Necesitamos empresas más grandes

Las pymes disfrutan en España de una excelente imagen pública, mejor que las grandes empresas. Pero lean este dato: de los 2,5 millones de empleos creados desde 2020, casi el 70% lo han creado las grandes empresas, mientras las micropymes (1 a 9 trabajadores) sólo han creado el 1,5% del nuevo empleo. Y esto es preocupante porque sólo un 0,2% de las empresas españolas son grandes (más de 250 trabajadores) y el 90% son pymes con menos de 50 empleados. Los estudios demuestran que las grandes empresas son más competitivas, exportan más, tienen más innovación y tecnología y crean más empleo estable y mejor pagado. Y que una de las causas de que España tenga menos productividad es que tenemos demasiadas pymes. Por eso, Europa, que también tiene muchas pymes, busca apoyar a las empresas medianas para que ganen tamaño y competitividad. En España se aprobó en 2022 la Ley Crea y Crece, para facilitar la creación de empresas y aumentar su tamaño. Porque el tamaño importa y mucho.

                             Enrique Ortega

España ha crecido en los últimos 5 años (de 2021 a 2025) más que la media europea y más que Alemania, Francia o Italia. Y se ha consolidado como la 4ª potencia económica de la Unión Europea, con una producción (PIB) de 1.685.783 millones de euros en 2025, sólo por detrás de Alemania (4.469.910 millones), Francia (2.979.085 millones) e Italia (2.258.049 millones), aunque somos la 5ª economía europea si contamos a Reino Unido (3.545.339 millones de PIB). Y las tres economías que nos siguen quedan todavía lejos: Paises Bajos (1.179.660 millones € de PIB), Polonia (918.464 millones) y Bélgica (641.893 millones).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad y renta de cada país. Y con este dato, nuestra  posición cambia drásticamente: España produjo 28.310 euros por habitante en 2025 (ajustado con la inflación), el 83% del PIB real per cápita de la UE-27, que fue 34.100 euros, según acaba de publicar Eurostat. 

Y si ajustamos este PIB por habitante con el poder de compra de cada país (PPA), la producción real por habitante, España salta del 4º al 15º puesto de la UE-27, según publica hoy Eurostat, porque hay 14 paises más productivos (PIB real per cápita) que España (92% del PIB real UE-27): Luxemburgo (239% del PIB por habitante europeo), Irlanda (237%), Paises Bajos (134%),  Dinamarca (127%), Austria (117%), Bélgica (115%), Alemania (115%), Malta (110%),  Suecia (110%), Finlandia (101%), Francia (98% del PIB real comunitario), Chipre (98%), Italia (96%) y Chequia (92% del PIB por habitante real UE). España baja un puesto en este ranking (nos adelanta Chequia) y mantiene el porcentaje del 92% del PIB por habitante de 2024, que empezó en el 76% en 1986 (al ingresar en la CEE), subió del 100% entre 2002 y 2009, bajó hasta el 83% en 2020 (pandemia) y se recupera hasta el actual 92% del PIB por habitante europeo.

Este es el dato importante para comparar la productividad entre paises y el que explica la diferencia entre nuestra renta y nuestros salarios y los de otros paises europeos con mayor productividad y mejor nivel de vida. Así que crecemos mucho, más que el resto, pero también ha crecido mucho nuestra población (somos 2,5 millones más que en 2019, básicamente por los inmigrantes), con lo que se mantiene una “brecha”, una distancia con Europa en nuestro PIB real por habitante (era el 83,45% en 2019 y el 83,02% ahora).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, a finales de 2025, del 72,4%, frente al 76,2% en la UE-27, el 81,4% en Alemania y el 75,5% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,4% en Paises Bajos, al 80,2% en Irlanda, al 81,8% en Suecia o al 83,6% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 67,6%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,12 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,7 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitantes) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (demasiadas pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar.

Estos expertos argumentan otras 3 causas de peso para explicar nuestra menor productividad. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Un tercer factor contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Voy a centrarme en una de estas causas, el pequeño tamaño de nuestras empresas, clave para explicar nuestra baja productividad y el empleo que se crea. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque más empresas medianas (el 0,93%) y casi igual porcentaje de pequeñas y microempresas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos, creado el resto del empleo (29,8%) las empresas medianas (50 a 249 empleados) y pequeñas (de 10 a 49 empleados). Según este estudio, una de las claves es que las grandes exportan mucho más (1.000 grandes empresas suponen el 67% de la exportación total) y eso les permite crecer y crear más empleo. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

Lo positivo de los últimos años, según Funcas, es que el número de grandes y medianas empresas ha crecido en España tras la pandemia: hay +23,6% grandes empresas (+250 trabajadores) y +11,5% medianas y pequeñas (10 a 249 empleados), mientras ha caído el número de micropymes (-1,1%). Este mayor aumento de grandes y medianas se observa en la mayoría de sectores, más en servicios profesionales y actividades con alto contenido tecnológico, también en sectores ligados al turismo y al consumo interno. Parece que las empresas españolas han ganado tamaño para acceder mejor a los Fondos europeos, por el aumento del salario mínimo (que fuerza a las empresas a una mayor eficiencia y al cierre de micropymes) y por las ayudas públicas y la reducción de los umbrales regulatorios y tributarios que les ha permitido crecer de tamaño.

Con todo, seguimos con demasiadas pymes y hay poco dinamismo y regeneración empresarial: se crean pocas empresas nuevas y las que se crean duran pocos años, mientras persisten las más longevas (las empresas con más de 22 años de antigüedad), que aportan la mitad de la inversión total. Por eso, los expertos piden ayudar a las nuevas empresas a hacerse un hueco, fomentando la formación y el talento (que no encuentran las empresas más jóvenes), su internacionalización y financiación (que tienen más difícil), reduciendo la normativa (a la estatal se suman las normas “dispares” de 17 autonomías).

Pero otro estudio de AFI señala que la principal causa de que las pymes españolas no crezcan más no es la falta de financiación y ayudas o el exceso de regulación sino “las decisiones de gestión” y el mayor o menor “apetito por el riesgo”. Y lo justifican con un estudio en 9.000 empresas medianas y su evolución entre 2008 y 2023, donde vieron que había un Top de 100 empresas medianas líderes en crecimiento de ventas (x10), plantillas (x8), inversión (el doble que la media), productividad y rentabilidad (+50% que la media). Y además, la mitad de estas 100 empresas “scalers” (crecimiento rápido) o “scaleups” dieron un salto a la categoría de “gran empresa”. Y los autores creen que este éxito de esas empresas se explica por su estrategia y ambición, siendo menos relevantes las exigencias contables, fiscales o laborales que argumentan las pymes como freno para crecer.

Cara al futuro, el estudio de AFI señala que España necesita duplicar el número de empresas medianas (de 27.673 a 50.000) y grandes (de 6.019 a 10.000) y además que estén mejor repartidas por todos los sectores (hoy las grandes se concentran en los servicios y la industria)  y territorios (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran las medianas y grandes empresas), como requisito clave para mejorar la productividad y crear más empleo. Y plantean este dilema: o mejoramos la productividad (produciendo más por habitante, con más valor añadido) o será la baja productividad quien nos gobierne, con sus secuelas de salarios bajos (son un 20% más bajos porque tenemos un 20% menos de productividad que la zona euro) y menor PIB por habitante, un menor nivel de vida que gran parte de Europa.

Como el problema del tamaño empresarial no es sólo español (aunque se agrava en España), la Comisión europea aprobó en mayo de 2025 una Recomendación para promover a las empresas medianas-grandes, las llamadas “small mid-caps” (de 250 a 750 trabajadores y una facturación anual de 50 a 150 millones de euros), para que sean la punta de lanza de un proceso de aumento de tamaño de las empresas europeas, para ayudarles con una regulación y financiación específica a que den un salto de escala y en unos años ganen tamaño, productividad y competitividad, clave para que Europa compita mejor en el mundo.

En España, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2024 el Consejo Nacional de Productividad, integrado por 15 expertos independientes, que han publicado este 4 de marzo el I Informe sobre la Productividad en España, donde proponen impulsar la inversión privada, mejorar el acceso de las empresas jóvenes a la financiación no bancaria (mercados, emisiones, micromecenazgo), una “mejor” regulación (no “menos”) y el fomento de la formación y el capital humano, alertando de que si las empresas españolas no aceleran la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), podría aumentar nuestra “brecha de productividad”. Además, falta que se desarrolle la Ley “Crea y Crece”, aprobada por el Congreso en septiembre de 2022, para facilitar la creación de empresas (ahora se pueden  constituir con 1 €, frente a 3.000 antes), mejorar su financiación, reducir los obstáculos regulatorios e impulsar su crecimiento, reforzando la unidad de mercado (1 país y 17 autonomías).

En resumen, es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

España crece, pero la inversión no tira

España crece cinco veces más que la zona euro, gracias al tirón del turismo, el consumo y las exportaciones. Pero el 4º motor de la economía, la inversión, falla: apenas crece y es menor que en 2019, antes de la pandemia. Un problema preocupante, porque la inversión es el mejor cimiento del crecimiento y empleo futuros. La inversión pública ha mejorado tras la pandemia, pero no despega la inversión privada (el 90% de toda la inversión), porque las empresas han destinado sus mayores beneficios a “desendeudarse” (devolver créditos), no a invertir. Y por la fuerte subida de tipos. Lo positivo es que gana peso la inversión en maquinaria y tecnología y lo pierde la inversión inmobiliaria. Bruselas ha pedido a España que las empresas inviertan más en innovación y tecnología, porque gastan la mitad que las europeas. Hay que agilizar la ejecución de los Fondos europeos, promover la inversión por todos los medios (incluidos fiscales) y rebajar la crispación política, porque no ayuda a invertir.

                     Enrique Ortega

España se recuperó de la pandemia ya en 2022 y en 2023 creció un 2,5% (cinco veces más del 0,5% que creció la zona euro), empujada por un turismo récord, un consumo que aguanta (por la menor inflación y la creación de 783.000 empleos el último año) y unas exportaciones casi récord (+31,9% sobre 2019). Pero el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece y es el único indicador importante que sigue por debajo de 2019 (232.034 millones de inversión bruta, un -1,6% menos que antes de la pandemia), mientras en el resto de Europa (salvo en Alemania) y en EE. UU. ya crece más que en 2019. De hecho, la inversión en España ha crecido un 2,7% de media entre 2021 y 2023 mientras la economía (el PIB) ha crecido un 4%. Así que la inversión no está ayudando al crecimiento. Y eso es preocupante, porque la inversión es clave para modernizar el tejido productivo, este capital es el cimiento básico para asegurar el crecimiento y el empleo en el futuro.

¿Qué está pasando con la inversión? Hay dos causas que la han retraído, en España y en todo el mundo. Una, la debacle económica de la pandemia, que hundió las ventas y la economía y que tardó en recuperarse, en 2020 y 2021, por los “embudos” en las cadenas de suministro internacionales. Y este factor ha afectado más a la inversión en España, porque muchas de las inversiones dependen más de las cadenas internacionales (automoción, textil, energía, química y farmacia). La otra causa ha sido la drástica subida de los tipos de interés (del 0 al 4,5% entre 2021 y 2023), que ha retraído la inversión, más en España porque aquí las empresas dependen más del crédito bancario. Y otro factor autóctono es que las empresas españolas han aprovechado sus altos beneficios de los últimos años no para invertir sino para devolver créditos, con lo que ahora están menos endeudadas que las europeas: así, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, las empresas españolas han reducido su deuda en 38.924 millones, según el Banco de España,  dejándola en el menor porcentaje de los últimos 10 años (939.924 millones, el 64,2% del PIB frente al 80% en 2021).

Además, no ha ayudado a recuperar la inversión la incertidumbre geopolítica internacional, con la guerra de Ucrania primero y el conflicto en Palestina ahora. Y en España, los cambios electorales y la tremenda crispación política. Ahora, debería ayudar al despegue de la inversión la esperada bajada de tipos (en junio), aunque será lenta y larga, la moderación salarial (los españoles cobran 18 euros por hora de trabajo, 6 euros menos que la media europea y 13 euros menos que en Alemania, según Eurostat) y el mantenimiento del consumo y el empleo, que permiten a las empresas mantener beneficios, con los que podrían invertir más.

Pero al margen de la coyuntura, la inversión lleva siendo un problema en España desde hace década y media. Entre 1995 y 2007, España vivió un “boom inversor”, apoyado en el ladrillo y las inversiones inmobiliarias, lo que duplicó la inversión bruta (de 141.493 millones en 1995 a 288.335 millones en 2007). Pero llegó la crisis financiera y estalló la burbuja inmobiliaria, desplomando la inversión (hasta un mínimo de 177.852 millones de euros en 2013, una caída del -38,3% sobre 2007). A partir de ahí, la inversión empezó a remontar, hasta los 235.829 millones en 2019. Luego llegó la pandemia y volvió a caer, en 2020 y 2021, recuperándose en 2022 y 2023 (232.034 millones), pero quedando todavía por debajo de la inversión anterior a la pandemia. Y en 2023, cuando la economía ha crecido un 2,5%, la inversión ha crecido sólo la tercera parte (0,8%), según el INE.

Las cifras totales de inversión no revelan tanto el problema como su menor peso en la economía: lo que ha pasado es que la economía ha crecido (desde 2014) más que la inversión. Y así, si la inversión llegó a suponer el 30% de la economía (del PIB) en 2006, el mejor año, redujo ese peso año tras año, hasta suponer el 20% en 2019 e incluso bajar ese porcentaje al 19,34% del PIB en 2023. Un peso de la inversión, antes y ahora, que es menor al que tiene la inversión en el resto de Europa, donde supone un 22% de media (del PIB). Y en la mayoría de los paises, salvo Alemania, la inversión pesa más ahora que en 2019.

Este menor peso de la inversión en España, año tras año desde 2006, es especialmente preocupante porque la inversión es la clave para modernizar la economía y destinar recursos a las nuevas tecnologías y a la innovación. Pero junto a este menor peso de la inversión, hay otro dato positivo del balance de la última década y media, según este reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie: ha perdido peso la inversión inmobiliaria y lo ha ganado la inversión en maquinaria, servicios privados y públicos. A lo claro: menos ladrillo y más tecnología.

El gran cambio es que la inversión inmobiliaria ha pasado de representar el 41% de la inversión total en 2007 a representar el 29% de toda la inversión en 2021-23, según el estudio. Y en contrapartida, ha crecido el peso de la inversión no residencial, del 59 al 71%. Esto se ve más claro en los últimos tres años (2021-2023): ha crecido la inversión en servicios privados (+4,8%), tanto los tradicionales (+5,5%) como los servicios de intensidad digital (+4,3%), en industrias manufactureras (+3,7%) y la inversión en servicios públicos (+2,1%), mientras cayó la inversión residencial, en construcción (-3,7%), en energía (-1,5%) y en agricultura, ganadería y pesca (-5,2%).

Eso se ha traducido en mayores inversiones estos últimos 3 años en maquinaria (26,95% del total), equipos de transporte (10%), tecnología de la información (TIC, el 10% de la inversión) y activos inmateriales (servicios, el 12,8%), mientras la construcción no residencial (infraestructuras, naves, locales) se lleva ahora el 33,4% restante de la inversión total, la mitad que hace 16 años. En definitiva, todavía se invierte poco, menos que la mayoría de Europa, pero se invierte más que antes en destinos más productivos que el ladrillo.

Con todo, la vieja burbuja del ladrillo es todavía un gran lastre para España y para el futuro de la inversión. Y eso, porque los activos inmobiliarios suponen un 88% del stock de capital que tenemos, del capital acumulado (4,2 billones de euros en 2023), un stock que hay que mantener cada año para cubrir su depreciación. De hecho, el 75% de la inversión que se hace cada año es para “mantener” ese stock de capital, donde pesa demasiado el ladrillo (naves, locales, terrenos, inmuebles), mucho más que en el resto de Europa (en Alemania, los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido el 80%).

Por eso, por tener que dedicar un 75% de la inversión a cubrir la depreciación del capital, el capital neto sólo supone un 25% de lo que se invierte cada año y es lo que podemos dedicar a modernizar la economía. Esta inversión neta ha caído también desde 2007 (era de 146.498 millones), a la mitad en 2009 (75.704 millones) y a menos de la 6ª parte en 2013 (21.558 millones), recuperándose después hasta 2019 (62.538 millones) y cayendo con la pandemia, para no haberse todavía recuperado en 2023 (51.760 millones). La inversión pública se ha recuperado en parte por las ayudas frente a la COVID y la inflación (aunque sigue un 55% por debajo de 2009), pero la inversión privada (que supone el 90% de la inversión total) se ha recuperado más lentamente desde 2021.

Ahora, la prioridad debe ser recuperar la inversión (sobre todo la privada), que puede generar más crecimiento y empleo, dado que se dirige a sectores y destinos más productivos que el ladrillo. La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que refuerce la inversión empresarial, sobre todo en innovación y tecnología, donde las empresas españolas invierten la mitad que las europeas (el 0,8% del PIB frente al 1,5% de media en la UE-27 y el 2,5% que invierten en I+D+i las empresas de Bélgica o Suecia). Además, la mayoría de expertos reiteran la importancia de recuperar la inversión, porque es la clave para aumentar la productividad de España, más baja que la de la mayoría de Europa: nuestra producción por habitante (PIB per cápita descontando la inflación) es el 89% de la media UE-27, porque trabajamos menos gente (2 millones menos de los que deberían) y porque trabajan con menos eficacia, entre otras causas porque invertimos menos en modernizar la economía.

El resultado es que España, la 4ª mayor economía de la UE (tras Alemania, Francia e Italia) ocupa el puesto 16º en producción por habitante (y en renta o nivel de vida), tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Finlandia, Malta, Francia (estos 11 paises tienen un PIB por habitante superior a la media UE), Italia (97%), Chipre (95%), Eslovenia y Chequia (91%), según el ranking recientemente publicado por Eurostat. Y ojo, España lleva más de una década produciendo por debajo de la media europea: tenemos una “brecha” con Europa desde 2010 (96% del PIB por habitante de la UE-27 ese año, mejor del 89% que tenemos ahora, en 2023).

Si queremos recortar esta “brecha” económica con Europa, ser más productivos, los expertos insisten en que hay que reconvertir la economía, fomentar la innovación y la tecnología, apostar por la industria, mejorar la formación de los trabajadores y de los gestores, aumentar el tamaño de las empresas, fomentar la exportación, conseguir una economía más verde y digital. Y todo esto exige aumentar la inversión, tanto la pública (en servicios públicos e infraestructuras) como sobre todo la inversión privada. Y para ello, urge promover nuevos proyectos, con el apoyo de los Fondos europeos, reduciendo burocracia y agilizando las inversiones, que deben fomentarse con ayudas e incentivos fiscales. Y también es clave reducir la crispación política y clarificar el futuro de esta Legislatura, porque la incertidumbre no ayuda. Todo para relanzar la inversión, la clave para asegurar el crecimiento y el empleo del futuro.

Ciencia: recuperar una década perdida

La Ciencia nos está salvando en esta pandemia, pero seguimos sin apoyarla. En 2020, el gasto público en Ciencia aumentó sólo en 38 millones y fue un 52% inferior al de 2009. Tras años de recortes, llevamos una década perdida para la Ciencia: menos Presupuesto ahora que en 2009 y encima gastando sólo la mitad de lo presupuestado. Y estamos a la cola de Europa, gastando en Ciencia casi la mitad que la UE y un tercio que Alemania. Ahora, en 2021 se empieza a remediar este retraso de nuestra Ciencia, con un Presupuesto que aumenta el gasto un 60%, gracias a los Fondos europeos. Y se ha firmado un Pacto por la Ciencia, con 72 organizaciones científicas, para reconstruir la investigación en España y gastar como Europa en 2030, apoyados por una Ley de la Ciencia, que mejorará el trabajo de investigadores y sus instituciones, reduciendo burocracia. Hay que volcarse con la Ciencia, para mejorar la salud y la economía. Nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

En 2020, el año de la pandemia, el Presupuesto público para Ciencia fue similar al de 2019 y 2018, al prorrogarse el Presupuesto de Montoro: 7.044 millones de euros, de los que el 60% eran créditos y el resto subvenciones y ayudas. Un Presupuesto público en Ciencia algo superior al de 2017 (6.513 millones), pero muy por debajo del que había en 2009 (10.360 millones). Así que, tras 11 años, el gasto público en Ciencia (administraciones públicas y Universidades) es un 68% inferior al de 2009, como consecuencia de los drásticos recortes impuestos a la Ciencia entre 2010 y 2016 (-21.728 millones).

Pero todavía hay más recortes. Porque el problema no es sólo que baje un -68% el Presupuesto de 2020 (7.044 millones) sobre el de 2009 (10.360), sino que además, ese Presupuesto no se ha gastado, año tras año. En 2009, se gastó finalmente en Ciencia un 81,6% de lo presupuestado (8.476 millones gastados), pero en los años posteriores se ejecutó mucho menos, en 2011 (se gastó el 57,6% de lo presupuestado), en 2016 (el 38,22%), sobre todo en 2017 (se gastó el 29,7%, menos de 1 de cada 3 euros disponibles), en 2018 (el 46,8%), en 2019 (el 51,3%) y también en 2020: se gastaron en Ciencia el año pasado 3.667 millones, el 52,1% de lo presupuestado, según demuestra este informe de COTEC a partir de los datos de la Intervención General del Estado (Hacienda). Con ello, el gasto real en Ciencia aumentó en 2020 en 38 millones y 642 millones entre 2018 y 2020.

Así que a los recortes de cada Presupuesto se han sumado los “recortes escondidos” del Presupuesto no ejecutado, la mitad del dinero disponible en los últimos años: otros -32.786 millones perdidos en la última década, que se suman a los -21.728 millones recortados en los sucesivos Presupuestos. En total, 54.500 millones perdidos para la Ciencia en los últimos 11 años (casi 5.000 por año), o bien porque no se presupuestaron o bien porque no se consiguieron gastar. ¿Cómo es posible. La explicación es doble. Por un lado, los expedientes para conseguir y ejecutar subvenciones y ayudas a la investigación son muy largos y complejos, muy burocráticos, lo que retrasa y dilata su ejecución. Pero la razón básica es que, desde 2012 (con Rajoy), la mayoría del gasto presupuestado en Ciencia son créditos (no subvenciones) y los organismos y Universidades no los podían pedir porque estaban endeudados en exceso o se lo limitaba  Hacienda (Montoro).

Veamos el ejemplo reciente de 2020, que es muy ilustrativo. De los 7.044 millones presupuestados para Ciencia, casi el 60% son créditos (4.078 millones) y el resto subvenciones a fondo perdido (2.965 millones). De estas subvenciones, el 89,2% se han gastado (2.644 millones), pero de los créditos sólo se ejecutaron 1.023 millones, el 25,1%, lo que explica que al final se haya ejecutado 3.667 millones, un 52,1% de lo Presupuestado. En definitiva, que España sólo consigue gastar en Ciencia la mitad de lo presupuestado, algo que contrasta con el gasto en pensiones (se gasta el 99,9% de lo presupuestado), Defensa (se gasta el 97,8%), Justicia (97%), Seguridad Ciudadana (96,4% se gasta), Fomento del empleo (95,9%) o Industria y Energía (gastan el 58,4% de lo presupuestado), según COTEC. Y hay más: el Estado sólo gasta el 38% de lo presupuestado en Ciencia mientras los organismos y Agencias estatales funcionan mejor y gastan el 86,7% del Presupuesto.

El problema de la Ciencia en España no es sólo que se hayan perdido muchos recursos e inversiones públicas, por los recortes y la pésima ejecución de los proyectos. Otra consecuencia de esta “década perdida” es que se han perdido investigadores en el sector público (124.420 en 2019 frente a 129.308 en 2009), aunque han aumentado en las empresas privadas (de 92.714 a 106.993), según la Fundación COTEC. Y además, ahora hay menos empresas que investigan: eran 11.096 en 2019 frente a 13.603 en 2009, una pérdida de 2.507 empresas para la investigación, sobre todo pymes. Y si desglosamos la evolución de la inversión pública en Ciencia por autonomías, hay 9 regiones que gastan hoy en investigación menos que en 2009: Cantabria (-24,6%), La Rioja (-20,5%), Canarias (-18,2%), Asturias (-17,1%), Andalucía y Extremadura (-10,9%), Navarra (-8,4%), Castilla la Mancha (-4,8%) y Aragón (-4,2%). Y entre las 8 que gastan más en Ciencia destacan Murcia (+26,3%), Baleares (+21,6%), Comunidad Valenciana (+12,8%) y Cataluña (+9,4%).

Hasta aquí el drama del gasto público en Ciencia (gasta poco y gasta mal), que supone algo menos de la mitad del gasto total de España en Ciencia. El resto es el gasto en Ciencia de las empresas, que también se recortó con la crisis (pasaron de invertir 7.562 millones en I+D+i 2009 a 6.784 millones en 2014) pero que luego se ha ido recuperando año tras año, hasta alcanzar los 8.741 millones de euros invertidos en 2019, el último dato publicado por el INE, más que el gasto público ejecutado en Ciencia (6.831 millones). Con esta mejoría de la inversión empresarial en investigación, el gasto total de España en Ciencia es algo superior: 15.572 millones de euros en 2019 (último dato INE) frente a 14.582 millones en 2009.

Pero como España produce más hoy que hace 11 años, el peso del gasto en Ciencia ha bajado en porcentaje del PIB: gastamos el 1,25% del PIB (2019) frente al 1,39% en 2009. Y la brecha tecnológica con Europa se ha ampliado: en 2009, la UE-28 invertía en Ciencia el 1,84% de su PIB (+0,45% que España) y en 2019 invertía el 2,19% del PIB (+0,94% que España), alcanzando el 3,17% en Alemania, según Eurostat. Estamos a la cola de Europa en gasto en Ciencia y eso se debe a que apenas hemos aumentado el gasto total en la última década (+6% en España, gracias al aumento de la inversión de las empresas), mientras los demás han aprovechado la recuperación para gastar mucho más en investigación (entre 2009 y 2019): es el caso de China (+119,6%), Alemania (+39,8%), UE-28 (+30,7%), Reino Unido (+26,1%), Italia (+21,9%), EEUU (+14,7%) o Francia (+13,6%), según la Fundación COTEC.

Con este balance de la última década, España se coloca en el puesto 14 de la UE-27 en el último ranking europeo de innovación (“European Innovation Scoreboard 2020”), elaborado por la Comisión Europea. Un ranking de la Ciencia encabezado por Suecia, Finlandia, Dinamarca y Paises Bajos (los 4 líderes en investigación), seguidos de Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Austria, Irlanda, Estonia y Portugal (los 7 paises con tecnología “fuerte”), a los que siguen Chipre, España, Eslovenia, República Checa, Malta, Italia, Lituania y Grecia, con tecnología “moderada”. Como se ve, nos ganan en Ciencia paises con mucho menos potencial económico, tanto de centro Europa como Estonia, Portugal o Chipre. Y es que el retraso tecnológico de España con Europa es mucho mayor que el retraso económico: en la brecha económica, tenemos el 91% de la renta comunitaria, pero en la brecha tecnológica, invertimos el 49% de la inversión europea por habitante.

El retraso tecnológico de España es desigual, porque hay autonomías con un alto gasto en Ciencia y otras muy retrasadas, según la última estadística del INE (datos 2019). Así, el País Vasco tiene un gasto en tecnología casi europeo (invierten el 1,97% de su PIB, frente al 2,13 en la UE-27). Y gastan más que la media española (1,25% del PIB) Madrid (1,71%), Navarra (1,67%), Cataluña (1,52%) y Castilla y León (1,35%), curiosamente cuatro de las regiones españolas con más renta per cápita. Y están a la cola del gasto en Ciencia Baleares (0,40% del PIB), Canarias ( 0,47% ), Castilla la Mancha ( 0,59% ), Extremadura (0,67% ), la Rioja (0,77%), Asturias (0,82%), Cantabria (0,83%) y Andalucía (0,93%), regiones que, en su mayoría, están también en el pelotón de cola de la renta en España.

De hecho, un reciente informe de la Fundación COTEC  e IVIE señala la capacidad que tiene cada autonomía de atraer o retener talento, el mapa del talento por autonomías, elaborado a partir de 56 indicadores que señalan la capacidad de facilitar, atraer y hacer crecer la investigación y sus capacidades tecnológicas y de conocimiento. Ahí se ve que el talento se concentra en Madrid y en el noreste de España: lideran el ranking Madrid (índice 71), seguida de Navarra (66,7), País Vasco (63,6), Cataluña (56,3), Aragón (53,9) y Asturias (53,1), las 6 autonomías por encima de la media de España (índice 49). Les siguen, con un  talento “intermedio”, Castilla y León (49), Cantabria (47,9), Galicia (46), la Rioja (43,4) y la Comunidad Valenciana (43,3). Y en el pelotón de cola del “talento” se sitúan Baleares (índice 36,4), Murcia (34), Andalucía (33,6), Extremadura (32), Canarias (28,7) y Castilla la Mancha (índice 28,2), otra vez el mapa de la España más pobre.

Para mejorar la brecha tecnológica de España con Europa, la Comisión Europea lleva años pidiendo a los distintos Gobiernos que aumenten el gasto público en  Ciencia y hagan reformas para gastar más y con más eficacia. Pero no es sólo una cuestión del gasto público, también hay una gran brecha con Europa en el gasto tecnológico de las empresas. De hecho, un reciente estudio de FEDEA  revela que el principal “culpable” del retraso tecnológico con Europa es el menor gasto investigador de nuestras empresas: en España aportan un 0,7% al gasto total  en Ciencia (1,25% del PIB), mientras en Europa aportan un 1,48% (del gasto total, 2,13% del PIB).  Y la aportación del sector público al gasto total en Ciencia es más parecida (0,21% del PIB en España frente al 0,28% en la UE-27) y también la aportación de la Universidad (0,33% del PIB en España frente al 0,46% en la UE).

Esto se explica, según el estudio de COTEC e IVIE por el tamaño y la composición diferentes de las empresas españolas respecto a las europeas. Por un lado, España tiene un exceso de pymes (94,5% empresas tienen menos 10 empleados), de las que dependen muchos empleos (el 40,8%) y que invierten menos que las grandes en tecnología, mientras en Europa hay menos pymes y más empresas grandes, que invierten más en I+D+i. Y por otro, en España tienen más peso que en el resto de Europa el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios, sectores con baja inversión en tecnología y bajo valor añadido. De los dos factores, el menor  tamaño de las empresas explica el 33% de la brecha tecnológica con Alemania y la composición  sectorial (el mayor peso de los servicios) otro 12%, según otro estudio de BBVA Research. Así que tendría que cambiar el tamaño y el negocio de las empresas españolas para conseguir un país tecnológicamente más avanzado.

Pero el motor de ese avance tecnológico debe ser la inversión pública, con un gasto del Estado, las Universidades y organismos públicos que “tire” de la inversión tecnológica privada. Y para ello, el Presupuesto 2021, el primero que ha propuesto este Gobierno, contempla un aumento de la inversión directa en Ciencia de 1.267 millones, casi un 60% de aumento sobre los 2.965 de inversión directa (subvenciones) presupuestados en 2020 (el resto, los 4.078 millones de créditos de 2020 se mantienen). Es un gran salto que se financia con 1.100 millones de los Fondos europeos, que ha adelantado el Gobierno. Y además, estos Fondos europeos van a permitir mantener este aumento en los dos años siguientes, en 2022 y 2023, según el Plan de Recuperación presentado a Bruselas. El objetivo es destinar 3.380 millones de los Fondos europeos al gasto público en Ciencia, con lo que la investigación será la 9ª prioridad de destino de estos Fondos UE, tras el cambio climático, la rehabilitación de viviendas, la digitalización, la formación, el 5G, la industria, el turismo y la modernización de la Administración pública.

Tras el empujón presupuestario a la Ciencia, la segunda apuesta clave es el Pacto por la Ciencia alcanzado en marzo entre el Gobierno y 72 organizaciones representativas de la Ciencia, la Universidad, la empresa y los investigadores (ver texto y firmantes). Contempla 3 compromisos muy importantes. El primero y básico, aumentar el gasto público en Ciencia, del 0,54% del PIB en 2019 al 0,75% en 2024 y al 1,25% en 2030, para que, sumado al esfuerzo que hagan las empresas, se consiga alcanzar un gasto total en Ciencia del 2% del PIB en 2024 y del 3% en 2030 (el objetivo que marca la Comisión para Europa). Una década para recuperar la anterior “década perdida”. El 2º objetivo del Pacto es mejorar la carrera de los investigadores, con una estabilidad laboral que permita atraer talento. Y el tercero, mejorar la autonomía y coordinación de todos los organismos que hacen Ciencia.

Este Pacto por la Ciencia se va a apuntalar con los Fondos europeos y los recursos de los próximos Presupuestos, así como con la futura Ley de la Ciencia, cuyo proyecto aprobó el Gobierno el 30 de marzo y ahora se debate con el sector, en consulta pública, para integrar los cambios en una futura Ley de la Ciencia que se aprobará este año.

Con estas iniciativas, la Ciencia podría salir del túnel de “una década perdida”, por los recortes y la ineficiencia en el gasto ejecutado, así como por la pérdida de investigadores y empresas innovadoras. Para España, es clave acertar en el fomento de la investigación y la innovación, no sólo para  asegurar nuestra salud (como han demostrado las vacunas) sino también para mejorar nuestra economía, consiguiendo aumentar la productividad y producir bienes y servicios con más valor añadido, que se exporten mejor y aporten más crecimiento, más riqueza y empleo de calidad. Apostar por la Ciencia es el pasaporte a un futuro mejor.

Los robots nos quitarán la mitad del trabajo

La pandemia ha destruido ya 800.000 empleos en España, pero lo peor es que está acelerando la revolución tecnológica y la automatización del trabajo, con lo que se perderán muchos más a medio plazo. El Foro Económico Mundial  lanza una alerta: en 2025, casi la mitad del empleo existente (47%) será para las máquinas, que ahora sólo sustituyen un tercio de los empleos. Y los trabajos que queden, serán muy diferentes a los actuales, lo que obliga a preparar desde ya un reciclaje profesional de los trabajadores y renovar la educación de los jóvenes, priorizando la gestión de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos, el Internet de las cosas y la automatización. Hay que apostar por la Ciencia y la digitalización, dos de los destinos de los Fondos europeos. No podemos perder el tren de esta 4ª revolución industrial, que va a trastocar el trabajo de todos. Hay que reciclarse como trabajadores, como empresas y como país. No podemos perder el futuro.

La revolución tecnológica es uno de los tres grandes retos del siglo XXI, junto al cambio climático y el envejecimiento de la población. Ahora estamos en los albores de la Cuarta Revolución Industrial (ver vídeo) que madurará a mediados de este siglo, basada en la combinación de máquinas y procesos digitales a través del Internet de las cosas. Es lo que se llama también Industria 4.0 (ver el clásico libro de Klaus Schwab). No se trata sólo de incorporar máquinas a los procesos productivos (los robots llevan ya décadas entre nosotros). Lo novedoso es combinar nuevas herramientas que están despuntando en los últimos años: procesos digitales, análisis de datos, sensores, tecnología digital, robots, comunicaciones, biotecnología, nanotecnología, drones, impresoras 4D, Internet de las cosas, redes y, sobre todo, inteligencia artificial (que las máquinas puedan “pensar” y comportarse como humanos y hasta mejor).Todo ello, interrelacionado, podría crear redes inteligentes que dirigirán los procesos y se controlarán a sí mismas, con una mínima intervención humana.

Puede parecer “ciencia ficción”, pero cada día se logran nuevos avances que demuestran que esta Cuarta Revolución Industrial (como las tres anteriores, en los siglos XVIII, XIX y XX) es imparable. Y va a revolucionar el empleo en todo el mundo. Ya en 2018, un informe de BBVA Research y la Universidad de Valencia (Ivie) advertía que están en riesgo el 36% de los empleos en España, casi 7 millones. El estudio señalaba los sectores más vulnerables a la sustitución de trabajadores por procesos digitales mecanizados: trabajos administrativos, ventas y servicios, transportes, agricultura, industria, comercio, hostelería, finanzas e inmobiliarias. Y los que menos empleo perderán son educación, sanidad, servicios sociales, energía, las TIC y las actividades científico-técnicas, además de la Administración pública. Y en cuanto a los trabajadores más vulnerables, el estudio señala los asalariados peor formados con tareas rutinarias y los que no dominan las nuevas tecnologías y el teletrabajo, junto a mujeres, inmigrantes y mayores de 55 años, más los que trabajan en pymes.

En 2019, un estudio de la OCDE incidía en este problema del empleo, advirtiendo que un 14% del empleo está en riesgo de automatizarse, sólo en los 36 paises de la organización, con una horquilla que va del 6% (Noruega) al 34% (Eslovaquia). Y ya nos alertaban de que España es uno de los paises que va a perder más empleo con la automatización, un 21,7%, siendo sólo superado en la OCDE por Grecia, Eslovenia y Eslovaquia. Y además de ese 14% de empleo que se perderá (21,7% en España), hay otro 32% del empleo en la OCDE (y un 32,2% en España)  que sufrirá “una transformación radical”. En definitiva,  la OCDE nos advertía que más de la mitad del empleo en España (53,9%) está en riesgo de desaparecer o cambiar drásticamente por la revolución tecnológica.

Y ahora, con la pandemia, estos riesgos se han agravado, porque los paises y las empresas han acelerado sus procesos de automatización y digitalización del trabajo, según destaca el estudio “The Future of Jobs Report 2020”, publicado en octubre por el Foro Económico Mundial. Según su Encuesta a 300 empresas de todo el mundo, el 50% de las compañías han acelerado la automatización del trabajo con el coronavirus y el 80% anuncian que van a ampliar la digitalización en sus procesos productivos. Y en España, aseguran, el cambio ha sido aún mayor: un 64,3% de las empresas han aumentado la automatización del trabajo con la pandemia y el 92,9% de los consultados van a acelerar la digitalización de sus procesos. Esto provocará, según el Foro, que “algunos trabajos perdidos en la pandemia no vuelvan a ofrecerse” y que los que se mantengan en el futuro “requieran nuevas habilidades y nuevas formas de trabajar”. Que “la futura normalidad” llegue con otro tipo de trabajos.

Esta aceleración de la automatización y digitalización, por la pandemia, trastocará el mapa del empleo en el mundo, según este prestigioso estudio del Foro Económico Mundial: en 2025, casi la mitad del empleo (47%) será para las máquinas y sólo el 53% para los humanos, que hoy tienen dos tercios del empleo (67%) frente a un tercio las máquinas (33%). Y además de cambiar el reparto del trabajo entre humanos y máquinas, se ralentizará la creación de empleo en 2025, porque el 43% de las empresas reducirán su plantilla, debido a la mayor incorporación de tecnología y digitalización en sus procesos de producción.

En conjunto, el Foro estima que 85 millones de trabajos actuales desaparecerán para 2025 y se crearán 97 millones de trabajos nuevos, que tendrán que adaptarse a una nueva “división del trabajo” entre humanos, máquinas y algoritmos. La previsión es que en esta próxima década (2021-2030), los nuevos empleos serán ocupaciones nuevas (trabajos que no existen hoy) o trabajos actuales que van a cambiar drásticamente, incorporando nuevas habilidades. El estudio señala “los empleos del mañana”: gestión de datos (“Big Data”), “Cloud Computing” (computación y servicios en la nube) y Comercio electrónico, Inteligencia Artificial, desarrollo y manejo de robots, gestión de algoritmos, economía ecológica, nuevas funciones de ingeniería y desarrollo de productos, destacando también los expertos en el Internet de las cosas, en “FinTech” (tecnología y finanzas), Project Managers (dirección de proyectos)  y trabajadores para montaje y fabricación.

Este informe sobre el futuro del empleo recalca que el 40% de las competencias que tienen hoy los trabajadores no valdrán dentro de unos años y casi todo el mundo tendrá que reciclarse y apostar por las 4 habilidades que serán las más demandadas en 2025: capacidad de resolución de problemas (pensamiento crítico e innovación, capacidad de análisis, iniciativa y originalidad), autogestión (aprendizaje activo e inteligencia emocional), trabajo en equipo (liderazgo e influencia social) y uso de la tecnología (control, programación y diseño tecnológico).  Esto forzará a más de la mitad de los trabajadores que logren mantener su empleo en 2025 a realizar cursos de formación y reciclaje, mientras un 75% de las empresas apostarán por su recualificación (hoy sólo el 42%).

Todo este cambio drástico en los empleos y la cualificación para mantenerlos provocará una mayor desigualdad laboral para 2025, según este informe del Foro Económico Mundial. Y eso, por dos impactos. Uno, el de la pandemia, que agravará la situación laboral de los trabajadores más precarios y menos formados. Y el otro, más preocupante, el impacto de las nuevas tecnologías, la automatización y la digitalización, que dejará atrás a los trabajadores más vulnerables, provocando incluso  migraciones laborales de unos paises a otros, hacia las regiones y ciudades líderes de la Economía 4.0: China y parte de Asia, Estados Unidos y nuevos paises emergentes (ya hoy, 9 de las 15 ciudades económicamente más importantes del mundo están en China y sólo 1 en Europa, Londres).

Un inciso sobre el “darwinismo tecnológico” que puede provocar esta Cuarta Revolución Industrial: en unos años, puede crecer el número de trabajadores tecnológicamente inadaptados, que sean sustituidos por máquinas y no consigan reciclarse. Será “la clase inútil”, como les llama Yavul Noah Harari (el autor del extraordinario libro “Sapiens”) en su segundo libro sobre el futuro de la humanidad, “Homo Deus”, donde anticipa el problema futuro de unas élites humanas (incluso mejoradas genéticamente y con aditamentos digitales incorporados) que dominarán sobre la gran masa de la población y las instituciones económicas y políticas. Y plantea una cuestión clave: qué ocurrirá con los humanos cuando manden los algoritmos y grandes redes inteligentes controlen la economía y nuestras vidas.

Mientras esto llega o no (la mayoría no lo veremos), resulta más importante y urgente afrontar lo más inmediato, esa pérdida de entre un tercio y la mitad de los actuales empleos en la próxima década, que será más dura en España, porque estamos “en el pelotón de cola” de la Industria 4.0, junto a Italia, Portugal, Polonia, Estonia, Croacia y Bulgaria, según un informe de la Comisión Europea. Y la OCDE critica que en España falten iniciativas de empresas punteras en economía digital, automatización e inteligencia artificial, por falta de apoyo público y de inversión privada (“capital riesgo”), como se da en EEUU, Asia y parte de Europa. Y además, el informe de BBVA Research e Ivie alerta sobre otra limitación: un tercio de los jóvenes españoles “no están preparados para los retos de la transformación digital”.

La pandemia nos ha hecho ver con más claridad lo vulnerables que somos ante el reto del teletrabajo y la digitalización. Y ahora, como señala el informe del Foro, va a acelerar los cambios en el mercado de trabajo, obligando al reciclaje de trabajadores y empresas. Eso exigiría crear una Comisión oficial para estudiar y preparar los cambios, como hizo el Reino Unido. Mientras, el Gobierno ha aprobado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado en octubre, que pretende modernizar España, digitalizando la economía y apostando por la inteligencia artificial, la conectividad, la tecnología y la innovación, destinando a ello una quinta parte de los Fondos europeos en los próximos 4 años. Y en paralelo, el Gobierno envió al Congreso, en septiembre, la Estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación, para duplicar en los próximos 7 años los recursos públicos y privados para la Ciencia (I+D+i), que pasarán del 1,2% sobre el PIB actual al 2,12% en 2027, en línea con el gasto europeo hoy  (2% del PIB).

Estos dos Planes son un principio para apostar por la digitalización y la innovación tecnológica que tanto necesitamos para afrontar el futuro. Pero hace falta mantener el esfuerzo y que, pasada la pandemia, las empresas y los Presupuestos sigan apostando por la revolución tecnológica y la Economía 4.0. Pero falta reciclar el país, adaptarnos todos a esa Cuarta Revolución Industrial. Y eso exige actuar en tres frentes. Primero, el educativo: hay que apostar por la Formación Profesional (FP) y reformar la enseñanza universitaria, para introducir los nuevos conocimientos en los planes de estudio y formar a los jóvenes para los empleos que se van a necesitar dentro de una década. Segundo, el frente laboral: hay que adaptar la legislación a los nuevos empleos, regulando los trabajos de las futuras plataformas de Internet y el aumento de la automatización (quizás, obligando a los robots a cotizar). Y en tercer lugar, hay que prepararse para ayudar a los que se queden atrás, a los “analfabetos tecnológicos”, con formación y reciclaje, sin olvidar subsidios a los no recuperables.

Si algo va a cambiar a fondo en pocos años será el trabajo: la mayoría de los futuros empleos no existen hoy y hay que tener capacidad para detectarlos y prepararse, cambiando a fondo la educación y la formación, la organización en las empresas y la adaptación a los cambios. No será fácil, pero hace falta que Gobiernos, patronal y sindicatos se anticipen y también el mundo educativo, los jóvenes y los trabajadores. El futuro asusta, pero más si no tratamos de anticiparnos: hay que reciclarse, como trabajadores, empresas y país. No podemos perder el tren de esta Cuarta Revolución Industrial, como perdimos las tres anteriores. Ahora tenemos la ventaja de no estar solos, de estar en el tren europeo, que intenta no quedarse atrás respecto a Asia y EEUU. Pongámonos a ello. Nos jugamos el futuro.