Turismo, la gran esperanza para la recuperación

Esta semana se celebra FITUR, la Feria en la que el turismo español quiere renacer de la pandemia, con la que perdió 64,7 millones de turistas y el 80% de sus ingresos en 2020. El sector espera recibir 45 millones de turistas extranjeros en 2021 (algo más de la mitad que en 2019) y recuperar el turismo nacional, claves para la recuperación económica de España, junto a la mejora del consumo. La vuelta del turismo va a depender de la vacunación y de evitar nuevos contagios, ayudados por el pasaporte COVID que Europa implantará en junio. Y mientras España recupera su primera industria, hay que aprovechar el Plan de recuperación para reconvertir y modernizar el turismo, donde se van a invertir 3.400 millones de Fondos europeos. Hay que conseguir que “la gallina de los huevos de oro” siga aportando riqueza y empleo en las próximas décadas. Y de paso, cambiar el modelo económico para que no dependamos tanto del turismo.

Enrique Ortega

La pandemia ha hundido toda la actividad económica pero especialmente el turismo, la primera industria española (12,3% del PIB y 13,7% del empleo total), mortalmente afectada por el cierre de fronteras y la limitación de la movilidad. El balance turístico de 2020 es impresionante: se perdieron 64,7 millones de turistas (sólo llegaron 19 millones de los 83,7 recibidos en 2019) y casi un 80% de los ingresos (19,7 millones de euros de gasto de los turistas extranjeros frente a 92,33 millones en 2019). Y eso ha puesto en riesgo de supervivencia a miles de empresas y ha afectado a 841.436 empleos, que en su mayoría se han mantenido gracias a los ERTEs (la mitad de los trabajadores “aparcados” en abril, 638.283, son del sector turístico y la hostelería).

Ahora, el sector turístico aprovecha la plataforma de FITUR (19-23 de mayo) para intentar renacer de la pandemia y ser el motor de la recuperación económica de España. El primer tirón lo esperan del turismo nacional, que empieza a despertar tras el fin del estado de alarma y la consiguiente movilidad entre provincias a partir del 9 de mayo. De hecho, día tras día crecen las reservas de españoles para este verano, empujadas por un fuerte aumento del ahorro de las familias que no han perdido su trabajo o sus ingresos. El sector cree que este verano se alcanzará una ocupación turística por los españoles del 60 al 90% sobre la alcanzada en 2019, sobre todo en zonas de costa e islas, aunque también en zonas de interior, porque hay un gran ansia de moverse y coger vacaciones.

La otra clave de la recuperación turística será la vuelta del turismo extranjero, que supone la otra mitad del negocio turístico. La fecha decisiva será el 1 de junio, cuando se espera que Reino Unido y Alemania (un tercio de todos los turistas que visitan España) abran la mano para que sus ciudadanos puedan viajar a España sin restricciones. Lo fundamental es que España siga reduciendo sus contagios (bajar la incidencia a los 100 contagios por 100.000 habitantes desde los 144 de hoy, por debajo de la mayoría de Europa) y, sobre todo, que se apruebe el certificado de vacunación europeo, a finales de junio, un “salvoconducto” para la movilidad de los europeos que están vacunados.  Pero de momento, hay una decisión clave que la Comisión Europea aprobó ayer 19 de mayo: la UE abre sus fronteras a los extranjeros vacunados, algo que será clave para que España reciba turistas de Reino Unido, Estados Unidos y paises de América y Asia (China y Japón). 

España tendrá que pelear, sobre todo a partir de junio, por atraer a una parte de los 190 millones de turistas (en su mayoría europeos) que se espera viajen este verano, la mitad que el verano de 2019, antes de la pandemia. Y la pelea de los hoteles y destinos españoles será sobre todo con Grecia, Portugal, Italia, Malta y Chipre, porque este verano no resultará atractivo para la mayoría de europeos viajar a Turquía, Egipto, Túnez o Marruecos, debido a la mayor preocupación ahora por la seguridad sanitaria del país de destino. Al final, lo que buscarán los turistas extranjeros (y nacionales) es “un destino seguro”, con un bajo nivel de contagios y garantías de medidas anti-COVID. Por eso, España se la juega en que no haya un repunte de contagios en mayo y junio. Y en conseguir una operativa de seguridad en aeropuertos, hoteles, playas y ciudades, ayudados por el Certificado COVID europeo que traerán los turistas.

El Gobierno apuesta por una fuerte recuperación del turismo extranjero en junio y sobre todo en julio y agosto, para mantenerlo después hasta fin de año. La apuesta de la ministra de Turismo es conseguir 45 millones de turistas extranjeros, algo más de la mitad de los turistas récord que llegaron antes de la pandemia (83,7 millones en 2019). Y con ellos, ingresar unos 40.000 millones de euros, algo menos de la mitad que en 2019. El sector turístico es algo menos optimista y espera 42,5 millones de turistas extranjeros, según la última estimación de Exceltur. Y que mejore más el turismo nacional (alcanzando un 90% de la ocupación de 2019), para cerrar el año 2021 con una facturación total del sector turístico de 81.080 millones de euros, algo menos de la mitad de la facturación del sector turístico en 2019 (154.487 millones). La mitad de negocio turístico habitual este año, tras un año 2020 nefasto (53.000 millones facturados), con el objetivo de recuperar el turismo del pasado en 2022.

Mientras el sector turístico cruza los dedos, para que avance la vacunación y no haya una 5ª ola de contagios, todo apunta a que será un verano de playas y hoteles llenos en la costa, con más españoles que extranjeros, también en Canarias y Baleares. El riesgo es que, tras un año largo perdido, el sector quiera resarcirse de golpe, con fuertes subidas de precios y un deterioro en la calidad del servicio (reduciendo contrataciones al máximo, por lo que pueda pasar). Si los turistas (extranjeros y nacionales) notan que se disparan los precios, para compensar las pérdidas de estos meses, el resultado puede ser la búsqueda de otros destinos o el recorte de gastos (con un aumento del turismo de apartamentos). Ojo al abuso.

Mientras se inicia la temporada, el sector turístico pide al Gobierno acelerar las ayudas directas a hoteles, bares y restaurantes (7.000 millones), que se aprobaron en marzo y que no llegarán a las autonomías hasta junio, por la complejidad burocrática, según Exceltur. Y que se refuerce más la campaña de promoción turística de Turespaña, iniciada en mayo en todo el mundo con el eslogan  “Te mereces España”. Además, las empresas del sector turístico piden al Gobierno que extienda los ERTEs hasta diciembre de 2021, a pesar de que mejore el sector, y que se apruebe el sistema de “ERTEs estructurales” de cara al futuro, para que los ajustes y vaivenes del sector no supongan pérdidas de empleo.

Pero además, el sector turístico reitera ahora su petición de antes de la pandemia: hay que reconvertir la oferta turística española. La propia patronal turística reconoce que una parte de los destinos turísticos de litoral se han quedado obsoletos, concretamente el 8,5% de los activos turísticos (y el 8,8% del empleo), según Exceltur. Eso se traduce en que 1,7 de cada 20 negocios turísticos, “las grandes fábricas del turismo de sol y playa”, tienen problemas de fondo para seguir compitiendo, necesitan ser reconvertidos y modernizados, para lo que piden créditos y ayudas públicas, españolas y europeas.

Precisamente, el Plan de recuperación presentado por España a Bruselas incluye un programa (el 8º con más inversiones) para la “modernización y competitividad del sector turístico”, con objeto de aprovechar la actual crisis para poner en marcha inversiones y medidas que aseguren el futuro de la primera industria española. El Plan de recuperación contempla 3.400 millones de inversiones europeas para “aumentar la competitividad y resiliencia del sector turístico”, actuando en tres frentes: la transformación digital de los destinos y empresas turísticas, la puesta en marcha de planes específicos de futuro en zonas muy dependientes del turismo (como Baleares y Canarias) y un impulso y mejora de la competitividad, centrado en el desarrollo del producto turístico “Spain”. Se trata de modernizar y asegurar el futuro del sector, con inversiones que crearán 100.000 empleos adicionales. Pero además, el resto de inversiones del Plan de recuperación (en formación, infraestructuras, digitalización y economía verde) tendrán un efecto colateral en la recuperación y modernización del turismo, con un impacto estimado de 44.000 millones de euros en 3 años.

Al final, la pandemia ha desvelado las vulnerabilidades de nuestra economía y también del turismo, nuestra primera industria. Y el Plan de recuperación y los Fondos europeos pueden ser la oportunidad para modernizar el país y también nuestra oferta turística, para asegurar su futuro a medio plazo. Se trata de cuidar a “la gallina de los huevos de oro”, para que siga aportando riqueza y empleo. Y de paso, deberíamos aprovechar para cambiar nuestro modelo económico y no depender tanto del turismo. Intentar asentar el futuro del país sobre otras actividades, no conformarnos con ser la playa y el hotel de Europa.

Más inflación, menos poder adquisitivo

Los precios despegan otra vez. Llevan ya un año subiendo y la inflación alcanza el 1,8% (según el IPC conocido ayer), un 0,2% más que en la zona euro. Los culpables son los carburantes y la luz, junto a los alimentos, por la fuerte demanda turística (el sector subió precios) y las malas cosechas (por la sequía y heladas). Ahora, se espera cerrar 2017 con una inflación del 2%, frente a una bajada de precios en los tres años anteriores. Con ello, trabajadores, funcionarios y pensionistas perderán este año poder adquisitivo, porque la inflación se comerá sus pequeñas subidas. Eso va a reducir el consumo, las ventas y el empleo, mientras tener más inflación que Europa nos restará exportaciones y turistas. Es importante subir más los salarios y las pensiones, para alimentar la recuperación, a la vez que se toman medidas para frenar subidas de precios en sectores monopolistas y reducir los intermediarios en la alimentación. Atajar la inflación, que perjudica a los más débiles.



                                                                                          enrique ortega

En septiembre se ha cumplido un año de subidas continuadas de precios en España, tras tres años anteriores (2014 a 2016) en que los precios bajaron (algo que no es habitual), por la crisis (las empresas se veían forzadas a bajar precios para poder vender) y, sobre todo, por la bajada del petróleo, el euro y los tipos de interés, tres grandes “regalos” exteriores para nuestra economía (no por la política de Rajoy). Pero en septiembre de 2016 comenzó la subida de precios (+0,2%), que ha seguido mes tras mes, hasta situar la inflación anual en el 3% (enero y febrero 2017). Luego, los precios subieron menos, hasta bajar la inflación al 1,5% en junio y julio. Pero en agosto, la inflación volvió a subir (al 1,6%) y en septiembre ha subido dos décimas más, hasta el 1,8%, según el IPC publicado ayer por el INE. Una inflación superior al 1,5% que tenía a finales de septiembre la zona euro, según Eurostat.

En lo que va de año, los precios suben en España por la energía, el turismo y los alimentos. La subida del petróleo (que tocó el mínimo del año el 21 de junio, con 44,82 dólares/barril, para subir luego hasta casi los 60 euros y estar hoy en 56,70 dólares) ha encarecido los carburantes, sobre todo tras la vuelta de vacaciones: la gasolina ha subido un 1,4% desde el 28 de agosto y el gasóleo otro 3,9%. Y eso ha encarecido el transporte personal (+3,1%) y el transporte público interurbano (+4,3%, según el INE). Además, la sequía (y las heladas de abril) han provocado un deterioro de las cosechas, forzando subidas de muchos alimentos, sobre todo las carnes, el pescado, el aceite y las legumbres, según el IPC, junto a la subida del tabaco a principios de año. Y esa misma sequía ha encarecido la factura de la luz, un 4,5% en el último año, por el menor uso de la energía hidráulica (embalses), más barata. Y para rematar, el récord de turistas ha tirado al alza de los precios, sobre todo de hoteles, bares y restaurantes, que han subido un 2,3% en el IPC hasta septiembre. También han pesado la fuerte subida de los alquileres y de las telecos (teléfono e internet).

Ahora, los expertos creen que la inflación va a seguir alta hasta finales de año, con el petróleo cerca de los 60 dólares (podría subir si en noviembre, la OPEP y Rusia amplían su recorte de producción y si se complica la situación en Irak) y  la persistencia de la sequía, que provocaría una mayor subida de la luz ante la entrada del invierno. Un factor clave será ver lo que hace el euro, ya que si sigue a la baja (está en 1,17 dólares, tras rozar los 1,20 en septiembre), provocará tener que pagar más (de momento un +2,5%) por el petróleo, reforzando la inflación. Con todo, la previsión de la Comisión Europea y del informe del FMI de este martes es que 2017 acabe con una inflación del +2%, que contrasta mucho con la inflación negativa que tuvimos en 2014 (-0,2%), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,2%).

Vuelve la inflación y eso afecta mucho a la vida de los españoles, que nos habíamos acostumbrado a las bajadas de precios y a las tarifas “low cost”. Pero, sobre todo, la inflación es muy negativa para las rentas más bajas, que son los que más la van a notar. No en vano se dice que la inflación es "el peor impuesto", porque las subidas no afectan por igual a todos, sino que quitan más poder adquisitivo a los que menos tienen, en especial a los trabajadores asalariados, los funcionarios y los pensionistas.

Empezando por los trabajadores asalariados (15,7 millones), 2017 será el primer año en que volverán a perder poder adquisitivo, tras ganarlo en 2014, 2015 y 2016 (tuvieron subidas de sueldos mínimas, pero les compensó la inflación negativa). Los datos hablan de que los costes salariales sólo suben un 0,1% este año y hasta septiembre, la subida en los convenios (que sólo han firmado poco más de 4,2 millones de trabajadores), es del 1,4%, según Empleo. Con una subida media que ronda el 1%, si la inflación acaba el año en el 2%, los asalariados perderán este año un 1% de poder adquisitivo, que se sumaría al 8,6% de poder adquisitivo perdido antes, con la crisis (2008-2015), según el Índice de precios del trabajo recién publicado por el INE.

Los 2,5 millones de funcionarios públicos  también perderán este año poder adquisitivo: el sueldo les ha subido este año un 1% y frente al 2% de inflación prevista supone un 1% perdido, que se suma al 14% de poder adquisitivo perdido por los funcionarios entre 2010 y 2015 y el 0,8% ganado en 2016. Ahora, el Gobierno Rajoy les promete una subida de sueldos  del 1,75% para 2018 (1,5% fija y 0,25% adicional si se crece lo previsto), algo superior al 1,4% que se espera suba la inflación el año próximo, una ganancia mínima que no sirve para recuperar ese 13.85% de poder adquisitivo perdido desde 2010.

Y luego están los 8,66 millones de pensionistas, que perderán poder adquisitivo en 2017: el Gobierno les ha subido la pensión un 0,25% y si los precios suben un 2%, perderán un 1,75% de poder adquisitivo, tras ganarlo (poco) entre 2014 y 2016 (por la inflación negativa), aunque ya lo habían perdido antes (entre 2011 y 2013). Si la mitad de los pensionistas ganan menos de 700 euros, eso significa que perderán 12 euros al mes. Y también perderán poder adquisitivo (-1,15%) en 2018: 0,25% de subida frente a 1,4% de inflación esperada. Y lo mismo hasta al menos 2022, en que la situación de la Seguridad Social sólo permitirá subirles un 0,25% anual, según la norma aprobada en 2013 por el Gobierno Rajoy. Con ello, los pensionistas españoles perderán otro 7% de poder adquisitivo hasta 2022, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Toda esta pérdida de poder adquisitivo, que afectará más a esos casi 27 millones de españoles (asalariados, funcionarios y pensionistas), se va a traducir en un menor consumo, tanto en 2017 como en 2018. Y también resta ingresos a los ahorradores, porque la inflación se comerá lo poco que les rentan los depósitos (775.000 millones de euros por los que solo obtienen un 0,1% de rentabilidad media). Por todo ello, las empresas venderán menos, se crecerá menos y se crearán menos empleos: 425.000 nuevos empleos este año 2017, 100.000 empleos menos que en 2016, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea. Y este menos crecimiento y empleo no será solo porque los españoles consumamos menos (al subir los precios más que los ingresos) sino porque la inflación ataca de lleno a los otros dos motores del crecimiento y el empleo: las exportaciones y el turismo.

España lleva todo este año teniendo más inflación que Europa (en 2016 tenía menos) y en septiembre, la inflación española (+1,8%) superaba en 2 décimas a la de la zona euro (+1,5%). Y si cerramos el año con el 2% de inflación, España será el 6º país con precios más altos de la zona euro, solo por detrás de Estonia (3,3%), Lituania (2,8%), Luxemburgo (2,4%), Bélgica y Letonia (2,2%). Eso significa que si los precios suben más en España, las empresas que exportan tendrán más difícil competir y vender fuera. Y otro efecto negativo de eso será que tratarán de compensar los mayores precios forzando a la baja a los salarios, poniendo más resistencia a que suban en España. Otro efecto negativo de la mayor inflación es que retrae a los turistas (otra base del crecimiento y el empleo español), que podrían buscar destinos más baratos ahora que los hoteles y los precios han subido mucho en España.

Como se ve, el repunte de la inflación es preocupante y puede ser un lastre para la recuperación. Y no puede echarse sólo la culpa al petróleo y a la sequía. En España hay otros“culpables”, como los sectores que funcionan como monopolios, controlando el mercado y los precios: las petroleras (las 4 grandes controlan el 62% de las gasolineras), las eléctricas (las 3 grandes controlan el 92% de los consumidores), las telecos (Movistar, Orange y Vodafone controlan el 84% de los móviles y el 93% de los accesos a Internet) o la banca (los 3 grandes controlan ya la mitad de los créditos y depósitos). Y este enorme poder no sólo les permite “acordar” condiciones y precios (algo prohibido) sino que los suben reiteradamente, sin ningún control del Gobierno. Y aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto más de 80 expedientes por pactar precios (a petroleras, telecos, cementeras, concesionarios coches, basuras y hasta funerarias), tiene pocos medios, escasos apoyos políticos y sus multas han chocado con las sentencias pro-monopolios de los tribunales. Tras 4 años de existencia, la CNMC no funciona bien.

La consecuencia de su enorme poder es que los españoles pagamos la 4º gasolina más cara de Europa y el 5º gasóleo más caro (sin impuestos), la 3ª luz más cara (sin impuestos), el 5º ADSL más caro o las nuevas hipotecas más caras de la zona euro. Y no son sólo los monopolios. Hay muchas empresas españolas poco eficientes, por su pequeño tamaño, su menor tecnología y digitalización  o su organización y capacidad comercial, que “necesitan” vender más caro para sobrevivir y ganar dinero. Muchas empresas y sectores que trasladan su ineficacia a los clientes, en forma de mayores precios. Sobre todo las que tienen menos competencia.

Y luego hay otro problema que también pagamos los consumidores con mayores precios: las largas cadenas de comercialización, los numerosos intermediarios que encarecen los productos  en el camino del productor al consumidor, sobre todo en sectores donde no hay oferta online potente y con medios logísticos. Es el caso de los alimentos, que están subiendo no sólo por las malas cosechas sino también porque los intermediarios aprovechan para subirlos por el camino. Así, las frutas y verduras multiplican su precio por 4,38 (por más de 8 las patatas o melocotones) entre el agricultor y el súper. Y las carnes, leche y huevos triplican sus precios, según el índice IPOD (ver aquí lo que sube cada producto por el camino). Eso cuando los súper no vender la leche o el aceite por debajo del precio en el campo, como “gancho”.

El Gobierno Rajoy tomó medidas contra la inflación en febrero de 2017, aprobando un decreto para desarrollar la Ley de Indexación de 2015, pero sólo sirve para tratar de controlar tarifas públicas y no todas (no se incluye la luz, el gas o el butano). Pero no hace nada para controlar los precios de las empresas privadas (“economía libre de mercado”, salvo cuando hay que rescatar bancos o autopistas privadas). Y tampoco pone medios suficientes para que la CNMC vigile que haya competencia o para mejorar la distribución de productos y servicios, facilitando el comercio online y la digitalización de empresas. En paralelo, no se facilita una subida de sueldos y pensiones, para contrarrestar la mayor inflación. Las empresas llevan ya tres años con beneficios y es hora de subir los salarios, para mejorar el consumo y la productividad (claves para garantizar la recuperación). Y hay que subir las pensiones, dentro de una reforma del sistema (que no llega) que asegure más ingresos estables, vía impuestos (se puede y se debe ingresar más, reduciendo el fraude fiscal) y cotizaciones.

La crisis nos trajo una economía sin inflación, como síntoma de que la actividad no tiraba. Y ahora que se mantiene la recuperación, despunta la inflación, como uno de nuestros viejos males, síntoma de una economía poco eficiente y de unos sectores poderosos que disparan precios, como explican los Nobel Akerlof y Shiller en su libro “La economía de la manipulación”. Es hora de que los consumidores exijamos a los políticos que actúen y vigilen los precios, para que no se beneficien unos pocos en perjuicio de la mayoría. No se puede esperar que nos salve el petróleo, el euro o la lluvia, que los precios “bajen solos”. Defiendan nuestro dinero.