Europa se defiende frente a China

La Unión Europea está muy preocupada por el Brexit, pero quien le quita el sueño es China. No es para menos: los productos chinos invaden Europa y el déficit comercial se ha triplicado, mientras en España supone el 61% de nuestro “agujero” exterior. Y se multiplican las inversiones chinas en Europa, comprando empresas con ayudas del Gobierno chino. Mientras, a los europeos les ponen trabas para vender a invertir en China. Por ello, este martes 9 de abril se ha celebrado una Cumbre UE-China, donde los gobernantes europeos han dicho “basta”: quieren una relación económica y comercial más equilibrada, sin competencia desleal. Y han aprobado medidas para vetar inversiones chinas en sectores estratégicos, como las redes 5-G (Huawei). Bruselas busca imponer la unidad entre los 28, porque Italia y algunos paises del Este van por libre con China, facilitando su penetración en Europa. El problema de fondo: Europa es un gigante comercial pero “un enano empresarial” y las grandes multinacionales son de USA o China. Algo que sólo se arregla con más unión europea. 

enrique ortega

China es “el país revelación” del siglo XXI. Si en 2000 era la 6ª economía del mundo (tras EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia), en 2007 era ya la tercera, en 2010 superaba a Japón y en 2018 se consolidó como 2ª economía mundial, acercándose a EEUU (13,04 billones de dólares de PIB en China frente a 20,51 billones en USA), según los datos del Banco Mundial. Y todo apunta a que, en 2032, China será la mayor economía del mundo, según la consultora CEBR, superando a EEUU, como también India en 2037. El gran objetivo del ambicioso presidente Xi Jinping es que en 2049, cuando se cumpla el centenario de la gran Revolución de Mao Tse Tung, China vuelva a ser “el gran Imperio del mundo”, como lo fue entre los siglos I y XIX de nuestra era, cuando el imperio chino suponía un tercio del PIB mundial (el 32% en 1820), según se ve en este gráfico histórico publicado por The Economist, que revela cómo China e India suponían la mitad del PIB mundial hasta la Revolución Industrial y que Europa era “insignificante” hasta finales del siglo XIX.

El “gran salto adelante” de China, promovido por las reformas económicas de Deng Xiaoping (entre 1990 y 2003) se ha impulsado en dos motores: las exportaciones (China se convirtió en “la gran fábrica del mundo”) y las inversiones por todo el mundo (desde Latinoamérica y África a Europa), impulsadas por un enorme ahorro forzado por el Gobierno, que hace que China sea “el banquero del mundo“ y el mayor comprador de la deuda  pública de EEUU  (tiene el 18%) y de medio mundo (China tiene el 20% de toda la deuda pública española), que tiene un tremendo déficit comercial y muchas deudas con China. El primero en hacer frente a este imparable gigante chino fue Trump, hace un año, pero con una estrategia alocada y poco eficiente (como es él), que ha provocado un auge del proteccionismo y una debacle del comercio mundial que hacen  temer otra recesión. Y ahora, Europa toma conciencia del “problema chino”, una preocupación escenificada en una Cumbre de Merkel y Macron con Xi Jinping en París (26 marzo 2019) y la Cumbre UE-China de este 9 de abril.

Europa está muy preocupada con los avances de China y no es para menos. En 2018, China es el primer país vendedor de Europa (de allí vienen el 20% de las importaciones europeas), muy por delante de EEUU (13% de las importaciones UE) y Rusia (8%). Y China es el 2º país comprador de Europa (compran el 15,4% de las exportaciones europeas), por detrás de EEUU (destino del 17,1% exportaciones UE), según los últimos datos de Eurostat. Una relación comercial con China muy desequilibrada: Europa les vende por valor de 209.906 millones de euros y les compra por 394.697 millones, lo que supone que tenemos un déficit comercial con China de -184.791 millones (2018).Y lo peor es que ese déficit ha crecido exponencialmente: si en 2002 era sólo de -55.317 millones, en 2005 saltó a -109.258, en 2008 a -170.723 y en 2018 a los -184.791 millones de euros. O sea, que el “agujero comercial” de Europa con China se ha triplicado con creces (x 3,3).

Toda Europa tiene déficit comercial con China, salvo 4 paises europeos que tienen superávit (venden a los chinos más de lo que les compran): Alemania (+18.247 millones de euros en 2018), Bélgica (5.667), Finlandia (+1.447 millones) e Irlanda (1.012 millones), según Eurostat. Del resto, los paises que sufren el mayor desequilibrio comercial con China son Holanda (-74.156 millones de euros, el 40% del “agujero comercial europeo), Reino Unido (-29.954 millones, el 16,2% del déficit total), España (-20.632 millones de déficit en 2018, según Comercio), Italia (-17.611 millones), Portugal (-15.856 millones), República Checa (-10.987 millones) y Francia (-8.524 millones de déficit comercial), según Eurostat (2018).

En el caso de España, nuestras compras a China se han multiplicado por 15 en este siglo (de 1.756 millones importados en 1995 a 26.908 millones importados en 2018), mientras las exportaciones a China han crecido sólo 9,2 veces (de 679 millones exportados en 1995 a 6.276 millones exportados en 2018), con 15.000 empresas españolas que exportan a China (el 10% de nuestros exportadores), según el Instituto Elcano. Con estos intercambios, el déficit comercial de España con China se ha multiplicado por 20, pasando de -1.077 millones en 1995 a -18.300 en 2008 y -26.908 millones en 2018, según Comercio. Lo que más exporta España a China son alimentos (aceite, carne de cerdo y vino), materiales de automoción, aparatos mecánicos y minerales. Y compramos a China ropa y bienes de consumo, electrónica e informática, productos industriales y químicos, según el ICEX.

La otra preocupación de Europa es la avalancha de inversiones chinas en el continente. China se ha convertido en el mayor inversor mundial (en 2016 invirtieron en 7.961 empresas de 164 paises) y una cuarta parte de esas inversiones chinas van a Europa. En 2018, la inversión china en Europa rondó los 70.000 millones de euros, según la firma Baker Mackenzie, destacando las inversiones hechas en Reino Unido, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y España, el 6º destino europeo de las inversiones chinas (1.020 millones de euros en 2018). La inversión de China en Europa ha dado un tremendo salto en la última década, multiplicándose por 100 (de 707 millones de euros en 2008 a 70.000 en 2018) y acumulando ya los 181.000 millones de euros invertidos entre 2000 y 2018.

Esas inversiones chinas en Europa se dirigen sobre todo a empresas tecnológicas (31,3%), industria y automóvil (24,7%), servicios (16,2%) y otros, como infraestructuras  transporte y sector inmobiliario, destacando por paises Reino Unido (42.200 millones de euros chinos invertidos entre 2000 y 2017), Alemania (20.600), Italia (17.300), Francia (12.400), Holanda (9.000), Finlandia (7.100), Portugal (6.000) y España (3.400 millones). Entre las empresas europeas que han caído en las redes chinas, recordemos Volvo (Suecia), Pirelli (Italia), TAP y EDP (Portugal), Lumileds (Holanda), Peugeot (Francia), Kious (Alemania), Pizza Express (RU), Syngenta (Suiza) o la reciente Supercell Oy (empresa de videojuegos finlandesa).  En España, las mayores inversiones chinas han comprado Urbaser (servicios y medio ambiente), instalaciones en los puertos de Valencia, Bilbao y Barcelona, Madrileña de Gas (energía), Grupo Miquel (alimentación), Marqués de Atrio (bebidas), NH Hoteles (vendida), Osborne (vendida), Eptisa (ingeniería), Clínica Baviera (salud), Iberwind (energía) y los Clubes de fútbol Atlético de Madrid (grupo Wanda), Valencia (Peter Lim), Espanyol (Rastar Group), Granada (grupo Desport) y Lorca (Xu Genbao).

Tras una década de creciente invasión china en Europa, los dirigentes comunitarios empiezan a tomar conciencia de que hay un problema y deben “frenar a China”, que la Unión Europea tiene que defenderse. Básicamente, porque el éxito chino es consecuencia de una política comercial proteccionista  (ayuda a los exportadores chinos y problemas a los europeos que quieren vender en China) y las inversiones chinas crecen al amparo de empresas públicas (el 60% de las que vienen) y privadas que compiten “dopadas”, gracias a ayudas y créditos sin interés y sin límite del Gobierno chino. Vamos, que el gigante chino hace competencia desleal a los europeos, que pierden así crecimiento y empleo en beneficio de China.

“El tiempo de la ingenuidad se ha acabado”, ha dicho recientemente el presidente francés Macron, abanderado de la cruzada contra China. Y aunque tanto Francia como Alemania han vetado algunas inversiones chinas, quieren que la UE, como un bloque, adopte una política común frente a China, a la que definen ahora como “un rival sistémico”. Y para perfilar esta nueva política frente a China, la Comisión Europea aprobó el 12 de marzo este Documento donde se proponen 10 acciones concretas para afrontar la invasión comercial e inversora de China. Un Plan que fue aprobado en la Cumbre europea del 21-22 de marzo de 2019, junto a la postura sobre el Brexit. Y luego fue expuesto a China en la mini Cumbre de París, el 26 de marzo, entre Macron, Merkel, Juncker (CE) y Xi Jinping. Y ha sido el documento sobre el que ha girado la Cumbre UE-China, celebrada este martes 9 de abril en Bruselas.

La nueva estrategia de la Unión Europea ante China tiene 2 objetivos. Uno, presentar un frente común y único ante China, que tiene acuerdos e inversiones bilaterales con Italia (el gobierno populista firmó el 22 de marzo un acuerdo comercial y 29 acuerdos de colaboración con China, en el terreno comercial, bancario o turístico), Portugal y Grecia, 5 paises de los Balcanes y 11 paises del Este europeo (sobre todo con Hungría y Polonia), el Foro 16+1, un "caballo de Troya" chino para penetrar en Europa país a país y dividir así la “resistencia europea”. El otro objetivo es “equilibrar” las relaciones comerciales y vigilar las inversiones chinas, para que no penetren en sectores estratégicos o sensibles, sobre todo en las futuras redes 5G, donde EEUU tampoco quiere a Huawei, porque temen que su tecnología “abra una puerta trasera” a China en las comunicaciones estratégicas europeas.

Esta nueva estrategia UE frente a China propone a los paises europeos actuar en 4 frentes. El primero, buscar unas relaciones comerciales e inversiones “más equilibradas y más recíprocas”, acabando con la competencia desleal de China. La Comisión explica que el Gobierno chino ha ido creando grandes empresas (los llamados “campeones nacionales”), multinacionales estatales y privadas que compiten gracias a las infinitas subvenciones que reciben y a un crédito público y privado inagotable y barato. Y así consiguen ganar terreno en Europa, vendiendo e invirtiendo, mientras, en paralelo, China cierra sus mercados y discrimina  a los productos e inversiones europeas. La segunda queja es que Europa tiene el mercado de contratación pública mayor del mundo (2 billones de euros anuales que compran los Estados y sus Administraciones públicas) y el más abierto, que aprovechan para vender las “dopadas” empresas chinas, mientras en China, las empresas europeas más competitivas tienen bastante cerrada la entrada para competir en contratos públicos chinos de transportes, telecomunicaciones, electricidad, construcción y equipos médicos.

En ambos casos, la nueva estrategia europea defiende igualdad de trato: si los chinos quieren vender o invertir en Europa, sus empresas no pueden tener ayudas o créditos públicos, prohibidos a las empresas europeas. Y si no me dejan exportar o invertir en determinados sectores en China, tampoco podrás hacerlo aquí. Además, Europa no quiere que la inversión extranjera (ni China ni USA ni rusa) entre en sectores estratégicos, porque puede poner en riesgo la seguridad de la UE. Y por eso, la Comisión y el Parlamento europeo han aprobado, el 20 de febrero de 2019, un Reglamento que regula las inversiones extranjeras directas en Europa, una normativa que tienen que aprobar los paises y que entrará en vigor plenamente en noviembre de 2020. Con ella, se mirarán con lupa y se vetarán si hace falta las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, empresas tecnológicas, infraestructuras y equipos críticos (como las redes 5G), con especial vigilancia y sanciones frente a los “ciberataques”.

Tras estos dos frentes, comercial e inversor, la Unión Europea, hace otras dos advertencias a China, una política y otra militar. El frente político del documento de la Comisión insta a China a colaborar en la política internacional, con la defensa de los derechos humanos (“la situación de los derechos humanos en China se está deteriorando”, dice textualmente), una lucha más eficaz contra el cambio climático (China ayuda a construir centrales de carbón en varios paises) y profundizar en los objetivos de paz y seguridad en el mundo (la UE les critica sus peligrosas reivindicaciones en el mar del sur de China, donde desoyen el laudo de la ONU). Y en el frente militar, Europa muestra su preocupación por el militarismo de China (ha disparado sus inversiones en Defensa) y “su ambición por tener en 2050 las Fuerzas Armadas tecnológicamente más avanzadas del mundo”, lo que, según la Comisión “plantea problemas de seguridad  para la UE”…

Hasta aquí, “el toque” de Europa a China, firme, aunque tardío. Ahora habrá que ver si se queda sólo en palabras o si la UE denuncia a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por “competencia desleal”. Mientras, China, enfrentada a Trump, quiere “suavizar” su encontronazo con Europa, prometiendo que “van a ser buenos” y van a liberalizar sus mercados a las ventas e inversiones europeas. De hecho, antes de esta Cumbre, China ha tratado de “calmar a Europa” aprobando una nueva Ley de inversiones extranjeras más flexible (e insuficiente, según los expertos occidentales), que entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Pero es sólo una justificación, un “señuelo”, mientras intenta mejorar su posición inversora y comercial en la Europa del Este y del sur, con apoyo de Italia. Y mientras gana tiempo, el capitalismo de Estado chino sigue creciendo (menos, pero un 6,6%, 6 veces lo que la zona euro) y ganando peso en el mundo, a golpe de inversiones, créditos y ventas, con el horizonte de volver a ser el Gran imperio del mundo para 2049.

China tiene que seguir creciendo, sin que ni Europa ni Trump le paren, porque la estrategia del Partido Comunista Chino, que rige el país y la economía (los principales empresarios públicos y privados están afiliados) es un “contrato social” en que ofrecen a los 1.400 millones de chinos vivir mejor (su renta per cápita se ha triplicado desde 2008) a cambio de no tener libertades y de pertenecer al país más poderoso del mundo, como explica el profesor  Julio Aramberri en su reciente libro “La China de Xi Jinping”, un extraordinario análisis donde sostiene que el desarrollo chino no traerá la democracia y sí un nacionalismo militarista, peligroso para el mundo. China está empeñada en reforzar su creciente poderío económico con una mayor influencia internacional, asentada a golpe de invertir en medio mundo, endeudar y hacer dependientes a los paises en desarrollo y  asegurarse una mayor presencia estratégica a través de la nueva Ruta de la Seda, cuatro nuevas vías terrestres y marítimas de llegar a Europa a través de Asia, Oriente Medio y África. Así que está bien que Europa “se ponga las pilas”.

Pero no basta con el cierre de filas frente a China. Europa tiene que tomar conciencia de que el mundo está cambiando y que la Unión Europea es un gigante económico y comercial pero “un enano empresarial”: entre las 40 mayores empresas del mundo, sólo 5 son europeas (Shell, BP, Volkswagen, Daimler y Total). Y entre las 10 mayores multinacionales, 7 son tecnológicas: 5 son de EEUU y 2 de China, ninguna de Europa. Aquí está el fondo del problema: Europa no puede defender su futuro sin grandes empresas que puedan competir con las chinas y norteamericanas (luego con las indias). Y para ello, hay que lanzar ya una estrategia para crear “campeones europeos”, grandes empresas europeas fruto de la fusión de menores empresas alemanas, francesas, británicas, italianas o españolas. Eso exige tiempo, ayudas y financiación, además de leyes, cuestiones todavía pendientes y que figuran como un reto clave del futuro Gobierno europeo que salga del 28-M.

En definitiva, que sabemos poco de China, Europa se ha descuidado y ahora los chinos han penetrado a tope en lo que compramos y en nuestras empresas, en perjuicio de los empleos europeos. Pero no se les puede frenar con normas y denuncias, hay que pararlos con una economía europea más competitiva. Y eso pasa por integrarnos más los europeos, en avanzar en los Estados Unidos de Europa. Unirnos más, no dividirnos.

Paraísos fiscales: Europa no se atreve

El escándalo de los paraísos fiscales estalla periódicamente, desde los Papeles de Panamá a LuxLeaks o los Paradise Papers. En diciembre, la Comisión Europea aprobó una “lista negra” donde sólo incluyó 17 países. Pero en enero, han  sacado de esa “lista negra” a 8 países, entre ellos Panamá (por la presión de España), Barbados, Corea del Sur y Emiratos. Además, Bruselas no incluye entre los paraísos fiscales a 4 países europeos que utilizan las multinacionales para evadir impuestos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta. Mientras, las inversiones a paraísos fiscales se han cuadruplicado y son la vía de entrada del 54% de las inversiones que llegan a España y del 25% de las que salen. Y 34 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Son millones de euros que eluden impuestos, mientras 98 países han firmado el acuerdo OCDE para intercambiar datos fiscales. Pero no lo ha hecho EEUU, que releva a Suiza como paraíso fiscal. Urge una “cruzada” mundial contra la los paraísos fiscales, donde se esconde un dinero que nos hace mucha falta.

enrique ortega

Esta historia de la lucha contra los paraísos fiscales cumple casi 10 años. En noviembre de 2008, tras el estallido de la Gran Recesión, los principales países se reunieron en Washington, en la Cumbre del G-20, para “refundar el capitalismo”, con la idea de emprender reformas que evitaran otra gran crisis en el futuro. Y entre ellas, poner coto a la evasión fiscal internacional, apoyada en los paraísos fiscales, encargando a la OCDE que estudiara medidas de control para aplicarlas a nivel mundial. En junio de 2017, el G-20 se reunió en Hamburgo y se felicitó porque casi 100 países hubieran firmado el acuerdo de la OCDE (proyecto BEPS) para intercambiar información fiscal a nivel internacional. Y tras la firma de miles de convenios bilaterales, declaraban que sólo había un “paraíso fiscal”: Trinidad y Tobago, una pequeña república caribeña formada por 2 islas enfrente de Venezuela.

Pero, por desgracia, hay muchos más paraísos fiscales en el mundo, cada vez más activos. De hecho, la inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, según un documentado estudio de Intermón Oxfam, que estima en 170.000 millones de dólares el dinero que quitan sólo a los países en desarrollo. En general, los usan las empresas y multinacionales como “plataforma intermedia” de sus inversiones, creando allí empresas con las que invierten luego en terceros países o que utilizan para sacar sus beneficios de otros países sin pagar impuestos. Y para las grandes fortunas y muchos inversores, son la plataforma ideal para eludir también el pago de impuestos. Por ejemplo, en 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, según Intermón Oxfam. Y Holanda es el 2º país de origen de la inversión extranjera que llega a Latinoamérica y el primer país de origen de la inversión extranjera en Brasil. Son meros “portaviones” donde aterrizan las inversiones de camino entre un país y otro, para no dejar rastro fiscal.

El caso de España es también muy esclarecedor. Más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España (el 54%) lo hace a través de un paraíso fiscal, según el informe de Intermón Oxfam. Sobre todo llegan a través de Holanda, Luxemburgo, Barbados, Islas Caimán,  Bahamas, Panamá, Irlanda, Malta, Suiza, Singapur, Hong-Kong, Barbados o Delaware (USA), los paraísos fiscales  más agresivos. Y un 25% de la inversión española que se hace en el exterior se canaliza a través de paraísos fiscales, habiéndose cuadruplicado esta inversión en el último año, según el informe de Intermón Oxfam.  De hecho, la inversión española a través de paraísos fiscales es un 27% superior a la inversión española en Latinoamérica.

Esta inversión española a través de paraísos fiscales es posible porque las empresas y los bancos españoles tienen filiales en esos paraísos fiscales, a través de las que canalizan sus operaciones y las de sus clientes. En 2016, 34 grandes empresas y bancos (todas las empresas del IBEX, salvo Aena) tenían una o varias filiales en paraísos fiscales, 996 filiales en total, encabezando el ranking Banco Santander (225 filiales en paraísos fiscales), ACS (108), Repsol IPF (93), Arcelor Mittal (79), BBVA (64), Ferrovial (64) e Iberdrola (63), según datos de Intermón Oxfam a partir de sus Memorias anuales. Y la mayoría de estas filiales (438) se sitúan en Delaware (un “paraíso fiscal” en el noroeste de EEUU), seguida de Holanda (157), Irlanda (83) y Luxemburgo (80). Lo más preocupante es que estas filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales se han multiplicado por 4 entre 2009 y 2016.

Las empresas y bancos, españolas y multinacionales, aumentan su presencia en los paraísos fiscales como una forma de “eludir” impuestos (palabra fina, “elusión fiscal”: significa que no defraudan impuestos sino que los “eluden” legalmente…). Y lo hacen porque pueden, porque ni Hacienda ni la normativa europea se lo prohíbe. Sobre todo, porque la mayoría de los países que utilizan como “portaviones” de sus inversiones no son oficialmente “paraísos fiscales”. Y aquí entramos en el tema clave: “la lista” de los paraísos fiscales.

España tiene una lista oficial de 48 paraísos fiscales, que se aprobó oficialmente en 1991 (ver países). Pero no es la que rige hoy, porque en estos años, sobre todo desde 2003, han salido de la lista 15 países: Andorra, Luxemburgo, Singapur, Chipre, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos, Jamaica, Malta, Trinidad Tobago, San Marino, Singapur, Omán y Panamá (salió de la “lista negra” de Hacienda en 2010, a raíz de que Sacyr ganara el mega contrato del Canal de Panamá). Sorprenden muchos de los países que ya no son paraísos fiscales para la Hacienda española, sobre todo cuando 7 de estos 15 países “indultados” forman parte de la lista de los 15 peores paraísos fiscales elaborada por Intermón Oxfam, por este orden de más a menos opacidad fiscal: Bermudas, islas Caimán, Holanda, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curaçao, Hong Kong, Malta, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes.

La Comisión Europea, a raíz del “escándalo LuxLeaks” (548 acuerdos fiscales favorables suscritos por el gobierno de Luxemburgo con numerosas multinacionales), destapado en noviembre de 2014, quiso ponerse a la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales. Y ha estado tres años preparando una “lista negra” de paraísos fiscales, que por fin aprobó el 5 de diciembre de 2017, con 19 países, en su mayoría pequeños estados del Caribe, Oriente Medio y Asia, una lista que defraudó a los expertos porque dejaba fuera a muchos de los países “evasores habituales”. Pero la sorpresa saltó el 21 de enero de 2018, cuando la Comisión recortó esta lista, sólo 37 días después de aprobarla. Salieron de la lista de “paraísos fiscales” 8 países: Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, porque “se habían comprometido a ser fiscalmente transparentes”, según Bruselas. La lista se revisará a finales de 2018 y antes, la Comisión Europea establecerá sanciones para los 9 únicos países que, para Bruselas, son ahora “paraísos fiscales: Samoa, Bahréin, Guam, islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad Tobago.  Y quizás Hacienda “rehaga su lista” con esta nueva lista UE.

Los expertos consideran que la lista europea de paraísos fiscales es un fiasco, fruto de las presiones políticas y económicas de países y multinacionales. De hecho, España presionó en el Ecofín para que Panamá saliera de la lista europea, según ha reconocido Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional, a pesar de que 2.000 españoles aparecieron con cuentas en los "Papeles de Panamá" (2016). Mientras, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Panamá, Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón ha elaborado una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Precisamente, la mayor crítica que puede hacerse a las autoridades europeas es que la “lista negra” de la Comisión deja fuera a los paraísos fiscales que hay en Europa. Sobre todo cuando en los últimos años han estallado diversos escándalos que han demostrado que hay países europeos especializados en facilitar la evasión fiscal a empresas y multinacionales. El escándalo LuxLeaks destapó que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado (entre 2002 y 2010) acuerdos secretos, para pagar menos impuestos, con 340 multinacionales. Holanda también había firmado acuerdos similares en 2008 con la multinacional Starbucks. También el gobierno de Bélgica, en 2005, con 35 multinacionales. Y el gobierno de Irlanda firmó otro pacto secreto con Apple para que sólo pagara el 2,5% de impuestos.

Pero el problema no son sólo los acuerdos secretos con multinacionales. Lo más grave es que muchas grandes compañías utilizan algunos países europeos, con su consentimiento, para aplicar una “ingeniería fiscal” que les permita eludir (legalmente) el pago de impuestos, unos 70.000 millones de euros al año (8.250 millones en España). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello compras y ventas entre filiales. Una variante más sofisticada es lo que se llama el “sándwich holandés” y el “doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan su negocio en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere ese dinero a una filial en Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos y que transfiera los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de los beneficios, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de “elusión fiscal” son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de la marca. Es lo que hace Starbucks con el dinero del café que nos tomamos: una parte va a una filial en Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea hace lo mismo a través de una filial en Holanda. Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo donde desvía el 5% de su facturación en España y lo que se ha ahorrado de pagar aquí 68,5 millones en 5 años. El caso más llamativo es Inditex, que a través de dos filiales en Holanda y Suiza, factura al resto por la compra de ropa en Asia y por la gestión de marca y consultoría. Así ha “eludido” el pago  a la Hacienda española de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, según un informe de los verdes en el Parlamento europeo. Y todavía hay más vías de “elusión” fiscal: préstamos entre filiales de una multinacional, trasvase de dividendos o aprovechar las diferencias fiscales dentro de Europa.

Es un escándalo porque, en estos casos, los paraísos fiscales no están en el Caribe o en Asia, sino en el corazón de Europa. Los gobernantes europeos trataron de “salvar la cara” aprobando, en julio de 2016, una Directiva europea para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas y multinacionales. El problema es que se ha retrasado su entrada en vigor, dado que los países tienen hasta diciembre de 2018 para modificar sus normas fiscales y en algunos casos, se les da de plazo hasta el 1 de enero de 2020. Luego, habrá que ver cómo se aplican los cambios, porque ningún país se va a arriesgar a perder multinacionales, que ya estarán preparándose para burlar las nuevas normas fiscales aprobadas por Bruselas.

En paralelo, este año 2018, Hacienda y los responsables fiscales de todo el mundo van a disponer de más datos sobre dónde tienen el dinero sus empresas y sus ciudadanos, porque ha entrado en vigor el acuerdo de la OCDE (Proyecto BEPS) para intercambio mundial de información fiscal, acuerdo que han firmado ya 98 países (Panamá en enero 2018). El problema es que no es un acuerdo vinculante y cada país decidirá con qué países intercambia información fiscal. España ha aprobado intercambiarla con todos los países, pero ahora falta ver si Suiza o Panamá le mandarán a Hacienda los datos fiscales de españoles y empresas que tengan inversiones en su territorio. Unos países lo tenían que enviar antes de  septiembre de 2017 (con datos al 1 de enero 2016) y otros tienen hasta septiembre 2018 (Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas, Mónaco, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudí o Turquía entre ellos).

Quien no ha firmado este acuerdo internacional ha sido Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que se va a convertir en el mayor paraíso fiscal, si no lo es ya, porque cada día se registran más empresas y fortunas en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Miami, los estados que están atrayendo el dinero opaco que hasta ahora estaba en Suiza, Luxemburgo, Panamá o el Caribe. Así que la Hacienda española y del resto de Europa no pueden esperar colaboración de EEUU, mientras se da el contrasentido de que los bancos europeos están obligados a dar puntual información de las inversiones de empresas y ciudadanos estadounidenses, porque desde 2013 está en vigor la FATCA, una Ley que obliga a los demás países a darles los datos de los ciudadanos USA (sean residentes o no) pero que no les obliga a dar los datos fiscales de las empresas  extranjeras en USA, sólo de las personas físicas.

Así está el panorama fiscal en el mundo: se multiplican por cuatro las inversiones en paraísos fiscales y aumenta la sofisticación de las multinacionales para eludir impuestos, pero Europa responde con una lista negra inútil y una Directiva complicada de implantar. El fraude fiscal se hace global y la vigilancia mundial es poco efectiva, con lo que muchos millones de euros se pierden por el camino, en beneficio de los más ricos, lo que aumenta la desigualdad (como se ha reflejado en la Cumbre de Davos) y penaliza las inversiones y servicios públicos y sociales, que pierden recursos por el aumento del fraude fiscal, con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, donde está nuestro dinero. “Saca a la luz un dinero que no ves”, nos pide Intermón Oxfam en esta campaña contra los paraísos fiscales. Están bien las firmas, pero lo que hace falta son Leyes y vigilancia para que se cumplan. En Europa y en España. 

Elecciones 2015: el fracking se la juega

El Gobierno Rajoy intenta acelerar la aprobación en el Congreso y Senado de las nuevas ayudas al fracking (perforar y romper las rocas para extraer gas y petróleo), para que entren en vigor antes de las elecciones y empezar las primeras exploraciones en 2016. De hecho, gracias a estas y otras medidas del Gobierno en apoyo del fracking, España es el tercer país europeo con más pozos autorizados, tras Polonia y Gran Bretaña. Ahora, las empresas energéticas temen lo que pasaría si el PP pierde las próximas elecciones: tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos están en contra del fracking y aseguran que paralizarían las exploraciones autorizadas, que también chocan con la oposición de muchas autonomías y Ayuntamientos implicados (incluso los del PP), que además en mayo se renuevan. El futuro del fracking en España es oscuro, mientras bate récords en EEUU y Europa está dividida, con países que lo apoyan, una mayoría que lo prohíbe y polémica en Alemania.
 

enrique ortega

El Gobierno Rajoy lleva un par de años apostando a fondo por el fracking, la revolucionaria técnica de extracción de petróleo y gas (ver gráfico) mediante la perforación de yacimientos en los que se inyecta agua a presión, arena y aditivos químicos para romper las rocas y liberar los hidrocarburos. “No podemos perder este tren”, ha reiterado el ministro Soria. Y para ello, se ha convertido en  uno de los Gobiernos europeos en aprobar más ayudas al fracking. Primero, la noche del 9 de octubre de 2013, introdujo por sorpresa en el Senado una enmienda para incluir el fracking en la ley de Hidrocarburos (de 1998), a través de algo tan estrambótico como dos disposiciones adicionales a la Ley de garantía del suministro eléctrico a Baleares y Canarias… Y el 28 de noviembre, el Congreso aprobó por trámite de urgencia (no habitual) la Ley de Evaluación Ambiental, que complementa la legislación sobre el fracking. Por un lado, centraliza en el Estado la competencia, quitándosela a las autonomías (para evitar varias leyes autonómicas que han prohibido el fracking). Además, acelera los proyectos (al reducir los plazos para resolver los expedientes de impacto ambiental, de 3 años a 4 meses) y les concede la cláusula de confidencialidad, dificultando la presentación de alegaciones.

La tercera medida a favor del fracking, aprobada por el Gobierno el 12 de diciembre de 2014, es un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Hidrocarburos, con dos novedades. Una, la creación de un canon de ocupación que pagarían las compañías que busquen petróleo y gas a los propietarios de los terrenos (o a los ayuntamientos y autonomías más próximos de un yacimiento marino), que recibirían un 1% del valor de la producción anual mientras dure la explotación. Y la otra, un nuevo impuesto sobre la exploración de petróleo y gas (en tierra o en el mar), con un tipo que podría ser del 8% y cuyos ingresos serían destinados a las autonomías y Ayuntamientos donde se hagan las prospecciones. El objetivo es contrarrestar la oposición de propietarios, Ayuntamientos y autonomías contra el fracking a base de dinero, de compensaciones (se ha dicho, por ejemplo, que Canarias recibiría con este nuevo impuesto 320 millones anuales de compensación). Este proyecto de Ley salió  adelante (en primera instancia) en el Congreso el 18 de marzo, sólo con los votos del PP, y ahora se debate en Comisión para intentar aprobarlo antes de que se disuelvan ambas Cámaras.

Estas nuevas ayudas intentan frenar la oposición al fracking que se ha ido extendiendo por toda España desde 2012. Primero fueron los Parlamentos de Asturias y Galicia los que vetaron el fracking o aprobaron una moratoria de dos años. Luego, en 2013, fueron Cantabria, la Rioja y Navarra (incluso con Gobiernos del PP) los que aprobaron Leyes anti-fracking. Y en 2014, Cataluña y Andalucía, mientras los Gobiernos de Canarias y Baleares (PP) se han opuesto con fuerza a las prospecciones en el mar. Pero el Gobierno, aprovechando la Ley aprobada en 2013, ha recurrido estas normas autonómicas ante el Constitucional, que le ha dado la razón y ha suspendido cautelarmente (en 2014) las Leyes de Cantabria, la Rioja, Navarra y Cataluña. Además, hay ya más de 400 Ayuntamientos (ver mapa) que han aprobado mociones anti-fracking (muchos de ellos, gobernados por el PP).

Esta creciente oposición se debe a que España se ha convertido, gracias al apoyo del Gobierno Rajoy, en el tercer país con más exploraciones de fracking aprobadas (unas 70) y pendientes (otras 60), por detrás de Polonia  (que cuenta con más de 60 pozos ya perforados y en explotación) y Gran Bretaña (Cameron quiere abrir 20.000 pozos para 2020). Mientras, Francia prohibió el fracking con Sarkozy (por Ley, en 2011) y otros países aplican moratorias, como Bulgaria, república Checa, Dinamarca o Irlanda. Y en Alemania, la Ley sobre el fracking (abril 2015), ha provocado una profunda división en la CDU de Ángela Merkel, con 100 parlamentarios que exigen más garantías. Por todo ello, el fracking es una técnica que divide a Europa, lo que ha provocado que la Comisión Europea no haya aprobado ninguna Directiva y se haya limitado (enero 2014), a hacer una serie de “recomendaciones” y dejar que cada país comunitario legisle a su aire.

Entre tanto, el fracking sigue avanzando en Estados Unidos, donde ha permitido que el país haya sido en 2014 (como en 2013) el primer productor mundial de petróleo (por delante de Arabia Saudí) y de gas (por delante de Rusia), lo que ha impulsado su economía y ha revolucionado la geopolítica mundial. Ahora, el “boom” del fracking en USA podría amainar, por dos factores. Uno, la caída del precio del crudo: por debajo de 90 dólares barril, esta técnica no es rentable. Y el otro, que EEUU acaba de aprobar, el 20 de marzo, normas más estrictas  para las exploraciones en territorio federal (afecta a unos 100.000 pozos), lo que ha recibido las críticas de la industria petrolera norteamericana. Y no cesan en EEUU las críticas contra el fracking, por sus riesgos para el medio ambiente y el hombre: contaminación del agua y del suelo, escapes de gas y metano, microseísmos, generación de residuos…

En España, el lobby del fracking  está impulsado por multinacionales norteamericanas, canadienses, británicas e irlandesas (BNK. Heyco, Trofagas, Schuepbach, Heritage Petroleum, True Oil, Cambia, R2 Energy, Leni Oil Gas y San Leon), las españolas Repsol o Cepsa y la empresa pública vasca SESHA, creada por el ex lehendakari Patxi López para explotar el yacimiento alavés de Gran Enara. Sus estudios hablan de que España alberga gas para cubrir 90 años de consumo y petróleo para cubrir el 20% del consumo durante 20 años, reservas que los ecologistas consideran “infladas”. Los Colegios de Geólogos e Ingenieros de Minas hablan de reservas para 39 años y apoyan el fracking, asegurando que los riesgos son “controlables y mínimos” (mientras, el Servicio Geológico de EEUU acaba de alertar de que el fracking puede provocar terremotos de magnitud 7...). Y las empresas interesadas en explotarlo dicen que esta nueva industria podría crear en España 260.000 empleos (15% directos) y generar 40.000 millones de euros.

De momento, no hay ningún pozo de fracking en España. Los 70 permisos de exploración ya concedidos por el Gobierno Rajoy se concentran en Burgos, Álava, Soria, Cantabria, la Rioja, Huesca, Castellón, Guadalajara, Jaén, Sevilla y Cádiz. El proyecto más avanzado son las 12 prospecciones de la multinacional canadiense BNK en el norte de Burgos, que han  chocado con la oposición de los vecinos y los cinco Ayuntamientos de la zona (gobernados por el PP). Los 6 yacimientos del proyecto Urraca están pendientes de la respuesta del Gobierno central a su plan de impacto ambiental (porque incluye terrenos de Burgos y Álava, en dos comunidades). Y los otros 6 del proyecto Sedano tropiezan con el problema de que están en suelo municipal y los Ayuntamientos no les quieren arrendar o vender las parcelas, por lo que BNK ha pedido a la Junta de Castilla y León que las declare “de utilidad pública” y las expropie (además la Junta tiene que aprobar su Plan de impacto ambiental). Todo ello está retrasando el inicio de estas primeras exploraciones, previstas para 2016. Y detrás iría el proyecto de Álava (Gas Enara), que aún no ha presentado el informe de impacto ambiental.

Todo ello indica que los primeros pozos de fracking  no se verán hasta dentro de un año, como pronto, y que la mayoría serían para 2017. Pero serían pozos de exploración, para saber si hay gas o petróleo y si es rentable extraerlo. Porque para que haya pozos de explotación hacen falta nuevos informes, con lo que si se autorizan y hay gas y petróleo, no se vería arriba, para consumirlo, antes de 10 0 15 años. Y para entonces, quien sabe cómo estarán los precios y cuánto habrán avanzado las energías alternativas. Claro que España no puede quedar al margen de una nueva tecnología energética, por lo que algunos expertos (como las Academias de Ciencias de Europa) defienden “no cerrar las puertas a los sondeos exploratorios”, por supuesto con las mayores garantías de seguridad.

En cualquier caso, el futuro del fracking  en España va a depender de la política y, sobre todo, del resultado de las elecciones que se van a celebrar en 2015. Tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos no son partidarios del fracking  y prometen incluso “prohibirlo y paralizar los yacimientos autorizados”. Y eso afecta no sólo al futuro Gobierno central, sino a los gobiernos autonómicos y municipales que salgan en mayo: si aumentan los ediles y autonomías anti-fracking, será difícil que las exploraciones autorizadas lleguen a iniciarse. Y que se aprueben otras nuevas que ahora están en espera.  

Al final, una cuestión energética (el potencial o no del fracking), que debía resolverse en el terreno técnico y económico, ha pasado a ser un tema político y visceral (amparado en el desconocimiento), por culpa de unas empresas que no son transparentes sobre los posibles riesgos (reales en algunos casos: ver documental Gasland)  y de un exceso de demagogia en algunos opositores (como culpar del último seísmo de Ossa de Montiel al fracking, cuando no hay ninguna exploración en marcha). Haría falta contar con estudios científicos independientes y afrontar un debate serio y riguroso, con criterios energéticos, económicos  y ecológicos. Pero antes, habría que dar al fracking la importancia que se merece: secundaria en España. Aquí, el futuro de la energía no se juega en el fracking, sino en las energías alternativas. No sabemos si hay gas y petróleo bajo tierra, pero si sabemos que nos sobran el sol y el aire, energías limpias, seguras y que con el tiempo serán rentables. Y no se apuesta por ellas: hay más energía solar en Alemania que en España. Ese debía ser el debate.