Protestas: invierno caliente y "papá Estado"

El conflicto de Cádiz abrió el otoño de protestas, junto a policías y jubilados, aunque se van a recrudecer en diciembre, con transportistas, agricultores, peluquerías y más policías, alentados por la oposición. Todos culpan al Gobierno y piden ayudas públicas, aunque la mayoría son problemas laborales, que no puede resolver “papá Estado”, a quien todos piden que baje impuestos (¿cómo se pagan los servicios públicos?). Pero las mayores protestas están por venir, este invierno, por la negociación de miles de convenios, donde los trabajadores querrán subidas para compensar una inflación disparada (+5,6%). Urge un pacto salarial para evitarlo, un acuerdo que compense a los trabajadores (llevan 13 años perdiendo poder adquisitivo) sin poner en peligro la recuperación. Una recuperación más fuerte de lo que dicen las cifras: basta ver los viajes este puente, las tiendas llenas, las compras récord por tarjeta o el empleo (más de 20 millones de españoles trabajando, algo nunca visto). Pero la polarización política impide ver la realidad. Y dificulta salir adelante. Una pena.

Enrique Ortega

Tras casi dos años de pandemia, las tensiones contenidas se han desatado y han aparecido distintos conflictos, en un país crispado y polarizado. El conflicto del metal de Cádiz era una huelga por un convenio provincial para 20.000 trabajadores. Pero la quema de contenedores y la violencia de las protestas lo transformaron en un conflicto nacional. “Hemos tenido que meter fuego a Cádiz para que Madrid se fije”, dijo, megáfono en mano, el alcalde, José María González “Kichi”, de Podemos. Al final, el acuerdo se consiguió con una subida del 2% (pedían el 2,5% y hasta el 5%, más revisión salarial) y un convenio a tres años (pedían 1 año), que apaciguaba el futuro. Un conflicto puramente laboral (entre empresas y trabajadores), donde no tenía sentido implicar al Gobierno (salvo para mediar, lo que hizo). Pero Cádiz no es una provincia cualquiera: lleva décadas sufriendo el cierre de empresas y la competencia internacional, con la 4ª mayor tasa de paro del país (tras Ceuta, Huelva y Tenerife), el 23,16%. Y la gente está muy harta, lo que ha amplificado el conflicto del metal. Y buscan “atajos” para sobrevivir: el 2º partido más votado en Cádiz fue VOX (131.200 votos), por delante del PP (111.089) y sólo por detrás del PSOE (188.271 votos).

Tres días después del acuerdo en Cádiz, el 27 de noviembre, las calles de Madrid se llenaban de policías de toda España, que se manifestaban contra la reforma del la Ley Mordaza aprobada por Rajoy en 2015. Aquí no había reivindicaciones laborales, porque el salario de los policías ha subido un +20% en los últimos 3 años y se han creado 13.000 nuevas plazas (5.000 en la Policía y 8.000 en la Guardia Civil). Eso no lo contaban los sindicatos convocantes. Sólo que la reforma  les quita autoridad (basta leer las enmiendas para dudarlo) y fomentaba la delincuencia (la criminalidad ha bajado en 2021 y somos uno de los paises más seguros de Europa). Otra vez se echaba la culpa al Gobierno, con la presencia de los líderes del PP y VOX, olvidando que hay una mayoría de 185 diputados a favor de reformar la Ley Mordaza.

Unos días antes, el 13 de noviembre, unos pocos cientos de pensionistas se manifestaban en Madrid, cerca del Congreso, contra la reforma del ministro Escrivá. Estos jubilados pedían unas pensiones dignas y blindarlas en la Constitución. Pero no recordaban que la última reforma aprobada (insuficiente) no es sólo de este Gobierno sino que se acordó en el Pacto de Toledo y ha sido apoyada por todos los grupos políticos del Congreso, salvo VOX.

Los policías volverán a manifestarse el 14 de diciembre. Y unos días después, el 20,21 y 22 de diciembre, los transportistas han convocado una huelga por todo el país. Sus reivindicaciones son básicamente cuatro y también culpan al Gobierno: bajada del gasóleo (reduciendo impuestos), subida automática de las tarifas a clientes (por mayores costes), estacionamientos adecuados en las gasolineras y no aplicarles el futuro copago previsto en las autovías. Veámoslas.

La subida del gasóleo ha sido brutal para todos, en Europa y en España: cuesta ahora 31 céntimos más por litro que a principios de año, una subida del +29,14%. Similar por cierto a la subida media en la UE-27 (+29,71%), donde no se convocan huelgas. Los transportistas piden al Gobierno que baje los impuestos al gasóleo, pero no dicen algo importante: que en España se pagan menos impuestos en el gasóleo  (0,6186 euros por litro) que en la media de la UE-27 (0,7284 euros por litro), según el Boletín Petrolero Europeo. Y otro dato: pagamos a las petroleras un mayor margen bruto por litro que en Europa, 0,379 euros por litro (+8,6 céntimos más por litro que en Francia). Así que quizás deberían hacer su huelga contra Repsol, Cepsa o BP… Que por cierto, deberían ser quien asegurara a los transportistas (no el Gobierno) unos lugares dignos y seguros en sus gasolineras para estacionar los camiones (son sus clientes).

Otras de sus reivindicaciones tampoco dependen del Gobierno, como poder repercutir las subidas de costes a sus clientes: las grandes empresas de transporte, con fuerza, lo consiguen, pero el pequeño autónomo con un camión no. La protesta debería ser contra esas empresas logísticas, que además obligan a los camioneros a descargar sus camiones (muchas veces sin ayuda), otra de sus reivindicaciones). Y en cuanto a las largas jornadas y los bajos sueldos (que hacen que falten 15.000 camioneros en España, parece más una cuestión laboral del sector que una responsabilidad de “papá Estado”. Por último, su rechazo a pagar la futura “viñeta” en las autovías, es un tema aún en estudio (se ponen la venda antes que la herida). Pero los camioneros saben que el transporte pesado paga un peaje en varios paises europeos (Luxemburgo, Paises Bajos, Suecia, Suiza, Austria y Finlandia).

Otra protesta que va a ocupar los informativos en diciembre será la del campo, agricultores y ganaderos, que ya se han manifestado…ante el Ministerio de Agricultura. Sus quejas son muy comprensibles: les ha subido la luz y el gasóleo (como a todos), los fertilizantes (+50%), piensos (+26%), semillas (+20%), plásticos (+46%) y agua (+33%). Y el problema es que no pueden repercutir estas subidas a los que les compran los alimentos, ni a la industria alimentaria ni a los distribuidores y supermercados. Y en lugar de enfrentarse a ellos, de manifestarse ante las centrales lecheras o Alcampo, echan la culpa al Gobierno. Y le piden (¡cómo no¡) que les bajen impuestos (IVA e IRPF) y que “obliguen” a las industrias e intermediarios a cumplir la Ley de la Cadena, a pagarles más. Pero los intermediarios no lo hacen y encima nos suben todos los alimentos a los consumidores.

Para dar una “nota de color” a las protestas, se suman también las peluquerías (48.200) y centros de estética (22.300), que piden al Gobierno la bajada del IVA, del 21 al 10%, porque “han sufrido mucho con la pandemia”. Y presumen que les apoya Pablo Casado, quizás porque han olvidado que si ahora pagan el 21% de IVA es porque se lo subió… Rajoy en 2012 (del 8 al 21%). Por la “regla de tres” de que han sufrido las consecuencias del COVID, podrían sumarse a las protestas muchísimos otros negocios, desde las clínicas veterinarias (21% IVA), las clínicas dentales (21% IVA), los abogados o los servicios funerarios (21% IVA). Pero la Comisión Europea ha llamado la atención varias veces a España por tener demasiados sectores pagando IVA reducido, lo que se traduce en que España recauda 23.400 millones menos cada año que la media europea (sin contar el fraude en el IVA, elevadísimo).

En definitiva que España se ha llenado de colectivos que protestan, que se quejan de la subida de costes y que piden ayuda al Gobierno (a éste ahora, a otros antes: se trata de “papá Estado”), aunque en la mayoría de los casos se trata de conflictos laborales o de subidas de precios donde los Gobiernos poco pueden hacer, como en la luz (donde la Comisión Europea se resiste a tomar medidas para reformar el mercado, como han pedido España y Francia) o los carburantes (donde los impuestos son más bajos en España). Y la petición mágica de bajar impuestos es doblemente peligrosa: España recauda mucho menos que el resto de Europa (85.000 millones menos cada año, según Eurostat) y encima necesita gastar más en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales), porque gastamos menos. Otra cosa es que el Gobierno debe “intermediar” en los conflictos (transportes, campo), para ayudar a que las partes lleguen a acuerdos, como en Cádiz.

Todas estas protestas son “el aperitivo” de los conflictos laborales que se avecinan, de un posible “invierno caliente”, por las negociaciones salariales. El temor se asienta en que la inflación se ha disparado: +5,6% de subida anual en noviembre, la mayor subida de precios en los últimos 29 años. Y en paralelo, la subida salarial pactada este año en los convenios es del +1,55% hasta octubre, según las estadísticas de Trabajo. Aunque se tenga en cuenta la inflación media (+2,5% hasta noviembre), el hecho es que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Y cuando se termine la negociación de la reforma laboral (para fin de año), la gran batalla de 2022 va a ser la subida de salarios.

El problema ya no es que los 17 millones de asalariados españoles pierden poder adquisitivo. Es que los trabajadores vienen sufriendo una “devaluación salarial” desde la crisis de 2008 y especialmente tras la reforma laboral de 2012. Los datos oficiales lo dejan claro. El sueldo medio ha pasado de 21.883 euros en 2008 a 24.395 en 2019, el último dato de la encuesta de salarios del INE. Una subida del +11,46%, inferior a la subida del IPC esos años, un +16%. O sea, que los trabajadores han perdido un -4,5% de poder adquisitivo. Y si tomamos otra estadística del INE, el salario medio mensual que da la EPA, ha pasado de 1.774,34 euros (brutos) en 2008 a 2.038 euros en 2020. Una subida total de +14,9%, cuando los precios han subido en estos 13 años un +15,3%. Y además, los salarios totales han crecido menos que los beneficios empresariales. La masa salarial creció un +4,8% entre 2008 y 2019 (+26.307 millones), mientras los excedentes empresariales crecieron un +14,6% (+69.802 millones), según los datos de la Contabilidad Nacional.

Los sindicatos conocen este desigual reparto y no están dispuestos a que la subida de los precios deteriore más el poder adquisitivo de los trabajadores. Y además denuncian otro hecho: la reforma laboral de Rajoy trastocó la negociación colectiva, en favor de los empresarios, provocando una caída de los trabajadores con clausula de revisión salarial: si en 2011 la tenían el 71% de los trabajadores con convenio, una década después sólo la tienen el 17% de los asalariados. Así que si los precios suben más de lo pactado, no pueden resarcirse. Y además, ahora hay 2 millones de  trabajadores menos con convenio, porque la reforma ha permitido a muchas empresas no tenerlo.

Por todo ello, los sindicatos piden una reforma de la negociación colectiva, no sólo para conseguir mayores subidas de sueldo sino para conseguir que haya más trabajadores con convenio y que la mayoría tengan clausula de revisión salarial. Enfrente, la patronal no está por las subidas, como se vio inicialmente en Cádiz. Y se acogen a que una excesiva subida de salarios (¿2% es excesiva?) “puede poner en peligro la recuperación de unas empresas muy dañadas por la crisis”… Como las alemanas, donde el sindicato IG Metall está pidiendo una subida del 4,5%. La patronal debía recordar que España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia): 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a  Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los de Alemania y un 23,7% inferiores a Italia (28,7 euros).

Los salarios en España son más bajos que en la mayoría de Europa y eso sí puede poner en peligro la recuperación, porque si la inflación "se los come" se frenará el consumo. Máxime cuando un 30% de los trabajadores ganan menos de 1.336 euros (brutos) y hay 1,6 millones de trabajadores que cobran menos de 820 euros al mes, según el INE. Aún así, son muchos los que defienden que la recuperación se asiente, otra vez, sobre “la devaluación salarial”. Su teoría es que subir ahora “mucho” (algo) los salarios sería “alimentar” la inflación, como si no supieran que el IPC se ha disparado por la luz, la energía y el atasco en el comercio mundial… Pero se empecinan en pedir otra vez “moderación salarial”. Junto a la patronal, el gobernador del Banco de España (190.487,99 euros de sueldo anual) y Luis de Guindos, vicepresidente del BCE (356.604 euros de sueldo en 2020).

Si no se quiere un rosario de conflictos y protestas este invierno, la patronal debería negociar un acuerdo salarial con los sindicatos, donde no sólo se pactase una subida (al menos 2,5% para compensar la inflación media) sino también el aumento de los trabajadores en convenio y la generalización de la clausula de revisión. Pero sobre todo, habría que pactar otras compensaciones ligadas al aumento de la productividad (horarios, formación, condiciones de trabajo, pluses y participación en beneficios…), para que la recuperación de las empresas no fuera principalmente a los beneficios, como en el pasado. No parece un acuerdo fácil.

Pero al margen de los conflictos, los pasados, presentes y futuros, hay un tema de fondo sobre el que deberíamos reflexionar: tenemos un país sumido en el pesimismo y la crispación, a pesar de que hemos pasado lo peor de la pandemia y hay signos evidentes de recuperación. La polarización política y el radicalismo de la oposición (arrastrada por VOX,  busca “echar gasolina en los conflictos”, no ayudar a resolverlos) hace que todo parezca más negativo de lo que es. Incluso las estadísticas oficiales del INE (y de Europa y la OCDE), rebajan la recuperación (+2% de crecimiento en el tercer trimestre, aunque podrían revisarlo al alza). Pero hay expertos y observadores que rechazan este pesimismo y creen que esta recuperación es diferente y que está siendo más intensa de lo que dicen las estadísticas. Y se acogen a hechos ciertos: las calles están llenas de gente comprando, los hoteles están llenos este puente, los bares y restaurantes no tienen mesas libres y las tarjetas de crédito “echan humo” (las estadísticas hablan de que se gasta ya mucho más que en 2019). Y, sobre todo, el empleo (precario y mal pagado, pero empleo) crece mes a mes y España tiene trabajando ya a más de 20 millones de personas, una cifra nunca vista en nuestra historia.

Pero da igual. “Estamos mal y vamos a peor”. Es el lema del pesimismo imperante, alimentado por la oposición y muchos medios. Y cada protesta, cada conflicto, se aprovecha para oscurecer el panorama ("Ya sólo queda VOX para la clase trabajadora", dijo ayer su portavoz en el Congreso), para entorpecer la recuperación. Es una pena. Porque España tiene una oportunidad histórica para dar un salto adelante, para modernizar a fondo su economía, con la ayuda de la deuda y los Fondos Europeos.  Es algo objetivo, al margen de la ideología de cada uno. Lo ven claramente en Europa, pero pocos aquí. Hace falta que “cambiemos el chip”, que abandonemos el derrotismo y peleemos por construir unidos ese futuro. Es difícil, pero no podemos perder este tren. Sería imperdonable.

El doble pulso de los convenios

Ha sido el parto de los montes. Patronal y sindicatos han estado más de cuatro meses negociando la reforma de los convenios y al final el Gobierno ha aprobado unos cambios que no convencen a nadie. Se repite la historia de la fallida reforma laboral de septiembre. El acuerdo ha sido imposible porque una parte de la patronal ha echado un órdago en su pulso con los sindicatos: querían cambiar las condiciones de trabajo, pero sin tanto control sindical. Apuestan porque los mercados, Bruselas o un futuro Gobierno del PP harán una reforma a su medida. Mientras, el Gobierno abre la vía a convenios más flexibles y a cambio, facilita el despido (lo abarata). El problema es que para contratar se necesita no sólo convenios más flexibles sino que las empresas vendan, inviertan y tengan financiación. Y eso sigue faltando.

Cada año se firman en España unos 5.000 convenios, que rigen las condiciones de trabajo de un 80% de los asalariados, de unos 11 millones de trabajadores. Sólo quedan fuera algo más de 4 millones, sobre todo funcionarios (3 millones), empleadas de hogar y trabajos en precario (muchos jóvenes). Tres de cada cuatro convenios son de empresa, pero sólo afectan a un 10% de los trabajadores, ya que la mayoría están cubiertos por convenios de sector, provinciales (55% trabajadores), autonómicos (10%) o nacionales (25%), que fijan condiciones de trabajo de arriba abajo, al margen de la situación de cada empresa.

Los empresarios querían, y con razón, dar más peso a los convenios de empresa, para adaptar sueldos, horarios, categorías y condiciones de trabajo a la marcha de la empresa en cada momento. Y empezaron su particular pulso con los sindicatos, para ver cómo decidían los cambios en los convenios. Pero dentro de la patronal había otro pulso, entre los que saben que es mejor un acuerdo pactado que una imposición y los que piensan que el mejor convenio es el que no existe y defienden que el empresario decida lo que hace en su empresa (y más con la crisis). Al final, se ha impuesto esta línea dura, que cree que pueden conseguir más con una reforma impuesta por los mercados, Bruselas o un  Gobierno del PP.

La ruptura vino porque la patronal quería dejar fuera de convenio a los directivos y a las pymes con menos de 6 empleados (sería dejar fuera a un 75% de las empresas y a un 25% de los trabajadores) y porque no aceptaban que los sindicatos tuvieran que dar el visto bueno a los cambios en las condiciones laborales. Un pulso de poder en la empresa. El Gobierno ha optado por una solución salomónica, que da más flexibilidad a los convenios, pero con control sindical. Hay tres cambios importantes. Uno, prevalece el convenio de empresa sobre el resto. Dos, se permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo, desde horarios (reparto de un 5% de la jornada) a movilidad, incluso con la posibilidad de descuelgue salarial, para que las empresas con problemas paguen menos que el convenio sectorial. Y eso en el plazo de un mes, recurriendo a un árbitro (como con los controladores) en caso de desacuerdo, así como para renovar un convenio atascado (debe renegociarse en 8-14 meses).

Teóricamente, ahora será más fácil flexibilizar las condiciones de trabajo en una empresa, aunque habrá que negociarlas. Con ello se quiere facilitar que las empresas ajusten sus horarios y sueldos antes de tener que despedir. Sin embargo, el Gobierno, para compensar a la patronal, ha aprobado, junto a la reforma de convenios, un Reglamento que facilita (más bien, abarata) los despidos colectivos (ERE): ahora permite a las empresas que soliciten despidos con una indemnización de 20 días por año (en vez de los 45 días habituales) si prevén que van a tener pérdidas, incluso transitorias. Un coladero que va a multiplicar los ERE.

El problema en España, por mucho que se diga, no es que sea difícil despedir, como lo prueban los 2.358.000 empleos perdidos desde que empezó la crisis. La propia OCDE señala que en España es más fácil despedir que en Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Portugal o Austria, por ejemplo. Otra cosa es que sea más o menos barato. Pero si se abarata, como ha hecho el Gobierno socialista para contentar a empresas y mercados, ¿no estamos facilitando que haya más despidos?

La reforma de los convenios, la aprobada o la que finalmente se apruebe en el Congreso (si da tiempo), es clave para flexibilizar las condiciones de trabajo en las empresas, mejorar la productividad y evitar más despidos. Pero no va a crear empleo por sí misma. Para que las empresas creen empleo tienen que vender, invertir y eso resulta difícil con la caída del consumo y los ajustes. Y les hace falta financiación, crédito, “la gasolina” del empleo. Sólo así, con más ventas y financiación, las empresas pueden pensar en crear empleo. Y para ayudarles, mejor que el despido libre (con 20 días) que piden algunos sería rebajarles las cotizaciones sociales, para que no les sea tan caro contratar, como ha pedido la Unión Europea. Pero eso obliga a subir impuestos a los que tienen empleo (y a las empresas y particulares con más beneficios). Y no parece que se esté por la labor.

En resumen, tenemos una reforma de convenios impuesta, que puede quedar en agua de borrajas o tumbada por los mercados. Tenemos un pulso en las empresas que sigue ahí y que debería quedar en tablas, primando el acuerdo, para salvar el empleo. Y tenemos demasiada ideología y demasiado politiqueo a corto plazo, que pueden frustrar un necesario Pacto por el empleo, equilibrado y realista, que no puede esperar a 2012. Actúen ya.  

Trabajamos más y ganamos menos

Otro mito que cae: los españoles trabajamos más horas que la mayoría de los europeos. Eso sí, ganamos la mitad que ellos. Spain is different: tenemos unos horarios de locos y muchos vuelven de comer al trabajo cuando en Europa cierran las oficinas. El problema es que así no hay forma de conciliar trabajo y familia y lo acaban pagando los hijos o las mujeres, que dejan su empleo, reducen su jornada o trabajan el doble, en su empresa y en casa. Ahora, con la reforma de los convenios, hay que plantearse una reforma a fondo de los horarios de trabajo, para trabajar menos horas y con más eficacia.

www.enriqueortega.net

En España se trabaja más horas que en la mayoría de Europa. Así, los españoles dedican el 19% de su tiempo al empleo remunerado, frente al 16% de países tan productivos como Alemania, Holanda o Dinamarca, según el Banco Mundial. Somos el cuarto país de Europa que más horas trabaja, sólo por detrás de Austria, Portugal y Suecia. Y ocupamos el puesto 13 entre los 30 países de la OCDE, encabezado por Japón, China, Corea, México y Canadá. La estadística nos da 4,6 horas de trabajo al día (media de toda la población en edad de trabajar, entre 15 y 64 años), un 20% más de trabajo diario que Alemania (3,75 horas).

A pesar de meter más horas, la productividad española es menor, por hora trabajada: un índice 98 frente al 100 de la Unión Europea, el 110 de Alemania, el 112 de Francia o el 119 de Estados Unidos. Y si  ha mejorado la productividad global de España (índice 110 frente al 100 de la UE, el 95 de Alemania o el 98 de Gran Bretaña) es porque hemos perdido 2,3 millones de empleos con la crisis y ahora producimos algo menos con muchas menos personas.

En consecuencia, trabajamos más horas pero cobramos menos. El sueldo medio en España era de 22.000 euros en 2010, frente a 35.000 de media en la UE. Sólo en Grecia, Portugal y Polonia se gana menos que en España, donde los salarios son casi la mitad a los de Alemania (40.000 euros), Holanda (42.700 euros) y Gran Bretaña (46.058 euros). De hecho, la Agencia Tributaria dice que el sueldo medio de los españoles en 2009 fue aún menor: 19.085 euros, con grandes diferencias entre Madrid (24.583 €) y Extremadura (14.767 €). Y todavía hay un tercio de los trabajadores (5,6 millones) que ganan menos del salario mínimo (8.736 euros al año). Y por debajo de los 35 años, la mayoría son mileuristas.

Volviendo a los horarios, son una locura en España: muchos empiezan a trabajar después de las nueve, media hora larga para el desayuno, dos horas para comer y salir del trabajo cuando la mayoría de los europeos están cenando. Las consecuencias son nefastas: baja productividad, rupturas conyugales, baja natalidad y una gran presión sobre la mujer, que en muchos casos abandona el trabajo para ocuparse de los hijos: el 23 % de las madres con hijos menores de 5 años deja su empleo, según un estudio de La Caixa.

De hecho, los horarios de trabajo son machistas: como el hombre no concilia trabajo y familia, lo hace la mujer, a costa de su vida profesional y de un sobreesfuerzo en casa: la mujer dedica 292 minutos al día en España a las tareas domésticas y el hombre 105, según la OCDE. Y además, los dilatados horarios en España son culpables, según un estudio del Defensor del menor, de muchos problemas de nuestros hijos: los trastornos psicopatológicos en la infancia (22%), el fracaso escolar (31,2 % en España frente al 15,4% en Europa), el acceso cada vez más temprano al alcohol y tabaco (13 años) o a las drogas (14 años) y la creciente desestructuración familiar, sin olvidar la obesidad infantil o los problemas del sueño.

Hay que poner orden en el caos de los horarios laborales, que se han agravado incluso con la crisis, ante el temor a perder el empleo si se sale antes. De hecho, la jornada laboral pactada en 2010 fue de 1.761,7 horas, 13 horas más que en 2007. Un dato que choca con las 1.432 horas que trabajan los alemanes, las 1607 de los británicos o las 1620 de los franceses. La mayoría de los españoles, un 80% según el estudio de la Fundación Másfamilia, pide medidas para reducir horarios y flexibilizar jornada, incluso a costa de la nómina. Además, hay que fomentar la reducción de horas extras (sólo se incluye en el 20% de los convenios), el reparto del trabajo (en el 4,6 % de los convenios) y el trabajo a tiempo parcial, que sólo tienen el 12,8% de los trabajadores en España (4 de cada 5 son mujeres), frente al 20% en Europa (y el 26,1 % en Alemania o el 49% en Holanda).

En resumen, no se puede estar 12 horas entre ir y venir al trabajo, no se pueden tener reuniones a las 7 de la tarde ni comidas de trabajo de tres horas, para descuidar la familia, la casa, el ocio y la vida. Porque al final, no compensa económicamente y se acaba pagando. Tenemos que salir de la crisis poniendo orden en los horarios, organizando mejor el trabajo. Una prioridad de los futuros convenios: menos horas en el curro y más eficacia.

No culpen a los salarios de la crisis

Este mes de marzo se va a librar la batalla de los salarios, en dos frentes. Por un lado, la canciller Merkel intenta imponer a sus colegas europeos un Pacto de Competitividad que prohibiría subidas de sueldos vinculadas a la inflación. Por otro, en España, sindicatos y patronal buscan ponerse de acuerdo sobre la negociación de los convenios, incluyendo si se mantienen las cláusulas de revisión ligadas al IPC, como quieren los sindicatos. Si no hay acuerdo para el 19-M, el Gobierno amenaza con legislar por su cuenta (miedo me da). En el fondo está el debate de cuánto deben subir los salarios y si son culpables de nuestra baja productividad y competitividad. Una vieja polémica donde se esconden muchos datos y que protagonizan expertos y políticos con sueldos millonarios.

 La canciller Merkel, apoyada por Sarkozy, va a proponer en la Cumbre europea del 11 de marzo un trato a sus colegas europeos: Alemania y Francia, los que más pagan, aceptan ampliar el Fondo de rescate europeo y flexibilizar su uso (para reducir las tensiones de la deuda, ahora con Portugal) a cambio de que los demás países de la UE acepten un Pacto de Competitividad de 6 puntos: límite de la deuda y déficit público por Ley en cada país, aumento de la edad de jubilación, armonización del impuesto de sociedades, reconocimiento mutuo de títulos para favorecer la movilidad laboral en Europa, nuevos mecanismos de resolución de crisis bancarias y la prohibición de que la subida de salarios se vincule a la inflación.

La mayoría de la Eurocámara ha criticado la propuesta, pero más por las formas (se ve como una imposición franco-alemana), que por el contenido, salvo el tema de los salarios, que de entrada rechazan Bélgica, Luxemburgo, Austria, Portugal y teóricamente España, aunque Zapatero y el ministro de Trabajo no juegan claro: no quieren contradecir a Merkel (que tiene en sus manos calmar a los mercados con el nuevo Fondo de rescate) pero no quieren crear mal ambiente en el diálogo social, donde los sindicatos no aceptan la prohibición alemana.

De entrada, hay un hecho claro: la subida de los salarios vinculada a la inflación retroalimenta la subida de precios. Los trabajadores recuperan algo de poder adquisitivo (no todos), pero se pierde competitividad y empleo. De hecho, entre 1999 y 2009, los costes salariales subieron en España una media del 3% anual, mientras en Alemania crecían un 0,7 %, en Francia un 2% y en la UE un 1,9%. Y en 2008-2009, en plena crisis y con una fuerte pérdida de empleo, los salarios subieron en España un 3,6 y un 2,3 %, cuando bajaban en otros países. El efecto ha sido pan para hoy y paro para mañana. Un mal camino que se ha cortado en 2010, con una subida de salarios del 1,3 % y una inflación del 3%, con lo que se ha perdido poder adquisitivo (sin crearse todavía empleo).

Moderar las subidas de salarios en el país con más paro de Europa parece algo evidente. Pero hay muchas cosas que no se dicen. Primero, que sólo la mitad de los trabajadores tiene una cláusula de revisión salarial ligada a la inflación: la tienen un 75% de los asalariados con convenio, que son 11 millones de los 15,3 millones de asalariados (uno de cada cuatro trabajadores no tiene convenio). Segundo, que dos de cada tres cláusulas de revisión están ligadas a la inflación futura (del año siguiente), no de la pasada, lo que es menos inflacionista. Tercero, que los salarios en España son la mitad que en Alemania (21.500 euros brutos frente a 40.000) y un 20% inferiores a la media de la UE. Y cuarto, que en Alemania existe un gran peso de las grandes y medianas empresas, lo que permite ligar mejor las subidas salariales a la productividad, pero en España, un 75% de las empresas son pymes con menos de 6 trabajadores, muchas sin convenios ni experiencia de negociar productividad.

España es un país donde la mitad  de los asalariados cobran 1.000 euros o menos al mes, según la Agencia Tributaria. Con estos sueldos, no se puede quitar de un plumazo la cláusula de salvaguardia, y más con los precios subiendo al 3,6%.La batalla de culpabilizar a los salarios es antigua y yo siempre me fijo en los sueldos de los que piden moderación: Gobernador del Banco de España: 165.026 euros al año. Presidente del BCE: 360.000 euros. Presidente del Bundesbank: 388.000 euros. Y así podríamos seguir con expertos y políticos. Muchos de ellos se olvidan de pedir moderación a los márgenes y beneficios empresariales, que también han subido con fuerza en España en la última década, ganando peso en el pastel de la renta. Y de pedir contención en los salarios de directivos empresariales y en los bonus. Choca que insistan en la contención salarial y no mencionen que los sueldos de los altos directivos de las empresas del IBEX subieron un 19.14% en 2010. Y que los beneficios de las empresas del IBEX subieron el año pasado un  21,5%.

Volviendo a la propuesta de Merkel, parece evidente que hay que ligar la subida de los salarios a la mejora de la productividad, aunque sin liquidar de un plumazo la revisión por el IPC . Pero la mejora de la productividad no depende sólo de los salarios. Hay que hablar también de la organización del trabajo y de la gestión de las empresas, de los horarios, del reparto y creación de empleo, de la formación (sólo el 24% de los convenios incluyen planes de formación), de la mejora de infraestructuras, de la tecnología y la innovación (Alemania gasta el doble que España en innovación). No hablemos sólo de salarios. Hay muchas otras teclas que tocar para ser más competitivos. Que no nos hagan culpables.   

Los planes de pensiones no son para viejos

Este mes de diciembre, bancos y Cajas nos bombardean con ofertas de Planes de pensiones privados. Y muchos creen que el tema no va con ellos, sobre todo los más jóvenes. Se equivocan. Por tres razones. Una, porque cuando se jubilen, van a perder un tercio de sus ingresos o incluso la mitad: la pensión media está en 878 euros y la máxima en 2.466. Dos, porque con la reforma que viene, las pensiones futuras van a ser aún menores. Y tres, porque los Planes de pensiones es la única forma de ahorro que permite desgravar a Hacienda (hasta 10.000 euros al año y 12.500 los que tienen más de 50 años) y con ello pagar menos o que la declaración salga negativa. El problema es que este año, cuando más deberíamos pensar en invertir para nuestra jubilación, la crisis no nos deja libre un euro. Pero no queda más remedio que planificarse y sacarlo para más adelante.

Actualmente, ocho millones de españoles tienen un Plan de pensiones privado, individual o de empresa, el doble que hace sólo 10 años. España es el séptimo país de Europa en planes de pensiones complementarios, un ranking encabezado por Gran Bretaña, Holanda y Suiza, seguidos por Finlandia, Alemania y Dinamarca. El mayor retraso se da en los planes de empresa, que sólo tienen el 18 % de los trabajadores españoles (en Gran Bretaña los tiene la mitad de los asalariados), una asignatura pendiente de los convenios colectivos, aunque deberían apoyarse con más incentivos públicos. En cuanto a los planes individuales, los temores al recorte de las pensiones públicas han hecho que en 2010 hayan crecido las aportaciones, aunque la crisis ha reducido en 300.000 los partícipes en Planes de pensiones en los dos últimos años.

Cualquier edad es buena para empezar a invertir en un Plan de pensiones privado, pero lo ideal es empezar a los 40 años, con aportaciones periódicas de 300 a 500 euros al mes. Para conseguir 140.000 euros al jubilarse (777 euros de pensión privada al mes durante 15 años), por ejemplo, habría que aportar 5.450 euros al año desde los 45 años. Si se hace más tarde, desde los 55 años, habría que aportar tres veces más, 16.100 euros al año. Y si se hace desde los 35, menos de la mitad, 2.360 euros al año. Eso sí, hay que saber que ese dinero no se puede tocar hasta la jubilación, salvo en tres supuestos: incapacidad laboral permanente, enfermedad grave o desempleo de larga duración (más de 1 año continuado).

A la hora de elegir un Plan, cuatro consejos sencillos. Primero, busquemos una entidad que ofrezca planes de distintas gestoras y no quiera “colocar los suyos”. Segundo, mirar  la comisión que nos cobran (media: 1%), no tanto los “regalos”. Tercero, diversificar entre varios Planes, unos con más riesgo que otros, según la edad. Y cuarto, hacer seguimiento: si no va bien, se cambia de un Plan a otro, o a otra entidad (traspaso, generalmente con incentivo).Eso sí, pensando que es una inversión a 20 o 30 años, y que en ese plazo suele ser rentable: la rentabilidad media de los Planes de pensiones es, en los últimos 20 años (con tres crisis), de un 5,19% anual. Y hay que sumar los impuestos que nos hemos ahorrado.

Lo dicho, no están las cosas para ahorrar, pero hay que sacar un dinero como sea para preparar la jubilación y asegurarse una pensión privada complementaria a la pública. Mejor antes que después, porque será menos costoso. Jubilación viene de júbilo pero tendremos poco si ganamos la mitad y encima tenemos que seguir ayudando a los hijos. Así que, junto a la hipoteca, el colegio de los niños y los gastos fijos, hay que sacar para el Plan de Pensiones.