España: las ayudas contienen la inflación

La inflación agobia a toda Europa, pero en España lleva 3 meses bajando y tenemos la 2ª menor inflación de la UE, el 7,3% (un tercio menos que en julio). Ello se debe a las ayudas aprobadas para compensar las subidas de la luz, carburantes y gas, pero sobre todo a “la excepción ibérica”: el tope al gas para producir electricidad, que cumple mañana 5 meses, nos ha ahorrado 3.000 millones en la factura de la luz. Ahora, el Gobierno estudia la prórroga de las ayudas para 2023, pero hay 3 problemas: son muy costosas (18.000 millones), alimentan las emisiones de CO2 (consumimos más carburantes y gas) y son injustas (ayudan más a los que más tienen), por lo que muchos defienden concentrarlas en los 6 millones de familias que más sufren la inflación. Mientras, Europa no aprueba un tope al gas ni extiende la excepción ibérica. Y cada país aumenta sus ayudas, más los ricos (+200.000 millones Alemania). Urge un Fondo UE contra la inflación.

Enrique Ortega

La inflación amenaza todas las economías, acercándonos a la recesión, especialmente en Europa, que apenas crecerá el año próximo (+0,3%), cayendo Alemania (-0,6%) y creciendo España sólo un +1%, según el último pronóstico de la Comisión Europea. La fuerte dependencia del gas ruso y de una energía disparada (gas y petróleo), más el repunte de la demanda y los embudos en las cadenas de producción, han provocado que la inflación lleve 16 meses consecutivos subiendo en la zona euro: pasó del 1,9% en junio 2021 al 2,2% en julio y el 5% en diciembre, para escalar al 7,4% en marzo (tras la invasión de Ucrania) y el 10,7% en octubre, la inflación más alta en los 20 años de historia del euro. En España, la inflación también se disparó, del 2,7% en junio de 2021 al 6,5% en diciembre, el 9,8% en marzo de 2022 y un máximo del 10,8% en julio, pero desde entonces lleva ya tres meses bajando, hasta el 7,3% en octubre, según el INE, algo que sólo ha pasado en otros tres países europeos (Estonia, Chipre y Eslovenia). Y tenemos la 2ª menor inflación de la zona euro, sólo algo mayor que Francia (+7,1%) y mucho menor a la de Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%), Italia (12,8%) o Alemania (+11,6%), según Eurostat. Y menor que Reino Unido (+9,9%) o EEUU (+7,7%).

Así que nuestra inflación es muy alta (7,3%, la más alta desde 1986), pero es menor que la de la mayoría de Europa. Eso se debe a varios factores, desde una menor dependencia del gas ruso a un mayor peso de las energías renovables (somos el 2º país que genera más electricidad con renovables, tras Alemania), a la contención de los salarios (las subidas pactadas en los convenios, hasta octubre, han sido del 2,6%) y, sobre todo, a las medidas tomadas estos meses por el Gobierno para frenar la subida de los precios de la energía: bajada del IVA y los impuestos a la electricidad, supresión de cargos en el recibo de la luz, bajada del IVA del gas, bonificación de 20 céntimos a los carburantes y ayudas a distintos sectores (transportes, pesca, industria), subvenciones al transporte público y, sobre todo, la aprobación de la “excepción ibérica”, el tope al gas para producir electricidad aprobado por Bruselas.

Mañana se cumplen 5 meses de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el 15 de junio de 2022, tras aprobarlo la Comisión Europea sólo para España y Portugal (durante un año), por su avance en las energías renovables y el escaso peso de las importaciones eléctricas (una “isla” eléctrica). La medida suponía poner un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (40 euros MWh al principio y hasta 70 euros al final, en junio de 2023), de tal manera que el resto de energías (hidráulica, carbón, térmicas de fuel y renovables) no se beneficiaban de cobrar más de ese tope (los “beneficios caídos del cielo”) y el coste de la electricidad en el mercado mayorista se abaratara drásticamente. Y aunque los consumidores tenían que compensar a las eléctricas de la diferencia en el precio del gas (precio mercado-tope), aun así la factura se abarataba.

Veamos el positivo balance de la “excepción ibérica estos 5 meses. Por un lado, el precio mayorista de la luz se ha mantenido bastante estable, al toparse el precio del gas natural  costase lo que costase en el mercado: de tener “picos” que sobresaltaban al consumidor (360 euros MWh el 22 de diciembre o 545 euros el 15 de marzo, tras la invasión de Ucrania) se ha pasado a un mercado más estabilizado (ver curva de precios), con precios en origen de 165,59 euros el 15 de junio a un máximo de 200 euros el 3 de octubre y 121,18 el viernes 11 de noviembre. Y eso se ha traducido en que la media mensual del precio mayorista de la luz ha pasado de 283,3 euros en marzo 2022 a 169,63 euros en junio y 126,68 euros en octubre de 2022, el precio en origen más bajo desde agosto de 2021.

Y aunque el consumidor ha tenido que pagar más por la luz (al sumar a este precio mayorista la compensación a las eléctricas por el tope al gas), el precio final de la factura también es menor que si no hubiera existido el tope al gas: se ha pasado de pagar 225 euros el 15 de junio (con compensación)  a 475 euros con el precio más alto del gas (30 de agosto), para bajar luego a un mínimo de 80,44 euros en octubre y 128,86 euros el viernes (con compensación al gas). Y si miramos la factura final, a los consumidores con tarifa regulada (11 millones en el sistema PVPC), el recibo ha bajado de 143 euros que pagaron de media en marzo de 2022 (tras la invasión) a 98,8 euros en mayo, para subir luego a 114 en julio, 131 euros en agosto (el 2º peor mes) y 85,63 euros en octubre 2022, la factura de la luz más baja desde agosto 2021 (78,31 euros), según la OCU.

El Gobierno estimó en octubre que “la excepción ibérica” había ahorrado a los españoles 3.000 millones en la factura de la luz, una media de 17 euros al mes por recibo. Y con ello, España está pagando la luz un 35% más barata que los franceses, un 40% más barata que los italianos y un 25% menos que los alemanes, razón por la que la mayoría de países quieren extender esta “excepción ibérica” a toda Europa. Sin embargo, el PP y Feijóo siguen hablando de “timo ibérico” y se agarran a un dato que es falso: que los consumidores españoles “estamos financiando con 1.000 millones a los consumidores franceses”. La realidad es que las “rentas de congestión” (para compensar la diferencia de precios entre dos zonas) entre el 15 de junio y el 17 de octubre han sido positivas para España, más de 700 millones, de los que 414 millones se han inyectado a las centrales, para reducir la compensación a pagar al gas. Y en octubre, la renta de congestión ha sido de 99 millones, el 50% para España, según la OMIE…

Otra medida que ha sido muy efectiva para bajar la inflación los últimos 3 meses ha sido la  subvención al transporte público, tanto la gratuidad en los servicios de cercanías, rodalies de Cataluña y media distancia (que beneficia a 2 millones de usuarios y que se va a extender a todo 2023) como la subvención al 30% en los bonos del transporte público de grandes ciudades. Y también han sido decisivos los 20 céntimos de subvención a los carburantes, que hacen que los conductores paguen ahora por la gasolina (1,51 euros, descontando la bonificación) y el gasóleo (1,76 euros de media la semana pasada) menos de lo que pagaban en marzo (1,81 euros el litro de gasolina y 1,83 el gasóleo). Y por supuesto, también han moderado las subidas de la energía la bajada de impuestos a la luz y el gas.

El problema es que aunque los precios hayan bajado un tercio estos tres últimos meses, hay muchas familias que apenas lo notan, porque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes: son 6 millones de familias, el 32% de los hogares, que no ingresan lo suficiente para pagar la vivienda, la energía, la educación y los alimentos, según el último informe Foessa publicado por Cáritas. Y encima, estos datos son de finales de 2021, con lo que hoy serán muchas más de 6 millones las familias vulnerables, las que están sufriendo especialmente la actual subida de precios. Son, según Cáritas, las familias con 2 hijos que ingresan menos de 2.208 euros al mes, las mujeres solas con niños con ingresos inferiores a 1.816 euros y los que viven solos con menos de 1.136 euros al mes. Es sobre estas familias más vulnerables (en alquiler, con hijos o con trabajos y sueldos precarios) sobre quien cae lo peor de esta crisis de la inflación, aunque nos afecte a todos.

Ahora, la inflación podría estar bajando o estabilizada en noviembre, dado que el gas, el petróleo, la luz y los carburantes no suben apenas, aunque sí los alimentos. Pero todo apunta a que, cuando llegue el frío, la energía, el gas y la luz volverán a subir, dificultando más los problemas de las familias vulnerables y del resto. Y por eso, el Gobierno Sánchez estudia estos días prorrogar las ayudas contra la inflación para 2023, al menos hasta abril. Una decisión que choca con tres problemas, que se están evaluando.

El primer problema es el elevado coste de las ayudas contra la inflación. El Gobierno estima que todas las ayudas aplicadas en 2022 han costado ya 38.500 millones de euros, el 3,19% del PIB. Y ampliar sólo las medidas para frenar los precios de la luz, el gas y los carburantes costaría 18.528 millones en 2023, según FEDEA. Además hay que sumar las ayudas directas a las familias más vulnerables: aumento ingreso mínimo vital, bono social, complemento de becas, ayuda 200 euros personas con bajos ingresos, rendimientos trabajo IRPF…), otra cifra que rondará otros 20.000 millones. La cuestión es que la mayoría de estos costes no están incluidos en los Presupuestos 2023, aunque el Gobierno le ha comentado a Bruselas que cuenta con un “colchón” de 20.000 millones de recaudación extra que espera ingresar en 2023. Pero la AIREF y muchos expertos alertan de que España, con su alto déficit y muchísima deuda, debe mirar mucho lo que gasta en ayudas, sobre todo porque llevamos “tirando del Presupuesto” desde 2020, primero por la pandemia y ahora por la inflación.

El segundo problema que plantea prorrogar algunas ayudas es que favorecen el consumo de energía y las emisiones de CO2, agravando el Cambio Climático. De hecho, entre abril y octubre, la bonificación a los carburantes ha aumentado su consumo, aunque todo el mundo se queje del alto precio: el consumo de gasolina ha crecido un +6,2% y el de gasóleo A un +1,77%, según CORES.Y el consumo español de gas ha crecido un +0,66% entre abril y agosto. Solo ha bajado el consumo de electricidad, un -3%, y más por el buen tiempo que porque ahorremos luz. Así que mantener la bonificación a los carburantes (costaría 4.269 millones), la bajada de impuestos y cargos a la luz (10.452 millones de coste) o la rebaja del IVA al gas (800 millones), tendría un alto coste económico y climático.

El tercer problema es más de fondo: muchas de las ayudas en vigor son injustas, socialmente regresivas, porque benefician más a los que más tienen. Sobre todo las que no son ayudas directas a las familias vulnerables, como las bonificaciones a los carburantes (benefician más a los que tienen más coches, más caros y que gastan más), la bajada de impuestos a la luz y al gas, o incluso la gratuidad y rebaja en los transportes públicos, según demuestra un estudio de la AIReF y ya habían alertado la OCDE y el FMI.

En definitiva, que hay que pensarlo bien antes de prorrogar las ayudas actuales, porque son muy costosas, contaminantes y benefician más a los que sufren menos la inflación. Por eso, la AIReF y muchos expertos, incluyendo la Comisión Europea, defienden concentrar las ayudas en las familias más vulnerables, en esos 6 millones de hogares que sufren más esta crisis, según Cáritas. FEDEA ha lanzado una propuesta concreta: si se centran las ayudas en los que ganan menos de 2.000 euros al mes, podrían recibir un cheque de 1.900 euros anuales con el mismo coste (y más eficacia) que hoy tienen las ayudas vigentes para todos. Eso tiene dos dificultades. Una técnica: perfilar estas familias y poner en marcha un sistema que sea ágil y flexible (algo difícil, como se ha visto con el ingreso mínimo vital). La otra "pega" es política: es difícil que un Gobierno, en un año electoral, prefiera concentrar las ayudas en un tercio de las familias en lugar de generalizarlas a todos los ciudadanos (y votantes).

Probablemente, la decisión del Gobierno será híbrida: más ayudas directas a los más vulnerables y mantener las ayudas generalizadas, con cambios en la subvención a los carburantes (más restrictiva). Con todo, el Presupuesto no es de chicle y habrá que ver qué pasa si la guerra se prolonga mucho y hay que mantener las ayudas todo 2023. De momento, ya vemos lo que ha pasado: que los países ricos de Europa están gastando mucho más que los pobres, según Bruegel: 264.200 millones en ayudas lleva Alemania (7,33% del PIB), 97.000 Reino Unido (3,66%), 71.600 Francia (2,86% PIB), 62.600 Italia (3,51%), 38.500 España (3,19% PIB), frente a 12.400 millones Polonia (0,47% PIB), 10.500 Grecia (5,77%), 7.000 Portugal (3,2%) o 1.800 millones Bulgaria (1,29% PIB).

Y cara al futuro, Alemania ya ha anunciado que va a gastar otros 200.000 millones en ayudas, limitando desde febrero 2023 el precio que pagan hogares e industrias por el gas, la calefacción y la electricidad (subvencionará un 40% los precios). Y mientras, en diciembre, el Gobierno alemán asumirá el 100% de la factura de gas de familias y empresas. Así que el país más rico de Europa se niega a poner un tope al precio del gas europeo y extender la “excepción ibérica” a todo el continente, pero mientras subvencionará a sus hogares y empresas, que tendrán menos costes energéticos para afrontar la recesión y ejercerán una “competencia desleal” con el resto de Europa. España y otros países se han quejado de estas anunciadas ayudas alemanas, pero no las retirarán. Así que a los demás no les queda otro camino que seguir su estela, mantener y aumentar si pueden las ayudas, aunque se carguen las cuentas públicas, salvo que quieran enfrentarse a protestas sociales y a perder las próximas elecciones.

La alternativa europea debería ser otra, por un doble camino: tomar medidas eficaces para frenar los precios de la energía (tope al gas, desechado por Alemania, Holanda y la Comisión Europea, y extender "la excepción ibérica", que nos ha funcionado) y, en paralelo, crear un Fondo europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con la pandemia, para homogeneizar las ayudas públicas entre los 27 y repartir su coste y financiación (problema: los países ricos pagarían más e ingresarían menos). Dos caminos en los que Europa no avanza, mientras la recesión amenaza a la vuelta de la esquina.

Pandemia: Europa retrasa vacunas y ayudas

Los contagios llevan aumentando 12 días, desde el miércoles 17. Estamos en la 4ª ola, más bien una “meseta”, con pequeñas subidas diarias pero muchas muertes (196 diarias). Hay 7 provincias en alerta 4 (la máxima) y 7 regiones (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias, Ceuta y Melilla) con alto nivel de contagios. Y Europa  agrava su 3ª ola, lo que les ha obligado a restricciones más duras. Pero aquí, se discute recortar horarios en la hostelería y reducir más la movilidad, mientras llegan turistas europeos (con PCR). No aprendemos. Las próximas semanas pintan mal: domina ya la variante británica (más contagiosa) y el ritmo de vacunas sigue lento, porque Europa ha fallado en las entregas. Y se van a retrasar las ayudas europeas (a septiembre) y las españolas (a junio), que sólo llegarán a 1 de cada 6 empresas. Con el retraso de vacunas y ayudas, la recuperación se retrasa. Y el malestar ciudadano crece, mientras los políticos sólo piensan en las elecciones de Madrid. Mal vamos.

Enrique Ortega a partir de Magritte

La pandemia arrecia en todo el mundo, con un aumento de contagios en el último mes y superando otra vez los 700.000 nuevos contagios diarios (714.605 el 25 de marzo): hoy son ya 127.116.964 contagiados en 192 paises, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro sigue en América (55.243.776 contagiados), pero se le acerca Europa (44.181.716), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (14.619.886), Mediterráneo oriental (7.392.128), África (3.061.438) y Pacífico (1.859.851), según la OMS. Por países, lideran el ranking de contagios Estados Unidos (30.262.123), Brasil (12.534.688) e India (11.971.624), seguidos de Francia (4.606.185), Rusia (4.469.327), Reino Unido (4.347.013), Italia (3.532.057), España (3.255.324), Turquía (3.208.173) y Alemania (2.784.652), según la Jhons Hopkins.

Los muertos de la pandemia también han repuntado, volviendo a superar los 10.000 diarios (11.708 el 25 de marzo: son ya 2.783.689 muertos por COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins, concentrados en América (1.331.419 muertos) y Europa (954.651). El ranking de fallecidos lo encabeza Estados Unidos (549.335), seguido de Brasil (312.206), México (201.623), India (161.552), Reino Unido (126.834), Italia (107.933), Rusia (96.123), Francia (94.754), Alemania (75.959) y España (75.010 muertos). Somos el 16º país en mortalidad COVID por 100.000 habitantes (156), por detrás de Chequia (240), Bélgica (199), Reino Unido (190), Italia (176), EEUU (167), Portugal  (163) y México (158), entre los grandes. Y tenemos una tasa de mortalidad COVID (2,3% muertos/contagiados) de las más bajas de Europa (3,1% en Italia, 2,9% en Reino Unido, 2,8% en Alemania y 2,1% en Francia) y del mundo (9% en México, 2,5% en Brasil, 1,8% en EEUU y 1,4% en India), según Sanidad.

En Europa, 21 de los 30 paises controlados por el Centro de control de enfermedades (ECDC) han visto aumentar los contagios en el último mes, con una tasa media de 434 contagios por 100.000 habitantes (los últimos 14 días), que se espera siga aumentando, porque la variante británica (más contagiosa) aparece en el 65,8% de los casos. Y en 14 paises europeos han aumentado los ingresos hospitalarios y los enfermos en UCI, mientras 9 paises tienen ahora más muertos por COVID. El peor país es la República Checa (1.230 contagios/100.000 habitantes), seguido de Polonia (804), Francia (647) y Suecia (626), Italia (522, Paises Bajos (506), Bélgica (475) y Austria (464). Alemania está mejor que la mayoría (227, aunque tenía 146 hace dos semanas) y también España (138,6), siendo los paises europeos con menor incidencia Portugal (64,6) y Reino Unido (116), según Sanidad.

España lleva 12 días aumentando los contagios, desde que el martes 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo” de 127,80 contagios/100.000 habitantes), y el viernes 26 estábamos en 138,6 contagios, tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 2 regiones con un “riesgo extremo” (más de 250) de contagios: Melilla (501,8 contagios/100.000 habitantes) y Ceuta (260,7). Y otras 5 autonomías con un “riesgo alto” (150-250): Madrid (241), Navarra (223), País Vasco (214), Cataluña (184,6) y Asturias (163). El resto tienen un “riesgo medio” (50-150), salvo la Comunidad Valenciana (28,5), la única con un “riesgo bajo” (el objetivo: de 25 a 50). Y ha bajado en todas el porcentaje de positivos (5,56% de media), sólo “alto” en Melilla (11,09%).

Aunque suben (despacio) los contagios, se estabilizan las hospitalizaciones y los enfermos en UCIs, porque hay más mayores vacunados (aunque falta completar la vacunación de la mitad de los mayores de 80 años). El viernes había 7.679 pacientes COVID en los hospitales, 162 menos que hace dos semanas (7.841). Pero hay un “riesgo alto” (10-15% de camas ocupadas) en Melilla (14,29%), Ceuta (13%) y Madrid (11,14% camas ocupadas por enfermos COVID), según Sanidad. Los enfermos en UCIs, han bajado poco: de 1.950 hace dos semanas a 1.830 este viernes 26. Pero sigue habiendo una saturación en varias autonomías. Hay un “riesgo extremo” (más del 25% de camas UCIs ocupadas) en Ceuta (52,94%), Melilla (41,18%), Madrid (34,29%), La Rioja (33,96%) y Cataluña (31,97%). Y un “riesgo alto” (15-25% ocupación) en Aragón (23,31%), Asturias (23,01%), Castilla y León (22%), País Vasco (17,97%) y Canarias (16,56%), mientras hay “normalidad” en Extremadura (ocupadas el 3,83% UCIS) y Galicia (4,88%), con un “riesgo bajo” (5-10%) en Baleares (8,6%) y Murcia (8%), teniendo las 5 autonomías restantes un “riesgo medio” (10-15% ocupación).

Y al final están las muertes, que se han reducido algo en las últimas 2 semanas: 2.752 fallecidos del viernes 12 al viernes 26 de marzo, frente a 3.116 la quincena anterior (27 febrero-12 marzo) y 4.395 en la quincena anterior de febrero (12-26). Este descenso de muertes (aunque todavía hay 196 diarias) se debe a la caída drástica de muertes en residencias de ancianos, que han pasado de 788 muertes semanales a finales de enero a 80 a finales de febrero y a 17 muertes semanales a mediados de marzo (del 8 al 15), por las vacunaciones,  según los últimos datos de Sanidad. En las dos últimas semanas, los mayores aumentos de muertes se han dado en Cataluña (+1.529 muertos), Andalucía (+343), Madrid (+183), Comunidad Valenciana (+136) y Castilla y León (+112 muertes), según Sanidad. Y lo más llamativo es que de los 75.010 muertos por COVID-19, más de un tercio (29.499) han fallecido desde principios de diciembre.

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 22 de marzo: hay 7 provincias en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4: Madrid, Ceuta, Melilla, Soria, Lérida y Almería. En alerta 3 hay tres autonomías (Cataluña, País Vasco y Asturias), más Burgos, Palencia, Granada, Gran Canaria y Zaragoza. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Murcia y Galicia, más Ávila, Zamora, Teruel, Cuenca, Albacete, Huelva, Málaga y Cádiz, quedando las 15 provincias restantes en alerta 2.

Según este nivel de alerta, así se permite la movilidad y la apertura de bares y comercios, aunque lo decide cada autonomía. Sanidad ha intentado restringir más la actividad y la movilidad esta Semana Santa, como ha hecho Alemania, Francia, Reino Unido y la mayoría de Europa, pero las mayores restricciones no se han aprobado (ver restricciones para Semana Santa), aunque el Gobierno y las autonomías estudian esta semana endurecer las restricciones (cerrar interior bares y restaurantes) en las zonas con más contagios, de 150 a 250 por 100.000 habitantes (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias). Pero los gobiernos autonómicos no están por la labor de endurecer mucho las restricciones (salvo vascos y navarros), porque no se quieren enfrentar a una hostelería y comercio en rebeldía (con manifestaciones) y a unos ciudadanos hartos, que no entienden las restricciones cuando vienen extranjeros (con PCR), aunque Reino Unido ha prohibido los viajes fuera y tanto Alemania como Francia los desaconsejan.

Los datos de movilidad de los españoles, según los datos de Apple y Google, aumentan semana a semana (alcanza ya el 75% de la movilidad que había antes de la pandemia), como se puede comprobar en bares, tiendas, calles y carreteras. Si no se toman medidas más restrictivas, la 4ª ola seguirá adelante, aunque será en forma de “meseta”, con un nivel de contagios de 130 a 250 hasta el verano, muy inferior a la 3ª ola (que rozó los 900 contagios/100.000 habitantes en diciembre). Y seguiremos con el goteo de muertes diarias (590 el viernes 26) a las que parece nos hemos “acostumbrado”. Hay dos factores de riesgo que empujan esta “4ª meseta”: sigue aumentando la variante británica (más contagiosa y más letal, según los estudios) y tenemos un ritmo bajo de vacunación.

En España, la variante británica es ya mayoritaria (superaba el 50% de los nuevos contagios la semana pasada, según la ministra de Sanidad) y podría ser más, porque España sólo secuencia el 2% de los contagios, aunque debería analizar el 10%, según la Comisión Europea. Y esta variante británica supera el 70% de los contagios nuevos en 7 autonomías (Asturias, Cataluña, Cantabria, Navarra, País Vasco, Murcia y Baleares) y más de la mitad de contagios en las restantes, salvo en Aragón (18,3%), según Sanidad.

Con todo, el problema más preocupante es el retraso en las vacunas. España ha puesto ya (datos 25 marzo) una primera dosis a 7.067.371 españoles  y 2.505.842 personas tienen ya las 2 dosis. Son sólo el 5,2% de toda la población (en Europa se ha vacunado al 4,2%) y el 9% de los adultos (27,55 millones), muy lejos del objetivo europeo de vacunar al 70% de los adultos para el 21 de septiembre. Con estos datos, faltan de vacunar completamente 25 millones de personas, que son 50 millones de pinchazos. En 6 meses que quedan, serían una media de 278.000 pinchazos diarios, frente a los 94.000 pinchazos diarios hasta ahora. Así que parece imposible lograr esa ”inmunidad de rebaño” antes de noviembre o diciembre.

El retraso en la vacunación tiene 2 causas, una española y otra europea. El problema español es que sólo estamos administrando el 83,1% de las dosis recibidas, aunque hay autonomías que vacunan más (90,4% Andalucía) y otras menos (78,5% Castilla la Mancha o País Vasco), debido a la mala planificación y a la falta de personal y medios, que impide vacunar todos los días 12 horas. Y encima, hay diferentes criterios: en Cataluña o Galicia se ha vacunado a personas "no esenciales" con 60 años (Iceta) y menos (de 50 a 55 años en Galicia), mientras faltan por vacunar la mitad de los mayores de 80 años.

Pero el mayor problema de las vacunas viene de Europa: nos llegan pocas por la mala gestión que está haciendo la Comisión Europea. Se ha hecho mal desde el principio, como resume este interesante artículo del Nobel norteamericano Paul Krugman: se ha regateado en exceso en el precio a costa de no asegurar el suministro, se ha retrasado la compra y se ha retrasado en exceso el proceso de autorización de las vacunas (varias semanas después que en EEUU y Reino Unido), por demasiada burocracia. Y encima, se ha “dudado” con la vacuna de AstraZeneca, perdiendo dos semanas clave y alimentando los miedos a las vacunas. El resultado es que los paises europeos han administrado unas 14 vacunas por 100 habitantes (13,66 Alemania, 13,98 Francia o 13,99 España) frente al triple en Reino Unido  (45,94 por 100) EEUU (39,42 por 100), y todo el país en Israel (114 por 100), según los datos de Our Word in Data. Las vacunas, un desastre europeo.

Este retraso en la vacunación, más la 3ª y la 4ª ola, han agravado la pandemia pero también la economía, que no acaba de recuperar su actividad. El BCE, el Banco de España y el propio ministro Escrivá creen que la economía caerá en el primer trimestre, mientras la OCDE estima que España crecerá menos en 2021 (+5,7%) y que habrá que esperar a 2023 para recuperar lo perdido con la pandemia. Pero hay otro factor que también retrasa la recuperación: el retraso en la llegada de las ayudas europeas.  Hay dos motivos. Uno, burocrático, ligado a la complejidad de la UE: los Parlamentos de todos los paises tienen que aprobar los nuevos ingresos que sostienen los Fondos de recuperación. Y hasta hoy, sólo13 paises (incluida España) lo han aprobado en sus Parlamentos. Y para añadir incertidumbre, el Tribunal Constitucional alemán  paralizó provisionalmente el viernes la ratificación alemana de los fondos europeos, lo que retrasará su puesta en marcha.

El otro motivo del posible retraso de los Fondos es más preocupante: para liberar el dinero, la Comisión exige que los paises les presenten los Planes de inversiones y reformas. Y aunque hay de plazo hasta el 30 de abril, todavía hay 7 paises que no los han enviado: Irlanda, Lituania, Austria, Malta, Estonia, Paises Bajos y Luxemburgo. Eso puede retrasar el examen a los 27. Y sin aprobarlo no hay dinero. Se esperaba liberarlo para finales de junio, pero no llegará hasta septiembre. Como pronto. Y España espera  recibir 140.000 millones (72.000 a fondo perdido), claves para nuestro Plan de recuperación.

Así que nos encontramos con que un año largo después del inicio de la pandemia, Europa no ha entregado ni un euro de ayuda a los paises, salvo los 62.000 millones del Fondo SURE entregados a 16 paises (13.900 a España), que son “créditos” (no ayudas directas) para financiar los ERTES y el desempleo. De los 750.000 millones de ayudas (sólo 400.000 millones a fondo perdido) y los 1.074.000 millones extras en 7 años (2021-2027) del Presupuesto comunitario, aprobados en la Cumbre europea de julio de 2021, apenas ha llegado nada y no se espera el grueso del dinero hasta 2022 y 2023, con dos años de retraso. Mientras, el presidente norteamericano Biden aprobó el 11 de marzo (menos de dos meses después de tomar posesión) un paquete de ayudas directas de 1,9 billones de dólares, que se suma a los 900.000 millones de ayudas aprobados por el Congreso USA en diciembre y a los 2,2 billones de dólares aprobados por Trump en marzo de 2020. En total, un  rescate de 4,2 billones de euros, ya actuando, frente a los 750.000 que no llegan de Europa. Las ayudas a la recuperación, el 2º desastre europeo junto a las vacunas.

En el caso de España, el Gobierno también ha retrasado las ayudas directas a las empresas y autónomos, finalmente aprobadas en el Congreso el 25 de marzo, más de un año después del inicio de la pandemia. Y ahora, su llegada a los afectados, a través de las autonomías, se va a retrasar “hasta el verano”, según reconocía la Ministra de Hacienda. Y además, esos 7.000 millones de ayudas directas van a llegar sólo a unos pocos, a 1 de cada 12 empresas y a 1 de cada 6 autónomos, de los 5 sectores considerados más afectados  (agencias de viaje, alojamiento, transporte aéreo, bares y restaurantes y actividades audiovisuales), de Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. Poco dinero, tarde y para pocos, lo que agravará la situación de muchos negocios, empujando cierres y despidos.

Tenemos un panorama muy feo: una pandemia que aumenta los contagios porque las autonomías han abierto la mano y muchos ciudadanos incumplen las normas (no aprendemos), un virus que se resiste con variantes más peligrosas, unas vacunas que no llegan y unas ayudas (europeas y españolas) que se retrasan y son insuficientes. Y mientras, los políticos preocupados en atacarse sin pausa para afrontar las elecciones de Madrid, que enrarecen aún más el clima político en plena pandemia. Hay pocos motivos para la esperanza y muchos para el malestar y el hartazgo. Pero podemos hacer mucho: cuidarnos y quedarnos en casa. 

Coronavirus: una emergencia muy desigual

Los efectos del coronavirus son desiguales como la vida misma. La pandemia se ha cebado sobre Italia (10.023 muertos) y España (6.258 muertos), mientras apenas afecta a Alemania (325 muertos), Holanda (771), Austria (86 muertos), Finlandia (11), Suecia (110) o Dinamarca (72), que quizás por eso (y por el miedo a la ultraderecha) se resisten a ayudar a la Europa del sur. En España, la pandemia se ha cebado en Madrid (3.082 muertos), Cataluña (1.226), Castilla la Mancha (539), Castilla y León (380) y Euskadi (207 muertos), con grandes diferencias de gasto sanitario y medios, y en los ancianos (2 de cada 3 muertos son mayores de 80 años). En la emergencia económica, unos pocos sectores protagonizan los 2 millones de trabajadores temporalmente sin empleo, mientras hay otro millón de despedidos (el 75%, trabajadores temporales). Y los parados, madres solas con hijos, emigrantes, jóvenes y ancianos pobres sufren más la emergencia social. Urgen medidas desiguales, concentradas en los paises, autonomías y grupos sociales que más sufren esta emergencia. Y lo mismo después, en la reconstrucción. Hay que “plantarse” ante Europa.

enrique ortega

Llevamos las 2 primeras semanas confinados y parece que lo peor ha pasado, aunque queda mucho por delante: llevamos varios días en que los nuevos contagios crecen menos (del +40% que crecían en la primera mitad de marzo al +20% en la segunda mitad y un +9% ayer domingo), aunque aumentan las muertes y los datos son muy graves: 78.796 contagiados y 6.258 muertos ayer, lo que nos sitúa como el 4º país del mundo con más afectados (tras los 124.509 de EEUU, los 92.472 de Italia y los 82.120 de China) y el 2º país con más muertos (tras los 10.023 de Italia). Ahora, quedan 2 semanas duras, con un aumento de ingresos en UCI y más muertes, a las que seguirán uno o dos meses duros, con bajada de la curva pero una gran tensión sanitaria, económica y social.


Lo primero que choca es la desigual gravedad de la pandemia en Europa. Los datos disponibles quizás no revelen la realidad y haya más contagiados de los reconocidos, pero las estadísticas oficiales revelan que hay una enorme diferencia en el contagio del coronavirus en Italia (92.472 contagiados, 117,92 por 100.000 habitantes) o España (78.796 contagiados, 151,04 por 100.000 habitantes) frente a la Europa rica del norte: Alemania (48.582 contagiados, 54,10 por 100.000 habitantes), Francia (37.575 y 49,37), Holanda (10.866, 62,87), Austria (8.486 y 95,46), Bélgica (10.836 y 94,59), Suecia (3.700 y 36,16), Dinamarca (2.395 y 41,25) o Finlandia (1.221 y 22,13), con menos contagios en Reino Unido (17.089, 23,61 por 100.000 habitantes)  y aún menores en Portugal (5.962,un 58,01 por 100.000) y Grecia (1.061, el 9,89). 


Pero si contamos los muertos, el impacto más grave de esta pandemia, la mortalidad se ha cebado aún más sobre Italia (10.023 muertos, el 10,8% de los contagiados) y sobre España (6.258 muertos, el 8,3%) que sobre Alemania (325 muertos, el 0,7% de los contagiados, pero ojo: sólo cuentan los muertos en hospitales), Austria (86 muertos, el 1,01%), Bélgica (431 muertos, el 3,97%), Suecia (110 muertos, el 2,97%), Dinamarca (72 muertos, el 3%) o Finlandia (11 muertos, el 0,9%). Y tienen también menos letalidad Francia (2.314 muertos sólo en hospitales, el 6,15% contagiados), Holanda (771 muertos, el 7,09%), Reino Unido (1.228 muertos, el 6,29%), siendo mínima en Portugal (119 muertos, 1,99%) y Grecia (32 muertos, 3,01%).


La pregunta del millón es ¿Por qué España e Italia tienen más porcentaje de contagios y, sobre todo, más muertes por coronavirus? Los expertos apuntan varias causas: las estadísticas no son homogéneas, reaccionaron con retraso al aislar a  los contagiados, han hecho menos test (160.000 en la primera semana en Alemania y 30.000 en España), los primeros enfermos eran más jóvenes en Alemania, hay menos proporción de ancianos en la Europa del norte que en España e Italia (en Alemania es similar),  hay menos contactos familiares (en la Europa del norte hay más jóvenes que viven fuera de casa) y una menor cultura de relaciones y “vivir en la calle”. Pueden ser factores que lo expliquen, pero hay otro más clave: el desigual gasto en salud y las infraestructuras sanitarias.


Porque algo tendrá que ver el hecho de que España sea el 4º país europeo que más ha recortado el gasto sanitario entre 2008 y 2013 (-1,4%), tras Grecia (-9,4%), Islandia (-3%) y Portugal (-1,9%), e Italia sea el 5º con más recortes (-0,9%), mientras Alemania lo aumentaba un +2,1% y Corea (otro país con pocos muertos por coronavirus: 158) lo aumentaba un 5,4%, según datos del informe “Panorama de la salud 2019” de la OCDE. En el caso de España, el gasto sanitario se redujo en -9.787 millones entre 2009 y 2014 (se perdieron 1 de cada 7 euros), según los datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014 se perdieron 41.000 empleos sanitarios (-11.000 médicos y -30.000 enfermeras). A partir de 2015, el gasto y las plantillas aumentaron pero ha sido insuficiente: todavía hay 35.000 empleos menos y el gasto sanitario público en 2018 (70.804 millones) era todavía inferior al de 2009 (72.239 millones).


Al final, estos recortes han agravado la brecha en el gasto sanitario de España (e Italia) con Europa y los paises del norte : el gasto sanitario per cápita en España es de 3.323 euros (y de 3.428 en Italia), casi la mitad que en Alemania (5.986 euros), Suecia (5.447), Austria (5.395), Dinamarca (5.288), Holanda (5.288) e inferior a Francia (4.965), Finlandia (4.228) o Reino Unido (4.070 euros por habitante). Y esto se traduce en menos médicos (3,9 médicos por 1.000 habitantes en España y 4 en Italia frente a 4,3 en Alemania), muchas menos enfermeras (5,7 por 1000 habitantes en España y 5,8 en Italia frente a 12,9 en Alemania), menos camas de hospital (3 en España por 1.000 habitantes y 3,2 en Italia frente a 8 en Alemania y 12,3 en Corea) y, sobre todo, menos camas en UCI (9,7 por 100.000 habitantes en España y 12,5 en Italia frente a 29,2 en Alemania y 12,6 en Corea), según la OCDE.


Y ahora vayamos al desigual impacto del coronavirus dentro de España. La pandemia se ha cebado sobre todo en la comunidad de Madrid (22.677 contagiados, 287,14 por cada 100.000 habitantes) y Cataluña (15.026 contagiados, 186,46), seguidas del País Vasco (5.740, 231,45 por 100.000), Castilla y León (5.414, 213,46), Castilla la Mancha (5.246 y 238,33), Comunidad Valenciana (4.784 contagiados, 87,42 por 100.000 habitantes) y Andalucía (4.682 contagiados, sólo 50,45 por 100.000 habitantes), , según los datos de Sanidad. Y de momento se han "librado" Ceuta (21 contagios), Melilla (48), Murcia (872, 55,62 por 100.000 habitantes), Baleares (958 y 79,69), Cantabria (1.023 y 167,28), Asturias (1.088 y 92,88), Canarias (1.125 y 47,18), Extremadura (1.456 y 127,47) y la Rioja (ojo: 1.629 contagios, pero el índice más alto de España, 419,51 por 100.000 habitantes).


Lo más preocupante son los muertos y aquí el índice de letalidad varía mucho por autonomías. La mayor mortalidad se da en la comunidad de Madrid (3.082 muertos, el 13,59% de los afectados, superior al 8,3% de media en España), seguida de Castilla la Mancha (539 muertos y un 10,27% de letalidad), Cataluña (1.226 muertos y un 8,15% de letalidad), Castilla y León (380 muertos y un 7.01% de letalidad) y Extremadura (sólo 100 muertos, pero un 6,8% de letalidad), . Y a la cola en mortalidad por coronavirus se sitúan Ceuta (1 muerto), Melilla (1), Murcia (20, el 2,2%) y Galicia (60 muertos, el 1,9%), mientras el País Vasco (265 muertos, 4,6% letalidad), Navarra (84 muertos, 4,17% letalidad)  y Andalucía (207 muertos, 4,42% letalidad) tienen muchos contagios pero menos mortalidad, según los datos que difundió ayer el Ministerio de Sanidad.


La segunda pregunta del millón: ¿por qué hay tanta diferencia en el impacto del coronavirus por autonomías? Los expertos utilizan varios argumentos: mayor o menor concentración de población (deportes, manifestaciones, eventos), diferente intervención a la hora de aislar primeros afectados, mayor número de ancianos en la región (caso de las dos Castillas) y distinta infraestructura sanitaria. Y aquí también, hay que recordar otro factor clave: el desigual gasto en salud y las diferentes infraestructuras sanitarias.


Todas las autonomías hicieron recortes en sanidad con la crisis, pero unas más que otras. Así, los presupuestos autonómicos en sanidad se recortaron en -3.864 millones entre 2009 y 2018, según este informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un -6,02% de media, con 9 autonomías que hicieron recortes: Cataluña (-3.328,2 millones, el -27,51%), Castilla la Mancha (-371,9 millones, el -11,83%), Aragón (-192,1 millones, el -7,96%), Extremadura (-100,3 millones, el -5,89%), Madrid (-381,2 millones, el  -4,78%), La Rioja (-18,5 millones, el-4,11%), Galicia (-79,5 millones, el -2,02%), Andalucía (-109,4, el -1,11%) y Canarias (-13,5 millones, el 0,46%).Mientras, las 8 autonomías restantes gastaban más en sanidad en 2018 que en 2009, sobre todo Baleares (+18,64%), Navarra (+9,55%), Cantabria (7.05%) y País Vasco (+4,55%). 


Al final, estos distintos recortes autonómicos han agravado la brecha en el gasto sanitario entre regiones. Así, las dos autonomías que menos gastan por habitante (2018) son Cataluña (1.153,66 euros) y Madrid (1.154,20 euros), las dos más afectadas por el coronavirus, seguidas de Andalucía (1.161,14 euros), Murcia (1.254,89) y Comunidad Valenciana (1.285), las 5 autonomías que gastan menos de la media española (1.295,82 euros por habitante), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Y a la cabeza del gasto sanitario están el País Vasco (1.690,43 euros, un 46,5% más que en Cataluña o Madrid), Navarra (1.629 euros por habitante), Asturias (1.623) y Aragón (1.520 euros). 

Esto se traduce en diferentes medios sanitarios, desde médicos y enfermeras a camas de hospital, según se detalla en este Informe de la Federación en Defensa de la Sanidad pública. Y sobre todo, en las camas en UCI : 7,4 camas en UCIs públicas por 100.000 habitantes en Madrid (más 3,5 en centros privados) frente a 9,1 en la Comunidad Valenciana, 9 en Extremadura, 8,7 en Canarias (más 2,3 privadas) , 8,6 en Aragón, 7,6 en Murcia y Castilla la Mancha frente a sólo 6,9 UCIs públicas en Cataluña (más 1,9 privadas), 6 en la Rioja, 6,8 en Andalucía y 6,9 en Cantabria.


El impacto del coronavirus no sólo es desigual entre las autonomías sino también entre los españoles, según Sanidad. Sufren más la pandemia los hombres (50,09% contagios y 62,7% de las muertes) y los mayores: la mitad de los contagiados (48%), el 68% de los hospitalizados, el 70% de los que están en la UCI y el 95,3% de los muertos  tienen más de 60 años. Y sobre todo, la pandemia se ha cebado en los mayores de 80 años: son el 59,7% de los muertos.Este mayor impacto del coronavirus entre los ancianos tiene mucho que ver con la penosa situación de las residencias de ancianos en España, dado que el 63% de los muertos por coronavirus estaban en una residencia (1.517 muertos hasta el jueves, más de 1.000 en Madrid). En España hay 5.417 residencias, con más de 300.000 ancianos alojados, el 72 % en residencias privadas, gestionadas en su mayoría por inversores extranjeros y empresarios españoles, con mínimos recursos humanos y materiales, como reflejé en un blog reciente. Y ahora han colapsado, agravando nuestra alta mortalidad.

Ahora, la emergencia sanitaria continúa, suavizando la curva de contagios en Madrid y el País Vasco, agravándola en Cataluña, Castilla la Mancha y avanzando en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía, retardando su impacto en el resto del país. Es prioritario reordenar la oferta, priorizando Madrid y Cataluña y ayudando al resto, como ha hecho Galicia prestando respiradores a Madrid. Y resulta clave ampliar las camas UCIs y los profesionales utilizando al máximo la sanidad privada, que tiene un 60% de los hospitales (460) y muchas UCIs: es una inmoralidad que cierren servicios e incluso soliciten un ERTE para 28.000 profesionales sanitarios mientras los sanitarios públicos duplican jornada y se contagian (12.298 hasta hoy). Urge ampliar los laboratorios de análisis, que son hoy un cuello de botella. Y crear de una vez una Reserva estratégica de mascarillas, guantes, batas, respiradores, medicamentos, hospitales de campaña, UCIs y personal, porque la batalla sanitaria va para largo.


Mientras, la emergencia económica avanza cada día que el país sigue confinado y paralizado. Ya empiezan a conocerse los primeros datos, que irán a más en las próximas semanas: 225.000 ERTEs el jueves pasado, que suponen 1,7 millones de trabajadores para los que se pide una paralización temporal de empleo. Y en paralelo, 1 millón de trabajadores que han sido despedidos (el 75%, trabajadores con contrato temporal) este mes de marzo, según ha denunciado CCOO. En total, nos acercamos a 3 millones de trabajadores sin empleo y que tendrán que cobrar el paro, este mes y el que viene, al menos. Y aquí, la emergencia económica es también muy desigual, porque afecta sobre todo a una serie de sectores (hostelería, turismo, automóvil, comercio y ocio) y más a unas provincias que a otras (Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, litoral mediterráneo). Y más a pequeñas empresas y autónomos que a grandes compañías. Aquí, algunas son “responsables”, como el Santander (que dice que no hará ERTEs) o Inditex (que “aguantará” hasta el 15 de abril), pero no otras con abultados beneficios, como el Corte Inglés o el Barça, que han pedido ERTEs.


Frente a este tremendo impacto económico del coronavirus, el Gobierno ha aprobado dos paquetes de medidas que permiten no pagar cotizaciones a las empresas afectadas y también a los autónomos que cierren o reduzcan un 75% su actividad (cobrarán un mínimo de 661 euros y se ahorrarán 289 en cotizaciones).Y se movilizan 200.000 millones en créditos a empresas y autónomos, con un 80% de aval público (70% en caso de grandes empresas). Además, hay una moratoria de 6 meses en el pago de hipotecas a los españoles afectados por el coronavirus y no se les podrá cortar la luz, el gas o Internet por impago. Ahora se estudian nuevas medidas para que las empleadas de hogar  (400.000) cobren un subsidio (del 70% de la base de cotización) y una moratoria en los alquileres a pymes, autónomos, empresas y particulares (asegurando que el propietario reciba el pago del alquiler con fondos públicos). Otra medida aprobada el viernes fue prohibir temporalmente los despidos por coronavirus, como hizo Italia.Y desde hoy lunes, se paralizan los trabajos "no esenciales" hasta el 9 de abril, otra "vuelta de tuerca" que puede ayudar pero que agravará la recesión.


La emergencia sanitaria ha provocado una emergencia económica ya visible y va a acarrear una emergencia social, sobre colectivos que ya habían sufrido más la crisis y que ahora serán los mayores “paganos” del coronavirus (por detrás, claro de los muertos y sus familias): parados antiguos (hay que ampliar el paro a los que se les acaba) y nuevos, madres solas con niños, emigrantes, ancianos y algunos jóvenes, pobres que ahora lo van a pasar peor. Son esos 8,5 millones de españoles que el último Informe FOESSA (Cáritas) calificaba como “vulnerables”, por su paro, empleo precario, formación o problemas de vivienda, educación o pobreza infantil. Ahora necesitan más ayudas sociales y dar recursos a las ONGs, Cáritas y la Cruz Roja. No en vano, el coronavirus ha hecho que Luis de Guindos, uno de los responsables de los recortes y ahora vicepresidente del BCE, defienda ahora la renta mínima. El Gobierno, que la había prometido, estudia implantar un ingreso mínimo vital, que será clave para afrontar la emergencia social del coronavirus.


Todas las medidas sanitarias, económicas y sociales contra el coronavirus tienen dos fases: unas son medidas urgentes, que habrá que aplicar y aumentar día a día, y otras vendrán después, cuando se acabe el confinamiento y haya que reconstruir la economía y el país. En conjunto, el esfuerzo económico será tremendo, miles de millones de euros para un país que tiene uno de los mayores déficits públicos de Europa (el -2,2%) y una elevadísima deuda pública acumulada durante la crisis (más de un billón de euros, casi el 100% del PIB). Con las medidas que hay que tomar, el déficit se puede ir al 8 y al 10% del PIB (como en 2009) y la deuda llegaría al 120% del PIB. Un esfuerzo imposible sin ayuda externa, tanto de los inversores (deuda) como de Europa.


Pero Europa no está por la labor, según se vio el jueves, en la segunda Cumbre europea por videoconferencia. Los paises ricos del norte, encabezados por Alemania y Holanda (con Austria, Finlandia, Dinamarca y Suecia detrás) no quieren oir hablar de Planes de ayuda extraordinarios a la Europa del sur, en concreto a Italia y España. Y nos dicen que ahí está el sistema de financiación del MEDE, un Fondo que puede prestar hasta 500.000 millones y del que salió el dinero para Grecia, Irlanda y Portugal y para el rescate bancario de España en 2012. Pero esto exige “pedir un rescate” y someterse a la disciplina de Bruselas, dejar que los “hombres de negro” nos intervengan la economía. Y además, pedir ayuda sólo los 2 paises sería “señalarnos” ante los mercados, que nos pedirían más por prestarnos dinero.


El italiano Giuseppe Conte y Pedro Sánchez no quieren pedir ningún "rescate", porque esta  emergencia económica es por una pandemia, no por una discutible gestión económica. Y una pandemia que afecta a toda Europa y al mundo. Por eso, España e Italia piden tres medidas. Una, que se emitan eurobonos (“coronabonos”), para financiar las necesidades de reconstrucción de ambos paises y la lucha contra la recesión que va a desplomar la economía europea (se estima una caída del PIB del -5% en 2020 en la UE-27 y del -3% en España). Eso supone emitir una deuda europea, que se podrá colocar con más seguridad y menos interés que si la colocan Italia o España. La segunda, aprobar un gigantesco Plan de reconstrucción europeo, una especie de “Plan Marshall”, para financiar inversiones públicas que ayuden a salir de la recesión. Y tercero, un subsidio de paro europeo.


Alemania, Holanda y los paises del norte han dicho no, de entrada, aunque la Comisión Europea se da dos semanas para buscar alternativas. El problema de fondo es que la Europa rica no quiere pagar más por ayudar a España e Italia, como ya pasó en la crisis de 2010-2015 con Grecia, Portugal, Irlanda y España. Pero hoy hay otra razón política: la ultraderecha es muy poderosa, en Alemania, Holanda y norte de Europa y sus dirigentes temen que si son “solidarios” con España e Italia, lo aproveche la extrema derecha y avancen en las próximas elecciones, gracias a una opinión pública cada vez más conservadora, egoísta y nacionalista. ¡Sálvese quien pueda¡


Todo apunta a que podemos esperar poco de Europa, salvo que el número de muertos por coronavirus avance en Francia (así Macron podría ponerse más a nuestro favor) o en Alemania y el norte de Europa. Sería trágico, pero nos ayudaría. Hay que “plantarse” ante Europa: así no nos vale de nada. Y si no conseguimos ayuda europea, sólo queda tomar las medidas que haga falta y ya veremos después cómo lo pagamos, con deuda e impuestos. Porque la prioridad ahora es salvar vidas, empleos y empresas. Y sin más desigualdad, que bastante hay ya. Todos a ello. Y ¡ánimo!  Parece que ha pasado lo  peor, pero esto va para largo. Aguantemos unidos.