Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el subsidio de desempleo. En septiembre de 2024 (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.703.095 desempleados, el 66,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.575.285 en septiembre). Eso significa que hay 872.190 parados registrados en el SEPE que no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio contributivo (24 meses ) o porque no han cotizado lo suficiente. Pero si miramos otro dato, las personas que “se consideran en paro”, según la EPA del tercer trimestre de 2024 (INE), los parados “estimados” eran 2.754.100 personas en septiembre. Hay 178.815 parados que “no se molestan” en registrarse como parados. Y así, hay más de 1 millón de parados “reales” (1.051.005) que no cobran ningún subsidio en España.
Resulta que el seguro de desempleo, aunque es una
de las mayores partidas del Presupuesto (22.130
millones gastados en 2023), no llega a un tercio de los parados
reales (a 1 millón de parados) y además, supone un ingreso mínimo
para casi otro millón. Por eso, ser
parado en España (se cobre o no) es ser “casi pobre”: el
41,4% de los parados eran “pobres” en 2023 (ingresaban menos del 60% de la
media española, menos de 916 euros mensuales), frente al 20,2% de
pobres que hay entre todos los españoles, el 14,8% entre los jubilados y el
11,9% entre los que trabajaban, según
la Red EAPN.
Bruselas pidió a España que incluyera la reforma
del desempleo dentro del paquete de reformas exigidas
a cambio de los Fondos europeos. Pero esta reforma supuso primero un
enfrentamiento político entre dos “alas” del
Gobierno Sánchez: el Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz)
hacía más hincapié en mejorar las ayudas a los parados y la Vicepresidenta
económica (entonces Nadia Calviño) estaba más preocupada por exigir una actitud
más activa a los parados para buscar trabajo y en las medidas para recolocarles.
Al final, se llegó a “un pacto contra reloj” entre ambas, porque era una
reforma obligada a aprobar en 2023 para que España cobrara la 4ª entrega de los
Fondos Europeos. Y por eso, el Real Decreto se aprobó el
19 de diciembre de 2023, en uno de los primeros Consejos del nuevo Gobierno
Sánchez (21 noviembre). Después se envió al Congreso para convalidarse, pero
tropezó: en enero de 2024, Podemos
votó en contra, como “castigo al Gobierno” por no mejorar la
cotización de los parados mayores de 52 años y PP y Vox aprovecharon
para hacer “la pinza” y echar atrás la reforma pactada con Bruselas.