Ha tardado demasiado,
pero el Gobierno ha aprobado ayudas para
compensar a familias y empresas de la subida extra de la energía por la
invasión de Ucrania, con la inflación en el 9,8%. Y como Europa no aprobó
ayudas para los 27 (como con la COVID), España tendrá que pagar sola su
coste: 6.000 millones de euros. Destacan
la bajada de 20 céntimos a los carburantes,
mantener la rebaja de impuestos a la luz
y ayudas directas al campo, la
pesca, el transporte y algunas industrias. No hay más bajadas de impuestos, como
exige el PP, porque los expertos (OCDE, Banco de España) creen que “alimentarían”
la inflación, además de ser socialmente injustas (beneficiarían
más a los que más tienen). Ahora, la clave es poner tope al precio del gas, para que el precio mayorista de la
luz baje a 100 euros/MWh (hoy está a 240). No será hasta mayo, si Bruselas lo autoriza.
Mientras, los precios seguirán subiendo hasta que acabe la guerra. |
| Enrique Ortega |
El Gobierno esperó a
la Cumbre
europea del 24 y 25 de marzo
para perfilar el Plan de ayudas contra
los efectos de la guerra de Ucrania, porque esperaba que los
dirigentes europeos aprobaran ayudas globales para los 27, como
pasó con la COVID. Pero Holanda, Alemania y los paises ricos del norte ni se lo
plantearon, porque tendrían que pagar la mayor parte de un nuevo Fondo de
ayudas. Y decidieron que cada
país haría frente a sus costes, con más ayudas los más ricos (Alemania
ha presentado un primer paquete de 15.000 millones de ayudas). Eso sí, como
excepción, aceptaron a regañadientes que España y Portugal (dos “islas
energéticas”, que sólo importan el 2,8% de la luz) pongan un tope al precio del gas para intentar rebajar el precio
mayorista de la electricidad.
Con este balance del Consejo Europeo, Sánchez volvió sabiendo
que España estaba “sola”, sin ayudas externas frente a los costes
económicos de la guerra. Y sabiendo también que el Presupuesto “no es de chicle”
y que lleva más de 2 años con un gasto público elevado (y un déficit)
para pagar los costes de la COVID y las ayudas aprobadas en 2020, 2021 y 2022,
a familias y empresas. Así que echó cuentas y Hacienda le dejó
claro que el tope de ayudas públicas “asumible”
estaba
en 6.000 millones de euros. A
partir de ahí, se trataba de ver cómo repartirlo, porque los expertos
y la OCDE recomendaban no
ayudar de forma indiscriminada sino “concentrar”
las ayudas en las familias y empresas más vulnerables: es más eficaz y
no “alimenta” tanto la inflación como bajadas generalizadas de impuestos.
El problema eran los
carburantes: no se podían bajar en función de la renta de cada español. Era
descartable que hubiera que ir a echar
gasolina con la declaración de la renta en la mano, lo que hubiera
colapsado las gasolineras. Así que no quedaba más remedio que “hacer una bajada
para todos”: 20
céntimos por litro, buscando además que de esa rebaja, las
petroleras/gasolineras financiaran 5 céntimos, con lo que el coste
de la rebaja (los 15 céntimos que paga el Estado) será de 1.423 millones de euros. La rebaja de
esos 20 céntimos en todos los carburantes comienza el viernes 1 de abril y las gasolineras nos darán un ticket
con el precio y el descuento, que ellos adelantan y luego les devuelve Hacienda
cada mes (en un tercio de gasolineras, las que facturan menos de 750 millones
anuales, los 20 céntimos de rebaja corren totalmente a cargo del Estado). Ojo: estos días, algunas gasolineras han subido 10 céntimos el carburante, para no pagar luego parte del descuento.
La otra ayuda “generalizada”,
para los 29 millones de españoles que tienen un contrato de luz y para el 72,5%
de las empresas y negocios, es mantener
la rebaja de impuestos a la electricidad que ya aprobó el Gobierno en
junio de 2021, para intentar frenar la subida del recibo: se mantiene la rebaja
del IVA (del 21 al 10%), la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad
(al 0,5% , el mínimo que permite Bruselas) y se suprime el impuesto sobre la
generación de electricidad (un 7%, que pagan las eléctricas pero que nos
repercuten después), tres rebajas de impuestos que se mantienen hasta finales
de junio y que cuestan otros 1.573
millones de euros. Además, se mantiene que los consumidores de gas natural
no podrán tener una subida mayor del 5% en el próximo trimestre. Y se limita un 2% la revalorización de los
alquileres hasta finales de junio.
El resto
de las ayudas ya son “selectivas”, dirigidas a los colectivos
y empresas más vulnerables. Empezando por el “bono social eléctrico”,
que permite descuentos en el recibo de la luz del 60 al 70%: se mantiene para
los que ya lo tenían y se amplía a otros 600.000 familias
más, al incluir a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) y subir el
umbral de ingresos para tener derecho (ahora, ganar menos de 16.000 euros
anuales los solteros y menos de 20.265 euros las familias con dos hijos). Con
esta ampliación (que cuesta otros 228 millones de euros), los beneficiarios del
bono social eléctrico serán 1,9 millones
de hogares.
Otra ayuda selectiva es la que aumenta
un 15% lo que reciben las 360.000 familias que cobran el ingreso mínimo vital (IMV). Ahora les
suben 73,74 euros al mes a los que perciben la ayuda mínima (que queda en 565,28 euros) y 162,24 euros a los que reciben la ayuda máxima (1.243,86 euros).
Un segundo
bloque de ayudas va dirigido a los sectores
y empresas que más están sufriendo el aumento de costes por la invasión de
Ucrania. Las mayores ayudas son para el sector
transportes, con un coste para el Estado de 1.050 millones de euros.
Además de la rebaja general del carburante de 20 céntimos por litro (ahorrarán unos
700 euros al mes por camión), se añaden ayudas directas (450 millones), que serán
distintas según el vehículo (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por
furgonetas o ambulancias y 300 por taxi o VTC), más ayudas para abandonar la
profesión, devolución mensual del gasóleo profesional y la promesa de aprobar
antes de finales de julio una Ley para que no trabajen por debajo de costes.
Otras
ayudas importantes (cuestan 488,6 millones) van dirigidas a industrias que consumen mucha electricidad
y mucho gas (1.600 empresas), como las del cemento, siderurgia, aluminio,
papel, cartón, vidrio y cerámica. De distintas maneras, se les rebaja la
factura de la luz y se les compensa el coste de las emisiones de CO2. Otras
ayudas directas se conceden al sector
agrario (192 millones para agricultores y ganaderos y 169 para
el sector lácteo) y pesquero (68
millones), eximiendo además a los agricultores de la obligación de dejar en “barbecho”
(sin cultivar) un 5% de sus tierras: ahora se podrán destinar 2,76 millones de
hectáreas más a plantar cereales y leguminosas, para que esta mayor producción
compense sus mayores costes y el alza de algunos alimentos. Además, se exime a
los agricultores del canon del agua y a los pescadores de las tasas portuarias.
Además de estas ayudas directas (a fondo perdido) a las
empresas y sectores más vulnerables, el Plan de choque incluye 1.000
millones de euros de créditos ICO, como los que se concedieron por el
COVID, a muy bajo interés y con un año (o dos) de carencia (se pagan solo
intereses, no el principal). Podrán solicitarlos las empresas afectadas por el
aumento de costes derivado de la guerra de Ucrania y aquí el coste para el
Estado es bajo, porque sólo tendrá que asumir los avales de los que no paguen
(muy pocos). Además, como llueve sobre mojado, el Plan amplía los plazos de
devolución de los que ya tenían créditos ICO y ahora tengan más complicado
pagar intereses o devolverlos.
A cambio de estas ayudas directas o créditos, el Plan “prohíbe”
que las empresas beneficiarias despidan personal, al menos hasta
finales de junio, dándoles la posibilidad de aprobar un ERTE (como durante el
COVID) si necesitan reducir horarios o personal. Pero no pueden despedir si han
recibido dinero público para salir adelante, como
ha justificado la ministra de Trabajo, una medida que critica el
presidente de la patronal CEOE.
El último bloque del Plan de choque incluye medidas
para intentar abaratar el recibo de la
luz, medidas que tardarán en surtir efecto. La
primera y más efectiva, será el cambio en
el sistema de retribución a las
renovables: hasta ahora, se les liquidaba las ayudas cada 3 años y
ahora se hará anualmente. Y como han recibido más ayudas de las pactadas, el
Estado podrá recuperar 1.800 millones que va a destinar a bajar un 55% los
costes fijos del recibo de la luz. Resultado: sólo por eso, el recibo bajará 6 euros al mes.
Otra medida importante es que el Gobierno vuelve
a poner un impuesto a las eléctricas para que paguen lo que cobran
de más por el precio disparado del gas, los llamados “beneficios caídos del cielo”. Esta medida ya se aprobó en octubre
pasado, pero tuvo que rehacerla 2 veces y al final quedó en el aire, por falta
de cobertura legal. Ahora, tras haber avalado esta medida el último Consejo
Europeo, el Gobierno volverá a aplicarla, aunque no en el mercado mayorista,
sino en los contratos a plazo bilaterales e intragrupo: cuando una eléctrica firme un
nuevo contrato (a partir del Plan)
con un gran cliente, no
podrá repercutirle más de 67 euros por MWh de gas que utilice. Si
repercute un mayor precio, Hacienda se cobrará la diferencia vía impuestos.
Queda pendiente el gran problema: poner un tope similar al precio del gas que se utiliza para fijar el
precio de la luz en el mercado mayorista, para los consumidores de a pie.
El Consejo Europeo aprobó la excepción para España y Portugal (no quiere
hacerlo a nivel europeo porque tendría que “compensar” a las eléctricas y no
quieren pagar más), pero ahora hay que concretarlo. Esta semana, España
y Portugal enviarán
a Bruselas su propuesta
conjunta, que pasa por poner un tope al precio del gas, que
sólo aporta el 15% de la electricidad producida pero pone el precio a toda la luz
(también a la que se produce con energía hidroeléctrica, nuclear, carbón o
renovables, mucho más baratas), con lo que pagamos
toda la luz al precio del gas. El
Gobierno no quiere desvelar el precio
tope al gas que pide (“el
más bajo posible”) y que tendrá que negociar con la Comisión Europea, pero
podría ser inferior
a 50 euros (el precio medio en 2021, tras ser 20 euros la media en
2020), sobre 35 euros/MWh. Eso permitiría bajar sensiblemente el precio de la
luz en el mercado mayorista, hasta los 120
euros/MWH, la mitad del precio que
tiene para hoy jueves (239,37 euros/MWh).
Pero esta rebaja en
el precio mayorista de la luz (que supone el 50% del recibo, el resto son
costes regulados e impuestos) tardará en notarse en el recibo, ya
que la Comisión Europea retrasará 3 o 4
semanas su decisión final, que luego tendrá que plasmar el Gobierno español
en un decreto. Y ahí tendrá que decidir cómo se compensa a las empresas por el
tope al gas, aunque el Gobierno ha dicho que se financiará “con
cargo al sistema”, no con más ayudas
públicas o con
nuestro recibo. Habrá que verlo. Pero en cualquier caso, no estará listo hasta mayo y lo notaríamos en el recibo que llegue a primeros de junio. Primero, los
11 millones de consumidores que tienen la tarifa
regulada (tarifa PVPC). Y más
tarde, cuando les toque renovar su contrato, los 18 millones de clientes
con “precio
libre”, que han aumentado en el último año por la campaña de las
eléctricas para trasvasar clientes al mercado “libre” (+1,2
millones en 2021).
Bueno, hasta aquí el
detalle del Plan de choque contra la inflación extra provocada por
la invasión de Ucrania. Ahora, el Gobierno tiene que convalidar el decreto en el Congreso, en un mes, para lo que busca el mayor apoyo posible. El nuevo
líder del PP, Alberto Núñez Feijoo se
“estrena” con esta decisión (y con la entrada de VOX en el gobierno de Castilla
y León) y se debate en un dilema: apoyar o abstenerse, justificando su
futura decisión en que el
Gobierno debe “bajar impuestos”, que es lo que Sánchez prometió en
la Cumbre de presidentes autonómicos de la Palma. Hay que decir, primero, que
ha bajado los impuestos a la luz y la rebaja de carburantes es como bajar
impuestos. Pero sobre todo, que tanto la
OCDE como el
Banco de España han reiterado que es mejor apostar por ayudas dirigidas
a las familias y sectores vulnerables que bajar impuestos generalizadamente.
Primero, porque esa rebaja es socialmente injusta: beneficia más a los que más
tienen. Y segundo, porque una bajada
masiva de impuestos aumentaría aún más la inflación.
Pero hay otra razón, que apenas se esgrime: España no se puede permitir el lujo de
bajar impuestos. El rechazo no es por
razones ideológicas, sino prácticas: España
recauda mucho menos que el resto de Europa (88.000 millones menos cada
año que la media UE, según Eurostat)
y sin embargo tiene que paliar una
crisis mayor, primero por la COVID (el PIB cayó un -10,8%, frente al -5,9%
en la UE-27) y ahora por la invasión de Ucrania, con mucho menos “músculo
fiscal”, porque el déficit público ha
crecido al -6,9% (frente al -3,7% de la UE-27). Por eso es mucho más arriesgado
bajar los impuestos en España: no nos llega como para pagar lo que necesitamos y
recortar el déficit. Como para tener
menos ingresos. Esta es la realidad de las cifras, que ni PP ni Ciudadanos quieren ver con
su ideología. Lo que habría que hacer, cuando se pueda (no ahora) es subir
impuestos (ojo, a los que
pagan poco), para recaudar como el resto de europeos y salvar el Estado del
Bienestar.
De momento, lo que estamos haciendo es gastando impuestos y
endeudándonos, para salir del doble
bache de la COVID y la guerra de Ucrania, con ayudas moderadas (las que
podemos) y concentradas en las familias y empresas que más lo necesitan.
Ahora, la clave está en lo
que dure la guerra: si no hay un alto el fuego y se enquista, los precios seguirán subiendo imparables y
estas medidas del Plan de choque serán insuficientes. Y habrá que
pensar en más ayudas, porque además de la inflación nos caerá encima un
pinchazo en el crecimiento y el empleo, se pondrá en peligro la recuperación,
en Europa y en España. Y eso limitará aún más la recaudación y disparará las
necesidades. Por eso, y por lo que está sufriendo el pueblo de Ucrania, necesitamos
que se acabe la guerra. Cuanto antes.
