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jueves, 6 de abril de 2017

Presupuestos 2017: dos mentiras y un milagro


El Gobierno lleva días “vendiendo” dos bondades del Presupuesto 2017 por las que la oposición debería apoyarlos: no tienen recortes y suben mucho los gastos sociales. Dos mentiras. El gasto se recorta en 8.754 millones para reducir más el déficit (bajan inversiones públicas, desempleo y muchas partidas).Y el gasto social sube 1.650 millones, un “parche” frente a los 25.000 millones recortados por Rajoy, mientras 11 millones de españoles (jubilados y funcionarios) perderán poder adquisitivo. También propagan un “milagro” del Presupuesto: creará 506.000 empleos, 92.100 más que en 2016, aunque la economía crecerá menos. Al final, nuevos sacrificios para no recortar el déficit lo previsto, como teme Bruselas. Y todo porque no quieren subir algunos impuestos (IVA, gasóleo, medioambientales, bebidas azucaradas), como piden la OCDE y la Comisión Europea. Podrían conseguirse entre 15.000 y 45.000 millones extras, para reducir el déficit y gastar más, en empleo, crecimiento y gastos sociales. Pero PP y Ciudadanos se niegan. Y así, estos Presupuestos no ayudarán a la recuperación ni al empleo.
 
enrique ortega

En agosto de 2016, El PP tenía mucha prisa en investir a Rajoy “porque había que aprobar con urgencia los Presupuestos de 2017”. Pero hasta el 31 de octubre no consigue ser presidente y como no ve posibilidades de pactarlos con el PSOE, Rajoy opta por prorrogar en diciembre los Presupuestos de 2016, aprobando un ajuste de gastos para 2017, para cumplir con el déficit prometido a Bruselas. Ya nadie pensaba en un Presupuesto para 2017. Pero el PNV no consigue aprobar el Presupuesto vasco con el único apoyo del PSOE. Y el PP vasco se ofrece a ayudarle, prestándole sus votos en marzo. A partir de ahí, Rajoy apuesta otra vez por aprobar un Presupuesto para 2017, con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria (175 votos), más el posible voto de Nueva Canarias. Si consigue esos 175 votos, puede tumbar a principios de mayo las enmiendas a la totalidad del PSOE y Podemos. Pero luego necesita apoyos para sacar las enmiendas parciales. Y en junio, sólo sacará adelante estos Presupuestos si consigue 176 votos, algo todavía en el aire hoy. Pero Rajoy apuesta fuerte. Si lo consigue, se refuerza dentro y fuera de España. Y si no, tiene un argumento de peso para convocar nuevas elecciones y volver a ganarlas, con un PSOE débil que tendrá una líder recién estrenada.

Rajoy y su Gobierno no sólo lanzan el envite de estos Presupuestos sino que propagan  la idea de que son “los que España necesita” y que si la oposición no los apoya es por “egoísmo político” y no pensando en el bien de los españoles (Montoro dixit), porque son unos Presupuestos “sin recortes y con mucho gasto social. Dos mentiras que lleva días repitiendo, con el apoyo de sus medios afines (la mayoría). “No hay recortes, primera mentira. El ajuste del déficit público supone bajarlo del 4,33% del PIB que terminó en 2016 al 3,1% prometido a Bruselas para 2017. Eso supone un ajuste de 14.250 millones, el 1,23% del PIB, el mayor ajuste hecho por Rajoy desde 2012 (el déficit bajó un 2,5% del PIB), superior a los ajustes hechos en 2013 (el déficit sólo bajó un 0,1% del PIB), 2014 y 2015 (-0,8%) o 2016 (-0,77%). Y este ajuste se hace por dos vías: subiendo la recaudación y recortando gastos (5.057 millones sobre los gastos de 2016, que ya recortó otro tanto sobre los gastos de 2015).

Y que hay recortes puede verse en el libro amarillo de los Presupuestos 2017 (página 69), donde las partidas de gasto ascienden a 342.102 millones de euros en 2017, 8.754 millones menos que en 2016. El mayor recorte lo sufrirá, un año más, la inversión pública, que baja un 21,2% (-2.012 millones), sobre todo en ferrocarril, carreteras y obras hidráulicas. También habrá 1.303 millones menos para desempleo (a pesar de que el 54% de los parados EPA no cobran ningún subsidio), un 20,6% menos de ayudas a la vivienda (-121 millones) y un 0,7% menos de subvenciones al transporte (-10 millones), mientras bajan los Presupuestos de Industria y Energía (-0,2%), Comercio, Turismo y Pymes (-11%) y Cultura (-0,7%). Y las transferencias del Estado a otras administraciones públicas (-1,2%). Sube el gasto de Justicia (+7,6%), 122 millones frente a los  322  millones recortados por Rajoy desde 2012. Sube 41 millones el Presupuesto de Educación un 1,7%, lo que la inflación, lo que significa que se congela tras los 7.000 millones recortados por Rajoy desde 2012. Y la partida de Sanidad aumenta otros 93 millones (+2,3%), frente a los 9.000 millones recortados antes. Eso sí, el Presupuesto de Defensa aumenta un 32%, con un gasto que rozará (con el coste de las misiones militares en el exterior) los 9.000 millones en 2017, el gasto del Estado en Sanidad (4.093 millones), Educación (2.525), Justicia (1.726) y Cultura (801 millones) juntos.

Aumenta mucho el gasto social en los Presupuestos 2017. Segunda mentira. Por un lado, hay 11,13 millones de españoles que perderán poder adquisitivo este año: 8.610.495 pensionistas cuya pensión subirá 0,25% frente al 1,7% que subirá la inflación media (según Bruselas) y otros 2.522.819 funcionarios cobrarán sólo un 1% más. Y el ministro Montoro “vende” 1.650 millones extras de gasto social  en los Presupuestos 2017, que son un mínimo “parche” frente a los 30.284 millones que se redujo el gasto público en España entre 2009 y 2014, según la Intervención del Estado (IGAE), de ellos 25.000 millones achacables a Rajoy. Por eso, resulta provocativo que “presuman” de las migajas sociales que ofrecen ahora. Como los 100 millones para Dependencia, que sólo darán para pagar a 15.000 de los 341.301 ancianos dependientes con derecho reconocido que están en espera de recibir ayuda (la tercera parte se morirá antes de cobrar). O los 342 millones de ayudas extras a la familia y la pobreza infantil, cuando España gasta en esto un tercio que en Europa, unos 12.000 millones menos cada año. O los 4 millones más para becas, cuando las han quitado antes 270 millones. O los 263 millones más para Ciencia(I+D+i), a la que han recortado 2.183 millones. O el 5,5% más para políticas de empleo (+289 millones), tras un recorte de 2.135 millones entre 2011 y 2016, a pesar de tener el doble de paro que Europa.

El tercer argumento para “vender” estos Presupuestos 2017 es que son la clave para seguir creciendo y creando empleo. Y dan una cifra mágica: ayudarán a crear 506.000 empleos este año, aunque no explican por qué esa cifra (y no 525.000 o 475.000). Un “milagro”. Porque sólo así se explica que creciendo menos (2,5% frente a 3,2% en 2015 y 2016), España vaya a crear 92.100 empleos más que en 2016. Lo “normal” (milagros aparte) es que si el año pasado se crearon 413.900 empleos con un 3,2% de crecimiento, este año, creciendo un 2,5% (y con las incertidumbres del Brexit, Trump, la subida de tipos, el petróleo caro y el euro alto), se creara menos empleo. La propia Comisión Europea estima 370.000 empleos y eso sería mucho. Así que los 136.000 más que promete Luis de Guindos es un inexplicable “milagro”. Más cuando el 93,9% de las empresas asegura que no necesita contratar ningún trabajador, según la última encuesta trimestral de coste laboral del INE. Y cuando sólo un 45% de las empresas se plantea crear empleo este año, según una encuesta de la consultora KPMG: el 35% dicen que no lo aumentarán y el 20% restante lo reducirá.

Mientras esperamos el “milagro” de tanto empleo nuevo (por supuesto precario y mal pagado: sólo 1 de cada 20 empleos creados desde 2014 son fijos y a jornada completa), el Gobierno sigue haciendo “publicidad”, esta vez de que ha pactado con los sindicatos la convocatoria de 250.000 empleos públicos (si se aprueban estos Presupuestos, si no, no: otro “chantaje a los que voten en contra). Pero ojo: no son empleos nuevos: son plazas para cubrir puestos que ahora ocupan interinos, 130.000 en la sanidad, 100.000 en la educación y 10.000 en la justicia. Y no los regularizan por voluntad política, sino porque les obliga una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Justicia. Al margen de estas plazas, el Presupuesto 2017 contempla crear 67.000 nuevos empleos públicos, otro dato del que presumen. Eso sí, ocultan que este Gobierno ha recortado la mayoría de los 227.685 empleos públicos perdidos entre enero de 2010 y julio de 2016 (98.000 en las autonomías y 100.000 en los Ayuntamientos).

El problema de fondo es que, a pesar de tanto recorte (será el octavo año con ajustes) y tanto sacrificio para mucha gente, el déficit público no se va a reducir tanto como se ha prometido, algo que ha pasado los últimos 8 años, salvo 2016 (y el año pasado se ha “cumplido” porque Bruselas abrió dos veces la mano, pasando el déficit objetivo del 2,8% al 3,6%, en abril, y al 4,6% en julio). El Banco de España ya ha dicho que el déficit 2017 será del 3,3% (no del 3,1% prometido) y la Comisión Europea cree que será del 3,5%. Eso significaría que a finales de 2017, Bruselas exigirá a Rajoy un ajuste extra de 4.600 millones.

Y eso puede pasar por dos causas. Una, porque los recortes (sobre todo en inversiones públicas y las mínimas subidas de pensionistas y funcionarios, que se comerá la inflación) van a reducir la inversión y el consumo, los dos motores del crecimiento junto a las exportaciones, que pueden frenarse si  el euro sigue fuerte, Europa crece poco y aumenta el  proteccionismo comercial con Trump. Y entonces, España podría crecer menos de lo esperado y recaudar menos, sobre todo porque Montoro ha hecho una previsión de ingresos (nunca las cumple) “superoptimista”: 14.714 millones más, un +7,9%.

El gran problema de España es que recaudamos mucho menos que el resto de Europa y por eso, aunque Rajoy apruebe recortes año tras año, tenemos el mayor déficit público de Europa (más incluso que Grecia), en 2016 y en 2017. Las cuentas son claras: no tenemos más déficit porque gastemos más que Europa (gastamos 59.400 millones menos: un 42,6% del PIB frente al 48% los países euro) sino porque ingresamos mucho menos (90.000 millones menos: un 38% del PIB frente al 46,2% los paises euro, según Eurostat). Así que si nos fuerzan a rebajar el déficit, sólo hay 2 caminos: recaudar más o más recortes.

Y el Gobierno Rajoy recauda más, pero poco más, no lo que debería para que España recaudara como el resto de europeos. Y no será porque no sepa dónde falla la recaudación. La Comisión Europea, la OCDE y el FMI se lo han dicho en múltiples informes. Primero falla en el IVA: somos el tercer país europeo que menos recauda por IVA (6,5% del PIB frente al 7% de media de la UE-28 y Alemania). Luego, falla en la Renta (IRPF), por un exceso de deducciones: hay 11 paises que recaudan más que España (un 7,4% del PIB frente al 9,4% de la UE-28 y el 9,1% de Alemania). Tercero, en el impuesto de Sociedades, donde hay 18 paises europeos que ingresan más que España (un 2,4% frente al 2,5% de la UE o el 3% de Suecia). Cuarto en los impuestos especiales: España es de los paises donde se pagan menos impuestos (unos 2.200 millones menos) en los carburantes, el tabaco y el alcohol. Y quinto, en sucesiones y herencias, donde España recauda 3.250 millones menos que Europa. Además, Bruselas cree que España podría recaudar 6.710 millones más en impuestos medioambientales, 5.000 millones con la tasa Tobin (operaciones financieras) y 200 millones más con un nuevo  impuesto a las bebidas azucaradas.

En total, si España recaudara impuestos como los demás europeos, podría ingresar 45.000 millones de euros más, que darían para bajar el déficit del 3% exigido (con 15.000 millones) y para gastar otros 30.000 millones en lo que hace falta para fomentar el empleo, ayudar a los más pobres y reanimar la economía: 4.000 millones para fomento del empleo, 10.000 millones para cubrir el agujero de las pensiones, 6.000 millones contra pobreza, 1.000 millones para la Dependencia, 2.000 millones para la sanidad, otros 2.000 para la educación y 5.000 millones para inversiones necesarias (tecnología, infraestructuras, reindustrialización y economía digital). No son “las cuentas de la lechera”. Se pueden conseguir esos ingresos a medio plazo con una reforma fiscal de verdad y sin que la mayoría pague más. Eso sí, habría que volcarse (con más medios) en luchar contra el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Un dato: Montoro quiere recaudar en 2017 (220.963 millones), casi lo mismo que en 2007 (200.676). Pero para conseguirlo, busca ingresar más con el IRPF (78.027 millones frente a 72.614) e IVA (67.463 frente a 55.851) mientras las empresas pagarán la mitad de impuestos que en 2007 (24.399 frente a 44.823 millones), aunque ya tienen más beneficios que antes de la crisis.

A corto plazo, para este Presupuesto 2017, el Gobierno Rajoy podría haber recaudado más, para no tener que hacer nuevos recortes y subir de verdad el gasto social. La Comisión Europea y la OCDE le han dicho cómo. Primero, deberían subir el IVA al 21% a muchos productos y servicios que pagan ahora el 10% (como hoteles, bares y restaurantes, a los que se suman ahora discotecas y salas de fiesta, a los que estos Presupuestos bajan el IVA del 21 al 10% ): de ahí sacarían 14.000 millones más, dice Bruselas. Segundo, subir el impuesto al gasóleo y dejarlo como la gasolina: son 1.400 millones más. También deberían subir los impuestos ambientales, que aportarían otros 2.000 millones.Y los 200 millones del impuesto a bebidas azucaradas. Sólo con eso serían 18.000 millones más. Pero Montoro se niega a subir el IVA y su socio, Ciudadanos, amenazó con no apoyar los Presupuestos 2017 si subían los impuestos ambientales o se aplicaban tasas a las bebidas azucaradas.

Nada de subir impuestos, coinciden PP y C´s. Es tabú. Y en cuanto puedan los bajaránprometen. Aquí está el verdadero problema de España y de estos Presupuestos: mientras no seamos como Europa y se recaude más, tendremos más déficit  y habrá peores servicios públicos y menos gastos sociales. No se trata de subir los impuestos a la mayoría, a los que viven de un sueldo, sino a las grandes empresas, multinacionales y a los más ricos. Pero PP y Ciudadanos se niegan a hacerlo, quizás porque no quieren tocar el bolsillo de esos poderosos, que han de ser fiscalmente más “solidarios” (ahora que ya tienen más beneficios que antes de la crisis)  para que el Presupuesto lo sea.

En definitiva, que lo importante no es conseguir aprobar estos Presupuestos para fortalecer a Rajoy, sino aprobar unas cuentas públicas que ayuden de verdad a crecer más y a crear más empleo. Y eso no se hace con más recortes. Y urge aprobar un Presupuesto solidario con los más pobres, que ayude a recuperar lo perdido en sanidad, educación y dependencia y que permita invertir en tecnología e infraestructuras, los cimientos del futuro. Pero para eso hacen falta más recursos, que se pueden conseguir: basta con recaudar como el resto de Europa. Eso sí, algunos tendrán que pagar más, pero no la mayoría. Ahí está el gran debate, no en las mentiras y milagros que quieren vendernos.

lunes, 14 de noviembre de 2016

Pensiones: urgen más ingresos, no recortes


Las pensiones son, junto al paro, la mayor preocupación de los españoles. Y más al saber que “la hucha” se acaba y no dará para pagar la extra de Navidad de 2017. Los gastos suben más que los ingresos y el déficit de las pensiones será este año de 19.000 millones. El dilema es claro: o aumentan los ingresos o habrá más recortes. Se pueden ingresar 15.000 millones más si no se bonifican cotizaciones (tarifas planas), si cotizan más los que más ganan, si se pagan subsidios a los parados que no cobran (y así cotizan) y si la Seguridad Social deja de financiar  el Ministerio de Empleo. Además, habría que trasvasarles otros 10.000 millones del Presupuesto. Y subir en el futuro cotizaciones (más bajas que en Europa). Todo menos recortar unas pensiones que son bajas (la mitad, inferiores a 667 euros) y que serán un 50% más bajas para 2050, gracias a las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013). Urge garantizar más ingresos para asegurar las pensiones.
 
enrique ortega

El problema que tienen las pensiones es que no salen las cuentas: los ingresos no cubren los gastos y el déficit crece de forma imparable. Así, si en 2010 apareció el primer “agujero” en las pensiones (-365 millones de euros), el déficit se ha multiplicado por 45, alcanzando los -16.514 millones en 2015. Y la previsión del Gobierno Rajoy, enviada a Bruselas en octubre, es que el déficit vuelva a crecer este año, hasta los 18.950 millones de euros (el 1,7% del PIB), 6.000 millones más de lo que preveían hace sólo unos meses.

¿Qué ha pasado para que las pensiones pasen de tener un superávit de +13.000 millones de euros (2008) a un déficit de casi -19.000 millones (2016) en sólo 8 años? Básicamente, que se han desplomado los ingresos mientras crecían imparables los gastos. Veamos esta  sencilla relación, que lo explica muy claro: hay 2 millones menos de españoles trabajando (y cotizando) que en 2008 y 1 millón más de pensiones (y de pensionistas). Así es imposible que salgan las cuentas.

Con todo, el problema es más de ingresos que de gastos. Porque aunque han crecido las pensiones (de 8,41 millones a 9,43) y los pensionistas (de 7,56 a 8,57 millones), el gasto en pensiones ha crecido menos del 3% hasta mayo pasado y ahora crece el 3,1 %, debido a las “reformas” (recortes) aprobados por Zapatero (2011) y  Rajoy (2013) y a que las pensiones sólo se revalorizan un mínimo 0,25% anual. Con ello, la pensión media es hoy de 907,7 euros y la de jubilación 1.047,9 euros. Pero esas son las medias y hay muchas más bajas. De hecho, el 49,9% de todas las pensiones estaban en 2015 por debajo de los 667 euros, el umbral de pobreza (menos del 60% de los ingresos medios de los españoles). Y eran “pobres” el 69% de las pensiones de viudas, el 86% de las de orfandad y el 40% de las jubilaciones.

Lo que más ha fallado en las cuentas de las pensiones son los ingresos. En 2014 subieron sólo un 1%, en 2015 un 1,3% y este año aumentan un 2,8% hasta octubre, frente al 6,7% que estaba presupuestado. Y fallan los ingresos porque apenas crecen las cotizaciones, aunque la economía crece y se crea empleo. Pero, a raíz de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012, se trata de un empleo “precario”, temporal y por horas o días, mal pagado, con lo que cotiza menos que el empleo estable del pasado. Además, hay otras dos razones para que no crezcan más las cotizaciones, por decisiones también del Gobierno Rajoy. Una, su apuesta por bonificar cotizaciones a empresas y autónomos para incentivar el empleo (las famosas “tarifas planas”), que se han revelado poco efectivas pero que son muy costosas: estas bonificaciones (descuentos) a empresas y autónomos han rebajado los ingresos de la Seguridad Social en 3.439 millones en la pasada Legislatura (2012-2015). Y la otra, los recortes a los parados aprobados también por Rajoy, que han provocado que sólo 715.518 parados cobren un subsidio de paro contributivo, frente a 1.389.973 que lo cobraban en diciembre de 2011. Eso supone que hay 674.455 parados menos cotizando a la Seguridad Social, porque cuando un parado no cobra el subsidio contributivo (de 780 euros), deja de cotizar (aunque cobre el subsidio asistencial de 426 euros).

Así que ya sabemos por qué han caído los ingresos (cotizaciones) más que los gastos y por qué el déficit de las pensiones se va a multiplicar por 51, entre 2010 y 2016. Hasta ahora, el agujero se ha ido tapando con “la hucha” de las pensiones, creada en 2006 y alimentada con los superávits de los años buenos, hasta alcanzar un máximo de 66.815 millones en 2011. Pero desde 2012, el Gobierno Rajoy ha tirado de la hucha para pagar las extras de verano y Navidad (unos 8.500 millones cada una). Y ahora ya sólo quedan 24.207 millones, que se acabarán en 2017, no llegando ya para pagar la extra de Navidad del año que viene. Por eso, urge poner orden en las cuentas cuanto antes.

La opción es clara: o se buscan nuevos ingresos o habrá que hacer más recortes en las pensiones, ya de por sí bajas. Rajoy ha prometido reunir antes de fin de año a las fuerzas sociales, en el llamado “Pacto de Toledo”, para estudiar soluciones, con idea de aprobar medidas antes del verano próximo. Pero su propuesta es muy “simplista”: para salvar las pensiones hay que crear más empleo, llegar a los 20 millones de españoles trabajando (hoy son 18,5 millones). No es una “alternativa”. De hecho, entre 2014 y septiembre de 2016 se han creado en España 1.392.300 nuevos empleos y el déficit de las pensiones ha seguido creciendo. La otra propuesta del Gobierno, a través de la ministra Báñez, es más “una ocurrencia”: permitir que los jubilados puedan seguir trabajando y cobrando el 100% de la pensión (ahora es el 50%). Sería sólo “un parche”, que traería pocos ingresos y sin embargo dificultaría el empleo a los jóvenes, que bastante lo necesitan.

La alternativa pasa por conseguir más ingresos a corto plazo, no esperar al lento goteo de los nuevos empleos que cotizan poco. Y aquí, UGT ha hecho una propuesta muy concreta, que supondría ingresar 15.500 millones más, por 4 vías: supresión de bonificaciones en las cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones más de ingresos), subida de los topes máximos de cotización (ahora están en 3.642 euros mes) para que los sueldos altos coticen por todo lo que cobran (se podrían ingresar 7.735 millones más), aumentar la cobertura del paro para que haya más desempleados cobrando subsidio y cotizando (aportarían otros 2.969 millones extras) y quitando a la Seguridad Social la obligación de costear el presupuesto del Ministerio de Empleo (4.000 millones al año), que debería financiarse con los Presupuestos, como los demás Ministerios. Aunque no se pudieran conseguir los 15.500 millones en 2017, de aquí podrían salir 10.000 millones extras al menos.

Y otros 10.000 millones deberían trasvasarse para las pensiones de los Presupuestos 2017. Se debe y se puede, porque la gran asignatura pendiente de España es recaudar más, como el resto de paises europeos. Ahora, Hacienda sólo recauda el 38,2% del PIB (2015) frente al 45% que recauda Europa y el 46,6% que recaudan los paises euro, según Eurostat. Eso significa que si España recaudara impuestos como los demás paises euro, habríamos ingresado 85.000 millones de euros más en 2015. Y ese dinero extra nos daría para los gastos extras que necesitamos (entre ellos, las pensiones) y  para bajar el déficit. Bastaría de momento con conseguir 42.000 millones más de recaudación en 2017, como proponen los técnicos de Hacienda (GESTHA). Y para ello, habría que hacer pagar más impuestos a los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), además de subir el impuesto de los carburantes, algunos IVA, introducir la tasa Tobin a las operaciones financieras y nuevos impuestos medioambientales. Y dedicar parte de estos ingresos extras a las pensiones.

Pero no basta con tapar el agujero actual con medidas a corto plazo. Hay que buscar un sistema estable y suficiente de financiación para las pensiones a medio plazo, porque el coste se va a disparar en los próximos 50 años. Básicamente, porque España envejece: si los mayores de 65 años son ahora el 18,7% de los españoles, serán el 25,6% en 2031 y más de un tercio de la población (34,6%) en 2066, según el INE. Más viejos que vivirán más años: si la esperanza de vida es hoy de 82,8 años, en 2066 superará los 90 años. O sea que habrá que asegurar la financiación para pagar pensiones durante 25 años (o aumentar la edad de jubilación hasta cerca de los 70 años). Y mientras los pensionistas casi se duplicarán, bajará la población española y se espera que haya 900.000 activos menos para 2025. En definitiva, más viejos y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones en el futuro.

Este panorama exige desde ya buscar unos ingresos y una financiación estable, combinando medidas. Por un lado, habrá que pagar una parte creciente de las pensiones con impuestos (se plantea pagar las pensiones de viudedad y orfandad, 24.000 millones, un 20% de la factura total) pero también habrá que subir las cotizaciones a la Seguridad Social, que son más bajas en España (sobre todo las de los trabajadores) que en Europa: un 28,3 % (en total, entre empresas y trabajadores) frente al 28,7% en la UE-28, un 33,3% en Alemania, 37,9% en Francia o 31,5% en Italia. Si se subieran un 1% las cotizaciones de empresas y otro tanto las de los trabajadores, se ingresarían 8.000 millones más al año. Está claro que sería un esfuerzo extra, pero también lo es que muchos trabajadores tengan que pagarse hoy un Plan de pensiones privado (lo pagan casi 10 millones de españoles) mientras las pensiones públicas tienen déficit. Y un tercer frente de actuación sería emitir deuda pública para financiar las pensiones a partir de 2030 (cuando haya bajado la deuda española), como propone Funcas.

Y en paralelo, España debería tomarse en serio la natalidad y ayudar a las familias para que tengan más hijos, para evitar que caiga la población: si no se toman medidas, habrá 5.300.000 españoles menos dentro de 50 años, cuando se tripliquen los pensionistas, según el INE. Actualmente, la tasa de natalidad es de 1,32 hijos por mujer, frente a 1,58 hijos en Europa (UE-28), 1,94 en Reino Unido y 2,01 hijos en Francia. Los expertos insisten en que para conseguir los jóvenes necesarios para trabajar y pagar las pensiones, harían falta 2,01 hijos por mujer. Eso significa que debían nacer 719 niños más cada día sobre los 1.143 que nacen. Y para eso, hay que ayudar a mujeres y familias desde ahora, con políticas fiscales y medidas eficaces.

Más ingresos y más natalidad para salvar las pensiones a medio plazo, no esperar a que crezca el empleo (precario) y las salve, como parece proponer Rajoy. Pongan las cuentas encima de la mesa, sin “politiqueos”, y consigan más recursos a corto y medio plazo para evitar más recortes futuros. Y para tratar de revertir los recortes que ya están en marcha. Porque no olvidemos que, con las reformas ya aprobadas por Zapatero (2011) y Rajoy (2013), las pensiones futuras será un 35% más bajas que las actuales para 2050, según un estudio de Funcas (Fundación Cajas de Ahorros). El problema ahora es que si no se toman medidas, los pensionistas actuales tendrán problemas a partir de la Navidad de 2017. Y los españoles entre 40 y 55 años, tendrán aún más problemas para cobrar incluso esas pensiones recortadas en 2050. Unos y otros han cotizado y merecen una pensión digna. Cueste lo que cueste.

lunes, 19 de septiembre de 2016

Presupuestos prorrogados y chantaje de Rajoy


No habrá Presupuesto 2017 y el Gobierno Rajoy aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, congelando ingresos y gastos. También aprobará un Decreto para recaudar 6.000 millones más de las empresas, para “calmar” a Bruselas y evitar que nos multe en diciembre. Pero Rajoy no subirá pensiones, sueldos de funcionarios ni ayudas a parados y dependientes, 14 millones de españoles que dependen de los Presupuestos. Dice que legalmente no puede, pero el PSOE le dijo en el debate de investidura que apoyaría un decreto revisando estas partidas. Otro problema grave lo tienen autonomías y Ayuntamientos: Hacienda no quiere subirles su déficit ni darles previsiones de ingresos y gastos, así que no pueden aprobar sus Presupuestos 2017, en perjuicio del gasto sanitario, educativo, empleos y sueldos de funcionarios. Parece un “chantaje” de Rajoy para forzar al PSOE a abstenerse en la investidura, so pena de aparecer como responsable de perjudicar a millones de españoles. Una pelea política que pagarán los españoles más débiles y la economía.
 
enrique ortega

No se ha conseguido pactar un nuevo Gobierno y el gabinete Rajoy, en funciones desde hace 329 días, legalmente no puede aprobar los Presupuestos 2017, que deberían llegar a finales de septiembre al Parlamento. Por eso, el Gobierno en funciones aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, como ya sucedió en 1983, 1990, 1996 y 2012, años con Presupuestos prorrogados. Eso significa que se congelan todos los ingresos y gastos públicos, que el año que viene sólo se podrá recaudar y gastar lo mismo que este año. Al menos hasta que haya un Gobierno, antes del 25 de octubre (difícil) o tras unas terceras elecciones, que revise las cuentas públicas, este año o el que viene.

En paralelo a la prórroga del Presupuesto 2016, el Gobierno Rajoy aprobará esta semana un Decreto ley para "calmar" a Bruselas, que nos había exigido un nuevo Presupuesto 2017 y medidas de ajuste (para recortar el déficit) antes del 15 de octubre. Se trata de aumentar este año en 6.000 millones los ingresos públicos, obligando a las grandes empresas a adelantar en octubre y diciembre un 20% del pago del impuesto de sociedades que deben hacer en 2017. Es un “truco contable”: se recaudará más este año, para recortar el déficit, y menos en 2017. La medida es más “chocante”: se aprueba para compensar la drástica caída de recaudación en el impuesto de sociedades (un -85% hasta julio), caída que se ha producido por culpa del Gobierno Rajoy: el año pasado aprobó una bajada de impuestos a las empresas, rebajando el tipo de sociedades del 28 al 25% y limitando drásticamente los pagos adelantados, que ahora sube con el nuevo Decreto. Y es que las grandes empresas apenas pagan impuestos en España, lo que perjudica la recaudación y el déficit. Basten dos ejemplos. el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar ni un euro en el impuesto de sociedades y Hacienda le ha devuelto 343 millones de euros desde 2011. Y Hacienda devolvió al Banco de Santander 1.236 millones de euros por Sociedades en 2013 y 2014.

Además de este Decreto para recaudar más ahora, el Gobierno Rajoy aprobó en agosto otra medida para “calmar” a Bruselas: cerrar el grifo” del gasto en todos los Ministerios el 8 de agosto de este año, en vez del 31 de diciembre. A partir de esa fecha, ya no se autorizan gastos nuevos. Otro “truco contable”: las facturas se meten en el cajón y se pagarán el año que viene. Con ello, Hacienda prevé ahorrar 1.000 millones más, a sumar a los 6.000 extras que se recauden por sociedades. Y pretende recaudar 1.000 millones más en la lucha contra el fraude. En total, 8.000 millones más para reducir el déficit este año, el mensaje que se quiere enviar a Bruselas para evitar una multa en diciembre, de la que nos libramos en julio (hasta 2.200 millones), más la posible pérdida de fondos europeos (otros 1.350 millones más) .

Pero el Gobierno Rajoy no quiere aprobar nada más. Y por ello, no podrán revisarse al alza algunos gastos que afectan a 14 millones de españoles: la subida de las pensiones (9 millones), el sueldo de los funcionarios (2 millones), las prestaciones a parados (2 millones) o las ayudas a ancianos y Dependientes (1 millón). Estas pensiones, sueldos y prestaciones se congelarán en 2017, al no haber Presupuesto. El Gobierno Rajoy dice que legalmente no puede tocarlas, pero el PSOE le dice que sí puede, que ya lo hizo Zapatero en la prórroga de 2011 y que la Ley de Gobierno (aprobada por Aznar en noviembre de 1997) permite aprobar un Decreto así a un Gobierno en funciones “por razones de urgencia e interés general”. Y ya en el debate de investidura de Rajoy, Pedro Sánchez le dijo explícitamente que si mandaban al Parlamento un Decreto revalorizando pensiones, sueldos y prestaciones de paro y Dependencia, “los socialistas lo iban a convalidar” (a apoyar). Pero Rajoy insiste en que no lo hará, como tampoco revisará otras ayudas y gastos necesarios, como las becas y ayudas escolares, según acaba de confirmar el ministro de Educación en funciones. Y por supuesto, otras partidas que exigen mejoras, como muchas prestaciones sociales, ayudas a la pobreza o urgentes inversiones en infraestructuras.

Pero el problema de la falta de Presupuestos 2017 no está sólo  en la cerrazón del Gobierno Rajoy para aprobar un decreto de revalorización de prestaciones a los españoles más débiles. También preocupa mucho a los Ayuntamientos y, sobre todo, las autonomías. Básicamente, porque el Gobierno Rajoy se niega a aprobarles un “techo de gasto” para 2017 (el máximo que pueden gastar, compatible con la rebaja del déficit prometida a Bruselas): dicen que un Gobierno en funciones no puede hacerlo, aunque sí lo hizo Zapatero en 2011. Y tampoco les quiere decir la previsión de ingresos que pueden tener para 2017, en función de lo que espera recaudar el Estado central (una parte importante son transferencias a autonomías y Ayuntamientos). Así, sin saber sus ingresos y su límite de gastos, autonomías y Ayuntamientos no pueden elaborar sus Presupuestos 2017, que deben aprobar en octubre y noviembre. Y eso paraliza su actividad y perjudica el Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, gastos sociales), que depende básicamente de las autonomías.

Otro chantaje del Gobierno Rajoy para presionar a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría controlados por la oposición) a que presionen al PSOE para que se abstenga en la formación de un nuevo Gobierno, so pena de paralizar los gobiernos autonómicos y municipales. Además, en el caso de las autonomías, el Gobierno Rajoy está utilizando otro instrumento de presión: no dejarles tener más déficit este año, lo que les obligaría a hacer 4.500 millones de recortes extras de aquí a diciembre, recortes que tendrían que salir de la sanidad, la educación, el empleo y los sueldos de los funcionarios o retrasando el pago a proveedores. En abril pasado, Hacienda pactó con las autonomías un aumento del déficit de este año 2016, permitiendo que fuera del 0,7% del PIB en vez del 0,3% inicialmente previsto (4.500 millones más de gasto), debido a que Bruselas había abierto la mano y permitía que España tuviera este año más déficit (hasta el 4,6%). Pero hasta ahora, el Gobierno Rajoy no ha materializado este nuevo déficit y dice que como está en funciones no puede legalizarlo. Y las autonomías se ven ahora con que tienen que hacer un ajuste mayor del previsto.

Las autonomías están agobiadas, porque sin techo de gasto y sin previsión de ingresos, no pueden aprobar los Presupuestos de 2017 y eso paraliza su actividad. Encima, si Hacienda no les sube el déficit de 2016, tienen que gastar este año 4.500 millones menos de lo que contaban hasta hace unos días. Y por si fuera poco, si el Gobierno Rajoy no aprueba un Decreto ad hoc, se quedarán también en 2017 sin los 937 millones que recaudan por el Impuesto de Patrimonio, que exige prorrogarlo explícitamente en cada Presupuesto. Por todo ello, las autonomías han presionado a Hacienda, para que convoque un Comité de Política Fiscal y Financiera (obligatorio si lo piden un tercio), que finalmente se celebrará este mes. Y allí exigirán información sobre ingresos y gastos para 2017 y que se respete el nuevo límite de déficit, tras haberlo cambiado Bruselas. Y se quejan de que el Gobierno Rajoy les “chantajea” financieramente (en perjuicio de sus ciudadanos), para presionar al PSOE (que gobierna en 7 autonomías y muchos Ayuntamientos) a que se abstenga.

La falta de Presupuestos y la actitud “pasota” del Gobierno Rajoy, no queriendo paliar los efectos negativos de la situación, no sólo puede perjudicar a pensionistas, parados, funcionarios, dependientes, Ayuntamientos o autonomías (sanidad, educación, ayudas sociales e inversiones) sino que también afecta muy negativamente a la actividad de la Administración, así como por supuesto a la economía y al empleo (que cayó en agosto). De entrada, hay más de 100 nombramientos de altos cargos que están paralizados. El 6 de octubre deberían renovarse la presidencia y vicepresidencia de la CNMV, el organismo que controla la Bolsa. Y a finales de año se va al Banco de Pagos de Basilea el subgobernador del Banco de España. Hay 3 consejeros de la Comisión de la Competencia (CNMC) que llevan un año en funciones y habría que renovarlos, lo mismo que 44 embajadores jubilados, fallecidos o cesados. Y están pendientes de nombramientos más de 30 Fiscales.

El Gobierno Rajoy dice que está en funciones y no puede hacer nombramientos, aunque sí propuso al ex-ministro Soria para el Banco Mundial y Defensa ha nombrado sin problemas 6 nuevos altos cargos militares (además de aprobar sin problemas, este mes de septiembre, un gasto militar extra de 1.160 millones para este año, como viene haciendo desde 2012). También están pendientes de trasponer 19 Directivas europeas y tomar decisiones que no permiten demora, como la renovación del Plan de Vivienda 2013-2016 (si no, el 1 de enero se paraliza) o decidir si se revisan las declaraciones de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal (como pactaron el PP y Ciudadanos), para lo que hay plazo sólo hasta el 30 de noviembre. Ell Gobierno está en funciones, pero por el bien de todos urge pactar una solución a los problemas y nombramientos más urgentes, para no paralizar aún más el país. Pero parece que Rajoy piensa que “cuanto peor mejor”: más presión sobre el PSOE y más votos para el PP si hay terceras elecciones, en las que culpará de todos estos males al “obstruccionismo” de Sánchez (y no a la incapacidad de Rajoy para conseguir más apoyos a su investidura).

Entre tanto, la Comisión Europea nos vigila y Bruselas está esperando “con la escopeta cargada”. Saben que sin Gobierno no pueden exigir un Presupuesto para 2017 antes del 15 de octubre, pero advierten que España debe de tomar “medidas”. A lo claro: recortes. Como 2016 será “un año perdido”, tendrán que concentrarse en 2017. Y eso supone que para cumplir con el 3,1% de déficit que Bruselas nos exige para el año que viene, habría que recortar entre 16.500 millones (si cerramos 2016 con el déficit objetivo del 4,6%, algo casi imposible, ya que hasta julio tenemos más déficit que en 2015) y 21.300 millones, una barbaridad. Y otros 10.000 millones más de recortes el año siguiente, para dejar el déficit público al 2,2% del PIB que nos exigen para 2018. Y si no hacemos este duro ajuste, la Comisión Europea amenaza a España con una multa de hasta 5.000 millones de euros, según el ministro de Guindos.

Así que el panorama está muy negro. No hay Gobierno ni visos de lograrlo. Y si se consigue en septiembre o en octubre, tendría que empezar con recortes este año. Y aprobar muchos más para 2017. Algo que sufriremos todos, en más impuestos y sobre todo en recortes en sueldos, empleos públicos, pensiones, sanidad, educación, dependencia, gastos sociales e inversiones en Ciencia y en infraestructuras que tanta falta nos hacen. Y con estos recortes, la economía crecería menos y crearía menos empleo, en un año 2017 que ya se prevé crecer menos (2,3% frente al 3% este año) y crear menos empleos (439.000 frente a 460.00 en 2016 y 525.000 en 2015). Y con la mala suerte que los recortes y el menor crecimiento coinciden con una Europa estancada y una economía mundial que no despega.

Esto es lo que hay y lo que está detrás de la falta de Presupuestos y de las peleas políticas sin salida, mientras Bruselas sigue con su austeridad, un suicidio económico y político. Habría que cambiar drásticamente, en Europa y en España, reanimando la economía alemana y europea (lo ha pedido el BCE)  y pactando casi todo en España para mejorar el futuro, buscando aumentar la recaudación de grandes empresas, multinacionales y los más ricos, para poder gastar más y recortar el déficit público. Hacer otra política económica y social, en beneficio de la mayoría de españoles. Pero no parece que estén por la labor.