Tenemos una mala educacion

Más de 8 millones de niños y adolescentes han vuelto a clase, afrontando la última mala nota a la educación en España: el informe PISA 2018, que nos coloca en el puesto 17 y 19 de Europa en ciencias y matemáticas, la peor nota desde 2009. Y con una enorme diferencia entre autonomías: sitúa a los alumnos en Ceuta 3 cursos por detrás de los de Navarra o Galicia. Y con el tercer mayor porcentaje de alumnos repetidores de Europa, donde somos líderes en abandono escolar. En resumen, tenemos una “mala educación”, fruto de los recortes, la falta de profesores y medios,  y, sobre todo, de una educación memorística, que no proporciona habilidades para trabajar. Este informe PISA debería servir para acelerar un Pacto educativo, al margen de las diferencias políticas, asentado en más recursos para la educación (+11.200 millones para homologarnos con Europa), más profesores mejor formados y un sistema de enseñanza más eficaz, que reduzca las tremendas desigualdades entre autonomías. Urge un acuerdo: nos jugamos el futuro.

enrique ortega

Empecemos por el principio. ¿Qué es el Informe PISA? Es un “Programa internacional para la evaluación de los estudiantes” (significado de PISA) que realiza cada tres años (desde el 2000) la OCDE, el organismo que agrupa a los 36 paises más desarrollados de Occidente. Es un examen que se realiza a 600.000 jóvenes de 15 a 16 años en 79 paises, siendo España el país con más alumnos evaluados (36.000 alumnos de 102 centros) y el que más paga por el estudio a la OCDE, porque es el que realiza una muestra más desagregada por autonomías. El test mide las habilidades de los alumnos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias y establece una puntuación media de 500 puntos, adjudicando a cada país una puntuación en cada materia por encima o por debajo. Lo importante del informe PISA: no es un test sobre lo que saben los adolescentes sino sobre cómo usan sus conocimientos. Lo que valora son las habilidades de los alumnos para “aplicar” sus conocimientos en contextos desconocidos. No vale saber las cuestiones de memoria, sino aplicarlas a los temas que se plantean, la clave para manejarse en un mundo global.


El último Informe PISA 2018, conocido a principios de diciembre de 2019, revela unos malos resultados para la mayoría de paises analizados: sólo 7 de los 79 paises mejoran sus resultados, su nota. Y de ellos, de los 7 que mejoran su nota educativa, sólo uno (Portugal) es miembro de la OCDE. El resto de los grandes paises avanzados en educación (Corea, Finlandia, Estonia, Holanda, Canadá, Polonia o Nueva Zelanda) empeoran su nota en 2018. ”Es un resultado decepcionante”, señaló el secretario general de la OCDE, recordando que la enseñanza internacional no mejora a pesar de que los paises OCDE han aumentado un 15% su inversión por estudiante en la última década.


España también empeora su nota en el Informe PISA 2018, pero además tiene otros dos problemas. Uno, que sigue muy por detrás de la nota que consiguen la mayoría de grandes paises occidentales y europeos: en matemáticas, tiene una nota de 481 puntos, que nos sitúa en el puesto 28 del ranking mundial (de 79 paises) y en el puesto 19 de los paises UE-28. En ciencias, la nota de 483 puntos nos sitúa en el puesto 25 del ranking mundial y en el puesto 17 de la UE-28. En comprensión lectora, el informe PISA no ha incluido en 2018 a España, por  haber detectado “respuestas inverosímiles”, pero en el Informe PISA 2015 ocupamos el puesto 22 en el ranking mundial y el puesto 14 entre los 28 paises UE. El otro problema es que las notas que ha sacado España en el Informe PISA 2018 son las más bajas desde el inicio de la crisis (Informe 2009).


Vayamos a los resultados concretos del Informe PISA 2018. En matemáticas, la nota media obtenida por España son 481 puntos, por debajo de los 489 puntos de la OCDE y los 494 puntos de la UE, en un ranking mundial encabezado por Japón (527 puntos), Corea (526), Estonia (523), Paises Bajos (519), Polonia (516), Suiza (515), Canadá, Dinamarca y Eslovenia (509 puntos) y Bélgica (508 puntos). La nota sitúa a España en línea con Italia (487 puntos), Luxemburgo, Lituania, Hungría y EEUU (478 puntos). Se trata de una nota inferior a la de 2015 (486 puntos) y la más baja desde 2009 (483 puntos). Además de tener una nota global más baja. España tiene un menor porcentaje de alumnos que han sacado una nota excelente en este examen: sólo un 7% de los examinados españoles, frente al 11% en la OCDE.


Con todo, lo más preocupante es la tremenda disparidad de la nota en matemáticas por autonomías. La que saca mejor nota es Navarra (503 puntos), al nivel de Suecia (502), Reino Unido (502), Noruega (501) y Alemania (500), seguida de Castilla y León (502 puntos), País Vasco (499), Cantabria (499) y Galicia (498), todas por encima de la media OCDE (489). Y a la cola de España están Ceuta (411 puntos), que se mide con la nota de México (409) o Colombia (391 puntos, la peor nota mundial), Melilla (432), Canarias (460), Andalucía (467), Extremadura (470), Comunidad Valenciana (473) y Murcia (474 puntos). Si se considera que 30 puntos de diferencia es un curso, los alumnos de Ceuta están 3 cursos por detrás que los de Navarra en matemáticas. Y los andaluces, más de un curso por detrás.


En ciencias, la nota obtenida por España en el PISA 2018 son 483 puntos, también por debajo de los 489 puntos de la OCDE y los 490 de la UE-28, en un ranking mundial encabezado por Estonia (530 puntos), Japón (529), Finlandia (522), Corea (519), Canadá (518), Nueva Zelanda (508), Eslovenia (507), Reino Unido (505), Paises Bajos y Alemania (503 puntos ambos). Se trata también de una nota inferior a la de 2015 (493 puntos) y la más baja desde 2009 (488 puntos). Además de esta baja nota global, España tiene un menor porcentaje de alumnos que han sacado una nota excelente en ciencias: sólo un 4% de los españoles, frente al 7% en la OCDE, el 37% en Singapur o el 44% en China.


Y vuelve a ser preocupante la tremenda disparidad de la nota en ciencias por autonomías. La que saca mejor nota es Galicia (510 puntos), al nivel de Polonia  (511), Nueva Zelanda (508) o Eslovenia (507), seguida por Castilla y León (501 puntos), Asturias (496), Cantabria (495), Aragón (493) y Navarra (493 puntos), todas por encima de la UE (490) y la OCDE (489). Y a la cola vuelven a estar Ceuta (415 puntos), que se vincula otra vez a México (419) y Colombia (413 puntos, el “farolillo rojo” mundial), Melilla (439 puntos), Canarias (470), Andalucía (471), Extremadura (473), Comunidad Valenciana (478) y Murcia (479). Y de nuevo, los alumnos de Ceuta están 3 cursos por detrás de los de Galicia en ciencias. Y los andaluces, más de un curso por detrás que los gallegos.


El tercer indicador de PISA 2018, la comprensión lectora, no incluye este año a España, porque se ha detectado un “comportamiento inverosímil” en las respuestas de los jóvenes españoles, como responder en menos de 25 segundos una prueba que requiere entre 50 y 120 segundos por cada cuestión. La OCDE descarta la “intencionalidad” en las respuestas, pero ha iniciado una investigación, en colaboración con Educación y las autonomías, para detectar qué ha pasado. Ya en el último Informe PISA 2015 chocaba que la nota de España en “comprensión lectora” fuera 496 puntos, mejor que la media de la OCDE (493) y que la UE (494 puntos), algo que nunca ha pasado en los test de matemáticas y ciencias.


Además de estas notas, el Informe PISA 2018 informa sobre los alumnos de 15 años que han repetido curso. Y el dato es dramático: un 28,7% de los jóvenes españoles han repetido curso, frente al 13% que repiten en la UE-28 y el 11,4% en la OCDE. Y nos coloca como el 4º país con más repetidores, tras Colombia (40,8%), Luxemburgo (32,2%) y Bélgica (30,8%), muy lejos del 3,3% de repetidores en Finlandia. Y otra vez más, choca que haya 11 autonomías con más repetidores que la media, encabezadas por Ceuta (49,1% alumnos 15 años han repetido curso), Melilla (45,6%), Canarias (35,6%), Extremadura (34,7%), Murcia (34,6%), Castilla la Mancha y Rioja (34,1%) y Andalucía (33,3% de repetidores). Las 6 autonomías con menos repetidores son Cataluña (15,1%), País Vasco (20%), Navarra (23,9%), Asturias (26,7%), Cantabria (26,9%) y Galicia (27,5%).


El Informe PISA 2018 refleja que hay una relación directa entre pobreza y alumnos que repiten curso: en España, los alumnos pobres repiten curso 4 veces más que las familias con más recursos, siendo el 2º país donde más incide la pobreza en los repetidores (tras Eslovaquia, donde los pobres repiten 4,3 veces más). El informe también señala que los resultados en las pruebas de ciencias, matemáticas y lectura tienen mucho que ver con el índice socioeconómico y cultural de los alumnos, en España más (el 12% del rendimiento en matemáticas se debe al entorno económico de las familias) que en la OCDE (sólo afecta al 3% del rendimiento) y en la UE (afecta al 4% del rendimiento). En conjunto, Noruega es el país que menos segrega educativamente por la situación económica  y los que más Chile (recuerden las últimas protestas estudiantiles), Lituania, Colombia, República Eslovaca, México y Bulgaria, estando España en una situación intermedia, similar a la media de la OCDE. Y aquí, los alumnos con desventajas económicas tienen mejores expectativas respecto a los más privilegiados que en la media OCDE y europea.


El Informe PISA 2018 refleja también que España tiene un mejor “clima escolar” que en la mayoría de paises analizados: menor acoso escolar (17% alumnos expuestos frente al 23% en la OCDE o Alemania, el 20% de Francia o el 30% de Australia), más estudiantes “satisfechos” (74% frente al 67% en la OCDE), menos alumnos que se sienten solos, incómodos o marginados, y más jóvenes (15 años) con autoconfianza (85%) y menos miedo al fracaso que en la OCDE. Y además, sus padres se implican más en la educación de sus hijos y en la gestión de los centros que en otros paises de la OCDE.

Estos reveladores datos del Informe PISA 2018 se suman al exhaustivo diagnóstico de la educación en España publicado por la OCDE en septiembre 2019. Allí se reflejaba otro dato preocupante: España es líder europeo en abandono escolar temprano (2018), con un 17,9% de jóvenes de 18 a 24 años que han dejado sus estudios al final de la ESO (etapa obligatoria) y no completan el Bachillerato o la FP básica, frente al 10,6% de media en la UE-28 y muy por delante de Holanda o Austria (7,3% de abandono escolar), Finlandia (8,3%), Francia (8,9%), Alemania (10,3%), Reino Unido (10,7%), Portugal (11,8%) o Italia (14,5%), según los últimos datos de Eurostat. 


Al final, los jóvenes españoles están peor formados que el resto de jóvenes europeos:  entre 25 y 34 años, el 32,3% de los jóvenes están poco formados (tienen la ESO o menos), frente al 13,6% de los europeos, el 23,4% tienen una formación media (Bachiller y FP grado medio) frente al 43,5% en Europa, y el 44,3% de los jóvenes españoles son universitarios, incluso más que en Europa (42,9%), según los últimos datos del “Panorama de la educación 2019” publicado por la OCDE. En consecuencia, los jóvenes españoles tienen menos empleo (21,7% de jóvenes entre 15 y 24 años frente al 35,4% en la UE-28) y mucho más paro (32,1% en noviembre 2019 frente al 14,3% en la UE-28). Y como consecuencia de esta menor formación y empleo, España tiene más “ni-nis”, más jóvenes que ni estudian ni trabajan: un 20,2% de jóvenes “ni-nis” (1 de cada 5 españoles de 18 a 24 años, 649.000 jóvenes), frente al 13,1% de media en Europa y el 9,6% en Alemania.


Estos datos, junto a los pésimos resultados del PISA 2018, deberían hacernos reflexionar sobre nuestra “mala educación”. ¿A qué se debe? Los expertos creen que esta caída en la nota del Informe PISA desde 2009 es el fruto de los recortes educativos iniciados en 2010 y continuados hasta 2015, que han sufrido los jóvenes de 15 años ahora evaluados. De hecho, la autonomía que más empeora en el Informe PISA es Madrid (la autonomía que menos invierte por escolar, 3.945 euros) y la que más mejora es el País Vasco (que invierte 6.502 euros por alumno, un 60% más que Madrid). Estos recortes se han traducido en que hay 2.214 docentes menos que hace una década y un 62% más profesores precarios que en 2009. Y además, se les ha obligado a impartir 3 horas de clase más (reduciendo horas de formación y tutorías) con la LOMCE de 2013, que aumentó también la carga burocrática de los docentes, reduciendo desdobles, prácticas y laboratorio,  en perjuicio de la calidad de la enseñanza.


Pero no es sólo cuestión de dinero, como demuestra que Galicia o Castilla León tengan unos buenos resultados en el Informe PISA. Los responsables del estudio recomiendan a España que cambie el sistema de enseñanza, que los centros trabajen menos la memoria y se centren más en desarrollar la capacidad crítica, el trabajo en equipo y la creatividad. Que no se busque tanto “cumplir el programa” como “enseñar a pensar”, dando las clases de otra manera y no sometidos a la rigidez de los programas. Y profundizando en las enseñanzas de matemáticas y ciencias, vinculándolas a otras disciplinas y a una enseñanza “práctica”, que les proporcione “habilidades”, no sólo conocimientos aprendidos de memoria.


Y la tercera receta, en la que coincide el Informe PISA y muchos expertos, es mejorar la formación de los profesores, sobre todo en matemáticas y ciencias, inicialmente en la Universidad y después con formación permanente. En España hay “poca especialización docente” en matemáticas y ciencias y muchos profesores están poco cualificados para estas enseñanzas y las dan mal, con lo que sus alumnos “las tienen miedo” y no les resultan atractivas, con lo que las aprenden mal. Además de pensar en algún tipo de formación complementaria para los docentes (al estilo de los MIR de los médicos), habría que innovar en los métodos de enseñanza, utilizando más herramientas colaborativas online.


Al final, el Informe PISA 2018 y los últimos datos educativos de la OCDE deberían impulsar con más fuerza un Pacto Educativo, para implantar cambios cuanto antes. Urge aumentar el gasto en educación (subir del 4% del PIB que gastamos ahora al 5% de media de la OCDE, lo que supone gasta 11.200 millones al año), recomponer plantillas y medios (mejorando desdobles, refuerzos y clases prácticas y de laboratorio) y poner en marcha un programa de formación permanente del profesorado, con un cambio en el sistema de enseñanza, desde infantil a Bachillerato, menos “memorística” y más práctica. Y con sistemas de evaluación constantes, no sólo PISA, para detectar los problemas. Una tarea que llevará décadas, pero que urge empezar cuanto antes. Nos jugamos el futuro.

Curso 2019-2020: más enseñanza concertada

Esta semana, más de 8 millones de niños y jóvenes comienzan un nuevo curso escolar, con pocas novedades. Tendrán más profesores, tras 3 convocatorias de plazas, y algunos recursos más, volviendo al gasto de 2008. Lo nuevo es que los Gobiernos del PP y Ciudadanos en Madrid y Andalucía van a concertar con centros privados plazas de Bachillerato, subvencionando una enseñanza que ahora sólo es gratis en los centros públicos. Y prometen también concertar con centros privados la enseñanza de 0 a 3 años, mientras el PSOE y Podemos quieren que sea gratuita en los centros públicos. Son dos estrategias políticas para “ampliar el negocio” de los centros concertados, que ya controlan el 26% de los alumnos y reciben un 12,5% del dinero público en educación, sin recortes en los años de crisis. Es el gran debate de esta Legislatura: más o menos educación pública, con más recursos (50.000 alumnos estudian en barracones) y profesores. Un tema clave del Pacto educativo que no llega.

enrique ortega

Este nuevo curso escolar  2019-2020 volverán a aumentar los alumnos de las enseñanzas no universitarias, unos 20.000 más, hasta llegar a los 8.200.000 niños y jóvenes que estudian en colegios e institutos, 757.000 más que hace diez años (curso 2008-2009), según los datos de Educación. Volverán a bajar (-20.000) los niños escolarizados en educación infantil (unos 1.718.000), por la caída de la natalidad sufrida a partir de 2009, que afecta a los niños de 3 a 6 años. Sufrirá también una ligera bajada (-11.000) la cifra de estudiantes de Primaria (sobre 2.918.000), subirán los alumnos de la ESO (+35.000), los más numerosos (rondarán los 2 millones), volverán a bajar (-3.600) los que estudian Bachillerato (668.000) y será otro año récord en Formación Profesional, con 845.000 alumnos, casi el doble de los que estudiaban FP hace una década (462.492 alumnos en 2007-2008). Del total de alumnos, 51,7% son chicos y 48,3% chicas, ganando los varones en todos los estudios, salvo en Bachillerato, donde el 52,8% son mujeres, por el mayor abandono escolar de los chicos.

Dos de cada tres alumnos no universitarios estudiarán este curso 2019-2020 en colegios e institutos públicos (el 67,3% de los alumnos), aunque año tras año gana peso la enseñanza concertada (25,9% alumnos) y privada (6,9%), sobre todo en educación infantil (63% alumnos en la pública) y la ESO (65,6% alumnos), subiendo la publica en Bachillerato (74,5% alumnos) y en FP (72,6% alumnos estudian en centros públicos). Y sobre todo en las autonomías más ricas: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (45,5%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,4% de alumnos en enseñanza no pública), según los datos de Educación. Mientras, el peso de la enseñanza concertada y privada es mucho menor en las autonomías pobres: Melilla (sólo 16,7% alumnos), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). En los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

La principal novedad de este curso 2019-2020 es que los alumnos de enseñanzas no universitarias van a encontrarse con casi 30.000 profesores más, tras las oposiciones celebradas en junio, las terceras y las más numerosas desde que se reanudaron en 2017. Con ellas se busca cubrir las jubilaciones y reducir la temporalidad del profesorado, que afecta a 1 de cada 3 docentes. La previsión es ampliar las plantillas de profesores en los centros públicos (ahora superan los 500.000) en 139.000 entre 2017 y 2022, pero CCOO estima que harían falta convocar 46.259 plazas más, para reducir la precariedad y cubrir necesidades futuras. Además, muchos expertos hacen hincapié en formar mejor a los profesores, porque sólo un 35% reciben la formación inicial adecuada en España frente al 62% en el resto de Occidente, según el informeTalis 2018, de la OCDE. Algunos expertos piden un MIR para profesores (como los médicos) y Cataluña ha establecido un filtro de pruebas complementarias en la selectividad para los que quieren acceder a Magisterio y Educación.

Algunos alumnos más, pocos nuevos centros (50.000 alumnos de la escuela pública estudiarán este curso en barracones, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias), algo más de presupuesto y más profesores para un curso escolar 2019-2020 con pocas novedades para alumnos y familias. Otro curso más sigue en vigor la LOMCE, la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP en 2013, aunque la mayoría de grupos del nuevo Parlamento están por derogarla. Eso sí, las autonomías pueden cambiar un aspecto fundamental de esta Ley, el número de alumnos por aula, que el ministro Wert aumentó un 20% (de 27 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en la ESO). Ya el curso pasado bajaron otra vez los alumnos por aula en Andalucía y Extremadura y este curso las reducirán el resto de autonomías. También se reducirán las horas de clase de los docentes, aumentadas en 2012 (a 25 horas semanales en infantil y primaria y a 20 horas mínimas en ESO, Bachillerato y FP). Y también se han “flexibilizado” las reválidas a que obliga la LOMCE al final de Primaria y en 4º de la ESO, así como la Selectividad.

Pero los demás cambios pendientes, desde reducir el  peso de la asignatura de Religión a los itinerarios y los planes para repetidores, no se harán tampoco este curso 2019-2020, porque el bloqueo político ha impedido discutir el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero de 2019. El Gobierno ha ofrecido a Podemos, entre sus 370 medidas de Gobierno, aprobar una Ley Básica de Educación “que derogue la LOMCE, blinde la educación pública e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa”, pero no entraría en vigor hasta el curso 2020-2021, como pronto.

La gran novedad educativa de este curso 2019-2020 es el impulso a la enseñanza concertada en Madrid y Andalucía, tras la llegada al Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. La iniciativa la ha tomado Madrid, que ya este curso va a poner en marcha un proyecto para que 1.500 alumnos de bachiller puedan estudiarlo gratis en centros concertados, con becas de 3.000 euros para familias con menos recursos. Y el objetivo del Gobierno conservador madrileño es que en 4 años, todos los centros concertados de la región puedan ofertar el Bachillerato concertado, como hacen con Primaria y la ESO. En Andalucía, con muchos más alumnos, lo están estudiando, pero su objetivo a medio plazo es también concertar el Bachillerato, que ahora solo es gratuito en los centros públicos. Y no son los únicos. Ya hay 5 autonomías donde el curso pasado se subvencionó el Bachillerato a 70.000 estudiantes en centros privados : País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares y Murcia. Las restantes, gobernadas por la izquierda, no están por la labor de subvencionar el Bachillerato en centros concertados (sí defienden becas a los alumnos con menos recursos).Y en el caso de la Comunidad Valenciana, ha recurrido a los Tribunales, los conciertos de Bachillerato aprobados por Camps.

Algunos expertos, los sindicatos y la izquierda critican esta política del PP y Ciudadanos (apoyada por Vox), señalando que es una vía de “ampliar el negocio” de la enseñanza privada, que ve como año tras año se les van alumnos en Bachillerato a la pública porque sus familias no pueden pagar estos estudios (entre 300 y 400 euros al mes). Por eso, buscan que esta enseñanza se concierte, para ganar alumnos (hoy sólo tienen el 25,5% de alumnos, frente al 32,7% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria).

Pero la novedad no para ahí. Madrid y Andalucía quieren ampliar los convenios con los colegios privados a la educación de 0 a 3 años, que hoy no es obligatoria ni gratuita. En España, sólo poco más de un tercio (38%) de los menores de 3años están escolarizados (más en el País Vasco, un 52,4%, y menos en Canarias, el 16,8%), un porcentaje superior a la media de paises desarrollados (33% en la OCDE) y a la escolarización infantil en Europa, incluidos Finlandia, Alemania, Francia o Reino Unido. Sin embargo, aunque estamos mejor, dos tercios de los niños menores de 3 años no reciben educación, lo que es perjudicial para su formación y éxito educativo futuro, porque es una edad clave, según todos los estudios.

Por eso, los expertos defienden que España se lance a escolarizar a los menores de 3 años. Pero hay 2 estrategias. PP y Ciudadanos (con Vox) defienden “la libertad de elección” y que esta primera etapa educativa se concierte con los centros privados, ampliando así “su negocio” como con el Bachillerato. Y la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, defienden que sea una enseñanza gratuita y pública. Ya en el Presupuesto fallido para 2019, ambos partidos pactaron destinar 330 millones para avanzar en la escolarización pública gratuita entre los 0 y 3 años. Y entre las 370 medidas de Gobierno que propone Sánchez, la 94 es “la universalización de la educación de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita”.

A falta de una nueva Ley de Educación, la batalla por ampliar la educación concertada al Bachillerato y a la educación de 0 a 3 años se ha lanzado con fuerza. Y llueve sobre mojado, porque la enseñanza concertada ha ido creciendo en la última década gracias a los mayores recursos recibidos del Gobierno Rajoy y de muchos gobiernos autonómicos, mientras se recortaban los recursos a la educación pública. Los datos son explícitos: si el gasto total en enseñanza ha crecido un 4,68% entre 2007 y 2017 (con fuertes recortes entre 2011 y 2015), la enseñanza pública ha recibido sólo un 1,4% más (con recortes entre 2013 y 2015) y la concertada recibió un 24,4% más, sin recortes entre 2011 (+7,1%) y 2015 (+19,1%), según datos oficiales de Educación (SEIE). Con ello, la enseñanza concertada ha pasado de recibir el 10,5% del gasto público en educación (2007) al 12,5% (2017).

Pero esa es la media en España. Lo llamativo es que hay autonomías donde la educación concertada se lleva mucho más dinero público. Es el caso del País Vasco (23,9% del gasto público en educación va a la concertada), Navarra (19,5%) o Madrid (19,7%), mientras tiene poco peso en las autonomías más pobres: Canarias (8% del gasto educativo va a la concertada), Extremadura (8,3%) y Castilla la Mancha (9,2%).

Muchos expertos creen que se ha pervertido, por razones ideológicas,  el papel “subsidiario y complementario” de la enseñanza concertada, que se empezó a apoyar en 1990 (Felipe González), cuando la LOGSE amplió la educación obligatoria de 14 a 16 años y no había suficientes plazas en los centros públicos. Pero hoy, con menos nacimientos y jóvenes, no faltan plazas (salvo en algunas zonas y edades) y ya no parece tan necesario que la concertada crezca tanto. Y menos que lo haga a costa de la pública. Además, otros expertos señalan que este tirón de la concertada agrava la dualidad y la desigualdad de la enseñanza: los colegios privados “seleccionan” a sus alumnos y desplazan a los niños inmigrantes y con problemas a los colegios públicos, lo que deteriora su calidad ante la falta de medios. Los datos oficiales son explícitos: de 750.000 niños extranjeros en infantil y primaria, el 80% estudian en centros públicos (y en Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha llegan al 90%). Así que aceptan fondos públicos pero desechan alumnos problemáticos.

Este aumento en el peso de la educación concertada, junto a los recortes en la educación pública, ha llevado a que las familias tengan que pagar más por la educación: por un lado pagan cuotas “voluntarias” en los concertados y por otro pagan más cada año por actividades extraescolares y servicios complementarios. El dato es revelador: en 2017, las familias se gastaron 12.356 millones en educación y el Estado unos 50.000, con lo que las familias aportan 1 euro para cada 4 que aporta el Estado (en 2007 aportaban 72 céntimos). Y luego hay un galimatías de ayudas autonómicas, desde becas a ayudas por libros y desgravaciones fiscales, lo que aumenta la desigualdad. Y más entre los que van a centros públicos, que acogen a un 33% de estudiantes de clases humildes mientras los concertados sólo acogen al 7%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y así, la mitad de los alumnos de familias pobres se concentran en los centros con más estudiantes pobres, según el último Informe sobre Equidad en la educación de la OCDE. La educación acentúa la desigualdad.

Es un problema serio de nuestro sistema educativo que se suma a otros de los que se habla poco al inicio de cada curso escolar. Por un lado, el fracaso del sistema educativo, reflejado en dos datos: 1 de cada 3 estudiantes de 15 años han repetido curso y el 17,9% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios tras la ESO, sin acabar Bachillerato o FP (somos líderes de abandono escolar en Europa, donde lo dejan el 10,6% de jóvenes y menos en 21 de los 28 paises UE). Y por otro, la tremenda desigualdad regional en la educación entre las 17 autonomías, con peores resultados en Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia y mejores en País Vasco, Castilla y León, Cantabria, Navarra, la Rioja y Asturias. Y además, una formación demasiado memorística y poco práctica, con retraso en matemáticas y comprensión lectora, según revelan los informes PISA.

Factores todos que explican, junto a un menor gasto educativo, por qué los jóvenes españoles están peor formados que el resto de europeos: entre 25 y 34 años, el 33,8% de los jóvenes españoles tienen la ESO o menos (frente al 16,2% menos formados en Europa), un 23,6% ha terminado la Secundaria (frente a casi el doble en Europa: el 44,8% de los jóvenes) y el 42,6% son universitarios (más que el 39% en Europa), según los últimos datos de Educación. Un balance, con más jóvenes poco o medio formados, que explica por qué tenemos más del doble de paro que Europa (13,9% frente al 6,3% en la UE-28) y aún más paro juvenil (33,8% frente a 14,3% en la UE-28 y 5,6% en Alemania), según Eurostat.

Son datos como para reflexionar y tomar medidas. Básicamente pactar una nueva Ley de Educación, que asegure más gasto educativo (subir del 4,2% del PIB actual al 5% que gasta Europa supondría gastar 11.200 millones extras anuales), acuerde las reformas que propone la comunidad educativa, establezca medidas eficaces contra el fracaso escolar, aumente el profesorado y su formación y corrija las tremendas desigualdades educativas entre regiones, formando mejor a los alumnos en los conocimientos que va a exigir la economía del siglo XXI. Muchos retos en los que nos jugamos el futuro.

2017-2018, un curso escolar de transición

A lo largo de esta semana, más de 8 millones de niños y adolescentes, que van a guarderías, colegios e institutos, comienzan un nuevo curso escolar. Será un año educativo de transición, porque no se aplicará del todo la LOMCE (la polémica Ley aprobada en solitario por el PP) pero tampoco habrá cambios de fondo, porque los intentos de pactar una nueva Ley van despacio y si hay Pacto educativo será a principios de 2018, para aplicarse el curso próximo. Eso sí, este año habrá más Presupuesto (de las autonomías) y más profesores, aunque todavía menos que antes de los recortes. Y las nuevas plazas no se cubrirán hasta 2018, con unas becas y ayudas estancadas, que obligan a un mayor gasto escolar de las familias: una media de 1.212 euros por niño. Urge un Pacto educativo, para conseguir más recursos y medios. Y una mejor educación, que reduzca el abandono escolar y prepare a los jóvenes para el futuro.   


enrique ortega

Otro curso más, aumentarán este año los niños y jóvenes que van a las guarderías, colegios e institutos: se esperan unos 8.125.000 alumnos, unos 50.000 más que hace dos años. Bajarán algo los niños que van a guarderías (1.705.000), por la caída de la natalidad y la crisis (que fuerza a dejarlos con los abuelos o con la madre en paro). Se estabilizarán los alumnos de primaria (2.925.500) y educación especial (35.000). Y subirán sobre todo los adolescentes de la ESO, casi 2 millones (1.932.000). También crecerán algo los alumnos de Bachillerato (720.000), aunque lo que más crece son los alumnos de Formación Profesional (FP), que en los últimos años ya superan a los que estudian Bachillerato (795.000).

La mayoría de los niños y jóvenes que inician este curso las enseñanzas no universitarias son chicos (51,7%) y dos tercios van a centros públicos (67,8%), que han ido perdiendo peso desde que gobierna Rajoy (recibían al 68,1% de alumnos en 2011-2012), mientras una cuarta parte van a centros concertados (25,8%) y el 6,4% de los alumnos a centros privados. Los centros públicos acaparan la mayoría de alumnos en Bachillerato (76,2%) y FP (76,4%), mientras los concertados acaparan ya el 31% de la ESO y el 29% de primaria, así como el 16% de las guarderías, que en un 34% son privadas. Llama la atención el distinto peso de la educación pública y concertada por autonomías: el mayor peso de la enseñanza pública se da en Melilla (83% alumnos), Castilla la Mancha (81,8%), Extremadura (80,4%), Ceuta (79,2%), canarias (77,1%), Andalucía (74,9%) y Galicia (72,7%), la España más pobre. Y donde tiene más peso la enseñanza concertada (y la privada) es en el País Vasco (48,1% de alumnos en la concertada, frente a 51% en la pública y 0,8% en la privada), Madrid, (30% alumnos en concertada, 55% pública y 15% privada), Baleares (29% concertada, 65% pública, 6% privada), Navarra (35% concertada, 64% pública, 1% privada) y Cataluña (28% concertada, 66% pública, 6% privada), la España más rica.

Este curso, las autonomías han aumentado algo sus plantillas de profesores, aunque no lo suficiente para compensar los recortes impuestos entre 2012 y 2014 por el Gobierno Rajoy: se perdieron 33.237 puestos docentes y se han recuperado 25.513 hasta el curso pasado, el 77%. Eso ha obligado a atender a más alumnos (111.320 alumnos más desde 2011) con menos profesores, sobre todo en la enseñanza pública, lo que ha obligado a aumentar el número de alumnos por clase (entre 3 y 5 alumnos más en la ESO), en perjuicio de la calidad de la enseñanza. Ahora, el Gobierno Rajoy y los sindicatos han pactado aumentar las plantillas de profesores en 150.000 plazas en los próximos 5 años (30.000 por año), aunque muchos no serán nuevos docentes sino interinos que estabilizaran su empleo. Pero la mayoría de las oposiciones no se realizarán hasta 2018, con lo que se notará poco este curso.

Este curso 2017-2018, todas las autonomías han mejorado también sus Presupuestos de educación, tras los drásticos recortes de 2012 a 2014. Mientras, el Gobierno central apenas ha aumentado su Presupuesto en educación un 1,7% en 2017 (hasta 2.484 millones), lo que supone que la inflación se comerá con creces la pequeña subida. Al final, a pesar del esfuerzo de los nuevos Gobiernos autonómicos (mayoritariamente controlados por el PSOE y los nacionalistas), el gasto público en educación es aún menor en España que el de antes de la crisis: habrá sido de 46.000 millones de euros en 2017 frente a 49.692 en 2009. Y eso coloca a España como el 5º país europeo que menos gasta en educación: un 4,1% del PIB en 2015 (último dato comparable de Eurostat), sólo por delante de Rumanía (3,1% PIB), Irlanda (3,7%), Bulgaria e Italia (ambos gastan el 4% del PIB), y muy por detrás de la media europea (4,9%del PIB) y de paises domo Suecia (6,5% del PIB), Finlandia (6,2%), Portugal (6%), Francia (5,5%), Reino Unido (5,1%) Alemania (4,2%).

El problema ya no es sólo que gastemos menos en educación que la mayoría de Europa. Además hay enormes diferencias de gasto educativo público por autonomías, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Educación (para 2014): el País Vasco invierte 8.976 euros por alumno no universitario, el doble de lo que invierten Madrid (4.443 euros) y Andalucía (4.510 euros). La media de gasto público por alumno en centros públicos de enseñanza no universitaria fue de 5.169 euros (frente a 5.606 euros gastados en 2009), pero hay siete autonomías que gastan menos (Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias), mientras destaca el mayor gasto del País Vasco, Navarra, Cantabria (6.539 euros/alumno), Asturias (6.435) y Galicia (6.241 euros). Y lo más chocante es que Madrid, la que menos gasta en la enseñanza pública, sea la 2ª comunidad que más dinero destina a los colegios privados, tras Cataluña (1.028 millones): 943 millones en 2014, un 20% de todo su Presupuesto en educación.

Un inciso: esta desigualdad en el gasto educativo por autonomías se da también en los contenidos educativos, porque cada gobierno autonómico ajusta finalmente sus programas, con enormes diferencias en las horas reales que se imparten de las asignaturas básicas. Dos ejemplos, con datos oficiales del Ministerio de Educación. Uno, Madrid, Canarias y Castilla León dan unas 1.000 horas lectivas de matemáticas en los 6 años de Primaria, mientras los alumnos del país Vasco reciben 630 horas y los de Navarra y Baleares unas 700 horas. Otro: los alumnos de Primaria de los colegios bilingües de Madrid reciben el doble de horas de inglés (840 horas en los 6 años) que los de Andalucía, Aragón y Cataluña (420 horas). Y así en casi todas las asignaturas: más o menos horas (a partir de un mínimo obligatorio) según donde se estudie.

Volviendo al gasto, la falta de recursos y de Presupuesto se traduce en una pérdida de calidad en la educación pública no universitaria, lo que además la hace perder alumnos frente a la concertada y la privada. Y redunda también en una peor educación, porque los centros se ven obligados a incluir más alumnos por aula y a reducir las clases de refuerzo y repesca, en perjuicio de los alumnos más retrasados, lo que favorece el abandono escolar. De hecho, España es el segundo país europeo (tras Malta) con más abandono escolar temprano, con más jóvenes (18 a 24 años) que han abandonado las aulas con la ESO o incluso sin terminarla: eran un 19% en 2016, cuando la media UE era del 10,7% y Francia tiene el 8,8%.

La falta de recursos públicos también se traduce en un mayor gasto de enseñanza para las familias en los últimos años, un 30% más, según algunas estimaciones. De hecho, el gasto medio por niño será este curso 2017-2018 de 1.212 euros de media, según un estudio de la OCU (consumidores), que estima en 840 euros el coste anual de enviar a un hijo a un centro público, 1.856 euros el enviarlo a uno concertado (155 euros al mes) y 4.086 euros (340 al mes) el que estudie en un colegio privado. Otro año más, una parte importante de este gasto son los libros de texto, en los que las familias se gastaron 830 millones de euros en 2016 (sólo en enseñanzas no universitarias). Y aquí hay un galimatías de ayudas por autonomías, muy diferentes, siendo Andalucía la que más los financia. También han subido los gastos de comedor (más de 150 euros al mes) y transporte, con ayudas congeladas.

Y hay que hablar de las becas, donde el Gobierno Rajoy repite este curso el modelo del ministro Wert que sigue vigente desde el curso 2013-2014: poco más dinero a repartir entre más alumnos, con menos importe por beca. Este curso 2017-2018 hay un Presupuesto de becas de 1.420 millones de euros, tanto para los alumnos no universitarios que empiezan ahora como para los universitarios que empiezan después. Son sólo 3,8 millones de euros más que el curso pasado, un mísero 0,26% de aumento que se comerá con creces la inflación. Y además, no se suben los mínimos de ingresos (tope de 11.143 euros anuales para 3 de familia), con lo que muchas familias de clase media baja se quedarán sin beca para sus hijos.

Junto a estos temas de falta de recursos, profesores y becas, el curso 2017-2018 será un curso de transición, porque no se aplicará del todo la LOMCE (la ley de Educación que aprobó en solitario el PP en diciembre de 2013 y se estrenó en el curso 2014-205) ni tampoco habrá cambios de fondo, porque no se ha alcanzado el cacareado Pacto educativo. Eso sí, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a dar marcha atrás en las reválidas y por tanto este curso, las reválidas de 6º de Primaria y 4º de la ESO se harán sólo en las autonomías y centros que lo decidan y no tendrán valor académico. Y no habrá prueba de Selectividad a los que terminen el Bachillerato, para entrar en la Universidad, prueba que será sustituida por sistemas propios de selección y acceso que aprobará cada Universidad.

Toda la comunidad educativa espera que los políticos alcancen de una vez un Pacto para aprobar una nueva Ley educativa, que sería la octava de la democracia. Pero el Pacto va lento. El 14 de febrero se constituyó una subcomisión en el Congreso de los Diputados para alcanzar un Pacto Educativo, con el objetivo de elaborar en 6 meses un informe y enviarlo al Gobierno para que elabore una nueva Ley básica de Educación. El plazo ya se ha cumplido y todo apunta a que no estará listo hasta el último trimestre del año, debido a que las posturas están muy encontradas. Y luego, el Gobierno debe pulir la ley para conseguir que el apoyo sea mayoritario. Por eso, no se espera un proyecto hasta principios de 2018, que ya no se aplicaría hasta el curso que viene. Y eso si hay Pacto, algo difícil  a la vista de las posturas tan enfrentadas, con grandes diferencias entre el mayor o menor apoyo a la enseñanza concertada y privada, que defienden el PP, Ciudadanos y nacionalistas frente a la izquierda.

Al margen del debate ideológico, la base de cualquier Pacto educativo debería ser asegurar una financiación suficiente y estable para la educación, al margen de la coyuntura y de quien Gobierne. Y eso pasa por asegurar un porcentaje de gasto similar al europeo, un 5% del PIB para educación. Eso supondría gastar 9.000 millones más en educación al año. Y en paralelo, crear un fondo interno de homogeneización, para compensar y corregir las enormes diferencias de gasto por autonomías. Además, hay que fortalecer las plantillas y los centros, con más recursos públicos para refuerzos, desdobles, educación infantil y Formación Profesional. Y a la vez, revisar contenidos y planes de estudio, para buscar una educación menos de memoria y más práctica, más ligada a que los alumnos consigan competencias que les van a hacer falta en su futuro laboral, sin relegar las humanidades y enseñanzas artísticas. Y todo ello, con una mayor participación de los centros, profesores, expertos y familias. Y con una mayor coordinación regional y una menor politización de la educación.

España es el 2º país de Europa con más abandono escolar y más paro. Y mucho tiene que ver la educación, el que un 45% de los españoles adultos tiene un nivel educativo bajo (sólo con la ESO o ni siquiera) frente al 21% en Europa y un 22% tienen formación media (Bachillerato y PF básica), frente al 48% en Europa, según datos de la OCDE. Si queremos cambiar esto y que en el futuro haya más empleo, hay que apostar a tope por la educación, con dinero, medios, profesores, planes de estudio y voluntad política, al margen de quien gobierne. Y eso exige un gran acuerdo, no sólo en el Parlamento, sino con las autonomías, centros, profesores y familias. Pacten ya otra enseñanza.