Gasto sanitario muy desigual por autonomías

En los últimos meses, se han multiplicado en media España las manifestaciones y protestas  de sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o necesita cambios. Y  la peor valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco, Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000 enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.

                        Los hospitales se llevan el 62% del gasto sanitario público

La mayoría de españoles ven claro el deterioro de la sanidad pública, agravado tras la pandemia, aunque son una amplia mayoría los que prefieren que les atienda la sanidad pública antes que la privada si tienen un problema grave. El último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por Sanidad y el CIS, refleja una nueva pérdida de confianza de los españoles en la sanidad pública: el 20,2% de los encuestados opina que funciona “mal” (en 2009 eran sólo el 4,1%) y el 27,1% creen que necesita cambios (23,3% en 2009), aunque todavía el 51,7% señalan que “funciona bien” (eran el 72,1% en 2009). A la hora de valorar la sanidad pública, la nota media que dan es 6,02 sobre 10, muy por debajo de los 6,74 puntos que daban en 2019. Eso sí, la nota varía mucho por autonomías. Es mucho más baja en Andalucía (5,37), Ceuta (5,39) Melilla (5,56), Canarias (5,77), Castilla la Mancha (5,99) y la Comunidad Valencia (5,99 sobre 10). Y dan la mejor nota a la sanidad pública de Cantabria (6,68 puntos), País Vasco (6,54), Castilla y León(6,40), Murcia (6,38), Rioja y Baleares (6,35 sobre 10).

Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019). Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95 días).

La atención de los especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10), debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista (128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria (7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el 061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población, frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias, una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención primaria y especialistas.

A pesar de estas valoraciones a la baja de todos los servicios, el 74,6% de los españoles indica que prefiere la sanidad pública para ingresos hospitalarios y casos complejos frente a la opción privada. Pero debido a las abultadas listas de espera, hay 12,8 millones de españoles que han contratado un seguro médico privado, aunque el  65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública si enfrenta un problema de salud importante, según el Barómetro Sanitario. Y el 74% de estos pacientes con seguro privado prefiere ir a las urgencias de los hospitales públicos si tiene un problema grave de salud.

La clave de esta valoración a la baja de la sanidad pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas: hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9 millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en 2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.

El gasto sanitario público en España fue de 101.739 millones de euros en 2024 (último dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama la atención es que este gasto público sanitario es menor, en porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634 millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa. Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).

Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos, según los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid (1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja (1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242 euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza (PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).

Estas enormes diferencias en el gasto sanitario público por autonomías responden a tres factores, según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62% del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público, pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25% del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en atención primaria, el 10,9%.

El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit  de financiación, personal y medios, iremos a peor.

Los expertos que denuncian la infra financiación de la sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143 millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982 millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras” Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.

Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos: aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria (sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.

Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra el cáncer ha denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da una nota a la sanidad de las 17 autonomías. En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios, por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular” Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia (82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía (66), Baleares (77) y Murcia (78).

Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año, que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las plantillas sanitarias: el Ministerio de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada cuatro para reforzar la Atención Primaria.

Pero además, una parte mayor del gasto sanitario debería dirigirse a prevención, porque es la inversión sanitaria más rentable. El estudio gallego señala, con simulaciones de la OCDE,  que si España redujera a los niveles de los mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad, tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para ello debe subir del mínimo 3% actual.

Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no basta con eso: urge un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además, hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos, con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías que no existe.

En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas: un pacto para articular una nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías con más población mayor y dispersa) y un pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.

España: sigue la brecha Norte-Sur (y otras)

España crecerá este año un +2,9%, pero no todas las regiones crecerán tanto, destacando Murcia, Canarias, Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y Cataluña, casi las mismas que más crecieron en 2024. Pero el grueso del crecimiento español (el 72% del total) lo aportan sólo 6 autonomías: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, las mismas que en el año 2.000. Y si tenemos en cuenta la población, lo que se produce por habitante, hay 7 autonomías productivas y ricas, 5 pobres (Andalucía, Extremadura y Canarias, Murcia y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) y otras 5 intermedias. Se mantienen las 3 Españas, como en el año 2.000 y como en el siglo pasado. Y dentro de cada autonomía, hay grandes desigualdades de renta entre provincias y municipios. Vamos, que el crecimiento sigue mal repartido, según donde uno viva. Habría que resolverlo, con un Pacto autonómico y local que incluya medidas económicas, fiscales y de financiación. Reducir la histórica “brecha” entre las 3 Españas.

                             Enrique Ortega

España espera crecer un +2,9% este año 2025 (menos del 3,5% de 2024), según las previsiones del FMI, la Comisión Europea y el propio Gobierno. Pero no todas las regiones crecerán igual: este año habrán crecido más la Comunidad Valenciana (+3,6%), Canarias (+3,5%), Murcia y Madrid (+3,3%), Baleares (+3,2%), Cataluña y Castilla la Mancha (+3,1%), según las previsiones de BBVA Research. Lo que tienen en común estas autonomías es el turismo y las exportaciones, así como el impulso de las inversiones públicas y los Fondos europeos, factores que también están detrás de los mayores crecimientos por autonomías en 2024: Canarias y Murcia (+3,7%), Castilla León y Castilla la Mancha (+3,4%), Galicia y la Rioja (+3,3%), Madrid y Andalucía (+3,1%).

Lo importante no es tanto lo que crece una u otra autonomía sino lo que aporta cada una al crecimiento español. Y aquí hay una gran desigualdad. El crecimiento se concentra en 6 autonomías, que aportan el 72,1% de todo el crecimiento (2024): Madrid (19,8% de todo el PIB español), Cataluña (18,9%), Andalucía (13,3%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,7%) y Galicia (5,1%), según el INE. Así que las 11 autonomías restantes (más Ceuta y Melilla) sólo aportan el 27,9% de todo el PIB español. Una concentración del crecimiento que apenas ha variado en este siglo, porque en el año 2000, las 6 autonomías más productivas aportaban el 71% del PIB. Madrid es la que más ha aumentado su aportación (del 17,5% al 19,8%), mientras Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana la han mantenido y ha caído algo la aportación del País Vasco y Galicia.

Madrid se consolida como la región que más produce en España (316.241 millones de euros, el 19,8% del PIB total), reforzando su liderazgo frente a Cataluña (301.894 millones de euros, el 18,9% del total), a la que sobrepasó económicamente en 2012. Madrid está ganando la carrera apoyada por un fuerte crecimiento de la población (+405.000 habitantes entre 2019 y 2024, frente a +399.227 en Cataluña y +202.145 en Andalucía), los menores ajustes durante la crisis, el efecto negativo del procés sobre la economía catalana, el tirón de inversiones y  turismo y el “factor capitalidad” (concentra empleo público, multinacionales y grandes empresas), así como la oferta de servicios de alto valor añadido. Ahora, el president Illa ha aprobado un Plan a medio plazo, que prevé invertir 18.500 millones en infraestructuras, formación, servicios públicos y modernización de su economía para que Cataluña consiga recuperar el liderazgo económico en España en 10 años (“o en 5, si podemos”).

Pero lo importante no es lo que produzca cada región o cada país, sino lo que se produce por habitante (PIB por habitante), el indicador que permite conseguir un mayor o menor nivel de renta. Así, España es el 4º país que más produce en la UE (1.504.330 millones de euros en 2024), tras Alemania (4.328.970 millones producidos), Francia (2.921.412 millones) e Italia (2.199.619 millones de PIB). Pero luego, al tener en cuenta la población de cada país, España baja hasta el puesto nº 14 en PIB por habitante, según Eurostat: produjimos 32,633 euros por habitante (2024), frente a 39.870 euros de media en la UE-27, con lo que “nos adelantan” 13 paises en PIB por habitante, no sólo los tres grandes (Alemania, Francia e Italia, que también tienen más PIB total) sino otros paises más pequeños, como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta, Finlandia y Chipre. Producimos menos que ellos por habitante (y por eso somos “menos ricos”).

Dentro de España pasa lo mismo: hay regiones que producen mucho (como Andalucía o la Comunidad Valenciana) pero que, como tienen mucha población, en realidad son “menos productivas” que otras que producen menos y tienen poca población. La clave es comparar la producción por habitante (el PIB por habitante). Ese es el verdadero ranking de las autonomías: las más productivas (y por ello las más ricas) y las menos productivas (y más pobres), según los datos de 2024 publicados por el INE en septiembre. Y así podemos perfilar el mapa de las 3 Españas: la rica (7 autonomías), la pobre (5 regiones más Ceuta y Melilla) y la intermedia (5 autonomías restantes).

La España rica, la que produce por habitante más que la media (32.633 euros en 2024) la integran Madrid (44.755 euros por habitante, un 37,1% superior a la media), País Vasco (41.016 euros, el 25,7% más), Navarra (39.076 euros, el 19.7% más), Cataluña (37.426 euros, el 14,6% más), Aragón (36.446 euros, el 11,6% más), Baleares (36.011 euros, el 10,3% más) y la Rioja (34.475 euros, el 5,6% más que la media). La España intermedia la componen 5 autonomías que producen por habitante menos que la media española, pero no demasiado: Castilla y León (31.140 euros, el 95,4% de la media), Galicia (30.105 euros, el 92,2%), Cantabria (29.791 euros, el 91,3%), Asturias (29.658 euros, el 90,9%) y la Comunidad Valenciana (27.611 euros, el 84,6%). Y el resto componen la España pobre: Castilla la Mancha (26.588 euros, el 81,5% de la media), Murcia (26.592 euros, el 81,5%) y, sobre todo, Canarias (25.925 euros, el 79,4%%), Extremadura (25.227 euros, el 77,3%), Andalucía (24.566 euros, el 75,3% de la media), Ceuta (23.228 euros, el 71,2%) y Melilla (produce 21.128 euros por habitante, el 64,7% de la media), los dos “farolillos rojos”.

Estos datos revelan que Melilla produce por habitante menos de la mitad que Madrid (el 47,2%) y Andalucía el 56%. Lo peor no es sólo esta tremenda “brecha” entre dos regiones  (una produce el doble que la otra) sino que esa diferencia apenas ha mejorado desde 2019 (Melilla producía el 49,36% y Andalucía el 53,92%) e incluso desde el año 2.000 (Extremadura, entonces la más pobre, producía el 49,53% que Madrid), según los datos del INE. Y además, las 7 regiones más ricas en 2024 (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y Rioja) son las mismas que en 2008 y casi las mismas que en el año 2.000 (Madrid, Navarra, Baleares, País Vasco, Cataluña, la Rioja y Aragón). Y las más pobres de hoy (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Canarias) son las mismas que en 2019, casi las mismas que en 2008 (entraba Castilla la Mancha) y casi las mismas que en el año 2.000 (Melilla, Ceuta, Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha).

Pero hay algo más llamativo: esta brecha entre regiones más o menos productivas se arrastra desde hace siglo y medio, según el libro “La desigualdad regional en España 1860-2015”, escrito por tres catedráticos universitarios (Díez Minguela, Martínez-Galarraga y Tirado). Ahí documentan que la desigualdad regional aumentó entre 1860 y 1910, se redujo después entre 1910 y 1950, volvió a bajar entre 1960 y 1985 y lleva siendo elevada desde 1986, a raíz de la entrada de España en Europa, debido a que una economía más abierta ha agravado las diferencias regionales, al competir mejor unas autonomías que otras.

¿Por qué hay tanta desigualdad en la producción y riqueza de las autonomías? La existencia de 2 o 3 Españas tiene mucho que ver con la estructura económica de cada región (más o menos industria, más o menos servicios y el tipo de agricultura), su población (poca o mucha y nivel de envejecimiento), la educación y formación de sus trabajadores, el nivel tecnológico, la mayor o menor inversión pública o privada, las infraestructuras disponibles o el peso de la exportación. Y en el caso de Madrid, el factor “capitalidad”, que aporta un “crecimiento extra” porque las instituciones públicas y ser la capital del país atrae empresas, inversiones, población y talento, según este estudio del IVIE. Por todo ello hay regiones más o menos productivas, aunque el factor que más ha jugado en este siglo para explicar la brecha regional es la desigual creación de empleo.

Tras la mayor o menor producción por habitante, luego entran en juego “los contrapesos”, mecanismos que intervienen para que esas regiones tengan más o menos renta. En principio, las regiones más productivas son también las más ricas, pero hay factores de corrección de esa “brecha económica”: las transferencias públicas (pensiones, desempleo, ayudas a la Dependencia), subvenciones y prestaciones sociales, el gasto público en sanidad y educación, las inversiones públicas, impuestos y la financiación autonómica. Y dentro de estas “medidas correctoras” destacan las ayudas europeas, que buscan corregir los desequilibrios regionales y que han sido ingentes (España ha recibido 176.000 millones de Fondos estructurales europeos entre 1989 y 2020, muchos para las regiones más desfavorecidas).

Pero estas transferencias y políticas públicas no han conseguido corregir las diferencias de renta entre las autonomías. En consecuencia, nos tropezamos otra vez con 3 Españas, según la renta neta por persona publicado por el INE. En 2023, la media española fue de 14.807 euros, siendo muy diferente según la región donde vivimos. Otra vez nos encontramos con una España rica, con más renta que la media, integrada por 7 autonomías: País Vasco (19.078 euros), Madrid (17.275 euros), Navarra (17.253 euros), Cataluña (16.546 euros), Asturias (16.201 euros), Baleares (15.926 euros) y Aragón (15.747 euros). Son las mismas regiones que tienen un mayor PIB por habitante, salvo Asturias (donde el envejecimiento y las pensiones suben la renta por persona). El mapa de la España pobre, con menos renta por persona, lo integran otras 8 regiones: Murcia (11.967), Andalucía (12.191), Melilla (12.745), Castilla la Mancha (12.357), Extremadura (12.421 euros), Comunidad Valenciana (13.374), Canarias (13.372) y Ceuta (13.403 euros). Coinciden con las autonomías menos productivas, aunque en otro orden (por las compensaciones de transferencias e impuestos). Y quedan las 4 autonomías de la España intermedia: Castilla y León (14.940 euros de renta por persona), Cantabria (14.708), Galicia (14.558) y La Rioja (14.529).

Estos datos significan que la renta media por persona en Murcia es un tercio menor (el 62,6%) que en el País Vasco y en Andalucía un 30% menos que en Madrid. Un problema que llevamos arrastrando décadas: hace casi 50 años, en 1977, un balear (los más ricos entonces) tenía 1,81 veces la renta de un extremeño (los más pobres), según un informe de la Fundación Alternativas. Luego, a lo largo de este siglo XXI, la brecha ha mejorado algo, pero poco: en el año 2000, un aragonés ingresaba 1,53 veces la renta de un extremeño, en 2008 (antes de todas las crisis), un vasco tenía 1,65 veces la renta de un extremeño y en 2023 (último dato publicado) , un vasco tiene una renta 1,6 veces superior a la de un murciano… Y España es el 2º país occidental (tras EEUU) donde más creció la brecha entre regiones entre 2019 y 2022, según la OCDE, por la pandemia y la inflación.

Esta desigualdad regional se arrastra también a las provincias (Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid son las que tienen más renta por habitante y Almería, Jaén y Huelva las que menos) y a las ciudades: entre los 12 municipios de más de 2.000 habitantes con más renta hay 5 de Madrid, 6 de Barcelona y 1 de Vizcaya) y entre los 12 con menos renta hay 9 de Andalucía, 1 de Toledo y 2 de Extremadura (ver listado). Y el País Vasco tiene un 90,9% de municipios con renta alta, el 68% en Navarra, el 49,3% en Baleares y el 40,4% en Cataluña, mientras Murcia tiene un 91% de municipios con renta baja, Andalucía un 82,7% y Extremadura el 81,2 % de sus municipios, según los últimos datos del INE (renta 2023).

¿Qué se puede hacer? Lo primero, gastar e invertir pensando en corregir estos desequilibrios regionales, tanto los Presupuestos como los Fondos europeos, esos 103.000 millones de euros que van a llegar hasta 2026. El objetivo es regionalizar la mitad de estos Fondos UE, pero la otra mitad, la que gestione el Estado, debería  invertirse con el objetivo de reconducir el crecimiento y el empleo de las regiones más pobres. Una segunda medida es planificar las inversiones públicas e infraestructuras para fomentar la inversión e instalación de empresas en la España más atrasada, que no debe vivir sólo del turismo, la agricultura o las pensiones. Un tercer frente de actuación es la fiscalidad, homogeneizando impuestos y evitando “paraísos fiscales” (Madrid). Y en cuarto lugar, urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014), porque el actual beneficia claramente al País Vasco y Navarra (reciben un 80% más por habitante que el resto, según la Fundación Alternativas), así como a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León, curiosamente a 7 de las 11 regiones españolas con más renta.

En resumen, vivimos en un país muy desigual desde hace décadas, donde el crecimiento y la riqueza se genera y se queda en las regiones más ricas. Una desigualdad que se traslada también a las provincias y a las ciudades. Urge aprobar un nuevo sistema de financiación, que tenga más en cuenta la población, su edad y los servicios públicos prestados, contemplando un Fondo de Compensación para que las autonomías más ricas ayuden a las más pobres a reducir la brecha de renta. Y pactar una hoja de ruta, con medidas económicas y sociales, inversiones y fiscalidad que promuevan un mayor crecimiento de las autonomías más pobres, para reducir la brecha de productividad y riqueza en una o dos décadas. Hay que repartir mejor el crecimiento.

Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.

La fiebre por los Centros de Datos

Varios gigantes tecnológicos (Google, Amazon, Meta, Microsoft) y Fondos de inversión han anunciado fuertes inversiones para construir o ampliar sus Centros de Datos en España. Y otros inversores (eléctricas, constructoras, telecos) quieren sumarse a esta “fiebre” por crear infraestructuras para albergar los datos de “la nube” y la Inteligencia Artificial. España aspira a convertirse en líder futuro de los grandes Centros de Datos, aprovechando su posición geográfica, los cables submarinos que nos llegan, una fibra óptica muy extendida y, sobre todo, tener la electricidad más barata de Europa, por las renovables. Pero ojo, tener tantos “Data Centers” tiene problemas de altos consumos de energía y agua, aumentando emisiones de CO2, por lo que hay paises que están frenándolos. Y crean poco empleo. No podemos perder este tren tecnológico, porque cada vez se necesitarán más Centros de Datos y España puede competir y atraer inversiones. Pero hay que evitar que se cree una “burbuja”, perjudicial para las demás industrias, el recibo de la luz y el medio ambiente.

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Los gigantes de Internet prestan sus servicios informáticos y aplicaciones en “la nube” a través de enormes plataformas, instaladas en Centros de Datos de nueva generación (“Data Centers”, DC), con decenas de MW de potencia. A medida que la demanda de servicios de Internet aumenta y crecen los datos albergados en la nube, se requiere construir Centros de Datos más potentes y acercarlos geográficamente a los usuarios. Con el auge de la Inteligencia Artificial (IA) en los dos últimos años, se necesita Centros con más potencial, los llamados Data Centers de 2ª generación “hiperescalares”, Centros de Datos a gran escala que se especializan en ofrecer cantidades masivas de potencia informática y capacidad de almacenamiento a empresas, instituciones y particulares de todo el mundo.

Ya pasó la época de que las grandes empresas tenían cada una su Centro de Proceso de Datos (CPD): muchas los siguen teniendo, pero cada vez desvían más datos a la nube y a DC de terceros, que les ofrecen una altísima capacidad a cambio de una cuota, sin tener que hacer grandes inversiones en nuevas infraestructuras. Y además, les permite tener “replicados” sus datos con una altísima seguridad y múltiples servicios, no sólo de almacenamiento de datos sino también el hardware y el software de base sobre los que se implantan los nuevos servicios, vinculados a “la nube” (“ICloud”), el 5G, el internet de las cosas (“IoT”) o la Inteligencia Artificial (que ha disparado la necesidad de datos). Sin estos Centros de Datos de 2ª generación no es posible la digitalización avanzada que exige el futuro.

Por todo esto, en los últimos años se ha disparado la inversión en estos grandes Centros de Datos, en EEUU, Asia y Europa, sobre todo en  Alemania, Francia, Irlanda y Paises Bajos. Ya en 2022, la inversión mundial en Centros de Datos superó los 200.000 millones de dólares (183.000 millones de euros), según la consultora KPMG, que estima podría triplicarse en esta década y alcanzar los 600.000 millones de dólares en 2030. Actualmente, existen en el mundo unos 8.000 grandes Centros de Datos, según la organización 7-24 Exchange Internacional, las tres cuartas partes instalados en EEUU (5.500) y el resto repartidos entre Alemania (550), Reino Unido (525), China (470), Canadá (350), Francia (340), Australia (3220), Paises Bajos (310), Rusia (250) y Japón (225). España ocupa el puesto 16º en este ranking, con 113 grandes Centros de Datos, según la patronal Spain Data Center, aunque la plataforma Cloud Scene los aumenta hasta 143 Data Centers.

En Europa, los grandes Centros de Datos se concentran en Londres (ofrece 962 MW, el 34% de la potencia total instalada en el continente), Frankfort (704 MW, el 25%), y Ámsterdam (643 MW, el 23%), seguidas de lejos por París y Dublín. Y a más distancia está la potencia de almacenamiento en Estocolmo, Varsovia, Berlín, Zúrich, Islandia y Madrid (147 MW, el 5% de la potencia europea). La capital española va por delante (con 26 grandes Centros de Datos), seguida de lejos por Barcelona (8), Zaragoza (5), Toledo, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla (con dos grandes Centros cada provincia) y Castellón, Mallorca, las Palmas, Jaén Huelva y Ceuta (con un gran DC cada una), según el mapa de Spain Data Center.

En los próximos años, este mapa de grandes Centros de Datos podría cambiar y España aspira a convertirse en líder europeo de los grandes Centros de Datos para 2030. Los expertos creen que España tiene varias ventajas para conseguirlo. La primera y fundamental, su privilegiada posición geográfica, a caballo entre Europa, África, Oriente Medio y América. Además, en el caso de estos Centros de 2ª generación, la tecnología se alía con la geografía: los nuevos Data Centers ofrecen una “latencia” máxima (lo que tarda en llegar un dato desde el servidor hasta los equipos) de 65 milisegundos, lo que implica que estos “nodos” de datos pueden operar a una distancia media de los usuarios de 5.500 kilómetros. Y si trazamos una circunferencia desde España con ese radio, los Data Centers situados en la Península pueden ofrecer sus servicios a casi toda Europa, una gran parte de América del norte y sur, el norte de África y Oriente Medio…

Una 2ª ventaja, también clave, es que España está muy conectada internacionalmente con varios cables submarinos, por los que entran y salen datos y conexiones digitales. Y a corto plazo, llegarán a la Península Ibérica tres nuevos cables submarinos, tres “autopistas de datos” que aumentarán nuestra conectividad internacional: el cable Medusa (8.700 kilómetros por el Mediterráneo), el Anjana (desde Santander hasta Myrtle Beach, en Carolina del Sur, USA, con 7.121 kilómetros) y Olisipo (110 kilómetros por el mar, entre el norte y sur de Portugal). Con estas nuevas infraestructuras, el 70% de los datos que lleguen a Europa lo harán a través de España.

La 3ª ventaja es que España dispone ya de una red interna de fibra óptica que cubre casi todo el país y es la más amplia de Europa, gracias a las enormes inversiones realizadas durante décadas por Telefónica y otras telecos (a costa de nuestras tarifas y de ayudas públicas). De hecho, España es el tercer país del mundo con más despliegue de fibra óptica, tras Corea del Sur y Japón. Y en Europa, el despliegue de fibra de España supera a la red que tienen Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos… 

Y hay una 4ª ventaja que para muchos es la decisiva: España tiene la electricidad más barata de Europa y es, junto a Alemania, el país con más peso de las energías renovables (entre enero y octubre, el 57,3% de la electricidad generada fue renovable). España no sólo lleva varios años con la luz más barata de Europa (gracias a las renovables y a la “excepción ibérica), sino que todas las previsiones de precios indican que cada vez tendremos un precio más competitivo. De hecho, los contratos industriales de electricidad a largo plazo (que son los que hacen las empresas de Centros de Datos) son ahora un 40% más baratos en España que en el resto de la UE. Algo que miran mucho los inversores en Data Centers, porque estas instalaciones consumen mucha electricidad. Si en España es más barata y además puede ser el 100% renovable, mejor que mejor para sus cuentas y su “imagen”.

Estas 4 ventajas son claves para los gigantes de Internet, Fondos de inversión y compañías especializadas que están planificando sus Centros de Datos para 2030 y después. Un negocio dominado por los tres grandes de Internet, Amazon (Amazon Web Servicies, AWS, ya supone el 17,3% de la facturación total de Amazon), Microsoft (MSFT Azure) y Google (Google Cloud), pero donde también compiten empresas como Digital Realty, Equinix, Vantage, CyrusOne, OVH e IBM, además de Fondos de inversión como Blackstone o Brookfield y telecos como Deutsche Telecom, Orange, Iliad o Altice. Y más recientemente, también aparecen como socios de Data Centers grandes empresas constructoras y eléctricas.

Estos inversores mundiales en grandes Centros de Datos llevan meses poniendo su interés en España. En febrero de 2024, Microsoft anunció que invertirá 2.100 millones de dólares para ampliar sus 3 Centros de Datos de Madrid (Meco, Algete y San Sebastián de los Reyes) y construirá un Campus de Centros de datos en Aragón. En mayo, Amazon anunció una inversión de 15.700 millones en los próximos 10 años para reforzar los 3 centros de datos que tiene en Aragón (Huesca, Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego) y sumar uno nuevo en Zaragoza. Meta (Facebook) recibió en octubre autorización para construir un gran Campus en Talavera (Toledo), una inversión de 750 millones. Google ya inauguró hace 2 años la “región Cloud” de Madrid, una de las 32 que tiene en el mundo. El poderoso Fondo Blackstone anunció en octubre la inversión de 7.500 millones en un Centro de Datos en Calatorao (Zaragoza). Y otro Fondo, el británico ICG, invertirá 300 millones de euros para crear Templus, una plataforma de 10 Centros de Datos regionales en España para finales de 2024.

Tras estos anuncios, hay una gran euforia en el sector de Centros de Datos: la patronal Spain DC cree que España va a triplicar la potencia instalada, de los 200 MW estimados en 2023 a 613 MW en 2026, con una inversión estimada en estos años de 6.000 a 8.000 millones de euros y más de 2.000 empleos nuevos. Incluso hay expertos que creen que el salto para 2030 será mucho mayor, porque sólo Amazon aumentará su potencia de almacenamiento a 500 MW para 2030. Y se espera incluso una inversión directa en Data Centers de 14.400 millones de euros entre 2026 y 2030, más otros 24.000 millones en inversiones indirectas. Y parece posible que a finales de esta década, en 2030, España sea el país líder europeo en Centros de Datos, con Aragón y Madrid capital en cabeza.

La fiebre por instalar Centros de Datos se ha contagiado a los políticos (autonómicos y nacionales), a los Fondos de inversión, eléctricas y constructoras españolas, que quieren conseguir una parte de este “pastel”. De hecho, Red Eléctrica ha detectado un  aumento desmesurado de peticiones de electricidad para futuros Centros de datos, 18 veces más que los proyectos reales, porque está habiendo “especuladores” que piden licencias de suministro para revendérselas después a los futuros inversores en Centros (como ya pasó con la burbuja de licencias de instalaciones renovables).

Los más interesados en este nuevo negocio de los DC son las eléctricas (Iberdrola y Endesa) , porque ven en la proliferación de grandes Centros de Datos 2 negocios. Uno, venderles parte de la electricidad que producen, dado que ha caído la demanda y tienen un exceso de  potencia instalada(el triple). El otro, el negocio que tienen por transportar y distribuir esa electricidad con sus empresas filiales ( que controlan el 80% de la distribución). Y aquí, las eléctricas han hecho “lobby” para presionar al Gobierno y conseguir que invierta más en redes, asegurando que si no lo hace, en el futuro habrá “cuellos de botella” y problemas de suministro al aumentar la demanda (por los Centros de Datos y la Industria que pase del carbón, fuel o gas a la electricidad).

De momento, el Gobierno no les ha hecho caso al planificar las redes eléctricas para 2021-26, porque creen que no habrá ningún problema de suministro con las redes actuales. Y temen que si hubieran aceptado nuevas inversiones, podría incurrirse en una “sobreinversión” que pagaríamos los consumidores. Hay que saber que las inversiones en redes eléctricas que piden las eléctricas y las empresas de Datos se pagarían con nuestro recibo de la luz, con los peajes que pagamos cada mes por el coste del transporte y la distribución. Eso sí, el Gobierno estudia incluir una mejora de redes, para atender a nuevas demandas industriales, en la planificación que ultima para 2026-30. De hecho, el Plan de Energía y Clima estima que los Centros de Datos consumirán el 6,4% de la demanda energética española en 2030.

Precisamente, esta es la mayor preocupación que conlleva la fiebre por los grandes Centros de Datos y que España pueda ser una potencia europea: que consumen mucha energía, en torno al 3% del total en Europa hoy. Estamos hablando de que estos Data Centers son instalaciones gigantescas (en EEUU hay uno que ocupa como 42 campos de fútbol), que consumen mucha electricidad para funcionar y mucha agua para refrigerarse. Un macrocentro de datos puede llegar a consumir 200 TWh al año, la electricidad que consumen 160.000 hogares (una ciudad como Murcia o Palma). Y unos 645 millones de litros de agua anuales, lo que consumen 14.000 personas…

Así que estamos hablando de una industria, un negocio, que genera muchas emisiones de CO2 y es poco sostenible medioambientalmente, lo que ha llevado a varios paises que eran punteros, como Irlanda, Paises Bajos o Singapur, a aprobar moratorias para frenar nuevas instalaciones. Sin embargo, las empresas del sector defienden que son sostenibles, porque la mitad de la energía que utilizan es renovable y los futuros proyectos utilizarán energías verdes al 100%. Y porque las últimas tecnologías permiten construir instalaciones más eficientes, con menos consumo de energía y agua para funcionar y refrigerarse.

Al final, parece claro que España debe aprovechar sus ventajas comparativas para atraer inversiones en grandes Centros de Datos, aunque creen poco empleo directo (hay mucha gestión y empleo a distancia). No podemos perder este tren, porque está ligado a la revolución digital y aportará crecimiento y riqueza. Pero el riesgo medioambiental es elevado, por lo que el Gobierno debe evitar una “burbuja” de Data Centers, que podrían consumir una parte creciente de la electricidad que consumimos y subir en exceso nuestro recibo eléctrico. Así que debe analizarse bien la demanda futura de infraestructuras de datos y acondicionar la oferta a ello, para no crear “una burbuja” que sea costosa para el medio ambiente. España no puede ser “el paraíso” de los Data Centers porque los demás paises ricos ya no los quieren, por no ser “sostenibles”. Tecnología sí, pero no infraestructuras de apoyo a cualquier precio.