Almacén Castor: otro rescate con nuestro dinero

Ha pasado bastante desapercibido, pero el Gobierno Rajoy aprobó el 3 de octubre otro rescate con nuestro dinero, como el de la banca: el almacén de gas Castor, situado en la costa de Castellón. Como su funcionamiento provocó mil micro-seísmos, lo paralizó el año pasado y ahora lo cierra, pagando a sus dueños (una empresa de Florentino Pérez) lo que han invertido, un compromiso del Gobierno Zapatero, que autorizó el almacén en 2008 sin estudios sísmicos. El cierre costará 100 millones de euros anuales los próximos 30 años, 3.000 millones que se cargan al recibo de los consumidores de gas (particulares y empresas), que pagarán un 1% extra en cada recibo por el cierre de Castor. Otro ejemplo de “socialización de pérdidas”, de cómo los consumidores pagamos los errores de otros: rescate de las Cajas (Rajoy), cierre de nucleares (González), déficit eléctrico (Aznar) y pronto, la nacionalización de 9 autopistas y el rescate parcial de las centrales de gas. ¡Viva la economía de mercado!
 

enrique ortega

El almacén de gas Castor es el cuarto en España, tras los que funcionan sin problemas en Yela (Guadalajara), Bermeo (Gaviota, en la costa vizcaína) y Serralbo (Huesca). Está situado a 22 kilómetros de la costa de Castellón, frente a Vinaroz, a 1.750 metros bajo el mar, aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Shell en Amposta. Su objetivo era almacenar gas para garantizar el suministro de un tercio del consumo español durante 50 días. El primer permiso de investigación lo concedió el Gobierno Aznar, en 1996, pero hasta mayo de 2008 no fue autorizado por el Gobierno Zapatero. Y no empezó a funcionar hasta el 14 de junio de 2013, cuando se empezó a cargar el gas. Pero en septiembre 2013 se produjeron hasta 1.000 microseísmos en la zona (uno de magnitud 4,2 en la escala Richter), lo que provocó la paralización por el Gobierno el 26 de septiembre de 2013. Posteriormente, dos informes del Instituto Geográfico Nacional (diciembre 2013) y del Instituto Geológico y Minero (abril 2014) coincidieron en su diagnóstico: los temblores tenían que ver con Castor y se debían a la rotura de una falla no cartografiada antes (ahora falla Castor).

La empresa propietaria, Escal UGS (un 66,7% de ACS, presidida por el madridista Florentino Pérez, y el resto de la canadiense Escal) insistió durante meses que los seísmos no tenían que ver con Castor. Y de paso, recordaba que si el almacén no entraba en funcionamiento, el Gobierno tenía que resarcirle de la inversión, según la concesión. Y era así: el Real Decreto de mayo de 2008 que autorizó Castor permitía a la empresa renunciar al proyecto en cualquier momento de los 25 años de concesión y en caso de caducidad o extinción de la concesión, “las instalaciones revertirían al Estado (…) y se compensará el valor neto contable de las instalaciones”, un trato de favor que no se dio a los almacenes de Yela y Gaviota (autorizados en 2007). Pero hay más. El ministro Carlos Sebastián concede a Castor otro beneficio más: “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones…”. Luego hay que indemnizarles (menos) aunque tengan la culpa. Una locura, pero está escrito en el BOE.

El Gobierno Rajoy recurrió al Supremo, en mayo de 2013, esta segunda parte de la cláusula del contrato, por considerarla abusiva. Pero el 14 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo resolvió a favor de la empresa: había que indemnizarla. El Gobierno estuvo varios meses remoloneando y en julio de 2014, Florentino Pérez le comunica que renuncia a explotar Castor, paralizada ya diez meses. Y reitera su mensaje: me tenéis que pagar lo invertido, unos 1.400 millones, tres veces lo previsto. El Gobierno se pone las pilas porque lucha contra el calendario: en noviembre de 2014, el almacén Castor ha de pagar el primer cupón a los inversores que han puesto su dinero para construirlo, grandes bancos europeos y el propio Banco Europeo de Inversiones (300 millones). Si no se les paga (el almacén no da ingresos) y la empresa quiebra, supone un grave problema para la imagen de España. Hay que pagarles y “tranquilizar a los mercados”. Aunque sea a costa de que lo paguemos todos.

La primera idea del Gobierno Rajoy es nacionalizar Castor, crear una empresa pública que se quede con el muerto y financiarlo con un crédito del ICO, un préstamo a bajo interés. “El consumidor no pagará Castor”, decía el 4 de julio de 2014 el secretario de Estado de la Energía. Pero esta fórmula se consultó con Bruselas y lo tuvieron claro: así aumentaba la deuda pública de España en 1.400 millones. Así que Montoro se negó en redondo. Y hubo que buscar otro camino: Enagás (5% del Estado) se hace cargo de Castor y pide un préstamo a tres grandes bancos (Santander, CaixaBank y Bankia) para pagar a los inversores: en 35 días, les adelantarán los 1.350 millones de euros del rescate, a cambio de un interés para los bancos del 4,3% a 30 años. Y luego, Enagás traslada este coste a los operadores y comercializadores de gas, que lo cargan a los consumidores (particulares y empresas) en el recibo.

En total, contando el coste de indemnizarles, los intereses del préstamo bancario, el coste de mantener Castor “hibernando” (20 millones al año), despedir a sus 200 trabajadores y desmantelarlo en el futuro (200 millones), la factura será de unos 100 millones de euros al año durante 30 años, unos 3.000 millones de euros (la OCU lo sube a 4.731 millones). Aproximadamente, un extra del 1% en la factura mensual de los 7,4 millones de usuarios del gas en España. Para intentar paliar la impopularidad de esta decisión, el Gobierno ha insistido que “deja la puerta abierta a exigir responsabilidades en el futuro a Escal EGS si se demuestra que hubo negligencia”, para lo que ha pedido sendos informes a la Universidad de Stanford y al Instituto Tecnológico de Massachusetts, informes que tardarán más de un año (para el siguiente Gobierno).

La pena es que estos y otros informes no se pidieran antes de autorizar el almacén Castor, ni en 1996 ni en 2008. De hecho, el informe (favorable) de Medio Ambiente no se conoció hasta noviembre de 2009 (18 meses después de la concesión) y no consideró los riesgos sísmicos (aunque un informe del Instituto Geológico y Minero validó en 2007 los estudios técnicos de la empresa), a pesar de las denuncias de varios expertos y del Observatorio del Ebro (incluso la página 27 del folleto de emisión de bonos para los inversores, en julio de 2013, también señalaba riesgos de fugas y seísmos). Pero el almacén Castor era una “prioridad energética”, primero para el Gobierno Zapatero y luego para el de Rajoy, además de contar con el apoyo político de Francisco Camps (Generalitat valenciana), del condenado Carlos Fabra (Diputación de Castellón) y del Ayuntamiento de Vinaroz (PP). Ahora, todos se acusan mutuamente, pero el hecho es que entre todos lo apoyaron (sin garantías) y nosotros los consumidores pagamos los platos rotos.

El problema es que Castor (ahora en los infiernos, como el mito) no es un caso aislado, sino otro ejemplo más de este principio: cuando las cosas van bien, el beneficio es privado, pero cuando van mal, lo pagamos entre todos. Socializar pérdidas. Es lo que pasó con la crisis de la banca y el pago del rescate a las Cajas, que nos acabará costando más de 100.000 millones de euros. Antes, la decisión de Felipe González (1991) de paralizar la construcción de 7 centrales nucleares: la moratoria nuclear la estamos pagando en el recibo de la luz (0,89%) hasta 2020. Después, la decisión de Aznar (1997) de compensar a las eléctricas por subir menos la luz (déficit de tarifa), por lo que estamos pagándoles esta “deuda” en cada recibo: 3 euros al mes hasta 2025. Y ahora viene la nacionalización de 9 autopistas de última generación (aprobadas por Aznar), que prepara el Gobierno  Rajoy desde hace más de un año y que nos costará otros 2.000 millones. Y antes de las elecciones podrían “hibernar” por 4 años (a costa de nuestro recibo) las centrales eléctricas de gas, que ahora sólo funcionan al 7% por el exceso de oferta (una “burbuja eléctrica” alimentada con ayudas públicas y nuestro recibo).

Al final, se está desvirtuando la esencia del capitalismo: invertir con riesgo, a cambio de beneficios o de tener que cerrar. Ya hemos visto muchos ejemplos, en España y en el mundo, de las nuevas reglas: si las cosas van bien, gano (ACS, con Castor) y si van mal, también (porque me rescatan e indemnizan). Todo sea porque los inversores no pierdan y no se preocupen “los mercados”: somos el segundo país más endeudado del mundo y estamos en sus manos. Así que, nada de riesgo: ganan siempre algunos (los más grandes y los que tienen mejores conexiones con el poder -ver foto-, ya que con la crisis han cerrado 184.000 empresas en España). Y nosotros perdemos. ¡Viva la economía de mercado¡

En marcha el costoso rescate de la banca

Seis meses después de pedir el rescate a Bruselas, esta semana han llegado 39.500 millones del préstamo europeo para salvar a cuatro entidades y crear el "banco malo". Y en enero llegarán otros 1.500 millones para cuatro Cajas más. Un dinero que España ha de devolver y que se suma a las ayudas públicas inyectadas desde 2009. En total, rescatar a  un tercio del sistema financiero (un banco y 25 Cajas) nos costará 108.361 millones de euros en ayudas públicas (más 95.637 millones en avales), el doble de los recortes hechos por Zapatero y Rajoy. Una factura de la que será difícil recuperar más del 20% y que revoluciona el mapa financiero, con la práctica desaparición de las Cajas (quedarán 7) en beneficio de los bancos, que se harán con el 70% del mercado. Y todo para que siga sin haber  crédito, al menos hasta 2015. Mal negocio.



enrique ortega

Está en marcha la quinta reforma financiera en treinta meses (dos de Zapatero, en junio 2010 y enero 2011 y tres de Rajoy, en febrero, mayo y agosto de 2012), impuesta por Bruselas a cambio del rescate solicitado en junio. Y esta vez parece que va en serio. Quien paga, manda y la Comisión, a cambio de sus 41.000 millones, ha impuesto un drástico ajuste a Bankia    (Caja Madrid, Bancaja, Insular Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y Rioja) y a otras siete Cajas (resultado de la fusión de 18 Cajas) que recibirán ayudas europeas: NovaGalicia Banco (Caixa Galicia +Caixa Nova) , Catalunya Banc (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa) , BMN Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra), Liberbank (Cajastur +CCM, Caja Extremadura y Caja Cantabria), Ceiss (Caja Duero y Caja España) y Caja 3 (Caja Ahorros Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz). También recibe ayudas europeas el Banco de Valencia, que se ha salvado de la liquidación porque el Gobierno lo vendió el día antes a la Caixa, por un euro y con 6.000 millones de ayudas públicas.

El ajuste impuesto por Bruselas a un 30% de nuestro sistema financiero será drástico. Las entidades recortarán un 60% su tamaño, transfiriendo activos tóxicos (inmuebles y solares) al “banco malo” (hasta 90.000 millones), vendiendo sus participaciones en empresas y negocios, cerrando oficinas, dejando de dar préstamos a promotores, abandonando las operaciones financieras al por mayor (pagarés,deuda pública y tesorería) y dejando de operar fuera de su ámbito regional. O sea, se centrarán en su autonomía (salvo Bankia, que será estatal) y en dar préstamos sólo a pymes y particulares. Y eso sin endeudarse: cada euro que presten deberá ser un euro que capten con depósitos. Con ello, más que Cajas van a ser cajitas… maniatadas. Y en seis meses, el Banco de España debe vender NovaGalicia Banco (NGB) y Catalunya Banc (CB). Además, Bruselas impondrá la nacionalización de dos Cajas más: BMN (Caja Murcia y tres más) y Ceiss (CajaDuero-Caja España), que iba a ser absorbida por Unicaja .

Con las ayudas españolas ya recibidas, la reconversión de los cuatro bancos nacionalizados costará 67.000 millones de ayudas públicas: 36.000 para Bankia, 10.000 para NGB, 14.000 para CB y 7.000 para Banco de Valencia. Un dinero que se suma a los 35.071 millones de ayudas públicas inyectadas a otras cinco Cajas ya vendidas: 24.477 millones a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (vendida a Banco Sabadell), 5.500 millones a Unnim (Caja Sabadell, Terrasa y Manlleu, vendida a BBVA), 3.775 a Caja Castilla la Mancha (comprada por Cajastur), 977 a Banca Cívica (Caja Navarra, Burgos y Canarias, vendida a la Caixa) y 392 millones a Cajasur (comprada por BBK). Se destinarán otros 3.790 millones (1.500 de Bruselas) en ayudas públicas a cuatro grupos de Cajas más: BMN (Caja Murcia y tres más), Ceiss (Caja-España-Caja Duero), Liberbank (Cajastur y tres más) y Caja 3 (CAI y dos más). Y hay que sumar otros 2.500 millones, de entrada, para poner en marcha el “banco malo”, la inmobiliaria mala que acogerá a los “muertos inmobiliarios” de bancos y Cajas con ayudas.

En total, 108.361 millones en ayudas públicas, que serán más porque falta incluir el coste de las dos nuevas Cajas a nacionalizar (BMN y Ceiss), las ayudas fiscales prometidas a las fusiones y al banco malo , así como las pérdidas que puedan aflorar en los bancos vendidos (el Estado se compromete a asumir una parte de los fallidos futuros). O sea que la factura podría llegar a 120.000 millones (más 95.637 millones en avales del Estado). ¿Cuánto se puede recuperar? Poco: quizás algo de Bankia (espera tener beneficios a partir de 2015) y de las Cajas que no se vendan, pero no más de un 20% de lo aportado. O sea, que la reforma financiera nos costará finalmente 100.000 millones irrecuperables.

Pero no será su único coste. Unos 15.000 empleados de Cajas (5.000 en Bankia) y bancos perderán su trabajo (tras los 30.172 despedidos desde 2009) y al resto les bajarán el sueldo (hasta el 40%). Se cerrarán unas 2.300 oficinas (1.100 en Bankia), tras las 5.700 cerradas hasta ahora. Y muchos  pequeños ahorradores verán perder su dinero: un tercio de los 700.000 españoles que compraron preferentes a Cajas y bancos (106.000 en Bankia, 43.000 en NCG y unos 30.000 en CB)  perderán entre un 30% y un 70% de su inversión. Y lo mismo, el medio millón de accionistas de los bancos nacionalizados (400.000 en Bankia). Además, todos los clientes de estas Cajas con ayudas acabarán pagando más comisiones (Bankia ha anunciado que las subirá un 50%). Y miles de personas dejarán de beneficiarse de la Obra Social de las Cajas (1.125 millones en 2011). Además, España tendrá 41.000 millones más de deuda pública para salvar a la banca, lo que eleva nuestro déficit y perjudica nuestras posibilidades de financiación en los mercados.

Un alto coste que no se va a traducir de momento en más crédito, como reconocen los propios bancos. Primero, porque un tercio del sistema (las Cajas con ayudas), tras el drástico recorte impuesto, van a funcionar al ralentí, con menos liquidez y más restricciones para prestar, sobre todo a particulares (Bankia sólo prestará un 15% a familias hasta 2015). Con ello, el recorte del crédito sólo en las 3 cajas nacionalizadas podría ser del 30%. Y el resto de bancos y Cajas, estarán bastante ocupados en digerir compras, vender activos y reforzar capital  como para  dar más créditos. De hecho, el crédito se ha encarecido y ha caído un 5,7% en 2012, el mayor descenso en 50 años. El problema  de fondo es que no hay apenas demanda solvente: hay recesión y ni empresas ni familias piensan en endeudarse más.

A final, España ha hecho una costosa reforma financiera sin frutos hasta 2015 (o más), salvo para los bancos, los únicos que salen ganando: se harán con un 70% del mercado (tenían el 48%), comprando por un euro Cajas con ayudas públicas. Y habrá una verdadera revolución en el mapa bancario: de 10 bancos y 45 Cajas antes de la crisis pasaremos a 8 bancos (2 grandes- Santander y BBVA- que controlarán un 30% del mercado y 2 medianos, Sabadell y Popular ) y 7 Cajas (2 grandes, La Caixa, ahora la primera entidad financiera, y Bankia, más 5 Cajas regionales). Y todos trabajarán con sus clientes “como bancos”: todos sabemos lo que eso significa.

Había que sanear la banca, está claro, pero se ha hecho tan tarde y con tantos errores que va a salir carísimo, a costa de recortes extras en inversiones, educación, sanidad y gastos sociales. Y se hará sin que nadie acabe en la cárcel, después de que muchos gestores se hayan llevado más de 100 millones en finiquitos. Así que no quieran que encima aplaudamos.

Récord de desahucios (y más en 2013)

Una de cada tres familias tiene una hipoteca y cada mes les cuesta más pagarla: hay más desempleo, más parados que no cobran nada y los que trabajan ganan menos o la inflación se come sus ingresos. Hay ya 420.000 ejecuciones de hipotecas desde 2007 y 210.000 familias han perdido su casa. Este año, los desahucios han batido récords históricos, con más de 500 diarios. Y no parece que el Código de buenas prácticas los esté frenando, porque es muy restrictivo. Los desahucios aumentarán en 2013, porque va a caer el precio de la vivienda y habrá más hipotecados que deban más de lo que vale su casa. Hay que aprovechar la reforma financiera con dinero público para renegociar hipotecas y dar un respiro a las familias, asfixiadas por las deudas. Lo han pedido incluso los jueces, que denuncian los abusos del actual sistema de deshaucios.Si no se corrigen,ademas de ser injusto, no se reanimará el consumo ni la economía.

enrique ortega

La crisis no se frena, con su secuela de más paro y menos ingresos, que además se come la inflación. Con ello, los ingresos de las familias han caído un 7% con la crisis, según el INE, unos 158 euros menos al mes. Y en consecuencia, una de cada cuatro familias retrasa pagos, entre ellos las hipotecas, sobre todo desde mediados de 2011. Y bancos y Cajas les llevan al Juzgado, iniciando expedientes de ejecución: 420.000 entre 2007 y septiembre 2012. Y la mayoría acaba en desahucio: ya son 210.000 familias las que se han visto desalojadas de sus viviendas con la crisis, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y el dato podría ser mucho mayor, ya que este año se han empezado a publicar los desahucios ordenados por los Juzgados de primera instancia en las localidades donde no existen servicios comunes de notificaciones. Y son más que los desahucios de los servicios comunes. Con ello, en la primera mitad de 2012, los desahucios totales serían 94.502 (frente a 37.088 de los servicios comunes), más de 500 al día, lo que está colapsando los Juzgados (según denuncian los jueces).

El dato ha llamado la atención de la ONU, que alerta del daño social causado por las hipotecas. El récord de desahucios va a seguir, porque el proceso de embargo tarda unos dos años y ahora llegan los desalojos por impagos en 2010: faltan los de 2011, 2012 y 2013, ya que no habrá una mejora de la economía hasta 2014. El año que viene será especialmente duro porque al paro, la inflación y el recorte de ingresos se sumará un factor nuevo: la caída de los precios de la vivienda. Primero, porque en enero se quitan las ayudas fiscales a la compra y sube el IVA de la vivienda  del 4 al 10%, lo que hará bajar precios. Y segundo, porque el banco malo lanzará pisos rebajados, forzando a una baja de precios del 40 al 60% (con Bruselas se ha pactado un -52% ) .

Esta bajada de precios de la vivienda es una pésima noticia para los que tienen una hipoteca: su vivienda valdrá menos y su deuda real subirá, por la inflación. Son lo que en EEUU llaman “underwater” (“con el agua al cuello”): 11 millones de familias (el 25% de los hipotecados USA) que deben más al banco de lo que vale su vivienda. En España, se estima que hay 400.000 familias con este grave problema y a medida que bajen los pisos serán más. La mitad, unos 200.000, son los que tienen ahora más papeletas para los desahucios futuros.

En marzo, el Gobierno Rajoy aprobó un Decreto para dar un respiro a los hipotecados, con un Código de buenas prácticas que han firmado voluntariamente 101 bancos y Cajas. Pero, en la práctica, no ha frenado apenas los desahucios y ha fracasado, según un informe de los jueces (CGPJ), por ser muy restrictivo: sólo se pueden acoger a él las familias donde todos sus miembros estén en paro, las hipotecas sin avales y por debajo de 200.000 euros (120.000 en ciudades con menos de 100.000 habitantes) y donde el pago suponga más del 60% de los ingresos familiares. Además, el Código no tiene efectos retroactivos, con lo que no beneficia a los 200.000 expedientes de ejecución hipotecaria pendientes. Los que no cumplan estas condiciones (el 80 % de los hipotecados, según los expertos) no podrán renegociar su hipoteca ni optar a la dación en pago (que el banco se quede con el piso y cancele la deuda). Y se siguen denunciando abusos de bancos y Cajas, que se quedan con los pisos embargados en subasta por el 50% del valor y le exigen al hipotecado  sin casa que les pague el resto de la deuda.

Los propios jueces han denunciado los abusos del actual sistema de desahucios, creado en 1909 y que creen da "una importante ventaja" a la banca sobre el deudor. Una comisión de 7 magistrados del CGPJ propone una bateria de 18 medidas legales para proteger a las familias del desahucio en caso de desgracias familiares, paro, accidentes o enfermedad, facultando al juez para que pueda aplazar pagos, ampliar plazos, reducir tipos o fijar quitas de la deuda. Y defienden en algunas circunstancias la dación en pago (cancelación de la hipoteca con la entrega del piso, como se hace en EEUU y Reino Unido).

Con año y medio más de crisis por delante, los expertos señalan que un 25% de las hipotecas son vulnerables y pueden acabar en impagos (y en desahucios). Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha recogido más de 400.000 firmas para pedir en el Congreso la dación en pago  con efecto retroactivo y que se paralicen los desahucios cuando sea la vivienda habitual y se cambien por un alquiler por cinco años donde paguen el 30% de sus ingresos.

Pero habría que ir más allá: se debería aprovechar la reforma financiera aprobada, con dinero público y de los contribuyentes, para dar un respiro a los hipotecados, sobre todo a los que se han quedado sin trabajo y sin ingresos. Se trataría de renegociar tipos y plazos y hacer quitas de capital, para ayudarles a pagar la hipoteca. Y en vez de dedicar incentivos y recursos públicos al banco malo, para que vendan pisos a precio de saldo (con ganancia de especuladores y “fondos buitres”), se podría incentivar la creación con  los pisos embargados de un parque de viviendas en alquiler, retrasando la salida de estos pisos al mercado a una mejor coyuntura, en la que haya demanda y crédito (ahora, los pisos no se venden ni tirando precios y las hipotecas llevan 28 meses cayendo). El problema es Bruselas y su rescate, que acepten aliviar a los hipotecados. Y se teme que el FROB agilice la ejecución de hipotecas en los bancos nacionalizados (Bankia, NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia).


El mayor problema de la economía española no es el déficit público sino es el altísimo endeudamiento de familias y empresas, que sólo se ha reducido un 2% con la crisis. Dar un alivio de verdad a los hipotecados, suavizando sus pagos a bancos saneados con dinero público, supondría una mejora del consumo  de las familias y un alivio para los bancos, que no quieren ser inmobiliarias. Habría más crédito y más inversión, más crecimiento y más empleo. Asfixiando a los hipotecados no gana nadie. No podemos dejarles en la calle.

Cumbre inútil, rescate virtual y recesión real

Cumbre europea nº 26 en dos años y medio de grave crisis. Inútil como la mayoría de las anteriores: los temas urgentes (Grecia, España, la recesión) no se han tocado formalmente. Retrasan la unión bancaria, en perjuicio de España, y marean la perdiz hablando de “más Europa”, con su receta mágica: más disciplina fiscal (un supercomisario que podría vetar los Presupuestos de los países) y más reformas (ajustes). Los líderes europeos se han ido sin afrontar el problema que les planteó el FMI: o reaniman sus economías o provocarán una crisis mundial. Hay que suavizar los recortes. Si no, se agravará la recesión, los países no podrán rebajar su déficit y los mercados se pondrán  nerviosos por temor a no cobrar. Es el problema de fondo, al margen de que España pida o no el rescate (aunque sea virtual). Hay que hacer otra política: frenar la austeridad, reanimar la economía y crecer. Por este camino no hay salida.

enrique ortega

Han sido diez horas de Cumbre y cuatro páginas de conclusiones para poco: avanzar un paso en la unión bancaria acordada en la Cumbre de julio (como pedían Francia, España e Italia), pero dejando el rescate directo a los bancos por el BCE para 2014 (pasadas las elecciones alemanas de septiembre 2013).Tampoco se concretan fechas para crear un Fondo de garantías y un Fondo de liquidación de bancos europeos, claves para asegurar sus ahorros a los clientes del continente. Con ello, la unión bancaria llegará  tarde para España y tendremos que financiar solos el saneamiento de nuestros bancos en 2012 y 2013: 40.000 millones que engrosarán la deuda y que supondrán pagar 2.000 millones anuales de intereses (darían para pagar un mes el desempleo). Y habrá que cargar con 90.000 millones de activos tóxicos en el banco malo, una factura que tampoco pagará Europa.

En paralelo, los líderes europeos han vuelto a marear la perdiz hablando del futuro y de “más Europa”, siguiendo con su receta: más disciplina fiscal y más reformas (recortes).Han quedado en debatir, para la Cumbre de diciembre, la creación de un Presupuesto de la zona euro (que podría ser tan insuficiente como el Presupuesto europeo: un 1% del PIB de los 27, cuando en EEEU el Presupuesto federal es del 20%) y un contrato de reformas que firmarían los países. Y de matute, Alemania lanza la idea de crear un supercomisario europeo con derecho a vetar los Presupuestos de los países que no cumplan. Más ricino.

Sin embargo, la Cumbre no ha abordado oficialmente los tres grandes problemas de Europa: Grecia, España y la recesión. Grecia, el origen de la crisis del euro en 2010, espera un nuevo tramo de ayudas (31.000 millones) a cambio de nuevos ajustes (-11.000 millones), que han provocado la quinta huelga general de este año. El país no aguanta más, su economía cae un 6% (por quinto año), debe el 160% de su PIB y la tensión social es insostenible. Como en Portugal. España, tras dos años y medio de duros ajustes, profundiza su recesión y agrava el paro, mientras el FMI augura otra caída del PIB en 2013 (-1,3%) y que por eso no podrá cumplir con los recortes del déficit prometidos ni en 2012 ni en 2013. Eso es lo que preocupa a los mercados (Standard & Poors nos ha bajado el rating por temor a que la recesión deteriore tanto las cuentas públicas que los inversores no cobren) y lo que les lleva  a presionar al Gobierno (Moodys) para que pida el rescate .

Y luego está el tema de fondo, la recesión en Europa. El FMI estima una caída del -0,4% en la zona euro para 2012, con 10 países europeos en recesión (España, Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido, Holanda, Eslovenia, Chipre, República Checa y Hungría), otros 4 países estancados (Francia, Holanda, Luxemburgo y Finlandia) y Alemania (y Austria) creciendo sólo el 0,9%, mientras prevé un crecimiento del 2,2% en EEUU y un 5,3% en los países emergentes. Pero si Europa no resuelve su crisis, advierte el Fondo, toda la economía mundial puede caer en recesión. Por ello ha pedido a los líderes europeos que tomen medidas y suavicen los recortes en la Europa del sur (Grecia, España, Portugal), dándoles más años para recortar el déficit. Menos austeridad.

Merkel y los fundamentalistas de Bruselas han hecho oídos sordos al Fondo, paladín de ajustes en el mundo (desde Asia a Latinoamérica) y nada sospechoso de izquierdismo. Siguen con el fetichismo del déficit, con su austeridad y sus recortes, como los médicos de la Edad Media con sus sangrías (hasta que mataban al enfermo). Perseveran en la ceguera de su ideología conservadora (menos déficit, menos Estado, más mercados que trajeron la crisis y ni invierten ni dan trabajo), la que llevan aplicando dos años y medio y  nos ha llevado a la recesión, al paro, a la pobreza y a la desigualdad. Y a la desconfianza de los ciudadanos con sus políticos (CIS) y con Europa, de donde vienen recortes y no soluciones.

En este contexto, los mercados, bancos, Europa, y muchos expertos piensan que la salida de España es pedir un segundo rescate. Rajoy esperará a después de las elecciones de este domingo para hacerlo (lo ha vuelto a hacer: primero sus prioridades como partido). Y se agarra a una artimaña para suavizar el coste: pedir un rescate virtual, solicitar una línea de crédito al Fondo de rescate europeo pero no usarlo. Esa petición abriría el camino a que el BCE pudiera comprar deuda en el mercado secundario, forzando así a bajar la prima de la deuda. Pero sea virtual o no, las condiciones que impondrá Europa serán muy reales: más ajustes (en pensiones, desempleo y funcionarios) y más control sobre nuestras cuentas.

Y aquí está el problema: con la recesión, España no puede cumplir el déficit prometido este año ni el que viene, como reconoce el FMI. La desviación serán 20.000 millones. Si hay un segundo rescate y nos obligan a cumplir, el Gobierno y las autonomías tendrán que recortar esos 20.000 millones adicionales. Un suicidio imposible.

Así las cosas, la solución no es que España cuente con la ayuda del BCE como el primo de Zumosol frente a los mercados. La única solución es cambiar de política, crecer, crear empleo, para poder recaudar más y cumplir con la rebaja del déficit y con los mercados. ¿Cómo? Tendrían que darnos dos años más de margen, para llegar al 3% de déficit en 2016, aumentar los ingresos (subiendo impuestos a los que más ganan y a las empresas con beneficios) , incentivar el consumo (bajando impuestos a los que ganan menos de 25.000 €) y el empleo (con rebajas fiscales y de cuotas), promover el crédito (con avales públicos)  y aumentar la inversión pública en formación,  infraestructuras, tecnología, exportaciones, turismo y sectores con futuro, como la Dependencia y la agroindustria. Poner España a trabajar. Por el otro camino, el que sufrimos desde hace 1.000 días, hundirán más al país. Con o sin rescate.

Pacto y segundo rescate a las autonomías

Todos han hecho el paripé en la Conferencia de presidentes autonómicos, para tranquilizar a Bruselas y los mercados. El precio ha sido un nuevo rescate a las autonomías, 18.000 millones para tapar sus agujeros más urgentes. Rajoy gana tiempo y las autonomías llegan a fin de año. Pero el problema sigue ahí: las autonomías no tienen recursos suficientes para financiar los servicios básicos, al margen de que gasten mejor o peor. Y el Gobierno les fuerza a recortar el déficit más que el Estado. No salen las cuentas y por eso han necesitado dos rescates en cuatro meses. Y unos duros recortes, que seguirán en 2013. El problema es el reparto de fondos y de poder entre el Estado y las autonomías, cuya solución se retrasa hasta 2014.Pero está ahí y volverá a salir, porque la recesión asfixia a las autonomías. Y a nosotros con ellas.

enrique ortega

Entre alfombra roja, banderas y sonrisas, Rajoy y las autonomías han alcanzado un pacto de mínimos: sois buenos y os comprometéis a hacer los recortes que impone Bruselas y a cambio os ayudo a llegar a fin de año, a que paguéis a los bancos los 15.000 millones de vencimientos de deuda que tenéis este trimestre. Y aparcamos para 2014 los dos problemas de fondo: la reforma del sistema de financiación autonómica (que debía entrar en vigor en 2013) y el reparto del recorte del déficit público (menos drástico para el Estado). Para 2013, las autonomías aceptan que del 4,5 % de déficit comprometido por España con Bruselas, 3,8% lo tenga el Estado (unos 38.000 millones) y 0,7% las autonomías (sólo 7.000 millones de déficit, la mitad que este año) . Y  Rajoy acepta cambiar el reparto del déficit 2014, que no es tan problemático: 2,7% para el Estado (27.000 millones) y 0,1 % (1.000 millones) para las autonomías.

Rajoy gana tiempo y vende unidad frente a Bruselas. Y las autonomías consiguen sobrevivir, a cambio de la ayuda del Gobierno. De momento, las dos más contestatarias, han conseguido dos anticipos de urgencia: 560 millones a Cataluña para pagar los gastos más urgentes (y van cuatro anticipos este año) y otros 1.000 millones a Andalucía para vencimientos de deuda. Además, el Gobierno ha abierto la ventanilla para un segundo rescate a las autonomías: un Fondo de Liquidez que va a prestarles 18.000 millones para que paguen sus vencimientos de deuda, a algunos proveedores (sanitarios, farmacias, conciertos educativos y Universidades) y a los Ayuntamientos (les deben 800 millones).

De momento, ya han pedido la ayuda del Fondo 6 autonomías: Cataluña (5.023 millones), Comunidad Valenciana (4.500), Murcia (528), Andalucía (4.906),Castilla la Mancha (848) y Canarias (756), lo que supone el 92 % de los recursos disponibles. A cambio de estos créditos, Hacienda reforzará el control sobre las autonomías y sus planes de ajuste, con “hombres de negro” vigilando sus cuentas (como Bruselas hace con Grecia, Irlanda, Portugal o España).

Es el segundo rescate del Gobierno a las autonomías en cuatro meses, ya que en junio puso en marcha un Plan de créditos para que 14 autonomías pagaran 17.000 millones de deudas a proveedores. Un nuevo parche que no resuelve el problema de fondo: la insuficiencia de fondos de las autonomías y más cuando la recesión les está tirando por los suelos sus ingresos y se les  recorta la aportación del Estado. En los dos últimos años, pero más en 2013: las transferencias del Presupuesto a las autonomías bajarán un 12 % y, lo más grave, la inversión pública que el Estado hace en sus territorios caerá un 16,2%. Perderán 2.065 millones en inversiones públicas, sobre todo Galicia (-397 millones), Comunidad Valenciana (-358), Castilla la Mancha (-243) y Andalucía (-220), aunque en porcentaje las que más inversión pierden son Navarra (-68%), Baleares (-45%) y Aragón (-30%). Y se incumplen los compromisos de inversión de los Estatutos de autonomía de Cataluña (-55% de inversión en 2 años) y Andalucía.

Por eso saltaron las críticas de Cataluña, Andalucía y varios barones del PP, ahora acallados con el segundo rescate. Pero con ese dinero no resolverán su problema para 2013: bajar el déficit autonómico del 1,5% este año (que será más) al 0,7%. Eso les va a obligar a hacer unos Presupuestos 2013 mucho más duros que los de este año, con más recortes y subidas de impuestos. Y no lo tienen fácil. Poco pueden hacer para subir ingresos con los impuestos cedidos, ya que los importantes (IRPF, IVA, especiales, sociedades) están en manos del Estado. Y en los gastos, el 70% van a financiar educación, sanidad, Dependencia y servicios sociales. Aquí han metido ya un buen tajo y poco pueden hacer, aunque darán otra vuelta de tuerca en 2013, en perjuicio de  los servicios públicos, ya muy deteriorados. Y tendrán que hacer un mayor ajuste en el sector público autonómico.

Rajoy se ha comprometido con Bruselas a que las autonomías recortarán 9.500 millones en gasto corriente, por tres vías: recorte de 3.600 millones en gasto de personal (más despidos a sumar a los 176.000 despidos públicos en el último año) y cierre de 127 empresas públicas, recorte de subvenciones (a particulares, empresas y Ayuntamientos) y “reprogramación” de inversiones (en castellano: ni una inversión nueva, a pesar de riadas, incendios y clases en barracones).

En resumen, que los recortes del Estado se agravan para 2013 en las autonomías, que será donde más los notemos los ciudadanos, con una educación de peor calidad, una sanidad menos eficiente y con más listas de espera, menos ayudas a la Dependencia y un drástico recorte en los gastos sociales cuando más se necesitan. Y como la recesión seguirá ahí y a las autonomías les volverá a caer la recaudación, tendrán que hacer nuevos recortes para intentar cumplir con Bruselas y con Hacienda. Y eso conllevará más recesión y más recortes. Un callejón sin salida.

En el fondo, lo que ha pasado es que la crisis ha hecho estallar por los aires el modelo autonómico: España es uno de los países más descentralizados de Europa, donde las autonomías gastan el 37%, frente al 50% de la Administración central (20% el Estado y 30% la Seguridad Social) y un 13% los Ayuntamientos. Y sin embargo, el Estado no les ha transferido ingresos suficientes, con lo que cada año van acumulando déficit y deudas (como le pasa a la Sanidad). Podemos pensar que había que recortar las autonomías. Pero si no se da marcha atrás y se les recorta competencias, hay que darles recursos. Y eso pasa porque el Estado central ceda ingresos. O sea poder. Y claro, se resisten a ceder parte de su pastel. El otro problema es revisar el sistema de financiación y los criterios de reparto del pastel autonómico, que no convencen a la mayoría. Ahora, ambos temas se aparcan: no toca.

Pero el sistema hace aguas por todas partes y saltará de nuevo, harán falta más rescates. Y mientras, los ciudadanos pagaremos las duplicidades de poder, la pelea de dos administraciones por nuestros impuestos y los agobiantes recortes en los servicios públicos. Ellos ganan tiempo, satisfechos con el Pacto, pero los problemas los sufrimos nosotros.