La histórica inflación actual ha agravado la pobreza de las familias más desfavorecidas, muy dañadas por dos años largos de pandemia. Así, España tiene ya más de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, 846.000 más que en 2019. Y las ONGs alertan de que crecen las peticiones de ayuda y comida. Sin embargo, los servicios sociales de las autonomías y ayuntamientos, que atienden a 8,5 millones de personas al año, están colapsados, por falta de personal y recursos. Un dato: 2 de cada 3 españoles viven en 8 autonomías con servicios sociales “débiles” o “irrelevantes”, según alertan los Directores de Servicios Sociales. Y denuncian la insuficiencia de las ayudas de urgencia, las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital. Más pobreza pero menos ayudas sociales, con unas autonomías y Ayuntamientos que gastan porcentualmente menos en servicios sociales y un Estado que gasta menos (y peor) que otros paises. No es caridad: aumentar el gasto social es imprescindible social, económica y políticamente.
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| Enrique Ortega a partir de Alex Katz |
Los últimos datos oficiales, del INE, atestiguan lo que todos nos temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España, tras algunos años de mejora entre 2016 y 2019. Así, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 575.918 pobres más que antes de la pandemia.
Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.
La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aporta 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019). El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).
Ahora, la histórica inflación desatada por la guerra de Ucrania (y aprovechada por la mayoría de empresas y servicios para subir precios indiscriminadamente) va a aumentar aún más la pobreza y la desigualdad, porque la subida de la energía, la electricidad y la alimentación afecta más a las familias más vulnerables, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE: así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Así que la inflación se come más los ingresos (casi congelados) de las familias más pobres y empeora su situación, por lo que si la situación y la guerra persisten, la pobreza empeorará. De hecho, Cáritas y otras ONGs ya alertan de que tienen más peticiones de ayudas y comida.
Frente a este panorama, España cuenta con unos servicios sociales (municipales y autonómicos) muy debilitados por la pandemia, según demuestra un reciente informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En 2020 aumentó un 10% el gasto en servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías, pero se estancó la aportación del Estado, porque finalmente no se aprobaron los 1.000 millones del Plan de choque contra la pandemia, que acabaron yendo a otras cosas. El resultado es que como la demanda de servicios aumentó más que el gasto, los servicios sociales se deterioraron en 2020: menos plazas residenciales, menos horas de ayuda a domicilio, menos teleasistencia, menos acogimientos a menores, menos plazas para discapacitados y un estancamiento de las plazas en centros de día y en alojamientos para personas sin hogar. Y más personas a atender con los mismos profesionales, colapsando los servicios sociales, por los que pasan cada año 8,5 millones de españoles pidiendo ayuda (comida, ropa, vivienda, trabajo…).
Es importante resaltar que aunque el gasto social por habitante de Ayuntamientos y autonomías aumentó con la pandemia (de 406,2 euros en 2019 a 446,9 euros en 2020), su peso se redujo (de suponer el 9,95% de todos los gastos municipales y autonómicos en 2019 al 7,78% en 2020), porque este gasto social aumentó menos que el gasto sanitario, educativo o y otras ayudas públicas frente a la pandemia. Fue “la Cenicienta” del gasto público durante la pandemia y aún sigue así. Eso sí, con grandes diferencias por autonomías. Así, mientras el País Vasco gastaba 971,10 euros por habitante en gasto social y Navarra 608,3 o Extremadura 540,4 y La Rioja 512,7 euros, gastaban la tercera parte Murcia (317,4 euros por habitante) y Madrid (357,1 euros). Y además, Madrid es también la autonomía con menos peso del gasto social (6,52% de todo su Presupuesto), frente al 9,72% que dedica Asturias.
Diferente gasto social conlleva un diferente servicio, que notan sobre todo los ciudadanos más desfavorecidos, los que más necesitan ayuda. Dos ejemplos. Uno, los profesionales que atienden los servicios sociales: Navarra tiene 1 por cada 739 habitantes mientras en Madrid, hay 1 profesional social por cada 5.515 habitantes. Y el otro, las plazas disponibles en residencias de ancianos: en Castilla la Mancha hay 6 por cada 100 mayores de 65 años, mientras en Canarias hay poco más de 1 plaza por cada 100 mayores.
Ampliando el balance de los servicios sociales a la última década, el informe de los Directores de Servicios Sociales demuestra que el gasto ha aumentado un +26,2% (de 354 euros por habitante en 2011 a los 446 gastados en 2020), pero sin embargo, el gasto social tiene ahora menos peso en el Presupuesto total de Ayuntamientos y autonomías (de suponer el 8,14% ha pasado al 7,78%), lo que explica que algunos servicios y prestaciones se hayan reducido, al haberse disparado la demanda de gasto social, por la crisis de 2008 y la pandemia. Lo que sí ha habido es un cambio en la financiación: en 2011, el 85,32% del gasto no estatal lo soportaban las autonomías, que ahora sólo financian el 69,41%. Y como contrapartida, los Ayuntamientos han pasado de financiar el 14,68% de los servicios sociales (2011) a casi un tercio (30,59% en 2020). Y el Estado central ha recortado su aportación, aunque la ha aumentado algo en 2021 y 2022 (sobre todo para la Dependencia).
Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales llevan desde 2012 haciendo una radiografía de los servicios sociales en España, calificando a las autonomías en base a tres parámetros: derechos sociales reconocidos y decisión política (hasta 1,5 puntos), relevancia económica de las ayudas (hasta 3 puntos) y cobertura que dan los servicios sociales (hasta 5,5 de nota). Sobre estas 3 calificaciones, han elaborado el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales IDEC 2021, que es bastante desalentador: sólo saca notable en servicios sociales Navarra (7,39 puntos), situándose en un nivel “medio” Castilla y León (6,89 puntos) y País Vasco (5,93 puntos). Adjudican un nivel "medio bajo" (rondando los 5 puntos) a otras 6 autonomías: La Rioja, Baleares, Asturias, Extremadura, Aragón y Cataluña. Y las 8 restantes oscilan entre un nivel “débil” de servicios sociales (Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia) y un nivel “irrelevante” (Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid, el “farolillo rojo”).
En definitiva, que dos tercios de los españoles (62,2%) viven en 8 autonomías con un nivel “débil” o “irrelevante” de servicios sociales, con una pésima oferta a pesar de que está creciendo la pobreza y las carencias materiales, con la inflación disparada y la pandemia. Y los dirigentes de estas autonomías gastan menos que el resto y sitúan al gasto en servicios sociales a la cola del gasto público (que tampoco está subiendo lo que haría falta, ni en sanidad, ni en educación ni en vivienda y ayudas sociales).
Hay tres gastos sociales, pensados para paliar la pobreza y las carencias materiales, que no funcionan, según demuestra el informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El primero, las ayudas de urgente necesidad, pensadas para atender las necesidades más básicas: comida, ropa y pago del alquiler. En 2020, último año con datos, recibieron esta ayuda de emergencia que prestan los Ayuntamientos un total de 1.428.216 personas, menos de la mitad de las personas que sufren graves carencias materiales en España (3.928.107 en 2021, según los últimos datos del INE). La cuantía media de esta “ayuda de urgencia” fue de 235 euros por perceptor, aunque existen grandes diferencias según uno viva en Castilla la Mancha (1.210 euros de ayuda) o Galicia (1.152) o en Andalucía (cobran sólo 91 euros de media) o Canarias (177 euros). Los Directores de Servicios Sociales culpan de que no haya más beneficiarios no sólo a la falta de recursos sino a la burocracia de los Ayuntamientos, que limitan el acceso a esta ayuda “urgente” y la retrasan (hasta 2 meses), por lo que piden que dejen de tener la consideración de “subvenciones” (una gran limitación legal).
La 2ª ayuda social importante son las rentas mínimas que conceden las autonomías: a 369.289 titulares en 2020 (llegaron a 795.861 beneficiarios), muy pocos de los 10,2 millones de españoles que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media).Y además, sigue habiendo una gran diferencia en esta renta mínima, según donde uno viva: de 300 euros mensuales en Ceuta, 400 en Madrid y 419 en Andalucía se pasa a 630 euros en la Comunidad Valenciana, 636 en Navarra, 664 en Cataluña y 693 euros en el País Vasco, la mejor autonomía para “ser pobre”. El problema de estas rentas mínimas, ya “infra financiadas” tras la crisis de 2008 y al inicio de la pandemia, es que las autonomías han aprovechado que el Gobierno central aprobara, en mayo de 2020, el ingreso mínimo vital para “hacer caja” y ahorrar gasto en rentas mínimas: -137 millones en 2020, -170 millones en 2021 y -250 millones presupuestados para este año 2022…
El problema es que el ingreso mínimo vital (IMV), la 3ª ayuda social importante, no funciona bien, por una complicada normativa que ha provocado que sólo reciban esta ayuda 1 de cada 4 que lo solicitan: ha llegado a 428.043 perceptores en marzo de 2022, un total de 1.064.609 beneficiarios, la mitad de los previstos por el Gobierno (esperaba llegar a 800.000 perceptores y 2.300.000 beneficiarios). Eso significa que este ingreso mínimo vital sólo llega hoy al 10% de los pobres oficiales, de media, aunque alcanza a bastantes menos “pobres” en las autonomías con más familias vulnerables: a 126.000 perceptores en Andalucía (4,5% de los pobres computados allí), a 49.387 en la Comunidad Valenciana (el 3,8% de sus pobres) , a 42.345 perceptores en Madrid (4,1% de sus pobres) y a 36.842 perceptores en Cataluña (el 3,2% de los pobres computados allí).
Está claro que estas tres ayudas sociales básicas son insuficientes y claramente mejorables. Con el aumento de la pobreza por la pandemia y su recrudecimiento con la inflación, urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza, que reforme y amplíe las ayudas de urgente necesidad, las rentas mínimas autonómicas y el ingreso mínimo vital, con más recursos económicos y más medios personales, porque el personal de los servicios sociales es menor al que había en 2008 mientras hay 2,5 millones más de peticiones de ayuda. Urge que las autonomías y Ayuntamientos aumenten su gasto social (para lo que no pueden bajar impuestos indiscriminadamente), lo mismo que el Estado central, cuya financiación ahora de los servicios sociales (salvo la Dependencia) es marginal. Y en paralelo, hay que crear un Fondo de nivelación, para evitar la gran diferencia de ayudas entre autonomías.
En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.
