13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.

Pandemia: suben los contagios y sin mascarillas

Los contagios llevan tres días subiendo ligeramente, tras bajar desde el 27 de abril. Y España es ahora el 4º país de Europa con más incidencia del virus, solo por detrás de Reino Unido, Irlanda y Portugal. Andalucía sufre “riesgo alto” y otras 17 regiones tienen riesgo “medio” (5  superan o rondan los 100 contagios por 100.000 habitantes), mientras sólo 2 regiones están por debajo de los 50 contagios, el objetivo buscado. Y ahora vienen las vacaciones de julio y agosto, con turistas extranjeros, mucha movilidad y ya sin mascarilla en exteriores, una medida quizás precipitada. Preocupa que todavía estén sin vacunar la mitad de los españoles, en especial los jóvenes, que es donde se concentran los nuevos contagios. Sobre todo por el avance de la variante india, un 60% más contagiosa, que será dominante este verano. El virus sigue ahí y es importante no bajar la guardia, porque hay un riesgo real de una 5ª ola, que nos arruinaría el verano y la recuperación.

Enrique Ortega

Los contagios por la COVID-19 siguen bajando en el mundo desde hace dos meses (a 263.000 diarios). Hoy, cuando estamos a punto de cumplir el primer año y medio de pandemia, se contabilizan 181,09 millones de contagios en 192 paises, según la Universidad John Hopkins. El epicentro sigue centrado en América, con 71,44 millones de contagios, seguida de Europa (55,59 millones) y el Sudeste asiático (34,43 millones), estando más lejos el Mediterráneo oriental (10,82 millones), África (3,91 millones) y el Pacífico (3,46 millones), según la OMS. Por paises, destacan EEUU (33,62 millones de contagios), al que se acerca la India (30,27 millones, el doble que hace sólo dos meses), además de Brasil (18,42 millones de contagiados), seguidos de lejos por Francia (5,83 millones), Turquía (5,40), Rusia (5,38), Reino Unido (4,74), Argentina (4,40), Italia (4,25), Colombia (4,15), España (3.782.463 contagiados) y Alemania (3,73 millones).

Los muertos por la pandemia han bajado más, pero todavía superan los 5.000 fallecidos diarios en el mundo. Y hoy se han alcanzado los 3.923.072 muertos por COVID-19, más de la mitad fallecidos este año (2.110.000), según la Universidad John Hopkins. La mayor letalidad se ha dado en América (1.878.358 muertes), seguida de Europa (1.178.896) y, a mucha distancia, el Sudeste asiático (480.681 fallecidos), Mediterráneo oriental (214.390), África (93.519) y el Pacífico (53.315 muertes), según la OMS. Por paises, siguen destacando EEUU (603.966 fallecidos) y Brasil (513.474), a los que se acerca la India (396.730 muertos). Y más lejos están Rusia (131.070), Reino Unido (128.364), Italia (127.472), Francia (111.130), Colombia (104.678), Argentina (92.568), Alemania (90.768) y España (80.779).

En Europa, los contagios por COVID-19 llevan bajando 11 semanas, situándose la incidencia media de los 30 paises que analiza el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC) en 51 contagios por 100.000 habitantes, muy cerca del nivel “bajo” de contagios (menos de 50). Lo más novedoso de las últimas tres semanas es que dos paises que tenían un nivel muy bajo de contagios, los han visto dispararse, por culpa de la variante india (“Delta”): Reino Unido (su incidencia ha saltado de 67,2 a 212,7) y Portugal (de 71,1 a 140,6), manteniéndose alta también en Irlanda (de 118,9 a 99,6). Y tres paises con alta incidencia la han bajado mucho: Francia (de 187,3 a 51,3), Italia (de 77,7 a 26,2) y Alemania (de 72,8 a 16,9 contagiados por 100.000 habitantes). Con ello, España, que estaba entre los paises con la incidencia más baja, ha mejorado menos (de 117,22 el 4 de junio a 95,03 el viernes 25) y se coloca como el 4º país europeo con la incidencia más alta, según Sanidad.

Lo más preocupante es que llevamos tres días (miércoles, jueves y viernes pasado) en que la incidencia acumulada ha subido ligeramente, hasta los 95,03 contagios del viernes 25, desde los 92,25 del miércoles 22 de junio, cuando se tocó “suelo” en una bajada iniciada el 27 de abril (desde un “techo” de 235,59 contagiados por 100.000 habitantes). Y sobre todo, que en 13 autonomías suben los contagios, en especial en Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Melilla y la Rioja, según Sanidad. La situación más preocupante se da en Andalucía (165 contagios por 100.000 habitantes), la única autonomía en riesgo “alto” (150-250 contagios), aunque hay 16 regiones en riesgo” medio” (50-150 contagios), destacando 6 que rondan o superan los 100 contagios/100.000: La Rioja (135.35), Cantabria (121,80), Cataluña (113,31), Canarias (103,45), País Vasco (97,19) y Navarra (97,10). Y sólo tenemos 2 regiones en riesgo “bajo”, por debajo de 50 contagios, el objetivo buscado: Ceuta (17,81) y Galicia (44,16).

Lo más positivo de las tres últimas semanas es que siguen bajando las hospitalizaciones y los enfermos COVID en las UCIs. Las hospitalizaciones han bajado de 4.135 (4 de junio) a 2.366 el viernes 25, un 1,93% de camas ocupadas por enfermos COVID (“normalidad”). En las UCIs también han bajado las camas ocupadas, de 1.163 (4 de junio) a 641 el viernes 25, con un 6,90% de ocupación media, un “riesgo bajo” (5-10%), según Sanidad. No hay ninguna autonomía en riesgo extremo (+25%) ni “alto (15-25%) y sólo están en riesgo “medio” de ocupación UCI (10-15%) Madrid (14,69%), Castilla y León (11,24%) y Cataluña (10,75%). Hay 6 autonomías con “normalidad” en las UCIs (menos 2% ocupación COVID): Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares y Galicia. Y las 10 regiones restantes tienen un “riesgo bajo” en las UCIs (5-10% ocupación).

Y llegamos a lo más importante, la bajada drástica en las muertes por COVID: de 1.201 muertes hace casi dos meses (23 abril-7 mayo) se pasó  a 828 muertes la quincena siguiente (7-21 mayo), a 576 muertes la siguiente  (21 mayo-4 junio) y ahora sólo 278 muertes en las últimas dos semanas (11-25 junio), con un mínimo de 13 muertes el 25 de junio, la menor cifra de fallecidos desde el 14 de agosto. La causa de esta menor mortalidad es que están vacunados todos los mayores de 80 años y la mayoría de los mayores de 50 años, que es donde se han cebado las muertes durante esta pandemia. En Ceuta y Melilla no ha habido ningún muerto por COVID-19 durante la última semana y sólo 1 muerto en Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, según Sanidad. Las autonomías con más muertes en la última quincena son Andalucía (+53), Madrid (+41), Cataluña (+40), País Vasco (+36) y Castilla la Mancha (+34), aunque las autonomías con más letalidad que la media (2,1% muertes sobre contagiados) son Asturias (3,7%), Castilla la Mancha (3,1%), Castilla y León (2,9%), Aragón (2,8%) y la Rioja (2,4%), las más envejecidas.

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia, al 24 de junio: no hay ninguna autonomía en situación de “riesgo extremo” (“alerta 4”) ni en “alerta 3” (riesgo alto”), donde sólo coloca a la provincia de Córdoba (264 contagios por 100.000 habitantes, 11,5% de positivos y 15,2% UCIS ocupadas). En alerta 2 (“riesgo medio”) están 4 regiones (Madrid, Cataluña, Castilla y León y País Vasco) y 4 provincias (Sevilla, Jaén, Toledo y Zaragoza), situándose las 13 autonomías restantes más Ceuta y Melilla en “alerta 1” (la mejor situación), según Sanidad.

Ahora falta ver si en las próximas semanas siguen aumentando los contagios, sobre todo a partir del 1 de julio, cuando muchos españoles se desplacen por vacaciones y empiecen a llegar los turistas extranjeros, con certificado COVID. El riesgo no es sólo la mayor movilidad, sino la penetración de la variante india (“Delta”), que es la culpable de los repuntes en Reino Unido (que ha frenado su “desescalada”), Irlanda y Portugal, debido a que provoca un 60% más de contagios que la variante británica. Y las autoridades sanitarias ya han advertido que esta variante india será ya dominante en Europa (y España) este verano. Otro factor que podría relanzar los contagios es dejar de usar las mascarillas en exteriores, una medida quizás precipitada (el Gobierno quería dar buenas noticias tras meses de restricciones), tomada también en muchos paises, que puede acelerar los contagios.

Pero el mayor riesgo de contagios es que la mitad de los españoles no están vacunados, en especial los más jóvenes, que son los que más se mueven y conectan con otros, sin una percepción de riesgo (como se ha visto con el mega brote de más de 900 contagiados en nueve autonomías por un viaje de fin de estudios a Mallorca). La vacunación va muy bien, según los datos de Sanidad,  a muy buen ritmo (el 51,3% de los españoles tienen una dosis de la vacuna y un tercio, el 33,5%, tienen puestas las dos), pero quedan sin vacunar los grupos de menos edad donde se están concentrando los nuevos contagios: 30-39 años (18,7% tienen una dosis), 20-29 años (11,9% tienen una dosis) y 12 a 19 años (0,8% con una dosis). Y además, hay dos grupos de más edad donde se ha retrasado la 2ª dosis: los de 60 a 69 años (sólo el 37,5% tienen las 2 dosis), los de 50 a 59 años (sólo el 65,6% tienen las dos dosis) y los de 40 a 49 años (sólo el 17,9% tienen las dos dosis). Y los expertos coinciden: las vacunas son eficaces contra la variante india pero si se tienen puestas las dos dosis.

Así que este verano, en julio y agosto, habría que priorizar la vacunación de la 2ª dosis a todos los mayores de 40 años (facilitando que soliciten cita en su autonomía y organicen sus vacaciones, para no cargar de trabajo a las autonomías receptoras de turistas), para contrarrestar el avance de la variante india, que además provoca también más hospitalizaciones. Y, en paralelo, acelerar la vacuna de los jóvenes, una tarea enorme que va a exigir un esfuerzo adicional en verano y también en septiembre, antes del nuevo curso. Pero sobre todo, es importante que las personas sin vacunar (y sobre todo los mayores de 40 años a los que falte la 2ª dosis) se cuiden especialmente este verano, no bajando la guardia, porque el virus sigue ahí. Y urgen campañas de las autonomías y las principales ciudades turísticas, para evitar “excesos” en las concentraciones de jóvenes durante este verano (típicos en Mallorca, costa Brava y algunas zonas de Levante). Y controles muy serios al turismo británico, que desde este miércoles puede venir ya a Baleares.

Si no se toman medidas, se baja la guardia en la prevención (la no obligatoriedad de la mascarilla en exteriores no ayuda)  y no se acelera (más) la vacunación este verano, podemos encontrarnos con un repunte de contagios y una 5ª ola en julio o agosto. Y eso obligaría a “dar marcha atrás” en la desescalada, a volver a las restricciones pasadas (los rebrotes en Israel, por la variante india, han provocado la vuelta de las mascarillas). Y pondríamos en peligro no sólo la salud sino también la recuperación, empezando por la fuga de turistas y continuando con el frenazo del consumo, el crecimiento y el empleo. No olvidemos que el virus sigue ahí, que muta y busca contagiar a los más vulnerables ahora: los no vacunados que no se cuidan. Y que hasta septiembre no estarán vacunados el 70% de los españoles y no conseguiremos la “inmunidad de rebaño”. Así que toca disfrutar de un verano todavía diferente, no como los de antes. Hay que seguir cuidándose y tomando precauciones. No nos podemos permitir una 5ª ola.

Madrid "se come" al resto de España

Este artículo no va sobre el coronavirus, pero sí sobre Madrid. Sobre el papel que juega en la economía española. A raíz de la pandemia y de la prepotencia de Díaz Ayuso, otros dirigentes regionales se quejan de la “gran aspiradora” de Madrid: absorbe inversiones, empresas y empleos a costa del resto de España, siendo la región más rica. El PP dice que es porque la gobiernan desde hace 25 años, pero un estudio revela la clave: ser capital de España, concentrando funcionarios, instituciones, multinacionales e infraestructuras. Y millonarios, atraídos por sus bajos impuestos, que hacen competencia desleal al resto de autonomías. Una baja fiscalidad que pagan muy cara los madrileños, al haber perdido 48.292 millones desde 2004: Madrid es la región que gasta menos en educación y la 2ª que menos gasta en Sanidad. Y ahora pide ayuda por la pandemia. Urge incluir entre las futuras reformas el papel de Madrid. “Madrid es  España dentro de España”, dijo Díaz Ayuso. Menos Madrid y más España.

 

Madrid es desde 2018 la región que más produce en España, superando a Cataluña, la locomotora de la economía española durante siglos. Y volvió a producir más en 2019, según el INE: 239.878 millones de euros el PIB madrileño frente a 236.739 millones el PIB catalán. Este “sorpasso” es fruto de varias décadas en que la economía de Madrid lleva creciendo más que Cataluña y que el resto de España. Entre 1.987 y 2016, la economía madrileña duplicó con creces su tamaño y fue la región española que más creció, un +119%, por encima de la economía española (+93,5%), de Cataluña (+96,5%) y Andalucía (+99,8%), incluso por encima de regiones con fuerte crecimiento como Murcia (+111,7%) y la Rioja (110,3%), según los datos de AFI. Y también creció más que el resto y que la media española en 2017 (+3,9 frente al 3,6%), 2018 (+3,7% frente al 3,6%) y 2019 (+2,5 frente al 2%).

Este mayor crecimiento de Madrid ha atraído a la región más población que al resto: su censo ha aumentado en +1.333.000 personas (españoles e inmigrantes) entre 2000 y 2019, un +24,9% de aumento de población (ahora son 6.686.400 habitantes), frente al +16,5% que aumentó este siglo la población española, el +20,8% que aumentó Cataluña (6.549.800 habitantes), el +11,7% de Andalucía (8.445.200 personas) o el +21,4% de la Comunidad Valenciana (4.999.400 habitantes en 2019), según el INE.

Este mayor trasvase de población a Madrid se debe a que es la región que más crece y la que crea más empleo. Así, con la recuperación (entre 2014 y 2019), Madrid ha sido la región que creó más empleos, 538.400 nuevos, un +20,42% (1 por cada 5 empleos que había en 2014), frente al +17,8% que aumentó el empleo en toda España (+3.016.300) o al +17,47% que aumentó en Cataluña (+517.400), según la EPA. Con ello, Madrid es la región donde hay más porcentaje de adultos trabajando: el 52,85%, frente al 47,03% de adultos ocupados en España, el 51,05% en Cataluña o la Rioja, el 50,10% en Baleares o Navarra, el 48,8% en el País Vasco, el 41,56% en Extremadura o el 41,48% en Andalucía, según el INE. A lo claro: si Andalucía tuviera la tasa de empleo de Madrid, habría 380.472 andaluces más trabajando (+13%). Y 53.334 extremeños (+14,35%).

Al haber más crecimiento y más empleo, los que trabajan en Madrid ganan más, tienen los sueldos más altos de España, según los últimos datos del INE (de 2018): 27.010 euros brutos de salario medio, un 12,5 más que la media española (24.009), sólo superado por el País Vasco (28.470) y muy por encima de los sueldos en Cataluña (25.552) o la Comunidad Valenciana (22.121) y muy alejada de los sueldos en Andalucía (21.756 euros, el 80% que en Madrid) y Extremadura (19.947 euros (el 74% de Madrid).

Al final, el mayor crecimiento, la mayor atracción de población y empleo (sobre todo especializado: el 21% de todo el empleo cualificado está en Madrid), la mayor tecnología y especialización de los servicios (la región concentra el 35% de los servicios especializados de España) hacen que Madrid sea más productiva que el resto de las regiones: produce más por habitante. De hecho, era ya la región líder en el año 2.000 (21.380 euros por habitante frente a 19.442 euros por persona en Cataluña) y ha seguido aumentando las distancias hasta 2019: Madrid produce 35.876 euros por habitante, un 35,7% más que la media de España (26.438 euros) y un 16% más que la media europea (UE-28). Mucho más que el País Vasco (34.273 euros), Navarra (32.692 euros) o Cataluña (31.110 euros). Y muy lejos de Extremadura (19.073 euros) o Andalucía (19.432 euros), que producen casi la mitad por habitante que Madrid. A lo claro: 8,44 millones de andaluces producen 16.218 euros menos cada uno al año que 6, 68 millones de madrileños. Son datos oficiales.

Y la consecuencia de todo esto es que la renta en Madrid es la 2ª más alta de España: 14.199 euros por persona, sólo por detrás del País Vasco (15.300 euros, por su peculiar régimen fiscal) , por delante de Navarra (13.937 euros) y Cataluña (13.527), muy alejada de Castilla la Mancha (9.715), Canarias y, sobre todo, Andalucía (9.160 euros) y Extremadura: 8.796 euros de renta por persona, un 62% la de Madrid, según el INE. Con estos datos, Madrid tiene una renta por habitante un 21,5% superior a la media española (11.680 euros) y un 16% superior a la renta media europea. Y lo peor de estas diferencias es que Madrid es la 2ª región con más renta en España desde 1977.

Al final, el resumen es muy esclarecedor: Madrid tiene sólo el 1,6% del territorio (frente al 6,35% Cataluña o el 17,31% Andalucía) pero acapara el 14,29% de la población española (frente al 16,39% Cataluña y el 17,83% Andalucía), el 15,9% del empleo español (frente al 17,4% Cataluña y el 15,7% Andalucía) y aporta el 19,3% del PIB español (frente al 19% que aporta Cataluña y el 13,3% Andalucía).

¿Por qué Madrid es la locomotora de España y la región más rica? Para el PP, la razón es que la gobiernan los populares desde hace 25 años (desde 1995), con unas políticas neoliberales y bajos impuestos. Pero no es así, como demuestra este reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), promovido por la Generalitat Valenciana: la razón básica del éxito madrileño es su capitalidad, que ha convertido a Madrid en “una gran aspiradora” (en palabras del presidente valenciano Ximo Puig)  de población, funcionarios, empleos cualificados, empresas, multinacionales, contratos públicos e infraestructuras, en perjuicio del resto de España. Para el presidente de Castilla la Mancha (García Page), “la mayor industria de Madrid es su capitalidad”.

Todos los economistas reconocen que las capitales de los paises se benefician del efecto llamado “economías de aglomeración”: la capital tiene la capacidad de atraer inversiones, empresas y empleos que buscan el beneficio de instalarse cerca del poder político y los Ministerios y de otras empresas y multinacionales. Y la concentración se retroalimenta: como hay muchas empresas, llegan nuevas empresas e inversiones. Es un círculo virtuoso, alimentado por las instituciones políticas y las mejores infraestructuras, más en el caso de España, un país con una red de transportes radial, que parte de Madrid.

El estudio de IVIE está plagado de datos que revelan el empuje de este “efecto capital” para Madrid. Como que el 44,5% de las 1.000 mayores empresas instaladas en España tienen su sede en Madrid. O que Madrid concentra el 34% de todas las inversiones aeroportuarias hechas en el siglo XXI. O que el 60% de los contratos públicos que hace la Administración se conceden a empresas radicadas en Madrid. O que el 29% de los empleados públicos trabajan en Madrid (150.000 funcionarios y sus familias). O que Madrid tiene empleo más cualificado, un 40,9% de universitarios frente al 30,8% en el resto de España, porque tiene más oferta de Universidades (debido a que tiene también más demanda). Y concentra un 35% de todos los servicios avanzados (alto valor añadido) que hay en España. Y en 2020, ha acaparado el 83% de toda la inversión extranjera en España.

Todo esto “empuja a Madrid al cielo”, no sus gobernantes. Y encima, Madrid se aprovecha menos de la capitalidad que otras capitales europeas. Así, Madrid aporta el 19,2% del PIB español, mientras Ámsterdam aporta  el 21,6% del PIB holandés, Londres el 23,6% de Reino Unido, París el 31,2% de Francia, Viena el 25%, Estocolmo el 30,9%, Helsinki el 38,9% y Copenhague el 40,6%, según Eurostat. Sólo Bruselas (18,3% del PIB belga), Roma (11,2%) y Berlín (4,4% del PIB alemán) aprovechan menos que Madrid su capitalidad. Dicho de otro modo: Alemania, Italia y Bélgica son paises más descentralizados, donde la capital no se come al resto, como en Reino Unido, Francia, Austria y paises nórdicos.

La otra queja de muchas autonomías contra Madrid es que les hacen competencia desleal bajando impuestos (“dumping fiscal”), aprovechando que son la autonomía más rica. Y lo hacen, desde hace años, en todos los impuestos. Lo más llamativo es la bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, desde 2008: un madrileño con 4 millones de euros de patrimonio (exentos 300.000 de su vivienda) no paga nada, mientras en Extremadura pagaría 59.919 euros, en Valencia 47.646, en Andalucía pagaría 44.214 euros, en Cataluña 41.943, y en Vizcaya 22.400, según este estudio del REAF. En el IRPF, Madrid tiene los tipos más bajos de España (los que ganan 110.000 euros, pagan 1.000 euros menos que en Andalucía y 2.000 menos que en Extremadura) y lo mismo en sucesiones y donaciones, en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Estos impuestos a la baja han forzado al resto de autonomías a bajarlos, para evitar el trasvase de contribuyentes, que no se ha impedido. Sobre todo de los más ricos: 413 de las 611 grandes fortunas declararon en Madrid en 2018, según la Agencia Tributaria. Y también ha habido un trasvase de declarantes para evitar el pago de herencias. Y la presidenta Díaz Ayuso quiere seguir por este camino de rebajas en 2021, prometiendo bajar un 0,5% los tipos del IRPF, a pesar de los enormes gastos de la pandemia. Y de que se ha quejado al presidente Sánchez de que “necesita más ayuda”.

Esta rebaja de impuestos, en las últimas dos décadas, beneficia sobre todo a los madrileños con más recursos (son los más beneficiados en todos los impuestos) y priva a Madrid de cuantiosos ingresos: -4.571 millones en 2019, según los propios datos de la Administración regional, entre lo que pierde por Patrimonio (-996 millones), Renta (-870), sucesiones y donaciones (-2.631) y transmisiones y actos jurídicos (-56 millones). El “agujero fiscal” es de tal calibre que Madrid ha perdido -48.292 millones de euros por rebajas fiscales entre 2004 y 2019. Una pérdida de ingresos que se ha traducido en más recortes que otras autonomías (entre 2012 y 2015), mucha deuda (35.646 millones) y un bajo gasto social.

De hecho, Madrid es la autonomía que menos gasta en educación (723 euros por habitante en 2019, frente a 863,50 euros de media en España y 1.274 en el País Vasco), la 2ª que menos gasta en sanidad (1.220 euros por habitante en 2019, tras 1.166 euros Cataluña, 1.335 de media en España y 1.719 euros que gasta Euskadi) y la 5ª autonomía que menos gasta en servicios sociales (277 euros por habitante en 2019 frente a 300 euros de media en España, 694 Navarra y 446 Extremadura), según este reciente estudio de los Directores de Servicios Sociales. Ahí sufren los madrileños las bajadas de impuestos. Y ahí puede explicarse por qué la sanidad madrileña tiene una peor situación frente a la pandemia.

Ante este panorama, las demás autonomías tienen muchos motivos para quejarse de “la locomotora de Madrid”, porque avanza a costa de ellas. Por eso, proponen dos cosas. Una, limitar la competencia fiscal desleal de Madrid. Y para ello, habría que aprobar una Legislación que unificara tipos, para “evitar el dumping  fiscal”, dentro de la urgente reforma del sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014). Y la otra, suavizar los efectos de la capitalidad, descentralizando lo más posible: Ministerios (Alemania tiene 10 Ministerios en Berlín y 6 en Bonn), instituciones (el Bundesbank o banco central alemán está en Frankfort), organismos públicos (el Instituto de Oceanografía está en la capital, una ciudad sin mar), funcionarios (el estudio del IVIE cree que podrían trasladarse 45.000 y sus familias). Y tratando desde el Gobierno de repartir los contratos públicos y las inversiones e infraestructuras fuera de Madrid, fomentando también la descentralización de inversiones y empleos privados, vía incentivos fiscales.

Somos un país muy descentralizado, con un gran poder de gasto y gestión en las autonomías pero donde Madrid tiene cada año más peso y concentra más riqueza y empleo, en perjuicio de otras regiones, sobre todo las vecinas. Si ahora hay que pensar en reformas a medio plazo, una de ellas debe ser reequilibrar España, reducir las crecientes desigualdades entre la España rica y la pobre y entre Madrid y el resto del país. “Madrid es España dentro de España ¿Qué es Madrid si no es España”, dijo la presidenta Díaz Ayuso rodeada de banderas. Vale. Pero lo que hace falta es menos Madrid y más España. 

Curso 2019-2020: más enseñanza concertada

Esta semana, más de 8 millones de niños y jóvenes comienzan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán más profesores, tras 3 convocatorias de plazas, y algunos recursos más, volviendo al gasto de 2008. Lo nuevo es que los Gobiernos del PP y Ciudadanos en Madrid y Andalucía van a concertar con centros privados plazas de Bachillerato, subvencionando una enseñanza que ahora sólo es gratis en los centros públicos. Y prometen también concertar con centros privados la enseñanza de 0 a 3 años, mientras el PSOE y Podemos quieren que sea gratuita en los centros públicos. Son dos estrategias políticas para “ampliar el negocio” de los centros concertados, que ya controlan el 26% de los alumnos y reciben un 12,5% del dinero público en educación, sin recortes en los años de crisis. Es el gran debate de esta Legislatura: más o menos educación pública, con más recursos (50.000 alumnos estudian en barracones) y profesores. Un tema clave del Pacto educativo que no llega.

enrique ortega

Este nuevo curso escolar  2019-2020 volverán a aumentar los alumnos de las enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta llegar a los 8.200.000 niños y jóvenes que estudian en colegios e institutos, 757.000 más que hace diez años (curso 2008-2009), según los datos de Educación. Volverán a bajar (-20.000) los niños escolarizados en educación infantil (unos 1.718.000), por la caída de la natalidad sufrida a partir de 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Sufrirá también una ligera bajada (-11.000) la cifra de estudiantes de Primaria (sobre 2.918.000), subirán los alumnos de la ESO (+35.000), los más numerosos (rondarán los 2 millones), volverán a bajar (-3.600) los que estudian Bachillerato (668.000) y será otro año récord en Formación Profesional, con 845.000 alumnos, casi el doble de los que estudiaban FP hace una década (462.492 alumnos en 2007-2008). Del total de alumnos, 51,7% son chicos y 48,3% chicas, ganando los varones en todos los estudios, salvo en Bachillerato, donde el 52,8% son mujeres, por el mayor abandono escolar de los chicos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso 2019-2020 en colegios e institutos públicos (el 67,3% de los alumnos), aunque año tras año gana peso la enseñanza concertada (25,9% alumnos) y privada (6,9%), sobre todo en educación infantil (63% alumnos en la pública) y la ESO (65,6% alumnos), subiendo la publica en Bachillerato (74,5% alumnos) y en FP (72,6% alumnos estudian en centros públicos). Y sobre todo en las autonomías más ricas: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (45,5%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,4% de alumnos en enseñanza no pública), según los datos de Educación. Mientras, el peso de la enseñanza concertada y privada es mucho menor en las autonomías pobres: Melilla (sólo 16,7% alumnos), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

La principal novedad de este curso 2019-2020 es que los alumnos de enseñanzas no universitarias van a encontrarse con casi 30.000 profesores más, tras las oposiciones celebradas en junio, las terceras y las más numerosas desde que se reanudaron en 2017. Con ellas se busca cubrir las jubilaciones y reducir la temporalidad del profesorado, que afecta a 1 de cada 3 docentes. La previsión es ampliar las plantillas de profesores en los centros públicos (ahora superan los 500.000) en 139.000 entre 2017 y 2022, pero CCOO estima que harían falta convocar 46.259 plazas más, para reducir la precariedad y cubrir necesidades futuras. Además, muchos expertos hacen hincapié en formar mejor a los profesores, porque sólo un 35% reciben la formación inicial adecuada en España frente al 62% en el resto de Occidente, según el informeTalis 2018, de la OCDE. Algunos expertos piden un MIR para profesores (como los médicos) y Cataluña ha establecido un filtro de pruebas complementarias en la selectividad para los que quieren acceder a Magisterio y Educación.

Algunos alumnos más, pocos nuevos centros (50.000 alumnos de la escuela pública estudiarán este curso en barracones, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias), algo más de presupuesto y más profesores para un curso escolar 2019-2020 con pocas novedades para alumnos y familias. Otro curso más sigue en vigor la LOMCE, la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP en 2013, aunque la mayoría de grupos del nuevo Parlamento están por derogarla. Eso sí, las autonomías pueden cambiar un aspecto fundamental de esta Ley, el número de alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO). Ya el curso pasado bajaron otra vez los alumnos por aula en Andalucía y Extremadura y este curso las reducirán el resto de autonomías. También se reducirán las horas de clase de los docentes, aumentadas en 2012 (a 25 horas semanales en infantil y primaria y a 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). Y también se han “flexibilizado” las reválidas a que obliga la LOMCE al final de Primaria y en 4º de la ESO, así como la Selectividad.

Pero los demás cambios pendientes, desde reducir el  peso de la asignatura de Religión a los itinerarios y los planes para repetidores, no se harán tampoco este curso 2019-2020, porque el bloqueo político ha impedido discutir el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero de 2019. El Gobierno ha ofrecido a Podemos, entre sus 370 medidas de Gobierno, aprobar una Ley Básica de Educación “que derogue la LOMCE, blinde la educación pública e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa”, pero no entraría en vigor hasta el curso 2020-2021, como pronto.

La gran novedad educativa de este curso 2019-2020 es el impulso a la enseñanza concertada en Madrid y Andalucía, tras la llegada al Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa la ha tomado Madrid, que ya este curso va a poner en marcha un proyecto para que 1.500 alumnos de bachiller puedan estudiarlo gratis en centros concertados, con becas de 3.000 euros para familias con menos recursos. Y el objetivo del Gobierno conservador madrileño es que en 4 años, todos los centros concertados de la región puedan ofertar el Bachillerato concertado, como hacen con Primaria y la ESO. En Andalucía, con muchos más alumnos, lo están estudiando, pero su objetivo a medio plazo es también concertar el Bachillerato, que ahora solo es gratuito en los centros públicos. Y no son los únicos. Ya hay 5 autonomías donde el curso pasado se subvencionó el Bachillerato a 70.000 estudiantes en centros privados : País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares y Murcia. Las restantes, gobernadas por la izquierda, no están por la labor de subvencionar el Bachillerato en centros concertados (sí defienden becas a los alumnos con menos recursos).Y en el caso de la Comunidad Valenciana, ha recurrido a los Tribunales, los conciertos de Bachillerato aprobados por Camps.

Algunos expertos, los sindicatos y la izquierda critican esta política del PP y Ciudadanos (apoyada por Vox), señalando que es una vía de “ampliar el negocio” de la enseñanza privada, que ve como año tras año se les van alumnos en Bachillerato a la pública porque sus familias no pueden pagar estos estudios (entre 300 y 400 euros al mes). Por eso, buscan que esta enseñanza se concierte, para ganar alumnos (hoy sólo tienen el 25,5% de alumnos, frente al 32,7% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria).

Pero la novedad no para ahí. Madrid y Andalucía quieren ampliar los convenios con los colegios privados a la educación de 0 a 3 años, que hoy no es obligatoria ni gratuita. En España, sólo poco más de un tercio (38%) de los menores de 3años están escolarizados (más en el País Vasco, un 52,4%, y menos en Canarias, el 16,8%), un porcentaje superior a la media de paises desarrollados (33% en la OCDE) y a la escolarización infantil en Europa, incluidos Finlandia, Alemania, Francia o Reino Unido. Sin embargo, aunque estamos mejor, dos tercios de los niños menores de 3 años no reciben educación, lo que es perjudicial para su formación y éxito educativo futuro, porque es una edad clave, según todos los estudios.

Por eso, los expertos defienden que España se lance a escolarizar a los menores de 3 años. Pero hay 2 estrategias. PP y Ciudadanos (con Vox) defienden “la libertad de elección” y que esta primera etapa educativa se concierte con los centros privados, ampliando así “su negocio” como con el Bachillerato. Y la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, defienden que sea una enseñanza gratuita y pública. Ya en el Presupuesto fallido para 2019, ambos partidos pactaron destinar 330 millones para avanzar en la escolarización pública gratuita entre los 0 y 3 años. Y entre las 370 medidas de Gobierno que propone Sánchez, la 94 es “la universalización de la educación de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita”.

A falta de una nueva Ley de Educación, la batalla por ampliar la educación concertada al Bachillerato y a la educación de 0 a 3 años se ha lanzado con fuerza. Y llueve sobre mojado, porque la enseñanza concertada ha ido creciendo en la última década gracias a los mayores recursos recibidos del Gobierno Rajoy y de muchos gobiernos autonómicos, mientras se recortaban los recursos a la educación pública. Los datos son explícitos: si el gasto total en enseñanza ha crecido un 4,68% entre 2007 y 2017 (con fuertes recortes entre 2011 y 2015), la enseñanza pública ha recibido sólo un 1,4% más (con recortes entre 2013 y 2015) y la concertada recibió un 24,4% más, sin recortes entre 2011 (+7,1%) y 2015 (+19,1%), según datos oficiales de Educación (SEIE). Con ello, la enseñanza concertada ha pasado de recibir el 10,5% del gasto público en educación (2007) al 12,5% (2017).

Pero esa es la media en España. Lo llamativo es que hay autonomías donde la educación concertada se lleva mucho más dinero público. Es el caso del País Vasco (23,9% del gasto público en educación va a la concertada), Navarra (19,5%) o Madrid (19,7%), mientras tiene poco peso en las autonomías más pobres: Canarias (8% del gasto educativo va a la concertada), Extremadura (8,3%) y Castilla la Mancha (9,2%).

Muchos expertos creen que se ha pervertido, por razones ideológicas,  el papel “subsidiario y complementario” de la enseñanza concertada, que se empezó a apoyar en 1990 (Felipe González), cuando la LOGSE amplió la educación obligatoria de 14 a 16 años y no había suficientes plazas en los centros públicos. Pero hoy, con menos nacimientos y jóvenes, no faltan plazas (salvo en algunas zonas y edades) y ya no parece tan necesario que la concertada crezca tanto. Y menos que lo haga a costa de la pública. Además, otros expertos señalan que este tirón de la concertada agrava la dualidad y la desigualdad de la enseñanza: los colegios privados “seleccionan” a sus alumnos y desplazan a los niños inmigrantes y con problemas a los colegios públicos, lo que deteriora su calidad ante la falta de medios. Los datos oficiales son explícitos: de 750.000 niños extranjeros en infantil y primaria, el 80% estudian en centros públicos (y en Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha llegan al 90%). Así que aceptan fondos públicos pero desechan alumnos problemáticos.

Este aumento en el peso de la educación concertada, junto a los recortes en la educación pública, ha llevado a que las familias tengan que pagar más por la educación: por un lado pagan cuotas “voluntarias” en los concertados y por otro pagan más cada año por actividades extraescolares y servicios complementarios. El dato es revelador: en 2017, las familias se gastaron 12.356 millones en educación y el Estado unos 50.000, con lo que las familias aportan 1 euro para cada 4 que aporta el Estado (en 2007 aportaban 72 céntimos). Y luego hay un galimatías de ayudas autonómicas, desde becas a ayudas por libros y desgravaciones fiscales, lo que aumenta la desigualdad. Y más entre los que van a centros públicos, que acogen a un 33% de estudiantes de clases humildes mientras los concertados sólo acogen al 7%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y así, la mitad de los alumnos de familias pobres se concentran en los centros con más estudiantes pobres, según el último Informe sobre Equidad en la educación de la OCDE. La educación acentúa la desigualdad.

Es un problema serio de nuestro sistema educativo que se suma a otros de los que se habla poco al inicio de cada curso escolar. Por un lado, el fracaso del sistema educativo, reflejado en dos datos: 1 de cada 3 estudiantes de 15 años han repetido curso y el 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios tras la ESO, sin acabar Bachillerato o FP (somos líderes de abandono escolar en Europa, donde lo dejan el 10,6% de jóvenes y menos en 21 de los 28 paises UE). Y por otro, la tremenda desigualdad regional en la educación entre las 17 autonomías, con peores resultados en Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia y mejores en País Vasco, Castilla y León, Cantabria, Navarra, la Rioja y Asturias. Y además, una formación demasiado memorística y poco práctica, con retraso en matemáticas y comprensión lectora, según revelan los informes PISA.

Factores todos que explican, junto a un menor gasto educativo, por qué los jóvenes españoles están peor formados que el resto de europeos: entre 25 y 34 años, el 33,8% de los jóvenes españoles tienen la ESO o menos (frente al 16,2% menos formados en Europa), un 23,6% ha terminado la Secundaria (frente a casi el doble en Europa: el 44,8% de los jóvenes) y el 42,6% son universitarios (más que el 39% en Europa), según los últimos datos de Educación. Un balance, con más jóvenes poco o medio formados, que explica por qué tenemos más del doble de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28) y aún más paro juvenil (33,8% frente a 14,3% en la UE-28 y 5,6% en Alemania), según Eurostat.

Son datos como para reflexionar y tomar medidas. Básicamente pactar una nueva Ley de Educación, que asegure más gasto educativo (subir del 4,2% del PIB actual al 5% que gasta Europa supondría gastar 11.200 millones extras anuales), acuerde las reformas que propone la comunidad educativa, establezca medidas eficaces contra el fracaso escolar, aumente el profesorado y su formación y corrija las tremendas desigualdades educativas entre regiones, formando mejor a los alumnos en los conocimientos que va a exigir la economía del siglo XXI. Muchos retos en los que nos jugamos el futuro.