Pensiones: llega una reforma a medias

Todos los partidos (salvo Vox, ERC y Bildu) han acordado 20 recomendaciones para reformar las pensiones, tras casi 4 años de debate en el Pacto de Toledo. El Gobierno ya ha tomado  2 medidas en los Presupuesto 2021: revalorizar las pensiones con el IPC y cargar con 14.000 millones de gastos “impropios” que pagaba la SS. Así pretende acabar con el déficit de las pensiones en 2023. Además, promoverá los planes de pensiones de empresa, penalizará más las jubilaciones anticipadas y fomentará el trabajo después de los 67 años. Está bien, son cambios que mejorarán las cuentas de las pensiones, pero falta una reforma más profunda, para afrontar el aumento de gasto a partir de 2027, cuando se disparen las jubilaciones y bajen los trabajadores por la caída de la natalidad. No valen parches: hay que aumentar ingresos (cotizaciones e impuestos) y “atemperar” los gastos para que el sistema no estalle en 2050 (o antes). No podemos dejar el problema a nuestros hijos y nietos.

 La pandemia ha hundido aún más las cuentas de las pensiones, al reducir mucho los ingresos de la Seguridad Social (caída de cotizaciones, por los ERTEs y el paro) y aumentar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. El hecho es que la SS cerrará este año 2020 con un déficit histórico, según la última previsión del Gobierno: -45.321 millones de euros (el 4,1% del PIB), casi el triple que el “agujero” de 2019 (-16.502 millones). Un déficit que se suma a una década de “agujeros” (ver gráfico déficit SS) :  la Seguridad Social empezó perdiendo -2.433 millones en 2010, elevó el déficit por encima de -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016, 2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de déficit en 2019, a los que ahora se suman los -45.321 previstos en 2021. En total, un “agujero” acumulado de -161.963 millones de euros en estos 11 años, que se han “tapado” con deuda, aportaciones del Estado a la SS y tirando de la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero).

Lo peor es que la previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo,  era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte de Europa (Holanda, Austria, Finlandia y Suecia, más Alemania) llevan meses presionando a España para que reforme cuanto antes las pensiones. Y por ello, en junio pasado, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reinició sus trabajos, comenzados en noviembre de 2016, para pactar una nueva reforma de las pensiones, tras las reformas de 2011 (pactada por Zapatero) y la de 2013 (impuesta por Rajoy).

Finalmente, el martes 27 de octubre, la Comisión del Pacto de Toledo pactaba (con el voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y Bildu) 20 recomendaciones para la reforma de las pensiones. Las 2 primeras han sido ya incluidas por el Gobierno en los  Presupuestos 2021 presentados la semana pasada en el Congreso: la revalorización de las pensiones con el IPC y el reequilibrio financiero, gracias a que las cotizaciones van a pagar sólo las pensiones contributivas y serán los impuestos (el Presupuesto) quien cargue a medio plazo con una serie de gastos “impropios” de la Seguridad Social, estimados en 22.871 millones al año: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementos de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.14 millones), costes extras en el cálculo pensiones (788) y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto).

En consecuencia, los Presupuestos 2021 contemplan una revalorización de las pensiones del 0,9% en 2021 para los 8.861.000 pensionistas que hay en España (una subida media de 9 euros al mes) y un 1,8% de aumento para los 450.000 que cobran pensiones mínimas. El coste de esta revalorización será de 1.406 millones de euros en 2021, con lo que el gasto total en pensiones (ya son 9.765.352) será de 163.297 millones de euros el año que viene, más de un tercio (el 35,8%) de todo el gasto público en España. Un gasto que se lleva ya un 13,3% de la riqueza (PIB) y que se ha disparado en la última década, ya que en 2008 se gastaba en pensiones 98.012 millones de euros (el 8,8% del PIB) y 112.216 millones en 2011 (el 10.54% del PIB español).

La otra novedad de los Presupuestos 2021 es que se hacen cargo de parte de los “gastos impropios” de la Seguridad Social, concretamente de 13.929 millones que hasta ahora se pagaban con cotizaciones. El objetivo es seguir pagando con impuestos más gastos” impropios” cada año, hasta asumirlos todos (los 22.871 millones) en 2023. Además de esta “ayuda”, otra: los Presupuestos 2021 cargan con más de la mitad del déficit esperado de la Seguridad Social en 2021 (el 1,7% del 3% del PIB que sería el agujero), para lo que la transfieren otros 18.396 millones de euros más. Y gracias a este trasvase de fondos del Presupuesto (unos 32.000 millones en total), la Seguridad Social tendrá sólo un déficit de -15.921 millones de euros en 2021 (el 1,3% del PIB), que el Estado cubrirá con un crédito, como hizo en los últimos años. Y el objetivo es seguir tapando el agujero, cargando con más gastos en los Presupuestos, para que la SS no tenga déficit en 2023, como pide la primera de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo.

Las demás recomendaciones, tras la revalorización con el IPC y el equilibrio financiero, son menos explícitas y los políticos “se mojan menos”. Están a favor de acercar la edad de jubilación real (64 años y 6 meses) a la oficial (65 años y 10 meses en 2020), pero no dicen cómo. Defienden reconstruir la hucha de las pensiones y dificultar que los Gobiernos la utilicen, pero no detallan cómo. No son partidarios de tocar los periodos de cómputo para jubilarse (25 años en 2022), pero defienden que se puedan elegir los mejores años. Y reconocer la pensión de viudedad a los convivientes no casados legalmente. Están a favor de promover los planes de pensiones de empresa (hoy poco utilizados) y que la Seguridad Social informe a los trabajadores de la pensión que les quedará cuando se jubilen. Y piden que se cree una Agencia para gestionar la Seguridad Social.

Ahora, el Gobierno tiene que transformar estas recomendaciones en propuestas de reformas y llevarlas al Congreso. Y primera reforma será acercar la edad de jubilación real a la legal, porque es la que más ahorro conlleva: se consigue reducir el gasto en 14.400 millones anuales (1,2% del PIB) por cada año que suba la edad real (la media de los jubilados este año tenía 64,6 años, luego hay 2,4 años de margen hasta los 67 años en que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo, hay 2 vías. Una, penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 37,47 % de los jubilados este año), que ya sufren recortes del 1,65 al 2% por cada trimestre (y encima, el sistema actual penaliza menos a los que tienen pensiones más altas, algo que el Gobierno tiene que cambiar en 3 meses, por otra recomendación del Pacto de Toledo). La otra, incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde: ya se hace hoy, pero poco (un 2%, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivarlo más (4,6% anual) y hacerlo con un cheque, para “visualizarlo”.

La segunda reforma que estudia el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que hoy sólo tienen las grandes compañías, menos de 2 millones de trabajadores, con 35.000 millones en primas (frente a 75.000 los planes de pensiones individuales). Se trata de promover que se hagan planes de pensiones en muchas empresas, también en pymes, incentivándolos con más deducciones fiscales. De hecho, en los Presupuestos 2021 se bajan las aportaciones que se pueden deducir los planes de pensiones privados individuales (de 8.000 euros a 2.000) y ese ahorro se destina a subir las aportaciones con deducción a planes de empresa (de 8.000 a 10.000 euros). Un modelo que gustaría imitar es el británico, donde hay 800.000 empresas y 9,1 millones de trabajadores con planes de pensiones. Para animar el mercado, el Gobierno ha anunciado incluso que va a crear un Fondo público de pensiones de empleo, donde podrán entrar autónomos, pymes y funcionarios.

Todas estas reformas están muy bien pero son insuficientes. No basta con tapar el déficit para 2023 y esperar que la recuperación y el empleo saneen las cuentas de las pensiones. Porque hay un problema a medio plazo que es estructural: los pensionistas van a crecer exponencialmente y no podrán crecer tanto los ingresos. El problema se agravará a partir de 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1.960 y 1975. Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy hay 9,27 millones de españoles mayores de 65 años, en 2050 serán 15,67 millones, según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más (estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años).

Este doble problema demográfico (envejecimiento y caída de la natalidad y los activos) es una verdadera “bomba de relojería” para el futuro de las pensiones. Y sobre el que no entran las recomendaciones del Pacto de Toledo, quizás para obviar polémicas. Pero hay que afrontarlo con medidas estructurales, a medio plazo. Y todos los expertos apuntan que hay que actuar por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar las pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar la recaudación fiscal, lo que se puede hacer si tenemos en cuenta que recaudamos menos que la mayoría de Europa: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Una parte de estos mayores ingresos (cuando puedan subirse impuestos, a partir de 2023) deberían ir a apoyar el pago de las pensiones, al menos en los años que haga falta. Y el otro frente es actuar sobre las cotizaciones sociales, también más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen el 12,9% del PIB, frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, tres paises con los que competimos. Eso significa que si tuviéramos unas cotizaciones como la zona euro, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Podrían subirse esas cotizaciones a partir de 2023, para no dañar ahora la necesaria reconstrucción del país.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050.Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque no sean populares. Sobre todo, dos: ampliar los años de cotización que se toman para tener derecho a pensión (en 2011 se decidió subirlos de 15 a 25 años en 2022 y ahora habría que pensar en subirlos a 35 años y después a toda la vida laboral) y, si hace falta,  aumentar los años exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y habría que tener en cuenta la mayor esperanza de vida, el cobrar pensión más de 20 años, para repartir cuantías. Suena mal, pero al ritmo actual de aumento de las nuevas pensiones, será imposible pagar 15 millones de pensiones en 2050, con el empleo e ingresos previsibles hoy.

Por eso, cuando salgamos de esta pandemia y de esta recesión, habrá que plantearse otra nueva reforma de las pensiones, más profunda que la que plantea ahora el Pacto de Toledo. Europa nos va a presionar a hacerlo, porque será una de las vías para rebajar el déficit, una exigencia que nos van a recordar a partir de 2023. De hecho, ya llevan años diciendo que España tiene que ajustar su gasto en pensiones, porque creen que son “demasiado generosas”, aunque más de la mitad de los pensionistas (4,8 millones) cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las estadísticas de la SS. Pero la OCDE insiste: las nuevas pensiones españolas son más generosas que en otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Así que, deberíamos hacer una reforma más a fondo de las pensiones, en cuanto salgamos del túnel de esta pandemia, en 2023. Si no reformamos nosotros, nos impondrá la reforma Europa. Pero sobre todo, hay que hacerlo por las generaciones futuras, para evitar graves problemas a los que se jubilen dentro de 20 o 30 años. No vale “poner parches” para “tapar” el déficit de las pensiones en 2023 y no afrontar el reto demográfico posterior. No vale “el que venga detrás, que arree”. Hay que pensar en nuestros hijos y nietos.    

Pensiones: las cuentas empeoran

El pago de pensiones ha costado en febrero más de 9.500 millones, con el mayor aumento de esta factura desde 2008. Y no sólo porque haya más pensionistas y cobren pensiones más altas, sino por la subida del 1,6% en 2018 y 2019, el 3% de las mínimas y la “paguilla” de febrero. Con ello, el déficit de la Seguridad Social superará este año los  -18.500 millones de los últimos tres años. Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo se cerró sin aprobar ninguna reforma, tras más de 2 años de debate. Y la SS necesitará un nuevo préstamo y “tirar” de la hucha (dejándola en 1.350 millones) para pagar las pensiones este año. El “agujero” empeora y nadie toma medidas ni dice cómo van a pagar las próximas subidas y cómo asegurarán el futuro de las pensiones. Habrá que recaudar más por cotizaciones, trasvasar impuestos y hacer ajustes, aunque no nos guste. Si no, mejorarán las pensiones actuales pero tendrán un problema grave nuestros hijos y nietos. SOS pensiones.

enrique ortega

El “agujero” de la Seguridad Social, el déficit entre ingresos y gastos, empeora. Hasta 2010, la SS tuvo superávit, porque se creaba empleo, se ingresaban más cotizaciones y había menos pensionistas. De hecho, en 2008, la Seguridad Social tuvo un superávit de +16.743 millones (1,5% del PIB). Pero llegó la crisis, se desplomó el empleo y las cotizaciones y en 2011 empezó el primer déficit, pequeño (-487 millones), que se multiplicó por 12 al año siguiente (-5.812 millones en 2012), se duplicó con creces en 2014 (-13.762) y siguió creciendo con la recuperación, hasta alcanzar un déficit de -18.537 millones en 2016, que incluso ha subido en 2017 (-18.756 millones) y 2018 (- 18.937 millones, el 1,6% del PIB).

En total, un déficit acumulado en la Seguridad Social de - 101.723 millones de euros entre 2011 y 2018, un “agujero” que se ha tapado emitiendo deuda pública (supera ya el billón de euros) y tirando de la “hucha de las pensiones”: en 2011 tenía 66.815 millones ahorrados de los años buenos y Rajoy la dejó con 8.000 millones, de los que Sánchez sacó 3.000 en 2018 y su sucesor tendrá que sacar otros 3.696 millones este año, para dejarla en 1.350 millones a finales de 2019. Además de la hucha, este año se ha aprobado otro crédito de 15.164 millones y una transferencia de 850 millones, para pagar la pensión extra de verano y Navidad.

Como se ve, el agujero de las pensiones en un tema serio y todo apunta a que este año 2019 va a empeorar, con la revalorización de las pensiones, y podría alcanzar los -22.000 millones de euros. De entrada, en febrero de 2019, la factura de las pensiones ha tenido un coste histórico: 9.563,1 millones (9.535 millones en enero), con un aumento del 7,16% sobre febrero de 2018, la mayor subida mensual en 10 años, desde diciembre de 2008 (entonces pagar las pensiones costaba un tercio menos: 6.332 millones).

La factura de las pensiones sube ahora más, desde el verano de 2018, no sólo porque aumentan los pensionistas (ya son 8.818.371) y las pensiones (hay 9.707.140), por el envejecimiento de la población, sino porque los nuevos pensionistas cobran pensiones más altas que los antiguos: la pensión nueva de jubilación era en enero de 1.446 euros, 448 euros más alta de las que cobraban los que han muerto y son bajas del sistema. Las subidas de los sueldos en los últimos años (aunque bajas) y la fuerte subida del salario mínimo (+34% entre 2017 y 2019) han hecho que los nuevos pensionistas tengan ahora derecho a pensiones más altas: la pensión media de todo el sistema es de 985,16 euros (+5,6% que hace un año) y ya supera los 1.000 euros en 12 provincias (aunque no llega a 800 euros en Orense, Lugo y Almería). La pensión media de jubilación es de 1.131 euros, un 5,04% más que hace un año. Y la pensión media de viudedad es de 708,26 euros (+8,6%).

Pero hay otra razón básica de que la factura de las pensiones haya subido un 7,16% en febrero: la revalorización de las pensiones. Después de muchos años subiendo sólo un 0,25%, en 2018 y en 2019, las pensiones han subido un 1,6%. Y las mínimas un 3%, mientras se subía del 56 al 60% la base reguladora de las pensiones de viudedad. Y en febrero, además, se ha cobrado una “paguilla” para compensar la mayor subida del IPC en 2018. Todo esto está muy bien, pero hay que pagarlo. Y se estima que esta revalorización habrá costado 3.000 millones extras en 2018 y costarán otros 4.000 millones en 2019, con una factura que crece año tras año y supondrá un coste extra de 37.550 millones hasta 2022, según estimó la Seguridad Social. Y hasta 85.000 millones extras si se mantiene la revalorización hasta 2050.

El problema es que todos los partidos acordaron que las pensiones suban con el IPC, pero nadie se preocupó de buscar dinero para pagarlo, más allá de recurrir a la deuda y a la “hucha” de las pensiones (que se ha agotado). Y también pactaron que no entrara en vigor en enero de 2019 otra medida de ajuste, el “factor de sostenibilidad” (pagar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida), retrasando su aplicación hasta 2023, de momento. Con ello, las nuevas pensiones de este año y los tres siguientes no se verán recortadas (como preveía la reforma de 2013 de Rajoy), pero la decisión va a suponer otro aumento extra de la factura de las pensiones, entre 3.000 y 5.000 millones más al año.

Así que tenemos un agujero de las pensiones (-18.937 millones en 2018) y las medidas aprobadas por todos los partidos en 2018 (revalorización con el IPC y retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad) van a aumentar este déficit, como ha advertido recientemente la Comisión Europea, preocupada porque las pensiones impidan reducir la deuda y el déficit público en España. Y en contrapartida, los partidos, presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de aprobar reformas para tapar este agujero creciente y asegurar la financiación de las pensiones a medio plazo. Y cuando quieran pactar algo, se habrá perdido otro año.

El problema ya no es que tengamos un agujero en las pensiones, lo más preocupante es que se va a multiplicar en los próximos años, por culpa del envejecimiento de la población, que va a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

Así que sólo hay dos soluciones: o modernizamos la economía para poder emplear a 10,5 millones de personas más (sobre todo inmigrantes, porque la población española cae y habrá menos jóvenes) o atemperamos la factura de las pensiones, para poder pagar estos 15 millones de pensiones aunque sea menos a cada una. Lo lógico sería actuar en los dos frentes. El problema se agrava y se hará más acuciante a partir de 2027, cuando se jubilarán los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975.

Así que tenemos dos problemas con las pensiones. Por un lado, afrontar el agujero actual, que lleva ya cuatro años en -18.500 millones y creciendo. Y a medio plazo, el agujero futuro, tomar medidas para que las pensiones no se coman la mitad del gasto público en 2050 (hoy se llevan la cuarta parte). Los partidos, en la Comisión del Pacto de Toledo, han sido incapaces de dar soluciones, pero hay expertos que proponen medidas. Y entre ellos, la propuesta más razonable a corto plazo es la de la AIReF (la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal), que propone suprimir el déficit actual de la SS por dos caminos: uno, trasvasando 10.400 millones de cuotas del desempleo a la Seguridad Social (dejaría de pagar el desempleo no contributivo y bonificaciones de cotizaciones, que cargarían sobre el Presupuesto del Estado) y el otro, quitando a la SS 7.000 millones de gastos que pagarían los Presupuestos (el  coste de funcionamiento de la SS, gastos de fomento del empleo y bonificación de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales y el pago de las prestaciones por paternidad y maternidad). Básicamente, se trata de descargar a la Seguridad Social de 17.400 millones de gastos que se financiarían con impuestos vía Presupuestos.

Es un “parche”, cambiar el "agujero" de sitio (y quien paga: en vez de las cotizaciones, que no llegan, los impuestos), pero serviría para quitar a la Seguridad Social la losa del “déficit coyuntural” actual. Pero eso no nos resuelve el problema de fondo: que las pensiones y su coste crecen más que los ingresos por cotizaciones (sobre todo con empleos precarios y mal pagados). Por eso, hay que pensar en medidas a medio plazo, para evitar el anunciado “gran agujero” a partir de 2027, el déficit “estructural”. Y aquí, la AIReF plantea algo muy sensato: defender que no se revaloricen las pensiones “no es políticamente viable”, nadie lo va a defender con la presión de 9 millones de pensionistas (votantes) detrás. Pero sí hay que defender “atemperar” el ritmo de crecimiento de las pensiones, porque si seguimos la inercia actual, no serán viables para 2050. Y eso hay que decirlo.

Para “atemperar” el gasto en pensiones, la AIReF propone buscar otras vías de revalorización que no sean el IPC, muy volátil y costoso. Una alternativa sería revisarlas lo que crezca la economía (aumento del PIB) o los salarios (que se traduce en la subida de cotizaciones). Además, proponen 2 medidas que serían muy efectivas para atemperar el ritmo de gasto en pensiones. La primera y que tiene más efecto de ahorro, retrasar la edad efectiva de jubilación en 1 año, no sólo la legal (que estará en 67 años para 2027), para que la edad efectiva de jubilación sea de 65,5 años en 2048 frente a los 62,7 años actuales (aunque legalmente sea de 65 años y 8 meses). Y la otra, aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los 25 años previstos para 2027 a 35 años, con la idea de contemplar después el cómputo de toda la vida laboral.

Son dos medidas que recortarían el gasto en pensiones del 18% del PIB en 2050 (si no se hace nada, un gasto insostenible) a un 13,4% del PIB, que sí se podría pagar. Y claro, en paralelo habría que tomar otras medidas como subir en lo posible las cotizaciones sociales (son algo más bajas en España, según Eurostat: un 12,2% del PIB frente al 13,3% en la UE-28, sobre todo las cotizaciones de los trabajadores) y conseguir más ingresos fiscales (se puede: España recauda cada año 81.000 millones menos que la media europea) para financiar con impuestos las pensiones no contributivas, las de viudedad y orfandad y los complementos de mínimos a las más bajas (hoy, la cuarta parte de las pensiones).

Las soluciones no son sencillas pero hay que empezar a tomar medidas con una idea clara: hay que mejorar en lo posible las pensiones actuales pero sin poner en peligro las pensiones futuras, con un equilibrio generacional en los sacrificios. Y eso pasa por saber algunos datos y asumirlos. Como que los pensionistas actuales tienen una esperanza de vida de 21,1 años (a partir de los 65 años), 6,1 años más que en 1975. Y todavía aumentará hasta 22 o 23 años, lo que dispara el gasto en pensiones y obliga a pagar algo menos durante más años para que no estalle el sistema. Y además, hay que saber que las pensiones en España son de las más generosas de Europa y que no hemos cotizado suficiente por ellas.

Los datos son explícitos. En España, la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 49,9% del último salario que supone la pensión media en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% del último salario en Alemania. O sea que aunque se hable de “pensiones de miseria” (la cuarta parte, 2,4 millones sí son mínimas), las pensiones en España son más altas sobre el último salario que en casi toda Europa (eso sí, los salarios son más bajos y por eso la pensión es baja, pero ese es otro tema). Y la otra cuestión: con lo que cotizamos (si se ha cotizado 37 años), se pagan 13,2 años de pensión media, con lo que no se pagan todos los que se cobran de media (21,1 años): hay 8 años que se cobra pensión sin haber cotizado por ellos (y con una tasa de reposición del 78,7%, faltarían 5,1 años de cotizar, según este detallado estudio de Fedea que conviene conocer.

En definitiva, que las pensiones “no son de chicle” y se puede pagar lo que se puede pagar, lo que dan de sí las cotizaciones e impuestos. Y no queda más remedio (aunque no nos guste) que frenar el gasto, retrasando la edad de jubilación, aumentando los años de cómputo y compaginando lo que se cobra con lo que se vive, porque si no, no salen las cuentas y el problema lo tendrán los que se jubilen en 2050: nuestros hijos y nietos. Por eso, hay que hacer muy bien las cuentas, difundirlas sin demagogia y proponer  a los españoles medidas justas y equilibradas, que repartan el pastel disponible  entre los pensionistas actuales y los futuros. Una reforma pactada por la mayoría y que no se cambie por circunstancias políticas o electorales. No podemos seguir otro año más, como los dos anteriores, sin tomar medidas, sin frenar el déficit, sin asegurar el futuro de las pensiones. Cuanto más se tarde en atajar los problemas, más duras serán las soluciones. SOS pensiones.

Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?

Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.