El negocio funerario crece y se concentra

La muerte es un negocio muy seguro: cada día hay 1.268 defunciones en España. Y va a más: en 2062 habrá 1.831 defunciones diarias (+44%). Esta demanda, asegurada y creciente, ha generado más de 1.000 empresas que ofrecen servicios funerarios y que han creado una "burbuja" de tanatorios y crematorios muy superior a los que hacen falta. Y se acelera la concentración del negocio, con unas pocas grandes empresas (de aseguradoras) comprando a funerarias pequeñas por toda España. La "gasolina" de este negocio de la muerte son los seguros de decesos, que tienen contratados ya 22 millones de españoles. Y los que no tienen seguro, pagan cada vez más por los entierros, sobre todo por los servicios complementarios, que cada día se contratan más, mientras las funerarias se quejan del IVA del 21%, el tercer tipo más alto en Europa. El negocio funerario tiene poca competencia y transparencia, carece de una Ley estatal y se rige por una norma de 1974. Hay que controlarlo más. 

                        Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.

Pero además de que aumenta la mortalidad (y los entierros), las previsiones apuntan que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de vida media en 2061) y el envejecimiento de la población (un 13% de españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que hoy). La estimación del INE es que para los años 2037-41 haya 516.136 muertes anuales en España y 633.172 fallecimientos anuales en el periodo 2052-53. Y que lleguemos a una cifra máxima de 668.451 muertos anuales en el periodo 2062-66 (ojo: 200.000 muertos más al año que hoy), para bajar ligeramente hacia 2070 (659.894 muertes anuales). Eso supone que pasaríamos de los 1.268 entierros diarios de hoy a 1.831 entierros al día en 2065, un 44% más que hoy.

Con estos datos, es normal que muchos se apunten al "negocio de la muerte", la prestación de servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el "boom" de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y así, ahora nos encontramos con una "burbuja funeraria", miles de tanatorios y crematorios medio vacíos. 

Actualmente, hay en España 2.567 tanatorios, con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los datos de 2022 de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,5 salas por cada persona que fallece al día (1.268 muertes diarias), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la sobrecapacidad de crematorios: había 537 hornos disponibles en 2022, con una capacidad de 1.663 incineraciones diarias, según Panasef. Pero resulta que sólo se incineran en España el 45% de los fallecidos, unas 571 incineraciones en 2022, la tercera parte de las que podrían hacerse en los crematorios disponibles (que tienen así 2/3 de su capacidad sin utilizar). De hecho, España es el país con más hornos crematorios de Europa (537, frente a 307 en Reino Unido, 185 en Francia o 159 en Alemania), cuando aquí se hacen menos cremaciones.

Esta "burbuja" de instalaciones, que encarece el coste final de los servicios funerarios, es fruto de un crecimiento vertiginoso y desordenado del sector, donde muchos han hecho el negocio al construir tanatorios y hornos crematorios, no tanto con la explotación del servicio. Actualmente hay 1.076 empresas de servicios funerarios en España (con 12.433 trabajadores), un negocio muy disperso, con muchas empresas en Andalucía (181), Galicia (171), Comunidad Valenciana (131) y Castilla y León (115) y más concentrado en Madrid (22 empresas), Cataluña (47) o Euskadi (33). Y en los últimos 5 años ha habido un proceso de concentración: las grandes empresas de servicios funerarios han comprado empresas pequeñas locales, desapareciendo 360 empresas: se ha pasado de 1.435 en 2015 a 1.076 en 2022. Ha desaparecido un 25% del sector funerario.

Con ello, el negocio funerario se ha concentrado en 12 grandes empresas, que facturan entre 10 y 50 millones de euros anuales (30 millones de media) y que controlan más del 35% del mercado, mientras todavía hay unas 850 empresas locales muy pequeñas, que facturan menos de 1 millón de euros al año, según la patronal Panasef. Y cada semana, muchas de estas pequeñas funerarias desaparecen o son compradas por las grandes, sobre todo en Galicia, Andalucía y Castilla y León. Esto ha reforzado a las 5 grandes empresas, cada día mayores por sus compras y que controlan el 26% del mercado funerario. Un negocio que facturó 1.653 millones de euros en 2022, según el último dato de Panasef, con lo que supera ya los ingresos de 2019 (1.565) aunque todavía no llega al récord de facturación que tuvieron con la pandemia (1.700 millones en 2020).

La empresa líder del sector funerario en España es Memora, con 200 millones de facturación anual y unos 50.000 servicios anuales en sus 146 tanatorios, 45 crematorios y 35 cementerios. Es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente, que compró en julio de 2022 la empresa funeraria (por 401,3 millones) a Ontario Teacher's (el Fondo de pensiones de los profesores de Ontario), que antes se la habían comprado al Fondo de inversiones británico 3i. La segunda mayor funeraria es Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, que factura 90 millones anuales y gestiona unos 55.000 servicios anuales, con 126 tanatorios, 40 crematorios y 20 cementerios. La tercera es Servisa, de la aseguradora Ocaso, que factura 65 millones y anuales y tiene 60 tanatorios. La cuarta es Funespaña, propiedad de la aseguradora Mapfre, con 48 millones de facturación, 160 tanatorios, 25 crematorios y 24 cementerios. Y 5ª está ASU, de la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con una facturación anual de 30 millones.

El problema de esta creciente concentración y gran poder de "las 5 grandes" es que se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de "cuasi-monopolio" donde operan, impidiendo en la práctica la entrada de otras empresas, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar sus precios y condiciones en un momento muy doloroso. De hecho, han sido numerosas las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes. Y eso llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que impiden, de hecho, que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo.

Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque se acabó la Legislatura, y el Gobierno Rajoy nunca contempló una reforma funeraria, aunque se lo prometió a Bruselas en 2014, dentro del Plan Nacional de Reformas. Y a pesar de la petición (en 2014) de la Comisión de la Competencia (CNMC), que habló incluso de "connivencia entre empresas y Ayuntamientos" para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunció en 2006 grandes diferencias de precios funerarios entre ciudades y la falta de transparencia del sector. Un sector que sigue "bajo vigilancia" de la CNMC, que ha frustrado en octubre de 2021 la fusión de dos grandes, Albia y Funespaña, solicitada en 2019. Ahora, el sector funerario sigue sin una Ley que lo regule y se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.

La "gasolina" que alimenta este negocio funerario, además de la creciente mortalidad, son los seguros de decesos que contratan los españoles a las aseguradoras y que pagaron 1.050 millones en 2022 a las empresas funerarias (dos tercios de su facturación el año pasado), según la patronal Unespa. Este seguro de decesos es el 2º seguro más popular en España, tras el de automóviles (obligatorio: 33,2 millones de coches asegurados), con más de 22 millones de asegurados en 2022 (22.129.957, según Unespa), 1,8 millones de asegurados más en la última década. Eso significa que lo tienen el 47% de los españoles, aunque su penetración es mayor en Extremadura (70,6%), Andalucía (62,4%), Asturias (59,3%) y Castilla la Mancha (56,29%), siendo mucho menor en Madrid (39,18%), Cataluña (33,88%) y Navarra (21,87%). Y sorprende el alto porcentaje que tienen este seguro de decesos en Cádiz (78%), Ávila (76%), Ciudad Real (71%) y Cáceres (66%), según los datos de Unespa. En general, lo contratan más las familias con menos ingresos y los mayores de 60 años.

Este seguro de decesos es el 4º seguro que más primas recauda en España: 2.626 millones en 2022, sólo por detrás del seguro de automóviles (11.352 millones) el seguro de salud (10.543 millones) y el seguro multirriesgo (8.578 millones). Y ha sido uno de los seguros que mejor se ha comportado en las últimas crisis, duplicando sus primas en los últimos 17 años (ingresó 1.370 millones en 2015). Es un negocio muy concentrado y 5 aseguradoras controlan casi el 70% del mercado de seguros de decesos: Santa Lucía (34,9%), Ocaso (21,2%) y Mapfre (12,6%), las 3 aseguradoras que controlan también el negocio funerario, más Adeslas (5%) y Norte Hispania (4,7%). Y las 10 mayores aglutinan el 82,4% de estos seguros.

El seguro de decesos tiene 3 modalidades, según el sistema de pagos por el que se opte (menos al principio y más con la edad o más nivelado). Y actualmente se mantiene una cierta "guerra de precios", como en el resto del seguro, con ofertas "low cost" muy bajas al principio, para captar clientes. Los comparadores disponibles en Internet hablan de cuotas desde 109 a 182 euros al año, aunque la tarifa depende mucho de la edad y la cobertura del seguro. En cualquier caso, un estudio reciente de la OCU revela que estos seguros no son recomendables, porque se acaba pagando el triple de lo que cuesta el servicio funerario. Y la prima sube cada año más, un +4,9% este año, según el INE.

Los seguros de decesos pagan 6 de cada 10 funerales, pero los 4 restantes los pagan los familiares cuando se produce el fallecimiento. El coste medio de un servicio funerario ronda los 3.700 euros, según la OCU, aunque varía mucho según la ciudad, oscilando entre 5.200 euros en Madrid y 3.800 en Barcelona (ver "comparador de precios"). En el desglose del gasto funerario, lo más caro es el féretro (1.198 euros), seguido de la cremación (646), el tanatorio (546), las esquelas (319), personal y servicio (291), coche (211), trámites y gestiones (205), flores (186) y otros (137). Y el coste se dispara más si no hay cremación (55% entierros) y hay que pagar un nicho o tumba (difícil de comprar en muchos cementerios).

La patronal funeraria estima que un 58% del coste se debe al servicio funerario estricto, otro 14,3% al crematorio o cementerio y el 12,8% restante se lo lleva el pago de servicios complementarios (certificados y tasas, esquelas, iglesia, coronas y lápida). Y recuerdan que un 15% se lo llevan los impuestos, el IVA del 21%, que Rajoy subió en 2012 desde el 10% que se pagaba antes. La patronal funeraria se queja de que España paga el tercer IVA más alto en Europa por los servicios funerarios (tras el 27% de Hungría y el 24% de Grecia), mientras se paga un 20% en Francia, un 19% en Alemania y un IVA cero en los servicios funerarios en Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por eso piden bajarlo al 10%, lo que reduciría el coste de un sepelio en 350 euros.

Cara al futuro, las empresas funerarias están aumentando al máximo sus servicios, lo que encarecerá el coste de los entierros, porque muchas familias empiezan a contratar servicios complementarios: sepelios laicos (15%), viajes para tirar las cenizas, música, psicólogos y servicios personalizados, servicios digitales (funerales "en streaming", Memoria, historial del difunto) y en redes sociales, gestión de legados y huella digital... Y avanza el concepto de funerales "sostenibles", con la oferta de ataúdes de cartón y reducción de emisiones más plantación de árboles. En paralelo crecen los cementerios y servicios funerarios para mascotas (hay 31 millones en España). De hecho, Málaga tendrá a finales de 2023 el primer cementerio público para mascotas de España.

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

La mitad de españoles,con seguro de entierro

Morirse es cada vez más caro y quizás por eso 21 millones de españoles pagan cada año un seguro de decesos, que ya cubre el 60% de los entierros. Un seguro que es el segundo más popular en España, tras el del automóvil, y que no se conoce en el resto de Europa. Y que supone pagar al final de prima el triple de lo que cuesta un entierro. Los seguros de decesos y el aumento de la mortalidad en España alimentan un negocio boyante, el de la muerte, que cada vez  factura más y donde se mueven aseguradoras y fondos de inversión extranjeros. Y que ha alimentado una verdadera “burbuja” de instalaciones: España es el país de Europa con más tanatorios y hornos crematorios, la mayoría vacíos. Este “despliegue de la muerte” hay que pagarlo, mientras pocas empresas (cinco) imponen condiciones y precios, sin transparencia ni competencia, a falta de una Ley que no llega. Hasta de la muerte abusan algunos.


                                                                                                  enrique ortega

La muerte es un negocio seguro y con futuro. 2016 fue el 2º año consecutivo (desde la Guerra Civil) en que hubo en España más muertes (409.099) que nacimientos (408.384). Ello se debe a la caída de la natalidad y a que crecen los fallecimientos desde 1976 por el progresivo envejecimiento de los españoles, que cada vez viven más años: si en 1941, la esperanza de vida era de 50 años, ahora supera los 83 años y para 2060 será de 90 años, el doble de vida que a comienzos del siglo XX. Vivimos más años y hay cada vez más viejos que acaban muriendo, claro. Si en 2015 se superó ya la barrera de los 400.000 fallecimientos al año, las previsiones son que sigan creciendo en las próximas décadas: se superarán las 500.000 muertes al año en 2050 y se llegará a 559.858 en 2063, según las previsiones demográficas del INE. O sea, que pasaremos de los 1.120 entierros diarios en 2016 a 1.534 entierros diarios (un 37% más) dentro de cincuenta años. Lo dicho: un negocio con futuro.

Para los españoles, la muerte de un familiar supone un gasto elevado y creciente, que no sólo provoca dolor sino que también trastoca el bolsillo. El coste medio de un entierro oscila entre 3.500 euros (estudio OCU 2013) y 5.000 euros, dependiendo de la ciudad donde se muera, de los traslados y de los servicios que se contraten: es más cara una sepultura (unos 18.000 euros) que un nicho (desde 1.500 euros) y más barata una incineración (unos 700 euros de media). Y luego están los “extras”, desde las flores a las esquelas y las ceremonias que se contraten, cada vez más sofisticadas. Actualmente, sólo la mitad del coste de un entierro (49%) es el entierro en sí (ataúd, traslados, tanatorio, gestiones) y la otra mitad se reparte entre el coste de la incineración y el cementerio (19%), los complementos que se contraten (15% del coste se lo llevan las coronas, lápidas, esquelas, certificados e iglesia) y los impuestos (17% del coste, por el pago del IVA: Hacienda ingresa 650 millones al año por los entierros), según un reciente estudio de la patronal funeraria Panasef.

En la España de las autonomías, también morirse cuesta distinto según donde pase, a tenor de un estudio de la OCU. Las ciudades más caras para un entierro son Barcelona (más de 6.000 euros) y Tarragona) y las más baratas, Cuenca y Canarias. Incluso dentro de una misma ciudad, hay mucha diferencia de tarifas (cuando se puede “elegir” funeraria, algo poco habitual, porque hay muchos lugares con “monopolio” de una sola empresa): hay hasta 900 euros de diferencia, según la OCU. Y además, hay ciudades y pueblos en España  donde no hay casi “sitio” en los cementerios para conseguir una tumba o un nicho. Y si lo hay, a precios disparados (pasa como con la vivienda: poca oferta y cara…).

Al final, para afrontar este gasto, muchos españoles tienen contratado un seguro de entierro o “seguro de decesos”, algo “tipical spanish”, desconocido en el resto de Europa, donde las familias pagan un seguro para que les abonen los gastos funerarios pero no un seguro para que una empresa se ocupe de todo a la hora de la muerte. El origen de este seguro tan español está en los años sesenta, cuando millones de españoles emigraron del campo a la ciudad: contrataban una póliza de decesos para asegurarse de que cuando murieran alguien se iba a ocupar de llevarles a enterrar a su pueblo. Y después, ha seguido la costumbre de pagar este seguro, que ha dado un salto enorme en España: si en 1979 había 5.060.514 pólizas de decesos, en 2016 eran ya 8.029.472 pólizas, que cubrían a 21 millones de personas (2,6 por póliza), un 44,5% de los españoles, según Unespa. Con ello, el seguro de entierro es el 2º seguro más popular en España, tras el seguro del automóvil (que es obligatorio) y por delante del seguro de salud, que tienen 11,4 millones de españoles.

El seguro de entierro es más popular en el sur de España y entre las familias de rentas medias y bajas, destacando su éxito en Extremadura (lo tienen el 70,2% de la población), Asturias (64,1%) y Andalucía (60,5%), así como en Cádiz (78% de los gaditanos tienen seguro de decesos), Ávila y Badajoz (71%). Y hay pocos seguros de entierro en la España rica, donde menos en Baleares (22% población) y Navarra (23,2%), según la patronal aseguradora Unespa. La mayoría de los que tienen una póliza de decesos superan los 45 años, pero como muchas pólizas son familiares, también hay jóvenes “cubiertos”. Hay varias modalidades de póliza (básicamente una prima fija que se actualiza o una que crece con la edad) y la prima media está hoy en 269 euros al año. El coste varía mucho según la edad y donde se viva y para un matrimonio maduro con 2 hijos jóvenes puede oscilar entre 95 y 175 euros al año (con 45 años) y entre 150 y 282 euros (con 52 años), según los comparadores.

Contratar un seguro de deceso no parece recomendable, porque se acaba pagando durante toda la vida el triple de lo que acaba costando el entierro, según un estudio del Instituto de Empresa. Y además, muchos asegurados se quejan de que las compañías les suben la póliza con la excusa de ampliarles coberturas y servicios que no necesitan (asesoría legal, salud, asistencia en viaje), una estrategia parecida a la de las telecos y los móviles. Pero lo que está claro es que, sea o no recomendable, el seguro de decesos es un gran negocio: facturó 2.162,6 millones en primas en 2016 y es el 4º seguro que más dinero mueve, tras el automóvil (10.565 millones), el de salud (7.736 millones) y los multirriesgos (6.772 millones). Y además, es el seguro que más crece (+4,85% este año 2017) y el que más ha crecido con la crisis: ha pasado de facturar 1.141 millones en 2011 a casi el doble ahora (2.162,6 en 2016).

En los últimos años, con la crisis, muchas aseguradoras que no ofrecían seguros de decesos se han lanzado a este creciente negocio, lo mismo que la mayoría de cajas y bancos, que buscan mejorar sus cuentas haciendo seguros (ofrecen seguros de pago único a mayores de 70 años sin póliza de entierro: un pago único que sale caro, 6.262 euros para asegurar un capital/entierro de 4.785 euros). Pero el sector está muy concentrado y sigue controlado por “ las dos aseguradoras  de decesos de siempre”, Santa Lucía (37,2% del mercado) y Ocaso (23,1%), seguidas de lejos por la aseguradora líder, Mapfre (13,7%), y repartiéndose entre estas 3 aseguradoras el 70% del mercado de los seguros de entierro, según datos de Unespa. Les siguen, de lejos, Catalana de Occidente (5,5% del mercado) y Mutua Madrileña/Adeslas (5,3%).

Estos seguros de decesos cubren ya casi el 60% de los entierros (el 58,84%), pagando el resto directamente las familias a las empresas funerarias. Otro negocio ligado a la muerte, como los seguros de decesos, que ha crecido de forma imparable en España desde los años 60, cuando se abrió en Barcelona el primer tanatorio. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron en ellas constructoras, pequeños empresarios locales y más recientemente, fondos de inversión extranjeros. Y ya en este siglo, con los ingresos del boom inmobiliarios, los Ayuntamientos. El resultado es que no hay ningún pueblo de más de 5.000 habitantes (y menos) sin tanatorio o crematorio. Una “burbuja de la muerte” que no se justifica por el número de entierros.

Así, en España hay 2.429 tanatorios, con 7.050 salas de velatorio para 1.120 entierros diarios, lo que significa que casi 6.000 salas (el 82%) están vacías y no se utilizan, según los datos de la patronal funeraria Panasef. Y eso significa que los demás usuarios tienen que pagarlas, con un “sobreprecio” en su entierro. Este número de tanatorios triplica los que hay en Europa, donde los ciudadanos saben que tienen que recorrer 100 kilómetros para velar a un muerto mientras aquí vamos “al lado de casa”. Las autonomías con más tanatorios son Andalucía, Cataluña y Castilla León, aunque donde hay más por fallecido es en Navarra (1 tanatorio por 56), Extremadura (1 por 64) y  Castilla y León (1 por 98 fallecidos), mientras hay porcentualmente menos tanatorios en Madrid (1 por cada 867 fallecidos), Baleares (1 por 547) y País Vasco (1 por 257), según Panasef.

Y lo mismo pasa con los hornos crematorios. En España hay 380 crematorios frente a 165 en Alemania (con casi el doble de población), 163 en Francia (con un tercio más de habitantes) o 18 en Portugal, aunque aquí sólo se incinera al 40% de los fallecidos frente al 54% en Alemania o Portugal y el 70% en algunos paises, según datos de la patronal funeraria Pasasef. Las instalaciones españolas permiten 1.520 cremaciones al día, pero como sólo se hacen 452, significa que el 71,3% de la capacidad instalada no se utiliza. Eso sí, los que la usan tienen que pagar este exceso de inversión (800 millones de euros en los últimos años).

Esta “burbuja” de instalaciones se debe al “boom” del negocio de la muerte, que factura ya 1.430 millones de euros (2016) y donde operan ya 1.404 empresas funerarias, según la patronal del sector, aunque 1.205 son pequeñas empresas locales que facturan menos de 1 millón de euros. La tendencia de los últimos años ha sido una mayor concentración del sector funerario, con grandes empresas y fondos de inversión lanzados a comprar funerarias locales para ganar cuota de mercado. Así, hay 5 empresas funerarias que hoy controlan más de un tercio del negocio (el 34%), según la patronal: Memora (153 millones de facturación: fundada por la constructora Acciona, fue comprada por varios fondos de inversión extranjeros y acaba de ser vendida al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario, en Canadá), Funespaña (filial de Mapfre, factura 104,3 millones), Albia (80 millones de facturación (ligada a la aseguradora Santa Lucía), Servisa ( factura 67 millones y está ligada a la aseguradora Ocaso) y ASV (60,5 millones, propiedad de la familia alicantina Payá).

Esta concentración del mercado en pocas grandes funerarias se acrecienta con su cuasi monopolio en las zonas donde operan, alimentado por una normativa de hace 40 años, que dificulta o impide que una funeraria opere fuera de su zona. Así, se exige que una funeraria esté autorizada a operar en el lugar donde se recoge al fallecido y existe la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos legales que de hecho impiden que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Dos exigencias que suprimía la ley de Servicios Funerarios aprobada en junio de 2011 por el Gobierno Zapatero y que no llegó a aprobarse en el Congreso, al acabar antes la Legislatura. Y después, el Gobierno Rajoy no ha vuelto a pensar en ella, a pesar de que cada año promete a Bruselas reformar la normativa de servicios funerarios, para fomentar la competencia.

De hecho, son múltiples las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes y usuarios que denuncian abusos (ver esta web). Y la situación es tan preocupante que la Comisión de la Competencia (CNMC) ya denunció en 2014 la “connivencia entre empresas y Ayuntamientos” para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya antes, un informe del Tribunal de Cuentas denunciaba en 2006 grandes diferencias de precios entre ciudades y la falta de transparencia del sector, dominado por las grandes funerarias, que imponen condiciones y precios, para pagar sus desmesuradas inversiones en instalaciones vacías.

En los dos últimos años, los nuevos Ayuntamientos surgidos de las elecciones de 2015 se han planteado qué hacer con los servicios funerarios municipales, que suponen un 30% del total. Con la crisis económica, muchos Ayuntamientos optaron por privatizar la gestión de sus instalaciones, a veces con corruptelas, y ahora se plantean si municipalizarlos de nuevo, aunque no todos lo ven claro, porque les sale muy caro, dado que tendrían que indemnizar a las funerarias privadas que los gestionan. Con todo, hay dos novedades recientes. Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid municipalizó en septiembre de 2016 la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, que el PP privatizó en 1992, adjudicándosela por 100 pesetas a Funespaña (Mapfre), con la excusa de que tenía 84 millones de deuda. Tras un larguísimo proceso judicial, los Tribunales concluyeron que fue un fraude, condenando al entonces teniente de alcalde y al gerente, también vicepresidente de Funespaña, empresa que pide ahora una indemnización al consistorio de 53,8 millones. En Barcelona, el Ayuntamiento también privatizó el 85% de la funeraria municipal (en 1998 y 2011I), que controla ahora Mémora, la líder del sector. En vez de anular la concesión, el consistorio de Colau aprobó, en diciembre de 2016, crear una nueva empresa de servicios funerarios, con pocos medios e instalaciones, para “ofrecer a los barceloneses entierros entre 2.400 y 4.700 euros, frente a los 6.400 de media que están costando”.

En definitiva, que dos tercios del negocio funerario está controlado por unas pocas empresas privadas muy fuertes, que operan en régimen de cuasi-monopolio y poca transparencia, mientras el tercio restante son servicios municipales gestionados en su mayoría por empresas privadas y sin capacidad para que vuelvan a ser de gestión pública, salvo en algunas ciudades. Y en medio estamos los ciudadanos, obligados a pagar de más en los entierros para costear unas instalaciones excesivas y por una falta de competencia y de supervisión pública, sin que ni el Gobierno ni la oposición se planteen cambiar las normas y poner orden. Así que abusan de nosotros y  pagamos de más hasta al morirnos.