Libros de geopolítica, vivienda y economía

El verano tenemos más tiempo para leer, así que aprovecho para aconsejarles 5 libros recientes, que ayudan a explicar temas económicos de actualidad, desde los conflictos geopolíticos a la vivienda, pasando por las élites que dominan el poder político y económico en España. El primero es una especie de Atlas visual que explica con mapas y gráficos las tensiones geopolíticas en el mundo, desde la energía a las tierras raras. El segundo libro explica la llegada al poder de “los depredadores”, desde Trump y Milei a Putin, apoyados en los nuevos conquistadores tecnológicos. El tercero se centra en el grave problema de la vivienda, planteando el conflicto entre caseros e inquilinos y algunas soluciones heterodoxas. El cuarto repasa nuestra historia, desde Al Ándalus hasta hoy, explicando cómo las distintas oligarquías han “chupado” del Estado y de los españoles. Y se complementa con un  5º libro, que analiza las élites que han controlado el poder económico en España desde 1939 hasta hoy. Espero que alguno les interese. ¡Buen verano¡

El primer libro, “Las fuerzas que mueven el mundo: la geopolítica y la economía mundial en mapas” es más un Atlas que un libro al uso, porque consta de múltiples mapas que ayudan a explicar los principales problemas geopolíticos actuales, desde el reparto del petróleo y el gas por paises a las tierras raras o los chips. Su autor es un colectivo, el Orden Mundial, un equipo especializado en el análisis de la economía internacional. A lo largo de sus 205 páginas, en gran formato, aportan múltiples mapas con leyendas, textos y datos que sirven para entender “de un vistazo” los grandes problemas económicos y geopolíticos del mundo actual.

Tras una introducción donde resumen como está cambiando el mundo desde la pandemia (siempre con mapas), analizan los nuevos rumbos políticos, los gigantes tecnológicos, la crisis climática y los problemas comerciales globales, explicando la reorganización de los flujos de mercancías. Es muy importante el bloque que dedican a los recursos que sustentan la economía mundial y su distribución, desde el petróleo al uranio, las tierras raras y los chips, sin olvidar los recursos pesqueros y los alimentos. Otro apartado informa sobre los conflictos en el mundo y los puntos problemáticos, desde el mar de China al Ártico. También detalla la emergencia climática (en mapas) y el declive de la democracia en el mundo, anticipando las “nuevas fronteras”: los polos, los océanos y el espacio. Y destina un capítulo al papel de España en el mundo, también con múltiples mapas y datos, incluido un mapa sobre el uso del español en el mundo.

Tras este Atlas sobre la geopolítica actual, un libro que analiza los cambios en el poder mundial: “La hora de los depredadores”, de Giuliano de Empoli, un ensayo de un sociólogo y asesor político italiano que conoce muy bien los entresijos de la política internacional y que escribió en 2023 una novela imprescindible, “El mago del Kremlin”, sobre Rusia y el poder de Putin. En este libro explica la llegada al poder en el mundo actual de los nuevos líderes (los “depredadores”) , que no respetan las reglas ni las instituciones y ejercen el poder a su antojo mediante la fuerza bruta, el engaño y la colaboración de los tecno oligarcas que controlan las redes sociales y la inteligencia artificial.

El libro de Empoli, que es un ensayo pero se lee como una novela, explica el acceso de estos lideres tecnológicos y políticos al poder, con ejemplos concretos: el príncipe Mohamed bin Salman en Arabia Saudita, Bukele en El Salvador, Trump en EEUU y el escándalo de Cambridge Analitics, Elon Musk y su apoyo a la extrema derecha alemana, Sam Altman y el acenso de OpenAI… El autor, que se ha movido en la ONU y foros internacionales como asesor político del italiano Mateo Renzi explica los entresijos de cómo actúan estos personajes en las instituciones internacionales y con los demás gobiernos, detallando las claves de cómo gana terreno su “nuevo orden”, que está llevando al mundo al caos.

Tras estos dos libros, que pueden ayudarnos a entender mejor el complejo mundo que tenemos, un tercer libro sobre el mayor problema de los españoles, la vivienda: “Generación inquilina”, de Javier Gil, un sociólogo investigador del CSIC que trata de explicar qué pasa con la vivienda y plantea alternativas de solución, ciertamente heterodoxas. La primera parte del libro analiza el problema de fondo de la vivienda, que considera estructural y político, no coyuntural: la vivienda ha generado una “economía rentista”, donde la vivienda es una inversión para unos caseros con altos ingresos, inmobiliarias y fondos de inversión, que controlan las Leyes y normativas en su beneficio, perjudicando a una “generación inquilina” que no tiene ningún poder ni influencia y que vive cada vez peor porque les transfiere una parte creciente de su renta, aumentando la desigualdad en España.

En definitiva, señala Gil, la vivienda no sube por factores demográficos (más jóvenes y familias) o de escasez (faltan viviendas) sino porque es un activo financiero con el que se especula. Y sube porque hay mucha liquidez y una creciente demanda especulativa que dispara los precios. Y explica el comportamiento de los Fondos de inversión, inmobiliarias, grandes fortunas o ahorradores, que han convertido la vivienda en un activo muy lucrativo (más que la Bolsa o la deuda). Así que cuanto más suba la vivienda y el alquiler, más rentabilidad y más demanda, alimentando la especulación. Por eso cree que la solución no es construir más viviendas: eso alimentará la especulación. 

Para el autor, la solución al problema de la vivienda no es edificar más sino reordenar el mercado y acabar con la economía rentista, frenar la demanda especulativa y proteger la demanda residencial, facilitando el acceso a la vivienda a los que no tienen un techo y frenando las compras especulativas de viviendas. Pero duda que el Gobierno (este y cualquier otro) se ponga del lado de los inquilinos, que tienen menos peso político y numérico que los propietarios, Fondos y empresas inmobiliarias, con lo que no se atreven a imponer controles y cambiar el modelo de la economía rentista por uno que considere la vivienda como un derecho y un bien social. Por eso, propone que los inquilinos se organicen (Javier Gil es miembro y asesor del Sindicato de Inquilinos) y que multipliquen sus protestas contra los abusos en la vivienda, con la propuesta de una posible huelga de pago de alquileres, como medida de presión para que la vivienda sea un bien social.

El 4º libro, “El Estado pesebre”, de Carlos Arenas Posadas, un historiador económico de la Universidad de Sevilla, es un libro de historia, pero de otra historia: de cómo las élites y las oligarquías han “parasitado” las cuentas públicas (se lo han “llevado crudo” de forma “legal”) en España, desde la época de Al Ándalus al franquismo y la transición democrática. Es una nueva versión (desconocida) de cómo las élites sociales y los grandes negocios han prosperado siempre en este país a la sombra del Estado. O más bien, cómo el Estado ha sido “parasitado” por las oligarquías, ha sido el verdadero “pesebre” de nuestra historia. Un demoledor repaso histórico de quienes han sido los sucesivos depredadores del dinero público, desde la Edad Media, el imperio, la reconversión liberal, la Restauración, la República, el franquismo y la transición demográfica, con distintos nombres y similares comportamientos.

El historiador hace un detallado repaso de nuestra historia para revelar como los estamentos nobiliarios, eclesiásticos, militares, plutócratas y oligarcas se han enriquecido en el pesebre de los distintos Estados y Gobiernos, utilizando la violencia física, material y moral, la impunidad, las patrañas, los falsos victimismos, trampantojos y bulos dirigidos a legitimar su poder. Y a lo largo los distintos siglos y épocas, desfilan por el libro los protagonistas de lo que el autor llama “el gran Comedero”: señores, frailes, obispos, inquisidores, virreyes, militares, usureros, aristócratas, burgueses, asentistas, reyes, políticos, altos cargos de la Administración, agricultores, industriales, lobistas, banqueros, comisionistas, fondos buitres… Y así hasta hoy, con los casos de corrupción repetidos en el siglo XXI. ¿Y ahora qué? El autor responde que cambiar una trayectoria milenaria no es sencillo, pero aboga por una mayoría social que promueva reformas para lograr un cambio verdadero. Nada fácil…

El 5º libro, “Las élites que dominan España”, ahonda en este tema de los que controlan el poder, con un análisis centrado entre 1939 y hoy, del franquismo a la democracia. Su autor es Andrés Villena Oliver, un sociólogo y profesor de Economía en la Complutense, cuyo libro tiene una reveladora historia: iba a ser publicado por Ariel (Planeta), pero fue descartado en el último momento por la editorial (no se sabe la razón) y se ha publicado en otra (Libros del KO), con una “aureola” de libro “medio prohibido” que ha disparado sus ventas. La tesis del autor es que la élite española de poder se compone de tres elementos (capital, empresas y Estado) que llevan décadas conectados entre sí por puertas giratorias. Es más, sostiene que la estructura de poder que se generó en la España franquista se ha mantenido en lo fundamental, con pocos cambios en los grandes poderes, tanto la banca y las grandes empresas como los grandes cuerpos de funcionarios que controlan el Estado, algo que trata de justificar a lo largo del libro, desde 1.939 hasta hoy, con una investigación documentada sobre lobbies empresariales, bancos, sagas familiares, instituciones políticas y medios de comunicación. Setenta años de historia en los que tecnócratas, financieros, altos funcionarios y empresarios actúan “como piezas de una misma maquinaria, diseñada para que nada esencial cambie”.

El libro analiza la estructura del poder en tres bloques. El primero, la dictadura y las redes del poder durante el franquismo, con los cambios de la tecnocracia a partir de 1959. Luego, los cambios de poder en la transición, con las crisis bancarias y los cambios en las grandes empresas. El segundo bloque detalla los cambios en la estructura del poder con la llegada del PSOE en 1982, que supuso la renovación del capitalismo español. Después analiza la llegada de Aznar, las privatizaciones, el clientelismo y el “milagro inmobiliario”. En el tercer bloque, analiza la época tecnocrática de Zapatero, la crisis política del 15-M y el final del bipartidismo, hasta el ascenso de Sánchez y la evolución de su Gobierno. Como conclusión,  dice que “la democracia ha operado como una carcasa, gracias a la cual las élites han maximizado beneficios y poder”. Y plantea que sólo los colectivos sociales pueden generar nuevas oportunidades. Que la respuesta está “en la gente”.

Bueno, confío en que alguno de estos 5 libros le interese. ¡ Buen verano y hasta septiembre !

La vivienda, una "emergencia nacional"

La vivienda agrava sus problemas, con nuevas subidas de los pisos y alquileres. Y el gasto en  vivienda supone ya un tercio del gasto total de las familias, hasta el 42% para las que ganan menos. El problema de fondo sigue siendo que faltan viviendas: la oferta aumenta en 95.000 casas nuevas cuando se crean 240.000 nuevos hogares al año. Así tenemos un déficit de 750.000 viviendas, lo que dispara precios y alquileres. El Banco de España alerta de que estamos ante “una emergencia nacional”, que exige una mayor coordinación entre el Estado y las autonomías, hoy inexistente. Una “emergencia económica”, que frena el consumo, el crecimiento y el empleo, pero también una “emergencia social”: 10 millones de inquilinos agobiados, frente a 5 millones de caseros que ingresan 28.000 millones al año. Dos nuevas “clases sociales” enfrentadas por la vivienda, que agrava las desigualdades sociales. Urge tomar medidas sobre el suelo, la financiación, la rehabilitación de pisos vacíos, los pisos turísticos y de temporada, construyendo más, para aumentar la oferta de viviendas.

              Los alquileres transfieren 28.000 millones al año de los inquilinos a sus caseros

El problema de la vivienda en España sigue de mal en peor, a la vista de los datos del primer semestre. Los precios de la compraventa de vivienda han subido otro +3,5% en el primer trimestre, con lo que los pisos son ya un +12,9% más caros que hace un año, según el INE. El precio medio de venta en junio era de 2.823 euros/m2, según el portal Idealista, un máximo histórico que se dispara en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (6.013 euros/m2) y Barcelona (5.269 euros/m2). Con ello, el precio de la vivienda ha subido un +65,3% en los últimos 7 años (junio 2019-.junio 2026), más del doble que el IPC (+24,8%) y el triple de lo que han subido los sueldos (+21,32%).Y además, la subida de los pisos se acompaña con una subida de los tipos de interés: el Euribor ha subido un +0,717% en el último año (hasta el 2,798% en junio), lo que encarece ahora una hipoteca media (173.331 euros a 25 años) en 66 euros más al mes (792 euros más al año).

Y el panorama de los alquileres es aún peor, con subidas reiteradas impulsadas por una alta demanda de familias que no pueden comprar piso y sólo les queda alquilar. En junio, el precio medio del alquiler era ya de 15,3 euros/m2 (1.377 euros por un piso de 90 m2), según el portal Idealista, pero se disparaba hasta 23,7 euros/m2 en Madrid (2.133 euros por 90 m2) y 23 euros/m2 en Barcelona (2.070 euros por 90 m2), con 29 de las 52 capitales en máximos históricos del alquiler. Unos precios que obligan a muchos jóvenes (y familias) a alquilar por habitaciones, a precios aún más disparados: 521 euros de media, según Fotocasa, que suben hasta 650 euros en Barcelona y 620 euros en Madrid. Y eso después de que los potenciales inquilinos sufran un duro proceso de “selección” (donde quedan fuera muchos jóvenes y familias, sobre todo inmigrantes) y múltiples exigencias, muchas ilegales.

Este oscuro panorama está agravando las cuentas de los 4 millones de hogares (el 20%, con unos 10 millones de personas) que viven de alquiler en España. Según los últimos datos del INE, el gasto de todas las familias españolas en vivienda (alquiler, hipoteca y recibos de agua, luz y calefacción) fue de 11.665 euros por hogar en 2025, el 33,2% de todo el gasto familiar, un porcentaje que ha subido año tras año (suponía el 30,98% del gasto total en 2016). Es la mayor partida de gasto familiar, muy por delante de dos partidas cuyo porcentaje de gasto también crece, la alimentación (16%) y el transporte (11,5%). Pero lo más preocupante es que en las familias con menos ingresos (el 20% con menos renta), el peso de los gastos de vivienda es muy superior: el 41,9% en 2025 (40,1% en 2016). Casi la mitad de su gasto se lo lleva la vivienda, lo que reduce su consumo en otras partidas de gasto, frenando así el crecimiento económico y el empleo.

El problema de fondo es la falta de viviendas: hay poca oferta y mucha demanda. En 2025 se sumaron al parque de vivienda 94.791 nuevas viviendas, según el Ministerio de Vivienda, frente a los 238.990 nuevos hogares creados en el país, según el INE. Y desde 2019, sólo se han sumado 636.486 viviendas al parque existente (27.099.556 viviendas en 2025), mientras la población española crecía cuatro veces más (+2.633.665 habitantes desde 2019). Eso ha ido acumulando un “déficit de vivienda” que el Banco de España acaba de subir de 600.000 a 750.000 viviendas que hacen falta, la mitad concentradas en 6 provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Una “brecha” de viviendas que seguirá creciendo, porque el INE estima que se crearán 2,2 millones de hogares en España los próximos 15 años.

La construcción de nuevas viviendas va muy lenta: las 93.650 viviendas terminadas en 2025 (80.792 “libres” y 12.858 protegidas (VPO) son el tercer peor dato del siglo, frente a las 647.179  construidas en 2007 (579.665 libres y 65.514 VPO), que bajaron a 276.883 en 2010 y al mínimo de 44.630 en 2016, según los datos del Ministerio. Este año, la construcción ha mejorado algo, pero poco: se han iniciado 39.196 viviendas en el primer trimestre (35.148 “libres” y 4.048 VPO, el mejor dato de iniciación de viviendas protegidas desde 2012), un 12,7% más que en el primer trimestre de 2025 (34.779 viviendas iniciadas). Pero, a este ritmo, se terminarán este año unas 105.000 nuevas viviendas, la mitad de las que necesitamos.

Además de construir más viviendas nuevas, habría que poner en venta y alquiler una buena parte de los 3,8 millones de viviendas vacías, la cifra estimada por el Observatorio del Alquiler. Pero ojo, esta medida no sería la panacea, porque la mayoría de estas viviendas vacías están en zonas rurales, en municipios de menos de 100 habitantes (ahí están el 75%), con lo que sólo un 10% de viviendas vacías están en zonas tensionadas, donde ayudaría conceder más ayudas a los propietarios para rehabilitarlas y alquilarlas a precios asequibles.

Otra vía para aumentar las viviendas para alquiler es frenar el desvío de viviendas a los usos turísticos y al alquiler de temporada, dos destinos que buscan muchos caseros para evitar la normativa de los alquileres normales. En España había en mayo 341.001 pisos turísticos, concentrados en Andalucía (90.649), Cataluña (51.305), Comunidad Valenciana (51.268), Canarias (48.356) y Baleares (21.304). Un número que se ha reducido este año, por las trabas de algunas autonomías y Ayuntamientos, aunque han recibido el espaldarazo del Supremo, que emitió en mayo una sentencia que anuló el registro estatal de estos alquileres turísticos, por considerar que es una competencia autonómica. Y otros alquileres que habría que frenar son los de temporada (por meses, para estudiantes y trabajadores), que suponen ya el 27% de todo el mercado del alquiler, según Idealista, superando esa media en Barcelona (55% alquileres son de temporada), San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44%), Girona y Pamplona (41%), Santander (36%) y Granada (35%).

Si se redujeran los pisos vacíos y los alquileres turísticos y de temporada, podría haber 1 millón más de viviendas para alquilar y comprar, bajando los precios. Pero la clave del problema sigue siendo construir más, aumentar la oferta, construyendo al menos 200.000 viviendas al año, una gran parte para destinarla al alquiler a precios asumibles y VPO de renta social. Para relanzar la construcción de viviendas en España , hay que actuar sobre varios factores: suelo, financiación, normativa, costes y mano de obra. Veámoslos. La clave es aumentar la financiación para la vivienda. Se da el contrasentido de que España es el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda (52.200 millones en impuestos estatales, autonómicos y locales, el 6,90% de toda la recaudación), pero es uno de los paises que menos gasta, que menos invierte en vivienda: 7.614 millones en 2025, el 0,45% del PIB, frente a paises que destinan del 1 al 3,5% de su PIB a la vivienda.

La clave está en que las autonomías, que gestionan la vivienda, y los Ayuntamientos gasten mucho más en vivienda, dado que el ladrillo les aporta gran parte de su recaudación. Hasta ahora invierten poco y el 70% de lo que invierten es dinero que les transfiere el Estado. Las autonomías que menos gastan en vivienda son Castilla y León (174 millones entre 2021 y 2024), Cantabria (102 millones) y Murcia, mientras las que más gastan son Cataluña (1.971 millones entre 2021 y 2024, Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones).

Como se ve, inversiones mínimas para afrontar el primer problema de los españoles. El Gobierno Sánchez ha multiplicado la inversión estatal en vivienda, que saltó de los 453 millones que gastaba Rajoy en 2017 a 3.500 millones en 2025. Ahora, el Gobierno aprobó en abril el Plan de Vivienda 2026-2030, que pretende triplicar el gasto del anterior Plan , hasta los 7.000 millones de euros (ojo, sólo 1.400 millones al año). El Plan tiene una novedad importante: el Estado central aporta un 60% de esos Fondos para la vivienda pero sólo a cambio de que las autonomías aporten el 40% restante (en los Planes anteriores sólo aportaban el 28% del gasto total ). En principio, las autonomías gobernadas por el PP (11) se mostraron en contra del Plan, dentro de su política de “desgaste” al Gobierno. Pero luego han echado cuentas y han visto que si lo apoyan van a recibir mucho más dinero para gastar en vivienda. Unos ejemplos: Andalucía recibirá 1.197 millones (+877 millones que en el Plan anterior), Madrid 1.113 (+815 millones), Cataluña 1.015 millones (+473), Comunidad Valenciana 798 millones (+558), Galicia 399 millones (+293), Castilla y León 378 millones (+277) o Murcia 308 millones (+258). Esto explica el “milagro” de que en la reunión de la ministra con las autonomías para desarrollar el Plan de Vivienda 2026-2030, celebrada el 21 de mayo, todas votarán a favor del reparto… Ahora falta que colaboren en la aplicación concreta del Plan y en la efectividad de sus ayudas.

Tras la financiación, el 2º cuello de botella de la vivienda es el suelo, la falta de suelo urbanizado, listo para construir. Los promotores se quejan de que no hay suelo disponible, salvo a precios disparados, pero un experto que lo ha analizado con detalle concluye que hay suelo disponible para construir 7 millones de viviendas… Y de ese suelo, en zonas urbanas hay suelo finalista para construir 3 millones de viviendas (1,5 millones en las 15 principales capitales y áreas metropolitanas). El problema, añade, es que estos suelos llevan bloqueados dos décadas, por problemas en la propiedad (el 70% de este suelo es privado y sólo un 30% municipal), que no quiere o no puede ponerlo en el mercado, porque requiere hacer inversiones que no se hacen: antes los bancos financiaban a dueños del suelo y promotores a ponerlos en el mercado, pero ahora no. Además, mucho suelo urbanizable está pendiente de litigios y recursos  a los  Planes, que se podrían agilizar si se aprobara la reforma de la Ley del suelo que el PP y partidos autonómicos vetaron en el Congreso. 

Además de aumentar la financiación y desbloquear el suelo urbanizable, urge facilitar financiación a los promotores privados y públicos (Ayuntamientos) para promover viviendas, agilizando los complicados trámites administrativos y coordinando las actuaciones (Estado, autonomías, Ayuntamientos, dueños del suelo, promotores, bancos y el ICO), junto con la empresa pública de vivienda (Casa 47). Deberían crearse Comisiones de vivienda autonomía por autonomía y ciudad por ciudad, donde todos buscaran la manera de promover más viviendas. Algo que piden todos los expertos y que no se hace. Y en paralelo, tomar medidas para convencer a los propietarios de que alquilen sus viviendas, con empresas estatales que aseguren los alquileres (como Bizigune en el País Vasco) y con incentivos fiscales a los caseros que alquilen pisos vacíos y a precios “razonables”.

Llevamos años hablando del grave problema de la vivienda pero apenas se avanza en soluciones, básicamente por los enfrentamientos entre el Gobierno y las autonomías que gestionan la vivienda. El Banco de España acaba de alertar de que estamos ante una “emergencia nacional”, que exige acuerdos para evitar que la vivienda frene el crecimiento y el empleo (al reducir el consumo de inquilinos e hipotecados) y la actividad de muchas empresas (turismo, agricultura, industria, comercio) e instituciones (hospitales, enseñanza), que no pueden contratar porque sus trabajadores no encuentran alojamiento.

Pero el problema de la vivienda es también una “emergencia social”, porque condena a no llegar a fin de mes (incluso a caer en la pobreza) a los 4,1 millones de hogares que viven en alquiler (unos 10 millones de españoles). Y esto aumenta la desigualdad. Así, los inquilinos (1 de cada 5 españoles) tiene una renta media anual de 21.335 euros, muy inferior a los 32.120 euros de renta media que tienen los propietarios (14,05 millones de hogares, unos 34 millones de españoles). Y si vemos la renta media de los propietarios que alquilan (el 39% de los caseros tienen una vivienda alquilada y un 61% son particulares con varias viviendas o empresas), es de 51.000 euros anuales (2,39 veces las de su inquilino) y hasta 80.000 euros si alquilan 2 o más viviendas (3,7 veces la renta de sus inquilinos), según un reciente estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC.

A lo claro: el problema de la vivienda se ha convertido en un negocio para unos (2,4 millones de caseros individuales) y en una losa para otros (10 millones de inquilinos), que les “trasfirieron” de sus ingresos 28.000 millones anuales (que agobian sus cuentas y hacen más ricos a otros). Una transferencia de rentas que alimenta la desigualdad, porque casi la mitad de los alquileres se pagan al 10% de españoles más ricos, según el estudio. Y además, encubre otra transferencia, de jóvenes a mayores: un tercio de los pagos por alquiler (el 62% de jóvenes) los ingresan caseros mayores de 65 años…

En conclusión, la vivienda no es sólo un problema sino también “una bomba de relojería social”, porque enfrenta a inquilinos y propietarios y a jóvenes con mayores, provocando una penosa “emergencia social”, que alimenta el descontento y la polarización política. Es hora de alcanzar un Pacto político y social por la vivienda, que reparta costes e ingresos, que ayude a los que más lo necesitan y controle un negocio que antepone la inversión al derecho a la vivienda. O resolvemos esta emergencia económica y social o nos estallará cualquier día.

La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

La cuesta de enero: subidas y ayudas

Tras la resaca de compras de estas Navidades, llega la dura realidad de afrontarlos, de hacer frente a tarjetas y pagos. En un mes, enero, donde muchas empresas aprovechan para subirnos casi todo: teléfono e Internet, luz, agua, basuras, billetes de avión, autopistas, taxis, alquileres, tabaco, paquetes y sellos de Correos, seguros…Así que este enero será más difícil llegar a fin de mes. La contrapartida es que también suben los ingresos de casi 10 millones de pensionistas (más los que menos cobran), 3 millones de funcionarios, 2,4 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y las ayudas del ingreso mínimo vital (IMV) que cobran 785.000 hogares, pensiones, sueldos y ayudas públicas que se revalorizan desde el 1 de enero. Y también aumentan las ayudas al transporte, manteniendo las actuales y creando una tarifa plana que permite viajar barato. Ahora, la clave es ver lo que suben los sueldos este año, porque los precios de los alimentos, la vivienda y la energía seguirán altos en 2026.

                            Enrique Ortega

Enero es el mes elegido por muchas empresas para subir sus tarifas y precios, con el argumento de la subida de costes y del aumento del IPC. Y este año, la lista de subidas es muy amplia. Empezando por la subida de las tarifas del teléfono e Internet, que suelen subir dos veces al año. Esta vez, suben con pocos días de diferencia: el 8 de enero las sube Vodafone (+3,9% de media, entre 1 y 5 euros al mes), el 12 de enero Orange (+3,8%, de 1 a 6 euros al mes) y el 13 de enero Movistar (+4%), mientras Digi no las sube. En los últimos años, las telecos justificaban sus subidas en la previsión de aumento del IPC, pero este año suben mucho más (el IPC puede subir un 2,1%) y lo justifican en que les han subido los costes, sobre todo los productos audiovisuales que ofrecen (fútbol y plataformas).

Otra subida que notaremos será la del próximo recibo de la luz, que será diferente según el contrato que tengamos. Los que tienen un contrato de luz en el mercado “libre” (20 millones de clientes) tendrán subidas del 4 al 7% cuando les toque la revisión anual de su contrato, subidas que ya han anunciado Iberdrola, Endesa o las filiales de Repsol, argumentando que a ellos les ha subido la luz en 2025 (y ahora) porque Red Eléctrica obliga a mantener centrales de gas de guardia (más costosas) para evitar un nuevo apagón como el de abril pasado. El resto de clientes, los que están en el mercado regulado (8,4 millones) ya han sufrido en 2025 esta subida y la seguirán pagando en 2026. Y todos pagarán más este año por la subida de los peajes (un tercio del recibo) que fija la Administración: los peajes de acceso subirán un +4,1% y habrá que pagar en el recibo los demás cargos, que también suben.

Si sube la luz, también subirá la factura del agua que pagamos. En Madrid, el Canal de Isabel II ya anunció una subida de la factura del agua del 3% anual hasta 2030, debido a que lleva años sin subirse y tienen que acometer nuevas inversiones. Aigües de Barcelona también ha anunciado una subida del +2,9% para 2026, mientras otros municipios de su área metropolitana también subirán el agua, hasta el 5,8%. Y Aguas de Bizkaia ha anunciado subida de tarifas del 4% en 2026, lo mismo que muchas ciudades de media España.

También subirán en 2026 las tasas de basuras de la mayoría de municipios, que ya han aplicado en 2025 sus nuevas tarifas, mucho más altas que los anteriores, que volverán a subir este año, para ajustarlas paulatinamente a las nuevas exigencias de recogida de residuos.

Y también pagaremos más al viajar en avión, porque las aerolíneas nos cargarán en los billetes la subida del canon aeroportuario que les ha hecho AENA el 1 de enero, un aumento del +6,44% para afrontar las inversiones en los aeropuertos españoles. También será más caro viajar en coche por autopista: los peajes subirán este año un +2,61% al menos, aunque en las autopistas rescatadas por el Estado subirán menos, un +2%. También podría subir este año el impuesto que paga el gasóleo, porque la Comisión Europea obliga a igualarlo con el de la gasolina, aunque el Gobierno no logró aprobar en 2024 el Decreto que los equipara, por el rechazo del PP, Vox, UPN y Podemos. Pero es una reforma exigida para recibir 460 millones de Fondos europeos, por lo que el Gobierno se ha comprometido a intentar aprobar la equiparación antes de finales de marzo. De conseguirlo, el gasóleo subiría 7 céntimos por litro.

El tabaco ya ha subido el 1 de enero, con nuevos precios para los paquetes de cigarrillos, cigarros y picadura (ver nuevo listado de precios por marcas), aunque todavía fumar es más barato en España que en la mayoría de Europa. Y también han subido ya las tarifas de Correos, tanto los sellos (+7,9%: el franqueo ordinario cuesta 96 céntimos, el doble que en 2015), los certificados y los paquetes (+5,5%). Y han subido también los taxis en la mayoría de España, desde Madrid (+2,36%) y Barcelona (+2,3%) a Sevilla, Málaga, Valladolid, Ferrol o Salamanca, lo que se trasladará también a los vehículos VTC.

Con todo, lo más preocupante volverá a ser la subida de la vivienda, tanto para alquiler como para compra. Se espera otra subida de los alquileres del +10% en 2026, que se sumaría a las fuertes subidas de los años anteriores: +40,3% han subido los alquileres de media en España desde 2019 (+50% en Madrid y +46,15% en Barcelona, según Idealista).. Además, muchos contratos de alquiler (por 5 años) se terminan en 2026, con lo que los propietarios intentarán revisar bastante al alza los nuevos alquileres, con lo que se espera “un aluvión de subidas”. Y en cuanto a los precios de compraventa, están ya en niveles prohibitivos: 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid. Y podrían subir otro 15% más este año, según Idealista.

Lo que también subirá en 2026 serán las nuevas hipotecas, no sólo porque hay que pedir un mayor importe (el 80% del precio de venta) para afrontar los altos precios, sino porque el Euribor lleva 5 meses consecutivos subiendo (del 2,079% en julio al 2,267% en diciembre), con lo que los bancos cobrarán este año tipos más altos, en torno al 3,5%. Eso sí, los 4 millones de familias que están pagando una vieja hipoteca no tendrán un susto en la próxima revisión anual, porque el Euribor esperado para 2026 (por debajo del 2,5%) será todavía inferior al de 2025.

Y luego hay dos subidas aseguradas para 2026, aunque todavía no podamos decir cuánto. Una es la subida de los seguros, desde el seguro del automóvil y del hogar al seguro de salud, que llevan años subiendo mucho y que volverán  a subir bastante este año, justificándose en el aumento de costes de los talleres y reparaciones, los siniestros en casa y el aumento de los costes médicos en los hospitales privados. Y también están “cantadas” nuevas subidas de los alimentos: frutas y verduras (muy afectadas por el cambio climático y las cosechas), las carnes, los huevos, el café y el chocolate, más la bollería y las bebidas.

En cambio, hay otro gasto importante, el transporte público, que se modera o baja en 2026, por las ayudas que ha prorrogado o ampliado el Gobierno. Por un lado se prorrogan los actuales descuentos al transporte en tren y autobús, manteniendo los descuentos actuales en Cercanías, corta y media distancia y autobús, a los que se añaden un nuevo abono trimestral y un abono de 10 viajes para Cercanías, manteniéndose la gratuidad de todos los viajes para los menores de 14 años (para educar a los menores en el transporte público). Por otro lado, se crea un nuevo bono transporte de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajes ilimitados en Cercanías y media distancia de Renfe, además de las líneas estatales de autobuses. Un bono que convive con el resto de ayudas al transporte.

Estas ayudas van a permitir que millones de personas gasten hasta un 75% menos en transporte público en 2026, ahorrándose este año 1.371 millones de euros (el coste de las ayudas). Unas ayudas públicas al transporte que han sido claves estos años, desde 2018 a finales de 2025, en que el Gobierno ha destinado más de 11.000 millones de euros (7.200 millones desde 2022)  a subvencionar los billetes de Cercanías, trenes de media distancia y Avant y los autobuses de líneas estatales, según datos de Transportes.

Un ahorro en transportes que no compensa el rosario de las otras subidas de precios, unas anunciadas y otras silenciosas, que afectarán a nuestros bolsillos en este año 2026. Menos mal que hay colectivos que van a tener también un aumento de ingresos para afrontarlas, básicamente pensionistas, funcionarios y los más desfavorecidos que reciben ayudas públicas, que también se han revalorizado el 1 de enero.

Empecemos por los pensionistas, 9,42 millones de personas que cobrarán algo más por sus pensiones (10,42 millones) ya desde este mes de enero. La subida media de las pensiones es del +2,7% (la subida de la inflación anual de noviembre 2024 a noviembre 2025), lo que supondrá cobrar unos 40 euros más al mes (una jubilación media de 1.512 euros en 2025). Pero los 2,12 millones de pensionistas que cobran pensiones muy bajas, con complementos de mínimos, tendrán una subida mayor: +11,4% para los pensionistas con cargas familiares (y las viudas) y +7% para los que no las tienen. Y para los 471.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (dos tercios son mujeres), la subida es del +11,4%.

Los 3 millones de personas que trabajan para la Administración Pública cobrarán un +2,5% de subida retroactiva por 2025 y otro +2% de subida salarial en 2026, más otro +4,5% en 2027 y un 2% de subida en 2028, según el acuerdo pactado por el Gobierno, que supone una subida acumulada (por el efecto arrastre) del +11,4% entre 2025 y 2028, un aumento superior a la inflación esperada estos años, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

También volverá a subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI), que cobran unos 2,4 millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes que trabajan en el campo. De momento, en enero se ha prorrogado el salario mínimo actual (1.184 euros en 14 pagas), a la espera de que el Gobierno apruebe este mes la nueva subida, que se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de enero: los expertos consultados han propuesto que suba entre 37 y 56 euros al mes, mientras la patronal propone una subida de 18 euros (+1,5%) y los sindicatos piden subir 89 euros (+7,5%).

Y también sube el importe del ingreso mínimo vital (IMV) que reciben las familias más vulnerables, actualmente 785.722 hogares (beneficiando a 2,4 millones de personas). En 2025 cobraban entre 658,81 euros un adulto solo y 1.449 euros mensuales las familias numerosas, importes que han subido un 11,4% el 1 de enero, entre 75 y 170 euros más al mes. El problema es que esta ayuda (IMV) sólo llega a la mitad de las personas que están en pobreza severa (4,3 millones, según Cáritas). Y que muchas autonomías han aprovechado el IMV para suprimir o reducir su ayuda, las rentas mínimas de inserción: en los últimos 3 años se han reducido  más de 170.000 beneficiarios y 13 autonomías (Madrid y Aragón en cabeza, un -95%, seguidas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, la Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Asturias, Galicia, Cataluña y Navarra) han reducido su gasto en estas ayudas autonómicas, que sólo llegan a 532.700 personas, el 6,1% de quienes viven en el umbral de la pobreza, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Ahora, la clave para afrontar las nuevas subidas de precios va a estar en los salarios, en la subida que se pacte para 2026. Todo indica que la patronal no ofrecerá una subida por encima del 2% (la inflación subirá el 2,1%, según el Gobierno) y que los sindicatos pedirán una subida mínima del 3,5%, para recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años (los sueldos han subido un 13,45% entre 2022 y 2025 y la inflación un 15,4%). Y, sobre todo, pedirán que suban más los sueldos más bajos, porque el 30% de trabajadores ganan menos de 1.582 euros brutos al mes (y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos), según el Decil de salarios de la EPA 2024. Estos bajos salarios explican que casi la mitad de españoles (el 47,4% de los hogares, según el INE) lleguen con dificultad a fin de mes. Y más ahora, con la oleada de subidas de enero.

En definitiva, volvemos a sufrir subidas de precios en múltiples servicios y gastos, sin que tengamos claro lo que van a subir nuestros ingresos este año, lo que explica que muchos españoles no vean bien su economía (según el CIS) aunque España crezca más que la mayoría de paises occidentales. Eso debería obligar a tomar medidas para “repartir mejor el crecimiento”, controlando las subidas más impopulares (alimentación, energía, servicios públicos) y aumentando las ayudas a los más vulnerables, con medidas fiscales para que paguen más los que más ganan y menos los que menos ingresan y viven de un sueldo. Y promover una negociación colectiva que suba más los sueldos más bajos, ahora que muchas empresas pueden hacerlo, porque llevan 5 años mejorando ventas y beneficios. Esas son las claves para que el crecimiento lo noten la mayoría de españoles.

Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.