El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.
jueves, 2 de octubre de 2025
El AVE, imparable: ojo a "morir de éxito"
El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.
jueves, 25 de abril de 2024
Crece la "brecha" entre paises ricos y pobres
lunes, 27 de diciembre de 2021
Los Fondos europeos, en marcha
| Enrique Ortega |
La llegada de los Fondos europeos a España ha sido un complejo y largo camino. Se inició el 21 de julio de 2020, cuando la Cumbre europea aprueba un Plan de inversiones para luchar contra la tremenda recesión provocada por la pandemia: el Next Generation EU, unas inversiones extras de 750.000 millones, en subvenciones y créditos a repartir por los paises para ayudar a la recuperación. Era un Plan tardío y cicatero (Estados Unidos, con Trump, aprobó en marzo la Ley Cares, con 2,2 billones de dólares de ayudas, al que se sumó, en marzo de 2021, otro Plan de estímulos de Biden, con 1,9 billones de dólares más), pero suponía un gran avance para Europa, porque apostaba por las ayudas en vez de recortes (los que sufrimos de 2010 a 2015) e incluía por primera vez la emisión de deuda europea para financiarlo.
El Plan Next Generation EU tardó en “parirse” pero más en aprobarse, por las reticencias de los paises “austeros” del centro y norte (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Alemania) y el cruce de los problemas políticos con Polonia y Hungría. Finalmente, en la madrugada del 11 de diciembre de 2020, la canciller Merkel logró que otra Cumbre europea aprobara definitivamente el Plan y las ayudas, siendo España el 2º país más beneficiado (tras Italia): 140.000 millones de euros (70.000 millones en subvenciones y el resto créditos).
El Gobierno Sánchez apostó por este Plan europeo de estímulos y ya desde julio de 2020 puso un equipo a trabajar en el Plan de recuperación español, que presentó en la Moncloa el 7 de octubre de 2020, a fuerzas sociales, instituciones y embajadores de la UE. Y en paralelo, su vicepresidenta Calviño multiplicó las reuniones en Bruselas, para ajustarse a las exigencias de la Comisión, en un intento de “trabajar sobre seguro”. Y así, a los cuatro meses de aprobarse oficialmente el Plan europeo, España fue el primer país en presentar en Bruselas su Plan de recuperación, el 30 de abril de 2021. En mayo, sólo lo habían presentado 10 paises.
El trabajo de un equipo en España de 150 personas y cientos de reuniones con la Comisión lograron que España haya sido, junto con Portugal, el primer país europeo al que el ejecutivo europeo aprueba su Plan de recuperación. Fue el 16 de junio y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen viajó personalmente a España para entregar al presidente Sánchez la evaluación del Plan español: recibió la máxima calificación posible de los servicios técnicos de la Comisión en 10 de las 11 variables analizadas. El resultado del análisis “ha sido excelente”, según la Comisión, quien destacó que España “ha puesto en marcha una infraestructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento”.
Este “aprobado con nota” del Plan español se confirma un mes después, el 3 de julio, en la reunión de los ministros de Economía de los 27. Y con ello, el 17 de agosto llega a España un anticipo del dinero europeo: 9.036 millones. El Gobierno y la Comisión siguen negociando, unos exigiendo reformas y proyectos, y otros aprobándolas. Y así se llega a otra fecha crucial, el 3 de diciembre de 2021: la Comisión Europea avala las reformas del Plan de recuperación español y autoriza el primer pago formal de 10.000 millones de euros, tras constatar el cumplimiento de los 52 primeros compromisos contemplados en el Plan (entre ellos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación , la Ley del Teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el decreto sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, el Plan de digitalización de las pymes, la creación del Comité de expertos para la reforma fiscal, la creación del Instituto para la Transición Justa…)
Otra vez más, la presidenta europea alaba el trabajo de España en este tuit, donde destaca que la entrega de fondos se debe a que “España ha trabajado mucho en la implementación del Next Generation EU. Y vendrán más”. Y el comisario europeo Gentiloni declara que “en estos tiempos de incertidumbre enviamos una señal de confianza en la puesta en marcha del ambicioso Plan de España para conseguir un crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible”. Con estos avales, el siguiente paso ha sido un mero trámite: el 21 de diciembre pasado, el Comité Económico y Financiero del Consejo europeo (los 27) emitió un dictamen favorable (el 1º que emite) para el desembolso del primer pago de 10.000 millones a España, unos Fondos que se transferirán antes de fin de año.
Estos primeros Fondos europeos (los 10.000 de ahora más los 9.083 del anticipo de agosto) ya están “apalabrados”, porque el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2021 una partida de 24.198 millones con cargo a los Fondos Europeos, de los que casi el 60% corresponden a proyectos que van a gestionar las autonomías (11.247 millones). El Gobierno, y en especial el equipo de Economía y Hacienda que impulsa el Plan han tratado de acelerar los proyectos que van con cargo a los Fondos europeos, sobre todo este mes de diciembre. Y a fecha 20 de diciembre, está autorizado el 78% del gasto y comprometido el 71%, según el balance hecho por la vicepresidenta Calviño en la comisión mixta Congreso- Senado. Y será más para fin de año, aunque el Gobierno se ha cubierto, aprobando en los Presupuestos 2021 una disposición que permite ejecutar en 2022 lo que no se comprometa ahora.
El gran tirón en los proyectos europeos se dará en 2022, donde el Presupuesto contempla otros 26.900 millones con cargo a los Fondos europeos. Las principales partidas serán el Plan de choque para la movilidad sostenible (1.124 millones de euros) y el Plan de rehabilitación de vivienda (1.389 millones), junto a la financiación de una serie de Planes estratégicos (PERTEs): el PERTE VEC para el vehículo eléctrico (3.000 millones: el primer PERTE aprobado por Bruselas a un país, el 9 de diciembre), el PERTE para la salud de vanguardia (aprobado el 30 de noviembre, el PERTE de energías renovables (aprobado el 14 de diciembre), el PERTE del español, el de la cadena agroalimentaria, de la industria aeroespacial y el de la Economía social de los cuidados (pendientes de aprobarlos el Gobierno y luego Bruselas).
En total, España tiene derecho a 69.512.589.611 euros de Fondos europeos (esa es la cifra exacta) hasta 2026 (España quiere adelantar el cobro del 80% de las subvenciones a 2021,2022 y 2023). La Comisión Europea ya ha hecho un anticipo y un primer pago, pero no hará los 7 restantes (semestrales) hasta que España demuestre que invierte bien y que hace las reformas pactadas. Y así, semestre a semestre, aunque el control es diario, telemático: España y la Comisión han establecido un sistema bilateral de seguimiento, que se completa en España con un sistema de seguimiento estatal (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).
La Comisión Europea quiere ser muy estricta con el seguimiento y control de las ayudas europeas, para afrontar la desconfianza de los paises austeros sobre la Europa del sur. Y Bruselas está utilizando a España para demostrar su firmeza, para marcar el camino a los demás paises, lo que ha endurecido los requisitos y retrasado las aprobaciones. Pero ahora, la Comisión confía en los mecanismos de seguimiento y control puestos en marcha. Y cree que España va a cumplir, aunque el reto de gestión es enorme: esos 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos son tantos en 6 años como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100.
Para afrontarlo, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto que pretendía modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Y dicen que han reforzado los equipos de algunos Ministerios, para asegurar el gasto. La mayor duda está en las autonomías, que han de gestionar el 60% de los Fondos europeos, algunas con poca experiencia y recursos para gestionar grandes proyectos. Y con la batalla política por medio, que se agudizará en 2022 con las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Urge unir fuerzas entre la Administración central y la autonómica (y local: en 2021 gestionarán 3.000 millones de Fondos europeos). Y contar en todos los casos con la colaboración de las empresas (y los sindicatos), para que los proyectos se ejecuten en fecha y forma. Porque si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España.
Y no se trata sólo de gastar bien los Fondos europeos, sino de cumplir también con las 170 reformas prometidas a Bruselas, para modernizar nuestra economía. De momento, el calendario se va cumpliendo (a costa de poner dos Consejos de Ministros por semana) y el último avance es la reforma laboral pactada el jueves entre Gobierno, patronal y sindicatos, que ahora debe aprobar Bruselas, como también la reforma de pensiones, aprobada el pasado miércoles en el Senado.
Por una vez, España es el alumno aplicado de Europa y la Comisión Europea nos pone como ejemplo, a pesar de las críticas constantes del PP, que primero habló de “opacidad y falta de transparencia” en el Plan de recuperación y que ahora le reprocha a Sánchez “tacticismo electoral”, personalizando sus ataques en Nadia Calviño, la responsable de la buena marcha del Plan y nuestra mejor “garantía” para Bruselas (por cierto, señor Casado: su prestigio en la UE acaba de llevar a Nadia Calviño a ser elegida presidenta del Comité responsable de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI) . Sería importante que el PP y las autonomías que gobiernan colaboraran a tope y sin reticencias en la puesta en macha del Plan de recuperación y en las reformas exigidas. Nos beneficiaría a todos.
España se juega mucho con la puesta en marcha del Plan de recuperación y sus reformas. Por un lado, este enorme esfuerzo inversor va a ayudar a la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo esperado por el repunte de la pandemia pero que es mayor de lo que algunos dicen, como acaba de confirmar el INE: el crecimiento de España en el tercer trimestre fue del 2,6% (no el 2% que avanzó en octubre), por encima del crecimiento europeo (+2,1% la UE-27 y +2,2% la zona euro) y de Alemania (+1,7%), según Eurostat. Y aunque España fue el país que más cayó en 2020 (-10,8%), también se espera que sea el país europeo que más crezca en 2022 (al menos +6%).
Pero el principal objetivo del Plan de recuperación y reformas es modernizar la economía, aprovechar los Fondos europeos para reformar nuestro sistema productivo, como se hizo a finales de los años 80 con el ingreso de España en la CEE (1986). Podemos dejar de ser un país de bares, hoteles y turistas para intentar convertirnos en un país más competitivo, con más industria, más tecnología, empresas más grandes y competitivas, aprovechando las fuertes inversiones previstas en la transición ecológica (39% del Plan), la transformación digital (29%), la educación y formación (10%), la Ciencia e investigación (7%) y las inversiones en infraestructuras y cohesión territorial (15%). Conseguir en unos años “otra economía”, más productiva, que cree más empleo y riqueza, que sea menos vulnerable ante la próxima crisis. Es una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Tiene que salir bien.
lunes, 1 de febrero de 2021
Fondos UE a cambio de reformas (polémicas)
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| Enrique Ortega |
Al final, España será el país europeo que reciba más ayudas del Fondo Europeo de reconstrucción, aprobado en el Consejo Europeo del 21 de julio. Inicialmente, España iba a recibir 69.437 millones, pero ahora recibiremos 10.359 millones más (+14,9%), debido a que se ha recalculado el Fondo total con la inflación (será de 375.469 millones, 25.000 más de lo previsto en mayo) y le toca más a España porque nuestra economía cayó en 2020 más de lo previsto (-12,4% el PIB). Con ello, la aportación que recibirá España será de 79.796 millones (a fondo perdido) entre 2021 y 2023, según el reparto (ver cuadro) que aprobará pronto el Parlamento Europeo, por delante de lo que recibirán Italia (79.588 millones,+4,5% sobre lo previsto antes), Francia (42.300 millones, +4,9%), Alemania (27.403 millones, +11,8%), Polonia (25.412 millones, +3,2%), Grecia (19.389 millones, +8,6%), Rumanía (15.499 millones, +3%) y Portugal (15.417 millones, +5%).
Este dinero europeo del programa “Next Generation EU” (375.469 millones) se reparte entre dos subprogramas. El primero y fundamental, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (337.969 millones), de los que España se llevará 69.527 millones, que tendrán que gastarse en la transición energética, la transformación digital y educación, formación, ciencia, reindustrialización, agenda urbana, lucha contra la despoblación, economía de los cuidados, cultura y deporte y reforma de la administración pública. El otro programa se llama REACT EU (37.500 millones) y aportará a España 10.269 millones, destinados a la recuperación y cohesión territorial de las autonomías.
España ha sido uno de los primeros paises en esbozar cómo quiere gastarse esos Fondos europeos, aprobando en octubre de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en 4 ejes de inversión para los 72.000 millones que entonces se esperaban de Europa (finalmente serán 79.796): transición ecológica (37% del gasto), transformación digital (33%), igualdad de género y cohesión social y territorial (el resto). Y después, como no se esperaban recibir los primeros Fondos hasta el verano de 2021, incluyó en los Presupuestos de 2021 un anticipo de estos Fondos europeos, adelantando 34.634 millones (24.198 del Mecanismo de Recuperación UE y aportando otros 8.000 millones a las autonomías a cuenta del programa REACT EU), para no retrasar los primeros programas del Fondo Europeo. Ahora falta concretar los proyectos y enviarlos a la Comisión Europea antes de abril, para que los estudien y aprueben.
El Gobierno español ha puesto en marcha un amplio equipo, de más de 150 personas, para preparar estos programas de inversión, con la colaboración de las autonomías, que van a ser responsables de gastar el 54 % de la inversión que se quiere iniciar este año. Por un lado, ya ha aprobado el reparto por autonomías (lo gestionan en exclusiva) de los primeros 8.000 millones del programa REACT EU, que irán a formación y lucha contra el paro, al refuerzo de la sanidad, educación y servicios sociales, a políticas de vivienda y medioambientales, junto al apoyo a pymes y autónomos. Y ahora, el Gobierno central y las autonomías están debatiendo el reparto de los 24.198 millones restantes, donde los gobiernos regionales deben presentar y gestionar proyectos por casi la mitad del importe, quedando el resto de proyectos en manos de la Administración Central (que busca la colaboración de las empresas privadas).
La gran preocupación de muchos expertos, es que España no sea capaz de gestionar bien el dinero europeo, a la vista de la experiencia reciente: en el último periodo presupuestario europeo (2014-2020), España sólo invirtió en plazo el 33% de los fondos europeos. Y este 1 de enero de 2021, España tenía pendiente de gastar 12.000 millones de fondos estructurales del último septenio (2014-2020). Ahora, gastar casi 80.000 millones en 4 años (2021-2024) parece una tarea imposible, aunque estos fondos sean claves para reconstruir y modernizar el país. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en diciembre un real decreto, para modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Se intenta agilizar la Administración, para que gaste con más rapidez y eficacia (ver aquí sus objetivos). Y lo que quiere el Gobierno es que las autonomías hagan lo mismo, que aprueben normas similares, para que los Fondos UE se gasten mejor. Pero no será fácil conseguirlo, porque PP, Ciudadanos y ERC votaron en contra de la convalidación del decreto en el Congreso la semana pasada, aprobada "in extremis" gracias a la abstención de Vox.
El problema de esta división política interna sobre la ejecución de los Fondos europeos es que no ayuda frente a una Comisión Europea que nos va a vigilar de cerca: dos veces al año hará "exámenes" de la marcha de las inversiones y sólo si nos "aprueba" autorizará la transferencia de los fondos (también dos veces al año). Y si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España. Si alguien se retrasa, afectará a los demás, a los que invierten bien. Por eso es clave que exista un organismo central en España que coordine la gestión de los proyectos. O se gasta bien o no habrá fondos europeos. Y cuando lleguen, serán con cuentagotas: los primeros, en julio o septiembre, serán sólo el 13% de los previstos para 2021-2023, o sea, recibiremos 10.373 millones de euros.
Pero antes de eso, España tendrá que aprobar las reformas que le viene pidiendo la Comisión Europea desde hace dos décadas, en especial la reforma laboral y la reforma de las pensiones (Bruselas considera que es el talón de Aquiles de España, porque suponen el 40% del Presupuesto y porque tenemos un creciente envejecimiento y una bajísima tasa de empleo para financiarlas). Ahora, el Reglamento de los Fondos europeos de reconstrucción lo deja claro: sin reformas no hay dinero. Y no basta con buenos propósitos: la Comisión va a vigilar la marcha de las reformas y si no hay avances, corta el grifo de los Fondos.
El Gobierno español ha mandado a Bruselas, en enero, un listado de 170 reformas que promete hacer en los próximos años, en el terreno laboral, pensiones, sistema educativo y FP, sanidad, agricultura y transición ecológica, entre otras. Pero la clave son las propuestas de reforma de las pensiones y la normativa laboral, anticipadas a mediados de enero a sindicatos y patronal. Son sólo unas líneas básicas, que hay que concretar mucho todavía, pero ya han provocado las críticas de Podemos y de los sindicatos, que han convocado concentraciones de protesta el 11 de febrero. Y falta ver lo que opina la Comisión Europea.
La propuesta de reforma de pensiones enviada por el Gobierno español a Bruselas incluye 8 cambios fundamentales: financiación con impuestos (Presupuesto) de los gastos “impropios” de la Seguridad Social (20.000 millones, de los que 14.000 ya anticipa el Presupuesto 2021), mantener el poder adquisitivo de las pensiones (ojo: el plurianual, no anualmente), acercar la edad de jubilación real (64,6 años) a la teórica (66 años en 2021 y 67 en 2027), aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión (en 2011 se subió de 15 a 25 años para 2022), buscar algún sistema para lograr “la equidad generacional” (a lo claro: ligar la pensión inicial a la población ocupada y a la relación ocupados/pensionistas), que los autónomos coticen por sus ingresos reales (el 85% cotizan por mínimos), aumentar las bases máximas de cotización (hoy en 4.070 euros) y con ello las pensiones máximas e impulsar los Fondos de pensiones de empleo, en las empresas, creando un gran Fondo público para promoverlas.
Lo polémico de
esta propuesta de reforma de las
pensiones son dos cuestiones. La
primera, la ampliación del periodo cotizado que se va a tomar. El Gobierno
no ha incluido finalmente en su envío a Bruselas subirlo
de 25 a 35 años, para evitar conflictos con Podemos y los sindicatos.
Pero esa es la idea, aunque permitiendo “quitar
los años malos”. La otra cuestión polémica será el factor de “equidad
intergeneracional”: la reforma de Rajoy incluyó como “factor
de sostenibilidad” la mayor esperanza de vida, para recortar la pensión
inicial al cobrarse más años. Ahora, podrían incluirse otros factores, como la
demografía (la evolución de la población y su envejecimiento), la marcha del
empleo y la relación entre ocupados y pensionistas. Con estas dos reformas
(ampliar a 35 años el periodo de cómputo y corregir la pensión inicial por
demografía o empleo), el
Gobierno estima que las pensiones
futuras podrían recortarse un -5,5%.
La otra reforma clave enviada a Bruselas es la reforma de la normativa laboral. El Gobierno ha renunciado de momento a derogar la reforma laboral de Rajoy, como piden los sindicatos y Podemos, y pretende reformar los aspectos más lesivos de la actual normativa. Y para ello, propone 17 reformas laborales, repartidas en varios bloques: lucha contra los contratos temporales (generalizando el contrato indefinido), frenar la subcontratación generalizada, simplificar el contrato de prácticas y para la formación, establecer los ERTEs de forma permanente (creando un Fondo tripartito para financiarlos), modificar la actual normativa de convenios (favorecer los sectoriales y prorrogar los convenios finalizados hasta que se renueven), regular el trabajo en las plataformas digitales (repartidores) y modificar las políticas activas de empleo (revisando bonificaciones), modernizando las oficinas de empleo y la formación, diseñando un nuevo Plan de empleo joven 2021-2027.
Ante estas dos reformas claves, las pensiones y la normativa laboral, el Gobierno Sánchez tiene dos frentes abiertos en las próximas semanas. Uno interno, donde las reformas tendrán que afrontar la oposición de Podemos y los sindicatos (no quieren cambios que supongan recortes en las pensiones futuras) y también de la patronal, sobre todo en los cambios laborales. Y el otro externo, en Bruselas, donde la Comisión Europea y los gobiernos más conservadores de centro-Europa (con Países Bajos, Austria, Alemania y Finlandia en cabeza) van a forzar reformas más drásticas, sobre todo en pensiones, porque consideran que las pensiones españolas son “demasiado generosas”: de hecho, las nuevas pensiones (ojo, no las antiguas) suponen el 84,3% del último salario, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Paises Bajos, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.
Al final, España se encuentra en una encrucijada: necesitamos los Fondos europeos para reconstruir y modernizar el país tras la pandemia, pero ese dinero gratis tiene condiciones, básicamente dos: que se gaste bien (con eficacia y controles) y que se hagan reformas. Si la Comisión Europea o algún país cree que gastamos mal o no hacemos las reformas como ellos piensan, nos pueden cortar el grifo. Ese es su poder y esa es “la amenaza” (Bruselas) que va a tener el Gobierno Sánchez para negociar con las autonomías el reparto del gasto y con los partidos, sindicatos y patronal las futuras reformas. Sobre todo, los cambios en las pensiones (que quiere aprobar este año, para aplicarlos desde 2022) y en la normativa laboral.
Se avecinan meses de dura negociación, dentro de España y con Europa. Pero no queda más remedio que avanzar en los dos frentes, en gastar bien (necesitamos reestructurar nuestra economía, muy vulnerable, como se ha visto con en esta pandemia y la anterior crisis de 2008) y en hacer las reformas más urgentes. Una de ellas, la reforma laboral, porque no es de recibo que España tenga la tasa de empleo más baja de Europa (68% de los adultos frente al 73,1% en la UE-27) y la mayor tasa de paro (16,4% frente al 7,5% la UE-27) y de precariedad laboral (el 25% de empleos temporales, doble que en Europa). Y la otra, la reforma de las pensiones, porque si no, en 2050 tendremos un grave problema: habrá 15 millones de pensionistas (hoy 9,2) y sólo 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora tenemos 3 activos. Eso obliga a buscar más ingresos y a “atemperar” el gasto.
No podemos tener un país con el doble de paro que Europa y donde no tengamos jóvenes con empleo que puedan pagar las pensiones futuras. Y donde uno de cada cuatro trabajadores tenga un empleo temporal y mal pagado. Eso había que cambiarlo desde hace dos décadas, reformarlo sin más retrasos, con o sin la presión de los Fondos europeos. Así que ya que hay que hacerlo, hagámoslo ya, con el máximo acuerdo interno posible, para que las reformas sean mejor aceptadas en Europa y duren más años, al margen de los cambios de Gobierno. Estamos en un momento crucial, que hemos de aprovechar para hacer reformas y modernizar el país con ayudas europeas. No podemos perder este tren.
lunes, 14 de diciembre de 2020
Brexit: España, uno de los paises más afectados
Por si no tuviéramos bastante con la pandemia, Boris Johnson presiona a Europa al abismo de un Brexit duro, sin acuerdo, el 1 de enero. Duro o blando, España será uno de los paises más afectados, más que Alemania, Francia o Italia, según el Banco de España. Sobre todo, los exportadores de frutas, verduras, vino, cerámica y coches de Murcia, Levante, Aragón y Galicia, el turismo de Canarias, Baleares y el Mediterráneo, más las multinacionales y bancos españoles. El escollo de la negociación es que Europa “no se fía” del gobierno británico y teme que convierta Reino Unido en un paraíso laboral, medioambiental, fiscal y sin regulación (un “Singapur en el Canal”) que haga competencia desleal al mercado único. Que aprovechen “estar fuera” para invadir el mercado europeo. Europa no puede ceder, aunque suponga empezar 2021 con aranceles y barreras que penalizan a todos. La clave es “pasar página” con el Brexit de nunca acabar y que Europa salga de la pandemia y se fortalezca. UExit.
Al Reino Unido le costó 15 años ingresar en la Comunidad Económica Europea (el 1 de enero de 1973) y llevan tres años y medio intentando salir de la UE, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría de británicos (52%) votaron en referéndum a favor del Brexit. El Gobierno británico ha ido posponiendo su salida, de prórroga en prórroga, hasta que el 31 de enero de 2020 se cumplió la última fecha aprobada por Bruselas y Londres para dejar la UE. Pero el 1 de febrero, se consumó la salida política del Brexit (Reino Unido ya no tiene voz ni voto en la UE-27) pero no la salida económica: las mercancías, capitales, personas y servicios británicas siguen siendo comunitarias y se mueven libremente por el mercado único europeo hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha límite para pactar un nuevo acuerdo comercial que establezca las futuras relaciones RU-UE27.
El problema es que Reino Unido ha ido perdiendo tiempo este año, retrasando las negociaciones con la ayuda de la pandemia, en otro intento de forzar a Bruselas a nuevas prórrogas y cesiones. Y ahora, a 17 días de la fecha límite, Boris Johnson presiona a Bruselas al abismo de un Brexit duro, en una peligrosa jugada de póker donde tiene más que perder que los 27. Pero también más que ganar, si juega de farol y sus rivales se arrugan, porque sus cartas son peores. Veamos de qué va el juego.
En principio, la futura relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea podría seguir uno de los tres modelos que Europa tiene ya con terceros paises. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein: integrar al Reino Unido en un Espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar los británicos la libre circulación de personas y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, además de financiar una parte del Presupuesto europeo. La segunda opción es firmar un Acuerdo de Libre Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea del Sur, menos favorable para los británicos, porque incluye aranceles (3%) y restricciones. Y hay un tercer modelo, menos interesante: firmar un Acuerdo de Asociación, como el que tiene la UE con Ucrania.
Al Reino Unido, especialmente a Boris Johnson y sus tories euroescépticos, no les gusta un acuerdo como el de Noruega, porque huyen de “compromisos” con Europa. Buscan desde el principio un acuerdo comercial como el de Canadá, pero con más ventajas porque ellos se consideran de alguna forma “europeos” (para comerciar). Y Europa lleva doce meses diciéndoles lo mismo: cuantas más ventajas comerciales quieran sacar, más tienen que parecerse sus normas y comportamientos a las de los europeos. A lo claro: si quieren comerciar con pocas trabas con la UE-27, tienen que jugar con sus reglas en materia laboral, fiscal, medioambiental o de ayudas estatales a las empresas. Tienen que respetar "los estándares europeos". Lo contrario sería hacer competencia desleal y querer aprovecharse del mercado único.
Pero Johnson sigue empeñado en jugar de farol, tras haber “vendido” a los británicos que el Brexit va a convertir al Reino Unido en una mayor potencia económica. Su pretensión es “recuperar el viejo imperio” y convertir a las islas británicas en un gigantesco portaaviones comercial y financiero, que compita sin trabas en Europa y en el resto del mundo, gracias a unos bajos costes laborales y sociales, una mínima regulación económica y medioambiental y jugosas ayudas públicas a las empresas británicas. Su idea es convertir Reino Unido en el Singapur de Europa, dispuesto a “arrasar en el continente”, ya desde fuera de la UE. Lo que vende Johnson a los británicos es el mejor de los mundos: librarse de las reglas y obligaciones de estar en la UE, pero lanzarse sin piedad a conquistar el mercado único europeo (el mayor del mundo).
La Comisión Europea y los negociadores de Bruselas lo saben y “no se fían un pelo” de Johnson y el ala euroescéptica de los conservadores británicos. Por eso, además de firmar un acuerdo comercial que impida la competencia desleal del Reino Unido, la clave es asegurar que esas reglas de juego se cumplen en el futuro. Porque si no, podría firmarse ahora el acuerdo y luego, en unos meses o años, el Reino Unido podría cambiar sus normas y buscar “jugar con otras reglas”. De hecho, ya lo ha intentado hace unas semanas, enviando al Parlamento una Ley del Mercado Interior que permitía al Gobierno británico fijar unilateralmente los trámites aduaneros que han de hacer las empresas británicas para exportar a Irlanda del norte o las subvenciones que reciben, aspectos que violan el acuerdo de salida del Brexit. Al final, Johnson ha corregido a principios de diciembre esa Ley, como “gesto de buena voluntad”, pero en Bruselas no se fían.
Por eso, lo que se está negociando contra reloj no son peliagudas cuestiones comerciales, sino algo muy simple: “que se respeten las reglas de juego” (en inglés, “level-playing field”: terreno de juego igualado”). Poner por escrito las reglas, bien claritas, y el compromiso de Reino Unido de que no se van a cambiar en el futuro. Y la segunda cuestión, el sistema de gobernanza del acuerdo, o sea, cómo se dirimen legalmente las diferencias y qué mecanismos vinculantes se arbitran para solucionar las posibles controversias. Y aquí, Reino Unido se resiste a incluir clausulas de no regresión frente a lo pactado. El “tahúr” Johnson se resiste a fijar reglas y pretende poder jugar de farol sabiendo que sus cartas son peores. Y entre tanto, para despistar y cubrirse ante sus electores del norte, incluye como tercer tema de negociación la pesca, cuántas capturas podrán hacer la UE en aguas británicas (y viceversa). Pero la cuestión de fondo de la negociación es política: fiarse o no de Johnson.
Todos prefieren un Brexit blando a una falta de acuerdo y un Brexit duro el 1 de enero de 2020. Quien tiene más que perder es Reino Unido, porque depende más de la UE-27 que al revés: el 43% de las exportaciones británicas van a la UE (330.000 millones), mientras las islas británicas sólo representan el 18% de las exportaciones comunitarias (440.000 millones) y la mayoría de los países europeos tienen superávit con Reino Unido. Pero Johnson ha ido muy lejos en sus promesas a los británicos y lo más probable es que siga con su farol y presione más y más a Bruselas, buscando nuevas prórrogas y concesiones. Y la UE tampoco quiere un Brexit duro, porque se vería aún más resentida su economía en plena pandemia.
Si no hay más prórrogas y el 1 de enero llega un Brexit duro, eso significa que las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido se fijarán de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece aranceles (una media del 6% de impuestos a los productos importados, que puede llegar al 10% en automóviles y más en servicios) y barreras comerciales en la relación de “nación más favorecida” (la UE y RU). A corto plazo, se produciría un caos en las aduanas, para controlar el tráfico de personas y mercancías (sólo en Dover cruzan más de 10.000 camiones al día). Y se frenarían inversiones y operaciones.
Para evitar lo peor, la Comisión Europea ha aprobado “un Plan de contingencia”, que permitirá prorrogar 6 meses los vuelos y viajes de pasajeros y mercancías. Pero falta que lo acepte y comparta el Reino Unido, cuyo Gobierno ya ha ordenado a la Marina Real que se prepare para interceptar barcos pesqueros de la UE en aguas británicas a partir del 31 de diciembre. Y ha pedido a los supermercados británicos que hagan acopio de alimentos por si acaso (el 25% vienen de la UE).Suena a que habrá un Brexit duro y conflictivo, aunque ayer domingo se han dado "un tiempo extra" para negociar antes de fin de año.
Quien más tiene que perder con un Brexit duro es el Reino Unido: su PIB caería un -3% en 2022, según un estudio reciente del Banco de España, mientras la UE perdería un -0,4% del PIB (la Comisión aumenta esta bajada al -0,75% en 2022), tanto por el efecto negativo sobre el comercio (aranceles y barreras) como por el freno a inversiones y actividad económica. En el caso de un Brexit blando (un acuerdo como el de la UE y Canadá), la pérdida sería mucho menor, tanto para Reino Unido (-1,5% del PIB en 2022) como para la UE (-0,1%).
Sea un Brexit duro o blando, todos perderemos, los que más los británicos (su propia Oficina Presupuestaria espera una caída del PIB del -4%). Pero también España sufrirá bastante el Brexit: seremos el 7º país europeo más afectado, tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Chipre, Suiza y Malta, según un estudio de S&P. Y seremos el país más afectado entre los grandes, más que Alemania, Francia o Italia, según confirma el estudio publicado por el Banco de España. Y eso porque somos uno de los paises europeos que tienen más relación comercial, turística e inversora con Reino Unido. De hecho, la relación económica de España con Reino Unido supone el 3,4% del PIB español, por encima de la relación con Alemania (3,2% de su PIB), Francia (2,8%) o Italia (1,95%), aunque por debajo del peso que tiene su relación con la UE-27 (3,95% de su PIB), según el Banco de España.
El mayor impacto se dará en el comercio (supone el 1,6% de nuestro PIB): Reino Unido es el 5º mayor cliente comercial de España (tras Francia, Alemania, Italia y Portugal) y les vendimos por valor de 19.666 millones de euros en 2019 y comprado por 11.808 millones, con lo que tuvimos un superávit comercial de +11.808 millones de euros. Este año 2020, con la pandemia y la amenaza del Brexit, el comercio con Reino Unido ha caído drásticamente, pero sigue siendo nuestro 5º mayor cliente: les exportamos por 12.040 millones y les compramos por 6.722 millones, hasta septiembre, con lo que el superávit es de +5.318 millones. Las principales ventas españolas al Reino Unido son alimentos, coches, bebidas y tabaco, ropa, cerámica, fertilizantes y bienes industriales intermedios.
El 2º mayor impacto
del Brexit se dará en el turismo
(supone el 1,2% de nuestro PIB): Reino
Unido es el país que nos aporta más turistas, 18 millones en 2019 (un 21,5% del total), que han bajado
drásticamente este año 2020, por la pandemia, a 2,97 millones de turistas británicos llegados hasta octubre (el
16,67% del total), según el INE.
Y son también los turistas que aportan más gasto, un 19,4% del gasto
turístico total en 2019 (17,834 millones se gastaron) y otro 15,7% del total
este año (donde el gasto turístico de los británicos, como el de los demás, se
ha desplomado hasta octubre: a 2.915 millones de euros, según el INE). Y no
olvidemos que los británicos son los
extranjeros que más compran viviendas en España: 8.750 en 2019, el 2% de todas las viviendas vendidas.
El tercer mayor impacto del Brexit se dará en los servicios (suponen un 0,6% del PIB), sobre todo en las exportaciones de servicios de telecomunicaciones y servicios financieros, derivados de la fuerte presencia en Reino Unido de las multinacionales españolas (desde Telefónica al Banco Santander o Ferrovial), que se verán bastante afectadas por el Brexit. Y queda por ver el impacto del Brexit en las inversiones españolas en Reino Unido, que rondan los 81.000 millones de euros (el 17,2% de toda nuestra inversión exterior). De hecho, el Reino Unido es el 2º mayor destino de las inversiones españolas en el extranjero, solo por detrás de las hechas en EEUU. En las islas han invertido mucho Telefónica (20.000 millones), Santander (15.000), Iberdrola (12.000), Ferrovial (6.000), Iberia/IAG (5.000), Cellnex (2.500), Banco Sabadell (2.000), FCC (2.000), Aena (300) o Inditex (100 tiendas), multinacionales españolas que se juegan una parte de sus ventas y beneficios en el mercado británico.
Todo esto está en juego con el Brexit, desde las exportaciones y el turismo a las finanzas, los servicios, las inversiones o la pesca. El impacto será mayor o menor según sea el acuerdo o desacuerdo, pero en cualquier caso, afectará mucho a España, especialmente a algunos sectores (agroalimentario y automóvil, sobre todo) y regiones, según el estudio del Banco de España: el mayor impacto comercial lo sufrirán Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Y el mayor impacto turístico e inmobiliario lo sentirán Canarias, Baleares y Levante. Regiones también muy afectadas por la recesión de la pandemia.
Quedan unas semanas de infarto y unos años complicados, donde la UE y el Reino Unido tendrán que ajustar su relación, algo complicado y negativo en cualquier caso, porque Europa pierde su 2ª mayor economía (15% del PIB de la UE y 13% de su población) y el Reino Unido su libre acceso al mayor mercado del mundo. Pero hay que seguir adelante, sin ceder a chantajes porque en esta partida Europa tiene las mejores cartas. Y además, la Unión Europea debe pasar cuanto antes la página del Brexit, que la ha desgastado durante tres años y medio. Hay que mirar hacia adelante y volcar todos los recursos en la reconstrucción de Europa tras la pandemia, reforzando internamente la Unión y avanzando en los Estados Unidos de Europa, consolidando un bloque económico, político y social que afronte la dura competencia de China, EEUU y los paises emergentes en este siglo XXI. Y mientras, los británicos “se cocerán a fuego lento”, sufriendo día a día el enorme error del Brexit. Y en una generación (quizás ya con Escocia independiente), volverán a llamar a las puertas de la UE. Pero mientras, necesitamos consolidar una Europa más fuerte, más unida y más solidaria. Vayamos a ello, sin que nos desgaste más el Brexit. UExit.


