Bancos: más monopolio y más comisiones

A finales de diciembre, nos cargarán en cuenta las comisiones que bancos y cajas cobran trimestral o semestralmente a sus clientes. Una media de 140 euros al año. Pero esta vez, el cargo será mayor, porque en septiembre subieron comisiones casi todos los bancos. Y eso porque necesitan cobrarnos más para resarcirse de la caída de márgenes, por el menor crédito y los bajos tipos de interés. Gracias a estas comisiones, los grandes bancos han vuelto a tener beneficios este año, más incluso que antes de la pandemia. Y pueden imponernos mayores comisiones porque son más fuertes, tras las fusiones: con el cierre de sucursales, los grandes bancos y cajas son un monopolio (operan ellos solos) en un tercio de códigos postales de las localidades donde están abiertos (la mitad de los municipios), según el Banco de España. Sólo nos queda pagarles lo que digan o irnos, algo que ellos mismos promueven para los clientes que no les interesan. Un abuso al que nadie pone coto. A pagar tocan.

Enrique Ortega

En la última década, tras la anterior crisis de 2008, se ha trastocado la esencia del negocio bancario: coger dinero con una mano (lo más barato posible) y prestarlo con la otra (lo más caro posible). Por un lado, empresas y particulares han salido escaldados de endeudarse tanto y piden menos créditos, que ahora se miran con lupa para concederlos a cuentagotas, Y por otro, la bajada drástica de los tipos de interés hace que los márgenes de la banca se reduzcan, poniendo en peligro sus abultados beneficios (y el dividendo de sus accionistas). La solución que buscaron fue reducir costes de forma drástica, por dos vías: recorte brutal de plantillas (han perdido 113.000 empleados desde 2008, un 40% de su personal) y cierre de sucursales (han desaparecido 23.391 oficinas desde 2008, el 51,2%). Y en paralelo, han buscado ser más grandes, fusionándose con otros bancos o comprando entidades en crisis, para rebajar así sus costes y cobrar ayudas fiscales millonarias. Pero no ha sido suficiente. Y por eso, en los últimos años, nos fríen a comisiones a los clientes.

Actualmente, los ingresos por las comisiones que bancos y cajas nos cobran son claves para sus cuentas. Basta analizar los resultados de los 5 grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) hasta septiembre de 2021: han ganado 15.582 millones de euros, superando los malos resultados de 2020 por la pandemia (-7.734 millones perdidos de enero a septiembre) e incluso ganan ya un +48,86% más que antes de la pandemia (10.467 millones de beneficios entre enero y septiembre de 2019). Y la partida que más les crece son los ingresos por comisiones: 15.444 millones que nos han cobrado de enero a septiembre de 2021, un +11,1% más que en los nueve primeros meses de 2020. Y por si creemos que se debe a la recuperación tras la pandemia, veamos la comparación con 2019: en los nueve primeros meses de 2019, los ingresos por comisiones de los 6 grandes bancos (entonces estaba Bankia, ahora en las tripas de CaixaBank) fue de 6.931 millones de euros, un -1% menos que en 2018. Así que este año han ingresado por comisiones cobradas a los clientes más del doble que en 2019 (+122,8%).

Pero como el crédito se recupera lentamente y los tipos apuntan a que seguirán bajos hasta 2023 (y ya no pueden cerrar más sucursales ni despedir a más empleados), los bancos ven que tienen que seguir ingresando más por comisiones para seguir aumentando beneficios. De ahí que en septiembre, las 10 mayores entidades financieras dieran otra vuelta de tuerca y anunciaran a sus clientes una nueva subida de comisiones. Una subida que afecta a casi todos los clientes y que es mayor en los no vinculados, los que no tienen la nómina o pensión domiciliada. Y en paralelo, a los que sí la tienen, les exigen ahora una mayor cuantía para subirles menos las comisiones: si antes se les exigía una nómina o pensión mínima de 600 euros, ahora ya son 800 euros. Y en algunos casos, como el Deutsche Bank, se exige ahora una nómina de 1.500 euros para subir menos las comisiones.

La mayoría de los bancos han subido en septiembre las tres vías que utilizan para cobrarnos comisiones: la comisión por mantenimiento de cuenta (el Santander ha subido esta comisión 94 euros anuales, Ibercaja 48 y Kutxabank 40 euros), la comisión por emisión de tarjeta (ha subido un 7,5%) y por mantenimiento de tarjeta (ha subido de 7 a 8,50 euros) y la comisión por descubierto (de 4 euros ha pasado a 18 euros), según el seguimiento hecho por la asociación ASUFIN.

Con esta subida, la comisión media por cuenta queda ahora en 140 euros anuales para los clientes vinculados (110 euros por mantenimiento de cuenta y 30 por la tarjeta de débito) y mucho más para el resto, sobre todo los que no tienen nómina o pensión ni recibos domiciliados. Pero esto es una media, según ASUFIN. Porque hay entidades que cobran mucho más, como Santander (el banco que cobra más comisiones: 276 euros de media, 1,5 veces más que hace un año) o Bankinter (180 euros de media). Y otros que cobran menos, como Abanca (78 euros de comisión media, la entidad más barata) o Unicaja (92 euros anuales, 60 por mantenimiento de cuenta y 32 por la tarjeta). Y además, se han disparado las comisiones que los bancos cobran por tener acciones o Fondos de inversión.

La subida constante de comisiones no tiene sólo un fin recaudatorio, de asegurar ingresos que la banca no consigue con su negocio tradicional. Es una forma también de “seleccionar clientes”, según denuncia ASUFIN: me interesan los que tienen más ingresos y “tienen todo conmigo” (desde la nómina a la hipoteca o los Fondos de inversión), porque son clientes “rentables”. Y el resto, los que tienen nóminas bajas y encima no se vinculan conmigo, les breo a comisiones y les cobro por todo, hasta 2 euros por retirar dinero de ventanilla, buscando que se harten y se vayan, porque “no quiero ese tipo de clientes”. Esta estrategia es más propia de los grandes bancos, con millones de clientes y muchas oficinas, que son los más duros con la subida de comisiones. Y “abren más la mano” los pequeños, los necesitados de clientes.

Esta estrategia está creando una brecha bancaria entre unos clientes, los rentables, y el resto, que no interesan tanto y sufren las consecuencias, porque no pueden “vivir sin los bancos” en una sociedad tan bancarizada como la española. Sólo les queda quejarse y poner reclamaciones (las motivadas por comisiones crecieron un 91% en 2020), que no van a ningún lado, porque las comisiones son legales y están comunicadas al Banco de España. Y la otra vía es cambiar de banco e intentar negociar con otro, si se tienen “contrapartidas” (nómina, pensión, hipoteca, acciones, Fondos…), algo que le falta a muchos clientes.

Los bancos y cajas nos cobran ahora más comisiones no sólo porque “lo necesitan más” sino “porque pueden hacerlo”, porque ahora que son menos tienen más poder sobre el mercado y sus clientes. Es una de las consecuencias negativas de las fusiones: hay menos bancos para operar y los que quedan son más fuertes. De hecho, los 5 grandes bancos españoles controlan ya dos tercios del mercado bancario (el 66,4% de los activos). Una concentración bancaria que supera la de Francia, Italia o Alemania. Veamos los datos. El indicador de concentración bancaria es el índice Herfindalh-Hirschman. España tiene un índice de 1.081 puntos, según el BCE, que indica una “concentración moderada”, todavía alejada de la “concentración alta” (índice superior a 1.800, que tienen Finlandia, Holanda, Lituania, Chipre o Grecia) y de la situación de "monopolio" (índice superior a 2.500, que sólo tiene Estonia), aunque es uno de los paises donde el índice se ha duplicado (era 497 en 2008). Pero tenemos una concentración bancaria (índice 1.081 puntos) que casi duplica la de Francia (688) o Italia (675) y triplica la de Alemania (325 puntos).

Pero la mayor fuerza de la banca no es sólo que haya menos entidades. Es que además, como han cerrado más de la mitad de sucursales, las oficinas bancarias que quedan abiertas tienen mucho más poder en media España. Y digo en media España porque el 54% de los municipios españoles no tienen ninguna sucursal bancaria (4.443 de 8.151 municipios, ver el mapa de oficinas cerradas por autonomías), según los datos del Banco de España y el INE. Eso supone 1,6 millones de españoles sin una oficina bancaria cerca. El resto, el 46% de localidades con banco, tienen en muchas ocasiones los servicios de un solo banco, con lo que tienen muy fácil subir comisiones y seleccionar clientes. El Banco de España acaba de publicar el dato y es impresionante: en 1 de cada 3 códigos postales donde hay banco sólo opera una única entidad bancaria. Hay un monopolio bancario de hecho.

Las provincias con más códigos postales en situación de monopolio bancario son Toledo (70 códigos postales), A Coruña (60), Badajoz (59), Pontevedra (54), Cáceres y Girona (53), Lleida (50), Orense (48), Ciudad Real y Cuenca (47), Barcelona (46), Asturias (45), Zaragoza (44), Valencia (43) y Zamora (40), según el Banco de España. Así que los españoles que tienen menos bancos donde elegir son los que viven en Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha y Cataluña. Apenas aparece Castilla y León porque ahí el problema es otro: el 83,41% de sus municipios no tienen ninguna oficina bancaria.

Esta situación de monopolio beneficia sobre todo a CaixaBank, que opera en solitario (sin competencia) en 460 códigos postales (de los 1.619 existentes), seguida a mucha distancia de Abanca (monopolio en 187 códigos postales, sobre todo en Galicia), Unicaja (monopolio en 127 códigos postales, sobre todo en Andalucía), Ibercaja (monopolio en 127 códigos postales, sobre todo en Aragón) y varias Cajas (Kutxabank, Caja Mar, Caja Sur) y Cajas Rurales (Eurocaja Rural, Albacete, Ciudad Real, Jaén). Curiosamente, el Santander sólo está en monopolio en 23 códigos postales y el BBVA en 32.

Estos datos oficiales (Banco de España) reflejan el panorama bancario tan desolador que tenemos: más de media España sin una oficina bancaria y en la otra media, un tercio de lugares con sólo un banco o Caja que hace y deshace. Y todo ello con menos oficinas y menos empleados, con un peor servicio que ahora nos cobran mucho más caro. Unas comisiones bancarias que se han duplicado en los últimos dos años y que seguirán subiendo, cada trimestre o semestre, hasta que se recupere más el crédito y suban los tipos. Y como telón de fondo, unos bancos con más poder, que “seleccionan” a sus clientes.

Ante este panorama, poco se puede hacer, salvo intentar negociar con nuestra entidad o cambiar de banco (que hará lo mismo). Quizás apostar por la banca online (ING y Openbank), que suelen cobrar menos comisiones, o arriesgarnos con los “neobancos” (N26, Revolut, Bnext, Bitsa, Rebellion Pay, Bnc10, Monesa, Qonto, Nickel, Vivid Money…), que buscan entrar en España (sin comisiones) y que no sabemos lo que nos cobrarán en el futuro. Incluso las telecos nos ofrecen servicios bancarios: Movistar Pay, Orange Bank… Y tenemos un amplio abanico de plataformas de pago, desde PayPal a Amazon Pay o Google Pay.

El Parlamento Europeo nos abrió en 2016 otro camino, la “cuenta bancaria básica”, que Rajoy retrasó al máximo (fue aprobada a finales de 2017) y que la vicepresidenta Calviño no ha perfilado hasta marzo de 2019. Se trata de una cuenta bancaria que permite realizar los servicios básicos (domiciliar recibos, realizar transferencias y disponer de una cuenta de débito para sacar dinero en cajeros y pagar en comercios europeos), con el pago de una comisión de 3 euros mensuales (36 euros al año). Los bancos y cajas están obligados a hacernos esta cuenta básica, que tiene 2 limitaciones: no podemos abrirla si ya tenemos una cuenta en el banco (hay que abrirla en otro donde no seamos clientes) y tiene un límite de 120 operaciones al año (adeudos y transferencias).

La verdad es que esta cuenta no ha tenido mucho éxito, porque la mayoría de clientes no saben que existe y la banca no les informa. Y también porque exige cambiar de banco, con las complicaciones de cambiar nómina, pensión y domiciliaciones. Pero puede ser una alternativa para los clientes que usen poco su banco. Otra vía, que se abrió también en marzo de 2019, es la cuenta bancaria básica gratuita, para personas sin recursos (que ingresen menos de 13.557 euros los solteros, menos de 16.947 euros las familias de menos de 4 miembros y menos de 20.336 euros la familias de 4 y más miembros). Permitirá realizar los servicios bancarios básicos, como la otra cuenta básica, pero gratis.

Para la mayoría de españoles, sólo nos queda intentar descifrar las comisiones que nos cobran periódicamente los bancos y tratar de “negociar” que las suban menos, aunque tengamos que darles algo a cambio (como hacernos un seguro o comprar un Fondo). Estamos en manos de los bancos y cajas y cada vez más, porque hay menos oficinas cerca, con mucha más fuerza para imponernos sus condiciones: “son lentejas…”. Ni la Comisión Europea ni los Gobiernos ponen coto a esta prepotencia. Así que habrá que seguir pagando.

Renta 2013: más impuestos a las nóminas

Quedan unos días para confesarnos con Hacienda y comprobar en nuestro bolsillo la subida de impuestos que hizo Rajoy, que notaremos también en las declaraciones de la Renta de 2014 y 2015. A pesar de esta subida, España es el tercer país europeo que recauda menos impuestos. ¿Cómo es posible? Porque aquí, el 90% se saca de los trabajadores y apenas pagan impuestos las multinacionales, grandes empresas y los más ricos (ahí está el caso Messi). Por eso, porque recaudamos poco, tenemos déficit público y recortes. Bruselas ha exigido a España una reforma fiscal, que baje el IRPF y suba el IVA, pero lo que hay que hacer es repartir mejor las cargas: que las nóminas paguen menos, para reanimar el consumo, y que grandes empresas, multinacionales  y los ricos paguen más, reduciendo el fraude. Así se ingresarían 50.000 millones más, sin cargar los impuestos en los de siempre: los que viven de una nómina, los que ahora pagamos el IRPF cada año.
 

enrique ortega

La Renta, el IRPF, es el principal impuesto en España, con el que el Estado ingresa 42 de cada 100 euros en impuestos (74.215 millones en 2013). Pero a pesar del ruido de la campaña de la Renta, en primavera, la mayor parte (93%) del IRPF lo pagamos cada mes, en la retención que nos hacen en las nóminas. Y ahí es donde, desde febrero de 2012, notamos la fuerte subida  de impuestos que aprobó Rajoy, la mayor de la democracia (que notaremos también en las declaraciones del IRPF de 2014 y 2015). Por eso, este año, de las 19,5 millones de declaraciones, habrá menos a devolver (14,9 millones de contribuyentes) y más declaraciones a pagar (4,1 millones), que ingresarán 6.525 millones (+3,21% que en 2012).

La principal novedad de esta declaración es que suben los tipos del IRPF, entre 0,75 y 7 puntos, según los ingresos. Eso supone pagar entre 82 euros más (para ingresos de 20.000 euros) y 600 euros extras (para ingresos de 45.000 euros). También pagarán más los ingresos por ahorros e inversiones (pasan de pagar el 19% al 21%). Con todo, la mayor subida viene porque Hacienda no descuenta el efecto de la inflación, al no revisar los tramos de la renta ni actualizar el mínimo personal y familiar ni la reducción por rendimientos del trabajo. Algo que se hacía hasta 1998 y que supone pagar entre 120 y 250 euros más por cada contribuyente.

A la hora de las deducciones, se reducen para los que tienen una hipoteca anterior a 2006 (pierden el 20% que se deducían sobre los primeros 4.507 euros) y sube, del 10 al 20%, la deducción por obras en casa (hasta 20.000 euros por vivienda). Y en el juego, se paga ahora  un 20% por los premios de más de 2.500 euros, aunque se deducen las pérdidas.

El IRPF es un impuesto cedido a medias a las autonomías, que aplican un recargo en los tipos máximos y deducciones propias, que han bajado para esta declaración. Con ello, hay cinco autonomías donde se paga más, sobre todo los que más ganan: Cataluña y Andalucía (tipo máximo del 56%), Asturias (55,5), Cantabria y Extremadura (55%). Y en otras 7 menos: Madrid y La Rioja (51,9%), Galicia, Baleares, las dos Castillas y Aragón (52%). En cuanto a las deducciones, es un galimatías de 192 diferentes: exenciones por adoptar un hijo (en 12 autonomías), tener asistenta (Andalucía, Extremadura y Castilla y León), hombres que ayudan en casa (Valencia), emprendedores (casi todas), gastos escolares (Baleares o Extremadura), ayudas por compra de vivienda y  alquiler (casi todas, con ayudas muy diferentes), estudio del valenciano o pago de abogados (Andalucía). Al final, los distintos tipos y deducciones llevan a que una familia puede pagar hasta 3.448 euros más o menos según donde viva.

Con la subida de impuestos de Rajoy, la mayor de la OCDE en 2012, España es el país de Europa con los tipos máximos más altos (56%), junto a Suecia y Dinamarca. A pesar de ello, somos el tercer país con menos ingresos fiscales: se recauda un 31,4% del PIB, frente al 38,8% en la UE 27 (39,5 % en la zona euro), muy por debajo  de la recaudación de Francia (43,9% PIB), Italia (42,5%), Alemania (38,7%) o Portugal (33,2%). Eso significa que si España recaudara como el resto de Europa, el Estado ingresaría unos 80.000 millones más cada año. O sea, que no tendríamos déficit público (ni recortes).

Si pagamos tipos más altos en el IRPF y sin embargo España recauda menos impuestos, ¿a qué se debe? A que hay mucho fraude. Por un lado, hay un 20% de economía sumergida, actividades que no pagan impuestos, con lo que se dejan de ingresar entre 60.000 y 80.000 millones, según distintos cálculos. Y por otro, a que las multinacionales, las grandes empresas y los más ricos apenas pagan impuestos. Las grandes empresas pagan de media, en Sociedades, un 9,9%, gracias a las múltiples deducciones. Y los más ricos, no pagan IRPF (sólo 7.000 declarantes ganan más de 600.000 euros) sino que  utilizan sociedades patrimoniales para pagar menos (ahí está el caso Messi) o SICAV (hay 3.050, con 405.084 grandes patrimonios detrás), que pagan –legalmente- un 1% de sus beneficios (sin olvidar que han podido blanquear, con la última amnistía fiscal, 87.700 millones que tenían en el extranjero, pagando sólo el 10%). Mientras, las pymes pagan un 25% de impuestos y los trabajadores, entre el 24,75% y el 56% de sus ingresos.

De hecho, se estima que un 90% de todos los ingresos fiscales los pagan los asalariados y clases medias y el 10% restante las empresas y los más ricos. Aquí está el problema de por qué España recauda menos que el resto de Europa. La Comisión Europea acaba de exigir al Gobierno que haga una reforma fiscal antes de marzo de 2014, con dos cambios: bajar el IRPF y el impuesto de Sociedades (quitando deducciones, a la vivienda y a los Planes de pensiones) y subiendo el IVA (quitando el reducido a muchos productos), impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes) y creando impuestos medioambientales. El Gobierno no va a bajar el IRPF (al menos hasta 2015) y no quiere subir el IVA (salvo al pan, huevos, libros, medicamentos y productos sanitarios, estos por  Tribunal UE), pero subirá impuestos al tabaco, alcohol y medioambientales.

Ni Bruselas ni Rajoy afrontan el verdadero problema de los impuestos: que paguen más lo que hoy apenas pagan: multinacionales, grandes empresas y los más ricos. Con ello, como he analizado en este blog, se podrían ingresar 50.000 millones más y liquidar el déficit, bajando a la vez impuestos a las nóminas para reanimar el consumo y la economía. Pero para ello hace falta voluntad política y medios: más inspectores fiscales (tenemos uno por cada 1.928 contribuyentes, frente a 1 por 172 en Alemania) y más presupuesto (España gasta la quinta parte que Alemania y la tercera parte que Francia en combatir el fraude fiscal).

Hay que pagar impuestos, pero todos y cada uno según sus ingresos. No podemos demorar más este debate, porque es clave para salir de la crisis: hay que acabar con los recortes, que hunden la economía y el empleo. Y para ello, hay que recaudar más, no subiendo los impuestos a los que pagan (los que viven de una nómina pagan el 79 % del IRPF) sino haciendo que paguen más los que apenas pagan y defraudan “legalmente”: multinacionales, grandes empresas y los más ricos. Con ello, no habría déficit, ni recortes y se podrían bajar los tipos del IRPF (los más altos de Europa) a la mayoría, reanimando el consumo, el crecimiento y el empleo. Es fácil de entender y se puede hacer. El problema es que los que no pagan, una minoría muy poderosa, se resiste. Pero hay que cambiarlo. Si no, no podrán exigir a la mayoría que paguemos más.

Renta 2012: pagamos más los de siempre

Toca confesarse con Hacienda. Y este año, como los últimos, nos han subido la penitencia: todos pagaremos algo más, sobre todo por no deducir tarifas y bases con la inflación. Y habrá menos devoluciones. Hay que estar atentos a las deducciones y tipos de las autonomías, porque cinco han subido los tipos del IRPF. Lo que no cambia es quien paga la Renta: el 79% de la recaudación viene de las nóminas .Y el pago recae sobre todo en las rentas medias, mientras los más ricos defraudan legalmente por otras vías. España es el país europeo donde más sube la presión fiscal, aunque es también el que menos recauda por impuestos. Y eso, porque carga en Renta, pero recauda menos en Sociedades, tabaco, carburantes e IVA, un impuesto que Bruselas exige subir.

enrique ortega

La campaña de Renta hace mucho ruido pero recauda poco: la mayor parte de este impuesto, con el que el Estado consigue casi la mitad de sus ingresos (el 43,15%, 69.803 millones en 2011) lo hemos pagado en 2011, con las retenciones mes a mes (93%). Ahora, con la declaración, se ajustan estos pagos con las deducciones de cada uno. Y a tres de cada cuatro les sale que Hacienda tiene que devolverle. Este año, de 19,1 millones de declaraciones, 14,6 millones son con devolución (600.000 menos que el año pasado) ,10.995 millones que en su mayoría volverán a los contribuyentes antes de julio. A los 4,5 millones de contribuyentes restantes les toca pagar ahora 6.308 millones.

En esta declaración se ha subido los tipos (Gobierno ZP) a los que más ganan (+120.000 euros) y a los ahorradores (del 19 al 21% para más de 6.000 euros de dividendos). Pero todos vamos a pagar más, al no descontarse la subida de la inflación de los tramos de la renta y no actualizarse el mínimo personal y familiar ni la reducción por rendimientos del trabajo. Algo que se hacía hasta 2008 y que nos supondrá pagar unos 2.500 millones más, según Gestha, entre 120 y 250 euros por contribuyente. Además, desaparece el cheque bebé. En cambio, los que hicieron obras en casa en 2010 tendrán más desgravaciones.

Otro año más, hay que estar atento a la autonomía donde se vive, ya que ha habido cambios en las desgravaciones y en los tipos regionales. Cinco autonomías han subido tipos a las rentas más altas, creando además nuevos tramos: Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura (entre +1% y + 3%) y, sobre todo Cataluña (entre +2% y +4%). Y otras dos han bajado tipos (entre -0,1% y -0,4%): Madrid y la Rioja. En deducciones, el mapa varía mucho entre Castilla y León (deducciones por guardería, hijos y vivienda), Madrid  y Baleares (deducen por hijos y gastos escolares) y Extremadura, Asturias o Aragón (escasas deducciones). Al final, eso supone que una familia pague hasta 3.448 euros más o menos depende donde vida, según REAF.

La otra novedad es que vuelve el impuesto de patrimonio, aunque limitado a 160.000 contribuyentes, que tengan más de un millón de patrimonio neto (o 2 millones si viven en Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana, que bonifican el 100%). Un impuesto poco útil (sólo recaudará 1.080 millones), que debería cambiarse por un impuesto sobre grandes fortunas.

Un año más, la Renta la pagan los que viven de una nómina: el 87% de los contribuyentes son asalariados y un 78,8% de la recaudación viene de sus sueldos, perfectamente controlados. Casi la mitad (42,8%) son mileuristas (8,3 millones de contribuyentes), con ingresos inferiores a 13.500 euros y pagan el 14,2% del IRPF. Las rentas medias bajas (de 13.500 a 28.500 euros), un 36,3% de contribuyentes (7 millones) aportan un tercio de la recaudación (33,7%). Y  las rentas medias altas (28.500 a 51.000 €), otro 15,1% de contribuyentes (3 millones) aportan un 25,9% más. Las rentas altas (51.000 a 96.000 €), con un 4,5% de contribuyentes (872.500) aportan el 13,9%. Y los más ricos (+ 96.000 €), un 1,3% de contribuyentes (252.000) aportan el 12,3% restante. En resumen: los que ganan entre 13.500 y 51.000 euros (10 millones de contribuyentes, más de la mitad) pagan el 60% del IRPF.

Sólo hay 8.077 contribuyentes que confiesan ganar más de 600.000 euros y pagan 1,4 millones de media. La Renta no está hecha para ellos, que evaden impuestos legalmente a través de empresas interpuestas (sin actividad), sociedades o SICAV. Las empresas, a través del abanico de deducciones que permite el impuesto de sociedades, pagan sólo el 9,9% de sus beneficios, cuando el tipo nominal es el 30%. Y los ahorradores ahora pagan del 19 al 21%. Enfrente, los asalariados pagan en esta declaración tipos mínimos del 24% que llegan al 48% en Cataluña. Sigue el trato desigual y el fraude.

Si rebajáramos el fraude a nivel europeo, se podrían recaudar 38.500 millones al año, actuando sobre grandes patrimonios y grandes empresas, que es donde está el 72% del fraude, según Gestha. Hacienda es más modesta y quiere recaudar 8.171 millones con su Plan antifraude 2012, centrado en alquileres no declarados, profesionales, cuentas ocultas en el extranjero, cobro de insolventes que no lo son y contrabando de tabaco. Y otros 2.500 millones con la polémica amnistía fiscal de los que afloren dinero negro este año.

Una reflexión final. España es el país europeo donde más sube la presión fiscal, según Eurostat. Pero somos uno de los países europeos con menos ingresos fiscales: se recauda el 31,9% del PIB, frente el 38,4% en la UE-27, el 47,6% en Alemania o el 42,5% de Francia. O sea, que nos brean a impuestos (y más en la declaración del año que viene), pero pagamos menos que el resto de europeos. Pagamos casi igual en Renta, pero mucho menos en carburantes, tabaco o IVA  y las empresas en Sociedades, los dos impuestos cuya recaudación se ha desplomado con la crisis.

La reflexión nos lleva a que reducir el déficit no pasa sólo por recortes, sino por ingresar más, a la europea, pero no estrujando a las nóminas con subidas como la aprobada por Rajoy, sino subiendo el tipo efectivo de Sociedades y subiendo el IVA (el más bajo de Europa), como exige Bruselas. Y poniendo otros impuestos, sobre transacciones financieras y grandes fortunas. Y luchando más contra el fraude. En total, se podrían ingresar 63.300 millones más, según Gestha, evitando muchos  recortes. Otro camino, más difícil porque pisa muchos callos.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

A confesarse con Hacienda

Queda un mes para confesarse con Hacienda, pero este año los contribuyentes parecen tener más prisa por declarar sus ingresos de 2010. Y eso porque ahora, gracias a Internet, en vez de la penitencia reciben antes la devolución. De hecho, los primeros quince días de abril, ya había casi 600.000 contribuyentes que habían cobrado su devolución. Hay prisa por cobrar, por la crisis. Y es que a ocho de cada diez contribuyentes, la declaración del IRPF les sale a devolver, porque les retuvieron de más el año pasado o por las deducciones, sobre todo por vivienda y planes de pensiones. Con todo, este año han subido los tipos, como pasará en la próxima declaración. Y Hacienda sigue controlando de cerca lo que confesamos, cada vez con más datos. Este año va a vigilar sobre todo a los profesionales.

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El impuesto sobre la renta, el IRPF, de dónde saca el Estado casi la mitad de sus ingresos (43,5%), no se paga ahora, sino que lo hemos pagado casi todo en 2010, con las retenciones mes a mes. Ahora, con la declaración, se trata de ajustar esos pagos con las deducciones. Y a  la mayoría, al hacer cuentas, le sale que Hacienda tiene que devolverle dinero. Así, de 19,4 millones de declaraciones que se esperan esta primavera, 15,2 millones tienen derecho a devolución (200.000 menos que el año pasado), que recibirán 11.167 millones de euros (7,33% menos que en 2010). Y 4,2 millones son positivas, aunque sólo 3,8 millones de contribuyentes (2 de cada 10) pagan ahora con la declaración, 6.184 millones de euros (+3,46%). En definitiva, que Hacienda devuelve ahora casi el doble de lo que ingresa, porque la recaudación del IRPF (67.601 millones) ya la hizo el año pasado, con las retenciones en nóminas y otros ingresos.

El IRPF es un impuesto que pagan fundamentalmente los asalariados: casi el 80 % de la recaudación viene de las nóminas, el camino por el que pagan un 90% de los contribuyentes. Y además de ser un impuesto que pagan los trabajadores, el IRPF lo pagan sobre todo las rentas medias y altas, ya que las rentas bajas están exentas o apenas pagan. Tras la reforma fiscal de 2007, en la primera legislatura de ZP, unos 6 millones de contribuyentes (el 30% del total) dejaron de pagar IRPF, según el IEF, al elevarse el mínimo personal y familiar exentos de declarar (ahora, los que ganan menos de 22.000 euros año brutos, o sea todos los mileuristas). Esta enorme bolsa de no declarantes se explica no tanto por progresividad fiscal como porque Hacienda se quitaba así un gran paquete de contribuyentes que ingresaban poco y daban mucho trabajo de gestión, centrándose en menos contribuyentes, las rentas medias y altas.

En consecuencia, si se analiza lo que el contribuyente paga a Hacienda, se ve que las rentas altas, con unos ingresos de más de 39.000 euros (10,3% de las declaraciones) aportan el 56% de la recaudación total del IRPF y que las rentas más bajas (58% de las declaraciones, con ingresos por debajo 18.000 euros) aportan el 10% de los ingresos, quedando el 34% restante para las rentas medias (18.000-39.000 €), según la Agencia Tributaria. Esto habla de un impuesto progresivo (paga más quien más tiene), aunque no controle muchos ingresos y fortunas, que evaden vía empresas interpuestas, sociedades o SICAV. Baste decir que sólo 8.059 contribuyentes reconocen ganar más de 600.000 euros al año, frente a una inmensa mayoría (95,45%) que confiesa ganar menos de 60.000 euros.

Este año, al declarar la renta de 2010, a todos nos han subido los impuestos, un 5,5%, por dos medidas: la supresión de los 400 euros y el aumento de las retenciones al ahorro, del 18 al 19% (o al 21 % si se perciben más de 6.000 euros). Además, no se han actualizado con la inflación los mínimos personales y familiares. Con todo ello, la presión fiscal (ingresos tributarios más cotizaciones/PIB) subió del 30,4 % en 2009 al 31,5% en 2010. Y volverá a subir en 2011, hasta el 32,5%, por la subida de tipos en las rentas más altas, la no actualización de los mínimos con la inflación y, sobre todo, al desaparecer (para la mayoría) la deducción por inversión en vivienda, de la que se benefician 6,6 millones de contribuyentes. Además, en la próxima declaración (a presentar en 2012), subirán los tipos del IRPF algunas autonomías (Cataluña, Andalucía, Extremadura o Cantabria), con lo que pagaremos más que este año.

Ya nos toque pagar o nos devuelvan, hay que procurar confesarse bien con Hacienda, porque cada vez sabe más de nosotros. Y lo que no sabe, se lo dicen. Así, desaparecido el impuesto del patrimonio (2008), bancos y Cajas están obligados a darles nuestros datos claves: saldos de cuentas, depósitos y créditos, rendimientos, compras y ventas de Fondos y valores. Con ello, y con datos de autonomías, Ayuntamientos, Seguridad Social y múltiples organismos internacionales, Hacienda tiene una gran base de datos para controlarnos y detectar el fraude, casi imposible para los que viven de un sueldo.  Y como tiene necesidad de ingresar, va a por todas. En 2010 ya recaudó 10.000 millones en la lucha contra el fraude, un 23,7% más. Y este año ha dicho que va a vigilar con lupa a los profesionales y los signos externos de riqueza, desde el uso de tarjetas de crédito a viajes caros, barcos, coches o pisos de lujo. Vale, que vigile, pero de verdad. La mayoría no tenemos nada que esconder.