Necesitamos empresas más grandes

Las pymes disfrutan en España de una excelente imagen pública, mejor que las grandes empresas. Pero lean este dato: de los 2,5 millones de empleos creados desde 2020, casi el 70% lo han creado las grandes empresas, mientras las micropymes (1 a 9 trabajadores) sólo han creado el 1,5% del nuevo empleo. Y esto es preocupante porque sólo un 0,2% de las empresas españolas son grandes (más de 250 trabajadores) y el 90% son pymes con menos de 50 empleados. Los estudios demuestran que las grandes empresas son más competitivas, exportan más, tienen más innovación y tecnología y crean más empleo estable y mejor pagado. Y que una de las causas de que España tenga menos productividad es que tenemos demasiadas pymes. Por eso, Europa, que también tiene muchas pymes, busca apoyar a las empresas medianas para que ganen tamaño y competitividad. En España se aprobó en 2022 la Ley Crea y Crece, para facilitar la creación de empresas y aumentar su tamaño. Porque el tamaño importa y mucho.

                             Enrique Ortega

España ha crecido en los últimos 5 años (de 2021 a 2025) más que la media europea y más que Alemania, Francia o Italia. Y se ha consolidado como la 4ª potencia económica de la Unión Europea, con una producción (PIB) de 1.685.783 millones de euros en 2025, sólo por detrás de Alemania (4.469.910 millones), Francia (2.979.085 millones) e Italia (2.258.049 millones), aunque somos la 5ª economía europea si contamos a Reino Unido (3.545.339 millones de PIB). Y las tres economías que nos siguen quedan todavía lejos: Paises Bajos (1.179.660 millones € de PIB), Polonia (918.464 millones) y Bélgica (641.893 millones).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad y renta de cada país. Y con este dato, nuestra  posición cambia drásticamente: España produjo 28.310 euros por habitante en 2025 (ajustado con la inflación), el 83% del PIB real per cápita de la UE-27, que fue 34.100 euros, según acaba de publicar Eurostat. 

Y si ajustamos este PIB por habitante con el poder de compra de cada país (PPA), la producción real por habitante, España salta del 4º al 15º puesto de la UE-27, según publica hoy Eurostat, porque hay 14 paises más productivos (PIB real per cápita) que España (92% del PIB real UE-27): Luxemburgo (239% del PIB por habitante europeo), Irlanda (237%), Paises Bajos (134%),  Dinamarca (127%), Austria (117%), Bélgica (115%), Alemania (115%), Malta (110%),  Suecia (110%), Finlandia (101%), Francia (98% del PIB real comunitario), Chipre (98%), Italia (96%) y Chequia (92% del PIB por habitante real UE). España baja un puesto en este ranking (nos adelanta Chequia) y mantiene el porcentaje del 92% del PIB por habitante de 2024, que empezó en el 76% en 1986 (al ingresar en la CEE), subió del 100% entre 2002 y 2009, bajó hasta el 83% en 2020 (pandemia) y se recupera hasta el actual 92% del PIB por habitante europeo.

Este es el dato importante para comparar la productividad entre paises y el que explica la diferencia entre nuestra renta y nuestros salarios y los de otros paises europeos con mayor productividad y mejor nivel de vida. Así que crecemos mucho, más que el resto, pero también ha crecido mucho nuestra población (somos 2,5 millones más que en 2019, básicamente por los inmigrantes), con lo que se mantiene una “brecha”, una distancia con Europa en nuestro PIB real por habitante (era el 83,45% en 2019 y el 83,02% ahora).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, a finales de 2025, del 72,4%, frente al 76,2% en la UE-27, el 81,4% en Alemania y el 75,5% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,4% en Paises Bajos, al 80,2% en Irlanda, al 81,8% en Suecia o al 83,6% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 67,6%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,12 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,7 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitantes) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (demasiadas pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar.

Estos expertos argumentan otras 3 causas de peso para explicar nuestra menor productividad. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Un tercer factor contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Voy a centrarme en una de estas causas, el pequeño tamaño de nuestras empresas, clave para explicar nuestra baja productividad y el empleo que se crea. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque más empresas medianas (el 0,93%) y casi igual porcentaje de pequeñas y microempresas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos, creado el resto del empleo (29,8%) las empresas medianas (50 a 249 empleados) y pequeñas (de 10 a 49 empleados). Según este estudio, una de las claves es que las grandes exportan mucho más (1.000 grandes empresas suponen el 67% de la exportación total) y eso les permite crecer y crear más empleo. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

Lo positivo de los últimos años, según Funcas, es que el número de grandes y medianas empresas ha crecido en España tras la pandemia: hay +23,6% grandes empresas (+250 trabajadores) y +11,5% medianas y pequeñas (10 a 249 empleados), mientras ha caído el número de micropymes (-1,1%). Este mayor aumento de grandes y medianas se observa en la mayoría de sectores, más en servicios profesionales y actividades con alto contenido tecnológico, también en sectores ligados al turismo y al consumo interno. Parece que las empresas españolas han ganado tamaño para acceder mejor a los Fondos europeos, por el aumento del salario mínimo (que fuerza a las empresas a una mayor eficiencia y al cierre de micropymes) y por las ayudas públicas y la reducción de los umbrales regulatorios y tributarios que les ha permitido crecer de tamaño.

Con todo, seguimos con demasiadas pymes y hay poco dinamismo y regeneración empresarial: se crean pocas empresas nuevas y las que se crean duran pocos años, mientras persisten las más longevas (las empresas con más de 22 años de antigüedad), que aportan la mitad de la inversión total. Por eso, los expertos piden ayudar a las nuevas empresas a hacerse un hueco, fomentando la formación y el talento (que no encuentran las empresas más jóvenes), su internacionalización y financiación (que tienen más difícil), reduciendo la normativa (a la estatal se suman las normas “dispares” de 17 autonomías).

Pero otro estudio de AFI señala que la principal causa de que las pymes españolas no crezcan más no es la falta de financiación y ayudas o el exceso de regulación sino “las decisiones de gestión” y el mayor o menor “apetito por el riesgo”. Y lo justifican con un estudio en 9.000 empresas medianas y su evolución entre 2008 y 2023, donde vieron que había un Top de 100 empresas medianas líderes en crecimiento de ventas (x10), plantillas (x8), inversión (el doble que la media), productividad y rentabilidad (+50% que la media). Y además, la mitad de estas 100 empresas “scalers” (crecimiento rápido) o “scaleups” dieron un salto a la categoría de “gran empresa”. Y los autores creen que este éxito de esas empresas se explica por su estrategia y ambición, siendo menos relevantes las exigencias contables, fiscales o laborales que argumentan las pymes como freno para crecer.

Cara al futuro, el estudio de AFI señala que España necesita duplicar el número de empresas medianas (de 27.673 a 50.000) y grandes (de 6.019 a 10.000) y además que estén mejor repartidas por todos los sectores (hoy las grandes se concentran en los servicios y la industria)  y territorios (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran las medianas y grandes empresas), como requisito clave para mejorar la productividad y crear más empleo. Y plantean este dilema: o mejoramos la productividad (produciendo más por habitante, con más valor añadido) o será la baja productividad quien nos gobierne, con sus secuelas de salarios bajos (son un 20% más bajos porque tenemos un 20% menos de productividad que la zona euro) y menor PIB por habitante, un menor nivel de vida que gran parte de Europa.

Como el problema del tamaño empresarial no es sólo español (aunque se agrava en España), la Comisión europea aprobó en mayo de 2025 una Recomendación para promover a las empresas medianas-grandes, las llamadas “small mid-caps” (de 250 a 750 trabajadores y una facturación anual de 50 a 150 millones de euros), para que sean la punta de lanza de un proceso de aumento de tamaño de las empresas europeas, para ayudarles con una regulación y financiación específica a que den un salto de escala y en unos años ganen tamaño, productividad y competitividad, clave para que Europa compita mejor en el mundo.

En España, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2024 el Consejo Nacional de Productividad, integrado por 15 expertos independientes, que han publicado este 4 de marzo el I Informe sobre la Productividad en España, donde proponen impulsar la inversión privada, mejorar el acceso de las empresas jóvenes a la financiación no bancaria (mercados, emisiones, micromecenazgo), una “mejor” regulación (no “menos”) y el fomento de la formación y el capital humano, alertando de que si las empresas españolas no aceleran la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), podría aumentar nuestra “brecha de productividad”. Además, falta que se desarrolle la Ley “Crea y Crece”, aprobada por el Congreso en septiembre de 2022, para facilitar la creación de empresas (ahora se pueden  constituir con 1 €, frente a 3.000 antes), mejorar su financiación, reducir los obstáculos regulatorios e impulsar su crecimiento, reforzando la unidad de mercado (1 país y 17 autonomías).

En resumen, es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.

Industria: España se aleja de Europa

Hemos tenido otro verano récord de turistas, pero no tanto como se esperaba, por los altos precios, las olas de calor y el estancamiento económico en Europa tras los aranceles de Trump, que han reducido los turistas alemanes y franceses. Es el momento de repensar el futuro del turismo y si España debe crecer siendo la California de Europa, a costa de hoteles, bares, comercio y ocio, que generan un empleo inestable (se han perdido 200.000 empleos en agosto) y mal pagado. La alternativa es promover la industria, avanzar en sectores competitivos y con futuro, apoyados en la tecnología, digitalización y una energía renovable que nos aporta tener la luz más barata de Europa. Pero España está muy rezagada en industria respecto a Europa y hemos perdido 723.500 empleos industriales en este siglo. Urge un Pacto social por la industria, pero los enfrentamientos políticos tienen parada en el Congreso una nueva Ley de Industria aprobada por el Gobierno en diciembre de 2024. Sin más industria no hay futuro.

                            Enrique Ortega

Aunque muchos no lo sepan, España fue un país muy industrializado hace unos 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB). Y todavía en 1980, éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (siderurgia, naval…), ruinosas por la competencia de paises en desarrollo. En los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera…), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Resultado: el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,8% del PIB en 1987 se pasó al 16,36% en 2007 y a un mínimo de 15.98% del PIB en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar el 14,5% del PIB en 2019. Y aunque mejoró su aportación con la pandemia, por el menor peso de los servicios y la construcción, su aportación no superó el 16% del PIB en 2022. Y luego ha seguido cayendo.

Tras este “desplome industrial”, España es ahora la 17ª potencia industrial del mundo y compite, sobre todo, en precio (gracias a los menores salarios) y con manufacturas que aportan poca innovación, tecnología y valor añadido. Pero el mayor problema es que la industria en España se encuentra muy rezagada respecto a Europa y la brecha se ha agravado en este siglo. Así, la aportación industrial en España es del 11,8% del PIB en 2024 frente al 15.6% que aporta la industria europea el crecimiento (el objetivo de la Comisión es que aporte el 20% en 2030). Y este retraso español en la aportación de la industria (-3,8%) se ha duplicado en este siglo: en el año 2.000, la industria española aportaba el 17,99 % del PIB, frente al 19,4% la UE (-1.41% de diferencia), según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA e Ivie. A lo claro: que éramos un país menos industrial que Europa en el 2000 y ahora lo somos aún menos.

Lo más preocupante no es sólo la pérdida de industria en este siglo, sino sus consecuencias negativas para el empleo. El estudio revela que la industria española mantenía el 17,3% del empleo en el año 2.000 (el 18% la europea) y que en 2024 sólo mantuvo ya el 9,9% del empleo total (13,7% la industria europea), lo que vuelve a indicar que la pérdida de empleo industrial en este siglo ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa. La cifra que aportan la Fundación BBVA e Ivie es muy llamativa: se han perdido 723.500 empleos industriales en España entre el año 2.000 y el 2024, un 25% del empleo industrial español. Trabajadores que han ido al paro o se han reciclado en la construcción y los servicios, con empleos generalmente más precarios y peor pagados que en la industria.

No sólo se ha perdido empleo y actividad industrial, también se han reducido las exportaciones españolas de productos industriales, que ayudaban a generar divisas y empleo, aportando desde fuera al crecimiento global. Y ahí, de nuevo, España está rezagada respecto a Europa: las exportaciones industriales aportan el 20,3% del PIB, mientras en la UE-27 aportan el 31,1%, según el informe. Y eso tiene que ver con los productos industriales que exportamos (con menos tecnología y menos valor añadido) y con  una menor productividad de la industria española, derivada del menor tamaño de sus empresas, la menor innovación, digitalización y tecnología, la falta de internacionalización, la ubicación geográfica y los mayores costes, factores que no compensan unos sueldos mucho más bajos.

Otro problema de la industria española, según el informe, es que está demasiado concentrada en sectores menos productivos y competitivos. Así, el 60% de toda la producción industrial se concentra en 4 sectores: industria agroalimentaria (19,4%), metalurgia y productos metálicos (12,7%), industria química y farmacéutica (12,1%) y material de transporte (11,8%). Significa que tenemos una industria muy concentrada en “alimentar a Europa” y proveerla de metales, química y medicamentos, pero con poco peso de las industrias más competitivas y que aportan más crecimiento y empleo: fabricación de maquinaria y bienes de equipo (tenemos la mitad de industria que Europa), productos informáticos, electrónica y óptica (tenemos casi 6 veces menos de industria que la UE-27).

El estudio destaca que la Comisión Europea pretende relanzar la industria en los próximos años, como palanca para competir con EEUU y China. Y recuerda que el gran objetivo es que la industria europea aporte el 20% del crecimiento y el empleo en 2030 (España está lejos, en el 11,8%, mientras la UE-27 alcanzó el 15,6% en 2024, superando el 20% Alemania pero sin alcanzar ese nivel de industrialización ni Francia ni Italia). Para mejorar la industrialización, Bruselas propuso a los paises en 2023 (“Plan industrial del Pacto verde europeo”)  utilizar dos palancas: mejorar la digitalización y afrontar el reto energético, para que la industria consuma menos energía y más barata.

La primera asignatura pendiente de la industria española es aumentar su digitalización, dentro de un proceso más global de incorporar más tecnología e innovación. Y aquí también vamos retrasados respecto a Europa: el 62% de las manufacturas españoles presentan “un nivel básico de digitalización”, frente al 68,3% de media en la UE-27, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie, cuando el objetivo debería ser que alcanzaran ese nivel básico el 90% de las industrias europeas. Y sólo el 21,9% de las industrias españolas tienen un nivel avanzado o muy avanzado de digitalización, frente al 28,7% de las europeas.

En cuanto a las inversiones en tecnología, la industria española también está retrasa respecto a la europea: en España, el 29% de toda la inversión en I+D+i la realiza la industria (con todo, el sector económico que más invierte en tecnología) casi la mitad de lo que invierte en tecnología la industria europea (el 52,4% de tosa la inversión en I+D+i).

El segundo reto a medio plazo de la industria, europea (y española), es consumir menos energía y a unos precios más bajos. Hasta hace unos años, la industria española pagaba más cara la energía (incluida la luz) que el resto de la industria europea, aunque nuestra industria es energéticamente más eficiente (gasta menos energía por unidad de producto), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Pero en los últimos años, la industria española se ha beneficiado de la revolución de las renovables en España (generan  el 57,1% de la electricidad)  y ahora es la industria que paga la luz más barata de Europa: si en 2008, la industria española pagaba un 31,5% más por la electricidad que las industrias europeas, en 2024 pagó un 20,9% menos, según CaixaBank Research.

Precisamente, esta es ahora la mayor ventaja de la industria española para competir fuera: los menores costes de la electricidad, gracias a las renovables. Pero España cuenta también con debilidades estructurales en su industria. La primera, el escaso peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las “industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, transporte y automóvil, que suponen el 60%). La segunda, el menor tamaño de nuestras industrias (hay “demasiadas” pymes: sólo el 15% tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las alemanas), que tienen menos negocio (facturan 3,42 millones frente a 4,17 millones las europeas). La tercera, el atraso tecnológico, por partida doble: España invierte menos en Ciencia y las industrias españolas gastan la mitad en tecnología que las europeas.

Con todos estos “hándicaps” estructurales, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero hay que hacerlo, para conseguir una mayor competitividad y un empleo más estable y mejor pagado. Varias son las medidas claves para reindustrializar España que propone el informe de la Fundación BBVA e Ivie: potenciar industrias con más valor añadido y más productividad, apostar más  por la innovación y digitalización, aumentar el peso de las grandes empresas (fusiones y concentraciones para crear industrias más grandes), mayor internacionalización de la industria, más apoyo financiero a los proyectos industriales y eliminación de trabas administrativas más ayudas e incentivos fiscales.

España tiene ahora otra oportunidad de oro para impulsar la industria, junto a los bajos precios de la energía: los Fondos europeos. Ya en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno Sánchez a Bruselas, el 30 de abril de 2021, se apostaba por destinar el 17,1% de todos los Fondos europeos (72.000 millones en subvenciones a fondo perdido) a la política industrial en 4 años. El objetivo era “modernizar la industria española” para que sea “más digital y tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE. La apuesta era apoyar a los sectores industriales claves (“tractores”) como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica, aeronáutica y máquina herramienta, aportando además por sectores nuevos, que quiere impulsar el gobierno europeo, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía circular (reciclaje residuos) y los microprocesadores.

Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se tradujo en la aprobación (entre julio de 2021 y mayo de 2022)  de 8 Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a medio plazo donde se pone dinero público (de los Fondos UE y del Presupuesto) para atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023, 4.300 públicos), PERTE energías renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492 públicos), PERTE industria naval (1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores (12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En total, una inversión industrial histórica, de 66.000 millones de euros, que pretende crear 500.000 nuevos empleos.

Sindicatos y patronal llevan años pidiendo un mayor apoyo a la reindustrialización de España, como vía para mejorar la productividad, aumentar las exportaciones y reducir la dependencia exterior, modernizar e innovar la economía y aumentar el crecimiento y lograr un empleo más estable (en los servicios y el turismo, los empleos se ganan y se pierden) y mejor remunerado (el sueldo bruto en la industria es de 31.064 euros brutos anuales, un 38,5% más alto que el sueldo medio y el doble que en hostelería y comercio). Por eso, el 26 de noviembre de 2016, sindicatos y patronal firmaron un Pacto de Estado por la Industria, acordando un decálogo de medidas (rebaja costes energéticos, digitalización, tecnología, fusiones, inversiones, formación, desregulación, internacionalización…), que pidieron entonces al Gobierno Rajoy. Pasaron los años, cambio el Gobierno y las medidas no se aprobaron. Y el 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en el Congreso, con el apoyo de todos grupos. Pero sin consecuencias…

Mientras, los Fondos europeos se han traducido en  financiación para multitud de proyectos industriales en España, básicamente a través de los PERTEs (programas estratégicos) del vehículo eléctrico, las energías renovables, el sector agroalimentario, la economía circular, la industria naval y aeroespacial, la microelectrónica y los semiconductores. Y en diciembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley de Industria, para sustituir a la actual Ley, que es de 1992. Su objetivo es impulsar una nueva estrategia industrial en España para incrementar su peso en la economía y el empleo, mejorar su competitividad y conseguir una mayor digitalización y descarbonización de la economía, en linea con los objetivos y medidas de la Estrategia industrial europea. El problema es que la Ley sigue estancada en el Congreso, en fase de enmiendas (el plazo se ha ampliado 18 veces) y no parece fácil que se vaya a aprobar este año, por la falta apoyo del PP y las reticencias competenciales nacionalistas.

España necesita tener una estrategia industrial clara para acortar distancias con la industria europea y conseguir que aporte el 20% del crecimiento y del empleo. Y para ello, hay que corregir sus debilidades estructurales y potenciar la ventaja comparativa de una energía barata. Se trata de apostar a tope por la industria, generalizando su importancia en toda España (sólo algunas regiones tienen un alto peso de la industria:  Navarra, la Rioja y País Vasco y parte de Cataluña y Madrid), para asegurar un mayor crecimiento de la economía y un empleo estable y mejor pagado. Y, sobre todo, para que España pueda competir mejor en un mundo con una industria globalizada. No podemos seguir siendo la California de Europa,  un país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.

 

España se acerca a Europa

España lleva ya 4 años seguidos creciendo más que la media europea (2021,2022, 2023 y 2024) y eso nos ha permitido conseguir algo importante: reducir la brecha de productividad y riqueza con Europa. Si en 2020, por la recesión de la pandemia, producíamos el 83% de la media europea, en los últimos 4 años hemos dado un salto importante y ya producimos el 92% (la brecha que teníamos en 2016). Con todo, lo preocupante es que todavía estamos en el puesto 14º del ranking europeo de productividad (y riqueza): nos adelantan no sólo las grandes economías sino también paises como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta , Finlandia o Chipre. El motivo: que en España trabaja menos gente y con menos eficacia, por nuestro modelo económico y empresarial. Ahora, con los aranceles de Trump, parece que dañarán más a otros paises europeos que a España, que crecerá, por 5ª año, más que la media europea. Y eso nos permitirá acercarnos más a Europa en 2025.

                          Enrique Ortega

España volvió a crecer en 2024 más que la mayoría de Europa, como ya pasó en 2021, 2022 y 2023: nuestro PIB aumentó un +3,2%, 4,5 veces el aumento del crecimiento de la zona euro (+0,7%) y que Italia (+0,7%), el triple que Francia (+1,1%) y muy por encima de Alemania (cuya economía cayó otra vez, un -0,2%). Con ello, España se consolida como la 4ª mayor economía de la UE, con una producción (PIB) de 1.591.627 millones de euros en 2024, sólo por detrás de Alemania (4.305.260 millones de PIB), Francia (2.921.411 millones) e Italia (2.192.181 millones), según Eurostat. Y si tomamos toda Europa, seríamos la 5ª mayor economía europea, porque Reino Unido es la 2ª, con un PIB de 3.364.019 millones de euros en 2024. A España le siguen, todavía lejos, Paises Bajos  (1.134.115 millones de PIB), Polonia (840.131 millones) y Bélgica (614.538 millones de PIB en 2024).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad y la renta de cada país. Y con esta estadística (PIB por habitante), la situación cambia drásticamente: España produjo 27.740 euros por habitante en 2024, un 92% de la media UE-27 (33.530 euros), un 65% que Alemania (42.580 euros/habitante), un 73,2% que Francia (37.870 euros/habitante) y un 84,5% que Italia (32.810 euros/habitante), según Eurostat. Y además, producimos casi la mitad que Paises Bajos (51.170 euros por habitante) y menos de la mitad que Dinamarca (60.510 euros/habitante), Irlanda (85.700) y Luxemburgo (100.880), los 3 paises más productivos de Europa.

Este dato es el mejor para comparar la productividad en Europa por paises (y la renta o nivel de vida), ya que tiene en cuenta la población y la inflación de cada país. Eurostat acaba de publicar el dato de 2024 y España ha mejorado su posición en el ranking de paises más productivos, subiendo del puesto 15º que teníamos en 2023 (y en 2019, antes de la pandemia) al puesto 14º en 2024. El PIB por habitante de España en 2024 fue el 92% de la media europea (UE-27), subiendo del 91% que estábamos en 2023 y en 2019.

Cuando España ingresó en la CEE, en 1986, teníamos un PIB por habitante que era del 76% de la media europea. En el año 2000 rozamos el 100% (98%) y lo superamos en 2002 (101%), alcanzando nuestro máximo en 2006 (105% del PIB por habitante europeo) y manteniéndonos por encima de la media UE en 2007 (104%), 2008 (102%) y 2009 (101%). Pero la crisis financiera y de la deuda nos llevó a una recesión, más grave en España, que volvió a alejarse de Europa, desde 2010 (96% del PIB por habitante UE-27) hasta 2013 (90%). Y aunque luego se recuperó ligeramente (92% en 2016), cayó fuerte con la pandemia (83% del PIB por habitante europeo en 2020), recuperándose después hasta el 92% de 2024.

Estos datos significan que España, aunque sea la 4ª mayor economía de la UE-27, está por detrás de 13 paises europeos que nos ganan en producción por habitante (PIB por habitante) y por tanto en renta y nivel de vida. En 2024, había 10 paises UE que produjeron más por habitante que la media UE-27 (índice 100) y por eso “son los más ricos”, según Eurostat: Luxemburgo (241% del PIB por habitante europeo, porque tiene un alto PIB y poca población censada), Irlanda (211% del PIB UE-27, porque tiene radicadas muchas multinacionales que facturan allí y producen en otros paises), Paises Bajos (produce el 135% de la media UE-27), Dinamarca (128%), Bélgica (117%), Austria y Alemania (producen el 115% de la media UE-27), Suecia (114%), Malta (109%, por ser paraíso fiscal y sede muchas multinacionales) y Finlandia (103%). A estos “10 más productivos y ricos” les siguen Francia (99% del PIB de la UE-27), Italia (98%) y Chipre (95%), ocupando el puesto 14º España, con un PIB por habitante que es el 92% de la media UE-27. En 2019 nos superó también Chequia y en 2023 nos superaba Eslovenia, dos paises que ahora están por detrás de España.

Lo llamativo de este ranking del PIB por habitante en 2024 es que los paises ricos del centro y norte de Europa han empeorado su productividad (PIB por habitante en relación a la media UE-27), por su menor crecimiento y la recesión en Alemania, mientras ha mejorado su situación la Europa del sur, que ha crecido más tras la pandemia. Así ha caído el porcentaje del PIB/habitante frente a la media (entre 2019-2024) de Austria (-9%), Alemania (-7%), Francia (-6%), Finlandia y Chequia (-4%) o Suecia (-3%), mientras reducían su brecha de productividad con la UE-27 Portugal (+5%), Grecia (+3%), Italia o Chipre (+2%) y España (+1%: del 91% en 2019 al 92% del PIB europeo en 2024). Eso quiere decir que los paises “malos” (“PIGS” ) de la crisis financiera se han comportado mejor que “los buenos” tras la pandemia, gracias al Plan de recuperación y a las ayudas nacionales.

En definitiva, el mayor crecimiento de España los últimos 4 años nos ha permitido reducir la brecha de productividad y riqueza con Europa, aunque poco. Y todavía somos el país nº 14 en PIB por habitante, aunque seamos el 4º económicamente más grande. Así que tenemos un problema “de fondo”, estructural, del que apenas se habla: somos poco productivos y por eso nuestros salarios y nivel de vida son más bajos que en la mayoría de Europa. ¿Por qué pasa esto? Básicamente hay 2 causas de fondo que explican que seamos menos productivos y por ello tengamos menos renta que dos tercios de los europeos: en España trabaja menos gente y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente: hay menos personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) era del 66,4% (4º trimestre 2024), frente al 70,9% en la UE-27, el 77,6% en Alemania, el 68,9 en Francia o el 62,2% en Italia (y el 75,5% en la República Checa o el 73,8% en Lituania, por ejemplo), según Eurostat. Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,5 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la de Alemania, en España trabajarían 3,6 millones más.

Segundo, los que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Esta pérdida de productividad en las últimas dos décadas no se debe a la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas), que ha crecido una media anual del +0,7% (menos que el +1,1% en la UE), sino a la caída de la productividad del capital (valor añadido generado por el capital disponible), que ha bajado un -1,2% anual. Y eso, por el exceso de inversión inmobiliaria, que ha supuesto un lastre para la productividad del capital en España, por el exceso de activos inmobiliarios poco productivos acumulados por las empresas. Y también por la baja inversión de las empresas españolas en “activos intangibles”, claves para aumentar la productividad: I+D+i, software y bases de datos, diseño, imagen de marca, formación y organización y gestión.

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar. De hecho, el 80% de las empresas españolas tienen menos de 3 trabajadores y sólo hay 5.273 empresas (el 0,18%) con más de 250 trabajadores. Pero resulta que cuando se comparan las empresas españolas con las alemanas, francesas o italianas, todas producen entre un 10 y un 20% menos, independientemente de su tamaño.

Por eso, estos expertos argumentan otras causas con más peso. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales y las empresas españolas. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,49% del PIB en 2023, frente al 2,25% en la UE-27. Y esta baja inversión en tecnología es aún menor en las empresas (0,7% del PIB, la mitad que las empresas europeas). Un tercer factor que juega contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2022, el Estado y las autonomías aprobaron 11.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Al final, la reflexión es que el crecimiento de España se ha basado en el esfuerzo, en el trabajo (se hacen más horas que en otros paises) y el capital tangible (maquinaria, naves e infraestructuras) más que en el progreso tecnológico, la innovación y la inversión en intangibles (desde la imagen de marca al big data). Urge avanzar por un triple camino: mejorar la productividad del trabajo (empleados mejor formados), mejorar la productividad del capital (invirtiendo en tecnología que permita producir más) y mejorar la organización y gestión de las empresas, para ser más productivos con el trabajo y el capital disponibles. Tareas que exigen cambios de fondo en la enseñanza (de la escuela a la Universidad), en el reto tecnológico y digital, en la comercialización y exportación, en la organización del trabajo y en las políticas públicas, que deben dirigirse a promover la productividad global.

Para avanzar en estos retos, el Gobierno Sánchez aprobó el 30 de julio de 2024 el Consejo Nacional de Productividad, integrado por 15 expertos independientes que ha de elaborar jun informe anual con medidas para mejorar la productividad. El objetivo será “conseguir empresas más grandes, más productivas y competitivas”, según el ministro de Economía. Podría ser un instrumento clave para reorientar la economía y dirigir los 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) que España debe invertir antes de agosto de 2026, apoyados por la nueva empresa pública de Transformación Tecnológica (SETT), donde se agruparán las participaciones públicas en empresas tecnológicas. 

La mejora de la productividad de España es uno de esos grandes retos del que casi no se habla, en medio de la polarización política y las sucesivas crisis (pandemia, Ucrania, inflación, aranceles…). De momento, la OCDE espera que España vuelva a crecer en 2025 más que el resto de Europa (+2,4% frente al 1% la UE-27), lo que reducirá otro poco la brecha europea (quizás hasta el 94% de la media UE). Pero debemos aspirar a más, a estar en el Top 10 del ranking europeo de productividad y riqueza. Eso supone avanzar en modernizar la economía y hacerla más competitiva, para conseguir que, en las próximas 2 décadas, España sea más productiva y tengamos más empresas competitivas. Nos jugamos mejorar el nivel de vida y acercarnos a la Europa rica. Es nuestra gran asignatura pendiente.

La inversión no tira (en España y en la UE)

España creció mucho en el tercer trimestre, pero cayó 1 de los 4 motores del crecimiento, la inversión. Pero no “pincha” solo en España: en Europa, la inversión caerá el -1,6% este año, más en Alemania y Francia. Un dato que preocupa mucho, porque impide a Europa competir en el mundo y crecer. En España llueve sobre mojado: la inversión crece menos que la economía los últimos 15 años y sigue por debajo de 2008, porque las empresas han aprovechado sus beneficios para quitarse deuda y aumentar su capital, no para invertir. Y la inversión pública, aunque se ha recuperado, sigue por debajo de 2008, por los pasados recortes. Ahora, los expertos piden que Europa y España reanimen su inversión (privada y pública), porque es la base del crecimiento y el empleo futuros. El Plan Draghi propone invertir 800.000 millones anuales en Europa, en tecnología, digitalización y energías verdes, para poder competir con EEUU y China. Sin inversión no hay futuro.

                             Enrique Ortega

La inversión, uno de los 4 motores del crecimiento (junto al consumo público, el consumo privado y las exportaciones), marca mínimos de una década en Europa. En 2024, la Comisión Europea espera que la inversión caiga un -1,6% en la UE-27 (y un -1,9%, en la zona euro), por la fuerte caída esperada en Alemania (-3%) y Francia (-1,9%), aunque crecerá algo en Italia y España (+2%). Mientras, se espera que la inversión crezca un +4% en EEUU. Es el primer año en que la inversión cae en Europa desde la crisis financiera de 2008-2010 y uno de los factores que explican por qué la economía europea está estancada, con un mínimo crecimiento en la UE-27 (+0,9%), una recesión en Alemania (-0,1% caerá su PIB) y un bajo  crecimiento en Francia (+1,1%) e Italia (+0,7%), del que se distancia España (creceremos +3%, según Bruselas, por el consumo público y privado más las exportaciones y el turismo).

La causa de este desplome de la inversión en Europa es múltiple. Por un lado, la caída de la inversión privada por la pandemia y la lenta recuperación en 2021 y 2022 por los cuellos de botella en el comercio mundial y las cadenas internacionales de suministro. Por otro, las 10 subidas de los tipos de interés del BCE (en sólo 14 meses, entre julio de 2022 y septiembre de 2023), que han dificultado los proyectos de inversión en el continente. Y más ahora, con la crisis política en Alemania y Francia, los paises claves. Y como cuestión de fondo, la pérdida de competitividad de Europa en el mundo, que provoca una “huida” del ahorro y la inversión hacia EEUU y Asia. Un dato esclarecedor: en el primer semestre de 2024, salieron de Europa hacia otros continentes 167.000 millones de euros, mientras llegaron 10 veces menos capitales, 17.000 millones de euros.

España “mantiene el tipo” este año, con un crecimiento estimado de la inversión del +2% en 2024. Pero lleva 3 años creciendo menos de lo esperado y ha caído incluso en el tercer trimestre, un -0,9%, según el INE. Con ello, la inversión en España cerrará este año casi igual que antes de la pandemia (+0,6% sobre 2019), en linea con la mínima subida de la inversión en Europa (+0,7%) y muy lejos del fuerte aumento de la inversión en EEUU (+14,9% sobre 2019), según Eurostat. Pero lo peor es que esta atonía de la inversión en España viene de lejos: la inversión española lleva creciendo menos que la economía y menos que en Europa desde hace 15 años, desde la crisis de 2008.

Hay varias causas que lo explican. Una es que las empresas españolas salieron de la crisis financiera muy endeudadas y han aprovechado estos años para devolver y reducir deuda, más incluso que las demás empresas europeas. Y ahora, cuando llevan 3 años con un gran aumento de ventas, márgenes y beneficios, no se lanzan a invertir, sino que aprovechan estos excedentes para recapitalizarse y ahorrar. Además, muchos sectores (como el automóvil) están muy abiertos a la competencia exterior y las inversiones se resienten de los aumentos de costes, problemas en las cadenas de suministros, proteccionismo comercial e incertidumbres geopolíticas. Y hay también una cierta incertidumbre sobre la regulación política y fiscal del Gobierno, que desalienta proyectos de inversión en algunos sectores.

Pero hay otra razón de fondo: la “burbuja” del ladrillo de principios de siglo sigue pasando factura y ahora es un lastre para la inversión empresarial en España. El peso de esta inversión inmobiliaria se ha reducido drásticamente (del 41% de la inversión total en 2007 al 29% en 2021-23, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie), pero ahora hay que atender el stock de capital acumulado (4,2 billones de euros), para cubrir su depreciación. Y los activos inmobiliarios suponen un 88% de este stock. Eso significa que un 75% de la inversión anual se hace para “mantener” ese stock de capital, donde “pesa demasiado el ladrillo” (naves, locales, terrenos e inmuebles), más que en el resto de Europa (en Alemania, los activos inmobiliarios suponen el 82% del stock de capital y en Reino Unido el 80%).

Este “lastre” del pasado supone que España tiene que destinar un 75% de la inversión privada de cada año a cubrir la depreciación de capital (básicamente activos inmobiliarios heredados de la burbuja) y que el capital neto sólo aumenta un 25% de lo que se invierte cada año, la parte que podemos dedicar a “modernizar la economía”, según el estudio. Y con ello, esta inversión neta es casi la tercera parte de antes de la crisis financiera: 51.760 millones en 2023, frente a los 146.498 millones en 2007). Lo importante es que esta inversión empresarial actual es más sana, porque ha perdido peso la inversión inmobiliaria y se invierte más en maquinaria, equipos de transporte, tecnologías de la información y servicios públicos y privados. Ahora se invierte poco todavía, pero más en tecnología y menos en ladrillo.

En paralelo, la inversión pública también sigue por debajo de los niveles de 2008, aunque se ha recuperado con fuerza en los últimos tres años, con el empuje de los Fondos Europeos. Así, en términos reales (descontando la inflación), la inversión pública ha crecido un +28,2 % entre 2019 y 2023, sobre todo en educación, sanidad e infraestructuras, aunque todavía esté un 40% por debajo de la inversión pública en España en 2007, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie, donde refleja los recortes entre 2007 y 2014 y el tirón entre 2019 y 2023.

Con todo, ni la inversión pública ni la privada crecen ahora lo que deberían, dado la mejoría de los balances en las empresas privadas y el aluvión de Fondos llegados de Europa: 47.943 millones de euros en subvenciones (a fondo perdido) y 83.140 millones en créditos a bajo interés. Y aunque estos Fondos se han ido adjudicando con lentitud al principio, ya están disponibles más de la mitad de las subvenciones y créditos, lo que debería traducirse en un mayor crecimiento de la inversión (no en el +2% previsto en 2024). Por eso, muchos expertos creen que existe una falta de confianza empresarial, afectada por su incertidumbre ante los cambios fiscales y normativos. Y también ante la coyuntura política, dominada por el enfrentamiento y la polarización, en España y en Europa.

Relanzar la inversión, para reanimar el crecimiento y el empleo, es uno de los grandes objetivos de Europa en esta nueva Legislatura. No se trata sólo de invertir más y reducir la brecha con EEUU y China, sino de invertir mejor, con más eficacia y competitividad. Porque los datos revelan que por cada euro público invertido en Europa en I+D+i, las empresas privadas europeas invierten otro euro, mientras en EEUU invierten 2 euros por cada euro público. Y en China y Corea, se multiplica por más de 3, según un estudio de la OCDE. Así que la clave no es sólo invertir más, sino invertir mejor, lo que exige un mejor funcionamiento institucional y más conexión entre inversión pública y privada.

En España, este doble reto es aún más importante, porque nuestra productividad no es sólo inferior a la de USA y China, sino a la de la mayoría de Europa. Y esa menor productividad tiene que ver no solo con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), nuestra menor tecnología, el mayor peso de las pymes respecto a las grandes empresas, la menor formación de los empleados o el escaso peso de la exportación y la tecnología, sino también con la baja inversión (privada y pública) entre 2008 y 2023. Esta menor productividad de España se traduce en un menor crecimiento del PIB por habitante: creció un +4% entre 2008 y 2023, frente al +14% en la UE-27 y el +22% en EEUU. Por eso, los salarios han crecido también menos y nos hemos "empobrecido" en estos 15 años.

Existe una correlación clara entre lo que invierte un país y lo que crece, sobre todo por habitante (España ha crecido mucho, pero también su población). En España, la inversión por habitante cayó de 8.500 dólares en 2008 a 7.000 en 2023, mientras en Europa subía de 8.000 a 8.500 dólares y en EEUU aumentaba de 10.000 a 14.000 dólares por persona estos 15 años. Unos datos sobre la evolución de la inversión  que explican mucho que la producción por habitante se haya estancado y España tenga un PIB por persona (30.970 euros en 2023) que es el 88% de la media europea. Y  que 15 paises europeos nos superen en PIB por habitante (2023): Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Paises Bajos, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia, Malta, Francia, Italia, Chipre, Chequia y Eslovenia.

En definitiva, si España quiere mejorar su productividad y su nivel de vida, tendrá que aumentar la inversión, además de modernizar su economía y afrontar los retos tecnológicos, digitales y medioambientales. Y también Europa, cuya productividad (41.610 euros por habitante en la zona euro en 2023) es muy inferior a la de EEUU (76.476 euros por habitante). Los expertos creen que la inversión no tira en Europa (España incluida) por varias razones: falta de financiación, falta de rentabilidad de los nuevos proyectos, falta de empresarios innovadores, falta de “know-how” (saber hacer), personal técnico y mano de obra especializada, falta de infraestructuras innovadoras e investigadores y falta de un entorno institucional adecuado (legislación, fiscalidad, marco laboral…).

La presidenta de la Comisión Europea encargó al expresidente del BCE, Mario Draghi, un informe para mejorar la productividad y la competitividad de Europa, que presentó el 9 de septiembre. Draghi parte de señalar el grave problema que tiene Europa: el retraso económico respecto a EEUU, aunque socialmente sea un continente más avanzado. La cifra es impactante: la UE produjo (PIB) por valor de 46.587,9 millones de dólares en 2023 (descontada la inflación), un 30% menos de la producción de EEUU (66.762 millones de dólares). Pero lo más grave es que esta brecha entre lo que produce Europa y EEUU se ha agravado en las dos últimas décadas, porque en 2002 el “gap” era sólo del 17%. Y eso se traduce en un menor nivel de vida en Europa que en EEUU, ahora y desde hace décadas: el ingreso real disponible de los hogares europeos ha crecido el doble en USA que en la UE.

Para Draghi, este preocupante panorama plantea a la Unión Europea un triple reto: acelerar la innovación y encontrar nuevos motores de crecimiento, reducir los precios de la energía (sin dejar de “descarbonizar”) y aprender a reaccionar en un mundo geopolíticamente inestable.  Para responder a estos retos, propone avanzar en varios frentes: una nueva estrategia industrial (basada en la innovación, la tecnología y la digitalización), conseguir un verdadero mercado único europeo (“más Europa), alinear las políticas industriales, comerciales y de competencia de los 27, aumentar la inversión europea y reformar la gobernanza de la UE, con más coordinación y menos burocracia. Y en paralelo, propone tomar medidas en 10 sectores relevantes: energía, materiales críticos, digitalización y tecnologías avanzadas, industrias consumidoras de energía, tecnologías verdes, automóvil, industria de Defensa y espacial, farmacéuticas y transporte.

Pero estas propuestas y medidas tienen un coste: Europa necesita invertir 800.000 millones de euros al año, lo que supone cuadruplicar el Plan Marshall (de la postguerra europea) y superar con creces el Plan de Recuperación aprobado tras la pandemia (contemplaba invertir 750.000 millones de euros entre 2021 y 2026, unos 125.000 millones al año). Draghi señala 3  vías para conseguir estos ingentes recursos: la financiación privada, de las Bolsas (creando un único mercado de capitales), la banca (avanzando en la unión bancaria y las fusiones transfronterizas) y los ahorradores (Europa ahorra mucho más que EEUU, pero 300.000 millones de ahorro europeo se desvían a financiar a EEUU), los préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la financiación pública (el Presupuesto UE es ridículo comparado con EEUU: un 1% del PIB de los 27) y la emisión de deuda europea, bonos que emitirían conjuntamente los 27 (como con el Plan de Recuperación), para financiar proyectos industriales, tecnológicos y medioambientales.

Con estos 800.000 millones anuales y las necesarias reformas, Europa podría relanzar su inversión (pública y privada) y tratar de competir con EEUU y China en las próximas décadas. Pero la nueva Comisión Europea es más conservadora y está más dividida, con lo que no será fácil conseguir que ponga en marcha el Plan Draghi y aprueben un mayor Presupuesto europeo y emitan “bonos” europeos (que no quieren los paises ricos del centro y norte) para atraer el ahorro mundial a los futuros proyectos europeos. Pero no queda más remedio si Europa no quiere ser un continente sin peso y con peor nivel de vida en unas décadas. España debe apuntarse a este “tren inversor”, aprovechando al máximo los Fondos europeos y relanzando la inversión interna, pública y privada, con incentivos, fiscalidad y normativa a favor de los proyectos innovadores y competitivos.

Hay que “mimar” la inversión, canalizar el ahorro, los beneficios empresariales y los impuestos a proyectos que modernicen la economía y nos hagan un país más competitivo, con más innovación, tecnología, digitalización y descarbonización. Urge relanzar la inversión, para asegurar el crecimiento y el empleo futuros.  

Elecciones europeas 2024: mucho en juego

Este domingo 9 de junio, 360 millones de europeos elegimos el gobierno de la Unión Europea para los próximos 5 años. Unas elecciones cruciales, porque en Bruselas se deciden temas claves para nuestro día a día y nuestro futuro: la lucha contra el Cambio Climático, la energía, el control de la inmigración, la seguridad europea y, sobre todo, la supervivencia económica de Europa frente a Estados Unidos y China, además de mantener a Europa como el continente más libre y socialmente avanzado del mundo. En las últimas décadas, el gobierno europeo lo ha gestionado una alianza de demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, pero ahora, la extrema derecha (Le Pen, Meloni, Vox…) pugna por ser el tercer bloque político, promoviendo una coalición con la derecha más conservadora (parte del PPE) para dar marcha atrás en muchas políticas, desde el negacionismo climático a la inmigración, nuevos ajustes o el recorte de libertades. Y defienden más poder de los paises frente a más Europa. Nos jugamos el futuro. Vota avanzar, no retroceder.

                    Enrique Ortega

Son las décimas elecciones europeas, desde las primeras de 1979. En las anteriores, en mayo de 2019, el temor político estaba centrado en los efectos del Brexit (salida del Reino Unido de la UE, tras el referéndum de junio de 2016), el riesgo de avance de la ultraderecha nacionalista en Francia, Holanda, Italia y Alemania. Ahora, en estas elecciones del 9 de junio, está en juego el propio proyecto europeo: si avanzamos hacia “más Europa” o si retrocedemos a posturas nacionalistas, con más peso de los Estados y menos avances en la integración económica, financiera, fiscal y política en Europa. De nuevo, elegimos entre “avanzar” o “retroceder” en los Estados Unidos de Europa.

Con todo, el gran temor es que se produzca “un cambio político de fondo” en la gestión de la política europea, en el Parlamento Europeo y luego en la Comisión, el gobierno de los 27. En las últimas décadas, el proyecto europeo lo ha liderado una coalición integrada por conservadores socialcristianos (177 diputados en 2019), socialdemócratas (140 diputados) y los liberales y centristas  (102 diputados en el grupo Renew Europa), que tienen la mayoría, con los Verdes (72) y La Izquierda europea (37 escaños), en el Parlamento de Estrasburgo (705 escaños tras la salida del Reino Unido). Pero en los últimos años han crecido los grupos de extrema derecha, muy poderosos en Francia (Le Pen), Italia (Meloni y Salvini), Polonia (PiS), Hungría (Fidesz), (Alemania (AfD) y Holanda (Partido por la Libertad), aunque están presentes en todos los parlamentos europeos, salvo en Irlanda, Eslovenia y Lituania.

Si los grupos de extrema derecha ya consiguieron un 21,8% de los votos en las elecciones europeas de 2019 (19,29% si restamos a la ultraderecha británica), ahora se espera que crezcan en las elecciones del 9-J. Y con ello, la extrema derecha podría convertirse en el tercer grupo político de Europa, ampliando los diputados que ya tienen los 2 grupos ultraderechistas presentes en Estrasburgo: 73 diputados de Identidad y Democracia (Le Pen, Alternativa para Alemania, Salvini y Partido por la Libertad de Holanda) y 68 diputados de ECR, Conservadores y Reformistas (Meloni, el polaco PiS, el francés Reconquista y el español VOX). Y podrían unírseles los futuros eurodiputados del húngaro Víktor Orban, cuyos 13 eurodiputados fueron expulsados en 2021 de las filas del grupo popular europeo (PPE), tras múltiples encontronazos políticos.

La derecha europea, el PPE (donde está el PP español) es consciente del “cambio político” y ha querido anticiparse con un “cambio de estrategia”: la candidata del PPE a presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (líder de la CDU, democracia cristiana alemana), enfrentada desde hace años con el presidente del PPE (Manfred Weber, líder de la CSU, los socialcristianos alemanes), está dispuesta a compensar la pérdida esperada de diputados propios (el PPE bajará a 170), socialdemócratas (entre 130 y 140) y sobre todo de centristas y liberales (esperan bajar a 85), más verdes (43) y de izquierdas (30) con una alianza futura con parte de la extrema derecha, a la que hasta ahora los conservadores europeos han impuesto “un cordón sanitario”, sobre todo en Alemania.

En concreto, Von der Leyen dice que está dispuesta a gobernar con los diputados de Meloni, porque aunque sea de extrema derecha, es “europeísta” y está contra Putin (y contra los inmigrantes ilegales, a los que deporta a Albania, contra el aborto y la homosexualidad, además de contra muchas libertades, siendo su aliado en España el líder de Vox, Santiago Abascal). Este cambio de los conservadores europeos ha sido criticado por el líder de los socialdemócratas, el luxemburgués Nicolas Schmit, que amenaza con romper la coalición con Von der Leyen si pacta con Meloni.

Así que en estas elecciones se juega si sigue gobernando la alianza conservadora-social- liberal o si el gobierno de Bruselas se escora a la derecha, empujado por la ultraderecha y los populistas, que tienen en común ser más “nacionalistas”, apostar por mantener el poder de los paises en muchas cuestiones y frenar los avances en la integración europea en temas claves como el Cambio Climático, la independencia energética, la inmigración, la política de seguridad y, sobre todo, los avances en el mercado único y la integración económica, fiscal y financiera, para conseguir unos Estados Unidos de Europa. Los grandes retos de Europa.

El primer gran reto de Europa (y del mundo) es afrontar la Crisis Climática. Hasta ahora, el continente ha sido el líder en la lucha contra las energías fósiles y en el desarrollo de las energías verdes, aprobando en 2019 el Pacto Verde Europeo, con un objetivo pionero en el mundo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% hasta 2030 y dejarlas en cero emisiones netas para 2050. Para ello, la Comisión ha aprobado estos años múltiples Planes e inversiones, pero le ha costado aprobar en el Europarlamento la Ley de Restauración de la Naturaleza, que salió adelante el 24 de febrero de 2024, con los votos en contra de la extrema derecha europea y parte de los conservadores. Ley duramente criticada por los agricultores europeos y que ahora debe ser ratificada por los paises, en el Consejo de Medio Ambiente del 17 de junio, tras las elecciones del 9-J.

Si la ultraderecha y la derecha más conservadora y negacionista (como el PP español) avanzan en estas elecciones europeas, podría haber una marcha atrás en las políticas medioambientales, a pesar de que el 80% de los hábitats europeos están en mal estado (la Ley sólo pretende restaurar el 20% que está peor para 2030). Si avanza la derecha negacionista, cobrará fuerza la resistencia económica y empresarial contra los impuestos verdes y las normas anti-emisiones, con la “excusa” de que el liderazgo medio ambiental de la UE pone en peligro la competitividad y los empleos de las empresas europeas. Y eso sería especialmente grave para el sur de Europa, muy afectado por la Crisis Climática.

El segundo gran reto es regular la inmigración a Europa. El problema es serio, porque en 2023 llegaron a la UE un total de 255.332 inmigrantes irregulares, una cifra elevada pero muy distante de los 1,04 millones que llegaron en 2015, tras la guerra de Siria. Eso sí, Europa sigue siendo un continente atractivo para los millones de jóvenes sin futuro de África, Oriente Medio, Asia y América, como lo demuestra que las solicitudes de asilo se hayan vuelto a disparar: el récord fue en 2015 (1.216.868 solicitudes), bajó a menos de la mitad en 2018 (564.115) y luego ha crecido año tras año, hasta llegar a 1.049.020 solicitudes de asilo en 2023, según Eurostat (320.025 en Alemania, 160.460 en España, 145.095 en Francia, 130.565 en Italia y 55.605 en Austria). Un problema, la llegada de inmigrantes, que hay que canalizar aunque Europa necesita empleo extranjero, por su alto envejecimiento: el 21% de los europeos tienen más de 65 años y en 2050 serán mayores el 29,5%. De hecho, la ONU ha alertado que Europa necesita 60,8 millones de inmigrantes para 2050.

Los gobiernos europeos han intentado tomar medidas para regular la inmigración, tras la avalancha de 2015, sin conseguirlo: han puesto “parches” a las llegadas, que han sufrido Grecia, Italia y España, junto a Alemania, entre el desinterés del resto, mientras 3.000 inmigrantes morían en el Mediterráneo. Finalmente, la Comisión y los paises han buscado aprobar un Pacto sobre Migración y Asilo antes de estas elecciones, temiendo que luego sea más difícil lograrlo. Se aprobó el 10 de abril en el Europarlamento, con muchas críticas tanto de la derecha como de la izquierda (322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones). Y el Consejo ratificó el 14 de mayo este Pacto migratorio que endurece la entrada y el asilo de inmigrantes, permitiendo que los paises del norte puedan comprar su insolidaridad pagando 20.000 euros por los inmigrantes que les toquen y no acojan.

Pero este Pacto migratorio in extremis, manifiestamente insolidario, no resuelve el problema: dos días después del acuerdo del Consejo Europeo, el 16 de mayo, 15 paises europeos enviaron una carta a la Comisión en la que pedían que “explorara acuerdos para crear Centros de acogida fuera de la UE para inmigrantes rescatados en el mar”, al igual que quiere hacer el británico Rishi Sunak en Ruanda (la carta de la vergüenza la enviaron Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Paises Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia). Si en esos paises y en el resto de Europa avanza la extrema derecha, el endurecimiento de las políticas migratorias será una realidad. A pesar de que el porcentaje de extranjeros sólo supera el 10% de la población en 7 paises UE:  Suecia (20,4%), Alemania (19,5%%), España (17,1%), Francia (13,1%), Portugal (16,1%), Grecia (11,3%) e Italia (10,9%). En total, hay 63,6 millones de europeos nacidos en el extranjero, el 13,3% del total (15,3% en EE. UU.).

El tercer gran reto europeo es la defensa y seguridad, sobre todo tras la invasión de Ucrania por Putin (febrero 2022) y ante el temor de que Trump gane la presidencia de EEUU. Parece claro que Europa no puede dejar la defensa y seguridad del continente en manos de la OTAN, una organización financiada en un 67% por EEUU. Ya en 2020, la Comisión y los paises aumentaron el gasto europeo en Defensa, que pasará de 214.000 millones (2021) a 284.000 millones en 2025. Y se creó, en 2021, un Fondo Europeo de Defensa, dotado con 7.921 millones hasta 2027 para promover la investigación y desarrollo de nuevas armas, dentro de una Política de Defensa Europea, que contempla fomentar una industria armamentística europea y un Mercado Común de la Defensa, para evitar que pase lo que ahora: el 80% del gasto que ha hecho la UE para defender Ucrania ha servido para crear empleos en USA, Turquía o Corea, no en Europa.

Cara al futuro, los paises tendrán que afrontar la creación de un Ejército Europeo, que complemente a la OTAN, aumentando el gasto en Defensa y Seguridad. Actualmente, sólo 11 de los 31 paises de la OTAN gastan más del 2% del PIB en Defensa (3,90% Polonia, 3,50% USA, 3,01% Grecia, 2,73% Estonia, 2,54% Lituania, 2,45% Finlandia, 2,44% Rumania, 2,43% Hungría, 2,27% Letonia, 2,07% Reino Unido y 2,03% Eslovaquia), mientras Francia gasta 1,90%, Alemania 1,57%, Italia 1,46% y España 1,26% del PIB en 2023. Ya este 2024, la OTAN espera que dos tercios de los paises gasten más del 2% en Defensa, una prioridad, como la Seguridad (física y cibernética) para el próximo Gobierno europeo.

Y llegamos al cuarto gran reto europeo, el fundamental: mejorar su competitividad, asegurar su lugar en un mundo cada vez más complejo y dominado por Estados Unidos y China. “Europa puede morir”, alertó el presidente Macron en la Sorbona, al abrir la campaña de las europeas. El temor es que Europa pierda el tren del futuro, desde la tecnología y la digitalización a los chips y la inteligencia artificial, que las empresas europeas no sean capaces de competir en los mercados mundiales con los gigantes norteamericanos y chinos. Hay dos datos preocupantes. Uno, que el déficit comercial de la UE con China se ha duplicado: de -182.300 millones en 2020 saltó a -396.800 millones en 2022, aunque ha bajado a -291.600 millones en 2023. El otro, que la mayor parte del ahorro europeo lleva años “fugándose” del continente, a inversiones punteras en Estados Unidos y China.

Europa necesita buscar su lugar en el mundo, ser más competitiva y con empresas punteras para sobrevivir en un siglo que estará dominado por USA, China y quizás India. El miedo es que Europa no avance en su integración, porque país a país será incapaz de sobrevivir. Para saber qué hacer, la Comisión encargó dos informes, a los exministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. El informe de Letta (“Mucho más que un mercado”) propone cambios estructurales en 3 grandes áreas: telecomunicaciones, energía y finanzas. Tres sectores donde Europa tiene muchas empresas pequeñas y necesita conseguir grandes multinacionales (con fusiones europeas), para competir con USA y China. Y pone como ejemplo la industria aeronáutica: Airbus es líder mundial porque es una empresa europea (Francia, Alemania y España). Si fuera sólo la empresa de un país, la líder sería la norteamericana Boeing…

Este ejemplo de Airbus hay que replicarlo en las telecomunicaciones, la energía, la banca, las empresas tecnológicas, las farmacéuticas, las de armamento, las automovilísticas, los chips, la inteligencia artificial, etc., etc., movilizando esfuerzos e inversiones europeas. Y para ello, Europa debe avanzar en el mercado único, en una mayor integración presupuestaria (el Presupuesto de la UE-27 es ridículo comparado con el de los paises, el de USA o China), fiscal (más impuestos a nivel europeo y menos nacionales) y financiera (fusiones para lograr gigantes financieros europeos y crear una gran Bolsa europea).

Para competir en un mundo globalizado y muy competitivo, hay que avanzar en más Europa, en construir de verdad los Estados Unidos de Europa, no potenciar los nacionalismos como defiende la ultraderecha y gran parte de los conservadores europeos. Sólo así Europa podrá ser más competitiva, crecer más y crear empleos estables, mientras busca reducir las desigualdades entre la Europa del norte y la del sur, que se han agravado: la renta media disponible por habitante de Alemania (23.107 euros) es 1,34 veces la de España (17.254 euros) y más del doble que la renta por habitante de Bulgaria (9.671 euros en 2022).

Como vemos, muchos son los retos que tiene por delante Europa y que nos afectan a todos. Por eso son claves estas elecciones, porque no son lo mismo las recetas que proponen los conservadores moderados, socialdemócratas o liberales que la derecha menos evolucionada y la ultraderecha. Está en juego el modelo de Europa, no solo sus libertades sino también sus posibilidades de competir mejor en el mundo, de crear riqueza, empleo e igualdad, en un continente más sostenible y que integre a nacionales y extranjeros. Al final, se trata de apostar por más Europa, para conseguir una España mejor. Avanzar y no retroceder. Vota.