Se acabaron los “paños
calientes”. Tras las elecciones
en Andalucía y Asturias, llegan los recortes
más duros, por triplicado: los del
Estado central, Ayuntamientos y autonomías,
que serán los peores, porque van a recortar
más en sanidad, educación y gastos sociales. Pero no sólo habrá recortes y despidos (más de 300.000 empleados
públicos contratados). Nos van a brear a subidas, sobre todo
Ayuntamientos y autonomías, desde las tasas por agua y basuras al aumento de
las matriculas universitarias o nuevos
impuestos autonómicos sobre la gasolina, la compra de coches, la venta de
casas, las recetas o el turismo. Al final, 34.000
millones de ajuste que se van a traducir en menos consumo, menos inversión y más paro. Y al final, con menos
crecimiento, ingresarán menos y habrá que
hacer otro recorte en otoño.
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| enrique ortega |
La mitad del recorte
(17.037 millones) le toca al Estado
central, en los Presupuestos que
se presentan el 30 de marzo. Casi un tercio está hecho con la subida
de impuestos (IRPF e IBI: 6.475 millones) aprobada en diciembre. El
resto saldrá de todas las partidas (salvo pensiones y pago intereses deuda),
con una rebaja del 12,5% en los Ministerios, que llegará al 40% en inversión
pública (6.000 millones menos para infraestructuras). Pero no será
suficiente. Rajoy tendrá que bajar el coste de los funcionarios, rebajando complementos y quizás alguna extra (una
paga menos son 4.500 millones de ahorro), como ha hecho Cataluña. Y acabará recortando
plantillas estatales (687.000 empleados), de interinos y contratados.
Pero no bastará con
hacer recortes. El Gobierno tendrá que buscar
más
ingresos y podría subir los impuestos especiales que
pagamos al comprar carburantes, tabaco y alcohol, rebañando 1.000 millones. Y
subirnos tasas. También puede rebajar
deducciones en el impuesto de
sociedades, un coladero para
ahorrarse impuestos las grandes empresas. Y un poco de “contabilidad
creativa”: cambiar subvenciones por créditos, para reducir el déficit.
El ajuste más duro lo
harán las autonomías,
no tanto por la cantidad (14.907
millones) como porque su gasto no es
fácilmente recortable: el 71% se va en sanidad, educación y gastos
sociales. Y además, el recorte concentra
(73% del total) en cuatro
autonomías, las que tienen más déficit: Cataluña (-4.335 millones ajuste), Andalucía (-2.469), Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034). Un esfuerzo titánico si se recuerda que
Cataluña, líder en recortes, sólo
rebajó su déficit en 1.134 millones en 2011. Ahora tiene que ajustarlo cuatro
veces más.
Los recortes de las
autonomías van a ir primero por la vía de gastos de personal, el
40% del presupuesto. Cataluña
ya ha rebajado un 5% las pagas extras
para 2012 y otras podrían imitarla, según haga Rajoy con los funcionarios
estatales. Y habrá más recortes de
plantilla, ya que de los 1,3 millones de empleados autonómicos, 434.942 no
son funcionarios (y la mitad son interinos o cargos de libre designación). Y
tendrán que suprimir la mayoría de
las 2.276
empresas públicas autonómicas. Además, van a suprimir obras públicas, reducir costes y alquileres, vender los
edificios que puedan y reducir subvenciones
a empresas, familias y Ayuntamientos.
Pero los recortes no
son suficientes. Las autonomías van
a subirnos impuestos: transmisiones patrimoniales (Baleares, Extremadura,
Andalucía) y Actos Jurídicos Documentados (Cataluña, Comunidad Valenciana y
Andalucía). Y crean otros nuevos, a
la producción de energía y nucleares (Castilla y león), infraestructuras
(Baleares) o residuos (Cantabria y Castilla y León). Y las que no lo han hecho
ya (11 autonomías), subirán el céntimo
sanitario a los carburantes (Baleares y Navarra).Otras subirán las tasas universitarias o el agua. Y
algunas, como Cataluña, cobrarán (desde junio) 1 euro por receta y entre 1 y 3
euros por dormir en hoteles. Y el último
invento que han acordado todas: cobrar
por renovar la tarjeta
sanitaria (10 €).
El recorte de los
Ayuntamientos es pequeño (1.064 millones), pero la mayoría están quebrados
y tienen que sanear a fondo sus cuentas. Empezarán por sus plantillas (45% del gasto), rebajando sueldos e ingresos (con menos
horas), ajustando plantillas (un tercio de sus 656.000 empleados son interinos)
y cerrando muchos de los 1.793 consorcios
municipales. Tendrán que meter la
tijera en sus gastos
“impropios”, un 20% del total: protección
civil, educación, servicios sociales y, sobre todo, en deporte y cultura
(financian dos tercios de la cultura en España). Y nos subirán tasas (basuras, agua), aparcamiento,
multas y todos los servicios,
empezando por los transportes
municipales.
El ministro de
Hacienda va a forzar estos recortes
de autonomías y Ayuntamientos, ya que tienen que presentar sus Planes
de ajuste el 30 de marzo (Ayuntamientos) y el 30 de abril (autonomías),
a cambio de ayudarles a pagar las facturas
a proveedores en mayo (35.000 millones). Si no, además, no les dará los adelantos de impuestos ni les dejará endeudarse. Como Bruselas con Grecia. A cambio,
tratará de aprobar reformas (en los medicamentos, en la sanidad, en las
prestaciones sociales) para ayudarles a
hacer el ajuste.
Al final, el primer
efecto de los recortes por
triplicado va a ser el despido
de unos 300.000 empleados públicos,
contratados e interinos, entre Estado, autonomías, Ayuntamientos y empresas
públicas. Y una caída de la actividad,
la inversión y el consumo, junto a mayores estrecheces para los que más
sufren la crisis, al reducirse las ayudas. Medidas que agravan la recesión
y el paro, ya graves antes de estos recortes. Y lo peor es que caerá la
recaudación y en otoño harán falta más
recortes. Y en 2013. Nos metemos más
en el pozo.
