Un país de hogares solitarios

En 1 de cada 4 hogares españoles vive una persona sola: separados, divorciados, jóvenes y mayores que viven solos, la mitad “por obligación”. Son 4,6 millones de personas, 1 de cada 10 españoles, el triple de “solitarios” que hace 25 años. Pero España es uno de los paises donde viven menos personas solas: el 25,2% de hogares, frente al 31,8% en Europa o el 45% en Dinamarca. Y eso, porque en España, los jóvenes no tienen empleo ni ingresos para irse del hogar familiar y muchos mayores viven con sus hijos o en residencias en vez de solos como en la Europa del norte. Con todo, cada vez hay más españoles que viven solos y eso está cambiando el consumo, los alquileres, la sanidad y la asistencia social. El Gobierno debería tomar medidas para ayudar a los mayores que viven solos, 3 de cada 4 son mujeres con bajas pensiones de viudedad. Porque muchos ancianos están abandonados y la soledad les causa depresiones y enfermedades. Hay que atenderles mejor.


                                                                                            enrique ortega

Los hogares españoles están hoy mucho más vacíos que hace 25 años. Si en 1991 había una media de 3,2 personas por hogar, en 2001 había bajado a 2,9 y en 2016 son 2,5 personas de media por hogar, según la Encuesta continua de Hogares 2016 del INE. Ello se debe a que las parejas tienen ahora menos hijos (1 y como mucho 2) y  a que hay muchas más personas que viven solas: separados, divorciados, jóvenes y mayores. Así, de los 18.406.100 hogares registrados en España, un 25,2% son hogares unipersonales, donde vive una persona sola. En total, son 4.638.300 españoles “solitarios”, según el INE, 1 de cada 10 habitantes. Y su número se ha triplicado en los últimos 25 años, pasando de 1.581.055 personas que vivían solas en 1991 (el 13,3%) a 2.876.572 en 2001 (el 20,27%) y a los 4.638.300 (25,2%) de hoy. Con ello, los hogares unipersonales son hoy los segundos más frecuentes, tras los hogares con dos personas (30,5%) y por encima de los de tres personas (21%).

¿Quién vive solo en España hoy? De los 4.638.300 “solitarios” censados, 4 son mayores de 65 años (1.933.300) y los otros 6 son jóvenes y adultos no jubilados (2.705.100 personas). La mayoría son mujeres (2.476.700) y sólo el 46,6% son hombres (2.161.600). Por estado civil, destacan los “solitarios” solteros (45,8%), seguidos de los separados o divorciados (17%), casados (6%) y viudos (30,2%). Y por autonomías, las que tienen más hogares unipersonales son Cataluña (750.000), Andalucía (736.000), Madrid (655.000) y Comunidad Valenciana (517.000), aunque en porcentaje relativo, hay más hogares con gente sola en Asturias (29,7% de hogares unipersonales), Castilla y León (28,7%), La Rioja (28,5%), País Vasco (27,2%) y Aragón (27,1%), según la Encuesta continua de hogares 2016 del INE.

Aunque los hogares unipersonales se han triplicado desde 1991, España es todavía uno de los paises europeos donde hay menos gente que vive sola: hay un 25,2% de hogares unipersonales frente al 31,8% de estos hogares en Europa (UE-28), con lo que hay 18 paises con más “hogares solitarios” que España, según Eurostat. El ranking lo encabeza la Europa del norte: Dinamarca (45% de hogares unipersonales), Finlandia (40,8%), Noruega (40,6%), Alemania (40,5%), Suecia (39,9%) y Holanda (39,6%), seguidos de Austria (37%), Bélgica (34,3%), Francia (35,8%) o Italia (34,3%). Y entre los paises con menos “solitarios”, la Europa del sur y del Este: Chipre (20,8%), Portugal (21,4%), Irlanda (22%), Rumanía (22,1%), Hungría (22,8%), Malta (23,3%), Bulgaria (24,2%), Polonia (24,4%), España (24,6%) y Grecia (25,7%).

La causa de que en Europa haya más hogares donde sólo viva una persona es doble. Por un lado, los jóvenes europeos se emancipan antes que los españoles y viven por su cuenta en mayor medida que aquí. Y por otro, las relaciones entre padres e hijos son diferentes: en la Europa del sur hay más costumbre de que los hijos se hagan cargo de los padres y vivan con ellos, mientras en la Europa del norte hay más “independencia” intergeneracional. Baste un dato: en España, el 54,3% de los padres mayores de 65 años tienen contacto con los hijos todos los días, mientras en Europa sólo tienen este contacto diario el 37,8% de los padres jubilados (y en Dinamarca el 18,3%), según un estudio de Eurofound 2012.

Veamos con detalle los dos grupos de españoles que viven solos: los jóvenes y adultos no jubilados y los mayores de 65 años. Primero, los 2.705.100 “solitarios” menores de 65 años en 2016 (1.228.528 más que en 2001). La mayoría son hombres (1.595.800) y en los últimos años han crecido los que viven solos porque se han separado o divorciado, mientras se reducían los jóvenes que viven solos, por la crisis. De hecho, la edad media de los jóvenes para independizarse ha subido en España a 29,4 años, frente a 26,1 años de media en Europa, los 20,7 años de Suecia , los 23,7 de Alemania, los 23,8 años de Francia o los 24,9 años de Reino Unido, según datos de Eurostat (2016). Y hay un dato todavía más llamativo: en España, el 80,3% de los jóvenes de 19 a 29 años (5.233.406 jóvenes) sigue viviendo con sus padres frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y si tomamos a jóvenes algo más mayores, entre 22 y 29 años, el 70% de los españoles viven con su familia, frente al 16% en Francia, un 21% en Alemania o un 30% en reino Unido, según un informe de la OCDE (2015).

¿Por qué los jóvenes españoles no se lanzan a vivir solos? Por su penosa situación económica. Primero, la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) es en España del 40,5% (la segunda más alta tras el 48% de Grecia), más del doble del paro juvenil de la UE-28 (17,2%) y la zona euro (19,4%), según Eurostat. Y segundo, los jóvenes con empleo tienen un trabajo muy precario: el 73% de los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen contratos temporales frente a un 43,8% de media en Europa (UE-28). Con ello, su incertidumbre laboral es muy alta y su salario muy bajo: un tercio de los jóvenes españoles de 16 a 29 años (casi 2,5 millones) son oficialmente “pobres”, ingresan menos del 60% de la media de ingresos española. O sea, ingresan menos de 8.209 euros netos anuales, según el INE. Así no hay forma de irse de casa y ponerse a vivir solo o en compañía y formar un hogar.

Veamos al otro grupo de los que viven solos, los mayores de 65 años: forman 4 de cada 10 hogares solitarios, según la Encuesta continua de Hogares 2016. Son 1.933.300 personas mayores que viven solas, 552.000 más que en 2001. Y de ese total de mayores solos, el 70% son mujeres mayores solas (y cuanto más mayores, más solas: el 21,4% de las que tienen entre 65 y 74 años viven solas y el 39,7% de las que tienen más de 85 años). En España, los mayores que viven solos suponen el 22,9% de todos los hogares de personas mayores (2016), un porcentaje que no ha dejado de crecer desde 1991 (hace 25 años, sólo el 16,6% de mayores españoles vivían solos). Con todo, esta proporción de “mayores solitarios” es también menor en España que en Europa: 24% en 2015 frente a 32,2% de mayores que viven solos en Europa, según Eurostat. Donde hay más mayores viviendo solos es en los países nórdicos y centro Europa: 40% del total en Dinamarca o Finlandia, 39% en Suecia, 38% en Francia, 34% en Alemania o 32% en Reino Unido. Y donde menos en la Europa del sur: 31% de mayores en Italia y 24% en Portugal, España o Grecia.

La explicación de que en España tengamos menos mayores que viven solos que Europa es múltiple. Por un lado, hay razones familiares y educativas: en la Europa del sur funcionan mejor las redes familiares y las hijas están más acostumbradas a cuidar a los padres en casa. Por otro lado, en el norte y centro de Europa existen más ayudas sociales para que los ancianos puedan vivir en su hogar, con asistencia externa. Y como contraposición, las pensiones españolas son muy bajas (el 47% son menores de 650 euros) y no permiten a muchos jubilados vivir solos, con lo que acaban aportándolas a sus hijos, también como forma de ayuda para salir adelante todos. Y en el caso de las mujeres, su pensión de viudedad es aún más exigua y les dificulta vivir solas: la pensión media de viudedad es de 645 euros al mes y hay 538.000 viudas (casi 1 de cada 4) que reciben menos de 400 euros de pensión al mes.

Con todo, 1.933.300 mayores de 65 años viviendo solos (el 22,9% de todos los mayores) son muchos mayores solitarios. Y esa abultada cifra, que crece año tras año, conlleva varias consecuencias económicas. La primera, cómo estos “mayores solitarios” consiguen sobrevivir y pagar con su exigua pensión la comida (17,4% de su gasto frente al 15% en el presupuesto de los menores de 65 años), los gastos de vivienda (39,9% frente al 31,8% el resto) y la salud (4,7% frente al 3,5%), ya que en lo demás gastan mucho menos: en ocio (10,2% frente a 15,1%), en vestir (3,8% frente al 5,1%) y en los demás bienes y servicios (24% frente al 29,5%), según la Encuesta de presupuestos familiares del INE. Con la crisis, muchos mayores solitarios se han encontrado con que no pueden pagar la luz o la calefacción y están a la cabeza de la pobreza energética.

Otro elemento clave del aumento de mayores que viven solos es su atención sanitaria y social, para evitar que su salud se deteriore o se mueran solos, como se informa con demasiada frecuencia. Debería existir un Plan de choque de la sanidad pública para tener censados a estos mayores que viven solos y asegurarles una asistencia sanitaria y social frecuente, con la ayuda de la teleasistencia. De hecho, la soledad es un grave problema que acaba teniendo efecto sobre la salud de los mayores, provocando en un 10% de los casos depresiones y enfermedades, según los expertos.

El aumento de los hogares donde vive una sola persona, sea mayor, joven o de mediana edad, está revolucionando el consumo y lo va a modificar mucho más, desde la presentación de los alimentos (no es lo mismo comprar para uno que para cinco) a los servicios (lavadora para uno). Y va a aumentar la oferta de servicios comunes para personas solas, desde comedores a lavanderías. Y lo mismo en la vivienda: promotores y constructores tendrán que pensar cada vez más en pisos-estudio para jóvenes, adultos y mayores que viven solos y a los que no compensa comprar o alquilar una casa de varias habitaciones.

En paralelo, el Gobierno debería actuar en dos frentes, a la vista de los datos de españoles que viven solos. Por un lado, fomentando que los jóvenes puedan emanciparse y vivir solos (o formar familias) como en Europa. Eso pasa por mejorar la formación y educación de los jóvenes (somos un país líder en abandono escolar: el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años, frente al 10,7% de media en Europa), para que estén mejor preparados para trabajar en lo que se demanda, ampliando la Formación Profesional, los contratos en práctica y la contratación estable de jóvenes, menos precarizados y mejor pagados.

Por otro, hay que tratar de apoyar más desde el Estado a los mayores que viven solos. Primero, reforzando su asistencia social y sanitaria, con un servicio de visitas frecuentes al domicilio y teleasistencia, que prevengan enfermedades y depresiones. Segundo, fomentando servicios comunes y desarrollando proyectos como los  pisos tutelados y viviendas compartidas iniciados en Madrid. Tercero, promoviendo ayudas para el acogimiento familiar de los mayores y co-financiando cuidadores a domicilio, una fuente de trabajo y residencia para jóvenes. Y por supuesto, trasvasando los ancianos más vulnerables de sus viviendas a residencias de mayores, lo que exige aumentar las plazas disponibles y, sobre todo, redistribuirlas mejor porque hay regiones con poquísimas residencias para ancianos (2,22 por 100 habitantes mayores de 65 años en Canarias, 2,91 en Valencia, 2,95 en Andalucía, 3,06 por 100 en Galicia) y otras mejor dotadas (7,43 plazas por 100 mayores en Castilla y León, 7,09 en Castilla la Mancha,6,38 en Aragón ó  5,16 por 100 en Navarra).

Al final, de los 4.638.300 españoles que viven solos, algo más de la mitad (59,4%) lo hacen por voluntad propia, pero casi la mitad (40,6%) se ven obligados a ser “solitarios” , según una encuesta de la Fundación Once (2015). Y la mayoría de estos “solitarios obligados”  son ancianos que se han quedado solos, el 70% de ellos mujeres. Aquí es donde deberían centrarse las ayudas públicas, para mejorar su vida y sus últimos años. Si es posible en su casa, mejor, pero reduciendo riesgos y problemas. Y si no, evitando que malvivan solos, facilitando su atención familiar o en una residencia. Es lo menos que merecen.

 

Negro futuro para los servicios sociales

La crisis ha disparado las visitas de españoles a los servicios sociales, para pedir todo tipo de ayudas, desde comida y alojamiento a subsidios, teleasistencia, residencias de ancianos o asesoramiento para trabajar. Y la puerta de entrada a estos servicios sociales son los Ayuntamientos, que atienden a 7 millones de personas cada año. Ahora, el Gobierno ha enviado al Parlamento una Ley de reforma local que quita a los Ayuntamientos los servicios sociales para que los presten las autonomías. El problema es los Gobiernos regionales no tienen recursos y se teme que al final nadie preste estos servicios sociales, cada vez más necesarios porque la crisis ha hecho que 12 millones de españoles vivan como pobres. Además, Rajoy ha prometido a Bruselas que autonomías y Ayuntamientos recortarán 11.500 millones más sus gastos en 2014 y 2015, con lo que tendrán que hacer un recorte extra en gastos sociales. Un drama para millones de personas que lo están pasando muy mal.

                                          Vídeo Cruz Roja 2012: "Ahora más que nunca frente a la crisis" 

España gasta en servicios sociales unos 13,300 millones al año (2012), un 1,3% del PIB, la mitad que la media europea. El Estado central apenas aporta y menos desde que gobierna Rajoy, que ha bajado a la tercera parte el presupuesto del Estado para gastos sociales: de 86,6 millones que aportaba en 2011 a sólo 27,5 en 2013. Las autonomías aportan el grueso del gasto en servicios sociales, 12.645 millones en 2012, aunque también llevan dos años de recortes. Y los Ayuntamientos dedican casi 600 millones a servicios sociales, aunque son los que gestionan el Plan concertado municipal de servicios sociales, con 1.330 millones (2011). En conjunto, los presupuestos para servicios sociales han caído un 33,1% entre 2011 y 2014, según un reciente informe encargado por el Consejo General de Trabajo Social (CGTS).

Los servicios sociales son competencia exclusiva de las autonomías, que hacen casi todo el gasto, aunque lo han reducido en 478 millones con la crisis (entre 2009 y 2012). Lo primero que choca es la gran diferencia de servicios sociales entre autonomías. Tres ejemplos. Uno, la renta mínima de inserción (RMI), el subsidio que pagan las autonomías a algunas familias sin ingresos: en el País Vasco cobran 658 euros al mes 1 de cada 13,5 habitantes mientras en Extremadura cobran sólo 399 euros 1 de cada 337 habitantes. Otro, las residencias de ancianos: en Castilla y León hay 7,42 plazas por 100 mayores y en Murcia 2,37. Tres: el País Vasco ofrece 71 plazas de albergues para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes mientras Extremadura tiene 20.

Esta disparidad de servicios sociales se debe a la disparidad de gasto entre autonomías: mientras el País Vasco gasta 796 euros por habitante, en Baleares gastan diez veces menos (76,4€). Si se mide en relación a su riqueza, las autonomías que más gastan son el País Vasco (2,57% de su PIB), Extremadura(2,20%),Castilla la Mancha(1,99%), Andalucía(1,60%), La Rioja(1,59%) y Navarra(1,44%).Y las que menos Baleares (0,31%), Canarias(0,65%), Madrid(0,75%) y Comunidad Valenciana(0,76%). Pero al final, unas gestionan mejor que otras y sólo tres sacan buena nota en el ranking que hacen los gerentes de servicios sociales: Navarra (nivel alto, con 7,15+ puntos), País Vasco(7,35) y La Rioja (6,85). Seis más aprueban: Castilla y León (6,65 puntos), Cantabria(6,60), Cataluña (6,35), Asturias(6,35), Castilla la Mancha(6,25) y Aragón (5,85). Y las ocho restantes suspenden, lo que hace que para toda España, la nota que dan a los servicios sociales sea suspenso: 4,92 puntos.

Los Ayuntamientos lo hacen mucho mejor, aunque gestionan bastante menos dinero, los 1.330 millones del Plan concertado de servicios sociales (al que aportaban, en 2011, 86,6 millones del Estado, 710,5 de las autonomías y 532,3 de los Ayuntamientos). En este Plan trabajan 50.000 funcionarios municipales, que atienden a 7 millones de personas cada año. El catálogo de servicios sociales que prestan los  Ayuntamientos es amplísimo: información y orientación de ayudas, asesoramiento para el empleo, ayuda a domicilio y teleasistencia, comida y alojamiento (ayudas al alquiler, albergues y viviendas tuteladas), ayudas de emergencia, gestión de becas, ayudas y renta mínima de inserción (RMI), gestión de la Dependencia, apoyo a la familia, a las mujeres (maltrato),a la infancia y a inmigrantes, atención a discapacitados, gestión justicia gratuita, atención psicosocial…  Y lo más importante: los Ayuntamientos son la puerta de entrada para que los ciudadanos soliciten y accedan a las ayudas que luego conceden las autonomías y el Estado. Por eso son claves.

Pero ahora, el Gobierno Rajoy quiere que dejen de prestar estos servicios sociales. En la Ley de reforma de la Administración Local, que se debate en el Parlamento para que entre en vigor en 2014, se contempla que los Ayuntamientos dejen de prestar los servicios que se consideran “impropios” y que se llevan la cuarta parte de sus presupuestos: servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. El argumento del Gobierno es evitar duplicidades con las autonomías y el Estado (que también prestan estos servicios) pero la verdad es que se hace por recortar gastos: la previsión enviada a Bruselas es que, suprimiendo servicios públicos, los Ayuntamientos recorten 4.000 millones entre 2013 y 2015.

Con la reforma local, la prestación de servicios sociales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pasará a las autonomías (en los pequeños, la gestión pasa a las Diputaciones, que ni siquiera asegurarán el servicio, sólo los básicos). Y los Ayuntamientos quedarán para una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”. O sea, para detectar necesidades y atender lo más urgente. El resto a cientos de kilómetros, en la autonomía. Y además, la Ley les va a exigir que establezcan medidas para “racionalizar el servicio”. O sea que, como los recortes y Hacienda mandan, las autonomías tratarán de “ahorrar” también en servicios sociales los próximos años.

La Ley, rechazada por muchos alcaldes y  toda la oposición (salvo PNV), provocará varios problemas. Por un lado, muchas autonomías no tienen recursos como para financiar los servicios sociales que ahora prestan los Ayuntamientos. Castilla y León ya se ha quejado de que le costaría 200 millones. Por eso, el temor es que el traspaso acabe en un drástico recorte de servicios. Por otra parte, están en riesgo los empleos de los empleados municipales de servicios sociales (50.000) y de las ONGs y empresas que prestan servicios (temen que se pierdan 70.000 empleos). Pero además, puede provocarse una mayor duplicidad de tareas: los Ayuntamientos tendrán que seguir atendiendo situaciones urgentes y evaluando problemas (necesitarán medios) y las autonomías necesitarán medios y recursos para atender servicios que antes no prestaban. Un caos.

Con todo, el mayor problema es de fondo: los servicios sociales necesitan prestarse con  proximidad, para detectar mejor las necesidades y hacer un seguimiento constante. Y eso sólo pueden hacerlo los Ayuntamientos, no las autonomías. De hecho, Castilla y León o Asturias gastan menos que Extremadura en servicios sociales (1,28% PIB y 1,59% frente a 2,20%) y sin embargo obtienen mucha mejor nota en el ranking (6,65 y 6,60 frente a 4,60) porque tienen la gestión muy descentralizada en los Ayuntamientos. Más cerca, mejor servicio.

La reforma de los Ayuntamientos puede ser la puntilla a los servicios sociales, que se enfrentan además a nuevos recortes de gastos (11.500 millones), impuestos por Rajoy a autonomías y Ayuntamientos para 2014 y 2015, Y todo ello, recortes y reforma, precisamente cuando más falta hace la asistencia social (la demanda ha crecido un 72% en 2012), ya que la crisis ha provocado que España tenga 12 millones de personas en el umbral de la pobreza, familias que viven con menos de 14.700 euros al año (matrimonio con dos hijos). Y lo peor: hay 3 millones de españoles en situación de pobreza severa: malviven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas.

La crisis ha provocado un destrozo social que están sufriendo los más débiles. Un grave problema social que hay que paliar desde las instituciones públicas, con un Plan contra la pobreza (exigido por Bruselas y que no llega) y con un reforzamiento de los servicios sociales, para paliar los casos más graves. Hacen falta más recursos, no recortes. Y no desmantelar los servicios sociales de los Ayuntamientos, los que mejor funcionan. Por solidaridad (o caridad, si prefieren), den marcha atrás.