Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

Más dependientes en lista de espera

Si hay un problema en España que “clama al Cielo” es que haya multitud de dependientes (mayores) que tienen reconocida legalmente una ayuda y no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Así , estaban en “lista de espera” 269.854 dependientes a finales de 2019, 19.817 más que un año antes. Y lo más grave: como muchos son ancianos, 85 de estos dependientes “en espera” se mueren cada día sin que les llegue la ayuda a la que tienen derecho. Una situación que se arrastra desde hace más de una década pero que se agravó en 2019, al no aprobarse un nuevo Presupuesto que incluía más fondos para la Dependencia. Ahora, el Gobierno estudia aumentar estos recursos en los Presupuestos 2020 y las autonomías buscan salir del paso con “trucos” para retrasar las ayudas y aumentar los servicios “low cost” (atender a más con menos). Urge acabar de una vez con estas “listas de espera” de la Dependencia, que son una vergüenza con nuestros mayores.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 13 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original, agravado después por los recortes del Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró en 2011), y de las autonomías gestionadas por el PP. Un problema continuado de falta de recursos y agravado en 2019, al no aprobarse el Presupuesto preparado por el Gobierno Sánchez, que incluía una partida extra de 830 millones para la Dependencia, perdidos al rechazarse las cuentas y caer el Gobierno. Ahora, la situación es insostenible, a la espera de que el nuevo Gobierno prepare un Presupuesto 2020 con más recursos y consiga aprobarlo.


La Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones y ayudas a los dependientes) ha sido un éxito si contamos los españoles que han solicitado una ayuda porque no pueden valerse por sí mismos: a finales de 2019 eran ya 1.894.744 solicitantes, el 4,03% de la población, según el IMSERSO. Y no paran de crecer año tras año, como corresponde a uno de los paises más envejecidos de Europa. La “presión” de los dependientes es desigual por autonomías, según su demografía. La que tiene más “tensión” es Castilla y León (6,09% de la población ha solicitado ayuda), precisamente la autonomía que mejor gestiona y atiende la Dependencia. Y la que tiene menos “tensión”, menos solicitudes, es Canarias (2,60% de la población solicita ayuda), precisamente la autonomía que peor gestiona y atiende la Dependencia, junto a Cataluña, la Rioja y Andalucía.


La gestión de estas solicitudes de ayuda a la dependencia la hacen las autonomías, que tienen un grave problema de falta de recursos, tras los múltiples recortes aprobados por Rajoy a partir de 2012. De hecho, el Estado central ha recortado su aportación al pago de la Dependencia en 5.000 millones de euros entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así que las autonomías han tenido que hacer frente a un fuerte aumento de las solicitudes con menos recursos del Estado y teniendo que poner ellas más dinero, que no les llegaba. El resultado es que han buscado cómo atender a muchos más dependientes sin tener recursos suficientes. Y lo han intentado con cuatro “trucos”, cuatro maniobras que han sufrido los dependientes y sus familias. 


El primer “truco” para paliar la escasez de recursos ha sido retrasar la resolución de los expedientes, “embolsar” las solicitudes, tardar lo más posible en reconocer a los dependientes sus ayudas para retrasar así su pago. Si el plazo legal para resolver las solicitudes de Dependencia es de 180 días, el plazo medio que se tardaba en 2019 eran 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, la mayoría de autonomías tardan mucho más, como Canarias (785 días), Extremadura (675), Andalucía (621) o Cataluña (576 días). De hecho, sólo 5 autonomías cumplen el plazo legal: Ceuta (70 días), Melilla (170), País Vasco (137) Navarra (155) y Castilla y León (191 días).


Gracias a este “truco” de retrasar la resolución de los expedientes, cada año hay más expedientes pendientes de resolver, ayudas que se retrasan (y se “ahorran”). Así, los expedientes pendientes de valoración han pasado de 120.213 a finales de 2017 a 159.193 a finales de 2019, el 8,4% de los expedientes totales. Pero además, hay autonomías que lo hacen mucho peor, para “ahorrar” más. El dato más escandaloso es el de Canarias, que tenía un 28,69% de los expedientes pendientes de valoración (más del triple que la media española), seguida de la Comunidad Valenciana (15,81% expedientes pendientes), Murcia (13,58%), Asturias (13,51%), Extremadura (12,71%) y Andalucía (11,95%). Solo tienen menos del 1% de expedientes pendientes Galicia, Madrid, País Vasco y la Rioja, según las estadísticas de 2019 publicadas por el IMSERSO.


Resuelto el expediente, cada autonomía decide el grado de Dependencia del solicitante (Grado I los menos dependientes, Grado II, y Grado III los dependientes severos) o si no le otorgan grado ni por tanto derecho a una ayuda (350.514 solicitudes a finales de 2019). Y así, de los 1.894.744 solicitantes que teníamos en 2019 pasamos a 1.385.037 que legalmente eran beneficiarios de alguna ayuda, según su grado de dependencia. Pero no hay dinero para atender a todos y las autonomías aplican el segundo “truco” o filtro para ahorrar: las “listas de espera”, dejar a una parte de estos beneficiarios pendientes de recibir las ayudas sin un plazo prefijado.


Desde el principio, el sistema de la Dependencia ha tenido “listas de espera”: 213.896 en 2008 (2º año de la Ley), 305.941 esperando en 2011 (el primer “récord”), bajó a 148.002 en 2014, subió a 384.309 en 2015 (récord absoluto, al empezar a recibir ayuda ese año los dependientes de Grado I) y, a partir de ahí, los dependientes en espera bajaron año tras año, hasta 250.037 en 2018. Pero en 2019 aumentaron en 19.817 dependientes más, por primera vez desde 2015, hasta llegar a 269.854 dependientes en lista de espera, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho a ayudas (el 19,48%), según el IMSERSO, debido al aumento de solicitudes y beneficiarios mientras el Estado central estaba sin nuevos Presupuestos (prorrogados los de Montoro de 2018) y las autonomías estaban asfixiadas financieramente por el retraso en transferencias del Estado.


Pero aquí tampoco hay uniformidad entre autonomías, porque hay algunas que gastan más y gestionan mejor, con lo que apenas tienen lista de espera mientras en otras se ha disparado. Así, Castilla y León vuelve a ser la que mejor lo hace, con sólo un 1,50% de sus dependientes (1.593) en lista de espera, junto a Ceuta (1,72%). Le siguen Navarra (5,71% en lista de espera, 5.822 dependientes), Melilla (7,11%), Castilla la Mancha (8,66%, 5.895 dependientes) y Galicia (12,06%, 8.456 dependientes). Los líderes de la lista de espera son Cataluña (31,71% dependientes reconocidos no reciben ayuda: 76.253 dependientes), Canarias (27,88%, 9.040 dependientes), La Rioja (27,34%, 3.116 dependientes), Andalucía (25,11%, 73.871 dependientes), Asturias (21,56%, 5.794 dependientes) y Extremadura (20,3%, 7.206 dependientes), segúnlos datos del IMSERSO.


Pero los “ahorros” en la Dependencia no terminan aquí. Un tercer “truco” de las autonomías para rebajar su gasto es reducir más la lista de espera de los Dependientes moderados (Grado I), cuya atención es más barata, y reducir menos la lista de espera de los Dependientes medianos (Grado II) y graves (Grado III), más caros de atender. Al final, lo importante es “vender” al público que reducen las listas de espera globales. Los datos del IMSERSO son muy explícitos: entre 2015 y 2019, las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I) han caído un -43,2% (de 277.959 a 156.579 a finales 2019), mientras las listas de espera de los dependientes medianos y graves (Grado II y III) han crecido un +6,5% (de 106.323 a 113.275 a finales de 2019). Eso sí, publicitan que las listas de espera globales han bajado un -29.78% (de 384.326 a 269.854). Y los que sufren este “truco” son los dependientes en peor estado y sus familias, que ahora son incluso más esperando.


Y para terminar, el cuarto “truco” de las autonomías para frenar el gasto imparable en la Dependencia: atender a más con lo mismo, gastando menos con prestaciones “low cost”, para que “cunda” más un dinero escaso. Lo primero que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias para que cuiden a sus dependientes en casa (una prestación entre 625 y 833 euros en Madrid, según el grado de dependencia): si en 2011 suponían el 45,53% de todas las ayudas a la Dependencia que se daban en España, en 2019 eran sólo el 30,26% de las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las ayudas para que los dependientes estén en residencias (la ayuda más “cara”, ya que aporta el 60% del coste de una residencia pública, unos 600/700 euros mensuales): eran el 14,87% de todas las ayudas en 2011 y suponían el 12,10% en 2019. En cambio, ha subido el peso de las ayudas más baratas, de los servicios “low cost”, como la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 17,74% en 2019), aunque se han reducido las horas mensuales (a 54 horas para los dependientes Grado III), y la teleasistencia, la ayuda más barata (40 euros al mes) que tienen ya el 17,48% de los dependientes y muchos más en Andalucía (30,6% de las ayudas), Madrid (26,56%), País Vasco (20,93%) y Baleares (20,83%), según el IMSERSO. 


Y falta hablar de la última moda en ayudas “low cost” a la dependencia, la “prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias (entre 300 y 833 euros en Madrid) para que financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que es una forma de “privatizar la dependencia”, supone ya el 10,73% de todas las prestaciones, pero hay autonomías donde es la ayuda más utilizada, como en Castilla y León (29,48% dependientes), Extremadura (al 43,98%), o la 2ª más usada, como en Canarias (20,16% dependientes), la Comunidad Valenciana (16,80%) y Aragón (16,36%) o la 3ª más usada, como en Galicia (12,66% dependientes), según los datos del IMSERSO.


Al final, la falta de recursos de las autonomías provoca una atención a la dependencia de baja calidad y con 269.854 dependientes, 1 de cada 5 dependientes reconocidos que no reciben ayuda. Y esto tiene dos consecuencias. La primera y más grave que 31.000 dependientes en lista de espera se murieron en 2019 sin recibir la ayuda, dado que el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años. Eso significa que cada día mueren 85 dependientes con derecho reconocido sin que les llegue la ayuda, según la estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otra manera brutal de “ahorrar”. Pero además, hay otra pésima consecuencia de las listas de espera: las familias tienen que afrontar en solitario el cuidado del dependiente, lo que implica que las mujeres (en un 75% de los casos) tengan que dejar su trabajo o compatibilizarlo con cuidar a su padre, marido o hijo dependiente hasta que reciba ayudas. Y a veces también después, con un pequeño “sueldo”, mientras su Seguridad Social (que dejó de pagar Rajoy en 2012) la paga ahora el Estado, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno Sánchez en marzo de 2019.


El panorama de la Dependencia no puede ser más desolador. Y lo peor es que, a este ritmo, se tardaría 4 años y medio en suprimir las listas de espera, un plazo en el que morirán sin recibir las ayudas otros 120.000 dependientes. Por eso, el sector pide al nuevo Gobierno un Plan de choque, para reducir en un año el 75% de las listas de espera (atender a 200.000 dependientes), lo que costaría 1.300 millones de euros, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para ello, el Gobierno deberá incluir esa cifra en los Presupuestos 2020 y pactarla con los demás partidos, para que salga adelante (difícil).


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Hay que aprobar un sistema eficiente de financiación a la dependencia, tras 13 años de escaseces, con 2 cambios claves: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que se ha escaqueado desde los recortes de Rajoy en 2012. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado Central y las autonomías. Lo sucedido es que el Estado ha recortado año tras año su aportación (-5.000 millones entre 2012 y 2019) y así, en 2018, sólo aportó el 16,7% de la financiación (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% del gasto público en dependencia (su parte fueron 6.707 millones). La propuesta del sector  (Directores de Servicios Sociales) es que se vuelva al 50%/50% (que el Estado ponga al menos 4.000 millones anuales) y además, aumentar la financiación total a la dependencia: si ahora nos gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que preveía el fallido Presupuesto 2019.Y eso, para reducir las listas de espera y afrontar el aumento de dependientes, que se van a duplicar de aquí a 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida.


Cada vez hay más familias con dependientes y muchas sin medios para atenderlos con dignidad. Tenemos una Ley que les asegura ayudas pero no se han buscado recursos para pagarlas, con lo que hay 85 ancianos dependientes que mueren cada día sin recibir esas ayudas a las que tienen derecho. Es escandaloso. Es urgente arreglarlo y cumplir con estos mayores que han trabajado toda su vida por el país. Tiene que ser una prioridad de todos, al margen de la política y del déficit. Se lo debemos.