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lunes, 14 de marzo de 2016

España aumenta las emisiones de CO2


En diciembre pasado, 195 países se comprometieron en París a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, para frenar el Cambio Climático. Pero España ha empezado con mal pie: en 2015 aumentó un 4,5% sus emisiones de CO2, que también subieron en 2014, mientras bajaban en casi toda Europa. La culpa es de que consumimos más carbón, gas y petróleo que nunca, ahora que son más baratos. Y se han reducido las energías renovables, por los recortes de Rajoy y la falta de lluvia y viento. Pero no es algo coyuntural: España es el país europeo donde más han aumentado las emisiones de CO2 en los últimos 25 años. Somos el país más “sucio” de Europa y eso obliga a una profunda reconversión de nuestra economía y de nuestras vidas, para gastar menos energía y más limpia. No sólo tenemos que crecer más: tenemos que crecer más limpiamente. Urge una Ley contra el Cambio Climático y ayudar a salvar el Planeta. Y más España, porque estamos peor.
 

enrique ortega


España va en dirección contraria a la mayoría de Europa: mientras casi todos los países están reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero (sobre todo CO2), España contamina más. En 2015, las emisiones aumentaron entre un 4 y un 5%, según un reciente informe del  Observatorio de la Sostenibilidad de España. Ya en 2014, las emisiones habían subido otro 1,1%, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, rompiendo así una racha de bajada de emisiones, entre 2008 y 2013, por la crisis y el crecimiento negativo.

Tanto en 2015 como en 2014, las emisiones de gases de efecto invernadero subieron en España porque aumentamos mucho el consumo de combustibles fósiles, los más contaminantes: carbón, petróleo y gas. El principal culpable del aumento de emisiones es el carbón, cuyo consumo creció un 23,4% en 2015, empujado por unos bajos precios internacionales que hicieron que las eléctricas lo utilizaran para producir más luz (22,7% de la electricidad en 2015, por delante de la electricidad procedente con la energía eólica y nuclear). También creció el consumo de gas natural  para las centrales eléctricas (+18,8%en 2015), una energía que contamina menos que el carbón pero que también emite CO2. Y se disparó el consumo de carburantes y petróleo, con un récord histórico en la importación de crudo (64,6 millones de Tm), favorecido por  el desplome de los precios internacionales. Mientras, el recorte de ayudas públicas y el mal tiempo (falta de lluvia y viento) provocaron que las energías renovables (eólica y solar) perdieran peso  en el mix energético.

La subida de emisiones en 2014 y 2015 rompe con la reducción de emisiones que se produjo en España entre 2008 y 2013, no por políticas del Gobierno sino por la crisis: la economía no creció (cayó) y tanto empresas como particulares consumieron menos energía y emitieron menos CO2, un -5,88% en esos 6 años. En realidad, las industrias emitieron lo mismo y las refinerías más, pero el balance se salvó porque las eléctricas emitieron menos CO2. En realidad, emitieron más, pero pudieron compensarlo comprando “derechos de C02”, una especie de impuesto que pagaron por contaminar y que “les quitaba” las emisiones. Sólo en 2008 pagaron 800 millones de euros. ¿Saben quién lo pagó?  Nosotros, los consumidores, como recargo en el recibo de la luz. Así que “trampa legal” y no recorte real de emisiones.

Lo verdaderamente preocupante es que, si tomamos los últimos 25 años, España es el país de Europa donde más han aumentado las emisiones, en toneladas de CO2, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Sólo entre 1990 y 2013, casi 32 millones de Tm de CO2 equivalente. Y si tomamos el aumento de emisiones en porcentaje, España es el cuarto país europeo que más ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2015: un +16,5%, sólo por detrás de Chipre (+59%), Malta (37%) y Suecia (+25%). Y es uno de los 6 únicos países europeos que ha aumentado sus emisiones de CO2 en los últimos  25 años (junto a los tres anteriores, Portugal e Irlanda): 22 de los 28 países UE han reducido sus emisiones de CO2 desde 1990, un -25% de media. Vamos en dirección contraria.

España ocupa el lugar 41 entre los 58 países del mundo que más luchan contra el Cambio Climático, según el ranking del Climate Change Performance Index. Y el puesto 26 entre los 28 países UE, sólo mejor que Estonia y Austria. Ello se debe a un exceso de consumo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) y a un menor peso de las energías renovables (15,8 % de la energía total en 2014, según la Comisión Europea, aún lejos del 20% que tiene Europa como objetivo para las renovables en 2020).

¿Quién es culpable de las emisiones en España? Casi la mitad de los gases de efecto invernadero, el 44%, los emiten las eléctricas (21%) y las industrias (23%), en especial las cementeras (9%), las refinerías (5%), la siderurgia (4%) y resto de industrias (5%). En total, la mayoría de emisiones las producen 1.049 instalaciones, pero hay 10 empresas que son culpables del 65% de las emisiones energéticas e industriales (28,6% de las emisiones totales) : Endesa (31 millones Tm emitidas 2014), Repsol (más Petronor, 16,4 millones TM), Gas natural (10,3), Hidrocantábrico (8,3), Arcelor Mittal (5,5), Cepsa (4,8). Eón (3,8), Iberdrola (2,8), Cemex (2,7) y Cementos Portland (2,2). En definitiva, el meollo de las emisiones está en 5 eléctricas, 1 acería, 2 petroleras y 2 cementeras. En el caso de las eléctricas, los bajos precios del carbón y el gas en los mercados internacionales provocan que produzcan electricidad con más emisiones, mientras el Gobierno Rajoy ha dado un tajo a las renovables (-2.500 millones, un recorte del 25% de las ayudas entre 2012 y 2014). Y en las industrias, les compensa comprar derechos de CO2, pagar por contaminar, antes que invertir en las instalaciones para producir más limpio.

La otra gran fuente de emisiones en España es el transporte, responsable del 25% de las emisiones de CO2. Y está aumentando porque hay más vehículos (se vendieron más de 1 millón de coches en 2015) y se mueven más, con un aumento del consumo de carburantes (+3,7% en 2015). Pero el problema de fondo es que en España la mayoría de las mercancías se transportan por carretera (el 85%, frente al 45% en Europa), que junto a los automóviles privados y los autobuses suponen dos tercios de las emisiones totales de CO2 y las que más están creciendo (más que las de la industria). El resto de emisiones proceden de la vivienda y los servicios (14% CO2 emitido), la ganadería y la agricultura (12%) y el tratamiento de los residuos urbanos (5% emisiones restantes).

Ya sabemos quien contamina y emite más CO2 en España. Ahora falta tomarse en serio el recorte drástico de estas emisiones, porque están creciendo y vamos a contracorriente de Europa y en contra del acuerdo firmado en la Cumbre del Clima de París, en diciembre pasado.  Allí, 195 países se comprometieron a recortar las emisiones, a partir de 2020, aunque sin compromisos obligatorios y con objetivos insuficientes: si cada país recorta lo prometido en París, al mundo le sobrarán todavía 15 millones de toneladas de C02 en 2030 para cumplir con el objetivo de que la temperatura suba menos de 2 grados a finales de siglo, según los informes de la ONU. Eso significa que el mundo tendrá que hacer recortes extras a partir de 2020. Pero es un punto de partida para luchar contra el Cambio Climático, una guerra donde Europa está a la vanguardia: pretende recortar un 40% las emisiones para 2030 (sobre 1.990) y ya lleva un 25% de recorte.

De momento, ese objetivo UE de recorte de emisiones no se ha repartido entre los países europeos, lo que se hará este año. Pero a España podría tocarle un recorte del 25 al 30% de las emisiones para 2030 (sobre las de 1.990), un objetivo doblemente difícil porque nosotros no hemos recortado nada sino que hemos aumentado las emisiones un 16,5%. Así  que el esfuerzo tendrá que ser mucho mayor al del resto de Europa: un recorte del 31%  al 46% en los próximos quince años. Un reto que obliga a una auténtica “revolución energética” en España. Por un lado, habrá que esforzarse en ahorrar energía, en consumir menos y de forma más eficiente, porque la mejor manera de emitir menos CO2 es gastar menos energía, desde las empresas a los particulares y el transporte. Y por otro y fundamental, habrá que huir” del petróleo, el carbón y el gas y promover las energías renovables.

El Observatorio de la Sostenibilidad aporta una serie de recetas para que España emita menos gases de efecto invernadero. La primera, reducir y suprimir las subvenciones a las energías sucias: acabar con las ayudas al carbón nacional (que el Gobierno Rajoy negocia con Bruselas hasta 2018), al gas natural (por mantener centrales de gas que sobran) y al petróleo, subiendo impuestos a los carburantes (menores que en Europa). Y en paralelo, apoyar con ayudas, precios e impuestos a las energías renovables, sobre todo para producir electricidad.  Otra medida pasa porque las empresas que contaminen paguen más (los derechos de CO2 se pagan a 7 dólares/Tm emitida, cuando debían estar a 20 dólares), exigiéndoles inversiones para reducir emisiones o el cierre (se podrían cerrar todas las centrales de carbón sin que faltara electricidad, porque hay un excedente de centrales equivalente a las térmicas).


También hay que potenciar el transporte alternativo a los camiones, por tren y barco, encareciendo los carburantes y los impuestos a los vehículos más contaminantes. Además, hay que fomentar  el ahorro energético y un consumo menos contaminante en las viviendas, construyéndolas también de otra manera. La Administración pública (Estado, autonomías, Ayuntamientos) debería dar ejemplo, con bajas emisiones en sus edificios y vehículos, promoviendo contratos con “empresas limpias”. Y los ciudadanos tenemos que emitir menos CO2, con el coche, la calefacción, el uso de la electricidad, las compras o la comida (consumir mucha carne aumenta las emisiones).

No es un reto fácil y España tiene que recortar más emisiones que el resto de Europa. Pero hay que empezar cuando antes. Porque el Cambio Climático avanza imparable, especialmente en la zona mediterránea y en España,  como demuestra el Observatorio de Sostenibilidad: 2015 ha sido el año con la temperatura media más alta de la historia, llueve menos, sube el nivel del mar, hay cambios en las especies y la climatología  (sequías, incendios, inundaciones) crea serios problemas en todo el mundo, con daños económicos, personales y a las cosechas, aumentando el hambre y los precios de los alimentos.

Urge que el próximo Gobierno apruebe una Ley contra el cambio Climático, que han prometido desde Rajoy al acuerdo PSOE-Ciudadanos o Podemos. Y todos los partidos, salvo el PP y UPN, han firmado un acuerdo para aprobar lo antes posible en el Congreso un Decreto que fomente el autoconsumo eléctrico, para que los ciudadanos puedan instalar paneles solares o molinos eólicos sin tener que pagar un impuesto, como aprobó en 2015 el Gobierno Rajoy (el llamado impuesto al sol). Es un primer paso para configurar “un pacto político contra el CO2”, algo que debería unir a todos. Porque hay que salir de la crisis sin hundir más el medio ambiente, sin destrozar más el clima. Con una economía más limpia. Nos jugamos el futuro y la subsistencia del Planeta. Es algo muy serio. Y más para España, porque estamos peor. 

lunes, 26 de enero de 2015

Respiramos un aire que mata


Las primeras semanas de 2015, la contaminación se agravó en Madrid y Barcelona, saltando todos los límites por el buen tiempo y la falta de lluvias. Pero no se trata de un problema coyuntural: la mayoría de los españoles (como los demás europeos) respiramos un aire muy contaminado, que provoca enfermedades y mata. De hecho, la contaminación provoca 450.000 muertes al año en Europa, de ellas 26.800 en España. Son 20 veces los muertos que causan los accidentes de tráfico. Ahora que se acercan las elecciones, los partidos volverán a hablar de la contaminación, pero nadie afronta con seriedad el problema. Y España está pendiente de varias multas europeas por incumplir los límites comunitarios. Urge tomar medidas para penalizar el diésel, cambiar de coche, fomentar el transporte público y obligar a eléctricas, refinerías y grandes industrias a contaminar menos. Porque en cuanto crezcamos más y no llueva, el aire será más peligroso. No podemos seguir respirando veneno.
 
enrique ortega

En noviembre, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) volvió a dar la voz de alarma: hasta el 98% de la población europea vive en lugares que rebasan los límites de contaminación del aire que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y si se toman los límites de contaminación de la Unión Europea, menos estrictos, un tercio de los europeos respira un aire contaminado por encima de los límites UE. Una contaminación que provoca enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, cáncer) y muertes: sólo en Europa se producen 450.000 muertes al año por la contaminación, según la AEMA. Y de ellas, 26.800 son en España, 20 veces más mortalidad que los accidentes de tráfico (1.131 muertos en 2014). Además, la contaminación deteriora el medio ambiente y las cosechas, provocando daños a dos tercios de la superficie cultivada en España, según la AEMA.

En España, un 95% de la población (44,8 millones de españoles) respira aire contaminado, que supera los límites marcados por la OMS, según el último informe de Ecologistas en Acción. Y si se toman los límites de la UE (más laxos), un tercio de los españoles (36%, 16,8 millones) respiran un aire que infringe las normas europeas. Hay 5 tipos de contaminantes en el aire que respiramos. El más extendido es el ozono troposférico (O3, el ozono “malo”), producido sobre todo en verano por la fotooxidación de NO2 y compuestos orgánicos volátiles (COVs), procedentes de vehículos, calefacciones e industrias. Media España incumple los límites europeos de O3 (Madrid, sur de Castilla y León, mitad sur de España, la Rioja, valle del Ebro y Cataluña), afectando a unos 23 millones de habitantes. El contaminante que más crece es el dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico que procede en un 80% de los vehículos (diésel) y que afecta a Madrid, Barcelona y otras 11 grandes ciudades, con 12 millones de habitantes afectados. Es  el que ha subido mucho este mes de enero. Y el único contaminante donde España tiene más porcentaje de población afectada que Europa.

El tercer contaminante, las partículas PM 10 y PM 2,5, procedentes de los vehículos diésel (35-50%), las calefacciones, centrales térmicas e industrias, es el menos extendido pero el más grave, porque las partículas más pequeñas (PM 2,5) penetran fácilmente en el aparato respiratorio y pueden llegar al torrente sanguíneo. La OMS fija un límite anual de 10 microgramos por metro cúbico y tanto Barcelona (14) como Madrid (10) lo han rebasado en ocasiones. El cuarto contaminante, el dióxido de azufre (SO2) lo producen sobre todo las industrias (refinerías y químicas), afectando a la bahía de Algeciras y Tenerife. Y el último contaminante en detectarse, el benzopireno (BaP), producido por el uso de estufas de madera y calefacciones de biomasa, está afectando a 9 de cada 10 habitantes urbanos en Europa, según el estudio de la AEMA. Y en España hay pocas estaciones de detección.

Está científicamente demostrado que estos cinco contaminantes en el aire afectan muy negativamente a la salud. El ozono troposférico agrava las enfermedades respiratorias y la contaminación de los motores diésel causa cáncer de pulmón y de vejiga, según certificó la OMS en julio de 2012. La contaminación también provoca enfermedades cardiovasculares y arritmias, asma infantil, problemas en los fetos (bajo peso al nacer),crisis cardiorrespiratorias a los ancianos y hasta diabetes y obesidad, según numerosos estudios médicos. Y lo último: en octubre de 2013, la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) clasificó la contaminación ambiental como “cancerígena, sin ninguna duda científica”. De ahí que se estimen 26.800 muertes al año por la contaminación en España, de ellas 2.000 en el gran Madrid y 3.500 en las 40 ciudades del área metropolitana de  Barcelona.

Un  coste muy alto en vidas humanas, al que hay que sumar el deterioro del medio ambiente y los cultivos. De ahí que la contaminación cueste a España entre 20.000 y 42.000 millones al año, según un cálculo de la AEMA, que estima entre 59.000 y 189.000 millones el coste para toda Europa, entre muertes prematuras, costes de hospitalización, enfermos, pérdidas de horas de trabajo y daños en cosechas y medio ambiente. Además, la contaminación puede acarrear más costes a España, porque estamos pendientes de tres multas de Bruselas (Tribunal Europeo de Justicia), una al Estado y dos a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por expedientes abiertos al incumplir desde 2010 la normativa europea sobre contaminación ambiental. Y Bruselas ha rechazado el Plan del Gobierno Rajoy que pretendía eximir de cumplir la normativa europea hasta 2020 a 34 instalaciones industriales, la mayoría centrales de carbón (la Robla, As Pontes, Anclares o Velilla). Ahora, tendrán que adaptarse o cerrar.

Luchar contra la contaminación del aire no es fácil y en Europa hay dos modelos. Uno, el de París, Milán o Bolonia, que opta por actuar cuando hay un episodio de contaminación: dejar circular sólo matrículas pares un día e impares otro, limitar la velocidad, fomentar las bicis… Y el otro, el de Berlín, Londres, Estocolmo o Copenhague, con medidas más estructurales: más impuestos al coche, peajes por entrar en las ciudades, prohibición acceso al centro vehículos “sucios”, rebaja precio transportes públicos… En España, Madrid optó en julio por subir el precio del aparcamiento a los coches más contaminantes y quiere aplicar medidas como las de París en febrero. Y la Generalitat aplicó en Barcelona este 9 de enero un protocolo que incluyó reducir la velocidad en vías rápidas (de 100 a 90), informar al ciudadano e “instar” a las eléctricas y cementeras a reducir emisiones. Pero no aplicó dos medidas del protocolo que serían más efectivas: subir un 25% peajes autopistas y aparcamientos municipales y reducir a la mitad el precio de los transportes públicos.

La normativa contra la contaminación está en manos de autonomías y Ayuntamientos, pero es clave que Europa fije unos límites estrictos, para forzar a cumplirlos. Y, por desgracia, la nueva Comisión Europea ha descartado aprobar una normativa más estricta contra la contaminación, como le pide la OMS, el conocido paquete Aire limpio para fijar techos de emisión más estrictos a partir de 2020. Baste decir que el límite legal europeo para la contaminación por partículas, que ha entrado en vigor en 2015, es el doble del que existe en EEUU y 2,5 veces el recomendado por la OMS. Y todo ello porque Bruselas se ha plegado a las presiones de las grandes industrias, eléctricas y multinacionales del automóvil, que no quieren límites más estrictos de contaminación, argumentando la crisis y el empleo. De hecho, la nueva normativa de emisión de coches deja a los fabricantes hasta 2021 para adaptarse. Y podrán compensar fabricar más contaminantes con fabricar híbridos y eléctricos.

España tiene un problema de contaminación más grave que el resto de Europa por tres razones. Primera, porque tenemos más coches: somos el cuarto país del mundo con más coches por habitante (480 por 1.000), tras Italia (602), Alemania (510) y Francia (495), por delante de EEUU (439) y Japón (450). Segunda, porque nuestros coches son más viejos y contaminan más: la edad media del parque son 11,3 años (8 años en la UE) y la mitad de los vehículos tienen más de 10 años. Tercera, somos “un país diésel: un 60% de vehículos circula con gasóleo, frente al 37% en Europa. Y dos de cada tres coches vendidos en 2014 fueron diésel. Un carburante que emite seis veces más de NO2 y partículas PM10 que la gasolina. Además, tenemos un gran parque de centrales térmicas de carbón (3 están entre las 100 empresas más contaminantes de Europa: Andorra, Almería y Compostilla, las tres de Endesa), químicas y refinerías (la de Repsol en Tarragona está en ese ranking).

El Gobierno Rajoy aprobó en abril de 2013 el Plan Aire 2013-2016, que pretende crear un marco común para todas las ciudades (cada Ayuntamiento va a su aire) y promover tres medidas concretas: limitar la velocidad, poner colores a los coches (según contaminen) para posibles limitaciones de acceso a las ciudades y subir el impuesto de circulación a los más contaminantes. Pero el Plan apenas se ha aplicado, salvo las ayudas a la renovación de vehículos comerciales (Plan PIMA aire) e industriales (Plan PIMA Transporte), junto al mantenimiento del Plan PIVE, que ha renovado 755.000 vehículos entre 2012 y 2014.

Habría que hacer mucho más para reducir la contaminación. A corto plazo, subir los impuestos al gasóleo como piden Bruselas y el FMI (equipararlo con la gasolina supondría subirlo 7 céntimos por litro), aumentar impuestos a los coches más contaminantes, limitar la velocidad en las ciudades, fomentar el transporte público con mejoras del servicio y bajadas de precios, subir los aparcamientos y fomentar el uso híbridos y eléctricos en las flotas de autobuses, empresas y vehículos comerciales. Y a medio plazo, pactar con las petroleras la fabricación de carburantes menos contaminantes (como ha hecho Obama en USA) y con los fabricantes la producción más barata de coches híbridos y eléctricos. Junto a un Plan de incentivos  y créditos para recortar las emisiones de calefacciones colectivas y grandes empresas (sobre todo eléctricas, químicas, refinerías, acerías y cementeras).

Todo eso cuesta tiempo y dinero, pero más caro es no hacer nada, en muertes y en costes múltiples. Y más cuando llegue la recuperación, ya que tenemos el aire muy contaminado cuando el consumo de carburantes y electricidad ha caído con la crisis. ¿Qué pasará cuando la economía despegue? Hay que afrontarlo antes, con realismo y sin demagogias electorales. Tenemos que cambiar todos, automovilistas, propietarios de viviendas, transportistas y empresas (sobre todo). No podemos seguir envenenando el aire. Es un suicidio colectivo.