13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.

Rentas mínimas: las autonomías "hacen caja"

Es un escándalo: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central implantaba el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar el gasto que hacían en rentas mínimas para ayudar a las familias más pobres. Se han “ahorrado” 241 millones y han dejado sin ayuda a 128.448 personas vulnerables. Y lo peor es que “han hecho caja” las autonomías gobernadas por el PP y también las del PSOE. Ahora, todo apunta a que seguirá el recorte de las rentas mínimas, porque varias autonomías las han hecho incompatibles con el IMV, que ha mejorado y ayuda ya a 2,15 millones de beneficiarios. Cáritas pide que ambas ayudas (rentas mínimas autonómicas y el IMV estatal) se complementen, mientras otros expertos piden aprobar una prestación universal por hijo, como tienen 20 paises UE (no España), para combatir la pobreza infantil y apoyar a la natalidad. Y además, reordenar todas las ayudas públicas, para que lleguen a los 4 millones de españoles en situación de pobreza severa. No miremos para otro lado.

                    Enrique Ortega

Las “rentas mínimas” son pequeñas ayudas mensuales que las autonomías conceden a las familias más pobres desde hace tres décadas. La iniciativa la tomó el País Vasco, en 1989, y le siguieron Cataluña y Madrid (en 1990) para cerrar Aragón, en junio de 1.993. Su cuantía es muy dispar: oscila entre 434 euros mensuales en Galicia y 800 euros en el País Vasco. Y también son diferentes los criterios de concesión y el presupuesto. En 2020, con la pandemia, disfrutaron de las “rentas mínimas” un máximo de 795.861 beneficiarios (dos tercios mujeres), con grandes diferencias por autonomías (150.000 en Cataluña, 123.050 en País Vasco o 110.397 en Andalucía, frente a 78.605 en Madrid o 20.181 en Canarias), según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto autonómico en estas rentas mínimas alcanzó un máximo de 1.728 millones de euros en 2020, también con grandes diferencias: el País Vasco gastó 450 millones y Cataluña 427, mientras Andalucía gastó solo 135 millones,  Madrid 133 millones, Canarias y Extremadura 42 millones y Castilla la Mancha 12,6 millones.

En resumen, las “renta mínimas” son “un pequeño parche” autonómico, muy desigual según las regiones y que ayuda poco  a los 9,68 millones de españoles que están en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media: menos de 840 euros mensuales los solteros y menos de 1.765 euros las familias con dos menores). Pero a partir de 2020, las rentas mínimas autonómicas ayudan aún menos, porque la mayoría de las autonomías han aprovechado que el Gobierno central puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar sus ayudas y “hacer caja”. Los datos oficiales reflejan que entre 2020 y 2022 (últimos publicados), 13 autonomías han recortado su gasto en rentas mínimas en 241 millones de euros (-12,8%), según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y sólo han aumentado su gasto en rentas mínimas 4 autonomías: Canarias (+126,7%), Baleares (+87,3%), Cataluña (+23,3%) y Comunidad Valenciana (+10,8%).

Lo más llamativo es que entre esas 13 autonomías que han recortado sus rentas mínimas entre 2020 y 2022 hay autonomías que gestionaba el PP (5), pero también bastantes gestionadas entonces por el PSOE (6) y los nacionalistas (2). El mayor recorte del gasto lo han hecho Aragón (-84,5%), Madrid (-81,2 %: -108,6 millones “ahorrados), Castilla la Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,5%), Extremadura (-44,9%: -19 millones), Cantabria (-44,6%), Andalucía (-43,1%: -58,5 millones “ahorrados”), Asturias (-33,2%), Galicia (-31,6%: -17 millones), País Vasco (-15,6%: -70 millones “ahorrados”) y Navarra (-15,3%), según los Directores de Servicios Sociales.

Este recorte de gasto se produce porque han reducido los beneficiarios de las ayudas de las rentas mínimas entre 2020 y 2022: había 667.413 beneficiarios a finales de 2022, según el Ministerio de Asuntos Sociales, 128.448 menos que en 2020. La mayoría de las autonomías recortaron beneficiarios, pero las que más han sido Madrid (-57.383 beneficiarios, un 73% de los 78.605 beneficiarios de 2020), Andalucía (-77.685 beneficiarios perdidos, el 70% de los 110.397 que tenía en 2020) y Baleares (-11.992, dos tercios de los 19.256 beneficiarios que tenía en 2020). Y sólo han aumentado beneficiarios en la Comunidad Valenciana (+35.400), Canarias (+25.935) y Navarra (+692). Al final, esos 667.413 beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sólo suponen el 7,9% de todos los españoles que están en situación de pobreza (9,68 millones), pero hay 8 autonomías donde suponen aún menos: Castilla la Mancha (reciben esta ayuda el 0,6% de los considerados “pobres”), Andalucía (el 1,6%), Murcia (1,6%), Madrid (2,4%), Castilla y León (2,9%), Baleares (4,1%), Galicia (4,4%) y la Rioja (7,2%). Bajas coberturas que contrastan con Navarra y el País Vasco, donde reciben la renta mínima el 52% de sus “pobres”. Y el 22,5% en Asturias o el 15,1% en Cataluña, según los Directivos de Servicios Sociales.

Las autonomías han podido “hacer caja” y ahorrarse 241 millones entre 2020 y 2022 aprovechando que el Gobierno Sánchez implantó el ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020, en plena pandemia. Lo que han hecho las autonomías es poner trabas a las familias vulnerables que recibían una renta mínima y que ahora solicitan el IMV. Unas, como Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña y Galicia han hecho incompatible sus rentas mínimas con recibir el IMV. Y en el resto, como Madrid, País Vasco, Navarra, Canarias, Comunidad Valenciana o Asturias, sí pueden recibir las dos ayudas, pero les computa como ingreso lo que reciben del IMV, con lo que algunos superan el tope de ingresos permitido y pierden la renta mínima autonómica. Así, unas y otras “han hecho caja”.

Mientras las rentas mínimas autonómicas están a la baja (la tendencia ha seguido en 2023, a falta de datos globales), el ingreso mínimo vital (IMV) mejora, tras crecer muy poco en 2020 y 2021, por desconocimiento y el exceso de exigencias y burocracia. Nació con el objetivo de llegar a 850.000 hogares y beneficiar a 2,3 millones de personas vulnerables y ya está cerca: lo cobraban 735.000 hogares (dos tercios, con una mujer al frente) y beneficiaba a 2.157.712 personas (el 54% de los beneficiarios son mujeres y un 42,8% menores), según el balance oficial al cierre de 2023. Este año 2024, el importe que se recibe con el IMV es muy superior a la mayoría de las rentas mínimas autonómicas: 604 euros mensuales adultos solos, 966 euros en el caso de un adulto con dos hijos y 1.147 euros mensuales para familias con dos adultos y dos hijos. Además, en enero de 2022 entró en vigor el complemento de ayuda para la infancia, que cobran 451.900 familias que tienen el IMV y niños: un complemento de 115 euros mensuales (niños de 0 a 3 años) a 57,5 euros (niños de 6 a 18 años).

Ahora, muchas ONGs temen que se recorten aún más las rentas mínimas autonómicas, dado que el PP y Vox gestionan 11 de las 17 autonomías. Y la derecha se ha mostrado siempre contraria a las ayudas sociales, “la paguilla” que critica la popular Ayuso. En su ideología neoliberal, que impregna a gran parte del PP, la pobreza “es un invento de la izquierda” y los que tienen problemas de subsistencia es porque no ponen los medios para salir adelante, porque no pelean por vivir mejor y “se conforman” con los subsidios. Por eso no es casualidad que las autonomías que gestiona el PP sean las que menos gastan en rentas mínimas (2022): 872,46 euros anuales por beneficiario Murcia, 1.229 euros Andalucía o  1.702 euros Madrid, frente a una media española de 2.475 euros de gasto por beneficiario y los 3.656 euros de País Vasco, 3.021 de Navarra y 2.843 de Cataluña.

Cáritas propone “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, para que puedan cobrar ambas ayudas (complementarias) las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de pobreza severa (ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños). Y en general, las ONGs piden que se simplifique el mecanismo de las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque el exceso de requisitos y el complejo “papeleo” conducen a que muchas familias vulnerables (y los 35.000 españoles que viven en la calle, sin hogar) no reciban ni una renta mínima ni el ingreso mínimo vital (IMV). De hecho, muchos que trabajan no tienen derecho a una renta mínima por tener un empleo (no les permite trabajar más de 90 días al año), aunque sea precario y mal pagado. Y no se tiene en cuenta en la cuantía el coste del alquiler o el número de hijos, factores claves. Además, proponen que se cree una ventanilla única para ambas ayudas públicas (renta mínima e IMV), dando más protagonismo en la solicitud a las ONGs, para agilizar la concesión que hoy se retrasa demasiado.

Con todo, muchos expertos creen que no se trata sólo de “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, coordinar mejor las ayudas públicas, sino que debería aprovecharse para “reordenar” todas las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque hoy por hoy son escasas y están mal diseñadas, como ya ha alertado a España en varias ocasiones la OCDE. Por un lado, las ayudas públicas a las familias en España tienen la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% en la UE-27 y en Francia, el 3,4% en Dinamarca o el 3,7% del PIB en Alemania. Además de ser escasas,  las ayudas sociales benefician más a las rentas medias y altas que a las bajas. Y eso porque el grueso de las ayudas son las desgravaciones fiscales a las familias en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes ( que se ahorran 4.000 millones de euros cada año), la mayoría de rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los que ingresan menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los “pobres”).

Por todo esto, distintos expertos plantean modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables. Por un lado, coordinar y simplificar las ayudas autonómicas y el ingreso mínimo vital, para que lleguen a más beneficiarios y su importe no dependa del Gobierno autonómico de turno, sino que esté regulado por una Ley estatal, coordinándose con otras ayudas, como la prestación no contributiva por desempleo. Y por otro, proponen aprobar una prestación universal por hijo, que ayude a las familias a afrontar los costosos gastos de crianza y a reducir la escandalosa pobreza infantil, promoviendo la natalidad.

España tiene 2 problemas estructurales graves, de los que se habla poco. Uno, la baja natalidad: 1,2 hijos por mujer, la tasa de fecundidad más baja de Europa, salvo Malta (1,1). Un problema que hipoteca nuestro futuro, no sólo porque nos faltará mano de obra (que necesitamos suplir con emigrantes) sino ocupados para pagar impuestos y pensiones. Y el otro problema, la altísima pobreza infantil: el 27,8% de los menores en España viven en hogares “pobres”, frente al 19,3% en la UE-27, un dato peor al de paises como Rumanía (27% pobreza infantil) o Bulgaria (25,9%), Italia (25,4%), Grecia (22,4%) o Francia (19,3%) y un gran contraste con el 9,5% de pobreza infantil en Finlandia o el 14,8% en Alemania, según Eurostat. Un dato, 2.379.000 niños pobres, impropio de la 3ª mayor economía europea.

Para afrontar estos dos graves problemas, que arrastramos desde hace décadas, muchos expertos defienden una medida, implantada hace años en 20 de los 27 paises europeos (los que tienen menos pobreza infantil): una prestación universal por hijo, financiada por impuestos, que se sumara a una renta mínima (estatal y autonómica) que llegara al menos a las familias en pobreza severa (4 millones de personas). Esa ayuda universal por hijo, mayoritaria ya en Europa y cuyo importe se podría modular según la edad (de 0 a 16 o 18 años), permitiría reducir la escandalosa pobreza infantil actual (somos “lideres en Europa”) y a la vez fomentar la natalidad, algo clave para nuestro futuro como país. De momento, el Gobierno Sánchez aprobó desde 2022 esa ayuda complementaria de 115 euros al mes por hijo (de 0 a 3 años), pero sólo como complemento para los que cobran el ingreso mínimo vital. Y en paralelo, desde la declaración de 2022, las madres trabajadoras con hijos hasta 3 años pueden desgravarse hasta 1.200 euros anuales en el IRPF.

Todo esto podría simplificarse con una prestación universal por hijo, se declare el IRPF o no, como hacen ya 20 paises europeos, una medida que la propia OCDE ha invitado a España a explorar. Y una ayuda que, otra vez, se ha adelantado a aprobar el País Vasco: a partir de marzo de 2023 entró en vigor esta ayuda universal por hijo, 200 euros al mes que cobrarán durante tres años todas las familias que hayan tenido hijos después de esa fecha. De momento, el Gobierno Sánchez estudia alguna medida similar, como una deducción universal por maternidad hasta los 6 años, según informó hace unos días en el Congreso el ministro de Asuntos Sociales, medida que podría ampliarse progresivamente.

Al final, se trata de luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad de muchas familias, centrada más en las que tienen hijos, además de promover la natalidad. La pobreza existe y muchas familias necesitan ayudas públicas para comer, pagar el alquiler y sobrevivir, diga lo que diga Ayuso. Por eso, hay que ayudarles, no mirar para otro lado ni recortar las ayudas autonómicas como muchos hacen. Y eso, porque la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo esto, urge atajar la pobreza sin racanería y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

Menos pobreza pero más desigual por regiones

La crisis desatada por la pandemia y la alta inflación se saldó con una bajada de la pobreza en España en 2022, gracias a las ayudas públicas, al contrario que con la crisis financiera, que aumentó la pobreza (por los recortes). Pero ojo: España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza y afecta todavía a una cuarta parte de la población. Además, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, más que antes, por los bajos sueldos, la alta inflación y la vivienda. Y lo peor: hay 5 regiones donde sí aumentó la pobreza en 2022. Y 7 autonomías tienen ahora más pobreza que en 2019: Canarias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja. El problema es que el Estado (ingreso mínimo vital), las autonomías (rentas mínimas) y los Ayuntamientos (servicios sociales) “racanean” al ayudar a los más pobres, un problema olvidado para el 28-M. La pobreza es un cáncer social para la democracia.

Enrique Ortega

La evolución de la pobreza tiene mucho que ver con la política económica que se aplica en los paises. Así, en la anterior crisis financiera de 2008, los ajustes y recortes que se impusieron en todo el mundo, y especialmente en la Europa del sur, provocaron un aumento de la pobreza, sobre todo en España: la tasa AROPE, el porcentaje de españoles "en riesgo de pobreza o exclusión social" saltó del 23,8% en 2008 al 29,2% en 2014, según Eurostat. Después, la ligera recuperación de la economía rebajó las cifras de pobreza, hasta el 26,2% en 2019. Pero llegó otra crisis, con la pandemia y la inflación, y la tasa de pobreza volvió a subir en 2021 (27%) y 2021 (27,8%), aunque finalmente ha bajado en 2022 (al 26% de los españoles, una tasa de pobreza inferior a la de 2019), gracias a que en esta nueva crisis se ha optado (en Europa y en España) por ayudas públicas que han beneficiado a los más vulnerables.

¿Cómo se mide la pobreza? Europa utiliza un indicador, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”), que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y. Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Y según Eurostat, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población) en 2021. Y el INE acaba de publicar los datos de España para 2022, que señalan un 26% de españoles en situación de pobreza o exclusión social, 12.300.000 españoles, 840.000 menos que en 2021. Tras dos años subiendo (2020 y 2021), por la pandemia y la inflación disparada, la pobreza ha tenido en 2022 el mayor descenso (-1,8%) desde 2015.

A pesar de este descenso de la pobreza en 2022, España es el 4º país europeo con la más alta tasa de pobreza (AROPE), según los últimos datos publicados por Eurostat, los de 2021: entonces teníamos una tasa de pobreza del 27,8%, muy por encima de la media UE-27 (21,7%) y de paises como Alemania (21% de pobreza AROPE), Francia (19,2%) o Italia (25,2%), siendo sólo superados por la pobreza en Rumanía (34,5%), Bulgaria (31,7%) y Grecia (28,3%). Y aunque haya bajado la tasa en 2022, todo apunta a que también habrá bajado en la mayoría de Europa, con lo que seguiremos entre los paises con más pobreza.

Vayamos a los tres componentes de esta pobreza, los 3 indicadores que integran la tasa AROPE. El primero y principal, la pobreza monetaria, las personas consideradas “pobres” porque ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). En 2022, eran el 20,4% de la población (frente al 21,7% en 2021 y el 20,7% en 2019), 9.676.000 españoles “pobres”, 609.000 menos que en 2021, según acaba de publicar el INE.

El perfil de estos “pobres” monetarios son principalmente mujeres (21,1% son pobres frente al 19,8% de los hombres) y superan la tasa media de pobreza los niños y adolescentes (27,8% de los menores viven en hogares “pobres”: 2,2 millones de niños y jóvenes con menos de 18 años), las mujeres solas con niños (43,2% son pobres), las personas que viven solas (25,7% son pobres, los extranjeros (el 52,6% de los inmigrantes de fuera de la UE y el 35,2% de inmigrantes europeos), las personas con poca formación (son pobres el 29,2% de los que sólo tienen primaria y el 24% de los que tienen sólo la 1ª etapa de secundaria, bajando al 10% entre los universitarios), los parados (el 41,7% son “pobres”) e incluso los que tienen un trabajo: el 12,5% de los ocupados son “pobres”, casi 2,5 millones de personas que trabajan. Y sólo son “pobres” el 15,1% de los jubilados, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).

Vayamos al 2º indicador de pobreza o exclusión social, el que incluye a los españoles que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que trababan menos del 20% de lo que podrían (subempleo), ganen lo que ganen. El INE estima que son el 8,6% de la población, 4.079.000 personas. Este indicador ha mejorado más que el de la pobreza monetaria, gracias a la importante creación de empleo: era del 11,6% en 2021 y han bajado los que viven en hogares con poco empleo en 1,1 millones de personas.

El tercer indicador de la pobreza mide las personas que tienen una carencia material severa en 7 de los 13 indicadores que se miden, al margen de lo que ganen: son el 7,7% de la población, 3.652.000 españoles, un porcentaje que lleva dos años bajando (era el 8,5% en 2020) y es ahora como en 2019. Pero ojo, han empeorado algunas carencias que son importantes. Así, han subido en 2022 las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar  (el 17,1% de la población, 8,1 millones), las personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días (el 5,4%, ojo: 2,5 millones de españoles), los que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (35,5%, 16,8 millones), los que no pueden permitirse tener una semana de vacaciones al año (33,5%, 15,9 millones de españoles) o los que no pueden tener coche (5%,2,3 millones de personas). Sólo ha bajado el porcentaje de los que se retrasan en el pago de recibos (todavía un 11,6%, 5,5 millones de españoles) y los que no pueden comprar un ordenador (el 5,8%, 2,75 millones).

Hay personas que cumplen las tres condiciones (pobreza monetaria, bajo nivel de empleo y carencias materiales: sólo el 1,5%, 711.470 personas), otras que cumplen dos (el 15%) y otras que cumplen una (la pobreza monetaria incluye al 20,4%, 9,67 millones de españoles), suficiente para ser considerados en situación de pobreza y exclusión social.

Aunque el indicador español de pobreza haya mejorado en 2022, hay que resaltar que persiste la desigualdad entre regiones. Y que en 5 zonas de España se ha agravado la pobreza “monetaria” (personas que ingresan menos del 60% de la media) en 2022: Melilla (34,5%,+4,4%), Ceuta (34,8%,+2,5%), la Rioja (34,8%, +2,5%), Navarra (10,9%, +1,1%) y  Canarias (29,4%, +1%). Y hay 7 autonomías donde en 2022 había más pobreza monetaria que en 2019, antes de la pandemia, la mayoría de ellas las autonomías más ricas: Baleares (+4,9%), Castilla y León (+4,9%), la Rioja (+4,3%), Navarra (+3,2%), País Vasco (+2,2%),  Canarias (+0,9%) y Cataluña (+0,6%), según el INE.

Al margen de estos cambios en la pobreza en los últimos años, la realidad es que persiste la desigualdad histórica en su reparto, las 3 Españas. Así, si tomamos el indicador AROPE global, el 26% de pobreza o exclusión social en 2022, hay 8 regiones españolas con mucha más pobreza que la media: Melilla (41,3% son “pobres”), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9% son “pobres”), Canarias (36,2%), Andalucía (35,8%), Castilla la Mancha (31,6%), Murcia (31%) y Comunidad Valenciana (31% “pobres”).  Y existe la otra España, 7 autonomías donde hay poca pobreza: Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%), Cantabria (19,5%), Aragón (19,1%), Madrid (20,3), Cataluña (20,4) y La Rioja (20,9%). Y una España intermedia, con una tasa de pobreza AROPE superior a la europea pero inferior a la España atrasada: Baleares (21,5%), Castilla y León (22,1%), Galicia (23,6%) y Asturias (25,3%). Un buen tema para debatir en esta campaña electoral del 28-M.

En paralelo a esta estadística sobre la pobreza, el INE informa también de otro indicador: las personas que llegan con dificultad a fin de mes, un dato muy revelador de la calidad de vida y la capacidad ante imprevistos de los españoles. Y un indicador que ha empeorado en 2022: han subido del 44,9% de la población (2021) al 47,8%, 22.672.923 españoles con problemas para llegar a fin de mes (1,39 millones más que en 2021). La estadística los reparte entre los que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” (el 25,7%, frente al 23,3% en 2021), los que llegan “con dificultad” (el 13,4%, frente al 12,8% en 2º21) y los que llegan a fin de mes “con mucha dificultad (4,1 millones de españoles, el 8,7%, frente al 8,8% en 2021). La alta inflación, el encarecimiento de los alquileres y las hipotecas más el estancamiento de los salarios explican que casi la mitad de españoles (47,8%) tengan problemas para llegar a fin de mes. Y aquí también hay grandes diferencias regionales: lo sufren más de la mitad de la población en Canarias (el 60,7%), Ceuta (60,3%), Murcia (58,3%), Extremadura (55,7%) y Andalucía (54,5%), mientras sólo afecta a un tercio en el País Vasco (31,59%), La Rioja (36%), Aragón (38,9%) y Navarra (39,5%), según la EAPN-ES.

Otro indicador clave que ha mejorado en 2022 es la desigualdad, una de las grandes secuelas de todas las crisis. Una primera forma de medirlo es el indicador S80/S20, la proporción de ingresos que tiene el 20% más rico de la población sobre el 20% más pobre: en 2008, antes de la crisis financiera, ingresaban 5,6 veces más y después, la desigualdad subió hasta ingresar 6,9 veces más en 2015. Con la recuperación, la desigualdad bajó a 5,9 veces en 2019, pero volvió a subir con la COVID, a 6,2 veces en 2021, bajando ahora a 5,6 veces en 2022, el mismo índice de desigualdad que antes de la crisis financiera, según la EAPN-ES. Otra forma de medirlo, el índice de Gini (cuanto más bajo, menos desigualdad) nos dice lo mismo: en 2008 estaba en 32,4, subió a 34,7 en 2014, bajó a 33 en 2019, se mantuvo así en 2021 y ha bajado a 32 en 2022, el valor más bajo de toda la serie del índice. A pesar de la mejoría, España ocupa el 4º lugar en el ranking europeo de más desigualdad (2021), tras Letonia (35,7), Lituania (35,4) y Rumanía (34,3), por encima de la media europea (30,1 índice Gini) y de Italia (32,9), Alemania (31,2) y Francia (29,3), según el último dato de Eurostat.

Aunque tenemos más pobreza y más desigualdad que la mayoría de Europa, España ha mejorado en ambos problemas, gracias a la distinta política adoptada en Europa contra la pandemia y la inflación, aprobado un ambicioso Plan de Recuperación UE (750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000), al que se suman las ayudas aprobadas por el Gobierno contra la inflación (43.000 millones). Con ello, España ha dado un gran salto en el gasto en protección social, pasando de suponer el 16,9% de todo el gasto público en 2018 al 20,6% en 2021, un porcentaje de gasto social más cercano al de Alemania (20,9%) o Bélgica y todavía alejado del de Francia (24,8%), Finlandia (24,6%) o Italia (23,4%). Pero además de gastar más contra la pobreza y la desigualdad, el gran reto de España es gastar mejor, porque la OCDE y la Comisión Europea ya han alertado que la mayoría del gasto social en España beneficia más a las clases medias y altas que a los más vulnerables. Por eso critican ayudas como el descuento de la gasolina o la bajada del IVA a la electricidad y a los alimentos, porque benefician más a los que más tienen, no a los más pobres.

En paralelo a gastar más y mejor en ayudas sociales, hay tres frentes más en los que avanzar. El primero, el Estado central, en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se aprobó en mayo de 2020, con el objetivo de beneficiar a 850.000 hogares y, a finales de abril, sólo beneficia a 611.029 hogares (y 1.700.028 personas, frente a las 2,3 millones previstas), sólo ayuda a 1 de cada 5 "pobres". Urge flexibilizar requisitos y agilizar su concesión, para que este ingreso (565 euros) llegue a los más necesitados. Otro reto es para las autonomías, que gestionan las rentas mínimas de inserción, donde se ha producido un recorte escandaloso: aprovechando el IMV, las autonomías gastaron 247 millones menos en 2021 y la ayuda la reciben 150.000 personas menos que en 2020 (645.317 beneficiarios, que cobran entre 300 y 706 euros al mes, según autonomías. Y el tercer reto es para los Ayuntamientos: prestan ayudas sociales de urgencia a 1.576.052 personas, sólo el 42% de las que sufren graves dificultades materiales. Y las ayudas “urgentes” que prestan (para comida, ropa o vivienda) tardan hasta 2 meses, por el exceso de burocracia y lo complicado del papeleo, según los Directores y gerentes de Servicios Sociales, que llevan años pidiendo que se cambie la Ley para no tratar estas ayudas como subvenciones.

Así que todos (Gobierno, autonomías y Ayuntamientos)  tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza, que está ahí y se visualiza en las “colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en esta campaña electoral  del 28-M. No podemos mirar para otro lado: la pobreza y la desigualdad son una realidad cotidiana, no son “un invento de la izquierda” como defiende la neoliberal Ayuso en Madrid. Es más, la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por eso, habría que extirpar la pobreza y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.