Subida de la luz: otro "parche" fiscal para 2022

El año empieza con nuevas subidas de la luz, tras una pequeña tregua a finales de 2021. Y los futuros anticipan que la luz seguirá cara, al menos hasta verano. Por eso, el Gobierno ha prorrogado hasta finales de abril la rebaja de impuestos y costes en el recibo de la luz. Otro “parche”, como la rebaja hecha en 2021, que redujo el recibo 84 euros pero no evitó que los consumidores pagáramos unos 300 euros más de luz en 2021. La solución es reformar el mercado eléctrico y pagar por la luz lo que cuesta producirla, sin extracostes a la hidroeléctrica y nuclear. Pero la decisión debe ser europea y las presiones del oligopolio eléctrico han impedido un acuerdo, pedido por España, Francia y Grecia. Mientras, las eléctricas se embolsan 20.000 millones extras, que pagamos con nuestro recibo y la bajada de impuestos (-6.000 millones de recaudación). Y esta subida de la luz ha provocado una inflación histórica, frenando la recuperación. Nos funden los plomos.

Enrique Ortega

2021 fue un año negro para los precios de la electricidad en el mercado eléctrico. Empezó normal, con un precio de 42,51 euros por megavatio hora el 1 de enero, similar a la media de 2020 (33,96 euros, más bajo por la pandemia), 2019 (46,78 euros) y 2018 (57,29 euros, el precio más alto desde 2012). Pero llegó la tormenta Filomena y el precio se duplicó el 8 de enero, a 94,99 euros por MWh. Luego se calmó, por debajo de los 50 euros, para subir a 73,54 euros el 3 de mayo y superar los 100 euros el 20 de julio (101,82 euros MWh). Y después, batió 27 récords de subidas hasta fin de año (ver gráfico): el último, el 23 de diciembre, con 383,67 euros por MWh, el precio más alto de la historia en el mercado mayorista español. A partir de ahí, hubo una tregua coyuntural la última semana del año, para acabar el 31 de diciembre con un precio de 140,82 euros. Y con estos precios, la media del coste de la luz en el mercado mayorista fue de 119,17 euros en 2021, más del triple que en 2020 (33,96 euros).

Los precios de la luz en origen, en el mercado mayorista ibérico, se dispararon por dos causas. Una (que explica el 50% de la subida), porque se disparó el precio del gas natural, con el que se abastecen las centrales eléctricas de ciclo combinado, que sólo aportan un 15% de la electricidad al sistema pero que fijan el precio para todo el mercado (la luz, sea de origen hidráulico, nuclear o renovable se ha pagado al precio de la energía más cara, el gas). Y el gas natural pasó de costar 19,07 euros por MWh el 31 de diciembre de 2020 a 60 euros en agosto, 117,9 el 5 de octubre y 180,68 euros (casi 10 veces más) el 21 de diciembre, según Mibgas,  debido a un fuerte aumento de la demanda (sobre todo en China y el resto de Asia, que absorben el 70% del gas) y a problemas en el abastecimiento (en Rusia, por la tensión en Ucrania y la no autorización del gasoducto Nord Stream 2 con Alemania, más los problemas entre Argelia y Marruecos y los devastadores fenómenos climáticos en EEUU).

La otra causa (20%) de que la luz haya disparado su precio ha sido la fuerte subida de los derechos de emisión de CO2, que han de pagar las empresas eléctricas por producir electricidad con energías que emiten gases de efecto invernadero (térmicas de carbón, fuel y gas): su precio ha saltado de 33,43 euros por tonelada en enero de 2021 a 79,72  euros de media en diciembre, más del doble que un año antes, según Sendeco. Estos derechos de emisión los pagan las empresas por contaminar, pero los trasladan al precio mayorista de la electricidad que exigen. Y encima, el mercado europeo de CO2 es objeto de una fuerte especulación financiera: hay Fondos y bancos de inversión (Goldman Sachs y Morgan Stanley) que invierten en este mercado (que mueve 100.000 millones de euros), comprando derechos de emisión de CO2 en el mercado secundario y especulando con ellos (ganando hasta el 38%), lo que nos encarece más el precio mayorista de la luz.

Esta situación no parece que vaya a mejorar en 2022. Hubo una tregua a finales de diciembre de 2021, cuando el precio mayorista de la luz bajó hasta los 140,82 euros por MWh el 31 de diciembre, motivada por la llegada a Europa de 30 metaneros con gas USA, la vuelta a producción de nucleares paradas en octubre por mantenimiento, más viento (molinos) y menos demanda industrial. Pero esta semana, los precios han vuelto a subir en el mercado mayorista, fijándose en 215,86 euros por MWh para mañana viernes 7 de enero, según OMIE. Y lo peor es que el mercado de futuros (ventas a plazo) augura un precio muy alto a lo largo de 2022: 230 euros por MWh en febrero, 198 euros de media en el 2º trimestre, 205 euros en el 3º y 205 euros en el 4º trimestre, según las previsiones de OMIP, con un precio medio estimado para todo 2022 que rondará los 205 euros por MWh, casi el doble del ya histórico precio de 2021 (111,85 euros). Y no se espera una rebaja significativa de la luz hasta la primavera de 2023 (85,56 euros por MWh para el 2º trimestre de 2023). Así que tendremos precios altos de la luz en origen, sobre todo hasta el verano.

Este precio mayorista de la electricidad, es muy importante, porque supone ya el 50% del recibo de un consumidor con la tarifa regulada (antes de las fuertes subidas de 2021, representaba sólo el 35%), que son 10,5 millones de clientes (el 39% del total), a los que repercuten cada día las subidas y bajadas de la luz en origen. Pero afecta también a los consumidores que están en el “mercado libre”, 16,2 millones de clientes (el 61% restante), a los que les subirá el recibo cuando su compañía le revise el contrato (anualmente en muchos casos, en otros semestralmente). Las otras dos partes del recibo de la luz son los costes regulados  por el Gobierno (que suponen ahora el 35%, frente al 48% del recibo que suponían antes de los recortes de 2021), para costear gastos varios (ayudas a las renovables, costes del transporte y la comercialización, pago deuda eléctrica y moratoria nuclear, subvención a la electricidad de las islas y a los grandes consumidores…) y los impuestos, que ahora, tras las rebajas de 2021, suponen el 15% del recibo (antes, el 19%).

En junio de 2021, a la vista de las primeras subidas en el mercado mayorista de la electricidad, el Gobierno Sánchez tomó la decisión de rebajar uno de los dos impuestos del recibo (el IVA, que bajó del 21 al 10% hasta fin de año) y suprimir a las compañías el impuesto a la generación eléctrica (7%) en el tercer trimestre, para contrarrestar así la subida de la luz en origen (el 50% del recibo regulado). Pero la rebaja no sirvió de mucho, porque el precio mayorista se duplicó, con lo que en septiembre, el Gobierno volvió a rebajar los impuestos de la luz: bajó el impuesto especial de la electricidad del 5,1127% al 0,5% (el mínimo que permite la UE), amplió la rebaja del impuesto eléctrico al 4º trimestre y mantuvo la bajada del IVA hasta fin de 2021. Y además, rebajó un 96% hasta fin de año los cargos del recibo que pagamos para financiar el precio más bajo de la luz en las islas, la financiación de las renovables y el coste de la deuda eléctrica acumulada.

Dos “parches” en 2021 para contrarrestar una luz que seguía subiendo en origen, por los precios disparados del gas y del CO2, más algunos problemas propios del mercado eléctrico español, que agudizan la subida: poca competencia (hay tres eléctricas que controlan la oferta y demanda de luz en ese mercado, son “juez y parte”), pocos contratos a plazo (19 veces menos que Alemania o 13 veces menos que Francia, y el 92,9% son para Iberdrola y Endesa), manipulaciones de precios (la Comisión de la Competencia ha abierto varios expedientes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parar centrales o aprovechar el alto coste de la luz para vaciar embalses), restricciones a la entrada de nuevos competidores y dificultades de empresas y comercializadores para aprovisionarse fuera, ya que España es “una isla eléctrica” : en diciembre de 2021, por ejemplo, sólo se importó un 5,9% de la luz consumida, frente al 15 y al 20% que importan los paises centroeuropeos.

Al final, el Gobierno ha tratado de vendernos que su bajada de impuestos y costes ha sido efectiva y que el recibo medio de la luz en 2022 (dicen que 613 euros) es inferior al recibo medio que pagamos en 2018 (608 euros, según Eurostat, pero con la inflación de estos años, el equivalente serían 639 euros), como prometió Pedro Sánchez el 5 de septiembre. Pero es un cálculo “engañoso”: se trata de la media estimada de todos los recibos. Los consumidores que tienen el precio regulado (10,5 millones de clientes), y cuya factura varía cada día con el precio mayorista, sí han sufrido una fuerte subida en el recibo de 2021. Hay dos estimaciones. La de la OCU, para un consumo medio de 292 kwh mensuales, estima un recibo medio de 949 euros, un 41% más que en 2020 (675 euros). Y la de Facua, para un consumo medio de 366 kwh, la factura en 2021 ha sido de 1.116 euros, un 46% de subida sobre 2020 (764 euros de recibo) e incluso un 20,5% más que en 2018 (926 euros). Y la OCU estima además que los demás consumidores, con contrato “libre”, pagarán un 30% más cuando les toque renovar su contrato.

Así que, a pesar de los 2 parches para recortar la factura, el recibo de la luz nos ha subido a la mayoría en 2021. Y nos seguirá subiendo en 2022, al menos hasta el verano, a la vista de los futuros en el precio mayorista de la luz. Para intentar evitarlo otra vez, el Gobierno aprobó a finales de diciembre una nueva bajada de impuestos y costes hasta finales de abril. Por un lado, mantiene la rebaja del IVA (del 21 al 10%) y del impuesto sobre la electricidad y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (en el primer trimestre). Y recorta los cargos del recibo (subvención luz islas, financiación renovables y déficit eléctrico), pero sólo un 30%, aunque para todo el año (en 2021 lo rebajó un 96% el último trimestre). Y amplía los beneficios del bono eléctrico, con descuentos del 60 al 70% en el recibo para las familias con menos ingresos (se benefician 1,2 millones de hogares).

Pero como el Gobierno sabe que es “otro parche”, sigue intentando que la Comisión Europea vaya al fondo del problema: la reforma del mercado eléctrico, que, desde 1.997, fija el precio de toda la electricidad en función de la energía más cara (ahora el gas). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera, vaca y un poco de chuletón y nos la cobraran toda a precio de chuletón… Junto a España, han pedido también una reforma (para ajustar los precios a los costes de cada energía) Francia, Grecia, Chequia y Rumanía. Pero en la Cumbre Europea de diciembre no se aceptó ningún cambio, por la presión del oligopolio eléctrico sobre Alemania y las autoridades europeas. La Comisión Europea sólo acepta estudiar la compra conjunta de gas, mientras pide a los paises que actúen con rebaja de impuestos y ayudas. Francia, por ejemplo, ha aprobado un cheque de 100 euros mensuales para ayudar a pagar la luz a 6 millones de familias que ganan menos de 2.000 euros.

Pero bajar impuestos o dar ayudas no es bajar el precio de la luz. Hay que hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que cuesta realmente producirla, no pagar extracostes (215,16 euros por MWh mañana, cuando el coste de la hidroeléctrica es de 40 euros y el de la nuclear unos 60 euros por MWh) para evitar apagones. Es un “chantaje” que infla el beneficio de las eléctricas (y sus dividendos): en España, la profesora Natalia Fabra estima que habremos pagado en 2021 unos 20.000 millones de euros de más. Un “extracoste” que sale de nuestros bolsillos (hemos pagado entre 274 y 352 euros más en el recibo de 2021) y de nuestros impuestos: el Gobierno estima en 6.000 millones el coste de los tres recortes ya aprobados, más que el Presupuesto del Ministerio de Sanidad en 2022 (5.434 millones).

No es sólo que la locura del mercado eléctrico se coma parte de nuestros ingresos y nuestros impuestos. Es que además, la subida de luz (+46,7% anual hasta noviembre, según el IPC) es la principal culpable de que la inflación se haya disparado en 2021: un aumento del +6,7% anual, que no se veía desde 1992. La subida de la luz ha contagiado a todos los sectores y empresas, provocando una subida en cadena de los alimentos, los transportes, las materias primas y manufacturas, los materiales y los servicios. Y los efectos negativos de esta inflación descontrolada son múltiples: frena el consumo (un 0,6% en 2022, según las estimaciones de CaixaBank Research), retrae la inversión (al aumentar los costes de las empresas) y con ello, el crecimiento y el empleo: España puede crecer un -0,3% menos en 2022, según CaixaBank Research, por culpa de la inflación, desatada por la subida de la luz y los carburantes. Así que el desmadre eléctrico pone en peligro la recuperación. Hay que presionar más a Europa para reformarlo. Nos funden los plomos.

Pactada una reforma laboral imprescindible

Mañana, 31 de diciembre, entra en vigor la nueva reforma laboral, pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal, algo sin precedentes en la historia reciente. No deroga la reforma laboral impuesta por Rajoy en 2012, pero incluye cambios de fondo en la contratación y la negociación colectiva, permitiendo nuevos ERTEs en futuras crisis. Es un acuerdo de mínimos, presionado por la Comisión Europea, pero también una reforma imprescindible, porque permite acabar con la dualidad del mercado laboral (26% temporales y 74% fijos) y abre el camino a que la mayoría de los futuros contratos sean fijos, lo que favorecerá a los jóvenes y las mujeres. Y da prioridad a los convenios sectoriales, que suelen incluir mejores salarios. Ahora, la reforma laboral debe ser convalidada en el Congreso, en un mes, y los partidos nacionalistas quieren incluir cambios, que no aceptaría la patronal. Así que la reforma está todavía en el aire. Y la necesitamos para que la recuperación económica se traduzca en empleos de calidad.

Enrique Ortega

La reforma laboral ha sido un parto difícil, tras 9 meses de negociaciones a tres bandas (Gobierno, sindicatos y patronal), primero mensuales, luego semanales y al final diarias. Los sindicatos y Podemos empezaron hablando de “derogar” la reforma laboral de Rajoy, luego se pasó a “suprimir los aspectos más lesivos” y finalmente se buscó cambiar lo más urgente, presionados por la Comisión Europea, a la que se había prometido una reforma laboral antes de fin de año. Se ha buscado “un acuerdo de mínimos”, que reformara lo imprescindible: la contratación y la negociación de los convenios. Y al final, todos han cedido en sus posiciones máximas de partida. Los sindicatos porque la reforma supone un avance y la patronal porque temían que si no pactaba, el Gobierno aprobaría una reforma peor para ellos (como ha pasado con la reforma de las pensiones).

Lo más importante de esta reforma laboral es que tiene el apoyo de sindicatos y patronal, lo que facilita su cumplimiento. Un pacto entre Gobierno y fuerzas sociales que nunca se había dado antes en las 52 reformas laborales hechas en la democracia. La primera gran reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores de 1980, fue aprobado por el Gobierno de UCD con el apoyo de la patronal CEOE y UGT, pero con el rechazo de CCOO. En octubre de 1984, el gobierno de Felipe González introdujo los contratos temporales y una mayor flexibilidad laboral, con el apoyo de la patronal y UGT. En 1992, el “decretazo” de Solchaga volvió a favorecer la temporalidad y recortó el desempleo, provocando una huelga general el 28 de mayo. En 1994, el ministro Griñán aprobó en solitario otra reforma laboral (facilitando el despido y las ETTs), que desató la huelga general del 27 de enero. En mayo de 1997, Aznar aprobó otra reforma, asumiendo parte de lo pactado por las fuerzas sociales, pero con un alcance mucho menor a los cambios de 1980, 1984 y 1994. En marzo de 2001, el Gobierno del PP impone por decreto otra reforma laboral (ampliando contratos de fomento del empleo), con oposición sindical. En 2006, el Gobierno Zapatero limita el encadenamiento de contratos por decreto ley, con participación limitada de las fuerzas sociales. Y su reforma laboral de junio de 2010 (impuesta por Europa), abaratando el despido, provoca una huelga general en otoño. Así hasta febrero de 2012, en que el Gobierno Rajoy aprueba en solitario una reforma laboral (ver blog de entonces)  que abarata el despido, facilita el recorte de plantillas y la devaluación de salarios, provocando, en marzo,  la 6ª huelga general de la democracia.

Como puede verse, España lleva más de 40 años buscando una normativa laboral que afronte nuestro mayor problema económico: tenemos menos gente trabajando que el resto de Europa (1.800.000 menos de la media UE-27) y más del doble de paro (14,5% frente al 6,7% en la UE-27). Y, sobre todo, tenemos un mercado de trabajo “dual”, con dos tipos de empleados: los que tienen un trabajo fijo (74%) y un trabajo temporal (el 26%), por meses, semanas o días (un tercio, contratos de menos de una semana). Un porcentaje de temporales que casi duplica la media europea (14,1% en la UE-27) y muy superior al de Portugal (17,3%), Italia (17,1%), Francia (15,8%) o Alemania (11,2%), según Eurostat. Es el fruto de décadas en que la mayoría del empleo creado ha sido  temporal: así fueron el 89% de los contratos hechos entre enero y noviembre de 2021. Esto implica una gran precariedad para los nuevos trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, y nos hace muy vulnerables como país: cuando llega una crisis, los primeros que pierden su empleo son los trabajadores temporales. Ha pasado ahora con la pandemia y pasó entre 2008 y 2014.

Por eso, acabar con la enorme temporalidad del empleo en España es el gran objetivo de esta reforma laboral y la gran asignatura pendiente que nos pide aprobar Bruselas, a cambio de los Fondos europeos. La primera pata de esta reforma laboral de 2021, la más importante, son todos los cambios pactados en la contratación. El gran acuerdo es que, a partir de ahora, los contratos normales serán los contratos fijos y los contratos temporales serán la excepción. Sólo se permiten 2 modalidades de contratos temporales: por circunstancias de la producción o formativos. El primer tipo de contrato temporal se permitirá cuando haya circunstancias “ocasionales e imprevisibles” en una empresa que exijan contratar temporalmente más trabajadores. Sólo se podrán hacer por 6 meses, ampliables por convenio hasta un año (ahora se podían concatenar hasta 4 años). Y también se permiten para sustituir a un trabajador de baja. Y hay un tercer supuesto: contratos temporales ocasionales por picos de producción, para campañas como Navidad o rebajas, pero sólo por un máximo de 90 días en el año natural para cada puesto. El segundo tipo de contrato temporal que se permite será para formación: a jóvenes de hasta 30 años, durante los 3 meses siguientes al fin de sus estudios, por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años.

La reforma aprobada incluye una serie de “cautelas” y medidas para evitar que estas “excepciones” se conviertan en habituales. La primera, que las personas que sean contratadas incumpliendo estos requisitos durante 18 meses. en dos años serán fijas. Que los contratos temporales ocasionales tendrán un recargo en la cotización de la Seguridad Social (+26 euros) si se da de baja al trabajador antes de un mes. Que las empresas tendrán que informar a los representantes de los trabajadores, en el último trimestre de cada año, del porcentaje de temporales a contratar previstos para el año siguiente. Y sobre todo, que se aumentan las multas de la inspección de Trabajo, hasta 10.000 euros por cada trabajador ilegalmente contratado como temporal (ahora la multa era hasta 8.000 euros por empresa).

Se cierra la puerta a los contratos temporales como norma y se apuesta por el contrato fijo discontinuo para las actividades que tienen naturaleza estacional, como el turismo, la hostelería, algunas actividades agrícolas o las conserveras. Aquí, las empresas harán cada año una estimación de fechas y contratos, que entregarán a los representantes de los trabajadores. Y así, un empleado de un hotel, un recogedor de fruta o una empleada en una conservera serán trabajadores fijos pero sólo tendrán trabajo unos meses al año, un trabajo fijo de temporada, cada año. Y mientras esperan para volver a trabajar, cobrarán el desempleo. Ahora, la mayoría tienen un trabajo temporal y luego son despedidos. A partir de esta reforma, se quiere generalizar el contrato de fijo discontinuo, que sólo tienen hoy 404.354 trabajadores. Se busca que sean más, con su contrato indefinido y su paro. Y una indemnización en caso de despido como la del resto de trabajadores con contrato indefinido (entre 20 y 33 días por año), muy superior a la que tenían como temporales (12 días por año).

Otra excepción se dará en la construcción, donde desaparece el contrato temporal por obra y servicio (muy habitual) y se sustituye por un nuevo contrato indefinido por obra: al terminar la obra, la empresa está obligada a recolocarle en otra obra y formarle si fuera necesario para ese puesto, permitiendo su despido sólo en caso de que el trabajador lo rechace o no resulte adecuado para otras obras o exista un exceso de personal cualificado. Y en estos casos, se sustituye la actual indemnización (12 días) por el 7% de los conceptos salariales.

Otro cambio importante acordado trata de las subcontratas, de las que han abusado estos años las empresas para reducir costes, para contar con empleados “de fuera” peor pagados (las “kellys” o camareras de piso en los hoteles). Ahora, con la reforma, las subcontratas tendrán que aplicar el convenio de la actividad realizada (si es de limpieza, el convenio sectorial de limpieza), no el de la empresa subcontratista.

La 2ª pata de esta reforma laboral se refiere a la negociación de los convenios colectivos. Por un lado, vuelve la ultractividad (el periodo que sigue vigente un convenio caducado mientras se negocia su renovación), ahora sin límite (la reforma de Rajoy permitía la vigencia de los convenios caducados sólo durante un año), con lo que los convenios caducados estarán en vigor (y con ellos, sus subidas salariales y las condiciones de trabajo) mientras no se negocie otro. El otro cambio es muy relevante: tendrán “prevalencia” (prioridad) los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa en cuestiones salariales, no en el resto de cuestiones laborales (horarios, fijación de jornada, organización del trabajo), donde tendrá prioridad el convenio de empresa.

En general, los convenios sectoriales incluyen mejores salarios que muchos de empresa y los sindicatos los negocian, mientras no pueden hacerlo en todas las empresas. Sin embargo, la patronal ha salvado en esta reforma la primacía de los convenios de empresa para todo lo que no sean salarios, con lo que los empresarios mantienen su poder en la fijación de las condiciones de trabajo. No se toca ni el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores  (que permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo a unos pocos trabajadores o a un colectivo acotado), ni el artículo 40 (que permite la movilidad geográfica) ni el artículo 83.2 (que permite la inaplicación del convenio en algunas circunstancias). Y no se tocan tampoco las indemnizaciones por despido (que la reforma de Rajoy bajó de 45 a 33 días o a 20 para el despido procedente) ni los salarios de tramitación.

La 3ª pata de esta reforma laboral se refiere al futuro, a mantener el mecanismo de los ERTEs (que han evitando millones de despidos durante la pandemia) con un nuevo sistema de ajuste laboral, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de Empleo, que permitirá tener “aparcados” trabajadores sin despedirlos y con ayudas públicas (cotizaciones y desempleo), como se ha hecho con los ERTEs. Existirán dos modalidades: la cíclica (por 1 año), cuando se aprecie una negativa coyuntura económica general (otra crisis) y la sectorial (1 año, con 2 posibles prórrogas de 6 meses cada una), para actividades y sectores donde se aprecien procesos de cambios permanentes que exijan recualificación de sus trabajadores. En ambos casos, la decisión de aprobar el Mecanismo RED es del Gobierno y las empresas deben solicitar su inclusión en el sistema, incluyendo la reducción de jornada que soliciten, la suspensión de contratos que planteen y los planes de recualificación.

Cuando el Gobierno apruebe un Mecanismo RED, para toda la economía o para un sector, los trabajadores afectados cobrarán un subsidio (como ahora con los ERTEs) y las empresas beneficiadas disfrutarán de exenciones en las cotizaciones a la SS, del 20% (si la empresa da formación) al 90% si es “por fuerza mayor”. Y no podrán despedir a los trabajadores afectados por este mecanismo durante un tiempo (como ahora con los ERTEs). La financiación de este Mecanismo RED se hará con las cuotas del desempleo, aportaciones de los Presupuestos y fondos europeos. Este Mecanismo RED es para situaciones excepcionales, de toda la economía o de un sector. Para problemas coyunturales que tengan las empresas, se mantiene el mecanismo de los EREs, para ajustar horarios y plantillas.

Esta nueva reforma laboral entra en vigor mañana, 31 de diciembre, al publicarse hoy el Real Decreto en el BOE, aunque las empresas tienen 3 meses para adaptar sus actuales contratos a la nueva norma . Así que habrá que esperar a la primavera para ver los efectos de esta reforma laboral, que tiene la gran ventaja de que la apoya la patronal, con lo que en principio debería cumplirse.  Quizás tarde en notarse en las estadísticas de contratos, porque las empresas tienen 6 meses para acabar con el contrato temporal por obra y servicio, que supuso el 33% de los contratos temporales hechos en noviembre pasado. Cuando no se hagan, aumentarán un 33% los contratos fijos. Y otro 52% fueron contratos “por circunstancias de la producción”, que ahora habrá que hacer fijos en muchos casos. Los expertos calculan que dos tercios de los actuales contratos temporales tendrán que cambiarse de aquí al verano, reduciendo drásticamente la tasa de temporalidad. Y en pocos años, España podría acercarse a Europa en temporalidad (bajar del 26% actual al 14% o menos).

Eso exige no sólo una nueva normativa laboral, sino un gran cambio de mentalidad entre los empresarios, que llevan cuatro décadas apostando por los contratos temporales como la mejor opción para contratar. Tendrán que hacer contratos fijos de entrada, a la mayoría, con temporales como excepción. Algo por lo que deberían apostar, porque un empleado fijo se integra mejor, es más productivo, más “seguro” (hay más accidentes laborales y muertes entre los contratados temporales)  y lo invertido en su formación se queda en la empresa. Pero hecha la Ley, hecha la trampa, con lo que habrá muchas empresas que busquen vías para contratar  temporalmente de forma ahora ilegal, lo que obliga a potenciar la vigilancia y dotar de más medios a la inspección de Trabajo: hay sólo 1.852 inspectores y subinspectores, 1 profesional por cada 15.000 trabajadores, cuando en Europa, la media es de un funcionario por cada 7.300 trabajadores (y en Francia, 1 por cada 5.000).

Gobierno, sindicatos y patronal han alumbrado juntos una reforma que debería servir para crear empleo estable y decente, reduciendo la escandalosa temporalidad actual. Pero para conseguirlo, el Congreso de los Diputados debe convalidar en un mes (antes de finales de enero) el Real decreto ley que incluye esta reforma pactada. Y ya hay partidos políticos, desde los nacionalistas (ERC, PNV o Bildu) a partidos de izquierda (Más Madrid o Compromis) que han dicho en público que quieren modificar esta reforma: unos para incluir la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales (grupos nacionalistas) y otros para radicalizar la reforma y volver a los intentos de “derogar” la reforma laboral de Rajoy. Los sindicatos les piden que dejen la reforma como está y la patronal amenaza con retirarse “si tocan una coma”. Y en medio, el Gobierno, PSOE y Podemos tratan de buscar apoyos para sacarla adelante, sabiendo que el PP, Ciudadanos y Vox están en contra. Así que un acuerdo que ha costado 9 meses de duras negociaciones, está ahora en el alero.

Habría que pedir sensatez y sentido de Estado a nuestros políticos, porque es mejor una reforma pactada que cualquier reforma impuesta. Y porque la Comisión Europea ha estado detrás de toda la negociación y no aceptaría cambios extraños, con el riesgo de perder Fondos europeos. Pero sobre todo, porque millones de españoles (principalmente jóvenes y mujeres) tienen contratos precarios y esperan que eso cambie y puedan conseguir contratos y salarios decentes. Es su oportunidad. No la torpedeen.

COVID: más vacunas o restricciones en Navidad

Estamos de lleno en la 6ª ola de la pandemia, tras multiplicarse por más de 4 los contagios el último mes y medio, aunque somos el 2º país de Europa con menos incidencia, gracias a que están vacunados el 79,2% de españoles. Pero ahora, la vacunación va lenta y todavía hay 3,8 millones de personas sin las 2 dosis: 145.555 con más de 60 años (tienen 25 veces más riesgo de muerte que los vacunados) y sobre todo, entre 30 y 49 años (2.401.938), más en peligro porque les pueden contagiar sus hijos. Urge un Plan para “repescar” a los no vacunados, acelerar la 3ª dosis a los mayores de 60 años (sólo la tienen 4,5 de 12,2 millones) y vacunar ya a los niños de 5 a 12 años (3 millones), una garantía para sus padres y abuelos. Vacunar, vacunar y vacunar. Mascarillas y distancia social.  Sólo eso puede ayudarnos a “salvar la Navidad” .Y más con la nueva variante "ómicron". Si no, volverán las restricciones y se frenará la recuperación.

Enrique Ortega

La pandemia sigue en el mundo a velocidad de crucero, aunque los contagios llevan 4 semanas creciendo algo menos, 3,93 millones la última semana. Son ya 261,50 millones de personas contagiadas por COVID 19 en 193 paises, el 3,33% de la población mundial, según los datos de la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América, con 96,52 millones de contagios, pero se le acerca Europa (85,40 millones) y les siguen de lejos el Sudeste asiático (44,49 millones), el Mediterráneo oriental (16,71), Pacífico (10,04) y África (6,25 millones de contagiados), según la OMS. Por paises, sigue liderando el ranking Estados Unidos (48,22 millones de contagiados, el 14,6% de su población), India (34,58) y Brasil (22,08), seguidos a distancia por Reino Unido (10,20 millones de contagios, el 15% de su población), Rusia (9,4 millones), Turquía (8,74), Francia (7,72), Irán (6,10), Alemania (5,80) Argentina (5,32), España (5,13 millones, el 10,8% de la población), Colombia (5,06), Italia (5) y México (3,88 millones de contagiados).

Los muertos por la pandemia son también elevados, pero también llevan 6 semanas bajando ligeramente, con 48.367 fallecidos en el mundo la última semana. Hoy se alcanzan los 5.199.920 muertos por COVID 19 (3,25 millones fallecidos este año 2021, el 63% del total), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (2.344.023), seguida a distancia por Europa (1.532.738 muertos) y Sudeste asiático (705.060), junto al Mediterráneo oriental (308.422), África (152.631) y el Pacífico (140.116 muertes), según la OMS. Por paises, destaca la alta mortalidad en EEUU (776.639), Brasil (614.278) e India (468.790), seguidos por México (293.897 muertos), Rusia (267.527), Perú (201.108), Reino Unido (145.218), Italia (133.647), Irán (129.629), Colombia (128.437), Francia (119.875), Argentina (116.529), Alemania (100.960), Ucrania (90.345) y España (87.955 muertos).

En Europa, los contagios se han disparado en noviembre, rondando una incidencia de 500 contagios por 100.000 habitantes, según el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC), que vaticina una subida en las próximas dos semanas, sobre todo en la Europa del norte y del este, menores en España, el 2º país con menos incidencia del COVID, con 171,68 contagios/100.000 habitantes (tras Suecia: 138). Estamos muy lejos de la incidencia del Reino Unido (862), Alemania (852), Francia (388), Portugal (300) e Italia (220) y sobre todo, del nivel de contagios de Austria (2.089 por 100.000 habitantes), Chequia (1.950), Bélgica (1.706) o Paises Bajos (1.592), según los últimos datos de Sanidad.

Pero en España, los contagios se han disparado desde el suelo de la 5ª ola (40,52 contagios el 14 de octubre) y podemos hablar de una 6ª ola de la pandemia, con los contagios creciendo cada día con más fuerza (se han cuadruplicado en mes y medio). Y otra vez, la incidencia es muy desigual por autonomías. Sanidad ha cambiado el semáforo de colores que indica el peligro según el nivel de contagios, debido a la alta vacunación, con lo que ahora hay que tener el doble de contagios para cada nivel de riesgo. Tenemos 2 autonomías en riesgo “alto” (incidencia de 300 a 500): Navarra (499,25) y el País Vasco (387,66). Otras 14 regiones están en riesgo “medio” (incidencia de 100 a 300), donde está la media de España (171,68): Aragón (292), Cataluña (223), Baleares (217), Castilla y León (204), Murcia (184), La Rioja (184), Comunidad Valenciana (176), Canarias (157), Galicia (148), Melilla (134), Cantabria (130), Madrid (126), Asturias (124) y Castilla la Mancha (100,53). Y sólo están en riesgo “bajo” (incidencia de 50 a 100) las 3 regiones restantes: Andalucía (89), Ceuta (83) y Extremadura (72).

Ahora se hacen más pruebas (test y PCR) que antes (770.000 la última semana frente a unas 500.000 a principios de octubre), lo que permite detectar más contagiados, con un porcentaje de 6,08% contagiados en las pruebas, el doble que a principios de noviembre (2,79%).Es importante analizar en qué edades se concentran los contagios, según Sanidad: las mayores tasas se dan entre los niños menores de 11 años (274 contagios por 100.000 frente a 171,68 de media), todavía sin vacunar, y entre sus padres, los que tienen de 40 a 45 años (204 contagios) y los de 30 a 39 años (174 contagios), siendo también mayor que la media los contagios entre 60 y 69 años (¿sus abuelos?), 173 por 100.000, aunque son más bajos entre 70 y 79 años (145) y los mayores de 80 años (103). Pero curiosamente, el nivel más bajo de contagios se da entre los adolescentes (89,90 contagios), gracias a su alta vacunación (84,2% con las 2 dosis, el porcentaje más alto entre los menores de 40 años).

El aumento de contagios ha supuesto también un aumento de las hospitalizaciones: había 3.385 enfermos de COVID en hospitales (frente a 1.730 a finales de octubre), un 2,73% de las camas hospitalarias, aunque el porcentaje es más alto en País Vasco (3,07%), según Sanidad. También aumentan los enfermos en UCIs: 597 el viernes, cuando sólo había 435 a finales de octubre. Ocupan el 6,50% de las camas UCI, aunque el porcentaje es más preocupante en Cataluña (7,80%), Madrid (7,71%), La Rioja (7,55%) y Comunidad Valenciana (6,99%). De los que acaban en las UCIs, la gran mayoría son pacientes sin vacunar (10 de 11 en la Comunidad Valenciana, todos en Murcia y Navarra) y en algunos casos, mayores de 60 años sin la 3ª dosis y con patologías previas.

La mortalidad sube algo respecto a las últimas semanas, aunque es menor que en septiembre y octubre: han muerto por COVID en España 145 personas la última semana (viernes 19-viernes 26 noviembre), según Sanidad, algo más que en la semana anterior (137 muertes) y la 2ª de noviembre (136 muertos), aunque menos que en la 1ª semana de este mes (169 muertes) y que en la última semana de octubre (158 muertes). Como  indica Sanidad, las personas no vacunadas de entre 60 y 80 años (todavía 145.838) tienen 25 veces más riesgo de muerte por COVID que las que tienen la pauta completa. En las residencias, donde todavía hay personal y visitas no inmunizadas, los contagios se han disparado: 249 contagios por COVID hace dos semanas, frente a 88 y 59 en las dos primeras semanas de noviembre, aunque hubo sólo 6 muertes, según los datos del IMSERSO.

Ahora, de cara al final de año, preocupa el mayor contacto entre las personas, primero este puente de diciembre y luego la Navidad, dos factores que podrían disparar los contagios y  superar los 400 contagios por 100.000 habitantes a finales de año, porque crecen exponencialmente (se duplican en semanas), como se está viendo ya en Europa. Tampoco ayuda el invierno (el frío dificulta la ventilación de locales, colegios y trabajos) y la esperada epidemia de gripe, que podría ser más virulenta al no haberse desarrollado apenas el invierno pasado. Y luego están las mutaciones del virus, la última descubierta en Sudáfrica (la variante “ómicron”, muy contagiosa y más peligrosa) y detectada ya en Bélgica, Paises Bajos, Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca y Reino Unido, provocando que Europa cierre todos los vuelos con 7 paises del sur de África.

El riesgo de un mayor repunte del COVID 19 es muy evidente y deberían tomarse mayores restricciones (como están haciendo Austria, Alemania, Francia y casi todos los demás paises europeos),  además de reiterar la necesidad de higiene de manos, distancia y mascarilla, que debería ser obligatoria en exteriores. Una vez más, Sanidad y las autonomías han sido incapaces de acordar restricciones comunes y cada región va a su aire, tomando medidas unilaterales con permiso o no de sus jueces. En el País Vasco, el Tribunal autonómico (ideológicamente muy señalado) ha vuelto a negarles una restricción: exigir el pasaporte COVID en la hostelería y locales de ocio. Pero los Tribunales sí lo han autorizado en Navarra, Cataluña, Baleares, Galicia y Murcia, estando a la espera Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Y las demás autonomías, con Madrid a la cabeza, no creen que haya que exigir el pasaporte COVID (defienden “la libertad”… de los no vacunados a contagiarnos) ni restringir más horarios ni aforos en hostelería y ocio.

Las restricciones podrían ayudarnos a “salvar la Navidad”, pero lo más efectivo es acelerar la vacunación, que se ha ralentizado en los últimos dos meses. Buceando en los datos de Sanidad (25 noviembre), se ve que había 4.853.904 adultos sin vacunar el 23 de septiembre y el viernes seguía habiendo 3.850.369 adultos sin vacunar: sólo 1 millón menos sin vacunar en 2 meses. Es urgente aprobar un “Plan de repesca”, para facilitar la vacunación completa de esos 3,8 millones de españoles adultos. Sobre todo de tres grupos: los mayores de 60 años (los más vulnerables) que no han completado las 2 dosis (145.555 el viernes), los que tienen entre 40 y 49 años (982.048 todavía sin inmunizar) y los que tienen entre 30 y 39 años (1.419.890 sin las dos dosis todavía), dos grupos de edad que tienen también un alto riesgo, porque pueden tener hijos menores de 11 años, el colectivo donde más está atacando el virus. Además, hay que acelerar la 3ª dosis en los mayores de 60 años, que también va retrasada: la han recibido 4,5 millones de un total de 12,2 millones. Y urge empezar a vacunar a los menores de 11 años (3 millones), ahora que se ha autorizado la vacuna de Pfizer. Sería una garantía para salvar el curso y preservar el contagio de padres y abuelos.

Pero todo este reto de mayores vacunaciones  no es posible si no se refuerza la sanidad pública, en especial los Centros de salud, que están colapsados: no pueden atender a los enfermos no COVID y no dan abasto para vacunar. El problema se va a agravar con las fiestas de Navidad (habrá menos personal) y, sobre todo, a partir del 31 de diciembre, porque la mayoría de las autonomías van a despedir al personal sanitario que contrataron extra en 2020, por la emergencia del COVID: casi 28.000 sanitarios que se incorporaron como refuerzo por la pandemia, un 40% de los contratados, serán despedidos antes de final de año, según el sondeo que ha hecho la Cadena Ser. Sólo se mantendrán las plantillas en Cataluña, la Rioja y Castilla y León. Y eso a pesar de que las autonomías dispondrán de más recursos que nunca en 2022: 112.213 millones (+6,3%) de adelantos a cuenta, destinados básicamente a financiar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.

Y por supuesto, a medio plazo, el gran reto del mundo es vacunar a los paises más pobres, porque aunque Europa o EEUU tengan al 70% de su población vacunada, en  los paises pobres sólo esta vacunada el 3% de su población , en África el 7% , en la India el 30%, en Indonesia un 34% y en Rusia un 38% (ver mapa) . Y así, el riesgo del COVID 19 se fortalecerá en los paises en desarrollo y  acabará llegando a Occidente, poniendo a prueba sus vacunas y su salud, como ha pasado con la variable Delta de la India o la ómicron de Sudáfrica. O ayudamos a vacunar a todo el mundo (iniciativa COVAX) o no acabaremos de salvarnos de esta pandemia, como insiste la OMS.

En definitiva, urge hacer frente con todos los medios a esta 6ª ola, que podría dispararse en Navidad, como ya vimos el año pasado. Eso supondría más enfermos y más muertos, pero también pondría en peligro la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo previsto en España, por la tremenda subida de los precios y el atasco en el comercio mundial, que afecta a muchas empresas. Y ahora, si Europa se hunde en una grave ola de COVID (que podría causar 500.000 muertos de aquí a marzo, según la OMS), la recuperación europea también pinchará y eso nos afectará mucho. Así que hay que vacunar más (en España y en todo el mundo) y restringir contactos lo que haga falta. Por salud y economía. 

Despiertan el petróleo y la inflación

Los precios se han disparado en España y la inflación anual está ya en el 2,7%, después de ser negativa la mayor parte de 2020, por la pandemia. Y este repunte de precios se da en Europa (+2%), EEUU (+4,2%) e incluso en China, por una subida récord de la energía, con el petróleo superando los 72 dólares por barril, lo que ha disparado el precio de los carburantes, mientras no deja de subir la luz. Hay un temor en el mundo a que se dispare la inflación y eso obligue a subir los tipos de interés, ahogando la recuperación. Pero los bancos centrales creen que es un repunte coyuntural, sólo por la energía, y que los tipos no subirán hasta 2023 o 2024. Ahora, la subida extra de precios obligará a abonar una “paguilla” a los pensionistas en 2022 y forzará mayores subidas de salarios este año y el próximo. Hay que vigilar la inflación, pero la prioridad es la recuperación y el empleo.

Enrique Ortega

La subida de precios, la inflación, es una mala noticia, porque “se come” parte de nuestros sueldos y pensiones. Pero es también un indicador de que la economía está activa, de que crecemos y hay una demanda que tira de los precios. Por eso, cuando hay crisis, los precios caen y la inflación acaba siendo negativa. Es lo que ha pasado con la pandemia en España: la inflación, que estaba ligeramente por encima del +1% en 2019, bajó y fue negativa desde abril (-0,7%) y mayo (-0,9%) a diciembre de 2020 (-0,5%). Pero este año 2021, con las vacunas y las incipientes señales de recuperación, los precios se han despertado y suben con fuerza, desde el +0,5% en enero al +1,3% en marzo, el 2,2% en abril y un +2,7% en mayo, la inflación más alta en España desde febrero de 2017 (+3%), según el INE.

Este repunte de la inflación no se ha dado sólo en España. En Europa, los precios se han disparado también, pasando la zona euro de tener una inflación negativa en diciembre (-0,3%) a un 2% en mayo, cuando un año antes era del +0,1%, según Eurostat. La subida es general en todos los paises, más en Luxemburgo (+4%), Lituania (+3,5%), Estonia (+3,1%), Austria (+2,5%) y Alemania (+2,4%, cuando en diciembre bajaba su inflación un -0,7%). Y la inflación anual se ha disparado más en Estados Unidos, hasta un +4,2% de subida en abril (frente al +0,2% en diciembre 2020), el máximo desde 2008, debido a los ingentes estímulos aprobados en el último año (4,8 billones de dólares), que han reanimado el consumo y la actividad, trasladándose a los precios. Incluso la inflación se ha despertado en China, un país que exportaba “deflación” al mundo y que ahora tiene una inflación anual del 0,9%, tras haber subido los precios un +6,8% en abril (frente al -3% que cayeron en abril de 2020).

Con este panorama, el repunte de la inflación preocupa ya en todo el mundo, aunque parece muy concentrado en la energía. De hecho, en la zona euro, la inflación anual excluida la energía sube sólo un +0,9% (frente al +2% la inflación total). Y en España, la inflación de fondo (descontando la energía y los alimentos) subió un +0% anual hasta abril (el último dato desglosado del INE), frente al +2,2% que subió la inflación total. Si se analiza con más detalle, se ven “los 2 culpables” del repunte de la inflación en España este año: la electricidad (con una subida anual en el IPC del +36,9%) y los carburantes (han subido en el IPC un +31,4% anual, 15 veces la inflación total).

La electricidad dispara la inflación, en toda Europa pero más en España, porque ha aumentado el consumo, ha subido el precio del gas natural y el fuel (petróleo) de las centrales de apoyo y por la subida del precio de los derechos de CO2 (se han multiplicado por 10 en los últimos 5 años) que pagan las centrales por contaminar, sin olvidar los costes de más que pagamos en el recibo (ver Blog). En cuanto a los carburantes (gasolina y gasóleo), su precio se ha disparado este año al cuadruplicarse el precio del petróleo: ha pasado de costar 19,5 dólares/barril el 21 de abril de 2020 (el mínimo del siglo, por la pandemia) a 51,72 dólares el 31 de diciembre y 72,21 dólares/barril que cuesta ya hoy.

Este precio máximo del crudo se ha trasladado en los últimos meses a los precios de los carburantes que pagamos. Así, la gasolina costaba el 6 de junio 1,358 euros por litro, un 14,68% más que a principios de año (y en Europa ha subido algo más, un 16%, porque pagan más impuestos que nosotros), según el Boletín Petrolero de la UE. Y el gasóleo cuesta ya 1,221 euros por litro en España, una subida del +14,24% (similar al 14,68% que ha subido el gasóleo en la UE-27). Y todo apunta a que ahora, con la mayor demanda cara al verano y las vacaciones, los precios de los carburantes seguirán en máximos hasta septiembre. Sobre todo porque el petróleo va a seguir subiendo, quizás hasta los 80 dólares por barril, debido al acuerdo entre la OPEP y Rusia para mantener estable la producción hasta abril de 2022 y evitar “guerras de precios”, con el objetivo de aprovechar la mayor demanda de energía que ya se observa en el mundo y que crecerá con la recuperación.

Con el petróleo más caro y la mejora de la economía, sobre todo en EEUU (creció un +6,4% en el primer trimestre) y China (creció un +18,3%) pero también en Europa (cayó un 0,1% en el primer trimestre, frente al -0,4% a finales de 2020), todo apunta a que la inflación seguirá alta y más este verano, cuando las familias aumenten su consumo y el gasto turístico (gastarán lo que no han gastado en el año largo de pandemia). Así que el IPC anual podría rondar el 3% en España este verano y el 2,5% en Europa, muy por encima del 2% que es el objetivo de inflación defendido por el BCE. Por eso, hay un temor generalizado en el mundo a que el repunte de la inflación se consolide y eso obligue a los bancos centrales (a la Reserva Federal USA y al BCE en la zona euro) a subir unos tipos de interés que llevan años en el 0%. Una medida para frenar la inflación que sería dramática, porque ahogaría la débil recuperación en España y en Europa. Y dificultaría más la situación a España, porque somos un país con una elevadísima deuda pública (casi 1,4 billones, el 125% del PIB), que sería más difícil de financiar si suben los tipos y el BCE no nos ayuda comprando deuda.

De momento, el temor a un repunte de la inflación ya ha subido los tipos de la deuda pública en el mundo y en España, donde el coste de los bonos a 10 años está en torno al +0,34%, cuando estaba a tipos negativos (nos pagaban por la deuda) en 2020. Ahora se espera que los tipos suban, aunque no se cree que superen el 1% este año. Y tanto la Reserva Federal como el BCE llaman a la calma: creen que el repunte de la inflación es coyuntural, no estructural, y está muy concentrado en la subida del petróleo y la energía. Y que en unos meses, la inflación se normalizará en torno al 2% deseado. Para tranquilizar a los mercados, a los Gobiernos y a los ciudadanos, los bancos centrales reiteran que no van a subir los tipos de interés a corto plazo y que mantendrán sus planes de estímulos monetarios.

Los expertos creen que la Reserva Federal USA y el BCE van a priorizar la recuperación económica tras la pandemia y que no la pondrán en riesgo, ni retirando sus estímulos (compra de deuda pública para inyectar liquidez, dinero, a la economía) ni subiendo los tipos de interés, aunque los precios estén por encima del 2% objetivo. Y luego, si la recuperación se asienta en 2022, podrían anticipar la retirada de estímulos (al verano de 2022) y la subida de tipos: a principios de 2023 en EEUU y para el verano de 2023 en Europa, antes de lo previsto: que los tipos subieran en 2024. Esta vez, las autoridades monetarias no quieren repetir errores pasados y entre una inflación algo más alta y un paro elevado (en EEUU está en el 6,1%, casi el doble de paro del 3,5% pre-COVID), optarán por inyectar financiación para apuntalar el crecimiento y el empleo, aunque momentáneamente la inflación se acerque o supere el 3%. Ojalá sea así, porque lo contario sería frenar en seco la recuperación.

Al margen de este temor mundial por el repunte de la inflación, la subida actual va a tener consecuencias concretas en los próximos meses, si se confirma la previsión de inflación para 2021, que rondará en España el +2,5%. Por un lado, afectará a los 9 millones de pensionistas, que han tenido una subida de su pensión del +0,9%, inferior a la que será la inflación media (la que cuenta, no la de diciembre) de 2021: entre el +1,8 y el +2%. El Gobierno ya ha dicho que les abonará una “paguilla” por la diferencia a principios de 2022, como se ha hecho en otras ocasiones: será poco, unos 10 euros al mes (dado que la pensión media es de 1.016,3 euros y la desviación de la inflación media en 2021 sobre la subida aprobada puede ser finalmente del 1%).

Los demás afectados son los casi 10 millones de asalariados, aunque la posible revisión por una mayor subida del IPC va a depender de que lo tengan así recogido en su convenio (y actualmente, sólo el 25% de los trabajadores tienen clausulas de revisión salarial). Donde sí va a afectar el repunte de la inflación es en la negociación salarial de 2021 (quedan muchos convenios por negociar) y sobre todo para 2022. De momento, los convenios firmados hasta abril indican una subida salarial del +1,55%, que será inferior a la inflación prevista. Y en el conjunto de la economía, el coste salarial ha bajado un -0,7% en 2020, lo que refuerza la idea de que con la pandemia se ha perdido poder adquisitivo. Por eso, los sindicatos UGT y CCOO ya han pedido a la patronal CEOE sentarse a negociar un nuevo Acuerdo Salarial 2021-2023, defendiendo una subida del +1,5% en 2021 y entre el +2 y el +3% para 2022 y 2023. Y extender las cláusulas de revisión salarial a todos los convenios.

Al final, es normal que los precios vuelvan a subir si la economía mejora, porque la inflación negativa sólo indicaba que la economía estaba en una grave crisis. Pero hay que “vigilar los precios”, para evitar que un repunte incontrolado de la inflación obligue a subir los tipos de interés y frene en seco la necesaria recuperación. Por eso habría que controlar los dos principales factores de inestabilidad de precios, la electricidad (el recibo medio se ha disparado un 42% en la primera semana de junio, según Facua) y los carburantes (que suelen aprovechar el verano y las vacaciones para disparar su precio). Y también otros dos precios que suelen dispararse en verano: los alimentos y los precios turísticos. Habría que vigilar las subidas y tratar de evitar abusos y márgenes injustificables. Todo por evitar que la inflación se dispare y ponga en peligro la recuperación. Y nuestro bolsillo.