Otro recorte del Gobierno Rajoy ha sido para RTVE: 200 millones, más de un tercio de la subvención que recibe. Con
ello, la televisión pública, líder de audiencia, tendrá que recortar
su oferta, ya que ni el Gobierno ni
las privadas quieren que tenga publicidad. Además, se ha preparado una Ley para privatizar las televisiones
autonómicas, un costoso desastre que
quedará en manos de productoras,
tras un doloroso ajuste. Así tendrán más poder las televisiones privadas,
ahora sólo dos grupos, con las
fusiones: Telecinco y Antena 3, con el 86% de la publicidad. Un duopolio
construido sobre la tumba de TVE, que
debería sobrevivir con dignidad para mejorar la calidad y la independencia
de la oferta televisiva. Pero para eso hay
que financiarla mejor.
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| enrique ortega |
El Gobierno Zapatero
cavó
la tumba de TVE, al quitar la publicidad en 2010, y el Gobierno Rajoy pone la lápida, con un recorte de 200 millones que va a asfixiarla:
es más de un tercio de la subvención (547 millones) y un 16,6% de su presupuesto
(1.187 millones). Y podría haber más
recortes, ya que ha encargado una
auditoría (¿no le vale la de la Intervención general del Estado?). Los gestores
de RTVE dicen que el recorte les coloca en una situación
insostenible, ya que el 80% del
gasto está comprometido y no
resultará fácil cortar (han ajustado directivos y sueldos) ,salvo empeorando la oferta de programas y forzando a un
nuevo ajuste de plantilla (tras los 4.000 que salieron).
RTVE debe gestionarse mejor, pero su problema no es sólo este recorte: está fallando el esquema
de financiación de TVE. La Comisión
Europea ha denunciado a España por obligar
a las empresas de telecomunicaciones a financiar (con un 0,9% de sus
ingresos) a RTVE. Y si el Tribunal de
Justicia UE falla en contra, se quedará sin 188 millones anuales, que cobra
con dificultades, como los 91 millones de
las TV privadas, con lo que cerró 2011 con un déficit de 50 millones (el tercero desde 2009). El Gobierno
lo sabe y busca un nuevo modelo de televisión pública,
pero no quiere que RTVE vuelva a tener
publicidad, aunque solo piden patrocinios
de 3 minutos por hora (ingresarían 100 millones).
En paralelo, el Gobierno
Rajoy ha aprobado el 13 de enero una Ley
para privatizar las televisiones
autonómicas a partir del verano. El objetivo es permitir una gestión
privada o mixta de lo que ahora es un
servicio público, pésimamente
gestionado: las 13 TV autonómicas cuestan
1.588 millones de euros al año entre subvenciones y pérdidas, con una deuda
de 1.630 millones. Muchos dirigentes del
PP prometieron, antes del 15-M,
cerrarlas o venderlas, pero ahora que controlan 11 de las 17 autonomías no
han hecho ni una cosa ni otra, aunque todas
sufrirán este año fuertes recortes
de presupuesto, de canales y programas (quitarán fútbol y Formula 1) y algunas, de personal.
El mayor problema de
las autonómicas es su abultada plantilla
(10.834 personas, frente a 1.000 en todas las privadas). Y todas pierden porque apenas tienen audiencia
(un 10,4 % frente al 17,6% en 2005) ni publicidad:
198 millones en 2011, un 9% del pastel, que les cae año tras año (- 27% en
2011). Ahora, las televisiones privadas huelen este trozo de la tarta
y piden al Gobierno que quite también la
publicidad a las autonómicas, como hizo ZP, que les regaló en 2010
los 500 millones que ingresaba TVE. Pero si las autonomías quieren privatizar sus televisiones, tendrán
que hacer antes duros ajustes de plantilla, quedarse con su deuda
y dejarles la publicidad, que es lo
que atraerá a las productoras,
que ya gestionan
hoy informativos (Secuoya y Vértice) en las TV de Baleares, Murcia, Aragón,
Canarias o Madrid.
Al final, la mayoría
de dirigentes autonómicos acabarán
teniendo “su televisión”, gestionada por productoras afines, que sacarán
su tajada, con apoyos y ayudas mutuas. Y ello reforzará el poder las televisiones privadas y sus productoras
(Mediapro, Globomedia, Endemol, Ganga o New Atlantis), un mercado que tras la absorción
de la Sexta por Antena 3 (y antes la de Cuatro por Telecinco), se ha
convertido en un duopolio: controlan ya el 86 % del mercado publicitario (en Francia,
Alemania o Gran Bretaña, las dos grandes TV privadas controlan del 60 al 77%),
aunque sólo tengan el 51,1 % de la audiencia
(con sus canales TDT), dominada por la 1
de TVE (14,5%), por tercer año consecutivo. Un duopolio
muy poderoso, que preocupa a los
anunciantes (les imponen condiciones) y que está deteriorando la oferta televisiva, centrada en los beneficios (150
millones Telecinco y 90 millones Antena 3): “Hacemos televisión para vender publicidad”, dijo una vez el
presidente de Telecinco. Clarito.
La crisis y la caída de la publicidad en TV
(-9,7 % en 2011 y otro -6% previsto para 2012) hacen que las privadas sean más agresivas con TVE y con las autonómicas. Pero
España debe plantearse si quiere o no
mantener televisiones públicas. En el caso de TVE, la más barata de las públicas
europeas (55 euros al año por familia, frente a los 180 € del canon de
la BBC, los 120 € de Francia o el canon de 200 € de las públicas alemanas), tengamos claro que por el camino de los recortes acabará
deteriorándose y cayendo en calidad
y audiencia. Y en el caso de las autonómicas,
habrá que plantearse si tiene sentido
mantenerlas y a qué precio (y si una productora privada puede gestionarla
con criterios de servicio público).
No se lleva, pero hay
que defender una televisión pública de calidad, independiente y bien gestionada.
Y eso tiene un precio, que habrá que
pagar. Sobre todo, porque nos tiramos 4
horas al día ante la televisión, un artilugio clave de formación (o de-formación) y de información (o des-información). Hemos pasado de 2 a 40 canales y la oferta es cada vez de peor calidad, con más telebasura
y más
anuncios. El negocio es así. Por eso no podemos liquidar las
televisiones públicas, las de todos. Nos
jugamos mucho.
