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lunes, 3 de febrero de 2020

El Brexit de nunca acabar


Hace dos días, el 1 de febrero, el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea. Pero todavía quedan meses (y quizás años) para que esta separación de los británicos acabe en divorcio. Ahora falta negociar, antes del 31 de diciembre, su futura relación comercial con los 27: si firman un acuerdo como el que tiene Noruega o como Canadá o hay una nueva prórroga para negociar en 2021 y otra amenaza de Brexit duro. Al final, lo que pretende Boris Johnson es tener una relación comercial estrecha con la UE pero sin obligaciones, a lo que se niegan en Bruselas. Mientras, España es uno de los paises europeos más afectados por la salida de Reino Unido y un posible Brexit duro, sobre todo el sector agroalimentario, el automóvil, el turismo y las inversiones de nuestras grandes empresas, sin olvidar los ciudadanos de ambos paises. La negociación de la futura relación con Reino Unido va para largo y todos saldremos perdiendo con su marcha. Sobre todo ellos.

enrique ortega

Al Reino Unido le costó 15 años ingresar en la Comunidad Económica Europea (1 enero 1973) y llevan tres años y medio intentando salir de la UE, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría (52%) votó en referéndum a favor del Brexit. Los británicos han pospuesto  su marcha, de prórroga en prórroga, hasta que el 31 de enero se ha cumplido la última fecha aprobada por Bruselas y Londres para dejar la UE. Pero el Brexit no ha hecho más que empezar: se ha consumado la salida política (Reino Unido ya no tiene voz ni voto en la UE) pero no la económica: las mercancías, capitales y personas británicas siguen siendo comunitarias, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha marcada para acordar un acuerdo comercial que establezca las futuras relaciones económicas RU-UE.


Esta futura relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea podría seguir uno de los tres modelos de relación económica que tiene Europa con terceros paises. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein: integrar al Reino Unido en el espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar los británicos la libre circulación de personas y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, además de contribuir en parte a financiar el Presupuesto europeo. La otra opción es firmar un Acuerdo de Libre Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea del Sur, menos favorable para los británicos porque incluye aranceles y restricciones. Y hay una tercera vía, menos interesante, firmar un Acuerdo de Asociación como el que tiene la UE con Ucrania. O una variante menos atractiva, la Unión aduanera que tiene la UE con Turquía, Andorra o San Marino.


Al Reino Unido, especialmente a Boris Johnson, no le gusta un acuerdo como el de Noruega porque huye de “compromisos” con Europa. Lo que buscan es un Acuerdo de libre comercio como el que tiene la UE con Canadá, pero con más ventajas si es posible porque ellos son de alguna forma “europeos”. Pero la nueva presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ya se lo ha dicho claro: “cuanto mayores sean nuestras diferencias, más distante será nuestra relación comercial”. A lo claro: que si quieres comerciar con pocas trabas con la UE, tienes que jugar con sus reglas en materia laboral, fiscal, medio ambiente o ayudas estatales. Vamos, que no puede aspirar el Reino Unido a disfrutar de libertad de movimiento de mercancías y capitales si no hay libertad de movimientos de personas y si no juegan a lo mismo en materia laboral, fiscal, ambiental o ayudas a sus empresas. Que nada de intentar ser la Singapur de Europa, sin reglas, y competir de forma desleal con la UE.


Dada esta distancia de partida, las negociaciones sobre la relación comercial futura no van a ser fáciles. El 25 de febrero habrá una Cumbre europea para fijar la posición de los 27, para unificar posturas y presentar un bloque firme ante el Reino Unido. Y a partir de ahí, a negociar, con una fecha tope para el acuerdo, impuesta por Boris Johnson: el 31 de diciembre de 2020. “Es poco realista negociar un acuerdo comercial completo en tan solo 11 meses”, ha dicho el negociador comunitario Michel Barnier. Pero lo van a intentar. Lo pactado en el Acuerdo de Salida es que puede haber una prórroga para negociar, de un año más (2021) e incluso dos (2022), pero sólo si lo pide el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020. Johnson ya ha dicho que no pedirá otra prórroga, pero el problema lo tendremos en diciembre: si no hay acuerdo sobre la relación futura, sólo quedará darles otra prórroga o un Brexit duro.


El calendario de negociación ha fijado una serie de temas claves para empezar, con la idea de que sirvan de “test” en junio, antes de la fecha clave del 1 de julio, para saber si hará falta una prórroga. El primero, la pesca, la primera línea de esta “batalla comercial”: Bruselas quiere que los barcos europeos tengan “libre acceso” a los recursos de las aguas británicas, una cuestión clave para Francia y España, sobre la que protestan los pescadores británicos mientras su Gobierno pide contrapartidas. Y quieren conseguirlas en el segundo bloque a negociar, los servicios financieros, el otro gran caballo de batalla. Teóricamente, los bancos británicos perderán su pasaporte para seguir operando en el mercado financiero de la UE, pero quieren seguir prestando sus servicios desde Londres, para lo que Bruselas les exige  que operen con la regulación financiera comunitaria. Otros tres temas claves de esta primera fase de la negociación RU-UE son el tratamiento común de las bases de datos, la regulación del transporte por tierra, mar y aire (si no hay acuerdo, Europa restringirá los vuelos británicos) y el suministro de gas y electricidad (sin restricciones ni competencia desleal).


Esto es sólo el principio de la negociación, porque hay miles de cuestiones a acordar,  incluida la regulación de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido (3,3 millones) y los británicos en Europa, una cuestión muy polémica. Ambas partes tendrán que respetar sus derechos (de residencia, laborales, sanidad, educación…), un tema que preocupa mucho a los 300.000 españoles que viven y trabajan en Reino Unido y al millón de británicos que viven en España (300.000 de forma permanente). Precisamente, la Cámara de los Lores británica acaba de aprobar que los ciudadanos comunitarios residentes tengan derecho a llevar un documento que acredite su situación legal (2,7 millones de ciudadanos comunitarios ya se han registrado oficialmente como residentes), para evitar problemas. Y otra cuestión clave será Gibraltar y el futuro de la zona fronteriza española (fiscalidad, contrabando, aduana, medio ambiente), que ya se empezó a negociar entre España y el Peñón en enero.


La negociación global será compleja y polémica, también porque en ella se va a inmiscuir Donald Trump, que ha prometido a Boris Johnson una “relación económica especial” entre Estados Unidos y Reino Unido. Y los británicos lo pueden utilizar como arma de negociación: “si no me dais más los europeos, nos echamos en brazos de los norteamericanos”. Y luego está el polémico tema de Irlanda del Norte. El Acuerdo de Salida incluyó que no hubiera frontera entre las dos Irlandas, lo que obliga a que Irlanda del Norte (una parte del Reino Unido, junto a Inglaterra, Gales y Escocia) siga en el mercado único europeo, con una frontera marítima con Reino Unido. Eso significa que Irlanda del Norte estará en la UE y en Reino Unido a la vez, situación que puede permitirle disfrutar “de lo mejor de los dos mundos”, lo que ha llevado a algunas multinacionales instaladas en Irlanda a plantearse trasladar su sede a Irlanda del Norte. De no controlarse esta situación, se agravaría el problema actual de Irlanda, que ya es un paraíso fiscal y comercial dentro de Europa.


Haya o no acuerdo, la relación con el Reino Unido va a cambiar mucho en el futuro. Si se alcanza un acuerdo comercial, lo más probable es que haya ciertas restricciones al libre comercio actual, desde algún tipo de aranceles a cupos o controles por temas sanitarios y fiscales. Y eso provocará “atascos” en las fronteras, al menos en los primeros meses, ya que sólo por el puerto de Dover cruzan 10.000 camiones al día. Y si no hubiera acuerdo ni prórroga (algo impensable hoy, pero nunca se sabe), un Brexit duro sería un drama para todos, porque entrarían en vigor las normas de la Organización Mundial de Comercio y las relaciones comerciales entre europeos y británicos serían como con Brasil, por ejemplo: aranceles (10 o 15% de impuestos a todo), cupos y restricciones. Una crisis.


Aún con acuerdo y Brexit blando, habrá perjuicios en el comercio y los intercambios futuros entre Europa y Reino Unido. Y España será uno de los paises más afectados, el que más de los grandes (más que Francia o Alemania) y el 7º de los europeos, tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Chipre, Suiza y Malta, según un estudio de S&P. Y eso porque tenemos una relación muy estrecha con los británicos. Por un lado, las inversiones españolas en Reino Unido rondan los 81.000 millones de euros (el 17,2% de toda nuestra inversión fuera), con una fuerte presencia allí de las multinacionales españolas: Telefónica (20.000 millones invertidos), Banco Santander (15.000), Iberdrola (12.000), Ferrovial (5.000 millones invertidos y factura un 45,5% de todos sus ingresos en Reino Unido), Iberia/IAG (5.000 millones y factura allí el 32,7% del total), Banco Sabadell (2.000 millones y obtiene en RU el 24,2% de sus ingresos) Cellnex (2.500), FCC (2.000), Aena (300) o Inditex (100 tiendas).


Por otro lado, el Reino Unido es el 5º mayor cliente comercial de España (tras Francia, Alemania, Italia y Portugal) y le hemos vendido productos por valor de 18.413 millones de euros en 2019 (enero-noviembre), más de los 10.731 millones que les hemos comprado. Hay 90.000 empresas españolas que exportan a Reino Unido y a las que afectará el Brexit, sobre todo a las agroalimentarias, del automóvil, ropa, cerámica, fertilizantes y vino. Y en tercer lugar, los británicos son los turistas que más nos visitan (18 millones al año, el 22% de todos los turistas que llegan a España) y que más gastan (18.000 millones de euros), por lo que el Brexit preocupa mucho a los hoteleros de Canarias, Baleares y el Mediterráneo.


Pero antes de saber cómo nos va a afectar el futuro Brexit (blando, duro o semi), lo seguro es que la salida del Reino Unido de la UE nos va a costar mucho dinero al Presupuesto español, empezando por el de 2021. Y eso porque el año próximo, los británicos dejarán de poner su parte en la financiación comunitaria (10.751 millones anuales) y eso hará que el resto de paises, los 27, aporten más. Se estima que España tendrá que pagar un 17% más al Presupuesto comunitario, unos 1.900 millones más (de 10.170 a casi 12.000 millones en 2021), con lo que nuestro balance con Europa (lo que recibimos menos lo que aportamos) será aún más negativo de lo que ya fue en 2019 (-1.176 millones). Además, al haber un país importante menos a pagar, también se recortará el Presupuesto europeo y con él las ayudas regionales (Fondos FEDER) y al campo (la PAC), con lo que hay un gran riesgo de que España reciba menos fondos europeos a partir de 2021.


Al final, vamos a seguir pendientes del Brexit todo este año por lo menos y lo más probable es que también en 2021. El acuerdo no es fácil y menos si hay interferencias de Trump en la antesala de las elecciones USA de noviembre. El Reino Unido es clave para Europa (es la 2ª economía de la región, con un 15% del PIB europeo y un 13% de su población) y por eso resulta clave mantener una relación económica estrecha, en beneficio de exportadores e inversores (comunitarios y españoles). Pero el Reino Unido no puede chantajear a la UE con la amenaza de un Brexit duro si no les dejamos “operar a su aire”. No es admisible el intento de Boris Johnson de convertir Reino Unido en la Singapur de Europa, una zona económica sin reglas que haga competencia desleal a una Europa que sí se preocupa de cumplir las normas fiscales, laborales y medioambientales. Y el otro riesgo es que los 27 no negocien como un bloque, que el Reino Unido les divida.


Los británicos se van pero tardarán en hacerlo de verdad, quizás 2 años más. Al final, el Brexit “posible” será malo para Europa y más para el Reino Unido, que se ha dado “un tiro en el pie” (que tardarán años en reconocer). Hay que intentar “pasar página” cuanto antes, porque Europa necesita olvidarse del Brexit y afrontar su futuro: asentar su lugar en el mundo, prepararse mejor para una economía global donde sobrevivir y crecer frente a China, Estados Unidos y los paises emergentes de Asia y América. Superar este largo y complicado divorcio con Reino Unido y afrontar un futuro muy complejo.

jueves, 5 de septiembre de 2019

Otoño incierto: nos amenaza otra crisis


Volvemos a la rutina, tras las vacaciones, y nos encontramos con un temor generalizado a que estalle una nueva crisis en los próximos meses. La guerra comercial entre EEUU y China, el estancamiento de Alemania, Italia y Reino Unido y el temor a un Brexit duro en octubre disparan las alarmas, mientras España crece menos, pinchan el turismo y el automóvil  y se crean menos empleos. Y lo peor es que Europa está sin Gobierno (hasta el 1 de noviembre no entra la nueva Comisión) y también España, donde hay muchas probabilidades de nuevas elecciones, que nos dejarían sin Gobierno hasta enero. Demasiada incertidumbre para afrontar medidas que impidan otra crisis. Pero urge calmar el panorama internacional y reanimar la economía europea y española, con más inversiones, más gasto y reformas que no se han hecho, ni en Europa ni en España. Si no, antes o después volverá la recesión, los ajustes y el paro, que sufren siempre los mismos. Hagan un Pacto de Estado contra la crisis.


La economía mundial lleva 10 años creciendo, tras la grave crisis de 2008, y la zona euro y España crecen desde 2014, tras el “pinchazo” de 2012 y 2013. Pero esta larga recuperación económica se enfrió en 2018 y ahora se teme que termine bruscamente, en los próximos meses. El primer detonante es la política proteccionista de Donald Trump, que en junio de 2018 impuso aranceles (impuestos) del 25% a 250.000 millones de dólares en productos industriales y agrícolas de China, ampliando esos aranceles el 1 de enero de 2019 y el 1 de septiembre, cuando acaba de aplicar otro arancel del 10% a 300.000 millones de productos tecnológicos de consumo chinos (móviles, ordenadores y consolas de videojuegos), que serán gravados desde el 15 de diciembre. Y claro, China ha ido respondiendo a este ataque de Trump con parecidos aranceles a numerosos productos norteamericanos.

El resultado de esta absurda “guerra comercial” es que se ha deteriorado el comercio mundial y con ello la recuperación económica iniciada en 2010. Así, las exportaciones mundiales cayeron un 2,7% en el primer trimestre de 2019, según la OMC, y un 1,9% en el segundo trimestre en los paises del G-20, la mayor caída del comercio mundial en los últimos tres años, según la OCDE. Y con este pinchazo del comercio, EEUU crece menos, China también y lo mismo el resto del mundo, en especial Europa, el continente más abierto al comercio. De hecho, con la guerra comercial entre USA y China, Europa lleva 12 meses consecutivos con un crecimiento a la baja de las exportaciones y ha perdido ventas por 80.000 millones de euros, lo que supone menos crecimiento y menos empleo.

La consecuencia es que Europa está estancada y apenas crece, no sólo por esta guerra comercial sino porque la primera industria europea, el automóvil, está en una grave crisis (no se venden coches diesel ni gasolina, por sus emisiones) y porque la inversión no despega ni tampoco el consumo, por los bajos salarios y el empleo precario. La consecuencia es que la zona euro sólo creció un 0,2% en el segundo trimestre de 2019, la mitad que en el primero (y menos de la mitad del 0,5% que creció EEUU). Pero lo peor es que Alemania, la locomotora europea, decreció un -0,1% entre abril y junio, con lo que se teme que este tercer trimestre entre en recesión (2 trimestres seguidos de caída del PIB). Y lo mismo Reino Unido, que cayó un 0,2% en el segundo trimestre de 2019, e Italia, que no creció nada entre abril y junio. Suecia también cayó un -0,2% en el segundo trimestre y Francia, Austria y Bélgica sólo crecieron un 0,2%, la mitad que en los trimestres anteriores.

España es el país grande del euro que más crece, un 0,5% en el segundo trimestre, pero también crece menos que antes: es el crecimiento trimestral más bajo desde el tercer trimestre de 2014. Han “pinchado” dos de los motores de la recuperación, las exportaciones (cayeron un 6,6% en junio) y el turismo (vinieron un 1,9% de extranjeros menos en julio, por la caída de británicos y alemanes). La industria del automóvil sufre con dureza el desplome de ventas en España (cayeron un 31% en agosto y suman ya 11 meses de caída de ventas a particulares en el último año) y en toda Europa. Y las empresas han empezado a reducir ventas, lo que se traduce en una menor creación de empleo este año: se han creado 240.400 nuevos empleos (temporales) entre enero y junio, frente a 345.800 en el primer semestre de 2018 y 305.200 en 2017.  En agosto, el paro aumentó en 54.371 personas, el mayor aumento en agosto desde 2010. Y si la economía no cae más es porque todavía crece el consumo privado, por el endeudamiento y  la revalorización a pensionistas y funcionarios y una mayor subida de salarios, mientras la inflación anual está en mínimos (+0,3%).

Ante este panorama, el temor es que la guerra comercial se agrave y eso sea la puntilla para Europa y sobre todo para Alemania, cuyo primer comprador es EEUU y el tercero China. Y si Alemania entra en recesión, junto a Italia y Reino Unido, será difícil que la crisis no vuelva a Europa y a los mercados de deuda y que España se libre (Alemania es el 2º destino de las exportaciones españolas y el origen de 11,4 millones de turistas). Además, los europeos tenemos un factor extra de incertidumbre: el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 31 de octubre. Y si el nuevo primer ministro, Boris Johnson, impone finalmente un “Brexit duro”, a pesar de la negativa de la mayoría del Parlamento británico, puede agravar el estancamiento europeo y acelerar la recesión, dado que se frenarán las ventas e inversiones entre el continente y Reino Unido.

España sería, tras Francia y Alemania, uno de los paises más perjudicados por un Brexit duro. Y eso porque Reino Unido es la primera fuente de turistas hacia España (19 millones en 2018), el primer destino de las inversiones españolas en el extranjero (78 empresas españolas han invertido allí 77.000 millones de euros), el 5º cliente de nuestras exportaciones y donde viven oficialmente 175.000 españoles (300.000 realmente). Y todo ello se vería muy afectado por un Brexit duro, que encarecería los productos españoles allí (por los aranceles) y los británicos aquí, ralentizando el comercio y las inversiones y afectando al empleo (se habla de 70.000 empleos en riesgo en España ante un Brexit duro). Los sectores más afectados son el turismo, la industria del automóvil, las exportaciones de alimentos y carnes y el transporte aéreo (Iberia y Vueling) y por carretera (8.000 camiones diarios), así como la actividad de bancos (Santander, Sabadell) y empresas (Ferrovial, Iberdrola, FCC, Inditex…).

Europa dice que cuenta con un plan de contingencia frente al riesgo de Brexit duro y el Gobierno Sánchez aprueba esta semana nuevas medidas para complementar las medidas aprobadas el 1 de marzo para afrontar un Brexit duro. Pero si lo hay, agravará la crisis europea y adelantará la recesión. Máxime cuando en Bruselas hay un cierto vacío de poder: la anterior Comisión Europea está en funciones y la próxima Comisión, encabezada por la conservadora alemana Úrsula Von Leyen, no tomará posesión hasta el 1 de noviembre. Y además, hay una gran pelea política entre conservadores, socialdemócratas y liberales por repartirse las carteras y por qué políticas aplicar para impedir otra crisis.

En España pasa lo mismo: tenemos un Gobierno en funciones y no parece claro que este mes de septiembre salga adelante la investidura de Pedro Sánchez, lo que nos abocaría a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre y a no tener Gobierno hasta enero o febrero, prorrogándose de nuevo para principios de 2020 los Presupuestos de Montoro de 2018. Y serían ya más de 4 años perdidos, sin haberse hecho reformas ni afrontado los graves problemas de la economía, desde el paro y las pensiones a la sanidad, la educación o la vivienda. Y si hay otra crisis, nos pillaría sin haber hecho los deberes, ni en España ni en Europa, para minimizar sus efectos.

¿Qué se puede hacer? Esta vez, la crisis no debería pillarnos desprevenidos, como en 2008. Habría que anticiparse y evitarla. Pero para ello, no vale ya con inyectar dinero barato a la economía, como hizo EEUU en 2008 y Europa en 2015. El Banco Central Europeo (BCE) pretende hacer otra vez de “bombero” y anuncia que en septiembre comprará más deuda pública y bajará los tipos de interés (ahora, muchos en negativo: bancos cobran a un 20% de empresas UE por tenerles su dinero), en otro intento de aumentar la liquidez e impedir la recesión. Pero ya no es como en 2015: sobra dinero gratis pero no se reanima el crédito, porque las empresas no invierten. Y sólo crece la especulación y los precios de las acciones y los inmuebles. Y hay más deuda que nunca, lo que no ayuda a reanimar la economía, sino que la pone en peligro, como pasó en 2008: el exceso de liquidez no ayuda al crecimiento sino que lo reduce, porque particulares y empresas se endeudan y tienen que pagar intereses, con lo que no consumen ni invierten, como explica el interesante libro “Matar al huésped. Cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía global”, del economista USA Michael Hudson, que anticipa por ello otra crisis.

En definitiva, que bajar tipos y poner más dinero en circulación puede agravar la crisis en vez de frenarla. Por eso, muchos expertos y el Banco de España defienden otra vía: que los paises gasten más, para reanimar la economía. Más inversión pública en infraestructuras, en tecnología, en reindustrialización, en educación, para hacer más competitiva la economía europea. Y eso por dos vías. Una, con un mayor Presupuesto europeo, que hoy es ridículo: sólo es el 0,7% del PIB europeo (148.200 millones de euros para 2019, un tercio del Presupuesto español), cuando en EEUU el Presupuesto federal es el 20% del PIB.Y la otra, que los paises gasten más en sus Presupuestos nacionales, para reanimar sus economías y tirar de la inversión privada. En especial, que gasten más los que más pueden, porque tienen superávit en sus cuentas públicas, especialmente Alemania: tiene un 2,7% de superávit público, 45.300 millones de euros, que podría dedicar a inversiones públicas que impidan la recesión. Pero también el resto. Incluido España, que tiene un 2,48% de déficit y podría tener el 3% sin problemas, si la próxima Comisión Europea lo permitiera, pensando que no tiene sentido tener menos déficit y que la economía caiga en recesión y tengamos el doble de paro que Europa.

Además, el temor a una nueva crisis debería acelerar las reformas en la zona euro, que sigue sin estar preparada para afrontar otra crisis como la de 2010-2015. No se ha aprovechado la recuperación para aprobar las reformas que exige el euro: política fiscal común (cada país va a su aire con los impuestos y sigue habiendo “paraísos fiscales en Europa”), política bancaria común (los clientes de los bancos siguen desprotegidos ante nuevas crisis), seguro de paro europeo, Tesoro europeo y creación de eurobonos (deuda europea), sin olvidar medidas para mejorar la competitividad europea, que pierde mercados y empleos. En definitiva, avanzar en “más Europa”, “más unión” como el mejor antídoto contra futuras recesiones.

En España, el temor a una nueva crisis debería ser suficiente para conseguir un gran Pacto de Estado contra la crisis, al estilo de los viejos Pactos de la Moncloa (octubre 1977). Primero, porque España tiene mucho que perder ante el riesgo de otra recesión en Europa: somos uno de los países europeos con más deuda pública (1,21 billones de euros, el 98,4% del PIB) y eso nos hace muy dependientes de los inversores y de los “mercados”, que si hay otra crisis de la deuda nos pedirán un altísimo interés para financiarnos, forzándonos  a más austeridad. Pero sobre todo, porque España es un país poco competitivo, que tiene el doble de paro que la media europea, y que por tanto sufre cualquier crisis más que la mayoría. Y sobre todo, los más débiles, esos 10 millones de españoles en situación vulnerable.

Así que si algún país debería tomar medidas urgentes para impedir otra crisis, sería España. Pero no tenemos Gobierno y la oposición no está por la labor de que lo haya. Y menos por alcanzar un Pacto de Estado para reanimar la economía y poner en marcha las medidas más urgentes que eviten la crisis, en coordinación con Europa. Haría falta aprobar un Presupuesto anticrisis, con más ingresos (recaudamos 80.000 millones menos cada año que la media europea) y dedicar más recursos a la inversión pública y a ayudar a los sectores claves para reanimar la actividad, desde las exportaciones y el turismo a la industria y la tecnología. Y en paralelo, dedicar fondos a políticas de empleo y formación, para evitar nuevos despidos y ayudar a las empresas a superar la crisis. Y además, iniciar reformas claves para mejorar la productividad española, con educación, tecnología, digitalización, reindustrialización y fomento de la presencia en el exterior, para modernizar nuestra economía y no contentarnos con ser la California de Europa y competir a base de tirar los salarios.

Lo malo es que la pelea a corto plazo y la falta de sentido de Estado dominan el panorama político en España. Y por eso, no habrá Pacto de Estado para salir de la crisis. Incluso es posible que la derecha prefiera “que venga la crisis” para presentarse después como “salvadores” (con las recetas de austeridad y desigualdad que tan bien conocemos). Pero sería un drama no hacer nada ante la posible recesión que nos amenaza. Malo para Europa y mucho peor para España. Esta vez no hay excusa de que “no se veía venir”. Los datos e incertidumbres están ahí y son evidentes.Pero los políticos no toman medidas, ni en Europa ni en España. Luego, cuando llegue el lobo, nos cargarán las culpas a los ciudadanos, como en 2008. Y sufriremos las consecuencias. Estamos a tiempo de evitarlo.