Justicia colapsada y poco independiente

Los Juzgados se están llenando este mes de junio de pleitos de clientes contra los bancos, por las clausulas suelo y los gastos de las hipotecas. Abogados, demandantes, jueces y personal judicial temen que este aluvión de demandas (de 200.000 a 500.000) colapse aún más los juzgados españoles, aquejados de un exceso de litigios y de falta de medios y jueces. Mientras, un reciente informe de la Comisión Europea revela que la Justicia española es más  lenta que la europea y suspende en independencia: el 60% de los ciudadanos y empresas españolas desconfían de su independencia, frente al 40% en Europa. Urge aprobar un Plan de choque para agilizar la Justicia, con más dinero, más medios, más jueces y más Juzgados. Y cambiar su organización y varias Leyes, para que sea más eficaz y más independiente de los políticos. Porque una Justicia ineficaz y poco independiente es mala no sólo para los ciudadanos y la democracia, también para la economía y el empleo.

                                                                                           enrique ortega

Desde el 1 de junio, están llegando a los Juzgados españoles miles de demandas de clientes de los bancos y Cajas, para reclamar la devolución de las clausulas suelo, cobradas indebidamente, según la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal de Justicia Europeo. En principio, el Gobierno aprobó un sistema para que las entidades pactaran un acuerdo con los clientes afectados, en torno a 1.400.000 personas en toda España, a los que tendrían que devolver más de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. A finales de mayo venció el plazo de 3 meses dado para conseguir estos acuerdos y eran muchos los clientes que no habían pactado una compensación. En unos casos, porque los bancos no aceptaban la demanda y en otros porque los clientes pensaban que iban a ganar más si reclamaban ante los tribunales, animados por mediáticos bufetes de abogados que pensaban “hacer su agosto” con las minutas a cobrar por estas demandas contra la banca.

El resultado es que se espera que entre junio y diciembre se presenten entre 200.000 y 500.000 demandas judiciales contra bancos y Cajas, no sólo por el cobro indebido de cláusulas suelo sino también por otros temas financieros que ahora se pueden recurrir, en base a recientes sentencias judiciales: cobro de gastos de formalización de hipotecas (son recuperables), vencimientos anticipados, intereses de demora o hipotecas multidivisas. Para hacer frente a esta avalancha de demandas, el Consejo general del Poder Judicial ha dispuesto que se especialicen 54 Juzgados (uno por provincia más dos en islas), que serán los que asuman de manera exclusiva estos litigios, al menos inicialmente, aunque se teme que serán insuficientes y acabarán en el resto de Juzgados.

El temor de abogados, clientes y expertos judiciales es que esta avalancha de litigios contra la banca colapse aún más los juzgados españoles, a pesar de que el CGPJ dice que ha reforzado esos 54 Juzgados especializados con jueces (67 recién salidos de la escuela judicial) y más personal. De hecho, las cuatro Asociaciones judiciales, los Colegios de abogados y procuradores, los letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y distintos sindicatos de funcionarios han suscrito un manifiesto contra el Plan de refuerzo del CGPJ, señalando que “este Plan está abocado al fracaso” y que se va a colapsar más la Justicia. Baste un ejemplo. En Madrid, donde podrían recibirse hasta 80.000 demandas, el Juzgado especial que atenderá estos litigios cuenta con 1 juez en prácticas, 2 secretarios judiciales y 10 funcionarios…

Este aluvión de demandas es especialmente preocupante porque cae sobre una Justicia ya colapsada, sobre Juzgados invadidos de expedientes y faltos de medios. Y eso porque en 2015 ingresaron en los 3.964 Juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 asuntos nuevos entrando cada día laborable, según la última Memoria del CGPJ. Una vorágine de expedientes, aunque han caído drásticamente en 2016, según los datos presentados en marzo en el Congreso: el año pasado entraron en los Juzgados 5.813.031 nuevos asuntos, casi un tercio menos que en 2015 (-31,4%). Ello se debe a un doble cambio legal, que ha aligerado los Juzgados. Por un lado, el 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que destipificaba como delitos algunas conductas y sustituía los juicios de faltas por delitos leves. Por otro, el 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal, por la que la policía ya no envía a los Juzgados los atestados de delitos en los que no haya un autor conocido, atestados que antes llegaban a los Juzgados para que el juez los archivara. Por las dos vías, menos papeleo y menos trabajo para los Juzgados españoles en 2016.

Pero aun así, 5.813.031 nuevos asuntos ingresados en 2016 son muchos expedientes para la justicia española, que tiene una tasa de litigios (124,9 por 1000 habitantes) que es de las más altas de Europa. Y además, las causas judiciales son cada vez más complejas y exigen más tiempo a los Juzgados, retrasando las sentencias. De hecho, el último informe de la Comisión Europea sobre la Justicia europea en 2016 revela que la Justicia española es lenta: es el 8º país europeo donde más tardan los procedimientos judiciales, 238 días de media, sólo por detrás de Chipre (1.085 días), Portugal (710), Grecia (510), Malta (447), Italia (393), Francia (304) y Eslovaquia (240 días). Y muy alejada de los 17 días de Dinamarca, los 53 de Austria, los 55 de Polonia o los 87 de Holanda (no dan datos de Alemania y Reino Unido).

El otro grave problema de la Justicia española, según este informe de la Comisión Europea, es su falta de independencia. El 60% de los ciudadanos españoles creen que la independencia de la Justicia es mala o muy mala y que está presionada por intereses políticos o económicos, siendo el tercer país europeo con peor percepción de independencia (sólo por detrás de Eslovaquia y Bulgaria), alejados del 40% de media europea negativa  y del 10 al 25% negativo de los paises nórdicos. Y lo mismo pasa con las empresas españolas: el 60% suspenden en independencia a nuestra justicia, el 5º porcentaje negativo más alto en Europa. 

Además de lenta y poco independiente, la Justicia española tiene serios problemas de funcionamiento. Lo reconoció en marzo pasado, en el Congreso, el presidente del poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes: “Siguen existiendo en buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”. El problema no es sólo que se acumulen los litigios, sino que el trabajo judicial está mal repartido: de los casi 4.000 Juzgados, hay 1.659 (el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de la que debería ser, según un informe de 2014 del CGPJ. Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93% superados), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. Y así pasa, que hay Juzgados señalando juicios para dentro de dos, tres y cuatro años.

Si la Justicia es “la Cenicienta de la Administración española”, se debe a varias razones. Por un lado, los recortes del Gobierno Rajoy, que agravaron su penuria de medios. Si en 2010, el Presupuesto de Justicia era de 1.804 millones de euros, cayó un 19% hasta los 1.461 millones de 2014 y aunque ha subido los tres años siguientes, aún no se ha recuperado (1.726 millones para 2017). Y también se han recortado los Presupuestos de las 12 autonomías que tienen la Justicia transferida (todas menos Castilla y león, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla). Con ello, el gasto en Justicia por habitante se redujo de 91 euros en 2012 a 88 en 2014, un gasto que nos sitúa en la media europea, como el 12º país por gasto en Justicia. Y ligeramente por debajo de los grandes, en porcentaje de gasto en Justicia sobre el PIB: un 0,35%, frente al 0,40% del PIB que gastan Alemania o Reino Unido.

Al final, los recortes y el menor gasto se traducen en  menos medios, menos personal judicial y menos jueces. En España hay 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que en Europa, donde hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Y somos el 7º país europeo con menos jueces, muy por debajo de Grecia (21 jueces por 100.000 habitantes), Portugal (19,2) o Alemania (24,7 jueces), aunque tenemos más jueves que Italia (10,6) y Francia (10,7). Y en fiscales, tenemos 5 por 100.000 habitantes, frente a 11 de media en Europa (eso sí, tenemos el doble de abogados: 241 por 100.000 habitantes frente a 149 en Europa). Lo mismo puede repetirse en funcionarios judiciales y Juzgados. Sólo en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad cree que hacen falta 92 nuevos Juzgados, además de que urge renovar los juzgados actuales, a los que falta de todo (hasta calefacción y fotocopiadoras).

Un problema muy serio de la Justicia española es el exceso de papel, las estanterías y sótanos llenos de legajos. Teóricamente, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet, que obliga  a abogados, procuradores, fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus documentos  a los Juzgados. Pero la aplicación está siendo muy lenta y faltan medios, lo que ha acabado duplicando el trabajo: lo que llega vía telemática se termina imprimiendo y lo que llega en papel se digitaliza. Y sigue el problema de fondo: cada autonomía tiene un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del Estado tiene uno propio) y así no hay forma de digitalizar la Justicia.

Pero no todo son problemas de falta de presupuesto y de medios. También hay un serio problema organizativo, de reparto y organización del trabajo, de días sin juicios y mejor gestión de expedientes y vistas, de lo que se quejan con frecuencia los abogados. Y también existe un problema normativo de fondo: en España hay un exceso de normas, que además se cambian con demasiada frecuencia, lo que genera inseguridad jurídica y un aumento de los litigios, según el colectivo Sansón Carrasco. Basten dos ejemplos. Uno, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido modificada 20 veces desde el año 2.000. Otro, el Código Civil, que ha cambiado 30 veces desde 1.995. Y luego está el Gobierno central, que gobierna a base de decretos-leyes, y los autonómicos, que multiplican su normativa. Al final, un puzzle legal  cambiante que complica aplicar la Justicia.

Agilizar y hacer más independiente la Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia, no sólo por la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos sino para que funcione menor la economía, ya que la inversión y la actividad mejoran con una Justicia más ágil y eficaz. Para conseguirlo, casi todo el mundo judicial pide un Pacto por la Justicia que nunca llega. En su defecto, se debería acordar un Plan de choque para reducir el colapso de la Justicia y hacerla más independiente de los políticos. Un Plan que debería actuar en cuatro frentes: dedicar más Presupuesto a la Justicia (el doble en 4 años), dotarla de más medios (más Juzgados, 2.000 jueces más en cuatro años, más funcionarios y expertos, así como una completa digitalización), hacer un cambio organizativo de fondo (concentración de juzgados y órganos colegiados de jueces) y pactar nuevas Leyes, para agilizar y reorganizar la Justicia y conseguir una mayor independencia de los jueces y fiscales. En paralelo, habría que potenciar la mediación y el arbitraje, como en la mayoría de Europa, para que sean expertos y no jueces los que diriman muchos conflictos civiles, mercantiles, empresariales o familiares.

En resumen, seguimos con una Justicia colapsada y poco independiente, a la que ahora van a recargar con cientos de miles de pleitos contra la banca. Y eso, cuando el 74,8% de los españoles están poco o nada satisfechos con la Justicia, según el Barómetro del CIS (julio 2016). No parece que avance ningún Pacto de Estado para mejorar la Justicia, aunque Bruselas nos haya alertado (otro año más) de su lentitud y falta de independencia. Mejorar la Justicia española es una exigencia democrática y también económica, porque una Justicia lenta frena la inversión y el empleo. No esperen más.

 

Colapso en la Justicia: faltan medios

El servidor central de los Juzgados de Sevilla se colapsó a primeros de octubre porque ya no admitía más documentos de los casos ERE y Formación. Es sólo un ejemplo del colapso en la Justicia, con el 85% de los Juzgados trabajando por encima de su capacidad y con 1.700 asuntos al año por cada juez, según un reciente informe del CGPJ. Así pasa: toneladas de carpetas sin informatizar, retrasos de años en las vistas y sentencias y macro causas por  corrupción y delitos económicos que avanzan a paso lento. Un caos judicial fruto de la falta de medios, personales y materiales, agravado por los recortes del Gobierno Rajoy y las autonomías en los presupuestos de Justicia, donde España gasta la mitad que Europa. Faltan jueces, juzgados, funcionarios, peritos y expertos, informática y una mejor organización de la Justicia, agrupando esfuerzos. Los ciudadanos, las empresas y toda la economía sufren una justicia lenta, ineficaz, cara e injusta, que exige medidas urgentes.

enrique ortega

El colapso de la Justicia es vox populi, pero ahora tenemos unos datos muy reveladores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir, según el último informe (2013) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo peor: 864 juzgados, casi la mitad del total (43,5%) soportan una carga de trabajo del 150%, es decir están sobresaturados. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75% y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). La mayor saturación se da en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, sobre todo en los Juzgados de lo Social, por la avalancha de demandas a raíz de la reforma laboral (febrero 2012): en Sevilla hay juicios por reclamación de salarios e indemnizaciones señalados para 2017 y en Madrid, Andalucía o Galicia se han duplicado las causas laborales, retrasando sentencias de uno a dos años.

El colapso de los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, entre los que han aumentado infartos y enfermedades. De hecho, el 92,66 % de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según una encuesta de Jueces por la Democracia. No es extraño si cada juez ha de ver 1.699,3 asuntos por año (2.227 en Penal) y dicta 309,2 sentencias anuales, en asuntos cada vez más complejos. Y de los 45.000 empleados de la Justicia, un 20% son interinos, los que más sufren los recortes y la rotación.

El colapso judicial se debe en primer lugar al gran número de litigios que entran cada año en los Juzgados, aunque se han reducido desde 2009, por la menor población, el mayor coste de litigar y las medidas para limitar las apelaciones adoptadas en octubre de 2011. A pesar de ello, en 2013 entraron en los Juzgados 8.636.016 asuntos (931.000 menos que en 2009), de los que estaban pendientes a finales de año 2.680.933 asuntos (545.000 menos que en 2009), según la Memoria del CGPJ. Un volumen ingente de casos para juzgar (el 75% de carácter penal, lo que indica una alta conflictividad social), cada vez más complejos, sobre todo los casos relacionados con la delincuencia económica y la corrupción. Hay que decir que España tiene el doble de litigios que Europa (183,2 pleitos por 1.000 habitantes, frente a menos de 100 en la UE), algo que algunos atribuyen al carácter español, otros a nuestra organización económica y social, y bastantes al exceso de abogados (285 por cada 100.000 habitantes frente a 127 abogados en la UE-28).

Sea por lo que sea, hay muchos pleitos y pocos medios para la Justicia, menos con los recortes implantados por el Gobierno Rajoy desde 2012.Así, el gasto en Justicia es en España el 0,35% del PIB, frente al 0,50% en UE-28. Y se ha recortado, tanto en las autonomías (12 tienen las competencias de Justicia y afrontan dos tercios del gasto) como en el Estado, donde el Ministerio de Justicia ha perdido 331,42 millones en los últimos cuatro años (de 1.804,32 en 2010 a 1.472,90 en 2014). Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de los grandes países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia e incluso 166€ Portugal). Y hay cinco autonomías que gastan en Justicia casi la mitad que el conjunto de España: Navarra (38,2 € por habitante), Asturias (42,1€),  Galicia (45,8 €), Cantabria (47,9) y la Comunidad Valenciana (48,7€).

Falta Presupuesto y falta personal, desde funcionarios, peritos, secretarios judiciales a fiscales y jueces. Nada más llegar Rajoy al poder, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados). Y después, no se han cubierto jubilaciones (sólo 10%) ni convocado plazas. Así hay 5.211 jueces (2013), 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19 en Europa (25 en Alemania, 19 en Portugal y 23 en Grecia), con lo que somos el cuarto país europeo con menos jueces. Y lo mismo en fiscales (5,3 por 100.000 habitantes). Por eso, la petición del sector es unánime: faltan jueces y fiscales, además del resto de personal judicial. Lo denunció incluso el Fiscal General del Estado en el Congreso, el 23 de abril: faltan medios legales, materiales y personales.

Y esta falta de medios se agrava en los casos de delincuencia económica (han crecido un 50% desde 2009) y corrupción (hay más de 1.600 casos abiertos, con unos 500 políticos implicados), sumarios muy complejos donde no sólo faltan fiscales y jueces sino sobre todo peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 juzgados, apenas puede hacer frente a 3.000 causas, de las que 77 son macroprocesos muy complejos (desde el caso Gürtel a la Operación Púnica, pasando por Bankia, Eurobank, Nueva Rumasa, SGAE, Fórum Filatélico, Afinsa, Pescanova o el hijo de Pujol). Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar con sus informes.

Hace diez días, ante la indignación ciudadana por la corrupción, el Gobierno Rajoy aprobó crear 112 nuevas plazas (ojo: JpD dice que no son nuevas) de magistrados, 167 de jueces territoriales y 2 jueces más para la Audiencia Nacional (donde el “superjuez” Ruz, cargado de causas, lleva desde 2010 “en comisión de servicios” en el Juzgado nº 5, una plaza que debe salir a concurso). Pero es insuficiente. Habría que crear 815 plazas de jueces, según Jueces para la Democracia. Y muchas más de fiscal y personal judicial. Y aumentar el Presupuesto de la Justicia, volcándose en informatizar los Juzgados, en el expediente electrónico, un fracaso desde 2003: hay hasta 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Pero no es sólo cuestión de dinero y personal. Conseguir una justicia más ágil pasa también por cambios en la organización y la aplicación de la justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, las demandas de muchos afectados, como las preferentes y las clausulas suelo, múltiples demandas individuales que están colapsando muchos Juzgados. Las asociaciones de consumidores y muchos expertos critican que muchos jueces “tienen aversión a admitir a trámite acciones colectivas”, en unos casos porque estos “macrocasos”  les exigiría contar con jueces de apoyo que no tienen y en otros porque los jueces cobran complementos de productividad por el número de causas resueltas… Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan con retraso o se suspenden (un 9% de los juicios se suspenden en Cataluña sin aviso) y con vistas solo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Al final, los ciudadanos, las empresas y toda la economía pagamos el coste de tener una justicia lenta (hasta 39, 3 meses de duración en los Juzgados de lo Mercantil, 9 meses y más en lo Social,  7 meses en 1ª instancia y un año en el Supremo), cara (hasta 12.220 euros si se lleva al Constitucional una reclamación) e ineficaz: en España hay 3 casos pendientes por cada 100 habitantes, el país europeo con peores resultados tras Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE. Una Justicia que los españoles creen que funciona mal o muy mal (el 48% de los encuestados, según el barómetro del CIS de 2011) y a la que suspenden, con un 3,1 de nota (Módulo de Bienestar INE 2014).

En definitiva, pocas cosas funcionan tan mal como la justicia y los últimos datos confirman que el colapso de los juzgados es muy grave. No se puede esperar más. Hay que gastar más, poner más jueces, más fiscales y más personal especializado, volcarse en la informática y poner orden en la aplicación diaria de la Justicia, despolitizándola y facilitando a los españoles que defiendan sus derechos, reduciendo las tasas de Gallardón. Y darla medios para enfrentarse a la corrupción y los delitos económicos, cada vez más escandalosos. Se tardará, pero hay que empezar ya, porque tenemos una justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Y así no podemos seguir.