Más armas, aviones y barcos para Defensa

Pasó desapercibido, pero el Gobierno aprobó el 5 de diciembre un gasto militar extra (al margen del Presupuesto) de 4.000 millones de euros, para comprar misiles, armas, aviones y barcos para Defensa. El día anterior, Rajoy había regateado con los sindicatos por dar 20 euros más a los parados, lo que impidió el acuerdo: eran 48 millones de diferencia, la cuarta parte del coste de uno de los dos barcos comprados para la Armada. Lo peor es que hasta 2030, los Gobiernos tendrán que gastar otros 22.500 millones en comprar armamento (al margen de los Presupuestos), por un Plan que comprometió Aznar en 1997. Una hipoteca que contrasta con la penuria diaria del Ejército, que no tiene dinero ni para maniobras. Y un gasto que no revierte en España: 4 de cada 5 euros se lo llevan multinacionales europeas y USA. Mientras, siguen con recortes en sanidad, educación y gastos sociales y no atienden al paro ni a la pobreza. No es un problema de dinero ni del déficit: es una cuestión de prioridades.
 

enrique ortega

El Consejo de Ministros del 5 de diciembre dio luz verde a cuatro programas de compra y ampliación de pagos de material de Defensa, por valor de 3.723,3 millones de euros, al margen de los Presupuestos. El más importante, 2.266,5 millones para ampliar el presupuesto de compra de 27 aviones de transporte A-400M, comprados a la multinacional europea Airbus. El segundo contrato, 1.375 millones que se destinan al mantenimiento de los 42 aviones de combate Eurofighter 2000 comprados desde 2003 al consorcio europeo Eurofighter. El tercero son 41 millones para comprar al Ministerio de Defensa alemán el sistema de control aéreo sobrante (“Surplus”, de segunda mano) que permita hacer operativos los misiles Patriot que ya le compramos a Alemania en 2004 (por otros 60 millones de euros). Y el cuarto, 40,8 millones para la compra de cartuchos y munición para 4 años, quizás a la multinacional USA Santa Bárbara General Dynamics (ahora comprada por la noruega NAMMO).

Además, el Consejo aprobó también que el Ministerio de Industria conceda un crédito sin interés (con el dinero público) a la empresa pública Navantia para la construcción (en Cádiz y Ferrol) de dos buques de acción marítima (BAM) por valor de 333,48 millones. Ya en su día, entre 2006 y 2012, Industria prestó a Navantia 294 millones de euros en préstamos sin interés para que el astillero público construyera otros 4 barcos BAM, entregados en 2012.

En total, 4.056,7 millones para armamento y material que se gastan al margen de los Presupuestos anuales de Defensa, como los tres créditos extraordinarios ya aprobados por el Gobierno Rajoy para compras extrapresupuestarias de armamento: 883 millones en agosto de 2014, 877 millones en agosto de 2013 y 1.782 millones en 2012. Y lo peor es que no se ha acabado: Morenés ya ha anticipado el de 2015 y los créditos extraordinarios para pagar armamento seguirán hasta 2030. Y eso porque en 1997, el Gobierno Aznar aprobó un ambicioso Plan para modernizar las Fuerzas Armadas, los PEAS (Programas Especiales de Armamento), comprometiendo un gasto que ha ascendido a 30.000 millones de euros en la compra de 19 sistemas de armamento: fragatas, buques, submarinos, aviones de combate y transporte, helicópteros, tanques, misiles, artillería… Y para pagarlo, se inventó un “truco contable”: Industria daba un crédito sin interés (con dinero público) de 14.000 millones a las empresas de armamento para que fueran fabricando y Defensa les pagaría el nuevo armamento a partir de 2011.

Pero llegó la crisis y el Gobierno ZP no hizo frente a las primeras facturas, con la excusa del déficit. Y al llegar Rajoy, se encontró con esta herencia de Aznar (ver aquí otras) y aprobó el primer crédito extraordinario, para afrontar las deudas de 2010 a 2012. Y en 2013, el ministro Morenés (que viene de la industria de Defensa) se puso a renegociar los pagos de los Programas de Armamento, aprobando en agosto de 2013 un nuevo calendario: se amplía el plazo de pago (de 2025 a 2030) y a cambio se les paga más de lo que se debe (2.500 millones más), con unos nuevos plazos, donde se paga menos ahora (915,6 millones en 2014 y 873,5 en 2015) y más en el futuro (2.045 millones en 2020, frente a 1.832 antes). El que venga detrás, que arree. Y además se paga más dinero por menos material (se recibirán menos aviones, helicópteros o tanques), ya que se han actualizado (subido) precios y se ha incluido el mantenimiento (no estaba en los PEAS originales).

Al final, es una hipoteca pendiente de pagar hasta 2030 de 22.500 millones de euros (un pago anual medio de 1.320 millones), que saldrán de créditos extraordinarios al margen del Presupuesto de Defensa, que apenas da para pagar al personal (75% gasto para 79.000 militares) y su funcionamiento diario: unidades, tanques, barcos y aviones funcionan a un tercio de su capacidad por falta de dinero para combustible y maniobras. Por eso, Defensa utiliza las maniobras en el extranjero para mantener operativos hombres y armamento: el dinero para operaciones en el exterior sale de una cuenta de Hacienda, no de Defensa. De ahí que el ministro Morenés ofreciera su ayuda a la OTAN en la última cumbre de Gales (septiembre 2014), aceptándosela: 4 cazas para controlar el espacio aéreo de los países bálticos, una fragata en el Mar Negro, un batallón mecanizado y los misiles Patriot para Turquía (que, como no estaban operativos, han obligado a comprar ahora el material que faltaba…).

En resumen: estamos comprometidos a gastar una millonada en armamento (una parte del material comprometido entre 1997 y 2004 se ha quedado obsoleto) mientras tenemos una Defensa de Gila, donde muchas unidades, pilotos o barcos no pueden entrenar porque no hay fondos. Urge racionalizar este gasto, renegociando las compras, tras una auditoría, como han pedido en noviembre en el Congreso UPyD, PSOE, IU y CiU, aunque se rechazó con los votos únicos del PP. Y en paralelo, racionalizar la política de Defensa, para configurar un Ejército más pequeño (sobran 20.000 efectivos, sobre todo entre los 45.000 mandos) y más operativo, basado menos en Tierra y más en Marina y Aire (que juntos gastan menos que el Ejército de Tierra), con unidades más pequeñas, de intervención inmediata y pensadas en las nuevas amenazas (ciberdefensa, terrorismo internacional, crimen organizado, catástrofes naturales, seguridad líneas de suministros y participación en conflictos exteriores). Y para todo eso, hace falta otro Ejército con otras armas, no las que compró Aznar en 1997.

En paralelo está el tema de las industrias de Defensa, que Europa apoya al máximo  por su componente tecnológico y de empleo. Tal es así que en la Cumbre europea de diciembre 2013, el lobby de la industria del armamento consiguió que los jefes de Gobierno de los 28 aprobaran que la industria armamentística europea pudiera acceder a fondos públicos europeos, a los 70.000 millones de euros del Programa Horizonte 2020. Algo que interesa mucho a Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que tienen una potente industria de armamento. Pero menos a España, donde los grandes contratos se los llevan multinacionales europeas y norteamericanas: aviones de combate para Programa Eurofighter (Reino Unido, Italia, Alemania y un 14% España, con CASA), avión de transporte A-400 M para el Grupo Airbus (Francia, Alemania y un 4% España con CASA), tanques Leopard y Pizarro más munición para Santa Bárbara General Dynamics (multinacional USA vendida en 2013 a la multinacional noruega NAMMO). Sólo los submarinos S-80, los buques BAM y las fragatas F-100 se fabrican 100% en España, en los astilleros de Navantia.

Con ello, el balance es que sólo 1 de cada 5 euros invertidos por España en armamento implican empleo y negocio en España. Algo que contrasta con lo que hacen otros países, con una potente industria nacional de armamento: en Francia, ninguno de los 216 contratos de la Defensa ha ido a una empresa extranjera, en Alemania 1 de 162 contratos, en Italia 2 de 196 y en Reino Unido, 16 de 45 contratos, según un informe de la Comisión Europea presentado a la Cumbre de 2013. Así que no sólo gastamos demasiado (dada la crisis y el déficit) en armamento desfasado sino que gastamos mal, sin exigir más contrapartidas tecnológicas y de empleo.

Y todo ello, en un contexto de recortes, donde el Gobierno Rajoy ha reducido en 33.000 millones el gasto en educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, investigación e inversiones públicas, (más sueldos y empleos públicos), mientras lleva ya  invertidos 7.598 millones en material de Defensa entre 2012 y 2014, al margen de los Presupuestos. Y ahora regatea por dar un subsidio de 426 euros durante sólo 6 meses  a 400.000 parados de larga duración que lleven más de medio año sin cobrar, cuando hay 2.899.645 parados EPA (el 53,5% de los parados estimados) que no cobran nada. Y sigue sin luchar contra la pobreza, que afecta a uno de cada cuatro españoles, con 3 millones de ciudadanos en pobreza extrema, según Cáritas. Recordarlo cuando hablamos de que el Gobierno Rajoy aprueba (entre el silencio de los medios) 4.000 millones de euros más para armamento no es hacer demagogia. Es recordar que la política es una cuestión de prioridades. Y ellos tienen claras las suyas.

Defensa, una hipoteca hasta 2030

El Gobierno Rajoy ha subido el gasto de Defensa para 2015, tras seis años de caídas. Pero esos recortes eran un espejismo, para enmascarar subidas del gasto militar en estos tres años, vía créditos extraordinarios para pagar compras de armamento aprobadas en 1997 (otra herencia de Aznar). El Gobierno ha pactado con las empresas de armas un nuevo calendario de pagos, que obliga a desembolsar 22.500 millones hasta 2030,1.500 millones extras al año. Una hipoteca que contrasta con la penuria del Ejército español en el día a día, con tanques, barcos y aviones que no se usan porque no hay dinero para carburante (es de Gila). Además, Defensa será un “agente de ventas” de las empresas de armamento, promoviendo acuerdos con otros Gobiernos para fomentar nuestras exportaciones de armas (España es el 7º vendedor mundial). Hay que poner orden y modernizar la política de Defensa, para conseguir un Ejército más pequeño, más operativo y más barato, sin trampas presupuestarias.
 

enrique ortega

En el Consejo de Ministros del 1 de agosto, mientras la mayoría de españoles salían de vacaciones, el Gobierno Rajoy aprobaba un crédito extraordinario de 883 millones de euros para pagar el recibo anual de la compra por Defensa de aviones de combate (EF2000) y transporte (A400), helicópteros (Tigre, NH90 y EC35) y misiles (Skype). Era el tercer crédito extraordinario aprobado por el Gobierno Rajoy, que aprobó dos similares en 2012 (1.782 millones) y 2013 (877 millones), con lo que ha habido un gasto extra en Defensa de 3.542 millones, un 20% del gasto presupuestado en esos tres años. El objetivo de estos créditos extraordinarios (convalidados en solitario por el PP en el Congreso) era poder presentar cada año un Presupuesto de Defensa que bajaba (daba mejor imagen con los recortes) y luego aprobar un gasto extra (que no se nota tanto) para pagar el armamento comprado.

El origen de estos gastos está en una herencia de Aznar (ver aquí otras): los Programas Especiales de Armamento (PEAS), un ambicioso programa, aprobado en 1.997, para modernizar las Fuerzas Armadas, comprometiendo un gasto de 24.000 millones de euros en la compra de 19 nuevos sistemas de armamento (fragatas, buques, submarinos, aviones de combate y transporte, helicópteros, tanques, misiles, artillería…). Como era una cantidad desorbitada, el Gobierno Aznar se inventó un truco contable: Industria daba un crédito sin interés (con nuestro dinero) de 14.000 millones a las empresas de armamento para que fueran fabricando y Defensa les pagaría el nuevo armamento a partir de 2011. Para entonces, los contratos habían disparado su coste, además de no estar incluido el mantenimiento del material. Y la hipoteca se había convertido en unos 30.000 millones.

El Gobierno Zapatero dejó crecer la burbuja y no pagó las primeras facturas, con la excusa del déficit. Al llegar Rajoy se encontró con la herencia y aprobó el primer crédito extraordinario, para pagar los impagos de 2010 a y 2012. Y en 2013, el ministro Morenés se puso a renegociar con la industria un nuevo calendario de pagos, que el Gobierno aprobó el 2 de agosto (otra vez agosto) de 2013. Una renegociación que ha sido un fiasco: se amplía el plazo de pago (de 2025 a 2030) y a cambio se paga más  de lo que se debía (quedan pendientes 22.500 millones, 2.500 millones más), en un nuevo calendario donde se paga menos ahora (915,6 millones en 2014 y 873,5 en 2015, cuando antes eran 1.032 y 1.276) y más en el futuro (2.045 millones en 2020 frente a los 1.832 del calendario anterior). El que venga detrás, que arree. Y además, se paga más dinero por menos material: en vez de 27 aviones de transporte A-400, serán 14; en vez de 24 helicópteros Tigre, 18; en vez de 45 helicópteros de transporte, serán 24; y en vez de 190 tanques Pizarro, 117. Eso sin olvidar el retraso en la compra de 4 submarinos  S-8 porque los han fabricado… con exceso de peso (parece de Gila), lo que nos costará 800 millones extras (ahora parece que ya flotan, pero les falla la propulsión, con lo que no estarán hasta 2018).

La renegociación de los PEAS es tan escandalosa que UPyD ha presentado una proposición no de Ley para que el Congreso encargue una auditoría para clarificar esta inmensa hipoteca. Y creen que la renegociación beneficia a las cuatro grandes empresas de armamento, que han presionado al Gobierno con despidos (EADS-Airbus ha anunciado un ERE, con 600 despidos en CASA) y con la “mala imagen” que daría no cumplir con estos pagos a empresas multinacionales. El mayor proveedor es el Programa Eurofighter (Italia, Alemania, Reino Unido y España con CASA), que vende los aviones de combate Eurofighter 2000 (10.600 millones pendientes de pagar). Le sigue de cerca el Grupo Airbus (Francia, Alemania y España, con un 4% a través de CASA), que fabrica el avión de transporte A-400M (5.018 millones pendientes de pagar) y los helicópteros NH-90 (1.682 millones), Tigre (1.515 millones) y EC-135 (65,2 millones). El tercer proveedor es la multinacional USA General Dynamics, que compró Santa Bárbara al Estado en 2001 y que ha vendido al Ejército los tanques Leopard (2.508 millones pendientes) y Pizarro (786 millones por pagar). Y en cuarto lugar, Navantia, un astillero 100% público que construye los submarinos S-80 (2.135 millones por pagar), los buques BAM (509 millones) y las fragatas F-100 (1.997 millones).

Un personaje clave en toda esta historia es el ministro de Defensa Pedro Morenés. Era Secretario de Estado de Defensa con Aznar (1996-2000) cuando se aprobaron estos millonarios programas de armamento. Y luego, como Secretario de Estado de Política Científica (2002-2004), en Industria, fue responsable de aprobar los créditos para que la industria de armamento fabricase estos pedidos (créditos que aún no han devuelto: suponen ya 15.260 millones, con intereses). En 2004, al llegar el PSOE al poder, Morenés vuelve al sector privado, primero a un astillero (2009), luego (2010) a una empresa europea de misiles, MBDA (la segunda del mundo) y entre medias es consejero de Instalanza (2005-2009), la primera fabricante española de bombas de racimo, prohibidas en 2010. Tras un recurso contra el Estado por esa prohibición, impulsado por Morenés, Defensa les compensa, en enero de 2014 (con Morenés como ministro) adjudicándoles el contrato de los lanzagranadas Alcotán (4 millones de euros). En definitiva, “puerta giratoria” de Morenés con la industria armamentista.

Ahora, Defensa, además de asegurar el pago de la hipoteca de los PEAS (1.500 millones extras anuales hasta 2030) va a ir más allá en su apuesta por la industria de armamento (en su mayoría extranjera, salvo CASA, Indra y Navantia): apoyará “las reformas normativas necesarias para que el Ministerio de Defensa pueda gestionar programas de armamento con destino a la exportación”, según dicen textualmente los Presupuestos 2015 (página 116 Libro amarillo). Para ello, añade, se promoverán “acuerdos Gobierno a Gobierno” (o sea, el Rey y los ministros se dedicarán a vender material militar en sus viajes) y se desarrollarán las capacidades de OFICAEX, la Oficina de Apoyo a la Exportación (Defensa). Todo por promover las ventas de material de Defensa, donde España es el 7º exportador del mundo.

Y entre tanto, el Ejército español, en su día a día, está paralizado, por culpa de los ajustes. Y mientras busca cómo pagar sofisticados aviones de combate, tanques  o submarinos, la realidad es que no tiene dinero para pagar el carburante de tanques, barcos y aviones: los pilotos se tienen que turnar para hacer horas de vuelo, los buques no salen a la mar y los nuevos tanques Leopard están sin estrenar. Han mandado al desguace el portaaviones “Príncipe de Asturias” porque no había dinero para mantenerlo operativo. Y cuando hay una emergencia internacional, como la de Mali en 2013, el presupuesto apenas da para enviar un avión de transporte. Es como el Ejército de Gila, en “economía de guerra”: en agosto pasado, el Gobierno aprobó también otro crédito extraordinario de 30,56 millones para pagar gastos urgentes, desde carburante y compras a dietas y formación de los militares.

Lo llaman “Ejército bonsái” porque tiene de todo pero pequeñito e inoperante. Urge afrontar una reconversión de la política de Defensa española, en cuatro frentes. Uno, el ajuste de personal, que se lleva el 75% del gasto: tiene 79.000 personas y se estima que sobran 20.000, entre tropa y sobre todo jefes (hay 45.000 mandos). Dos, una renegociación de verdad con las industrias militares, para que no impongan sus productos y condiciones. Tres, una mayor colaboración con otros países europeos (sobre todo del sur), para compartir servicios y costes. Y cuarto, una nueva política de Defensa, con un Ejército más pequeño pero más operativo: España es un país peninsular, donde no tiene sentido la Defensa basada en Tierra (tanques y artillería) y si en la Armada y el Ejército del Aire, que juntos gastan menos que Tierra. Es necesario apoyarse en unidades más pequeñas y especializadas, de intervención inmediata. Y no pensar en una guerra convencional, con invasión por los Pirineos, sino en las nuevas amenazas: ciberdefensa, terrorismo internacional, crimen organizado, catástrofes naturales, seguridad líneas de suministro e intervención en conflictos exteriores. Y para todo eso, hace falta otro Ejército con otras armas, no las que compró Aznar en 1997.

No se trata de hacer demagogia y desmantelar el Ejército, cuando formamos parte de Europa y la OTAN, que acaba de pedir a los países (Cumbre de Gales) reforzar su política de Defensa (y más gasto). Se trata de reestructurar el Ejército español, huyendo de trampas contables y gastando con eficacia, no en las armas que nos quiera “colocar” la industria con el chantaje del empleo que crean. Si hay recortes en sanidad, educación, dependencia, desempleo y gastos sociales, no podemos hacer gastos extras en armamento ni estar hipotecados hasta 2030. Ejército sí, pero más pequeño, más operativo, más eficaz y más barato.