Lecciones tras la última crisis energética

Tras la firma del Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán, el mundo espera que bajen los precios del petróleo, gas y carburantes, que han costado millones a los consumidores. Pero no será rápido: falta desminar Ormuz, restablecer el tráfico marítimo y reparar las instalaciones dañadas, más reponer las reservas de crudo. Los expertos creen que el mercado energético no se normalizará hasta fin de año, aunque en 2027 podría haber exceso de crudo y menores  precios. A España le ha afectado menos esta crisis que a otros paises, gracias al aumento de las renovables, que han permitido tener la luz a la mitad de precio que en Europa. Pero seguimos con un problema grave: el 68,4% de la energía consumida viene de fuera, somos los más dependientes de Europa (58,4%). Por eso, urge electrificar la economía, “huir del petróleo” en vehículos (electrificarlos), viviendas (calefacción por bombas de calor), industrias y transportes (aviación, barcos y trenes). Sólo así seremos más independientes frente a la próxima crisis energética (que llegará, seguro).

                     Los precios de los carburantes seguirán altos hasta fin de año y podrían bajar en 2027

El principio de Acuerdo firmado el miércoles entre EEUU e Irán pone un final provisional a la última crisis energética, que estalló el 28 de febrero, con los ataques de EEUU e Israel a Irán, disparando los precios del petróleo brent de 72,48 dólares/barril  (27 febrero) a 118,35 dólares (31 marzo), para bajar algo en abril (108,23 el día 27), mantenerse en mayo (107,77 el día 12) y bajar en junio (78,48 dólares/barril el 18 de junio, tras el pre-Acuerdo, aunque repuntó por encima de los 80 dólares el viernes, tras los nuevos ataques israelíes al Líbano. Pero los expertos insisten en que la crisis no se resolverá en unos días, que la normalidad en los mercados energéticos tardará tiempo: hay que “desminar” el estrecho de Ormuz, hay que agilizar el tapón de buques en la zona y agilizar el tráfico marítimo y hay que reparar las instalaciones energéticas dañadas en Irán y los paises del Golfo (el 80% afectadas). Y además, los paises más afectados por esta crisis (China, India, Japón y el sudeste asiático) tienen que reponer sus reservas, que están al mínimo, como también las europeas.

Todo este proceso de “normalización” puede durar entre 4 y 5 meses, según ha alertado la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que precisa que habrá déficit de petróleo en lo que queda de año (más demanda para cubrir reservas y el mayor gasto en verano, mientras la producción crecerá a menor ritmo), con lo que auguran precios altos (sobre los 75 dólares barril) hasta fin de año. Después, la AIE confía en que haya un superávit de petróleo en 2027, lo que podría hacer bajar los precios, entre 65 y 70 dólares el año que viene. Pero claro, estas previsiones saltarían por los aires si el conflicto con Irán se reproduce, si EEUU e Irán no llegan a un alto el fuego definitivo en estos 60 días que se han dado para negociar los aspectos más complejos de un acuerdo de paz definitivo, con Israel complicándolo.

Mientras parece que ha pasado lo peor de esta crisis energética (la 5ª de las últimas décadas, tras las crisis de 1973,1979, 2000-2008 y la de 2022-2023), es un buen momento para sacar lecciones y enseñanzas para el futuro. En el caso de Europa, esta crisis ha sido menos dañina que la crisis energética que sufrimos tras la invasión de Ucrania (24 febrero 2022), porque entonces Europa dependía en exceso del petróleo y sobre todo del gas, que disparó su precio mucho más que ahora : pasó de 74 euros/MWH el día 22 a 107 euros el 24 y 337 euros en agosto de 2022, mientras ahora ha subido sólo de 30,6 euros/MWh en enero a 67,50 euros en mayo 2026. Y además, la mayor parte de los paises tomaron medidas y aprobaron ayudas (en España, la “excepción ibérica”, poniendo un tope al precio del gas que salvó el recibo de la luz). Además, aquella crisis energética duró casi dos años, mientras que el conflicto de Oriente Medio ha durado menos de 4 meses.

España ha sido uno de los paises europeos menos afectados por esta 5ª crisis energética, por varias razones. La primera, que sólo el 10% de todo el petróleo que importamos procede del Golfo Pérsico (Arabia Saudí e Irak) y el 2% del gas importado (de Catar), lo que ha limitado el impacto directo en el aprovisionamiento, aunque no el impacto de las subidas globales (petróleo, gas y carburantes)  y la incertidumbre del mercado. Otro factor que nos ha ayudado es que ha mejorado la “eficiencia energética” de la economía española: ahora consumimos un tercio menos de energía para producir que hace 20 años (100 de intensidad energética frente a 150 en 2014, según CaixaBank Research). Eso nos hace más competitivos y reduce los costes energéticos, junto al ahorro energético, a las menores compras hechas al inicio de 2026, por temor al estallido del conflicto. La consecuencia ha sido muy evidente: en el primer trimestre de 2026, España ha reducido un -22,5% su déficit energético, el recibo por las compra-ventas de petróleo, gas y carbón importado: 7.377 millones pagados (enero-marzo 2026), frente a los 9.529 millones pagados en el primer trimestre de 2025, según Comercio.

Pero la mayor ayuda frente a esta crisis energética la ha tenido España con las renovables. El creciente peso de las energías renovables (eólica, solar, hidráulica) en la generación de electricidad (han aportado el 60,3% de la electricidad producida de enero a mayo, frente al 42,8% que aportaron en 2022) ha permitido contener el precio mayorista de la electricidad y con ello, el precio final del recibo. Así, el precio mayorista de la electricidad fue de 41,77 euros/MWh en marzo, 42,44 euros en abril y 54,23 euros en marzo, frente a 71,67 euros en enero y 16,41 euros/MWh en febrero. Y lo más importante, España ha conseguido producir una electricidad de las más baratas de Europa: ese precio mayorista de 54,23 euros/MWh en mayo era similar al de Francia (52,2 euros, por su elevado parque nuclear), casi la mitad del precio de Alemania (98,29 euros/MWh) y menos que la mitad de Italia (119,51 euros/MWh). Y lo mismo pasaba el jueves 18 de junio: España tenía un precio mayorista de 94,90 euros/MWh, frente a 98,32 euros Francia, 117,63 euros Alemania y 132,22 euros/MWh Italia… 

Veamos en detalle por qué pasa esto, comparándonos con Alemania. En mayo, ellos tenían un 65% de la electricidad renovable frente al 60,5% de España (aunque parezca mentira, Alemania apostó antes por el sol, el aire y el agua). Pero produjeron un 34,1% de la electricidad con gas y carbón, mientras en España estas energías fósiles sólo generaron un 18,8% de la electricidad (gracias también al 17,1% nuclear, energía que no aporta nada en Alemania). Resultado: como el gas casi duplicó su precio (de 31 euros/MWh en febrero a 50 en mayo), la generación de electricidad costó casi el doble en Alemania que en España.

La apuesta española por las renovables (que han pasado de generar el 47,2% de la electricidad en 2021 al 60,3% este año) ha servido para proteger a los consumidores (particulares y empresas), que hemos pagado de media 10 euros menos al mes en nuestro recibo de lo que hubiéramos pagado en esta crisis sin tantas renovables, según un estudio de la consultora Ember. Y eso que desde el apagón (abril 2025), los usuarios pagamos un extra en la factura para que REE mantenga disponibles centrales de gas e hidroeléctrica, lo que supone un coste adicional en el recibo de unos 5,5 euros mensuales, según el grupo ASE.

A pesar de estas ventajas ante la última crisis energética, España tiene un gran punto débil, su enorme dependencia energética frente al exterior: importamos casi el 70% de toda la energía que consumimos, todo el petróleo (50% de la energía consumida) y todo el gas (19%) y carbón (1%), mientras las renovables (autoabastecimiento) suponen sólo el 19,5% de la energía total que consumimos y la nuclear otro 10,5% (autoabastecimiento a medias, porque el uranio y el combustible enriquecido se importan). Una dependencia energética de España (68,4% en 2024) muy superior a la media europea (UE-27 importa el 58,4% de la energía que consume), siendo el 63,7% en Alemania, el 44,4% en Francia y el 73,4% en Italia.

Esta alta dependencia de España de los combustibles fósiles (petróleo y gas, básicamente) se debe a que los principales sectores económicos están “enganchados” a los hidrocarburos, lo que les hace muy vulnerables cuando hay una crisis energética y se disparan los precios. Es cierto que España lidera la producción de electricidad renovable, pero está muy retrasada en la sustitución de hidrocarburos por energías limpias. Por ejemplo, en la movilidad y el transporte, donde seguimos dependiendo del petróleo: el 90,3% de los vehículos que circulan por España son diesel (18,4 millones, el 58,9% del total) o de gasolina (10,5 millones, el 33,8% del parque) y sólo el 21,4% de los coches que se venden son electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). En las viviendas, donde el 95% de los hogares tienen calefacción de gasoil o gas (sólo el 5% tienen bombas de calor, con electricidad). En las industrias, donde el 75% utilizan todavía fuel o gas. Y en el transporte ferroviario (sólo el 65% de la red está electrificada) aéreo o marítimo, donde apenas han penetrado los combustibles alternativos.

Así que el gran reto de España (y de Europa) es “huir” de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y “electrificar la economía, generando electricidad con energías renovables que son 100% nacionales y aseguran la autosuficiencia energética. En Europa, sólo el 23% de las necesidades energéticas se abastecen con electricidad, según Eurostat, y en España ese porcentaje es del 24%, con lo que queda mucho por hacer. Un ejemplo de lo que se puede conseguir lo ofrece Noruega: el 47% del consumo final de energía lo aporta la electricidad, desde los coches eléctricos (98% de todos los que se venden) a su uso en la industria, las viviendas o los transportes. Y además, el 98% de esa electricidad que se consume en Noruega procede de fuentes renovables (allí, principalmente, plantas hidroeléctricas). Si España igualase a Noruega en esta electrificación, algunos estudios calculan que podríamos ahorrar un tercio de las importaciones anuales de petróleo y gas (nos gastamos 40.000 millones de euros en 2025…).

Por todo ello, la gran enseñanza de esta nueva crisis energética es que Europa y España deben acelerar la electrificación de las economías, con incentivos a los conductores, las viviendas, las industrias y los transportes para que “huyan” del petróleo y se pasen a consumir electricidad (en redes o baterías). Y no sólo para no depender tanto del petróleo y del gas, que se produce en el extranjero (en paises en muchos casos “conflictivos”),  para verse menos afectados por las crisis energéticas, sino también para lograr una mayor autonomía energética y lograr importantes ahorros de divisas en importar menos energía. Unos ahorros que justifican los incentivos y ayudas públicas a conductores, viviendas, empresas y transportes para ayudarles a “huir” de los combustibles fósiles.

Eso debería obligar a España y al resto de paises europeos a invertir más en energías renovables, en baterías para almacenar esta energía y en fortalecer las redes eléctricas, para que puedan hacer frente a la mayor “electrificación” de la economía sin apagones… Todos estos son los objetivos del Plan del Clima PINIEC 2023-2030, cuyo propósito es “electrificar” un 35% de la economía para 2030 (ahora es el 24%) y que el 81 % de esa electricidad se genere con fuentes renovables (hoy es el 60,3%). Ahora, tras esta nueva crisis energética por la guerra en Irán, el Gobierno Sánchez está pensando en acelerar aún más esa electrificación de la economía, con más ayudas para vehículos, viviendas, industrias y transportes.

En paralelo, la Comisión Europea presentará hoy (22 de junio) un paquete de medidas para acelerar el abandono del petróleo, el gas y el carbón en Europa, con un Plan de acción para fomentar la electrificación de las economías europeas. La principal medida que propone Bruselas a los paises es reducir los impuestos que paga la electricidad, hoy muy elevados (hasta el 51% de la factura media de los hogares europeos son impuestos y cargos fijados por los Gobiernos, lo mismo que el 37% de la factura eléctrica de las empresas), para que sean muy inferiores a los impuestos y tasas que pagan los combustibles fósiles. Esto debería llevar, por ejemplo, a bajar los impuestos a la luz (21% de IVA y 5,15% del impuesto especial de la electricidad, más otro impuesto del 7% a la producción que acaban pagando los consumidores) y subir los impuestos al gasóleo y la gasolina, medidas impopulares reiteradamente exigidas por Bruselas y que Podemos, el PP y Vox han vetado en el Congreso…

En resumen, que estamos a la espera de si el Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán se convierte en 60 días en una verdadero acuerdo de paz, mientras los mercados energéticos intentan normalizarse, un proceso que durará meses (eso si no vuelven las hostilidades). Pero deberíamos aprovechar esta nueva crisis energética para que España (y Europa) reduzcan su elevada dependencia energética del exterior, para que la próxima crisis (que llegará) nos dañe menos, a los consumidores y a la economía. Y eso obliga a acelerar la electrificación de las economías, a huir del petróleo y el gas y sustituirlo por electricidad renovable en los vehículos, las calefacciones, las industrias y los transportes. Una verdadera reconversión energética que nos haga más autosuficientes y menos vulnerables ante futuras crisis energéticas. Aprendamos de una vez.

Una guerra empantanada y costosa

Mañana se cumplen 2 meses de los ataques de EEUU e Israel a Irán, que han puesto patas arriba los mercados energéticos y la economía mundial. Entre treguas incumplidas y ataques, los precios del petróleo y el gas siguen altos, provocando una subida de la inflación y enorme incertidumbre en familias, empresas e inversores. Esta guerra en Oriente Medio tiene un alto coste en vidas, heridos y desplazados, pero afecta también a nuestros bolsillos: Europa pierde 500 millones al día por el conflicto. Pero, la Comisión Europea y muchos Gobiernos no toman medidas eficaces frente a esta nueva crisis, tras la Cumbre en Chipre el viernes, mientras el FMI augura un mínimo crecimiento para Europa, que podría acabar en recesión si la guerra se alarga. Sólo hay una salida: Europa debe ser más autosuficiente en energía, acelerando la electrificación de la economía y las renovables, como hace España. Y eso obliga a avanzar en el Pacto verde europeo, no a frenarlo, como defienden la derecha y la ultraderecha.

                 "Huir del petróleo" y electrificar la economía, la mejor receta ante las crisis energéticas

La consecuencia más directa para Occidente de esta guerra en Oriente Medio es la subida de los precios de la energía, que ya se empieza a trasladar a muchos otros precios y a la inflación general, con vaivenes según los ataques y las treguas. El precio del petróleo sigue alto, en 104,85 dólares el barril de Brent el viernes, que es más que antes de los ataques a Irán (72,48 dólares/barril), pero menos que el máximo de marzo (118,35 euros el día 31). Y lo mismo pasa con el gas natural, que costaba el viernes 44,50 euros, más que antes de la guerra (31,95 euros/MWh) pero menos que en marzo (50,75 euros/MWh el día 31). El problema es que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20% del petróleo y el gas que se consume en el mundo y la mayoría del que se consume en Asia, ha disparado el precio internacional del crudo, que podría llegar a los 150 dólares/barril.

Esta fuerte subida del petróleo (+44,6% en dos meses) ha impactado directamente en los precios de los carburantes, que han subido más. Y eso por dos razones. La primera, que el precio del teórico del crudo Brent (que se fija en el ICE de Londres) no es el que pagan realmente las petroleras y refinadoras, sobre todo en periodos de conflicto: el precio real del crudo de entrega inmediata (a 15 días), llamado Dated Brent, es mucho más alto: el 10 de abril, por ejemplo, el precio en el mercado de futuros era de 96 dólares barril, pero las refinerías pagaron 131 euros. La otra razón es que hay distintas calidades de crudo: hay tipos de petróleos que son más o menos pesados y permiten producir más o menos derivados (gasolina o diesel), que en muchos casos no se refinan en cada país sino que se importan. Y la subida del crudo ha disparado también el precio del gasóleo (la mayoría importado en Europa).

Todos estos factores han llevado a una fuerte subida de los carburantes, en muchos casos más que el crudo. Tras la fuerte subida de los primeros días, a finales de febrero, la gasolina ha pasado de 1,44 euros/litros el día antes de la guerra (27 de febrero) a un máximo de 1,8005 euros litro el 20 de marzo, para bajar luego (gracias a la rebaja del IVA del 21 al 10%, en vigor el 21 de marzo), hasta 1,556 el 31 de marzo y 1,51 euros/litro el viernes (7 céntimos más que antes de la guerra). Y el gasóleo, que costaba 1,39 euros/litro el 27 de febrero, subió mucho más, hasta 1,936 euros el 20 de marzo, para bajar después (por el recorte del IVA) a 1,794 euros/litro el 31 de marzo y 1,731 el viernes (+34 céntimos que antes de la guerra).

El otro efecto de esta guerra es la subida del precio del gas natural, que afecta al precio de la luz, porque una parte se genera con centrales de gas. En marzo, el precio mayorista de la electricidad subió a 41,77 euros/MWh, más que en febrero (16,41 euros) pero menos que un año antes (53,03 euros/MWh en marzo 2025). Y como las energías renovables aportaron el 63,1% de la electricidad en marzo, eso permitió que tuviéramos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Además, el Gobierno bajó, desde el 22 de marzo, los 3 impuestos que paga la electricidad.  Consecuencia: el recibo al consumidor con un contrato regulado bajó unos céntimos en marzo, a pesar de la guerra: habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero (71,77 euros). Y en abril, el precio mayorista ha bajado respecto a marzo (39,35 euros/MWh hasta el 24 de abril), con lo que bajará otra vez el recibo este mes.

A pesar de que la luz ha ayudado, los carburantes han provocado una fuerte subida del IPC en marzo, en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022 (+1,9%), lo que coloca la inflación media en el 3,4%, el peor dato desde junio de 2024. Y eso que todavía no se observa que la subida del petróleo, el gas y los carburantes se haya trasladado al transporte, la industria o los alimentos, que podrían subir por los mayores precios de los fertilizantes y muchas materias primas. Preocupa además la subida del helio (que se produce en los paises del Golfo, a partir del gas), clave para la fabricación de chips, y de muchos principios activos y medicamentos, incluidos los condones (que proceden de India y el sudeste asiático).

Mientras fracasa el ultimo intento de negociación entre EEUU  e Irán, la preocupación ahora en medio mundo es que falten suministros en unas semanas, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya aprobado liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de crudo, para que no haya escasez. Pero la misma AIE ha alertado de que podría faltar keroseno para los aviones en 6 semanas. Y hay paises de Asia que ya han empezado a racionar los carburantes, mientras China ha suspendido sus exportaciones de gasóleo. En Europa, lo que más preocupa es el suministro de keroseno, que ya ha provocado un recorte de vuelos futuros en Lufthansa y KLM. El problema lo tienen sobre todo Reino Unido (que importa el 65%), Francia, Alemania e Italia (que importan el 50%), pero afecta menos a España (que sólo importa el 20% de este combustible). A más largo plazo, en verano, en Europa preocupa el abastecimiento de gasóleo y gasolina, porque hay pocas refinerías en Europa, que importa el 50% de estos carburantes. España, con 8 refinerías, está mucho mejor, porque sólo importamos el 10% del gasóleo y exportamos gasolina.

Además del temor a los desabastecimientos de crudo y carburantes, la otra preocupación del mundo es que esta nueva guerra dispare la inflación y recorte el crecimiento, con el riesgo de una recesión si el conflicto dura meses. El Fondo Monetario (FMI) acaba de lanzar una primera alerta, en su Informe del 14 de abril: el mundo crecerá menos este año (3,1%, un 0,2% menos de lo que esperaban en enero) y subirá más la inflación mundial (+0,6%). La zona más afectada será Asia (China, Japón e India), pero también Europa: la zona euro sólo crecerá un +1,1%, con el agravante de que Alemania crecerá la mitad de lo previsto (+0,5%), según las últimas estimaciones del Gobierno Merz, Francia un +0,9% e Italia +0,5%, aunque para España estiman un crecimiento del +2,1% (-0,2% que en enero).

Caiga o no el crecimiento y suba la inflación, la guerra lanzada por Trump y Netanyahu en Oriente Medio ya tiene un alto coste para Europa y sus ciudadanos: 500 millones diarios, según fuentes europeas, lo que equivale a 30.000 millones de euros en estos 2 primeros meses de conflicto. Sin embargo, la Comisión Europea no ha aprobado todavía ninguna medida para atajar esta crisis, aunque sí algunos paises: Hungría, Portugal, Croacia, Austria, España, Italia y Francia han fijado precios máximos a los carburantes, rebajas fiscales o  descuentos directos. En el caso de España, las ayudas de marzo a los carburantes y la luz, suponen un coste (hasta junio, su periodo inicial de vigencia) de 4.000 millones de euros, habiendo permitido una rebaja de 24 céntimos en el gasoil y 29 céntimos en la gasolina, según la Confederación de Estaciones de servicio.

Pero la Comisión Europea y la Cumbre europea en Chipre, el viernes, apenas han pasado de generalidades: ahorrar energía, promover el transporte público, rebajar impuestos o promover la electrificación de las economías. Y mientras España, Italia, Bélgica y Letonia pedían “más ambición en las medidas”, la presidenta Von der Leyen traspasaba la responsabilidad de las medidas contra esta crisis energética a la reunión de los ministros de Economía de los 27, en mayo. Otro retraso, después de que Bruselas rechazara la propuesta de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal para aprobar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras europeas, que están obteniendo un beneficio extra de 81,4 millones diarios con esta crisis, según este estudio de Greenpeace (serían 2.500 millones de beneficios extras sólo en marzo). España es el tercer país donde las petroleras (básicamente Repsol, Moeve y BP) tienen más beneficios extras, unos 11,5 millones diarios, gracias a su margen sobre cada litro de diesel (17,1 céntimos) y gasolina (2,5 céntimos).

En medio de una crisis energética que afecta mucho a Europa (aunque menos que la provocada inicialmente por la guerra de Ucrania), España es de los paises europeos menos afectados, por varias razones. Una, que estamos menos expuestos a los suministros de Oriente Medio: de allí sólo procede el 5% del petróleo que compramos y el 2% del gas natural, frente a un 10% de dependencia del conjunto de Europa. Dos, que España ha mejorado mucho su eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para generar 1.000 euros de PIB) desde comienzos de este siglo, reduciéndose un tercio. Y tres, la más importante, el fuerte peso de las energías renovables en la generación de electricidad en España: 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026 (frente a un 45% en la UE-27), lo que nos permite depender menos de las energías fósiles (petróleo u gas). Con todo, España tiene un enorme hándicap estructural: tenemos una altísima dependencia energética respecto al exterior, dado que importamos el 70% de la energía que consumimos, muy por encima del 58% de dependencia energética que tiene el conjunto de Europa.

Así que esta nueva guerra, como la de Ucrania, nos debería servir para aprender y tomar medidas que nos permitan afrontar mejor futuras crisis (que llegarán). La clave es “huir de los combustibles fósiles” (petróleo, gas, carbón), que además de destruir el clima (son los principales responsables de los gases de efecto invernadero) están vinculados a paises y zonas del mundo muy inestables, que pueden provocar nuevos conflictos geopolíticos. Eso debería llevarnos a apostar por los recursos autóctonos, especialmente el sol, el aire y el agua (más el hidrógeno verde), que no sólo son más baratos sino que nos hacen independientes. Eso es lo que pretende el Pacto verde europeo, puesto ahora en cuestión para la extrema derecha europea y el propio PP europeo, que avanzan en posiciones negacionistas. Y en España, el PP ha cedido a Vox en las autonomías (de momento en Extremadura, pronto en Aragón, Castilla y León y Andalucía), negando muchos elementos del Pacto verde europeo, precisamente ahora que la guerra en Oriente Medio deja clara la importancia de apostar por las energías renovables y el medio ambiente.

Además de una apuesta más decisiva por las renovables, España y el resto de Europa deberíamos sacar lecciones de las dos últimas crisis energéticas (Ucrania y Oriente Medio). Una, que hay que potenciar las reservas estratégicas, para evitar racionamientos y cortes de suministros. Dos, que hay que electrificar la economía, desde las empresas (muchas siguen consumiendo fuel y gas) al transporte (apenas hay furgonetas y camiones eléctricos, además de que el 90,3% del parque de vehículos en circulación van con gasóleo o gasolina) y a las viviendas (gas y calderas de gasóleo). Tres, hay que apostar por el ahorro energético, sobre todo en las viviendas (rehabilitación), industrias y servicios. Y hay que seguir apostando por las energías renovables, para que generen el 81% de la electricidad en 2030. Además, a corto plazo, urge vigilar la formación de precios en los carburantes, para que no suceda en el futuro que suben enseguida tras una crisis y tardan meses en bajar.

Al final, esta guerra en Oriente Medio (como la de Ucrania y los distintos conflictos internacionales latentes), tienen un coste clave: generan incertidumbre en los ciudadanos, las empresas y los inversores. Y por ello, el mayor riesgo de fondo no es pagar más caros los carburantes, la luz, el transporte o los alimentos sino que los hogares se preocupen y reduzcan su gasto (el ahorro está aumentando en toda Europa desde hace 3 años) y las empresas (que venden y ganan más que nunca) destinen su liquidez a depósitos, Bolsa o reducir deudas en vez de a invertir y crear riqueza y empleo. Con menos consumo e inversión y con menos exportaciones (por un comercio conflictivo y menos globalizado), España, Europa y la mayor parte del mundo crecerán menos y podríamos caer en otra recesión. Por eso urge parar esta guerra (y la de Ucrania) y unificar esfuerzos en Europa para salir adelante. Sin más dilaciones.

La luz baja, a pesar de la guerra

Si ha recibido el recibo de la luz de marzo, habrá visto que baja respecto al de febrero, a pesar de la guerra en Oriente Medio y la subida del petróleo y el gas. La razón es doble. Por un lado, creció el peso de las energías renovables en la generación de electricidad (63,1% en marzo), aportando luz con precio cero o negativo durante 141 horas del mes, aunque subieron los costes del sistema para evitar apagones. Y además, el Gobierno ha bajado los impuestos a la electricidad, afectando a todas las facturas emitidas desde el 22 de marzo. Ahora, en abril, el precio mayorista de la electricidad sigue bajo (inferior al de marzo) y es menos de la mitad del coste mayorista en Europa, gracias al mayor peso de las renovables. Eso sí, a partir de junio o julio, con más demanda, subirá el recibo. La clave es seguir apostando por las renovables: el Gobierno va a acelerar su implantación y los proyectos de biometano.

                            Enrique Ortega

El precio de la luz en origen, en el mercado mayorista diario (pool), ha tenido en marzo un precio promedio de 41,77 euros/MWh, más alto que en febrero (16,41 euros/MWh, un mínimo excepcional, por las borrascas y el clima) pero menor al del marzo de 2025 (53,03 euros/MWh) y menos de la mitad del coste en marzo de los últimos 5 años (93,.31 euros/MWh). Y eso a pesar de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo y el gas (que se utiliza para las centrales térmicas). Incluso el domingo 29 de marzo, tras un mes y un día de guerra, el coste mayorista de la luz en España fue sólo de 0,18 euros/MWh, el precio más bajo en origen desde 2013 y el tercer mínimo histórico.

Otro dato llamativo es que este precio mayorista de la luz en España (41,77 euros/MWh en marzo) es la mitad del precio mayorista en Europa, que superó los 100 euros/MWh en la mayoría de los paises (143,4 euros/MWh en Italia, 99,29 euros/MWh en Alemania), salvo en Francia, cuyo coste (63,85 euros/MWh en marzo) duplica al de España, a pesar de su enorme parque de energía nuclear. Así que España ha sido el país europeo menos afectado en su mercado eléctrico por la guerra en Oriente Medio y eso porque tenemos un mayor peso de las energías renovables y una menor generación de electricidad con gas y carbón.

Concretamente, en marzo, el 63,1% de la generación eléctrica en España procedió de energías renovables: 22,4% energía eólica (molinos de viento), 18,5% solar fotovoltaica (que ha aumentado un 40% su aportación en el último año), 1,4% solar térmica,19,2% hidroeléctrica, 1,4% otras renovables y  0,2% residuos renovables, mientras la energía nuclear aportaba el 17,1% de la electricidad, las centrales de gas un 14,4 % y el carbón sólo un 0,1%, según Red Eléctrica (REE). Y como dato histórico, el lunes 30 de marzo, las energías renovables aportaron ellas solas (eólica, solar e hidroeléctrica) el 70% de la electricidad, lo que permitió que el precio mayorista ese día fuera sólo de 10,61 euros/MWh, a pesar de la guerra. Este enorme peso de las renovables ha sido del 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026, frente al 57% en enero-marzo de 2025 y el 42% en el primer trimestre de 2022.

Este creciente peso de las renovables consiguió un precio moderado de la luz en el mercado mayorista diario durante el primer trimestre (43,32 euros/MWh), la mitad que el precio pagado en el primer trimestre de 2025 (86,03 euros/MWh), a pesar de la guerra. Pero ha habido dos factores que han jugado en contra. Uno, que ha subido en marzo el precio de la luz en el mercado de futuros (a un mes, un trimestre o un año), por la guerra de Oriente Medio, y las eléctricas y comercializadoras están obligadas ahora a comprar el 55% de la electricidad a plazo, lo que ha encarecido su precio en origen. El otro factor que ha jugado en contra ha sido el aumento de “los ajustes del sistema”, las medidas de refuerzo que toma Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón (como el de abril de 2025). La principal medida es tener disponibles más centrales térmicas de gas (“por si acaso”), lo que ha elevado este “coste de seguridad”, de 15,36 euros/MWh en marzo de 2025 a 28,52 euros en marzo de 2026.

Recapitulemos para entender cómo afecta todo esto a nuestra factura de la luz. El 40% de lo que pagamos tiene que ver con el precio mayorista en origen (41,77 euros/MWh en marzo), pero la factura es mayor porque hay que sumar los ajustes del sistema (medidas antiapagón), que aunque los pagan las comercializadoras, los repercuten finalmente en sus clientes. Así que en marzo, al coste mayorista en origen (41,77 euros/MWh) hay que sumar 28,52 euros/MWh de los costes de ajuste (más centrales de gas “de guardia”), lo que da un precio total de la electricidad mayorista de 70,29 euros/MWh, casi el doble que en febrero (41,62 euros/MWh), pero menor al coste total en enero (87,15 euros/MWh). Y si tomamos el coste total en el primer trimestre, 66,39 euros/MWh, es un tercio más bajo que al inicio de 2025 (100,02 €/MWh), gracias a las renovables y a pesar del mayor peso del gas (más caro).

El resto de la factura de la luz (tras este 40% que pesa el precio final en origen) se reparte entre el 35% que suponen los costes regulados (transporte, distribución y pagos regulados, que son fijos todo el año) y el 25% restante que son impuestos. Y aquí, en este tramo de la factura, ha actuado el Gobierno, para reducir la factura final de la luz ante la incertidumbre de la guerra en Oriente Medio: ha bajado los tres impuestos vinculados a la electricidad, hasta el 30 de junio. Primero el IVA, que ha bajado del 21% al 10%. Segundo, el impuesto especial de la electricidad, que ha bajado del 5,1126% al 0,5% (el mínimo que exige Bruselas). Y tercero, ha suprimido temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica, un impuesto que pagan las eléctricas pero que acaban repercutiendo en sus clientes.

Estas tres bajadas de impuestos entraron en vigor el pasado 22 de marzo y afectan a todas las facturas emitidas a partir de ese día, aunque se refieran a consumos anteriores, según confirman las propias eléctricas. Así que si su factura se ha emitido después del 22 de marzo (mírelo arriba a la derecha), va a pagar menos impuestos en todo el consumo que haya hecho en marzo (normalmente el último recibo incluye el consumo de finales de febrero a finales de marzo). Esta bajada de impuestos, como todas, beneficia más a los que gastan más luz. Así, este estudio revela que un hogar pequeño, que paga 40 euros al mes sin impuestos, se ahorrará en este último recibo 6,64 euros. Uno mediano (70 euros de gasto sin impuestos), se ahorrará 11,62 euros. Y un hogar grande o un local comercial (120 euros sin impuestos) se ahorrará 19,94 euros.

En resumen, en este último recibo de marzo, que acabamos de recibir, la factura será algo menor que en febrero, tanto por la menor subida del precio mayorista muchas horas del día como por la bajada de impuestos. Eso afecta a los 8 millones de consumidores que están en el mercado regulado (PVPC), porque los 22 millones que tienen un contrato en el mercado libre tendrán que esperar a renovarlo para ver si se lo bajan o no. En mi caso, he pagado 14 euros menos en el último recibo de marzo. La OCU estima que el recibo medio (4,6 kWh de potencia y 292 kWh de consumo mensual) en marzo habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero(71,77 euros). Y Facua estima que este último recibo habrá bajado de media de 73,19 a 71,35 euros (-2,5%).

Ahora, en abril, mientras sigue la guerra y se teme que escale el conflicto, el precio de la luz en el mercado mayorista en España (que supone el 40% de nuestro recibo final) está más bajo que en marzo: empezó abril costando 5,15 euros/MWh y ha tenido muchos altibajos (23,15 euros el 5 de abril, 63,21 el día 8, 13,33 el domingo 12 o 59,90 euros/MWh el 15 de abril), por el mayor o menor consumo y el clima (más o menos renovables). Al final, el precio medio del mercado mayorista estos primeros 15 días de abril ha sido de 30,31 euros/MWh, menos que en marzo (41,77 euros/MWh). Y además, el precio mayorista de la electricidad en España es menos de la mitad del que se paga en Europa : 55 euros/MWh este 14 de abril, frente a 91 euros/MWh en Francia, 138 en Alemania o 151 en Italia, lo que confirma que la guerra hace menos daño a nuestros bolsillos.

Con estos datos de la mitad de abril, sería lógico esperar una nueva rebaja del recibo de la luz en abril, a pesar de que suban los ajustes del sistema para evitar apagones (porque el gas que alimenta las centrales térmicas sigue caro, en 47,71 euros/MWh, +44% que en febrero). Y también ayudará más que todos los recibos que se emitan pagarán ya menos impuestos (y así hasta finales de junio, de momento). La clave van a ser otra vez las renovables, que además provocan que el precio de la luz sea muy volátil por horas. Un ejemplo claro son los datos de marzo: en las horas más baratas (de 1 a 4 de la tarde), el precio fue de 9,78 euros/MWh, mientras que a partir de la 8 de la noche, el precio medio subió a 101,69 euros/MWh. Y en marzo, tuvimos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Entre enero y marzo, el 16% de las horas fueron a precio negativo o cero. Eso indica que es fundamental saber las horas más baratas para poner la lavadora, el lavaplatos o el horno, porque eso baja mucho nuestro recibo final.

Si esperamos que el recibo baje otra vez en abril, parece claro que podría empezar a subir en junio o julio, hasta el otoño, debido a tres factores: en verano hay más demanda de electricidad (por los turistas y las altas temperaturas, que disparan el aire acondicionado), baja la ayuda de las renovables (en verano hay menos producción eólica y se reduce la eficiencia de los paneles solares con el calor extremo) y hay que echar mano de más centrales de gas (que sigue caro y subiendo), y además, está subiendo también el precio de los contratos futuros de la electricidad (de los 31,60 euros/MWh en mayo a los 76,75 en el tercer trimestre), que son ahora el 55% de la luz que han de comprar las comercializadoras (sólo el 45% debe proceder del mercado diario, porque hasta ahora era más “volátil”).

Así que el escenario que apuntan los expertos es una luz más barata en abril y quizás en mayo, con un repunte en junio o julio hasta octubre, cuando podría bajar de nuevo. Pero todo va a depender de la guerra en Oriente Medio: si el conflicto no se resuelve antes del verano, el precio del gas natural (hoy en 46,41 euros/MWh) podría dispararse hasta los 90 euros/MWh y eso situaría los precios mayoristas de la electricidad en origen en torno a los 100 euros (más del doble de los 43,32 euros que ha costado entre enero y marzo). Y, en consecuencia, la factura media al consumidor, suponiendo incluso que se ampliara la rebaja de impuestos, podría subir más de 10 euros al mes (hasta 72-75 euros de media la factura tipo que sigue la OCU). Así que atentos al curso de la guerra.

Con todo, hay un hecho claro: esta guerra ha pillado a España mucho más preparada que la mayoría de paises para afrontar la subida de la electricidad a particulares y empresas. Y eso, por el mayor peso de la generación eléctrica renovable, que nos permiten tener la luz más barata de Europa. Hay que seguir en ese camino, acelerando incluso el peso de las renovables, cuyo objetivo es que generen el 81% de la electricidad en 2030. Precisamente, el Gobierno Sánchez cree que, esta nueva guerra y crisis energética, deberían servir para empujar aún más las energías renovables. Para ello, el Ministerio de Transición Energética va a lanzar 4 consultas públicas para diseñar un marco regulatorio que permita acelerar la implantación de las energías renovables y el biometano. Se trata de promoverlas en áreas que han quedado degradadas y que han tenido un uso industrial o urbano, más canteras, minas o vertederos. Además, pretenden desbloquear las plantas de biometano (que tiene un potencial de reducir la dependencia del 10% al 15% del gas fósil que se consume), reduciendo los problemas de oposición social que se están encontrando en muchos lugares.

En resumen, los españoles estamos sufriendo los efectos de la guerra en Oriente Medio en la subida de los carburantes y algunos productos, alimentos y servicios, pero de momento no en el recibo de la luz, que ha bajado algo en marzo y podría volver a bajar en abril, gracias a la gran ventaja que tiene España en renovables, que nos permite tener la luz más barata de Europa. Pero esta nueva crisis energética debería servirnos para avanzar más rápido en la sustitución de energías fósiles que no tenemos por renovables (disponibles y baratas). Y a la vez, debería servir para volcarnos en desarrollar los vehículos eléctricos, no sólo coches particulares, sobre todo furgonetas y camiones. Es el camino (que no ven la derecha ni la ultraderecha) para ser más autosuficientes como país y no sufrir tanto los conflictos geopolíticos internacionales.

¿Nucleares? No, gracias

Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028. Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en 2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de  cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian, apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir, entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios). Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en 2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.

                 Almaraz debía cerrar en 2020, se prorrogó a 2027 y ahora quieren mantenerla hasta 2030 

Para entender mejor el debate actual sobre Almaraz, conviene hacer primero un poco de historia. En la madrugada del 22 de marzo de 2019, las tres grandes eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y la portuguesa EDP alcanzaban un difícil pacto para cerrar las 7 centrales nucleares de su propiedad: Almaraz I (1 noviembre 2027), Almaraz II (1 octubre 2028), Ascó (1 octubre 2030), Cofrentes (1 noviembre 2030), Ascó II (1 septiembre 2032), Vandellós II (1 febrero 2035) y Trillo (1 mayo 2035). El acuerdo fue posible tras la negociación días antes con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), a la que arrancaron dos cesiones antes de acordar el cierre. Una, ampliar la vida de esas centrales (que debían cerrarse a partir de 2020) entre 7,5 y 10 años más (ver calendario). Y la otra, conseguir que la tasa nuclear (para pagar la gestión de residuos) subiera como máximo un 20% y no el doble que habría subido con el cierre.

¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas (importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el 38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas, una “burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de 15.000 millones en decenas de centrales (67 hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años (de 2002 a 2009), pero aportando el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o agua suficiente).

Y así, las eléctricas estaban contentas con su cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar” las olvidadas nucleares. La Cumbre del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la primera Cumbre nuclear de la historia”.

En paralelo y después, paises y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80, por la gran contestación popular  tras 3 grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil (1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de 14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo ello, la energía nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares, con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos paises de Europa y el mundo. Por eso, la Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.

En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras. Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024 (son como 7 centrales de Almaraz). Y  por otro, las propias eléctricas han reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24 de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y evitar apagones.

Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3% Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8 meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica (7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019), una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.

Los “argumentos” de las eléctricas para prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el 19,4% de la electricidad generada este año (enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7% de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).

Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura. Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la región española con más cuota de energía solar instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables  (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800 MW más). Y que la central fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres) produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía limpia a 334.000 hogares”, según nota de Iberdrola, su dueña…

Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”. La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser desastroso. El 2º problema grave es que generan unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo de la luz) y peligrosos de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El Cabril (Córdoba). El tercer problema, la dependencia de otros paises para el suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón, Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la tecnología de las centrales.

Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio nuclear es más caro (el doble) que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla. Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz. Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo. Veámoslos.

La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9% en 2024, tras caer desde 2018 (salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda (el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en 2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW (2019) a 85.144 MW renovables en 2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW), la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica (17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para 2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última, Trillo, hasta mayo de 2035).

Evidentemente, el debate nuclear no se plantea hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a inaugurar la central fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos (y la abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…) tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP, no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las inversiones en renovables.

Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El presidente Sánchez dice que no está en contra de la prórroga solicitada, aunque pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir, mientras Sumar le presiona a no ceder y las eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a 2015, y que nos ha costado 5.717 millones extras…).

Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II , porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una energía que nos suministra luz más barata (España tiene la tercera  electricidad más barata de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa, según Eurostat: ver cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.

La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3 años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”, a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales (como la 5 restantes) están más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46 y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no necesitamos a unas eléctricas que ganaron 11.249 millones en 2024…

Pero la consecuencia más grave es que la prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio mundo. Y un sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos (hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara, además de invertir más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables en España. Mientras, el Gobierno ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800 millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la industria.

En resumen, que las eléctricas vuelven  a pedir otra prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo sensato sería seguir apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses, oscuramente mezclados. Que no nos engañen.

 

El sobrecoste político de la luz

El precio de la luz en el mercado mayorista bajó en septiembre (-10,8%), por tercer mes consecutivo, recuperándose del apagón. Pero el recibo de la luz que pagamos apenas ha bajado (13 céntimos), porque aunque la luz sea más barata en origen (por las renovables), hay que pagar las centrales de gas disponibles para evitar otro corte. El Gobierno aprobó en junio un “Decreto antiapagones”, para reforzar la red eléctrica, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso: en julio, lo  tumbaron PP, Vox, UPN, Junts, BNG y Podemos. A falta de estas medidas, los consumidores pagamos en el recibo un sobrecoste, 2.300 millones anuales. Ahora, el Gobierno busca aprobar algunas medidas por Decreto-Ley, para no pasar por el Parlamento, como el apoyo al autoconsumo (560.000 hogares y empresas tienen placas solares). Y propone invertir 13.590 millones en la red eléctrica, para multiplicar por 14 su capacidad. Objetivo: electrificar la economía y que las renovables aporten el 81% de la luz en 2030, abaratando más nuestro recibo.

                             Enrique Ortega

La luz se ha comportado bien este verano, costando menos en origen (mercado mayorista) que en junio y con un recibo estabilizado para los consumidores, aunque sea mayor que el del verano de 2024 porque este año ha subido el IVA que pagamos (del 10 al 21%) y los peajes (costes fijos del sistema). Concretando, en septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha sido de 61,04 euros/MWh, según OMIE, una bajada del -10,8% sobre el precio medio de agosto y la tercera bajada mensual consecutiva desde el máximo de junio (72,60 euros/MWh). La rebaja del precio mayorista de la luz en septiembre se debe a que no tuvimos olas de calor (como en agosto), a una menor demanda (menos turistas) y a una fuerte generación eólica y solar (un 53,7% de la luz fue renovable).

Sin embargo, esta rebaja de la luz en septiembre en origen (-10,8%) no se ha trasladado a los consumidores que tiene tarifa regulada (PVPC), 8,4 millones (otros 20 millones tienen tarifa “libre”, que renegocian cada año). Y eso porque el precio mayorista supone sólo un tercio del recibo final: los otros dos tercios son impuestos, costes fijos regulados (para pagar la deuda eléctrica, el parón nuclear, la ayuda a las islas o a las renovables), el transporte y la distribución y los “ajustes del sistema”. Y aquí está pesando ahora el coste específico que tiene Red Eléctrica (REE) por mantener disponibles 30 centrales de gas para evitar otro apagón como el del 28 de abril. Este coste, llamado “operación reforzada”, pasó de 8,19 euros/MWh en julio a 16,15 euros en agosto y 17,5 euros en septiembre… Un extracoste que pagamos en el recibo (hace un año eran 10,24 euros) para “evitar apagones”.

Al final, la factura media de la luz que ha pagado un hogar (con 4,6 KW de potencia y un consumo mensual de 292 kwh) ha sido de 67,61 euros en septiembre, sólo 13 céntimos menos que en agosto (67,74 euros), menos que en julio (68,12 euros) y casi como en junio (67,43 euros), según la OCU. Y es una factura algo más cara que hace un año (62,08 en septiembre 2024) y que hace dos (65,19 en septiembre de 2023) , por la subida del IVA y los mayores peajes obligatorios este año.

El Gobierno aprobó el 24 de junio un “Decreto antiapagones” para reforzar la seguridad de la red eléctrica y evitar a medio plazo este “extracoste” en el recibo por pagar las centrales de gas. Por un lado, reforzaba la vigilancia y la supervisión del sistema eléctrico, con más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación. Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías) y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Además, este “Decreto antiapagones” tenía otro objetivo: dar un empujón a las energías renovables, flexibilizando y agilizando los plazos para instalar nuevos proyectos renovables, incentivando el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector debe invertir 200.000 millones.

Este “Decreto antiapagones” contaba con el apoyo de las eléctricas, de los ecologistas y consumidores y de Bruselas, pero chocó con un Parlamento donde prima la derrota política del Gobierno sobre el contenido de lo que se vota. Y así, el 23 de julio, el Congreso rechazó convalidar el “Decreto antiapagones”, que fue tumbado por 183 votos en contra (al PP, Vox y UPN se sumaron Junts, BNG y Podemos). Este rechazo ha provocado que REE siga con su política de mantener las centrales de gas (su producción ha aumentado un 33% este año) para asegurar mejor el suministro, dominado por las energías renovables (con menos mecanismos para afrontar las tensiones del sistema). Y todo apunta a que este extracoste lo seguiremos pagando en el recibo este año y en 2026, al menos el primer trimestre. Un extracoste que nos supone a los consumidores un pago extra en el recibo de 2.300 millones anuales…De momento, Red Eléctrica acaba de pedir a la CNMC que apruebe cambios urgentes en las operaciones de la red para evitar nuevos apagones (alerta de que "hay riesgos"), cambios que reconoce subirán temporalmente el recibo de la luz a los consumidores. .

El Gobierno no se resigna a reforzar la seguridad del sistema eléctrico, aunque la pelea política haya frustrado el Decreto antiapagones que apoyaba el sector. Y así, va a aprobar algunas de sus medidas por vía Decreto-ley, para no tener que pasar por el Parlamento, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) las considera "innecesarias". De momento, el Gobierno ultima un Decreto para fomentar el autoconsumo eléctrico, para facilitar que particulares y empresas instalen paneles solares y molinos para producir su propia electricidad, una vía cada vez más utilizada: son ya 484.000 hogares y 76.000 empresas las que utilizan este autoconsumo, a un coste cero en su factura (el coste es la instalación y mantenimiento). Y ahora, el objetivo del Decreto es facilitarlo más, permitiendo que haya hasta 5 kilómetros desde la instalación al punto de consumo y facilitando vender los excedentes (un colegio o una empresa podrá vender un domingo la luz solar que no usa).

En paralelo, el Gobierno, la Comisión de la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica estudian otras medidas para reforzar la seguridad de la red sin pasar por el Parlamento. Y en paralelo, está en fase de consulta pública el Plan de inversiones para la red eléctrica entre 2026 y 2030, que pretende invertir 13.590 millones en los próximos 5 años, un 65% más que en 2021-2026. Y con ello, se pretende multiplicar por 14 la capacidad de la red eléctrica española, para evitar los “cuellos de botella” actuales y permitir que se “enchufen” a la red más polígonos industriales, nuevas viviendas, líneas de ferrocarril y puertos, además de nuevos proyectos tecnológicos (hidrógeno verde, centros de datos). Se trata de evitar la actual saturación de algunos puntos de la red eléctrica y conseguir una red más extensa y segura.

Estas importantísimas inversiones en la red eléctrica han de ser negociadas ahora con las eléctricas y los futuros usuarios, además de con las autonomías, en un reparto del pastel que traerá enfrentamientos. El objetivo de este ambicioso Plan de inversiones es aumentar la capacidad de la red para hacer frente a la “electrificación de la economía” (cambiar el petróleo, el carbón y el gas por luz de origen renovable), pero sin pasarse, sin crear una “burbuja eléctrica” (como sería aceptar los aumentos de capacidad que piden algunas industrias y muchas eléctricas), porque estas inversiones en la red se acaban pagando con nuestro recibo, las financiaremos los consumidores…

Cara al futuro, contar con una red eléctrica más potente y segura llevará a un aumento de la tarifa eléctrica, que debería ser compensado por la rebaja que supone producir más de la mitad de la electricidad con energías renovables, mucho más baratas. De hecho, el auge de las renovables en España ya han provocado un gran ahorro en la factura: el precio de la electricidad en España era en 2025 un 32% más barato que en Europa (cuando en 2019 era más cara), gracias al mayor peso de las renovables, según un reciente estudio de Ember, que refleja como en 2019, los combustibles fósiles (fuel, carbón y gas) determinaban el 75% del precio mayorista de la electricidad y en 2025 sólo influyen en el 19%.

Ahora, el gran reto es seguir promoviendo las energías renovables (entre diciembre de 2019 y junio de 2025, España ha duplicado su capacidad eólica y solar, consiguiendo un liderazgo en Europa). Entre enero y septiembre de 2025, el 56,8% de la electricidad generada ha sido renovable, superando la eólica (20,4%) y la fotovoltaica (20%) a la energía nuclear (19,5%) y al gas (15,5%), con un  13,1% de energía hidráulica. Y tanto en agosto como en septiembre, el carbón no ha generado ni un kilovatio de electricidad en España… Ahora, se trata de seguir avanzando, con más  inversiones en las nuevas instalaciones renovables , sobre todo en seguridad ( instalando inversores, que convierten la corriente continua en corriente alterna, permitiendo su vertido a la red) y en la instalación de baterías, que permitan almacenar la energía renovable que no se consume.

Todas estas inversiones persiguen conseguir el gran objetivo del Plan de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) : que el 81% de la electricidad generada en 2030 sea renovable. Y por supuesto, conseguir una luz mucho más barata, además de más limpia (con menos emisiones). Son objetivos que deberían unir a todos los partidos, al Gobierno central y a las autonomías, a los consumidores. Pero resulta imposible y la energía se ha convertido en otra bandera política, en medio de un preocupante auge de las posiciones negacionistas sobre el Cambio Climático. En definitiva, que la tarifa de la luz debería seguir a la baja (salvo subidas puntuales), por el peso creciente de las renovables y la baja demanda: de hecho, los precios mayoristas están bajando en octubre. Y los futuros de la electricidad apuestan por un precio mayorista de la luz de 60 euros/MWh en 2026 (en septiembre fue de 61 euros) y en torno a 58 euros/MWh entre 2027 y 2030.

Pero todo va a depender de la política, de que los enfrentamientos partidistas bloqueen o no los cambios y nos hagan pagar más cara la luz. Y provoquen ir más despacio para conseguir una luz mayoritariamente renovable. El riesgo es político, no tecnológico: podemos tener una luz más limpia y barata. No lo impidan políticamente a costa de nuestro bolsillo.