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jueves, 2 de octubre de 2025

El AVE, imparable: ojo a "morir de éxito"

El AVE sigue ganando viajeros al avión y a la carretera, tras batir un récord en 2024: casi 40 millones de viajeros, el doble que antes de la pandemia. Y espera llegar a 50 millones en 2026, gracias a la liberalización de la alta velocidad, que ha traído dos competidores a Renfe (la francesa Ouigo y la italiana Iryo), aportando más trenes y viajes y una rebaja del 33% en los billetes. Pero el AVE bate récords con muchos problemas, agravados este verano : estaciones saturadas, averías frecuentes, retrasos, trenes parados en medio de la nada, fallos en las catenarias, robo de cobre… El problema de fondo es que la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (tiene 4.000 kilómetros) y está sobreutilizada (se ha pasado de 9 trenes AVE diarios a 532). Urge invertir más en infraestructuras y mantenimiento y en modernizar los trenes. Eso exigirá subir el canon a las empresas, que tendrán que subirnos los billetes para mejorar el servicio.

                          Enrique Ortega

El primer tren AVE, de Madrid a Sevilla, empezó a circular el 21 de abril de 1992, el año de la Expo, que se cerró con 1,17 millones de viajeros transportados. El siguiente salto fue el AVE de Madrid a Barcelona, inaugurado el 20 de febrero de 2008, año que se cerró ya con 5,7 millones de viajeros transportados en AVE. Y a partir de ahí, crecieron las líneas y los pasajeros, hasta llegar a 22,37 millones transportados en AVE en 2019, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Tras la caída de viajeros por la pandemia (7,6 millones en 2020 y 13,48 millones en 2021), la alta velocidad dio un enorme salto adelante en 2022 (23,72 millones de viajeros) y sobre todo en 2023 (32,41 millones), por la liberalización del negocio y la entrada de nuevos competidores del AVE de Renfe. Y en 2024 se batió el récord: 39.648.610 viajeros transportados en AVE, según la CNMC, casi el doble que antes de la pandemia. Este año 2025, los viajeros transportados en AVE siguen creciendo (25,8 millones hasta julio, +13,3% que en 2024, según el INE) y podría cerrarse el año con 46 millones de viajeros, a la espera alcanzar los 50 millones de viajeros AVE en 2026.

Este tirón imparable del AVE en España, el 2º país (tras China) con la mayor red de alta velocidad del mundo (4.000 kilómetros) es consecuencia, sobre todo, de la liberalización de esta parte del negocio ferroviario, forzada por Bruselas en 2020, que obligó a abrir la red a otras empresas ferroviarias, acabando con el monopolio de Renfe. Esta liberalización se hizo efectiva el 10 de mayo de 2021, cuando un AVE de Ouigo (empresa creada por la francesa SNCF) viajó por primera vez de Madrid a Barcelona, un corredor que utilizó después, en noviembre de 2022, el primer AVE de Iryo (empresa de la italiana Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía). El siguiente paso fue la competencia en el corredor Madrid-Valencia (octubre 2022 Ouigo y diciembre 2022 Iryo), seguido del corredor Madrid-Sevilla (marzo 2023 Ouigo, enero 2025 Iryo), al que se sumaron el corredor Madrid-Málaga-Granada (marzo 2023 Iryo, enero 2025 Ouigo) y la línea Madrid-Alicante (abril 2023 Ouigo, junio 2023 Iryo). Y más recientemente, llegó la competencia al corredor Madrid-Segovia- Valladolid (abril 2024 Ouigo) y Madrid-Murcia (septiembre 2024 Ouigo).

La principal consecuencia de esta liberalización del negocio de la alta velocidad ferroviaria es la ampliación de la oferta de trenes y viajes y la consiguiente “guerra de precios” entre Renfe, Ouigo e Iryo, con multitud de ofertas y tarifas. Eso se ha traducido en que los billete de AVE se han abaratado un 33% con la liberalización, según la CNMC. Y además de este ahorro de costes para los viajeros (431 millones desde 2019), el tirón del AVE ha supuesto un ahorro de costes externos (polución, emisiones de CO2, accidentes, cogestión de tráfico) estimado por la CNMC en otros 172 millones de euros desde 2019, a lo que habría que sumar los 153 millones de ganancia neta de ADIF (el gestor público ferroviario de la red) por los mayores cánones cobrados a las empresas por el uso de la red de alta velocidad.

En conjunto, las líneas de AVE han crecido en pasajeros desde 2019 a costa de la carretera (a la que han quitado 3,7 millones de viajeros) y del avión (al que han quitado 900.000 pasajeros), según la estimación de la CNMC. Y lo más llamativo es que casi todos los corredores de alta velocidad abiertos a la competencia han duplicado sus pasajeros desde 2019, salvo el Madrid-Sevilla (donde han crecido un 41%) y el Madrid-Málaga (+59%). Los trayectos de AVE con más pasajeros en 2024 fueron Madrid Barcelona (14.6 millones,+6% sobre 2023), Madrid-Valencia (5,6 millones, +10%), Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga(cada uno con 5 millones de pasajeros,+28%) y Madrid-Alicante (4 millones, +33%), repartiéndose los demás pasajeros (5,3 millones, +103%) en las restantes líneas abiertas a la competencia.

Y hablando de competencia, Renfe sigue manteniendo el liderazgo en la alta velocidad, aunque lógicamente ha perdido cuota de mercado frente a la francesa Ouigo y la italiana Iryo. Donde Renfe tiene la cuota de AVE más alta es en los dos corredores de Madrid a Andalucía (72/73% en 2024), frente al 27/28% de cuota que tiene Iryo (que empezó a operar en marzo de 2023), según los datos de la CNMC. También mantiene dos tercios de la cuota total (67,4%) en el corredor Madrid-Alicante, donde le sigue Ouigo (27,2% de cuota) y muy lejos Iryo (5,4%). En la primera linea abierta a la competencia, Madrid-Barcelona, Renfe mantiene un 60,1% de cuota de viajeros(en alza), seguida de Iryo (23,7%), que también crece, ambas a costa de Ouigo (16,2% de cuota en 2024). Y donde Renfe ha perdido más cuota es en el AVE de Madrid a Valencia: tiene un 50,6% y el resto se la reparten Ouigo (25,3% en 2024) e Iryo 24,2%).

Lo que han ganado los tres operadores es cuota frente al avión, al que se han “comido” en los trayectos de media distancia donde compiten, según confirman los datos de la CNMC de 2024. Así, en el trayecto Madrid-Valencia, la cuota del AVE es del 93,3% (5,25 millones de viajeros viajaron en AVE y 380.000 en avión). En el trayecto Madrid-Sevilla, la cuota del AVE frente al avión es el 90,2% y en el corredor Madrid-Alicante, el 88,1%. En el trayecto con más competencia y viajeros, Madrid-Barcelona, el AVE también gana de lejos al avión, con una cuota del 81,2% de viajeros en 2024 (8,9 millones en AVE y 2 millones en avión), cuando antes de la liberalización de 2021 la cuota del AVE era del 65%. Y en el trayecto Madrid-Málaga, la cuota del AVE frente al avión es del 82%. En estos trayectos, la cuota del tren de alta velocidad aumentó en 2024, salvo en el corredor Madrid-Barcelona (-0,3%).

A pesar de este “éxito comercial”, las tres empresas que gestionan los viajes de AVE siguen perdiendo dinero, año tras año, aunque algo menos en 2024. Así, mientras Renfe ganaba dinero con el AVE en 2019 (cuando operaba en solitario), empezó a perder dinero en 2020 y 2021, ya con Ouigo (-751 millones perdieron ambos) y en 2022-24 (-452 millones, ya con Iryo, además de Ouigo y Renfe). Sólo en 2024, las tres empresas que operan la alta velocidad han perdido 99,5 millones (menos que los 219 millones perdidos en 2023), pérdidas repartidas entre Renfe (-27 millones), Iryo (-31,5 millones) y Ouigo (-40,5 millones). Y la CNMC estima que las 3 empresas han perdido 1.203 millones de euros desde 2020, repartidos entre Renfe (-842 millones), Ouigo (-191 millones) e Iryo (-170 millones).

¿Por qué pierden dinero si han duplicado los viajeros? Básicamente, por la “guerra de tarifas” a la baja y el fuerte aumento de inversiones y costes (en trenes, personal, energía…), además de que han de pagar el canon a ADIF (la empresa pública que gestiona y mantiene la red ferroviaria) por el uso de las vías, estaciones y servicios. Aunque las empresas extranjeras (Ouigo e Iryo) se quejan de que este canon es alto, ADIF y la CNMC les contestan que son “similares a los alemanes, algo superiores a los italianos y en linea con los franceses”. Al final, ganar mercado partiendo de cero es siempre costoso y eso obliga a los nuevos operadores a operar con pérdidas y a Renfe a seguir su senda para no perder más cuota.

Pero el negocio de la alta velocidad, aunque bate récords de viajeros año tras año, tiene un problema de fondo: crecer tanto y tan rápido ha provocado múltiples problemas diarios, que se han agravado este verano: múltiples averías en la red y en los trenes, saturación en las estaciones (primero en Atocha-Madrid y luego con las obras en Chamartín-Madrid), retrasos y trenes parados en medio de la nada, unas veces por fallos en la catenaria, otras por robo de cable, otras por problemas del tren y este verano, por los incendios en Castilla y León y en Galicia (han afectado a 486 trenes y 130.000 usuarios, frente a sólo 25 trenes y 18.000 viajeros afectados por los fuegos del verano de 2024). Todos estos factores (de la red y externos) han deteriorado en 2025 un servicio, el del AVE, que en 2024 fue bastante puntual: el 94% de los trenes AVE de los trayectos en competencia llegaron con menos de 15 minutos de retraso, según la CNMC, siendo los segundos más puntuales de Europa, tras Suiza.

Los expertos y el propio Ministerio de Transportes achacan los múltiples problemas del AVE a 4 causas. La primera y fundamental, el fuerte aumento de trenes y viajeros: la red de alta velocidad se ha multiplicado por 8 desde 1992 (de 470 kilómetros a 4.000) y de circular 9 trenes diarios se ha pasado a 532 trenes y 115.000 pasajeros diarios hoy. La segunda causa de problemas es el envejecimiento de las infraestructuras (vías, señalización, catenarias…) en estos 33 años, sobre todo en la linea más antigua y con más problemas (Madrid-Sevilla). La tercera, que muchos de los trenes AVE que circulan hoy (sobre todo los 125 de Renfe) son muy antiguos y algunos nuevos dan muchos problemas (como muchos de los 30 AVE Avril “Serie S106”, entregados por Talgo a Renfe en mayo de 2025 y que han presentado fisuras en los “bogies”, el sistema de rodadura donde se asientan los coches de viajeros). Y el cuarto problema es la deficiente gestión de ADIF, donde los sindicatos denuncian falta de personal y fallos de gestión, además de escasa inversión en mantenimiento de la red.

Todos estos problemas en la alta velocidad, agravados este verano, han llevado al Gobierno y a ADIF a retrasar la liberalización de nuevos trayectos de AVE, que estaba prevista para septiembre de 2025: la entrada de Ouigo e Iryo en los corredores del AVE de Madrid a Galicia, de Madrid a Asturias y Cantabria y el corredor Madrid-Cádiz y Huelva. Parece que la apertura a la competencia de estos trayectos de alta velocidad se retrasa hasta 2026, para hacerla efectiva en 2027, para dar tiempo a reforzar antes las líneas actuales con problemas y para que ADIF recalcule los cánones a cobrar a las empresas en esos nuevos trayectos, que tendrían que subir para incluir las inversiones necesarias en vías, señalización y mantenimiento. Y las empresas, además de ampliar su servicio de alta velocidad (serán 72 servicios diarios más, alcanzando al 70% de la población) y su parque de trenes, tendrán que afrontar el reto tecnológico de operar en dos anchos de vía a la vez (internacional e ibérico).

Mientras, el Gobierno y su ministro de Transportes creen que la mejoría del servicio de alta velocidad pasa por comprar nuevos trenes e invertir más en la mejora de la red de alta velocidad, donde ya se han invertido 69.200 millones, 57.200 hasta 2021 y otros 12.000 después, hasta 2025).  Pero eso tardará (“no podemos estar 15 años sin comprar un tren y de repente encargar 400”, dijo el ministro Puente en el Congreso en septiembre), lo mismo que mejorar la red de alta velocidad (vías, catenarias, señalizaciones, mantenimiento…) y las estaciones. Por eso, el propio ministro Puente advirtió a los diputados que “seguirá habiendo incidencias en la alta velocidad en los próximos dos años”…

En definitiva, el AVE bate récords de viajeros pero ha crecido demasiado en poco tiempo y eso está provocando problemas en las líneas y a los viajeros, problemas que exigen más inversiones y tiempo. Por eso, antes de seguir ampliando la red (cada ciudad quiere su AVE) y abriéndola más a la competencia, hay que reforzar lo que tenemos, para “no morir de éxito”: más inversiones en mantenimiento, vías, señalización, trenes y estaciones. Y esas mayores inversiones obligan a subir el canon de Adif a las compañías y a que frenen su “guerra de precios”, quiten tantas ofertas y suban los billetes a los viajeros. Al final, las cuentas son claras: o se invierte más en el AVE o seguirán los problemas. Y ese dinero para mejorar el servicio sólo puede salir de las empresas y de los viajeros. Lo barato es caro.

jueves, 25 de abril de 2024

Crece la "brecha" entre paises ricos y pobres

La gente no quiere leer sobre la pobreza (“no vende”). Por eso, los medios han escondido esta reciente noticia: la “brecha” entre los paises ricos y pobres se ha agrandado entre 2020 y 2024, por primera vez en este siglo, según el Banco Mundial, por la pandemia, la inflación, los conflictos y la subida de tipos. En paralelo, el Banco Mundial lanza otra alerta: será “poco probable” cumplir con el objetivo de acabar con la pobreza para 2030: los 700 millones de pobres actuales sólo bajaran a 600 millones. Pero creen que todavía se puede “cambiar el rumbo” y reducir la pobreza de los 75 paises más afectados (la mitad en África y el resto en Asia y América). Por un lado, estos paises tienen que reformar drásticamente sus economías, como hicieron China, India o Corea (antes pobres). Pero es clave la ayuda del resto, con inversiones y préstamos, ayudándoles a reestructurar su deuda y a afrontar el cambio climático. No miremos para otro lado.


La cuarta parte de la humanidad
(1.900 millones de personas) vive en 75 paises pobres, cuya situación económica y financiera es tan precaria que son los únicos paises del mundo que reciben subvenciones y préstamos a bajo interés del Banco Mundial (BM). Son los llamados “paises AFI” (porque reciben esa ayuda financiera de la Asociación Financiera Internacional (BM). Más de la mitad de estos 75 paises AFI, los más pobres, se encuentran en el África subsahariana (39 paises), otros 14 paises se encuentra en Asia oriental (principalmente pequeños estados insulares, otros 8 son paises de América Latina y el Caribe (Nicaragua, Honduras, Haití, Guyana y varios estados insulares) y el resto son pequeños paises de Asia central y meridional y de Oriente Medio (ver listado).

Estos paises llevaban tres décadas mejorando su nivel de vida, lentamente y con el paréntesis de la crisis financiera de 2008, pero su mejoría se ha frenado desde 2020, por la pandemia y los problemas posteriores: bajo crecimiento (3,4% en los últimos 5 años, el peor lustro desde la década de los años 90), alta inflación, caída del comercio mundial, conflictos geopolíticos y fuerte subida de los tipos de interés, que son una losa para su abultada deuda. La consecuencia es que en el quinquenio 2020-2024, la renta per cápita de la mitad de estos 75 paises AFI (los más pobres del mundo) ha crecido menos que la de las economías ricas, ampliando la “brecha mundial entre ricos y pobres, por primera vez en este siglo, según el informe publicado la semana pasada por el Banco Mundial.

Los datos que aporta este Informe son muy preocupantes. Uno de cada tres paises AFI (o sea, 25 paises) es más pobre hoy que en 2019, antes de la COVID. La tasa de pobreza extrema es más de 8 veces superior a la media del resto del mundo: 1 de cada 4 personas de los paises AFI (475 millones de habitantes) sobreviven con menos de 2,15 dólares al día (2 euros). Y en 31 paises AFI, los ingresos per cápita son menores a 1.315 dólares anuales (3,60 dólares diarios, 3,38 euros al día). Además, el 92% de las personas que padecen hambre o malnutrición viven en esos paises. Y la mitad de estos paises pobres se encuentran en situación de sobreendeudamiento o en grave riesgo de padecerlo, un pesado lastre para su futuro.

Este débil crecimiento y los problemas económicos y geopolíticos de los últimos años han acrecentado las debilidades que estos paises pobres ya tenían antes , lastrando su desarrollo económico, social y político. Además, estos países son los que más han sufrido (y sufrirán) las consecuencias negativas del cambio climático: en la última década, los daños por fenómenos climáticos en infraestructuras y cosechas se han duplicado. Y tampoco les ayuda el aumento de la violencia y los conflictos, en sus paises o en la región: 33 de los 75 paises AFI son Estados afectados por conflictos bélicos, políticos o sociales.  Por todo ello, el Banco Mundial titula su informe como “La Gran Regresión y teme que los años 20 de este siglo sean “una década perdida para el desarrollo”.

El problema además es que estos paises pobres se han estancado unos años en que lo han hecho también todas las economías : el crecimiento de la economía mundial bajó del 6,2% en 2021 al 3% en 2022, el 2,6% en 2023 y un 2,3% esperado para 2024, lo que supone el menor crecimiento de la economía mundial en las últimas 3 décadas, según el informe de enero del Banco Mundial . Eso provoca que los paises ricos y en desarrollo tengan menos potencial para ayudar a los paises pobres, por varias vías, entre ellas las inversiones y préstamos, que se han frenado. Y con la crisis, todos han reducido su ayuda al desarrollo y los proyectos de cooperación, lo que dificulta la lucha contra el hambre. Analicemos más en detalle la deuda y el hambre en los paises pobres.

La abultada deuda externa es uno de los problemas estructurales de los paises pobres, que se agrava con la subida de tipos y con la reducción de inversiones y préstamos de los paises ricos. De hecho, la deuda de los 75 paises más pobres ha crecido en los últimos años, mientras la reducían las economías avanzadas, que se han ”desendeudado”. Así, el país más endeudado del mundo es Sudán, con una deuda que supone el 280% de su PIB, muy por delante de la de Japón (254%), Italia (159%), Grecia (158%), EE. UU. (123%), Maldivas (121%), Cabo Verde (112%),  Francia (111%), Barbados (107%), Bélgica (105%), Reino Unido (104%) o España (106%), según el Banco Mundial. Y después les siguen en el ranking de más endeudados República Dominicana (98,7%), Egipto (96,4%), Bolivia (86,7%), El Salvador (84,4%), Gabón (73% PIB) y Angola (70,3%).

El otro problema estructural es el hambre, una epidemia en los 75 paises AIF, que apenas se ha reducido en los últimos años, por la menor renta per cápita. En todo el mundo hay 700 millones de personas en situación de pobreza extrema, viviendo con menos de 2,15 dólares al día (2 euros), según el último dato del Banco Mundial. El 60% de estas personas en pobreza extrema (pasando hambre) están en África subsahariana y más de la mitad son niños. Lo que ha pasado es que, entre 2020 y 2023 se han frenado los avances en la lucha contra la pobreza extrema y el hambre, por primera vez en décadas, y hay 122 millones de hambrientos más que en 2019. El Banco Mundial lanzó en octubre otra alerta: es “poco probable” que en 2030 se cumpla el Objetivo de Desarrollo y se suprima el hambre en el mundo. Habrá 600 millones en pobreza extrema en 2030.

A pesar de este negro panorama, el informe del Banco Mundial dice textualmente que “todavía se puede cambiar el rumbo”. Por dos vías. Una, con cambios drásticos en los paises pobres, que tienen un gran potencial: mucha población joven, numerosos recursos naturales y minería y un tremendo potencial energético (energía solar, eólica e hidráulica). Eso sí, necesitan mejorar la educación, la sanidad y las infraestructuras para aprovechar este potencial. Pero pueden hacerlo. Y el Banco Mundial pone el ejemplo de China, India y Corea, tres paises que en su día fueron pobres y ahora son economías fuertes. Pero para conseguirlo, necesitan una reforma a fondo de su política fiscal y monetaria, aprovechar las oportunidades comerciales, luchar contra la corrupción y mejorar sus estructuras políticas y sociales. Pero para todo ello, hay que avanzar en otra vía, la ayuda de los paises desarrollados.

Los paises ricos y en desarrollo necesitan comprometerse con los países pobres con inversiones, préstamos y asesoramiento. En los últimos años, tras la pandemia, la mayoría de los paises ricos y en desarrollo se han replegado del Tercer Mundo, recortando inversiones, préstamos y compras. A principios de abril, el subsecretario del Tesoro USA expresó su preocupación porque los acreedores privados y públicos se hayan alejado de los paises AIF (pobres), advirtiendo a China y a otros acreedores emergentes que “no pueden reducir sus préstamos a paises pobres justo cuando el FMI, el BM y otros bancos multilaterales están inyectando más fondos”. Es hora de renegociar la deuda (tipos y plazos), prestar más y destinar más inversiones a proyectos en paises pobres. Y sobre todo, ayudarles a invertir en energías limpias porque ellos solos no pueden hacerlo: crear ese Fondo de 100.000 millones de dólares del que se habla en cada Cumbre del clima.

El mundo no puede permitirse dar la espalda a los paises AIF”, dijo la semana pasada en Washington el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia, también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas beneficia a todas las economías”, señala el Banco Mundial. Porque si estos 75 paises más pobres mejoran y se reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y conflictos.

 Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global. Hay que atajarla entre todos.

lunes, 27 de diciembre de 2021

Los Fondos europeos, en marcha

Esta semana llegará a España la 1ª remesa de Fondos europeos, 10.000 millones, que se suman al anticipo de 9.036 recibido en agosto. España es el mejor alumno de la clase de los Fondos europeos Next Generation EU: somos el primer país que presentó el Plan de Recuperación a Bruselas (30 abril), el primero al que se lo aprobaron, con Portugal (16 junio) y al primero que el Consejo aprobó el pago de Fondos (21 diciembre). Ahora, el Gobierno va contra reloj para comprometer estos Fondos (el 71% al 20 de diciembre) y aprobar reformas: la última, la reforma laboral que aprobará mañana martes. Y así habrá que seguir, invirtiendo y reformando, para cobrar los próximos 7 envíos de Fondos europeos, cada semestre, hasta 2026. Un reto difícil, sobre todo para las autonomías, que gestionarán el 60% de los proyectos, con elecciones en Castilla la Mancha y Andalucía. Hace falta eficacia y acuerdos, implicarse todos. Nos jugamos la recuperación y la modernización del país. Tiene que salir bien.

Enrique Ortega

La  llegada de los Fondos europeos a España ha sido un complejo y largo camino. Se inició el 21 de julio de 2020, cuando la Cumbre europea aprueba un Plan de inversiones para luchar contra la tremenda recesión provocada por la pandemia: el Next Generation EU, unas inversiones extras de 750.000 millones, en subvenciones y créditos a repartir por los paises para ayudar a la recuperación. Era un Plan tardío y cicatero (Estados Unidos, con Trump, aprobó en marzo la Ley Cares, con 2,2 billones de dólares de ayudas, al que se sumó, en marzo de 2021, otro Plan de estímulos de Biden, con 1,9 billones de dólares más), pero suponía un gran avance para Europa, porque apostaba por las ayudas en vez de recortes (los que sufrimos de 2010 a 2015) e incluía por primera vez la emisión de deuda europea para financiarlo.

El Plan Next Generation EU tardó en “parirse” pero más en aprobarse, por las reticencias de los paises “austeros” del centro y norte (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Alemania) y el cruce de los problemas políticos con Polonia y Hungría. Finalmente, en la madrugada del 11 de diciembre de 2020, la canciller Merkel logró que otra Cumbre europea aprobara definitivamente el Plan y las ayudas, siendo España el 2º país más beneficiado (tras Italia): 140.000 millones de euros (70.000 millones en subvenciones y el resto créditos).

El Gobierno Sánchez apostó por este Plan europeo de estímulos y ya desde julio de 2020 puso un equipo a trabajar en el Plan de recuperación español, que presentó en la Moncloa el 7 de octubre de 2020, a fuerzas sociales, instituciones y embajadores de la UE. Y en paralelo, su vicepresidenta Calviño multiplicó las reuniones en Bruselas, para ajustarse a las exigencias de la Comisión, en un intento de “trabajar sobre seguro”. Y así, a los cuatro meses de aprobarse oficialmente el Plan europeo, España fue el primer país en presentar en Bruselas su Plan de recuperación, el 30 de abril de 2021. En mayo, sólo lo habían presentado 10 paises.

El trabajo de un equipo en España de 150 personas y cientos de reuniones con la Comisión lograron que España haya sido, junto con Portugal, el primer país europeo al que el ejecutivo europeo aprueba su Plan de recuperación. Fue el 16 de junio y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen viajó personalmente a España para entregar al presidente Sánchez la evaluación del Plan español: recibió la máxima calificación posible de los servicios técnicos de la Comisión en 10 de las 11 variables analizadas. El resultado del análisis “ha sido excelente”, según la Comisión, quien destacó que España “ha puesto en marcha una infraestructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento”.

Este “aprobado con nota” del Plan español se confirma un mes después, el 3 de julio, en la reunión de los ministros de Economía de los 27. Y con ello, el 17 de agosto llega a España un anticipo del dinero europeo: 9.036 millones. El Gobierno y la Comisión siguen negociando, unos exigiendo reformas y proyectos, y otros aprobándolas. Y así se llega a otra fecha crucial,  el 3 de diciembre de 2021: la Comisión Europea avala las reformas del Plan de recuperación español y autoriza el primer pago formal de 10.000 millones de euros, tras constatar el cumplimiento de los 52 primeros compromisos contemplados en el Plan (entre ellos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación , la Ley del Teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el decreto sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, el Plan de digitalización de las pymes, la creación del Comité de expertos para la reforma fiscal, la creación del Instituto para la Transición Justa…)

Otra vez más, la presidenta europea alaba el trabajo de  España en este tuit, donde destaca que la entrega de fondos se debe a que “España ha trabajado mucho en la implementación del Next Generation EU. Y vendrán más”. Y el comisario europeo Gentiloni declara que “en estos tiempos de incertidumbre enviamos una señal de confianza en la puesta en marcha del ambicioso Plan de España para conseguir un crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible”. Con estos avales, el siguiente paso ha sido un mero trámite: el 21 de diciembre pasado, el Comité Económico y Financiero del Consejo europeo (los 27) emitió un dictamen favorable (el 1º que emite) para el desembolso del primer pago de 10.000 millones a España, unos Fondos que se transferirán antes de fin de año.

Estos primeros Fondos europeos (los 10.000 de ahora más los 9.083 del anticipo de agosto) ya están “apalabrados, porque el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2021 una partida de 24.198 millones con cargo a los Fondos Europeos, de los que casi el 60% corresponden a proyectos que van a gestionar las autonomías (11.247 millones). El Gobierno, y en especial el equipo de Economía y Hacienda que impulsa el Plan han tratado de acelerar los proyectos que van con cargo a los Fondos europeos, sobre todo este mes de diciembre. Y a fecha 20 de diciembre, está autorizado el 78% del gasto y comprometido el 71%, según el balance hecho por la vicepresidenta Calviño en la comisión mixta Congreso- Senado. Y será más para fin de año, aunque el Gobierno se ha cubierto, aprobando en los Presupuestos 2021 una disposición que permite ejecutar en 2022 lo que no se comprometa ahora.

El gran tirón en los proyectos europeos se dará en 2022, donde el Presupuesto contempla otros 26.900 millones con cargo a los Fondos europeos. Las principales partidas serán el Plan de choque para la movilidad sostenible (1.124 millones de euros) y el Plan de rehabilitación de vivienda (1.389 millones), junto a la financiación de una serie de Planes estratégicos (PERTEs): el PERTE VEC para el vehículo eléctrico (3.000 millones: el primer PERTE aprobado por Bruselas a un país, el 9 de diciembre), el PERTE para la salud de vanguardia (aprobado el 30 de noviembre, el PERTE de energías renovables (aprobado el 14 de diciembre), el PERTE del español, el de la cadena agroalimentaria, de la industria aeroespacial y el de la Economía social de los cuidados (pendientes de aprobarlos el Gobierno y luego Bruselas).

En total, España tiene derecho a 69.512.589.611 euros de Fondos europeos (esa es la cifra exacta) hasta 2026 (España quiere adelantar el cobro del 80% de las subvenciones a 2021,2022 y 2023). La Comisión Europea ya ha hecho un anticipo y un primer pago, pero no hará los 7 restantes (semestrales) hasta que España demuestre que invierte bien y que hace las reformas pactadas. Y así, semestre a semestre, aunque el control es diario, telemático: España y la Comisión han establecido un sistema bilateral de seguimiento, que se completa en España con un sistema de seguimiento estatal (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).

La Comisión Europea quiere ser muy estricta con el seguimiento y control de las ayudas europeas, para afrontar la desconfianza de los paises austeros sobre la Europa del sur. Y Bruselas está utilizando a España para demostrar su firmeza, para marcar el camino a los demás paises, lo que ha endurecido los requisitos y retrasado las aprobaciones. Pero ahora, la Comisión confía en los mecanismos de seguimiento y control puestos en marcha. Y cree que España va a cumplir, aunque el reto de gestión es enorme: esos 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos son tantos en 6 años como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100.

Para afrontarlo, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto que pretendía modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Y dicen que han reforzado los equipos de algunos Ministerios, para asegurar el gasto. La mayor duda está en las autonomías, que han de gestionar el 60% de los Fondos europeos, algunas con poca experiencia y recursos para gestionar grandes proyectos. Y con la batalla política por medio, que se agudizará en 2022 con las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Urge unir fuerzas entre la Administración central y la autonómica (y local: en 2021 gestionarán 3.000 millones de Fondos europeos). Y contar en todos los casos con la colaboración de las empresas (y los sindicatos), para que los proyectos se ejecuten en fecha y forma. Porque si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España.

Y no se trata sólo de gastar bien los Fondos europeos, sino de cumplir también con las 170 reformas prometidas a Bruselas, para modernizar nuestra economía. De momento, el calendario se va cumpliendo (a costa de poner dos Consejos de Ministros por semana) y el último avance es la reforma laboral pactada el jueves entre Gobierno, patronal y sindicatos, que ahora debe aprobar Bruselas, como también la reforma de pensiones, aprobada el pasado miércoles en el Senado.

Por una vez, España es el alumno aplicado de Europa y la Comisión Europea nos pone como ejemplo, a pesar de las críticas constantes del PP, que primero habló de “opacidad y falta de transparencia” en el Plan de recuperación y que ahora le reprocha a Sánchez “tacticismo electoral”, personalizando sus ataques en Nadia Calviño, la responsable de la buena marcha del Plan y nuestra mejor “garantía” para Bruselas (por cierto, señor Casado: su prestigio en la UE acaba de llevar a Nadia Calviño a ser elegida presidenta del Comité responsable de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI) . Sería importante que el PP y las autonomías que gobiernan colaboraran a tope y sin reticencias en la puesta en macha del Plan de recuperación y en las reformas exigidas. Nos beneficiaría a todos.

España se juega mucho con la puesta en marcha del Plan de recuperación y sus reformas. Por un lado, este enorme esfuerzo inversor va a ayudar a la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo esperado por el repunte de la pandemia pero que es mayor de lo que algunos dicen, como acaba de confirmar el INE: el crecimiento de España en el tercer trimestre fue del 2,6% (no el 2% que avanzó en octubre), por encima del crecimiento europeo (+2,1% la UE-27 y +2,2% la zona euro) y de Alemania (+1,7%), según Eurostat. Y aunque España fue el país que más cayó en 2020 (-10,8%), también se espera que sea el país europeo que más crezca en 2022 (al menos +6%).

Pero el principal objetivo del Plan de recuperación y reformas es modernizar la economía, aprovechar los Fondos europeos para reformar nuestro sistema productivo, como se hizo a finales de los años 80 con el ingreso de España en la CEE (1986). Podemos dejar de ser un país de bares, hoteles y turistas para intentar convertirnos en un país más competitivo, con más industria, más tecnología, empresas más grandes y competitivas, aprovechando las fuertes inversiones previstas en la transición ecológica (39% del Plan), la transformación digital (29%), la educación y formación (10%), la Ciencia e investigación (7%) y las inversiones en infraestructuras y cohesión territorial (15%). Conseguir en unos años “otra economía”, más productiva, que cree más empleo y riqueza, que sea menos vulnerable ante la próxima crisis. Es una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Tiene que salir bien.

lunes, 1 de febrero de 2021

Fondos UE a cambio de reformas (polémicas)


El Gobierno español acaba de enviar a la Comisión Europea un listado de 170 reformas que se compromete a hacer, básicamente en pensiones y normativa laboral. Ahora, los políticos comunitarios las estudiarán y decidirán para el verano si nos adelantan los primeros 10.000 millones de los 80.000 que nos tocan del Fondo europeo de reconstrucción. Sin reformas no hay dinero. Y Bruselas mirará con lupa en qué lo gastamos (transición energética, digitalización, formación, servicios públicos), con dos exámenes anuales previos a transferirnos el dinero. Eso exige cambios y agilidad en la gestión del Estado y, sobre todo, de las autonomías, que gastarán el 54% de este dinero europeo. Pero sobre todo, nos van a exigir reformas en las pensiones (habrá recortes en las futuras) y en la normativa laboral, lo que provoca tensiones entre el PSOE y Podemos, sindicatos (habrá movilizaciones el 11 de febrero) y patronal. Pero habrá que pactar cambios si queremos el dinero europeo. No perdamos esta oportunidad.

Enrique Ortega

Al final, España será el país europeo que reciba más ayudas del Fondo Europeo de reconstrucción, aprobado en el Consejo Europeo del 21 de julio. Inicialmente, España iba a recibir 69.437 millones, pero ahora recibiremos 10.359 millones más (+14,9%), debido a que se ha recalculado el Fondo total con la inflación (será de 375.469 millones, 25.000 más de lo previsto en mayo) y le toca más a España porque nuestra economía cayó en 2020 más de lo previsto (-12,4% el PIB). Con ello, la aportación que recibirá España será de 79.796 millones (a fondo perdido) entre 2021 y 2023, según el reparto (ver cuadro) que aprobará pronto el Parlamento Europeo, por delante de lo que recibirán Italia (79.588 millones,+4,5% sobre lo previsto antes), Francia (42.300 millones, +4,9%), Alemania (27.403 millones, +11,8%), Polonia (25.412 millones, +3,2%), Grecia (19.389 millones, +8,6%), Rumanía (15.499 millones, +3%) y Portugal (15.417 millones, +5%).

Este dinero europeo del programa “Next Generation EU” (375.469 millones) se reparte entre dos subprogramas. El primero y fundamental, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (337.969 millones), de los que España se llevará 69.527 millones, que tendrán que gastarse en la transición energética, la transformación digital  y educación, formación, ciencia, reindustrialización, agenda urbana, lucha contra la despoblación, economía de los cuidados, cultura y deporte y reforma de la administración pública. El otro programa se llama REACT EU (37.500 millones) y aportará a España 10.269 millones, destinados a la recuperación y cohesión territorial de las autonomías.

España ha sido uno de los primeros paises en esbozar cómo quiere gastarse esos Fondos europeos, aprobando en octubre de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en 4 ejes de inversión para los 72.000 millones que entonces se esperaban de Europa (finalmente serán 79.796): transición ecológica (37% del gasto), transformación digital (33%), igualdad de género y cohesión social y territorial (el resto). Y después, como no se esperaban recibir los primeros Fondos hasta el verano de 2021, incluyó en los Presupuestos de 2021 un anticipo de estos Fondos europeos, adelantando 34.634 millones (24.198 del Mecanismo de Recuperación UE  y aportando otros 8.000 millones a las autonomías a cuenta del programa REACT EU), para no retrasar los primeros programas del Fondo Europeo. Ahora falta concretar los proyectos y enviarlos a la Comisión Europea antes de abril, para que los estudien y aprueben.

El Gobierno español ha puesto en marcha un amplio equipo, de más de 150 personas, para preparar estos programas de inversión, con la colaboración de las autonomías, que van a ser responsables de gastar el 54 % de la inversión que se quiere iniciar este año. Por un lado, ya ha aprobado el reparto por autonomías (lo gestionan en exclusiva) de los primeros 8.000 millones del programa REACT EU, que irán a formación y lucha contra el paro, al refuerzo de la sanidad, educación y servicios sociales, a políticas de vivienda y medioambientales, junto al apoyo a pymes y autónomos. Y ahora, el Gobierno central y las autonomías están debatiendo el reparto de los 24.198 millones restantes, donde los gobiernos regionales deben presentar y gestionar proyectos por casi la mitad del importe, quedando el resto de proyectos en manos de la Administración Central (que busca la colaboración de las empresas privadas).

La gran preocupación de muchos expertos, es que España no sea capaz de gestionar bien el dinero europeo, a la vista de la experiencia reciente: en el último periodo presupuestario europeo (2014-2020), España sólo invirtió en plazo el 33% de los fondos europeos. Y este 1 de enero de 2021, España tenía pendiente de gastar 12.000 millones de fondos estructurales del último septenio (2014-2020). Ahora, gastar casi 80.000 millones en 4 años (2021-2024) parece una tarea imposible, aunque estos fondos sean claves para reconstruir y modernizar el país. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en diciembre un real decreto, para modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Se intenta agilizar la Administración, para que gaste con más rapidez y eficacia (ver aquí sus objetivos). Y lo que quiere el Gobierno es que las autonomías hagan lo mismo, que aprueben normas similares, para que los Fondos UE se gasten mejor. Pero no será fácil conseguirlo, porque PP, Ciudadanos y ERC votaron en contra de la convalidación del decreto en el Congreso la semana pasada, aprobada "in extremis" gracias a la abstención de Vox.

El problema de esta división política interna sobre la ejecución de los Fondos europeos es que no ayuda frente a una Comisión Europea que nos va a vigilar de cerca: dos veces al año hará "exámenes" de la marcha de las inversiones y sólo si nos "aprueba" autorizará la transferencia de los fondos (también dos veces al año). Y si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España. Si alguien se retrasa, afectará a los demás, a los que invierten bien. Por eso es clave que exista un organismo central en España que coordine la gestión de los proyectos. O se gasta bien o no habrá fondos europeos. Y cuando lleguen, serán con cuentagotas: los primeros, en julio o septiembre, serán sólo el 13% de los previstos para 2021-2023, o sea, recibiremos 10.373 millones de euros.

Pero antes de eso, España tendrá que aprobar las reformas que le viene pidiendo la Comisión Europea desde hace dos décadas, en especial la reforma laboral y  la reforma de las pensiones (Bruselas considera que es el talón de Aquiles de España, porque suponen el 40% del Presupuesto y porque tenemos un creciente envejecimiento y una bajísima tasa de empleo para financiarlas). Ahora, el Reglamento de los Fondos europeos de reconstrucción lo deja claro: sin reformas no hay dinero. Y no basta con buenos propósitos: la Comisión va a vigilar la marcha de las reformas y si no hay avances, corta el grifo de los Fondos.

El Gobierno español ha mandado a Bruselas, en enero, un listado de 170 reformas que promete hacer en los próximos años, en el terreno laboral, pensiones, sistema educativo y FP, sanidad, agricultura y transición ecológica, entre otras. Pero la clave son las propuestas de reforma de las pensiones y la normativa laboral, anticipadas a mediados de enero a sindicatos y patronal.  Son sólo unas líneas básicas, que hay que concretar mucho todavía, pero ya han provocado las críticas de Podemos y de los sindicatos, que han convocado concentraciones de protesta el 11 de febrero. Y falta ver lo que opina la Comisión Europea.

La propuesta de reforma de pensiones enviada por el Gobierno español a Bruselas incluye 8 cambios fundamentales: financiación con impuestos (Presupuesto) de los gastos “impropios” de la Seguridad Social (20.000 millones, de los que 14.000 ya anticipa el Presupuesto 2021), mantener el poder adquisitivo de las pensiones (ojo: el plurianual, no anualmente), acercar la edad de jubilación real (64,6 años) a la teórica (66 años en 2021 y 67 en 2027), aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión (en 2011 se subió de 15 a 25 años para 2022), buscar algún sistema para lograr “la equidad generacional” (a lo claro: ligar la pensión inicial a la población ocupada y a la relación ocupados/pensionistas), que los autónomos coticen por sus ingresos reales (el 85% cotizan por mínimos), aumentar las bases máximas de cotización (hoy en 4.070 euros) y con ello las pensiones máximas e impulsar los Fondos de pensiones de empleo, en las empresas, creando un gran Fondo público para promoverlas.

Lo polémico de esta propuesta de reforma de las pensiones son dos cuestiones. La primera, la ampliación del periodo cotizado que se va a tomar. El Gobierno no ha incluido finalmente en su envío a Bruselas subirlo de 25 a 35 años, para evitar conflictos con Podemos y los sindicatos. Pero esa es la idea, aunque permitiendo “quitar los años malos”. La otra cuestión polémica será el factor de “equidad intergeneracional: la reforma de Rajoy incluyó como “factor de sostenibilidad” la mayor esperanza de vida, para recortar la pensión inicial al cobrarse más años. Ahora, podrían incluirse otros factores, como la demografía (la evolución de la población y su envejecimiento), la marcha del empleo y la relación entre ocupados y pensionistas. Con estas dos reformas (ampliar a 35 años el periodo de cómputo y corregir la pensión inicial por demografía o empleo), el Gobierno estima que las pensiones futuras podrían recortarse un -5,5%.

La otra reforma clave enviada a Bruselas es la reforma de la normativa laboral. El Gobierno ha renunciado de momento a derogar la reforma laboral de Rajoy, como piden los sindicatos y Podemos, y pretende reformar los aspectos más lesivos de la actual normativa. Y para ello, propone 17 reformas laborales, repartidas en varios bloques: lucha contra los contratos temporales (generalizando el contrato indefinido), frenar la subcontratación generalizada, simplificar el contrato de prácticas y para la formación, establecer los ERTEs de forma permanente (creando un Fondo tripartito para financiarlos), modificar la actual normativa de convenios (favorecer los sectoriales y prorrogar los convenios finalizados hasta que se renueven), regular el trabajo en las plataformas digitales (repartidores) y modificar las políticas activas de empleo (revisando bonificaciones), modernizando las oficinas de empleo y la formación, diseñando un nuevo Plan de empleo joven 2021-2027.

Ante estas dos reformas claves, las pensiones y la normativa laboral, el Gobierno Sánchez tiene dos frentes abiertos en las próximas semanas. Uno interno, donde las reformas tendrán que afrontar la oposición de Podemos y los sindicatos (no quieren cambios que supongan recortes en las pensiones futuras) y también de la patronal, sobre todo en los cambios laborales. Y el otro externo, en Bruselas, donde la Comisión Europea y los gobiernos más conservadores de centro-Europa (con Países Bajos, Austria, Alemania y Finlandia en cabeza) van a forzar reformas más drásticas, sobre todo en pensiones, porque consideran que las pensiones españolas son “demasiado generosas”: de hecho, las nuevas pensiones (ojo, no las antiguas) suponen el 84,3% del último salario, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Paises Bajos, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Al final, España se encuentra en una encrucijada: necesitamos los Fondos europeos para reconstruir y modernizar el país tras la pandemia, pero ese dinero gratis tiene condiciones, básicamente dos: que se gaste bien (con eficacia y controles) y que se hagan reformas. Si la Comisión Europea o algún país cree que gastamos mal o no hacemos las reformas como ellos piensan, nos pueden cortar el grifo. Ese es su poder y esa es “la amenaza” (Bruselas) que va a tener el Gobierno Sánchez para negociar con las autonomías el reparto del gasto y con los partidos, sindicatos y patronal las futuras reformas. Sobre todo, los cambios en las pensiones (que quiere aprobar este año, para aplicarlos desde 2022) y en la normativa laboral.

Se avecinan meses de dura negociación, dentro de España y con Europa. Pero no queda más remedio que avanzar en los dos frentes, en gastar bien (necesitamos reestructurar nuestra economía, muy vulnerable, como se ha visto con en esta pandemia y la anterior crisis de 2008) y en hacer las reformas más urgentes. Una de ellas, la reforma laboral, porque no es de recibo que España tenga la tasa de empleo más baja de Europa (68% de los adultos frente al 73,1% en la UE-27) y la mayor tasa de paro (16,4% frente al 7,5% la UE-27) y de precariedad laboral (el 25% de empleos temporales, doble que en Europa). Y la otra, la reforma de las pensiones, porque si no, en 2050 tendremos un grave problema: habrá 15 millones de pensionistas (hoy 9,2) y sólo 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora tenemos 3 activos. Eso obliga a buscar más ingresos y a “atemperar” el gasto.

No podemos tener un país con el doble de paro que Europa y donde no tengamos jóvenes con empleo que puedan pagar las pensiones futuras. Y donde uno de cada cuatro trabajadores tenga un empleo temporal y mal pagado. Eso había que cambiarlo desde hace dos décadas, reformarlo sin más retrasos, con o sin la presión de los Fondos europeos. Así que ya que hay que hacerlo, hagámoslo ya, con el máximo acuerdo interno posible, para que las reformas sean mejor aceptadas en Europa y duren más años, al margen de los cambios de Gobierno. Estamos en un momento crucial, que hemos de aprovechar para hacer reformas y modernizar el país con ayudas europeas. No podemos perder este tren.

lunes, 14 de diciembre de 2020

Brexit: España, uno de los paises más afectados


Por si no tuviéramos bastante con la pandemia, Boris Johnson presiona a Europa al abismo de un Brexit duro, sin acuerdo, el 1 de enero. Duro o blando, España será uno de los paises más afectados, más que Alemania, Francia o Italia, según el Banco de España. Sobre todo, los exportadores de frutas, verduras, vino, cerámica y coches de Murcia, Levante, Aragón y Galicia, el turismo de Canarias, Baleares y el Mediterráneo, más las multinacionales y bancos españoles. El escollo de la negociación es que Europa “no se fía” del gobierno británico y teme que convierta Reino Unido en un paraíso laboral, medioambiental, fiscal y sin regulación (un “Singapur en el Canal”) que haga competencia desleal al mercado único. Que aprovechen “estar fuera” para invadir el mercado europeo. Europa no puede ceder, aunque suponga empezar 2021 con aranceles y barreras que penalizan a todos. La clave es pasar página” con el Brexit de nunca acabar y que Europa salga de la pandemia y se fortalezca. UExit.


Al Reino Unido le costó 15 años ingresar en la Comunidad Económica Europea (el 1 de enero de 1973) y llevan tres años y medio intentando salir de la UE, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría de británicos (52%) votaron en referéndum a favor del Brexit. El Gobierno británico ha ido posponiendo su salida, de prórroga en prórroga, hasta que el 31 de enero de 2020 se cumplió la última fecha aprobada por Bruselas y Londres para dejar la UE. Pero el 1 de febrero, se consumó la salida política del Brexit (Reino Unido ya no tiene voz ni voto en la UE-27) pero no la salida económica: las mercancías, capitales, personas y servicios británicas siguen siendo comunitarias y se mueven libremente por el mercado único europeo hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha límite para pactar un nuevo acuerdo comercial que establezca las futuras relaciones RU-UE27.

El problema es que Reino Unido ha ido perdiendo tiempo este año, retrasando las negociaciones con la ayuda de la pandemia, en otro intento de forzar a Bruselas a nuevas prórrogas y cesiones. Y ahora, a 17 días de la fecha límite, Boris Johnson presiona a Bruselas al abismo de un Brexit duro, en una peligrosa jugada de póker donde tiene más que perder que los 27. Pero también más que ganar, si juega de farol y sus rivales se arrugan, porque sus cartas son peores. Veamos de qué va el juego.

En principio, la futura relación comercial del Reino Unido con la Unión Europea podría seguir uno de los tres modelos que Europa tiene ya con terceros paises. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein: integrar al Reino Unido en un Espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar los británicos la libre circulación de personas y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, además de financiar una parte del Presupuesto europeo. La segunda opción es firmar un Acuerdo de Libre Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea del Sur, menos favorable para los británicos, porque incluye aranceles (3%) y restricciones. Y hay un tercer modelo, menos interesante: firmar un Acuerdo de Asociación, como el que tiene la UE con Ucrania.

Al Reino Unido, especialmente a Boris Johnson y sus tories euroescépticos, no les gusta un acuerdo como el de Noruega, porque huyen de “compromisos” con Europa. Buscan desde el principio un acuerdo comercial como el de Canadá, pero con más ventajas porque ellos se consideran de alguna forma “europeos” (para comerciar). Y Europa lleva doce meses diciéndoles lo mismo: cuantas más ventajas comerciales quieran sacar, más tienen que parecerse sus normas y comportamientos a las de los europeos. A lo claro: si quieren comerciar con pocas trabas con la UE-27, tienen que jugar con sus reglas en materia laboral, fiscal, medioambiental o de ayudas estatales a las empresas. Tienen que respetar "los estándares europeos". Lo contrario sería hacer competencia desleal y querer aprovecharse del mercado único.

Pero Johnson sigue empeñado en jugar de farol, tras haber “vendido” a los británicos que el Brexit va a convertir al Reino Unido en una mayor potencia económica. Su pretensión es “recuperar el viejo imperio” y convertir a las islas británicas en un gigantesco portaaviones comercial y financiero, que compita sin trabas en Europa y en el resto del mundo, gracias a unos bajos costes laborales y sociales, una mínima regulación económica y medioambiental y jugosas ayudas públicas a las empresas británicas. Su idea es convertir Reino Unido en el Singapur de Europa, dispuesto a “arrasar en el continente”, ya desde fuera de la UE. Lo que vende Johnson a los británicos es el mejor de los mundos: librarse de las reglas y obligaciones de estar en la UE, pero lanzarse sin piedad a conquistar el mercado único europeo (el mayor del mundo).

La Comisión Europea y los negociadores de Bruselas lo saben y “no se fían un pelo” de Johnson y el ala euroescéptica de los conservadores británicos. Por eso, además de firmar un acuerdo comercial que impida la competencia desleal del Reino Unido, la clave es asegurar que esas reglas de juego se cumplen en el futuro. Porque si no, podría firmarse ahora el acuerdo y luego, en unos meses o años,  el Reino Unido podría cambiar sus normas y buscar “jugar con otras reglas”. De hecho, ya lo ha intentado hace unas semanas, enviando al Parlamento una Ley del Mercado Interior que permitía al Gobierno británico fijar unilateralmente los trámites aduaneros que han de hacer las empresas británicas para exportar a Irlanda del norte o las subvenciones que reciben, aspectos que violan el acuerdo de salida del Brexit. Al final, Johnson ha corregido a principios de diciembre esa Ley, como “gesto de buena voluntad”, pero en Bruselas no se fían.

Por eso, lo que se está negociando contra reloj no son peliagudas cuestiones comerciales, sino algo muy simple: “que se respeten las reglas de juego” (en inglés, “level-playing field”: terreno de juego igualado”). Poner por escrito las reglas, bien claritas, y el compromiso de Reino Unido de que no se van a cambiar en el futuro. Y la segunda cuestión, el sistema de gobernanza del acuerdo, o sea, cómo se dirimen legalmente las diferencias y qué mecanismos vinculantes se arbitran para solucionar las posibles controversias. Y aquí, Reino Unido se resiste a incluir clausulas de no regresión frente a lo pactado. El “tahúr” Johnson se resiste a fijar reglas y pretende poder jugar de farol sabiendo que sus cartas son peores. Y entre tanto, para despistar y cubrirse ante sus electores del norte, incluye como tercer tema de negociación la pesca, cuántas capturas podrán hacer la UE en aguas británicas (y viceversa). Pero la cuestión de fondo de la negociación es política: fiarse o no de Johnson.

Todos prefieren un Brexit blando a una falta de acuerdo y un Brexit duro el 1 de enero de 2020. Quien tiene más que perder es Reino Unido, porque depende más de la UE-27 que al revés: el 43% de las exportaciones británicas van a la UE (330.000 millones), mientras las islas británicas sólo representan el 18% de las exportaciones comunitarias (440.000 millones) y la mayoría de los países europeos tienen superávit con Reino Unido. Pero Johnson ha ido muy lejos en sus promesas a los británicos y lo más probable es que siga con su farol y presione más y más a Bruselas, buscando nuevas prórrogas y concesiones. Y la UE tampoco quiere un Brexit duro, porque se vería aún más resentida su economía en plena pandemia.

Si no hay más prórrogas y el 1 de enero llega un Brexit duro, eso significa que las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido se fijarán de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece aranceles (una media del 6% de impuestos a los productos importados, que puede llegar al 10% en automóviles y más en servicios) y barreras comerciales en la relación de “nación más favorecida” (la UE y RU). A corto plazo, se produciría un caos en las aduanas, para controlar el tráfico de personas y mercancías (sólo en Dover cruzan más de 10.000 camiones al día). Y se frenarían inversiones y operaciones. 

Para evitar lo peor, la Comisión Europea ha aprobado “un Plan de contingencia”, que permitirá prorrogar 6 meses los vuelos y viajes de pasajeros y mercancías. Pero falta que lo acepte y comparta el Reino Unido, cuyo Gobierno ya ha ordenado a la Marina Real que se prepare para interceptar barcos pesqueros de la UE en aguas británicas a partir del 31 de diciembre. Y ha pedido a los supermercados británicos que hagan acopio de alimentos por si acaso (el 25% vienen de la UE).Suena a que habrá un Brexit duro y conflictivo, aunque ayer domingo se han dado "un tiempo extra" para negociar antes de fin de año.

Quien más tiene que perder con un Brexit duro es el Reino Unido: su PIB caería un -3% en 2022, según un estudio reciente del Banco de España, mientras la UE perdería un -0,4% del PIB  (la Comisión aumenta esta bajada al -0,75% en 2022), tanto por el efecto negativo sobre el comercio (aranceles y barreras) como por el freno a inversiones y actividad económica. En el caso de un Brexit blando (un acuerdo como el de la UE y Canadá), la pérdida sería mucho menor, tanto para Reino Unido (-1,5% del PIB en 2022) como para la UE (-0,1%).

Sea un Brexit duro o blando, todos perderemos, los que más los británicos (su propia Oficina Presupuestaria espera una caída del PIB del -4%). Pero también España sufrirá bastante el Brexit: seremos el 7º país europeo más afectado, tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Chipre, Suiza y Malta, según un estudio de S&P. Y seremos el país más afectado entre los grandes, más que Alemania, Francia o Italia, según confirma el estudio publicado por el Banco de España. Y eso porque somos uno de los paises europeos que tienen más relación comercial, turística e inversora con Reino Unido. De hecho, la relación económica de España con Reino Unido supone el 3,4% del PIB español, por encima de la relación con Alemania (3,2% de su PIB), Francia (2,8%) o Italia (1,95%), aunque por debajo del peso que tiene su relación con la UE-27 (3,95% de su PIB), según el Banco de España.

El mayor impacto se dará en el comercio (supone el 1,6% de nuestro PIB): Reino Unido es el 5º mayor cliente comercial de España (tras Francia, Alemania, Italia y Portugal) y les vendimos por valor de 19.666 millones de euros en 2019 y comprado por 11.808 millones, con lo que tuvimos un superávit comercial de +11.808 millones de euros. Este año 2020, con la pandemia y la amenaza del Brexit, el comercio con Reino Unido ha caído drásticamente, pero sigue siendo nuestro 5º mayor cliente: les exportamos por 12.040 millones y les compramos por 6.722 millones, hasta septiembre, con lo que el superávit es de +5.318 millones. Las principales ventas españolas al Reino Unido son alimentos, coches, bebidas y tabaco, ropa, cerámica, fertilizantes y bienes industriales intermedios.

El 2º mayor impacto del Brexit se dará en el turismo (supone el 1,2% de nuestro PIB): Reino Unido es el país que nos aporta más turistas, 18 millones en 2019 (un 21,5% del total), que han bajado drásticamente este año 2020, por la pandemia, a 2,97 millones de turistas británicos llegados hasta octubre (el 16,67% del total), según el INE. Y son también los turistas que aportan más gasto, un 19,4% del gasto turístico total en 2019 (17,834 millones se gastaron) y otro 15,7% del total este año (donde el gasto turístico de los británicos, como el de los demás, se ha desplomado hasta octubre: a 2.915 millones de euros, según el INE). Y no olvidemos que los británicos son los extranjeros que más compran viviendas en España: 8.750 en 2019, el 2% de todas las viviendas vendidas.

El tercer mayor impacto del Brexit se dará en los servicios (suponen un 0,6% del PIB), sobre todo en las exportaciones de servicios de telecomunicaciones y servicios financieros, derivados de la fuerte presencia en Reino Unido de las multinacionales españolas (desde Telefónica al Banco Santander o Ferrovial), que se verán bastante afectadas por el Brexit. Y queda por ver el impacto del Brexit en las inversiones españolas en Reino Unido, que rondan los 81.000 millones de euros (el 17,2% de toda nuestra inversión exterior). De hecho, el Reino Unido es el 2º mayor destino de las inversiones españolas en el extranjero, solo por detrás de las hechas en EEUU. En las islas han invertido mucho Telefónica (20.000 millones), Santander (15.000), Iberdrola (12.000), Ferrovial (6.000), Iberia/IAG (5.000), Cellnex (2.500), Banco Sabadell (2.000), FCC (2.000), Aena (300) o Inditex (100 tiendas), multinacionales españolas que se juegan una parte de sus ventas y beneficios en el mercado británico.

Todo esto está en juego con el Brexit, desde las exportaciones y el turismo a las finanzas, los servicios, las inversiones o la pesca. El impacto será mayor o menor según sea el acuerdo o desacuerdo, pero en cualquier caso, afectará mucho a España, especialmente a algunos sectores (agroalimentario y  automóvil, sobre todo) y regiones, según el estudio del Banco de España: el mayor impacto comercial lo sufrirán Murcia, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón. Y el mayor impacto turístico e inmobiliario lo sentirán Canarias, Baleares y Levante. Regiones también muy afectadas por la recesión de la pandemia.    

Quedan unas semanas de infarto y unos años complicados, donde la UE y el Reino Unido tendrán que ajustar su relación, algo complicado y negativo en cualquier caso, porque  Europa pierde su 2ª mayor economía (15% del PIB de la UE y 13% de su población) y el Reino Unido su libre acceso al mayor mercado del mundo. Pero hay que seguir adelante, sin ceder a chantajes porque en esta partida Europa tiene las mejores cartas. Y además, la Unión Europea debe pasar cuanto antes la página del Brexit, que la ha desgastado durante tres años y medio. Hay que mirar hacia adelante y volcar todos los recursos en la reconstrucción de Europa tras la pandemia, reforzando internamente la Unión y avanzando en los Estados Unidos de Europa, consolidando un bloque económico, político  y social que afronte la dura competencia de China, EEUU y los paises emergentes en este siglo XXI. Y mientras, los británicos “se cocerán a fuego lento”, sufriendo día a día el enorme error del Brexit. Y en una generación (quizás ya con Escocia independiente), volverán a llamar a las puertas de la UE. Pero mientras, necesitamos consolidar una Europa más fuerte, más unida y más solidaria. Vayamos a ello, sin que nos desgaste más el Brexit. UExit.