España: poco reciclaje y muchos vertederos

Uno de los problemas más serios en este siglo es la basura: cada persona produce casi 1 kilo de residuos domésticos diarios, más los residuos industriales (4 veces más). Y el 70% de esta basura mundial acaba en vertederos. Cada minuto usamos 1 millón de botellas de plástico, mientras generamos 8 kilos de desechos electrónicos anuales por persona. En España, el problema es aún más grave, porque somos el 4º país europeo que menos recicla (el 34,8% de la basura) y el que tiene más vertederos ilegales, por los que el Tribunal de la UE nos ha multado varias veces. El Gobierno ha aprobado, en mayo, una Ley de Residuos, creando un impuesto estatal a la basura para que no vaya de una autonomía a otra, buscando donde menos se cobra. Y otro impuesto a los plásticos, prohibiendo los de un solo uso. El objetivo es cumplir la exigencia europea para 2035: reciclar el 65% de la basura. Difícil pero necesario: la basura nos come.

 

Enrique Ortega

Vivimos en un mundo muy sucio, que produce 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,2 millones de Tm. cada hora), según el último dato de la ONU. Y un 20% de esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi 1 kilo diario por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y un 5% se incinera) y acaba en vertederos, en tierra, ríos y el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), que en un 79% acaban en vertederos o en el mar. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia o Africa.

Si analizamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), sin contar la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de los residuos), los paises que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los paises que generan más residuos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734 kg/hab), Suiza (730 kg), Dinamarca (758), Alemania (620), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482 kg/hab).

España genera menos basura por habitante (sólo residuos urbanos) que la mayoría de paises europeos: 476 kilos por habitante y año en 2019, por debajo de la media europea (502 kilos/hab en la UE-27) y el país europeo nº 16 en la generación de residuos urbanos, según las últimas estadísticas de Eurostat. A raíz de la crisis de 2008, en España cayó la generación de residuos municipales, de 510 kilos por habitante en 2010 a un mínimo de 448 kilos en 2014, pero luego, con la recuperación, ha aumentado la basura generada, hasta los 476 kilos por persona de 2019, aún inferior a la de los grandes paises europeos.

Pero España tiene un problema más grave con la basura que el resto de Europa: recicla mucho menos residuos municipales (y también industriales). De hecho, en 2019 sólo reciclamos el 34,8% de los residuos municipales (reciclaje más compostaje), frente a una media de reciclaje del 48% en Europa, según Eurostat. Y somos el 10º país europeo que menos recicla, muy lejos de los paises líderes en reciclaje de residuos: Alemania (66,6%), Eslovenia (59,2%), Austria (58,2%), Paises Bajos (56,9%), Bélgica (54,7%), Dinamarca (51,5%), Italia (51,3%) y Lituania (49,9%), todos por encima der la media. Además, hemos avanzado poco en el reciclaje de residuos urbanos: del 29,2% que reciclábamos en 2010 al 34,8% en 2019 (la UE ha pasado del 20% al 48%).

Otra parte de la basura no se recicla (reciclaje o compostaje) sino que se incinera, se quema en plantas especializadas. En Europa se incinera un 28% de los residuos urbanos, bastante más que en España, donde sólo se incineran el 11,2% de residuos municipales, según Eurostat. Una técnica que trata de reducirse, porque genera emisiones de gases de efecto invernadero (sobre todo metano, más peligroso para el cambio climático que el CO2), consume energía (muchas plantas no la recuperan) y, sobre todo, provoca riesgo de cáncer en la población cercana a las incineradoras, según distintos estudios científicos.

La tercera opción para la basura, cuando no se recicla ni incinera, es llevarla a vertederos, algunos legales y muchos ilegales. Es la opción más utilizada en España: un 54% de la basura urbana acabó en vertederos en 2019, frente a menos de la mitad, el 24% de media en la UE-27, según Eurostat. Esto nos coloca como el 4º país con más peso de los vertederos en Europa, sólo por detrás de Malta (91,6% de la basura urbana acaba en vertederos), Grecia (77,6%) y Chipre (67% de la basura en vertederos). Y muy alejada del peso de los vertederos en la basura de  Suecia, Finlandia, Bélgica y Holanda (menos del 0,6%), Alemania (0,8%), Francia (19,6%) o Italia (20,9%). Además, tampoco hemos avanzado mucho en los últimos años: en 2010 acababa en vertederos el 62,3% de la basura, frente al 54% ahora (mientras en la UE 27, el porcentaje de los vertederos ha bajado del 48% al 24%).

El problema además de España no es sólo que más de la mitad de la basura no se recicle ni incinere y acabe en vertederos. Es que hay demasiados vertederos ilegales junto a los legales. España tiene 182 vertederos de residuos municipales, más otras 50 plantas de gestión de residuos industriales y peligrosos, la mayoría instalados en el noreste de España (Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña), con unas 30 instalaciones de media en cada una de estas cuatro regiones, más otras 20 de media en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía. Pero junto a estos vertederos legales, España contaba en 2018 con 1.513 vertederos ilegales, según denunció la Comisión Europea, algunos hoy cerrados pero no la mayoría. Y eso ha provocado que el Tribunal de Justicia de la UE haya multado dos veces a España por ellos, desde 2015, la última por 61 vertederos (ver listado).

España recicla menos residuos urbanos y utiliza más los vertederos por una mala gestión de los residuos en origen: el 82% de los residuos urbanos no se separan correctamente, la basura está mezclada y eso dificulta su tratamiento. La Comisión Europea ya ha advertido varias veces a España que no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica, por lo que “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así no se pueden tratar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, lo que provoca que, después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se pueda reciclar y vender, con lo que acaba finalmente en los vertederos (legales e ilegales).

Pero además, las plantas de reciclaje de basura en España funcionan mal, según otro informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría aportados por Europa) para construir enormes plantas procesadoras de residuos, que concentran en un solo punto la basura de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas de tratamiento de residuos. Y además, las “macro plantas” españolas  son “poco eficaces”, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llega al 5%, con lo que el 95% restante acaba en vertederos (legales e ilegales), que proliferan por doquier, o se exporta.

Y no es solo la “basura tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal “la basura electrónica” (ordenadores, teléfonos y otros aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante al año, más que en Europa (16,6 kg) y casi el triple  que la media mundial (7,3 kg/habitante, según la ONU). Aquí, el porcentaje de reciclado es aún menor que en la basura urbana: el 25% (frente al 35% de basura electrónica que recicla la UE-27). Y el 75% restante se gestiona “de forma inadecuada”, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta a Africa o Asia (muchas veces ilegalmente) o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable, porque debemos recordar que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros) al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclaje. Se trata de “un fraude generalizado” en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

El grave problema de la basura preocupa mucho en Europa. Ya en 2008, la Comisión Europea aprobó una Directiva sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y que sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Después, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos el objetivo para 2020 (recordemos: reciclamos el 34,8% de los residuos urbanos frente al 50% propuesto), tendrá muy difícil cumplir los objetivos señalados para 2025 y 2035. Y sobre todo, algunas autonomías más retrasadas en el reciclaje, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan en torno al 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2018 a España y a otros 13 paises europeos (Finlandia, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y 8 paises del Este) para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje” porque corrían el riesgo de no cumplir el objetivo europeo de reciclar el 50% en 2020. Y antes, en febrero de 2017, Bruselas publicó un Informe donde señalaba los problemas de España con la basura: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos, falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías y ayuntamientos, que son los que tienen la competencia para la gestión de residuos, con escasos medios y financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que no aplicó ni el Gobierno Rajoy ni los sucesivos gobiernos de Sánchez. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los distintos impuestos autonómicos. La propuesta es simple: se necesita más dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado, y ese dinero deben pagarlo los que generan la basura (comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares). Y hoy por hoy, las tasas por vertidos que se pagan en España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa. Y además, sólo 10 autonomías tienen impuestos (diferentes cada una) sobre los residuos industriales (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas), lo que explica “el turismo de residuos”: empresas que llevan su basura a las regiones que no cobran, lo que explica que el mayor vertedero industrial de España esté en Almonacid del Marquesado (Cuenca). Y sobre los vertidos municipales, solo cobran tasas 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra), según este cuadro de los ecologistas.

Así hemos seguido, generando residuos y sin tomar medidas, a pesar de las alertas europeas. El 5 febrero de 2021, 16 organizaciones ecologistas y ONGs españolas presentaron una demanda por incumplimiento de los objetivos europeos ante la Comisión Europea, que estudia ahora si abre expediente a España. Esta denuncia, más la exigencia de reformas estructurales para recibir los Fondos europeos, ha llevado al Gobierno a acelerar la Ley de Residuos, aprobada en el Consejo de Ministros del 18 de mayo. Su objetivo es incentivar el reciclaje de residuos con la creación de 2 impuestos “verdes”. Un impuesto sobre la incineración y el depósito de residuos en vertederos (654,2 millones anuales) y otro impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso (723,8 millones). Además, se obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la recogida separada de basura orgánica en 2022 (y al resto en 2024), junto a recogidas separadas de textiles y aceites para 2025. También se prohíbe la venta de cubiertos y pajitas de plástico de un solo uso y se obliga a bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo gratis, cuando se apruebe esta Ley.

El objetivo de esta Ley de Residuos, que debe entrar en vigor en 2022, es doble: reducir los residuos que generamos (un 15% en 2030 sobre los de 2010: de 510 kilos por persona a 433 kilos, 63 kilos menos que ahora) y aumentar el reciclaje de residuos (un 10%, hasta el 44,8% en 2030, aún lejos del 65% objetivo europeo en 2035). España está muy retrasada respecto a Europa en la gestión de residuos y no tiene fácil homologarse con la UE. Pero hay que intentarlo, con esta nueva Ley de Residuos, con fuertes inversiones en autonomías, ayuntamientos e industrias y con un cambio de hábitos de todos nosotros, separando y reciclando nuestros residuos. Urge hacerlo, porque la basura “nos come”.

Más impuestos: toca pagar la pandemia

En junio toca presentar la declaración de la renta, mientras los impuestos son protagonistas de la política internacional: los paises del G-7 han subido al 15% el impuesto mínimo que paguen empresas y multinacionales, que ahora se escaquean en paraísos fiscales. Tras décadas de carreras para bajar impuestos, los paises se unen ahora para subirlos y pagar la factura de la pandemia. Y en julio, la Comisión Europea aprobará nuevos impuestos verdes, sobre los carburantes y vuelos. Entre tanto, Europa exige a España una profunda reforma fiscal, que se pondrá en marcha en 2023, cuando se afiance la recuperación. Subirán impuestos y no por ideología, sino porque no salen las cuentas: España ingresa 92.000 millones menos cada año que la media europea. Y así no se pueden financiar los servicios públicos y la modernización del país. Recaudamos poco porque muchos pagan menos de lo que deben: grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Ellos tendrán que pagar más, no la mayoría de españoles, que saldremos ganando.

Para situarnos, empecemos por un poco de historia económica. En el siglo XX, el crecimiento y la mejora del Estado del Bienestar tras la 2ª Guerra Mundial fueron posibles gracias a los altos impuestos que pagaban las empresas y los más ricos, en Europa y EEUU (las empresas pagaban un 91% de impuesto de sociedades entre 1951 y 1961, con Eisenhower). En los años 80 triunfaron las posturas económicas neoliberales, que arrastraron a Thatcher y Reagan a un recorte del Estado y los impuestos (28% tipo sociedades en USA), con una carrera entre paises para bajar los tipos y atraer empresas e inversiones. Esta política fiscal multiplicó los déficits públicos y redujo el Estado del Bienestar en todo el mundo, provocando recortes y una tremenda desigualdad tras la crisis de 2008. Una política fiscal conservadora cuyo último aleteo lo dio Donald Trump, con su reforma fiscal de 2017, que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y, sobre todo, a las rentas más altas.

Han sido cuatro décadas donde la idea dominante ha sido bajar impuestos para relanzar la economía y fomentar la iniciativa privada frente al Estado. Pero llegó la pandemia y la crisis, la mayor del último siglo, ha obligado a multiplicar las ayudas públicas a ciudadanos y empresas, potenciando la sanidad y los servicios públicos. Sólo en Estados Unidos se han aprobado estímulos (ayudas a particulares y empresas) por valor de 4,8 billones de dólares en el último año (entre marzo de 2020 y marzo de 2021). Y en Europa, los estímulos concedidos ya (entre ayudas y créditos) superan los 1,5 billones de euros, especialmente en Alemania (750.000), Francia (400.000), Italia (150.000) y España (110.000). Y ahora empezarán a repartir los 750.000 millones de los Fondos Europeos “Next Generation”.

La pandemia ha provocado un cambio histórico: ahora todo el mundo mira a “papá Estado”, pidiendo ayudas y soluciones para salir de la emergencia sanitaria y económica. Y eso ha multiplicado el gasto público, disparando los déficits y la deuda de los paises. Y con ello, se ha empezado a pensar en “cómo pagar la factura de la pandemia”. Y, curiosamente, las mismas instituciones internacionales que defendían la bajada de impuestos y el recorte del Estado son las que hablan ahora de “subir impuestos”. Empezó en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI): propuso “subir (temporalmente) impuestos a las rentas altas y a las multinacionales para pagar la factura de la crisis”. Y en mayo, la OCDE se sumó a esta propuesta, pidiendo además a los paises subir el impuesto a las herencias y donaciones, dos impuestos que PP y Ciudadanos llevan años queriendo rebajar en España.

Pero la gran novedad llega con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, al proponer al resto de países, el 21 de mayo, una tasa mínima mundial del 15% en el impuesto de sociedades, propuesta que enseguida fue apoyada por Europa y los paises del G-7, que han aprobado la medida en la Cumbre del 11 de junio en Cornualles (Reino Unido). No es que Biden sea “un rojo peligroso” sino que trata de hacer de la necesidad virtud: necesita recaudar muchos billones de dólares para financiar sus estímulos y el Plan de reactivación de la economía (2,3 billones) y no puede arriesgarse a que si sube los impuestos, las multinacionales busquen pagar menos en otro país. Así que es mejor pactar con el resto del mundo un tipo mínimo realista del 15% (que se pague de verdad) para que todos ganen, recaudando más.

El tipo mínimo del 15% (que algunos paises, como Francia, quieren subir al 21%) es una revolución fiscal,  tras cuatro décadas de carrera por bajar el impuesto de Sociedades: la media mundial está en el 24% nominal, aunque con las exenciones, desgravaciones, “trucos legales” y paraísos fiscales, las multinacionales pagan un tipo real del 4% y menos. Ahora, cara a la próxima Cumbre del G-20, el 9 de julio en Venecia, los paises y la OCDE tienen que perfilar la propuesta. Y después, negociarla con 135 paises, para que tenga un alcance mundial y las multinacionales no encuentren vías de escape. Hay 2 temas claves. Uno, cómo se va a fijar ese 15%, sobre qué beneficios y cómo se miden. Y el otro, como conseguir que las multinacionales paguen parte de ese impuesto en los paises donde operan pero no tienen la sede. Cómo conseguir que Google o Amazon paguen en España una parte de ese impuesto de sociedades cuando ahora desvían su facturación a otros paises.

No va a ser un acuerdo fácil, tardará aún meses y habrá que ver la letra pequeña, los resquicios que puedan aprovechar los poderosos bufetes fiscales que asesoran a las multinacionales. Pero, por primera vez en 40 años, hay una amplia mayoría de paises que están de acuerdo en forzar a las grandes empresas y multinacionales a pagar más impuestos. Y eso, porque todos necesitan recaudar más y el impuesto de Sociedades es una gran fuente de fraude y “elusión fiscal” (no pagar impuestos “legalmente”). Según la OCDE, la “elusión fiscal” de las multinacionales resta a las arcas públicas de los paises 200.000 millones de euros cada año. Y el European Tax Observatory calcula que Europa recaudaría 48.000  millones de euros más al año con este tipo mínimo del 15%, 1.000 millones más España (y 175.000 millones más, 12.400 España, si el tipo mínimo subiera al 25%).

Mientras avanza esta batalla para las multinacionales paguen el 15% de sus beneficios, Europa prepara otra revolución fiscal, la de “los impuestos verdes”, para pagar el ambicioso Plan contra el cambio climático: recortar las emisiones UE un 55% para 2030. La Comisión Europea prevé aprobar el 14 de julio el paquete “Fit for 55”, una serie de subidas fiscales para financiar la ambiciosa reforma energética europea. Los principales cambios, que nos van a afectar a todos en los próximos años, serán subidas en los impuestos a los carburantes y la calefacción, así como la implantación de usa tasa sobre los vuelos europeos, que hasta ahora no pagan por el CO2 que emiten (como las industrias y las eléctricas). Y además, subirán las tasas al transporte (“euro viñeta”), buscando reducir las emisiones de camiones, furgonetas y turismos. Y podría subir también el impuesto de matriculación.

Mientras Europa aprueba unos mayores “impuestos verdes”, la Comisión Europea ya ha advertido a España que tiene que hacer una reforma fiscal en profundidad, como una de las tres reformas básicas (junto a la laboral y de pensiones) que nos exigen para recibir los 140.000 millones de Fondos europeos (72.000 a fondo perdido). Y además de la exigencia, nos han adelantado sus 5 prioridades fiscales: subir los impuestos verdes, reformar el impuesto de sociedades, poner orden en el IVA (exceso de productos y servicios con tipos reducidos y superreducidos), armonizar el impuesto de patrimonio y sucesiones y corregir el impuesto sobre la renta (quitando reducciones y aumentando su progresividad).

España tiene que hacer una reforma fiscal  y no solo porque nos lo exige Europa, aunque la derecha (PP y Ciudadanos) siga con la bandera de “bajar impuestos”. Hay que poner orden en los impuestos, subiendo algunos, no por ideología sino por realismo, por un hecho incontestable: España recauda mucho menos que el resto de Europa. Y no ahora, sino en las últimas dos décadas (incluso antes). Veamos el dato. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

¿Por qué España recauda menos que el resto de Europa? Porque ingresamos menos en todos los impuestos, como demuestran muchos estudios. En el impuesto de la Renta, somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. En IVA, recaudamos 23.400 millones que la media UE, según la Comisión. En Sociedades, recaudamos el 2,3% del PIB, frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 4.912 millones de beneficios fiscales en 2020 (según Hacienda). En los impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes, ingresamos el 2,5% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. En impuestos verdes, recaudamos 3.500 millones menos que la media europea. Y con las herencias, otros 3.250 millones menos.

España recauda menos porque tiene demasiadas deducciones y exenciones fiscales, demasiados productos y servicios con IVA reducido y superreducido y porque las multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos pagan menos de lo que debían. Así, las 10 grandes tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron sólo 29,52 millones de euros en 2018. Significa que estas multinacionales pagan un 2,23% de impuestos sobre su teórica facturación en España.  Las grandes empresas pagan un 8,3% sobre sus beneficios y en el caso de grandes grupos y bancos, un 4% (frente al 25% de impuestos que pagan las pymes). Los inversores pagan, por intereses y dividendos, de un 19 al 23%, menos que el tipo medio del IRPF. Y las grandes fortunas declaran a través de sociedades y SICAV (tributan el 1% de sus beneficios anuales). Además, España tiene todavía mucho fraude fiscal, por el enorme peso de la economía sumergida (17,2% del PIB, según el FMI) y a la falta de inspectores (hay 4 veces más en Francia o Alemania).

Ahora, el Gobierno Sánchez ha prometido a la Comisión Europea que aprobará una reforma fiscal en 2022, para aplicar los cambios impositivos en 2023, no antes, para no poner en peligro la esperada recuperación. Y los cambios se basarán en el informe que entregue al Gobierno, en febrero de 2022, un Comité de Expertos que ya trabaja en la reforma. El único cambio que podría aprobarse este año, para aplicarse con el Presupuesto 2022, sería el tipo mínimo del 15% en sociedades, si se aprueba en el mundo este año. Un cambio muy importante, porque con el impuesto actual se recaudó 15.858 millones en 2020, menos de la mitad que en 2007 (44.823 millones), aunque las empresas ganan ahora más que antes de la anterior crisis. Si el tipo medio que pagan las multinacionales (2,23%) y grandes empresas (8% y en algunos casos el 4%) sube al 15%, el aumento de recaudación podría ser superior a los 2.000 millones de euros en 2022, una cifra muy importante.

El resto de cambios fiscales quedarían para entrar en vigor en 2023, algo difícil (Sánchez tiene una débil minoría para aprobar estos cambios en el Congreso) al ser un “año electoral”. Se auguran 6 grandes cambios fiscales, además del de Sociedades. En el IVA, reduciendo los productos y servicios con el tipo reducido (10%) y superreducido. En los impuestos especiales (quizás ya para 2022, si Bruselas aprueba nuevos impuestos), subiendo los impuestos del gasóleo, para homologarlo al de la gasolina (ahora paga 59 céntimos por litro frente a 70). En los impuestos verdes, porque España es el 3º que menos recauda sobre el PIB, incluyendo el impuesto sobre matriculación (España es el país UE que menos ingresa por el coche: 1.068 euros por vehículo frente a 1.911 en Francia o 1.963 en Alemania). En el Impuesto sobre la Renta, revisando deducciones y subiendo tipos a los que ganan más de 150.000 euros. En el impuesto de patrimonio, homogeneizando tipos (no se paga nada en Madrid, poco en Rioja o País Vasco y mucho en Extremadura, Aragón Y Cataluña). Y en el Impuesto de Sucesiones (herencias y donaciones), donde hay una pelea entre autonomías a ver quien baja más los tipos (hay “dumping fiscal”, como en Patrimonio).

Al final, España arrastra desde hace décadas un “agujero fiscal”, por recaudar menos que Europa, que hay que tapar cuando antes, para financiar los enormes gastos de la pandemia (que nos dejan un elevado déficit público y una histórica deuda), el reto del cambio climático y la modernización y digitalización de la economía. Para poder gastar más (“nos hace falta de todo”), España tiene que recaudar más. Y eso obliga a aprobar cambios fiscales para que paguen más los que ahora pagan menos de lo que deben: multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos. El resto, la mayoría de españoles que vivimos de una nómina o una pensión, también pagaremos algo más (IVA, carburantes, energía, coche…), pero no mucho. Los paganos de las futuras subidas de impuestos será esa minoría que ahora paga poco. Y serán los que emprendan “la cruzada” contra la subida de impuestos. Que no nos arrastren. La mayoría tenemos más que ganar.