Cómo bajar el precio de la luz

La luz volvió a subir en septiembre, por 6º mes consecutivo, con precios desconocidos desde hace 20 años. El recibo medio sube un 8% este año y pagamos la 3ª luz más cara de Europa. El Gobierno Sánchez aprobará este viernes suspender el impuesto eléctrico del 7%, pero es “el chocolate del loro”: bajará 1,5 euros al mes el recibo. Un “parche” que va a rebajar más los ingresos públicos, un contrasentido: quieren subir los impuestos a la banca y les  bajan 1.000 millones a las eléctricas. Si quisieran abaratar la luz, deberían hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas lo que les cuesta de verdad producir la luz, no pagarles 3 o 6 veces más el kilovatio hidráulico o nuclear, al precio del kilovatio de gas y carbón (“sardinas a precio de caviar”). Y quitar del recibo costes injustificados o que debería pagar el Presupuesto. Así bajaría el recibo de la luz hasta un 40%. Pero eso supone recortar los enormes beneficios de las todopoderosas eléctricas. Y nadie se atreve.

enrique ortega

En septiembre, el mercado eléctrico, donde se fijan los precios mayoristas de la electricidad, ha sido un tobogán, con tres días de precios récords (75,93 euros/kW el 19 de septiembre), que no se veían en España desde hace 20 años. Y al final, el precio mayorista de la luz en septiembre ha alcanzado los 71,3 euros/kW de media, un 11% más que en agosto (64,33 euros) y un 23% superior al de finales de 2017 (57,94 euros). Como este precio mayorista de la luz influye un 35% en la factura de la luz, la subida media del recibo de enero a septiembre será del +8%. De hecho, una familia con un gasto medio (4,4 kW de potencia y 3.500 kw anuales de consumo) pagará en septiembre un recibo de 70,5 euros, 3 euros más que a finales de 2017 (+ 4,4%) y 10 euros más que en marzo (+18%), según indica el simulador de facturas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).

Los expertos aportan varias razones para explicar la fuerte subida de la luz en el mercado eléctrico 6 meses consecutivos, desde el mínimo de marzo (40,18 euros/kW), y especialmente entre mayo (54,92 euros/kW) y septiembre (71,17 euros/kW). La primera y fundamental, la subida del kilovatio producido en las centrales de carbón y gas, debido a la fuerte subida del petróleo y el carbón en los mercados internacionales. Y esta subida de costes de estos kilovatios se ha trasladado a la luz producida con aire y agua (hidroeléctrica), por la que se paga el precio de la luz más cara (carbón y gas). Eso ha provocado que, aunque ha habido menos agua en los pantanos y menos aire este verano, el agua que había se pagaba más caro porque había subido el carbón y el gas. Además, el calor de este verano y el turismo ha disparado la demanda de electricidad y los precios. Y por último, las eléctricas han pagado más por contaminar este año, porque se han triplicado en el mercado europeo el precio de los derechos de emisión de CO2 (lo que pagan por emitir, al producir electricidad con carbón y gas). Así que contaminan y pagan más. Y de paso, las centrales que producen sin contaminar (hidroeléctricas y nucleares) se benefician del encarecimiento del CO2, porque ahora reciben más dinero por kilovatio (por ser más "sucio") al venderlo al precio del kilovatio de carbón y gas. “Venden sardinas al precio de caviar”, ha dicho gráficamente el director del IDAE.

Una “locura”, pero así funciona desde 1998 el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija el precio de la luz cada hora según este sistema, autorizado por Aznar (Ley Eléctrica 1997): cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual, y más cuando no llueve ni hace viento, es que la energía que falta para asegurar el suministro se cubra con centrales de carbón o gas (que producen a 60 euros kilovatio), el precio que se llevan las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el kilovatio) o las nucleares (22 euros), que además están amortizadas, después de 90 o 40 años de vida. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona de hecho el mercado eléctrico.

Aparte de fijar precios por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), estrecho (pequeño), muy volátil (tiene muchos altibajos de precios) y el sistema promueve el fraude, como ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. Ya en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de este año, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Ante las fuertes subidas de la luz en agosto y septiembre, el Gobierno Sánchez ha optado por un atajo, que es un “parche”: no toca el distorsionado mercado eléctrico y se conforma con suprimir “temporalmente” el impuesto del 7% a la producción de electricidad que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas en 2013, para intentar corregir el déficit eléctrico (una “deuda” de 24.000 millones a las eléctricas, por haber subido la luz desde el año 2.000 menos de los costes que ellas decían). Este impuesto eléctrico, unos 8.000 millones recaudados en estos 6 años, no lo han pagado las eléctricas (que lo recurrieron al Supremo y al Constitucional, perdiendo los recursos) sino que lo hemos pagado los consumidores, porque las eléctricas lo han repercutido en el coste de la luz. Ahora, la intención del Gobierno Sánchez es que al quitar ese impuesto, la luz baje. Pero será “el chocolate del loro”: los expertos creen que la luz bajará una media de 1,5 euros por recibo, sólo un 2%.

Y a cambio, Hacienda dejará de ingresar 1.500 millones de euros al año por este impuesto (en 2017 recaudó 1.510 millones y este año se preveían 1.528 millones, de los que se perderán 382 millones, al suprimirse el impuesto ya desde octubre). Y esto es un contrasentido: el Gobierno Sánchez quiere recaudar 1.500 millones más con un impuesto a la banca y a las operaciones financieras y dejará de ingresar 1.500 millones de las eléctricas (que han “aplaudido la medida”, claro). Y así, será difícil aumentar el gasto público y el gasto social, que tanta falta hace en un país que recauda y gasta menos que la mayoría de Europa.

Con todo ello, el Gobierno Sánchez se conforma con aplicar un parche, ideológicamente criticable (“hay que recaudar más, no menos”), en lugar de afrontar el problema de fondo y “coger el toro eléctrico por los cuernos”: hay que reformar el mercado eléctrico y ajustar costes. Veamos como podría conseguirse bajar el precio de la luz de verdad.


Antes, debemos saber que el recibo de la luz tiene tres partes y el Gobierno debería actuar al menos sobre dos de ellas, tomando medidas de fondo. Una parte del recibo (35%) paga la luz que contratamos y consumimos (más el alquiler del contador), otra parte (44%) son costes regulados cada año por el Gobierno y el 21% restante son impuestos (eléctrico e IVA).

Lo primero que habría que hacer es una auditoría de costes en el mercado eléctrico, para saber lo que cuesta de verdad producir cada kilovatio (hidráulico, nuclear, eólico, solar, de centrales de carbón y gas) y pagarlo según ese coste más la remuneración de las inversiones hechas y un margen de beneficio razonable. Eso supondría bajar radicalmente el precio actual que reciben las centrales hidroeléctricas (Iberdrola tiene la mitad) y nucleares, teniendo en cuenta su menor coste de producción y que la mayoría ya están amortizadas. Y con ello, dejaríamos de pagar costes de más en una parte del recibo (35%), como hacemos cada día (“Sardinas a precio de caviar”). El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, entre 2005 y 2015, por el injustificable sistema de precios que les regaló Aznar.

La segunda medida debería ser ayudar a los consumidores a contratar menos potencia, porque una parte importante de la factura (miren la suya) es pago por la potencia contratada, consuman o no luz. Esto es un “regalo” de Rajoy a las eléctricas: en 2013, con la “reforma eléctrica” se subió mucho el componente de potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de garantizar más ingresos fijos a las eléctricas en un momento que la crisis iba a reducir el consumo de electricidad. El resultado es  que un 20% de los consumidores contratan más potencia de la que necesitan (por el viejo miedo español a que “salte el automático”) y pagan más de lo que deberían, una media de 52,82 euros más al año. El Gobierno Sánchez dice que este viernes tomará medidas para facilitar el reajuste de potencia en los contratos, que ahora es muy rígido: va de 1,1 kW a 2,2, 3,3 y así siguiendo. No se puede contratar 2,5 kW de potencia, por ejemplo. Y nadie nos asesora para saber exactamente la potencia que necesitamos y no pagar de más.

La tercera medida para abaratar la luz es actuar en “la parte regulada” del recibo (44%), los llamados “peajes”,  un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido incluyendo una serie de costes que crecían año tras año. Unos son costes “justificados” aunque demasiado elevados, como los costes por el transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su posterior distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables (17,22% de la factura), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias del riesgo de poder cortarles la luz para asegurar el suministro (no ha pasado nunca, pero se llevan un 3% de nuestro recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (el pago,150 millones anuales, se eliminó el 30 de junio), ayudas para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018) y algunas partidas más. Habría que estudiarlas “con lupa”, recortar o suprimir algunas y otras pagarlas a través de los Presupuestos, no de nuestro recibo.

Con estas tres medidas, actuando en dos de las tres partes del recibo, la luz podría bajar hasta un 40% en un año. Algunos piden también actuar en la tercera parte del recibo, los impuestos, donde pagamos un impuesto especial eléctrico  del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima de Reino Unido (5% IVA luz), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%). Por eso, algunos partidos y la asociación de consumidores Facua piden bajar el IVA para abaratar la luz. Pero ojo: bajar el IVA de la luz al 10% significa que Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para gastar en sanidad, educación, paro o investigación…

De momento, no haría falta tocar los impuestos de la luz para rebajar la factura hasta un 40%, sólo con cambios de fondo en el mercado eléctrico y en los pagos regulados. Con ello, España dejaría de ser el tercer país con la luz más cara de Europa sin impuestos, según Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kWh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa,0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos. Salarios más bajos pero luz mucho más cara...

Tenemos la luz más cara que la mayoría de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos en el recibo explican también un hecho reiterado año tras año: las eléctricas españolas ganan el doble que las eléctricas europeas, en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Nada menos que 5.627 millones en 2017 (+3%) sólo entre Iberdrola (2.804), Endesa (1.663) y Gas Natural-Fenosa (1.360). Y este año 2018, han ganado 2.652 millones hasta junio, aumentando sus beneficios un +27% (Iberdrola), un +22,3% (Naturgy) y un +15% Endesa, al amparo de las fuertes subidas de la luz desde abril.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo más que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (y los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

Ante este panorama, una luz cara y sucia, no valen parches como los que el Gobierno Sánchez aprueba este viernes. Hace falta una reforma a fondo, del mercado eléctrico y del recibo, para que dejemos de pagar costes de más, que llevan décadas engrosando los beneficios y dividendos de las eléctricas. Urge una auditoría de costes y remunerar la luz por lo que de verdad cuesta producirla, transportarla y comercializarla. Luz y taquígrafos para pagar un precio justo por la luz, una asignatura que tenemos pendiente desde la transición. Hasta ahora, ningún Gobierno español se ha atrevido a afrontar esta reforma estructural de un sector con mucho poder económico, político y mediático. Y ahora, el Gobierno Sánchez, muy debilitado, sólo aplica un parche poco efectivo e incoherente con la política fiscal que predica. Así que ya lo saben: ha subido la luz y seguirá subiendo, llueva o no, porque tenemos un mercado de locos y pagamos por todo. Y así será hasta que algún día, otro Gobierno y otros políticos, más audaces, se atrevan a poner orden, en perjuicio de unos pocos y en beneficio de la mayoría. No parece cercano.

Nadie sabe lo que costará la luz

El nuevo sistema para fijar el precio de la luz no entra en vigor este 1 de abril, como dijo el Gobierno, sino el 1 de julio. Entonces pagaremos la luz por el precio que tiene cada día en el mercado eléctrico, lo que supondrá tremendos vaivenes de precios: será imposible saber lo que nos cuesta hasta que llegue el recibo. En el de junio, además, nos devolverán dinero (unos 34 euros por recibo) por haber pagado de más este primer trimestre. Y nos dirán cuánto devuelven el 15 de mayo, diez días antes de las elecciones europeas... Sube además el pago por potencia contratada, gastemos o no luz. Y las familias más pobres, con bono social, pagarán más. Este  cambio en el recibo (pagar el precio de la luz cada día) no evita el problema de fondo: seguimos pagando muchos extracostes con el recibo, en beneficio de las eléctricas. Y eso, el Gobierno no se atreve a cambiarlo.
                         
                
                                                                                        Enrique Ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: un 37,48% va a pagar los costes de producirla, un 41,14 % a pagar su transporte y comercialización más un montón de subvenciones (a las islas, Red Eléctrica, comercializadoras, renovables, eléctricas y empresas) y el 21,38% restante son impuestos. Ahora, el cambio en el recibo de la luz, que entrará en vigor el 1 de julio (y no el 1 de abril, como anunció el Gobierno en diciembre), afecta solo a la primera parte de la factura, al cálculo de lo que sube producir la electricidad.

Hasta diciembre, la subida de producir la luz se fijaba en una subasta trimestral, donde productores de electricidad y brókeres financieros pujaban por los precios que se ofrecían para el trimestre siguiente. Era un mercado muy especulativo, tanto que Industria calcula que los consumidores hemos pagado 1.671 millones de más por la luz entre 2009 y 2013, un 3% de la subida del recibo. Tras el subidón en la subasta de diciembre, invalidada por el Gobierno, se estableció una subida de la luz del 2,3% para el primer trimestre y se decidió fijar un nuevo sistema para establecer las siguientes subidas: cobrar la luz por lo que valía cada hora en el mercado eléctrico. Para ello, hacía falta que los usuarios tuvieran unos contadores inteligentes. Pero sólo hay 7 millones instalados, la mayoría sin lectura online. Y así, el Gobierno tuvo que volver a cambiar sus planes: ahora nos cobrarían la luz por lo que cuesta cada día en el mercado eléctrico mayorista, según los datos de Red Eléctrica. Y para dar tiempo a las eléctricas para adaptarse, el nuevo sistema entra en vigor el 1 de julio.

Mientras, este segundo trimestre, se prorroga el precio de la luz del primer trimestre. Pero habrá otros dos cambios, que se traducen en subidas de los próximos recibos . El primero, que desde el 1 de febrero se cambia la factura: sube la parte fija, que se paga por la potencia instalada (supondrá el 60% del recibo, cuando hace un año era el 35%) y baja la parte variable, la que se paga por el consumo (pasa del 65 al 40% de la factura). En definitiva, que por tener un contrato se paga más y menos por consumir  luz, lo que perjudica a los que gasten menos, a las segundas viviendas y a los pisos vacíos. Es una manera de compensar a las eléctricas de la caída del consumo de luz desde hace cinco años. El otro cambio afecta a 2,5 millones de españoles (pensiones bajas, parados y familias numerosas) que tienen un bono social y pagan menos por la luz: se les va a cobrar ahora la cuota fija y se les reduce la rebaja del recibo, lo que aumentará los cortes de luz por impago (1,4 millones).

El Gobierno dice que el nuevo sistema bajará la luz un 3%, el extracoste que suponía la subasta trimestral. Pero no está claro, ya que cuenta mucho más la subida por potencia instalada (+2,3%) y los recortes al bono social (+2%). En cualquier caso, el nuevo sistema, que tiene en cuenta el precio de la luz cada día, es muy volátil: el mercado eléctrico español es el que tiene más altibajos en los mercados europeos: en 2013 tuvo días con precios de 90 euros Mwh y días con precio cero. Altibajos que acabarán en nuestro recibo, haciendo imposible saber lo que nos va a costar la luz. Con una ventaja para el Gobierno: en lugar de afrontar un titular cada trimestre (“La luz sube tanto”…), ahora no sabremos lo que nos sube (o baja) la luz hasta que veamos el recibo. Y será muy distinto según el peso de nuestro consumo.

Con ello, el recibo, ya de por sí complicado, va a ser una fuente de sorpresas, sobre todo este año. En el recibo de junio nos deberían devolver lo que nos han cobrado de más en el primer trimestre (la luz ha subido menos de lo fijado en la subida de enero). Este reajuste de precios asciende a 300 millones de euros según Industria (unos 34 euros por recibo, según el sector) y nos lo concretarán hacia el 15 de mayo, como un “regalo” del Gobierno a diez días de las elecciones europeas. Luego, en julio nos llegará el primer recibo con cambios : desde el 1 de julio, nos cobrarán la luz por el precio diario que tenga en el mercado eléctrico.Y en los siguientes recibos, nos seguirán cobrando el precio diario de la luz, pero además, en el recibo de agosto nos harán “el segundo regalo”: nos tendrán que devolver (o cobrar) lo que nos hayan cobrado de más (o de menos) en este segundo trimestre, cuando se prorrogan los precios del primer trimestre. Luego, en los sucesivos recibos, no habrá ya más devoluciones: nos cobrarán los precios diarios desde julio y los cambios en la potencia-consumo y el bono social.

Así durante los próximos meses, mientras el Gobierno prepara el cambio “definitivo”: cobrar la luz por lo que vale cada hora, algo que según las eléctricas no podrá hacerse a todos hasta finales de 2018, cuando se terminen de instalar todos los contadores inteligentes (que nos costarán un alquiler de 0,85 a 1,15 euros/mes, frente a 0,5 euros del alquiler actual). Pero antes, desde el 15 de abril de 2014, el Gobierno quiere que las eléctricas ofrezcan a los usuarios una tarifa plana anual por la luz, parecida a la del teléfono: pagas una cantidad fija por un consumo hasta tantos kilovatios al año. La ventaja es que así sabemos de antemano lo que vamos a pagar. La desventaja es que, como las eléctricas no se van a pillar los dedos, estas tarifas planas serán más caras que la tarifa diaria, porque tienen que cubrirse del riesgo de un mayor gasto. Y además, si rescindimos el contrato antes de terminar el año contratado, nos penalizarán (hasta el 5% del consumo pendiente).

Mientras digerimos este galimatías eléctrico, recordemos que estos cambios afectan sólo a la primera parte del recibo (37,48%), pero que el Gobierno no afronta los otros dos problemas de fondo del sistema eléctrico español. Uno, el sistema de precios fijado por Aznar con la Ley eléctrica de 1997: se paga por la luz lo que cuesta producirla en la central más cara (térmicas de gas, fuel y carbón), lo que beneficia a las centrales con menos costes (hidráulicas y nucleares). Es como pagar lo mismo por la carne picada al que la hace con pollo o cerdo que con chuletón de ternera. Con ello, estamos pagando un extracoste a la luz que procede de las centrales hidráulicas y nucleares (ya casi amortizadas). Y este sistema de  precios, que está detrás de los precios del mercado, no se ha tocado, aunque ahora se haya cambiado la subasta trimestral por el precio diario en el mercado mayorista.

El otro problema, tampoco abordado, es que en la segunda parte del recibo (41,14%)estamos pagando unos extracostes que en su mayoría no están justificados: primas a las renovables (17,21%, que debían ir con cargo al Presupuesto), subvenciones al transporte y a la comercialización, ayudas a las eléctricas (9,33% por pago déficit de tarifa, parón nuclear, compensación uso carbón, compensación por centrales de gas), a grandes empresas consumidoras (0,94%) o ayudas a las islas (4,14%) y al bono social (0,41%), que debía pagar también el Presupuesto y no nuestro recibo.

Unos y otros son extracostes que no debíamos pagar en el recibo y pagamos, al margen de lo que suba o baje el coste de producir electricidad. Y tampoco ha resuelto el Gobierno dos problemas más que encarecen la luz. Uno, el exceso de centrales, sobre todo térmicas de gas (27.206 Mw), que las eléctricas construyeron la pasada década al amparo de ayudas públicas y que ahora pagamos aunque sólo funcionen al 10%. De hecho, tenemos 108.148 Mw instalados y sólo consumimos un máximo de 40.277 (27 de febrero 2013), con lo que sobran la mitad de las centrales que estamos pagando. Además, España es una “isla” a efectos eléctricos: sólo se puede importar/exportar un 3% de la luz, con lo que no puede recurrirse a comprar luz a Francia o a Portugal (más baratas) para bajarnos el recibo.

Todo este “caos eléctrico” explica por qué la luz ha subido en España un 60% desde 2007 y por qué España es el tercer país de Europa con la luz más cara, tras Chipre e Irlanda (dos islas): estamos pagando la luz un 27,6% más cara que la media europea, según Eurostat. Y esto es una tremenda losa sobre la mayoría de nuestras empresas a la hora de competir en Europa: nos bajan los sueldos para bajar costes y ese sacrificio se lo come (con creces) la subida de la luz. Y una losa sobre las familias: España es el tercer país UE (tras Rumanía y Malta) con más “pobres energéticos”, 7 millones de españoles, según ACA. Eso sí, las eléctricas españolas consiguen ser las más rentables de Europa: tienen un 6,78% de margen sobre ventas frente al 2,62% del resto de eléctricas europeas.

Y todo ello para que encima, estos altos precios no cubran los costes reconocidos y tengamos una deuda con las eléctricas (el déficit de tarifa) que sigue creciendo (+4.098 millones en 2013, 400 millones más de lo esperado), una hipoteca a 25 años que también pagamos con el recibo.

Todos estos problemas siguen ahí, sin resolver, a pesar del último cambio en el recibo que ahora nos cobra el precio diario de la luz. Estamos pagando extracostes de más por la luz, desde 1.997, y el Gobierno sigue sin remediarlo. Habría que hacer una auditoría de costes, para pagar la luz por lo que efectivamente cuesta producirla (un 20% menos). Y si hay que ayudar a las renovables, que sea con cargo al Presupuesto. Y cerrar las centrales que no hacen falta, para pinchar la “burbuja eléctrica”, que tan cara nos cuesta. Claro que todo esto supondría recortar los beneficios a las eléctricas, un lobby poderoso, con expresidentes y políticos a sueldo en sus Consejos. Y no hay Gobierno que se atreva. Así nos va con el recibo.