanzaron un 17% de cuota de ventas (y un 25% en frescos), gracias a que muchas sirvieron a domicilio y se beneficiaron del apoyo de muchos clientes (que volvieron a ellos, para “ayudarlos” en lo peor de la pandemia). Y la otra novedad ha sido el salto en las ventas online de alimentación: pasaron del 1,8% de todas las ventas en 2019 al 2,6% en 2020 (y el 3,7% sin contar los alimentos frescos), con la aparición de nuevos operadores (Corte Inglés o Amazon).

Pero la mayor parte de las compras de gran consumo las hemos hecho en los supermercados e hipermercados, que aumentaron un +12,7% su facturación en 2020, más que el resto del sector, sobre todo en los meses duros del confinamiento (marzo a junio) y en el último trimestre de 2020. Y se ha producido otro cambio, según Kantar Worldpanel: han perdido cuota los supermercados líderes (Mercadona, Carrefour y Día) y la han ganado Lidl y los supermercados regionales, que han aprovechado mejor la proximidad. Con todo, el líder, Mercadona, que tuvo problemas en su canal online al inicio del confinamiento, controla un 24,5% de las ventas totales de gran consumo (-1,1% que en 2019) y por sus 1.600 tiendas han pasado 9 de cada 10 hogares españoles. Le sigue a mucha distancia Carrefour (8,4% de cuota, un -0,3% perdido en 2020). Y en el tercer puesto del ranking se ha aupado la cadena alemana Lidl (6,1% de cuota, +0,5%), gracias a la apertura de nuevas tiendas (tiene 600) y a sus continuas  ofertas. Le siguen  el grupo DIA (5,8% de cuota, -0,6%), que ha compensado sus problemas financieros con su extensa red de tiendas, el grupo Eroski (4,88%, la misma cuota que en 2019), Auchan/Alcampo (3,48% de cuota, sin cambios) y los súper regionales (14,3% de cuota, +2,1%), los que más han subido con la pandemia, (Consum, Uvesco, Alimarket, Ahorramás, Gadisa o Dinosol)  gracias a su imagen de proximidad y a los frescos.

Los supermercados han facturado un 12,7% más en 2020 porque hemos comprado más (dos tercios del aumento) y también porque nos han subido los precios (explica un tercio de la mayor facturación), según Kantar Worldpanel. Los alimentos subieron de media un 2%, según Nielsen, aunque los frescos subieron un 5,5% y algunas frutas hasta el 20%. Al final, los súper aprovecharon la mayor demanda (igual que las cadenas de distribución) para recuperar mayores costes logísticos y de distribución (para adaptar tiendas a la pandemia, Mercadona gastó 200 millones) y para aumentar márgenes. De hecho, el índice anual de precios de alimentación subió al 4% en abril de 2020, cuando el resto del IPC era negativo. Y aunque subió menos con la desescalada, los alimentos encadenan 6 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,7% en enero, cuando el IPC total sube el +0%.

Y lo peor es que esta subida del carro de la compra que hemos pagado con la pandemia no ha llegado al campo, según denuncian agricultores y ganaderos. En enero de 2021, los precios finales que pagamos por los alimentos son 4,05 veces los precios en origen que recibe el agricultor o ganadero, según el índice IPOD que elabora la asociación agraria COAG. Así, pagábamos 1,15 euros por kilo de patatas que se pagaba al productor a 0,13 euros o 1,85 euros por kilo de naranjas que en el campo se pagaba a 0,27 euros. Y 5,87 euros por kilo de cerdo cuando en la granja se pagaba  a 1,1 euros, 16,10 euros por kilo de ternera frente a 3,48 euros por kilo que recibe el ganadero o 2,75 euros por kilo de pollo cuando se paga a 0,85 euros por kilo. A lo claro: nos han cobrado más caros los alimentos con la pandemia, pero los mayores márgenes se han quedado por el camino del campo al súper.

Ahora, en este año 2021, se espera que los precios de la cesta de la compra sigan subiendo, aunque quizás menos en el primer semestre, hasta que vuelva el turismo y se note la recuperación. Y como “espejismo”, algunas cadenas (como Lidl y Aldi) han iniciado una “guerra de precios”, para intentar seguir ganando cuota de mercado a costa de los grandes, de Mercadona y Carrefour sobre todo. No bajan todos los precios, sino unos “precios escaparate” (como el pollo o la leche), para atraer a clientes. Es el caso de Lidl que ha ofrecido pollo por piezas a menos de 2 euros el kilo, lo que ha provocado la denuncia de la organización agraria COAG, ante la Agencia de Control Alimentario (AICA) porque están vendiendo por debajo de los costes de producción de las granjas de pollos.

Otra novedad de 2021 será que se disparará la venta de alimentos online, al haber empezado a operar el 2 de febrero Amazon Fresh, primero en Madrid y luego en Barcelona y el resto de España, con el objetivo de “vender alimentos a millones de españoles en 2021”. Arranca con 10.000 artículos, frescos y envasados, que se entregarán en el día para clientes Prime y sin coste adicional para envíos de más de 50 euros. Otro operador que se ha puesto las pilas de la venta online es El Corte Inglés, que quiere ser 100% digital y también en las ventas de sus supermercados. Mientras, Mercadona y Carrefour avanzan lentamente en la venta online y buscan defenderse mejorando su oferta de frescos, en tanto Lid, Aldi y los súper regionales buscan el atractivo de las ofertas y la proximidad. Y con esta estrategia y la pandemia, esperan un nuevo aumento de ventas del +10% en 2021.

Estas mayores ventas de alimentos ya las ha trasladado el INE al IPC, modificando al alza su ponderación en el índice de precios: si en 2020 los alimentos y bebidas no alcohólicas  suponían el 19,49% del IPC, para este año 2021 lo han subido al 23,62%. Y también han subido el peso del gasto en bebidas alcohólicas (por el mayor gasto en cerveza y vino), del 2,85% al 3,20% del gasto total en el IPC. También suben, aunque menos, el porcentaje de gasto en vivienda (del 13,37 al 13,58%), los gastos médicos (del 3,89 al 3,93%) y otros bienes y servicios (del 6,82 al 7,10%). Y bajan el peso de todos los demás gastos familiares este año, sobre todo en transporte (del 15,40 al 12,45%), en ocio y cultura (del 8,41 al 6,79%) y el porcentaje de gasto en hoteles, cafés y restaurantes (12,05 al 11,64%).

En definitiva, que con la pandemia gastamos más en comer y beber en casa y eso se va a reflejar en el IPC, que subirá más que el año pasado si suben los alimentos, como se espera. De  momento, llevamos dos meses en que la inflación anual ha roto la racha de bajadas de los 9 meses anteriores: enero (+0,5%) y febrero (+0%). Y existe un cierto temor en las Bolsas y entre los expertos a que “despierte la inflación”, a la vista del último dato europeo (febrero 2021), recién publicado por Eurostat: la inflación anual de la UE-27 era del +1,2% y  la de la eurozona era del +0,9%, pero ha subido hasta el +1,6% de subida anual en Alemania, +1,9% en Paises Bajos y Suecia y +0,9% en Finlandia,  +0,7% en Francia o +1% en Italia, mientras bajaba un -0,1 % anual en España ( dato homogéneo con la UE). Preocupa que la inflación siga subiendo y obligue al BCE a subir tipos, lo que dificultaría recuperar las economías  europeas tras la histórica recesión provocada por la pandemia.

Mientras la inflación despunta por el horizonte, empujada por los alimentos y la subida de muchas materias primas (el petróleo ha duplicado su precio: de 37,45 dólares/barril a principios de noviembre a 67,21 dólares el 24 de febrero), los salarios no mejoran y muchas empresas quieren congelarlos o incluso bajarlos en 2021. De momento, los últimos datos de convenios, los firmados en enero, revelan una subida media (para 3 millones de trabajadores que los han firmado) del +1,44%, inferior al 1,89% de subida de 2020. Y la patronal de grandes almacenes ha propuesto a sus 200.000 trabajadores congelarles el sueldo en el próximo convenio, mientras la banca acaba de firmar un convenio donde ha pactado con los sindicatos subir los sueldos de sus 90.000 empleados un +0,21% en 2021…

En definitiva, que la inflación podría subir más del 0,9% previsto este año, lo que restaría poder adquisitivo a los pensionistas y a muchos asalariados, dificultando el consumo de las familias (sobre todo con más de 4 millones de parados ya) y, por tanto, la recuperación. Por eso, es importante evitar subidas injustificadas de precios en la cesta de la compra, vigilar todo el proceso de distribución (para que no se inflen márgenes) e intentar mantener e incluso subir salarios (las empresas que puedan) para reanimar el consumo y el crecimiento. Si no, la inflación puede ahogar la recuperación antes incluso de que llegue. Atentos.