La inflación nos agobia

La inflación subió un +3,2% anual en abril, el 2º mes que supera el 3%, por la guerra en Oriente Medio, aunque la subida es mucho menor a la que provocó la invasión de Ucrania (hasta +10,8% en julio 2022). El problema es que llueve sobre mojado: en los últimos 5 años, la inflación acumulada sube un +22,9%, siendo mucho mayor la subida de alimentos (+36,4%), alquileres (+42,8%), hoteles y restaurantes (+30,6%) o transporte (+22,3%). Y sobre todo, los precios han subido más que los salarios (+14,93% en los últimos 5 años), con lo que la mayoría de familias han perdido poder adquisitivo, más que en Europa. Por eso, aunque la economía y el empleo crecen más en España, muchos ciudadanos “no notan” esta mejoría y más de la mitad cree que la economía está “mal o muy mal”. Para corregir este pesimismo, sólo queda una salida: subir más los salarios, tras varios años en que las empresas han mejorado mucho sus ventas y beneficios. Urge repartir mejor el crecimiento.

                       Los alimentos han subido +36,4% en los últimos 5 años

España sigue creciendo (+0,6% el primer trimestre 2026, un +2,7% anual) y 2026 será el 5º año consecutivo en que creceremos más que el resto de Europa (+2,1%, según el FMI. Sin embargo, los españoles no tienen la sensación de que “la economía va bien”: el 52,8% opina que la economía española va “mal” (38%) o “muy mal” (14,8%), según el último Barómetro del CIS (abril 2026). Un porcentaje de “pesimistas” que es mayor al de antes de la pandemia (en junio de 2019, sólo un 39,8% veían la economía entonces mal o muy mal), aunque es mejor que la sensación negativa que tenían tras la invasión de Ucrania (el 72,6% de los encuestados veían la economía “mal” o muy mal” en abril de 2022). Curiosamente, cuando a esas mismas personas se les pregunta cómo es su situación económica particular, son muy optimistas: el 64,7% la calificaban de “buena” (60,7%) y muy buena (4%), el doble de los que pensaban así antes de la pandemia (junio 2019): 32,5% dijeron que “buena” y 1,3% “muy buena”.

La posible explicación a esta aparente contradicción (“España va mal, pero yo voy bien”) puede estar en la caída de la confianza del consumidor tras varias crisis (pandemia, invasión de Ucrania, guerra en Oriente Medio) y, sobre todo, en la preocupación por la inflación y la vivienda, los dos problemas que más destacan los encuestados por los Barómetros del CIS.

La inflación no debería preocupar tanto, porque bajó dos décimas en abril (al 3,2%), gracias a la rebaja de impuestos a los carburantes y a la electricidad (que cuesta la mitad que en Europa, por el mayor peso de las renovables). Y ese 3,2% de inflación está muy lejos de los precios disparados tras la crisis anterior, la que siguió a la invasión de Ucrania (24 febrero 2022): llegó a subir por encima del 10% entre junio y agosto de 2022 (con un máximo del 10,8% de inflación en julio 2022) y no bajó del 4% hasta mayo de 2023. El problema no es la inflación actual, sino que llueve sobre mojado y los consumidores han sufrido subidas constantes de precios en los últimos 5 años que se han comido sus ingresos y ahorros. Veámoslo.

La inflación “acumulada” hasta abril de 2026 (desde abril de 2021) ha sido del +22,9%, según el INE, aunque hay muchas partidas de gasto que han subido mucho más (o bastante): alimentos (+36,4%), restaurantes y hoteles (+30,6%), bebidas y tabaco (+25,2%), transporte (+22,3%), seguros y servicios financieros (+20,6%), cuidados personales (+19%), gastos de vivienda, luz, agua y calefacción (+17%) y muebles (+14,9%). Y los alquileres han subido mucho más: +42,8% entre abril de 2021 y abril de 2026, según Idealista. Y si nos vamos más atrás, hasta abril de 2008, los precios han acumulado en los últimos 18 años (hasta abril 2026) una subida del +41%. Y han subido mucho más los alimentos (+59%), los seguros y servicios financieros (+71,9%), los restaurantes y hoteles (+53,1%), la enseñanza (+47,5%), los gastos de la vivienda (+45,3%) y el transporte (+42%). Y los alquileres subieron  un +76,5%...

Esta subida acumulada de los precios no afecta a todos por igual: daña más a las familias con menos ingresos, porque gastan más porcentualmente en alimentación, energía, transporte y alquileres, los productos y servicios que más se han encarecido, con lo que han tenido que modificar y recortar sus gastos (ahorrando en carnes, pescados y verduras frescas, por ejemplo), con más problemas para llegar a fin de mes. Y además, la subida de precio de los carburantes les afecta más y funciona como “un termómetro emocional” de la inflación, alimentando la creencia de que la economía va “mal” o “muy mal”. Y encima, la subida de la inflación y la incertidumbre geopolítica han frenado en seco la bajada del Euribor, con lo que se les encarece la hipoteca que tienen pendiente (o una que pensaran pedir): el Euribor cerró abril en el 2,747%, el precio más elevado del último año y medio, con lo que la próxima revisión de una hipoteca media (163.378 euros a 25 años, al Euribor+1%) les supondrá pagar 839 euros al mes, 52 euros más que hace un año (+624 euros al año).

El problema es que esta inflación acumulada en los últimos años se ha “comido” los ingresos de la mayoría de las familias, porque los sueldos han crecido mucho menos y han perdido poder adquisitivo, teniendo que echar mano de los ahorros o endeudándose. En los últimos 5 años (2021-2025), los salarios en convenio crecieron un +14,93%, con lo que las familias perdieron un -8,8% de poder adquisitivo. Y si nos vamos más atrás, al inicio de 2018, los salarios han subido un +47% hasta finales de 2025, mientras la inflación acumulada subía un 41,8%. Así que los españoles han tenido una subida real de sus ingresos en los últimos 18 años del +5,2% (ganan 2.531 euros de media, 812 euros más que en 2008). Con razón vemos que el sueldo no da… Y si miramos lo que pasa este año 2026, seguimos perdiendo poder adquisitivo: los precios han subido un 3,2% anual hasta abril y en estos 4 meses, la subida media pactada en los convenios ha sido del 2,94% (balance: -0,26%) . 

Como pasa con los precios, la pérdida de poder adquisitivo es desigual, según las familias y sus ingresos. Tomando los datos de 2025 (un año en que se ganó poder adquisitivo:+0,5%), hubo 2 millones de trabajadores en empresas privadas que perdieron poder adquisitivo (porque su salario subió menos que la media), +3,5%), 4,4 millones que lo ganaron y otros 3,7 millones que lo mantuvieron. Y los 3,1 millones de empleados públicos lo mantuvieron (sin ganar ni perder). Y con ello, en 2025, España fue el país europeo donde menos aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores (+0,5%), menos que Francia (+0,8%) o Dinamarca (+0,6%), Italia (+1,1%), Alemania (+1,4%), Irlanda (+1,8%), Paises Bajos (2,3%), Portugal (+3,8%), Finlandia (+4,1%), Suecia (+6,6%).

Este menor aumento del poder adquisitivo en España tiene 2 causas. Una, que España tiene más inflación que la media europea y que los grandes paises: en abril, la inflación anual de España (el dato “homologado”) fue del +3,5% anual, frente al 3% de media en la zona euro, el 2,9% de Alemania e Italia y el 2,5% en Francia, según Eurostat. Y la otra, que los sueldos en España han subido menos, algo que pasa desde hace décadas : entre 2000 y 2024, los salarios reales (descontando la inflación) han subido un +5,1% en España, frente a una media del +19,4% que subieron en la OCDE (38 paises occidentales), una subida real  del +19,7% en Francia, un +17% en Alemania, un +2,3% en Italia o un 7,3% en Portugal.

Esta mayor pérdida del poder adquisitivo en España alimenta el pesimismo de los que ven la economía “mal” o “muy mal”, máxime cuando estalla otra guerra que dispara la energía y cuando siguen subiendo los alquileres. Y esto se refleja en el índice de Confianza del Consumidor, que publica el CIS, que ha bajado tras la guerra en Irán (del 79,6 en marzo de 2025 al 66,9 en marzo de 2026), aunque se sitúa por encima de antes de la pandemia (63,3 en marzo 2020). Un indicador que refleja que el 29,4% de las familias llegan justo a fin de mes y otro 14,9% lo tienen difícil y han de recurrir a los ahorros o a endeudarse. Eso sí, las ayudas públicas desplegadas por el Gobierno Sánchez por la pandemia y la invasión de Ucrania, más las reformas fiscales, han permitido que las familias más vulnerables (el 20% con menos ingresos) hayan mejorado su poder adquisitivo entre 2017 y 2023, según un reciente estudio del Instituto de Estadios Fiscales, que demuestra que se ha reducido esos años la desigualdad, aunque todavía es elevada: el 10% más rico ingresa 23,1 veces que el 10% más pobre.

Esta pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de hogares contrasta con la mejora de ventas, márgenes y beneficios de las empresas, sobre todo a partir de 2023. Los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales demuestran que los márgenes empresariales (el excedente bruto de explotación) están en máximos, tanto en cifras absolutas como en los aumentos: crecieron un +10,7% entre 2018 y 2019 y han aumentado un +12,9% en 2024-25. Y si descontamos la inflación, los márgenes empresariales (beneficio bruto) han crecido un +30% entre 2019 y 2025, frente al 13% que han crecido los salarios reales. A lo claro: que en el reparto del pastel del crecimiento (PIB), las empresas han aumentado su trozo casi el doble que los trabajadores. Y los sectores donde ha crecido más el margen real (descontando la inflación) estos últimos años (entre 2018-19 y 2024-25) han sido la energía (+5% de margen sobre ventas), la hostelería y turismo (+4,6%), el comercio mayorista de alimentos (+1,9% de margen real) y la construcción (+1,4%), sectores donde los salarios han perdido peso real.

El bajo crecimiento de los salarios, frente a una alta inflación acumulada, preocupa al Gobierno, porque impide que la mayoría de las familias se beneficien más del alto crecimiento y la importante creación de empleo (+3.326.100 ocupados entre 2020 y 2026). Y proponen qué hacer: “Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen”,  declaró el presidente Sánchez en febrero pasado, al firmar el nuevo salario mínimo. Y cara al 1 de mayo, los sindicatos han reiterado a la patronal que se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras el V Acuerdo firmado para 2023-2025. Su propuesta es que los salarios suban un 4% cada año, más un 1,5% adicional si se dispara la inflación. Y subidas extras de hasta el 3% para los trabajadores que cobran menos de la media de su sector. De momento, han pasado 5 meses y la patronal no tiene prisa en negociar las futuras subidas, que defienden menores.

Al final, la mayoría de las familias están “agobiadas” por la inflación, no tanto por la subida de cada mes sino por la acumulada en los últimos años. Aquí poco se puede hacer, salvo vigilar los excesivos márgenes de algunos sectores, aunque mucha inflación es importada, por el aumento de costes de la energía y las materias primas. Donde sí se puede actuar es en los salarios, que deberían subir más por dos razones. Una, porque ahora pueden hacerlo la mayoría de las empresas, que llevan años subiendo ventas y márgenes (no sólo costes, como dicen). Y la otra, porque los sueldos en España siguen siendo de los más bajos de Europa, según Eurostat: 19,5 euros la hora en 2025, frente a 26,2 euros/hora de media en la UE, 34,5 euros en Alemania, 30 euros en Francia y 23 en Italia.

España y sus empresas no pueden seguir compitiendo como la China de Europa, a base de salarios muy bajos que compensen la menor competitividad de los productos y servicios. La economía española está modernizándose y ya hay más empresas con innovación y tecnología, que exportan y mejoran sus márgenes y beneficios, que pueden mejorar los sueldos de sus trabajadores, sobre todo de los que menos ganan (el 40% de los asalariados ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos, según el INE). Y esta mejoría salarial (nada descabellado: piden subir los sueldos un 4%) es necesaria para que más familias se beneficien de la buena marcha de la economía y puedan llegar a fin de mes. Y también para que se mantenga y aumente el consumo, motor clave para crecer y crear empleo, pero clave también para que las empresas vendan y ganen más. Es hora de repartir mejor el aumento del pastel entre empresas y trabajadores. Hay que subir más los salarios para repartir mejor el crecimiento.

Vivienda: precios y compras récord

La compraventa de viviendas ha batido tres récords en 2025: de pisos vendidos, de precios pagados y de hipotecas firmadas. ¿Cómo se pueden comprar tantos pisos a precios disparados? Básicamente, porque hay más población y más familias buscando casa, porque ahora es más barato comprar que alquilar (si se tiene dinero para la entrada y gastos) y porque hay muchos ahorradores, inversores y extranjeros buscando una vivienda como inversión o 2ª residencia, como lo demuestra que 3 de cada 10 viviendas se compran al contado, sin hipoteca. Al final, se multiplica la demanda de viviendas pero hay pocos pisos para vender y se construyen pocos cada año. Así que lo normal es que la vivienda siga subiendo, mientras los bancos miran con lupa la concesión de hipotecas, para evitar otra burbuja. Entre tanto, el PP rechaza el Plan de Vivienda 2026-2030, aunque triplica el gasto actual, y no hay colaboración entre Gobierno y autonomías para resolver un problema que pone en peligro el crecimiento y angustia a muchos españoles.

                            Enrique Ortega

En 2025 se ha batido otro récord de venta de viviendas en España: 714.237 viviendas vendidas, +11,5% que en 2024 (640.401) y el doble que en 2015 (355.556), según el INE, una cifra sólo superada por las 775.300 viviendas vendidas en 2007, el año récord de ventas previo al estallido de la burbuja inmobiliaria (2008). La mayor parte de estas compraventas han sido entre particulares (7 de cada 10) y sólo el 17% de las ventas han sido de una empresa a un particular. La gran mayoría de viviendas vendidas son “libres” (93,2%) y sólo un 6,8% de las ventas son de viviendas “protegidas” (VPO). Y lo que más se venden son viviendas usadas (78,2%), siendo pocas las compraventas de viviendas nuevas (21,8%), porque no hay. Y los mayores aumentos de ventas se han dado en las regiones menos saturadas, como Castilla y León (+18,9%), Castilla la Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%), Extremadura (+16,1%), Murcia (+16% ventas) y Cataluña (+13,9%), mientras crecen poco las ventas en las autonomías más saturadas, donde hay mucha demanda y poca oferta: Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%), Madrid (+4,8%), Baleares (+5,1%) y Comunidad Valenciana (+6,2%).

Sorprende este récord de ventas si sabemos que en 2025 se han batido todos los récords de precios: el precio medio de las viviendas compradas ha sido de 2.230 euros/m2, +13,07% que en 2024 (1.972,1 euros/m2), según los datos del Ministerio de Vivienda, un récord histórico, ya que este precio supera al anterior precio máximo, los 2.101 euros/m2 de marzo 2018. Un precio de la vivienda que ha subido un +34,92% desde antes de la pandemia (costaba 1.652 euros/m2 en diciembre de 2019) y un +52% sobre el precio mínimo de diciembre de 2013 (1.466,9 euros/m2). O sea, que la compraventa de vivienda ha subido en los últimos 12 años el doble que el IPC (+28,5%).

Y el tercer dato récord, tras las ventas y precios, son las hipotecas: en 2025 se firmaron en España 501.073 hipotecas, +17,8% que en 2024 (425.522), según el INE, el mejor dato de hipotecas firmadas desde 2010 (607.531), aunque todavía lejos de los máximos de hipotecas en 2006 (1.342.171), 2007 (1.238.890) y 2008 (836.419 hipotecas). Curiosamente, la firma de hipotecas crece menos en las zonas más saturadas, donde hay pocas viviendas en venta, como Madrid (+2,9% hipotecas), Navarra (+5,7%) , Baleares (+12,8%), Asturias (+13,7%) y Canarias (+16,8%), mientras crecen más las hipotecas firmadas en Cantabria (+42,8%), la Rioja (+37%), Murcia (+28,6%), Extremadura (+24,9%), Castilla y León (+24,7%) y Aragón (+24%), quedando en medio Andalucía (+18,4%) y Cataluña (+18,4% hipotecas).

El importe medio de las hipotecas firmadas en 2025 se ha disparado, desde los 152.233 euros las firmadas en enero a los 172.535 euros las firmadas en diciembre, reflejo de unos precios de venta disparados. El tipo medio de las hipotecas firmadas (a un plazo medio de 25 años)  ha sido del 2,87% en diciembre 2025, un tipo menor al de un año antes (3,25%), aunque mayor que el que se pagaba por las hipotecas en 2022 (2,66%) y 2019 (2,51%). Con estos tipos, el precio medio de las hipotecas era en enero de 2026 el 2,76%, mucho más bajo que el que cobraban los bancos de la zona euro (3,37%), según el Banco de España. Y eso coloca nos coloca como el 2º país europeo con las hipotecas más baratas, tras Malta.

¿Cómo es posible que se vendan tantas viviendas y se pidan tantas hipotecas si los precios están por las nubes? Hay varias causas. Una, que hay mucha más población en España, concretamente 2.240.744 habitantes más entre enero de 2020 y enero de 2026, según el INE, con lo que hay más familias, jóvenes e inmigrantes necesitados de vivienda. Y además, hay también más gente con trabajo: 2.496.400 ocupados más en estos últimos 6 años, trabajadores con mejores contratos y con sueldos que les permiten pensar ahora en tener una vivienda o vender la que tienen y buscar otra mejor. La tercera razón del “boom”, muy importante, es que la compraventa de viviendas se ha convertido en una inversión rentable, tanto para españoles ahorradores (que la compran como inversión o para alquilarla) como para los que reciben una herencia o inmobiliarias y Fondos de inversión, así como extranjeros que buscan una segunda vivienda en España (en 2025, 1 de cada 7 compradores fueron extranjeros). Un dato que revela la importancia de estas compras de ahorradores, inversores y extranjeros es que 3 de cada 10 viviendas compradas en 2025 se pagaron al contado, sin hipoteca, según el Colegio de Registradores.

Una 4ª razón que explica también el tirón de las compraventas es la bajada de los tipos de interés en los últimos dos años, que facilita el pago de una hipoteca aunque hayan subido mucho los precios, sobre todo si los alquileres están por las nubes. Mucha gente hace cuentas y comprueba que sale más barato comprar que alquilar. Veamos algunos ejemplos. En diciembre 2025, el alquiler medio en España era de 1.323 euros (14,7 euros m2 y una casa de 90m2), según Idealista. Y la hipoteca media era de 172.535 euros, según el INE, que a un tipo medio del 2,87% supone un pago mensual de 806,56 euros, mucho menos que el alquiler. Si vemos el caso de un piso en Madrid, el alquiler costaría 2.043 euros (22,7 euros/m2 y una casa de 90 m2), mientras que la hipoteca (277.680 euros) supondría una cuota de 1.296 euros mensuales. Y en Barcelona, el alquiler medio (90m2 a 23,8 euros/m2) costaría 2.142 euros y la hipoteca (205.160 euros) supondría una mensualidad de 959 euros… Claro que para eso, el comprador debe tener ahorrado (o pedir a sus padres) el 20% del precio que no cubre la hipoteca y otro 10% para gastos e impuestos.

Y hay todavía otra 5ª razón que explica la actual “fiebre de compras”: la mayoría de la gente piensa que mejor comprar ahora que esperar unos meses o años, porque la vivienda va a seguir subiendo. Y la clave de esta certidumbre es que falta oferta, que hay muchas más personas que buscan comprar que pisos en venta, sobre todo en las grandes ciudades. La realidad es que se compra todo lo que sale a la venta, con rapidez (entre el 13 y el 20% se venden en menos de una semana, según Idealista) y sin “regatear” (incluso hay compradores que “pujan” por la vivienda, ofreciendo más del precio que se pide).

Ahora, todo apunta a que en 2026 seguirán fuertes las compras, aunque los expertos no creen que estemos ante otra “burbuja”, porque la economía está más saneada que en 2008, las familias tienen más empleo estable y los bancos no conceden créditos a lo loco, como entonces. De hecho, el BCE ha metido presión a los paises de la zona euro para que vigilen de cerca la concesión de hipotecas, para evitar otra burbuja y otra crisis. Y ha recomendado a todos los bancos centrales del euro que aprueben herramientas de seguimiento y control (“macroprudenciales”) para poder restringir las condiciones de las hipotecas si hace falta, herramientas implantadas ya en todos los paises euro, salvo en España, Italia y Alemania. El Banco de España lo está estudiando, pero antes de que tome medidas, los propios bancos están frenando la concesión de hipotecas, por temor a un aumento de la morosidad. Así que tras una cierta “guerra hipotecaria” en 2023 y 2024, ahora miran las hipotecas con lupa…

Con todo, los expertos apuestan por nuevas subidas de las viviendas este año, motivadas básicamente por una causa de fondo: seguirá aumentando la demanda (se crean 250.000 hogares al año y hay un déficit acumulado de 400.000 viviendas, según el Banco de España) y falta oferta, porque apenas se construyen nuevas viviendas: en 2025 (enero a septiembre) se iniciaron 87.624 viviendas libres y 11.567 protegidas, prácticamente las mismas que en ese periodo de 2024 (84.089 libres y 12.355 VPO) y menos de la mitad de las que hacen falta (250.000 al año). Y la perspectiva a medio plazo es que la construcción está bastante parada (por la falta de suelo y financiación, más los altos costes y la escasez de mano de obra formada), frente a una demanda que sumará 3,7 millones de nuevos hogares en los próximos 15 años (246.000 nuevos hogares al año), según el INE. 

Así que acceder a comprar una vivienda será más caro en 2026, año en que subirán también los alquileres y eso aumentará los compradores, tanto los que deciden comprar antes que alquilar (aunque tendrán más difícil conseguir una hipoteca, más cara además, sobre todo por los conflictos geopolíticos, que pueden provocar una subida de los tipos de interés) como los que compran para invertir (alquilar y vender a medio plazo) y pagan al contado. Y mientras, los enfrentamientos políticos impiden acordar una mínima política de vivienda que busque soluciones al problema nº1 de los españoles (Barómetro CIS).

De hecho, el Gobierno aprobó en septiembre pasado el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 y las autonomías del PP (11 de 17) ya dijeron que no les gustaba… Así que nace muerto, como la Ley de Vivienda, aunque este Plan tiene aspectos muy positivos. El principal, que pretende invertir 7.000 millones en vivienda, el triple que el Plan actual 2021-2025, aunque a cambio piden que el 40% lo aporten las autonomías. Otro elemento positivo es que promueve la construcción (y la venta de viviendas privadas) para el alquiler, obligando a que estas VPO no se pueden vender a precio libre (como ha pasado: los 6,5 millones de VPO construidas desde los años 50 se han “privatizado), para crear un parque público de viviendas en alquiler (2,5% en España, del 10 al 30% en Europa). Y además, se mejoran las ayudas a los jóvenes para comprar y alquilar, más en zonas rurales.

Resolver el grave problema de la vivienda exige actuar en varios frentes. Por un lado, promover un Pacto político entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos para conseguir suelo y financiación a los promotores públicos y privados. Hay suelo, pero hace falta catalogarlo y prepararlo para que sea urbanizable y esté a disposición de los promotores, a los que hay que reducir burocracia y plazos. Urge buscar financiación, pública (hay que territorializar el ICO y especializarlo más en la vivienda) y privada, arrastrando a los bancos ahora que no hay Cajas. Y hay que actuar sobre los costes de construcción, mejorar la disponibilidad de mano de obra y agilizar el proceso (se tardan 100 meses en una promoción y habría que reducirlo a 50). Y el Estado (central y periférico) debe gastar el doble en promover viviendas protegidas, directamente y con los promotores privados, para crear un parque de 1 millón de viviendas de VPO que ofrezca alquileres asumibles.

Hacen falta 250.000 nuevas viviendas al año para cobijar a las nuevas familias y a los inmigrantes. Se puede conseguir duplicar la construcción de viviendas si los organismos públicos se ponen a la tarea y facilitan suelo y financiación, agilizando las promociones privadas y públicas. Y creando un parque de viviendas VPO, para alquilarlas a las familias con menos ingresos. En paralelo, facilitar a los propietarios que alquilen más y a precios razonables, sin imposiciones, con incentivos fiscales y organismos que les ayuden a gestionar su alquiler. En definitiva, medidas para conseguir que haya más viviendas en el mercado, para compra y alquiler. Más oferta de pisos es la clave.

Al final, el problema de los alquileres y la vivienda es político: el Gobierno central, la autonomías y los Ayuntamientos son incapaces de trabajar juntos para promover más vivienda, pública y privada, pactando la promoción de suelo y los planes urbanísticos, la financiación y la colaboración público privada, la promoción de viviendas públicas para alquiler. Esta pelea política permanente impide poner en marcha medidas eficaces y conseguir más viviendas, aumentar significativamente la oferta, para rebajar precios y alquileres. Así que el Gobierno tiene sus Planes, apoyados por la empresa pública de vivienda (Casa 47), y las autonomías los suyos (con pocos recursos), mientras los Ayuntamientos hacen lo que pueden (poco). Y mientras, jóvenes y familias se ven incapaces para encontrar un techo, un grave problema que acabará siendo “un cuello de botella” que frenará la economía. Y lo sufriremos todos.

Nos invaden los alimentos ultraprocesados

Cuando vamos al supermercado llenamos el carro de alimentos ultraprocesados, comida y bebida con exceso de grasas, azúcares, sal y aditivos que provocan sobrepeso y obesidad, la causa de múltiples enfermedades. Una “comida basura” más atractiva y barata que los alimentos frescos y que las industrias publicitan sin control, atrayendo sobre todo a niños y jóvenes. Un reciente estudio alerta que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta mundial y pide medidas a los Gobiernos frente a esta “pandemia global”. En España, 4 de cada 10 niños y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso, como la mitad de los adultos, provocando enormes costes sanitarios y económicos. El Gobierno obligó al etiquetado de los alimentos y subió el IVA a las bebidas azucaradas, con poco éxito. Ahora, va a controlar la alimentación en hospitales y residencias de ancianos, tras aprobar un Decreto para controlar los menús escolares. Pero la batalla contra la comida basura y el sobrepeso es de todos y empieza en las familias. El sobrepeso mata.

                  Alimentos ultraprocesados: triplican su peso en nuestra dieta y agravan el sobrepeso 

En las últimas dos décadas hemos sufrido la avalancha de alimentos ultraprocesados en las estanterías de los supermercados. No son alimentos naturales sino preparaciones industriales  que utilizan grandes cantidades de aceites y grasas, azúcares y sal más una serie de aditivos artificiales (conservantes, texturizantes, saborizantes y edulcorantes) para mejorar la apariencia de los alimentos (sabor, olor y textura) y prolongar su vida útil. Se trata de “comida basura”, elaborada para estimular artificialmente nuestro apetito: bebidas azucaradas, “snacks” empaquetados (patatas fritas y otros) galletas y bollos, comida rápida, cereales endulzados, embutidos, carnes procesadas (salchichas), “nuggets”, barras de chocolate, helados, rebozados y platos preparados.

Cada día compramos más alimentos ultraprocesados porque tenemos menos tiempo para cocinar y porque la industria alimentaria innova constantemente para ofrecernos productos que son más baratos que los alimentos frescos (frutas, verduras, legumbres, carnes y pescados). Un reciente estudio de 43 expertos mundiales, publicado hace unos días en la revista The Lancet, ha dado la alarma: “la comida basura domina la dieta mundial, impulsada por el afán de lucro de las grandes multinacionales de la alimentación”. Y añaden que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta en todo el mundo, propagados como “una especie invasora”, tanto en los paises desarrollados (donde su consumo ha crecido un 20% en los últimos 15 años) como en paises de ingresos medios (crecen un 40%) y sobre todo en los paises pobres (crecen mucho más, un 60% entre 2007 y 2022).

El consumo de esta “comida basura” oscila entre el 9% de la dieta energética en Irán al 60% en EEUU, según el estudio, con un consumo intermedio del 14% en Italia o el 46% en Reino Unido y Suecia. En España, la ingesta de calorías procedente de ultraprocesados se ha triplicado, pasando del 11 al 32% de la dieta en los últimos 30 años. De hecho, un estudio de la Red Europea de Nutrición, con datos de 2021, reflejaba que los alimentos ultraprocesados aportaban el 25% de la energía de la dieta de los españoles, algo menos que en el conjunto de Europa (27,2%), más que en Italia (13,4%) o Portugal (22,15%) y menos que en Suecia (42%), Paises Bajos (37,1%) o Alemania (38,4%).

El estudio alerta también sobre el modelo de negocio de los ultraprocesados, que se basa en manipular a gran escala materias primas baratas (maíz, trigo, soja o aceite de palma) para convertirlos en productos “llamativos, apetecibles y sabrosos”, que se diseñan para ser muy atractivos (“adictivos”) y se comercializan muy agresivamente (con enormes gastos en publicidad) para fomentar su consumo repetido, especialmente entre niños y jóvenes. Una estrategia dirigida no a alimentar a la población sino a conseguir enormes beneficios. Y para asegurarlos, denuncian, emplean sofisticadas técnicas y presiones, para bloquear regulaciones, involucrarse en litigios legales (para retrasar medidas),  influir en debates científicos, presionar a políticos (y comprarlos) y “manipular” a la opinión pública, según el estudio, que ve paralelismos entre estas industrias y las tabaqueras.

En definitiva, concluye el estudio publicado en The Lancet, las multinacionales de la alimentación gastan millones en desarrollar nuevos alimentos y bebidas que publicitan sin límite para aumentar sus ventas y beneficios, a costa de la salud de millones de personas. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta consumir estos alimentos ultraprocesados: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebro-vasculares, renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y depresión. Y además de daños a la salud, la “comida basura” atenta contra el medio ambiente, por las emisiones que generan la producción, procesamiento y transporte de estos alimentos, más millones de envases de plástico generados.

En paralelo a la publicación de este estudio, la OMS ha enviado una carta donde reitera que “el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, insistiendo en que este tipo de alimentos los consumen más los paises y familias pobres, cuya dieta es baja en frutas, verduras, carnes y pescados frescos. La UNICEF también ha publicado un editorial donde denuncia que la proliferación de alimentos ultraprocesados se ha convertido en “una de las amenazas más urgentes para la salud humana en el siglo XXI” y aboga por “defender a los niños de esta plaga”, que se  prioricen la salud y la alimentación sobre los beneficios.

En España, el consumo de ultraprocesados es muy elevado, según los datos europeos, sobre todo los productos de panadería y bollería industrial, las galletas, salchichas, productos lácteos endulzados y las salsas. Y es especialmente preocupante en los alimentos que consumen niños y adolescentes. De hecho, el 80% de los alimentos infantiles comercializados en España no cumplen los criterios nutricionales establecidos por la OMS, según la 1ª tabla de composición nutricional de alimentos para niños elaborada por investigadores catalanes, que recoge 850 productos de 42 marcas disponibles en los supermercados. También alertan que el 60% de los artículos estudiados contienen exceso de azúcar , que el 30% incorporan  azúcares o edulcorantes añadidos o jugos concentrados y que el 98% presentan mensajes promocionales no autorizados.

Esta avalancha de “comida basura” (y bebidas azucaradas) es un factor clave para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad en el mundo y en España, según todos los expertos. Los datos son muy preocupantes: 4 de cada 10 niños y niñas españoles tienen exceso de peso (de ellos, el 19% de los niños y el 14% de las niñas tienen obesidad, un porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años), según el informe Aladino 2023. Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso. Entre los adultos españoles, el 55,8% tienen exceso de peso (31,7% tienen sobrepeso y el 18,7% tienen obesidad), según los datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Unos datos muy preocupantes, por sus consecuencias sobre la salud de los españoles y que suponen altos costes. De hecho, la OCDE realizó en 2019 un estudio económico de la obesidad en 52 paises y estos fueron sus resultados para España: la obesidad supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (en el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del 2,9% (46.000 millones anuales). Y añaden que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos costes, la OCDE proponer tomar medidas, algo que creen muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El Gobierno ha tomado estos años algunas medidas contra los alimentos ultraprocesados y la obesidad. En 2021, el etiquetado de alimentos en España comenzó a incorporar el sistema de calificación nutricional Nutriscore (con letras y colores)  y se reforzaron las normas sobre la información del país de origen, la cantidad de ingredientes clave y la etiquetado de alérgenos y bebidas alcohólicas. Pero este etiquetado sigue siendo voluntario, por lo que lo utilizan sólo las empresas alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Otra medida fue la aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas, al subirlas el IVA del 10 al 21% en enero de 2021, medida que inicialmente frenó el consumo para subir después. Pero no se ha actuado sobre la publicidad de alimentos y bebidas no saludables: un estudio de la Gasol Foundation constató que el 80% de los niños y adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Y piden regularlo con urgencia.

El 10 de junio de 2022, el presidente Sánchez presentó, con la Gasol Foundation y la OMS, el Plan Estratégico Nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con 200 medidas sobre nutrición, fomento del ejercicio, la alimentación infantil, el uso de pantallas y la educación nutricional, con el objetivo de reducir el sobrepeso infantil un 25% y bajar un 40% la brecha social asociada (la pobreza infantil “alimenta” el sobrepeso). Al hilo de este Plan, se han aprobado dos medidas este año. Una, el 15 de abril, un real decreto para limitar la presencia de los alimentos ultraprocesados en los centros escolares no universitarios, medida que entrará en vigor en 2026, cuando se renueven los contratos con las empresas de catering. Y la otra, un decreto aprobado en mayo por Consumo y Sanidad, para garantizar la alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores, decreto que ha estado en periodo de audiencia pública y que se espera aprobar definitivamente en breve.

Son pasos adelante, pero falta mucho por hacer. El informe The Lancet propone varias medidas a nivel mundial: impuestos para gravar los productos insanos y ayudas a los productos frescos, mejora del etiquetado y la inclusión de mensajes sobre los riesgos de la comida basura (como en las cajetillas de tabaco), regular su presencia en centros escolares y sanitarios y limitar su millonaria publicidad. Por su parte, la OCDE propuso a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús, promover la actividad física y programas de actividad en los centros de trabajo. Y la Federación Mundial de la Obesidad propuso en 2023 siete  medidas para frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios periódicos, financiar los tratamientos  (con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener objetivos auditables.

Los expertos del estudio The Lancet urgen a “desescalar” el avance de la “comida basura” y la obesidad, porque ya domina nuestra dieta e irá a más. Las perspectivas para España son preocupantes, según el Atlas de la Obesidad Mundial 2025: si ahora tenemos un 50% de adultos con sobrepeso y el 15% de ellos tienen obesidad, auguran que en 2030 todavía tendremos un 33% de la población adulta con sobrepeso (13.200.000 personas), de ellas un 13,2% con obesidad (5.350.000 adultos). Unas cifras todavía impresionantes, que exigen tomar medidas eficaces para reducirlas desde ya.

En resumen, tenemos un problema de mala alimentación, con una alto consumo de comidas y bebidas basura, que han calado entre niños y jóvenes y que anticipan una España con más obesos, como ya se ve en muchos paises desarrollados. Urge actuar desde la Administración, forzando y pactando una comida más saludable con la industria alimentaria (la 2ª más poderosa, tras el turismo). Pero al final, la mayor responsabilidad está en las escuelas y las familias, que deben tener más sensibilidad ante los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, acostumbrándose a no comprarlas y a educar a hijos y nietos en una dieta más natural y saludable. Porque la comida basura y el sobrepeso matan.

Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

El crecimiento aguanta (mal repartido)

En abril parecía que los aranceles de Trump llevarían al mundo a otra recesión. Pero se retrasó su aplicación y la economía mundial aguanta: el FMI elevó en octubre el crecimiento mundial y de España (+0,6% sobre abril). Y la Comisión Europea acaba de elevar el crecimiento europeo y de España: creceremos el 2,9%, más del doble que la UE-27, gracias al tirón del empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE). Pero están fallando 2  motores del crecimiento: el turismo (apenas creció este verano) y las exportaciones (estancadas, mientras el déficit con USA crece +38,7%), por el parón europeo y la incertidumbre económica mundial. España crece más que la mayoría, pero la gente no lo nota y casi la mitad llegan mal a fin de mes, por la subida de la vivienda y los alimentos y por la desigualdad, que lleva a tener 4,3 millones de personas en exclusión severa (según Cáritas), principalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes. Urge repartir mejor el crecimiento, porque 2026 va a ser peor.

                 Casi la mitad españoles tienen problemas para llegar a fin de mes

El anuncio de Trump, el 2 de abril, de fijar unos aranceles disparatados al resto del mundo disparó todas las alarmas y el temor a otra recesión mundial. Ese mismo mes de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe donde recortaba el crecimiento mundial (del 3,3% en 2024 al 2,8% en 2025). Pero la aplicación concreta de estos aranceles se fue retrasando y el comercio mundial se disparó en primavera, para anticiparse a los aranceles. La consecuencia fue que en julio, otro informe del FMI subió sus previsiones de crecimiento mundial para este año al 3% (+0,2%). Y en octubre, un tercer informe del FMI volvió a mejorar las previsiones: subieron al 3,2% el crecimiento mundial este año (otro +0,2%), al 1,2% en la eurozona (+0,4% sobre abril)  y al 2,9% a España  (+0,6% sobre abril). Justificaron estas mejores previsiones por el retraso en la aplicación de los aranceles (hasta julio o agosto), en que los demás paises no habían tomado represalias y en que las empresas habían diversificado sus cadenas de suministro, manteniendo el comercio mundial.

El pasado lunes, 17 de noviembre, la Comisión Europea publicaba sus previsiones de otoño y se sumaba a la mejoría vaticinada por el FMI: la economía europea crecerá este año 1,4% (+1,2% la eurozona), tres décimas más de lo que esperaban en primavera, aunque un crecimiento mucho más bajo que el del resto del mundo (+1,6% crecerán las economías avanzadas y 2% EEUU, según el FMI). Bruselas explica que esta mejora del crecimiento (muy bajo todavía: la UE creció +1,9% en 2019) se explica por el retraso en los nuevos aranceles hasta el 1 de agosto (aunque el superávit comercial de la UE-27 con EEUU ha bajado hasta +40.800 millones en el tercer trimestre, frente a +47.100 en el 2º y +81.200 en el 1º de 2025), la diversificación de exportaciones, la fuerza del mercado laboral europeo y las mayores inversiones en muchos paises, por el Plan de Recuperación.

Eso sí, los grandes paises UE crecerán mucho menos: +0,2% Alemania (-0,5% en 2024), +0,7% Francia (1,2% en 2024) y +0,4% Italia (+0,7% en 2024). La excepción será España: crecerá +2,9% este año (+0,3% de lo que Bruselas preveía en primavera), más del doble que la UE-27 (+1,4%) y casi como el año pasado (+3,5%), básicamente porque tenemos poco comercio con EEUU (4,1% de todas las exportaciones) y porque el empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE) tiran con fuerza, aunque se han estancado las exportaciones y el turismo, los otros motores del fuerte crecimiento español tras la pandemia.

Al día siguiente de estas nuevas previsiones de Bruselas, el Gobierno español revisó también al alza (+0,2%) el crecimiento que preveía hace unos meses, apuntándose al +2,9% que esperan el FMI y la Comisión Europea. Y destacan que no sólo es el doble del crecimiento europeo y 10 veces el de Alemania, sino que además es un crecimiento “sano”, porque se está creando empleo a la vez que mejora la productividad por hora trabajada y mejora la balanza con el exterior (seguimos con superávit, algo inusual en el último siglo) y se reduce el déficit público (cerraremos el año con un “agujero fiscal” del -2,5% del PIB, inferior al -3,3% de déficit UE-27, al -3,1% de Alemania, el -5,5% de Francia y el -3% de Italia).

Para el Gobierno, los motores del crecimiento en 2025 (y en 2026, cuando España crecerá menos, un +2,2%) serán el empleo (esperan que se creen 450.000 empleos anuales en los próximos años, básicamente por la inmigración: el 68% de los 2,42 millones de empleos creados desde 2020 han sido para trabajadores no nacidos en España) y el consumo de las familias, junto a las inversiones (promovidas por los Fondos UE, que se terminan en 2026). Eso sí, “pincharán” las exportaciones, que restarán crecimiento al país en 2025 (-0.5%) y 2026 (-0,6%), debido al escaso crecimiento de la economía europea (nuestro mayor “cliente” comercial), a los aranceles de Trump y al consiguiente retraimiento de la economía y el comercio mundial (que crecerá sólo un 0,6% en 2026). Y junto a este crecimiento previsto, mucho mayor que el del resto de Europa, el Gobierno ha incluido 2 nuevos objetivos en su Cuadro macro, algo nuevo en las previsiones : reducir la pobreza en España (del 19,4% de la población al 19,1% en 2028) y la desigualdad (que los más ricos, que hoy ingresan 5,5 veces más que los más pobres, ganen sólo 5 veces más en 2028).

España está bandeando mejor la nueva crisis de los aranceles de Trump, la incertidumbre internacional y el estancamiento europeo porque nos han salvado el turismo, el mayor empleo creado (por el aumento de mano de obra disponible y barata) y el consiguiente mayor consumo, las exportaciones y las fuertes inversiones en todos los sectores derivadas de varios años de Fondos Europeos. Pero en los últimos meses ya han aparecido datos preocupantes que indican un menor empuje en dos motores claves: el turismo y las exportaciones.

El turismo, ese gran motor que nos ha permitido crecer mucho más que el resto de Europa, está frenando su crecimiento: entre enero y septiembre han llegado 76,5 millones de turistas extranjeros, todo un récord pero suponen un crecimiento igual al de 2024 (+3,5%).Y en verano la llegada ha crecido menos, tanto en julio (+1,6% este año frente al 7,3% en 2024), como en agosto (+2,9% frente a +7,3%) y más en septiembre (+0,8% de turistas frente a +9,1% en 2024), según el INE.  Y este año, han caído los turistas franceses (-0,1% hasta septiembre frente a 2024), y belgas (-2,8%), creciendo muy poco los alemanes (+1,4%), nórdicos (+1,9%), británicos (+4%), italianos (+4,5%), holandeses (+3,4%) y norteamericanos (+3,1%). Un frenazo en el turismo derivado del estancamiento europeo, la incertidumbre económica internacional y la fuerte subida de precios turísticos en España.

El otro motor del crecimiento en estos años, las exportaciones, se han estancado también: han crecido sólo un +0,5% este año (enero-septiembre), menos que las europeas (+2,4% han crecido en la UE-27, +1,2% en Francia y +3,5% en Italia, aunque sólo +0,3% en Alemania), según los últimos datos de Comercio, debido también al estancamiento europeo (el 62% de nuestras exportaciones ven a la UE-27 y el 74% a toda Europa) y a la incertidumbre mundial. Y los aranceles han disparado el déficit comercial que tenemos con EEUU (importamos más de lo que exportamos): -10.785 millones de euros hasta septiembre, +38,7% que en 2024. Y además, la fortaleza del euro (se ha revalorizado +11,2% frente al dólar este año) no ayuda, porque los productos españoles (y europeos) son ahora un 11,2% más caros a los paises que pagan sus compras (o sus viajes) en dólares.

Otro problema en el horizonte económico es que los aranceles y la incertidumbre internacional han frenado la tendencia a la bajada de tipos, tan necesaria para reanimar las economías y el bolsillo de los hipotecados: el BCE decidió en octubre (por tercera reunión consecutiva) mantener los tipos oficiales en el 2%, ante el panorama económico mundial y los aranceles, que pueden relanzar la inflación europea (en el 2,5% en octubre, peor que el 2,2% de mayo). Eso ha provocado que el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos) lleve 4 meses subiendo (del 2,081 en julio al 2,220 previsto para noviembre), lo que encarece las futuras hipotecas (ya mucho más caras porque se ha disparado el precio de los pisos).

En definitiva, España crece (+2,9%) más que el resto de Europa (+1,4%), pero hay problemas que frenarán ese crecimiento en 2026 (+2,2%). Y sobre todo, hay muchos españoles que no notan este crecimiento, por distintas causas. La primera, por la fuerte subida de los alimentos, (que suponen el 15,8% del presupuesto de las familias) : hasta octubre suben un +2,4% anual, pero el problema es que llueve sobre mojado y ya se han encarecido un +36,24% entre 2020 y 2025, según el INE. Una subida acumulada que crea problemas a la mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, porque los salarios han crecido en estos años menos de la mitad (+16,6% entre 2020 y 2025, según la estadística de convenios). El otro punto negro del crecimiento son los gastos de la vivienda (alquileres, agua, luz, calefacción, tasas e impuestos), que crecen un +7,5% este año y un +32,4% desde principios de 2020.

Y además, la vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS, porque se han disparado los precios de compra y los alquileres. El precio de las casas subió a 2.153 euros/m2 en septiembre de 2025, según el Ministerio de la Vivienda, superando el precio que tenía en plena burbuja (2.101 euros en 2008). Y los alquileres están ya en 14,5 euros de media por metro cuadrado (1.305 euros un piso de 90m2), según el portal Idealista, pero se disparan hasta los 24,3 euros en Barcelona (2.187 euros mensuales) o 23 euros en Madrid (2.070 euros). Una subida del 46,5% sólo en los últimos 7 años, que impide emanciparse a los jóvenes y que hunde en la pobreza a las familias que necesitan alquilar.

La combinación de sueldos bajos (el 30% de los asalariados ganan menos de 1.582 euros mensuales brutos y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos) y alta inflación acumulada más los alquileres disparados provocan que casi la mitad de las familias (el 47,4%) tengan problemas para llegar a fin de mes, a pesar del alto crecimiento de España: el 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), según el INE, otro 12,7% llegan a fin de mes “con dificultad” y el 25,6% restante “con cierta dificultad”. Y además, son muchos los españoles que sufren “carencias materiales”, según el INE: casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos”, el 6,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días, un 17,6% no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y otro 13,6% de habitantes han tenido “retrasos” en el pago de recibos y gastos de su vivienda.

Pero lo más preocupante, a pesar del alto crecimiento y del fuerte aumento del empleo (menos precario tras la reforma laboral) es que España tiene todavía muchos “pobres” (personas que ingresan menos del 60% de la media del país): somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024), tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat, muy por encima de la media europea (16,2% de pobreza) y de Alemania (15,5%), Francia (15,9%) e Italia (18,9%). Esa tasa de pobreza ha bajado desde 2018 (era del 21,5%), cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pero como ha aumentado la población, todavía hoy tenemos 9.653.000 españoles en situación de “pobreza monetaria” (ganan menos del 60% que la media), sólo 409.000 “pobres" menos que en 2018. Y la previsión del Gobierno es que la pobreza baje al 19,1% de la población en 2028, un preocupante objetivo, porque al aumentar la población, habrá más pobres en tres años.

Una pobreza que se concentra en las familias jóvenes con hijos (más las que encabezan mujeres solas), los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y con dos datos preocupantes: hay 4,3 millones de españoles en situación de exclusión severa, según el reciente estudio Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos pobres más graves trabajan en muchos casos y en otros estudian o buscan empleo. Y que el 45% viven en alquiler, destacando la pobreza severa entre jóvenes, mujeres y familias con niños. Precisamente, en España hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, según Save the Children, quien recuerda que somos el 2º país europeo con más pobreza infantil.

En resumen, que la economía española va muy bien, pero la economía de muchos españoles va regular o mal (mientras la de otros va mucho mejor). Es urgente repartir mejor el crecimiento, para que mejore la vida de la mayoría de españoles y sobre todo de los más vulnerables. Hay que actuar en dos frentes. Uno, aprobar un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, aprobando una ayuda universal por hijo (como tienen 19 de los 27 paises de la UE), que está pendiente de la nueva Ley de Familia, paralizada en el Congreso. Y otro, habría que pactar una nueva política salarial, que además de seguir aumentando el salario mínimo (ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2024), revise al alza´(con mayores subidas que el resto) los salarios más bajos, ahora que las empresas llevan años subiendo márgenes y beneficios.

Pero además, hay que revisar toda la estrategia de ayudas sociales, muy dispersa y mal planteada, porque tanto la Comisión Europea como la OCDE reiteran que las ayudas públicas (directas y fiscales) ayudan comparativamente más a los que más tienen que a los más pobres. Y en paralelo, urge fortalecer los servicios públicos, porque la saturación de la sanidad, la educación y la Dependencia obliga a muchas familias a gastar parte de su sueldo en un seguro privado, en colegios concertados, comedores y transporte escolar o en contratar a alguien para cuidar a mayores y discapacitados, dificultándoles llegar a fin de mes. Pero, sobre todo, hay que resolver el grave problema de la vivienda, que hunde todos los presupuestos (ya sea por el alquiler o la hipoteca) y tomar medidas para mejorar la precariedad laboral (y salarial) de una buena parte de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y vigilar los precios de los alimentos, para que intermediarios y super no se forren a costa de nuestro bolsillo.

En definitiva, no basta con crecer, hay que conseguir que este crecimiento mejore la vida de la mayoría de españoles y no deje atrás a las familias más vulnerables. Para eso necesitamos gastar más desde las Administraciones públicas, lo que exige recaudar más, no pagando más impuestos la mayoría sino los que hoy pagan menos (empresas, bancos y los más ricos). Hace falta una reforma fiscal y una mejora de las ayudas y servicios públicos para que la mayoría de españoles confíen en el sistema y no crezca el desencanto (y la extrema derecha). Pero todo esto exige acuerdos y un Presupuesto. Algo imposible ahora. Así nos va.