Las exportaciones se frenan (en España y la UE)

Las exportaciones españolas cayeron en marzo (último dato), por 12º mes consecutivo, algo que sólo ha pasado dos veces (en 2009 y 2020) en los últimos 40 años. Bajan las exportaciones a Europa, pero sobre todo a América y Asia, todas salvo alimentos y automóviles. El problema no es sólo de España, porque las exportaciones han caído el último año en toda Europa (menos), por el estancamiento económico en la mayoría de paises (que compran menos fuera) y porque han “pinchado” las exportaciones europeas a EE. UU., China y Asia. Y esto preocupa mucho, porque es síntoma de la menor competitividad europea, que ha perdido cuota exportadora en el mundo, mientras la ganan China y USA. Por eso, mejorar la competitividad europea es una prioridad tras las elecciones del 9-J. En España, urge un Plan de apoyo a las exportaciones, porque con ellas nos jugamos parte del crecimiento (un tercio en 2023 y la mitad en 2022) y mantienen 1 de cada 4 empleos. Por eso hay que "mimarlas".

                                Enrique Ortega

En marzo, las exportaciones españolas cayeron un -19,2%, la mayor caída mensual en el último año, aunque está distorsionada por la Semana Santa (descontando el efecto calendario, cayeron sólo un -5,6%), según los últimos datos de Comercio. Con esta bajada, son ya 12 meses consecutivos (desde abril de 2023) en que bajan las exportaciones españolas al exterior, algo que no había pasado antes, salvo en 2009 (crisis financiera) y en 2020 (pandemia). De hecho, las exportaciones españolas llevan creciendo, año tras año, desde 1985, al amparo de la entrada de España en la Comunidad Europea (1986). A raíz de la crisis financiera (2008), las empresas españolas multiplicaron sus esfuerzos pasa vender fuera, a la vista de la crisis interna. Y consiguieron duplicar con creces las exportaciones de bienes, desde los 159.859 millones en 2009 a los 389.208 millones vendidos fuera en 2022 (récord histórico). Eso sí, en 2023 pincharon las exportaciones, cayendo un ligero -1,4%.

En 2024 ha continuado la bajada de las exportaciones, un -9% en el primer trimestre, con 93.430 millones vendidos fuera, según los datos de Comercio. Han caído las ventas de casi todo, pero sobre todo las exportaciones españolas de energía (-28,2%), de productos químicos (-25,9%), semi manufacturas químicas (-11,9%), materias primas (--11,7%), bienes de consumo (-6,8%), textil, calzado y juguetes (-5,1%), mientras han crecido las ventas fuera de alimentos (+3,3%) y automóviles (+1,7%). Por destinos, han caído algo más que la media las exportaciones españolas a la UE (-9,6%), sobre todo a Bélgica (-52,1%), Irlanda (-41,2%), Finlandia (-25,3%), Paises Bajos (-13,4%) e Italia (-7%), pero el mayor “pinchazo” se ha dado en las exportaciones a Latinoamérica (-14,3%, por una bajada de ventas del -29,3% a Argentina y -21,9% a Brasil, mientras crecían un +21,4 % nuestras ventas a México), a EE. UU. (-11%), China (-13,9%), Japón (-16,3%) y Marruecos (-6,2%), aunque crecen las exportaciones  a Argelia (+712%), Arabia (+12,1%) y Australia (+2,6%).

En paralelo a la caída de las exportaciones, han bajado también las importaciones españolas en el primer trimestre, aunque menos (-7,1%), sobre todo porque hemos comprado menos energía (-15,3%) y materias primas (-20,6%) más baratas. Con ello, el déficit comercial (importaciones-exportaciones) ha crecido, hasta -8.105 millones de euros en el primer trimestre (+23,2%), según Comercio, un “agujero” comercial que se compensa con los ingresos de las exportaciones de servicios y el turismo. En este primer trimestre, tenemos superávit comercial con toda Europa pero menor (+11.050 millones, frente a +14.565 en el primer trimestre de 2023), teniendo sólo déficit en el comercio con 10 paises UE: Paises Bajos (-1.691 millones), Alemania (-1.612), República Checa (-563), Hungría (-363), Suecia (-309), Irlanda (-181,5), Eslovaquia (-143,9), Austria (-42,8), Luxemburgo (-36,2) y Finlandia (-9,7 millones). Fuera de la UE, tenemos superávit con Reino Unido (+3.447 millones) y déficit comercial con USA (-2.571 millones), Latinoamérica (-940), China (-8.267), India (-723), Japón (-610), Corea (-397), Vietnam (-1.050), Rusia (-500) y toda África (-4.085 millones), teniendo superávit con Oriente Medio (+330) y Oceanía (+425).

Las exportaciones no sólo se han frenado en España, también en toda Europa, aunque menos: frente al -9% que han caído en España en el primer trimestre, cayeron un -2,9% en Alemania, un -2,4% en Francia, un -28% en Italia y un -0,4% en Reino Unido, según Eurostat, mientras crecían en China (+4,9%) y Japón (+8,8%) y se estancaron en EE. UU (-0,3% en el primer trimestre), según Eurostat. Una tendencia, la caída de las exportaciones, que se mantiene también desde hace 12 meses en toda Europa.

De hecho, Bruselas alerta de un freno en las exportaciones europeas en 2024, tanto las ventas entre los propios paises europeos como las exportaciones a paises fuera de la UE. Así, en el primer trimestre, el comercio entre los 27 paises UE ha bajado un -6,9% (de 1,097 billones de euros a 1,022 billones), según Eurostat. Y las exportaciones de la UE-27 al resto del mundo han caído un -3,3% en el primer trimestre (de 650.300 a 628.800 millones de euros), aunque la balanza comercial cierra con un superávit de la UE con el resto del mundo (+48.700 millones). Pero eso se debe al superávit comercial de Europa con EE. UU. (+17.000 millones), Reino Unido (+15.200 millones), Turquía (+1.900 millones) y Brasil (+300 millones), porque seguimos con déficit comercial con China (-21.400 millones de euros, frente a -22.600 al inicio de 2023), Noruega (-4.000), India (-1.700), Corea (-900) y Japón (-100 millones de euros).

La causa del “pinchazo” en las exportaciones europeas es doble. Por un lado, la caída de las ventas entre paises UE se debe al estancamiento de la economía europea, que apenas ha crecido en 2023 (+0,5%, frente al +3,4% de 2022), con Alemania en recesión (-0,1% en 2023) y mínimos crecimientos en Italia (+0,7%) y Francia (+0,9%), aunque algo más en España (+2,5% crecimos en 2023). Por otro, la caída de las exportaciones a terceros paises se debe a que Europa está perdiendo competitividad en el mundo, por tener mayores costes energéticos y salariales y menos innovación y tecnología. De hecho, Europa ha perdido cuota de mercado en el comercio mundial de bienes (-1% entre 2019 y 2023), mientras ganaba cuota China (+1,5%) y la mantenía Estados Unidos. Y además, gran parte de la inversión mundial (incluso europea) se está desviando en los últimos años de Europa a USA y China.

Por todo esto, en Bruselas preocupa el pinchazo de las exportaciones europeas, como síntoma de que falla la competitividad de las empresas europeas, por lo que la Comisión Europea ha encargado dos informes, a los ex políticos italianos Enrico Letta y Mario Draghi, para que propongan medidas para mejorar la productividad y competitividad de Europa ante USA y China, lo que será la prioridad de la futura Comisión Europea tras las elecciones del 9 de junio. Medidas que pasan por reforzar el mercado único, fomentar la creación de grandes grupos industriales europeos y aumentar las inversiones en tecnología, digitalización y economía verde, reduciendo normativa para competir con USA y China.

Entre tanto, España no puede esperar a que en Bruselas haya una nueva Comisión y se aprueben medidas para mejorar la competitividad europea. Urge que el Gobierno español apruebe un Plan de choque para fomentar la exportación, porque la exportación en España todavía tiene menos peso que en el resto de Europa (supone el 41% del PIB frente al 56% de media en la UE-27) y porque tenemos una serie de problemas estructurales propios, que debemos resolver, según señala el propio Club de Exportadores. El primero, un exceso de concentración de la exportación en pocas empresas (sólo 26.687 empresas exportan más de 50.000 euros al año y de ellas, sólo 1.000 empresas exportan el 67% del total desde hace 25 años), en Europa (allí van el 75,7% de todas las exportaciones, frente a sólo un 7% a USA, China y Japón, que suponen el 28% de las importaciones mundiales) y en 6 autonomías (Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia concentran el 74,2% de todas las exportaciones). Y el segundo, el escaso peso de las exportaciones de alta tecnología, de alto valor añadido: un 6,8% del total de las exportaciones españolas, frente al 17,7% de las exportaciones europeas.

En definitiva, que España debe conseguir que haya más empresas y autonomías que exporten (las pymes apenas venden fuera), buscar más mercados fuera de Europa y mejorar la tecnología y la calidad de los productos, para competir mejor fuera. Ahora lo hacemos “al modo de China”, compitiendo con bajos salarios (18,2 euros por hora trabajada, frente a 24 euros que se paga en la UE y 31,6 euros en Alemania) y bajos precios: en 2022 y 2023 hemos tenido menos inflación que la UE-27 y que Alemania, aunque ahora tenemos más inflación (3,4% anual en abril, frente a 2,6% en la UE-27 y 2,4% en Alemania y Francia, según Eurostat).  Es hora de competir de otra manera, por producto y no por costes, lo que exige mejorar la productividad de España, algo complicado. Para ello, los expertos proponen aumentar el tamaño de las empresas, dar más peso a la industria, apostar por la tecnología, la innovación y la digitalización, mejorar la formación de los trabajadores y gestores y apostar por la inversión y la internacionalización de la economía.

Los exportadores españoles llevan años pidiendo medidas para reforzar su papel: medidas fiscales para promover la actividad exterior, mejora de la financiación pública y privada a la exportación y ayudas a la promoción comercial y a la diversificación de los mercados, desde la apertura de más oficinas comerciales, la mayor participación de las empresas en el diseño de la ayuda al desarrollo, las becas exteriores para jóvenes y la mejora de nuestra diplomacia económica por el mundo. Todos los paises ayudan a sus exportadores y hasta Alemania (el tercer mayor exportador del mundo, tras China y USA) aprobó en septiembre un Plan de choque para apoyarlos (32.000 millones en 4 años). Es importante volcarse en la exportación ahora que ha pinchado, por dos razones. Una, porque la exportación de bienes (y servicios) es clave para el crecimiento de España: en 2022 aportó la mitad de todo el crecimiento del PIB y en 2023 ha aportado un tercio. Y la otra, porque el sector exterior mantiene 1 de cada 4 empleos en España (5,3 millones), según la OCDE. Así que “cuidar” la exportación es clave para todos.

España: crece la "burbuja hotelera"

En 2024 y 2025, se espera abrir en España 1 nuevo hotel cada cuatro días, 260 establecimientos. Este “boom” hotelero se debe a la “fiebre” de los Fondos de inversión, bancos y grupos hoteleros internacionales por invertir en España, debido al récord creciente de turistas y al alto precio de las habitaciones. Ya en 2023, España fue el país europeo con más inversión hotelera, por la alta rentabilidad de los hoteles, que lleva a los inversores a pagar más de 1 millón de euros por habitación en hoteles de lujo. Todas las grandes cadenas, internacionales y españolas, tienen previsto abrir más hoteles en España, a pesar de que crece la competencia de los apartamentos turísticos (que ya ofrecen más plazas que los hoteles). El riesgo es crear una “burbuja hotelera”, un exceso de oferta, porque el turismo no puede seguir creciendo sin límite (hablan de 100 millones de turistas en 2025), por el rechazo vecinal y los problemas de agua y climáticos. Ojo a las aperturas hoteleras especulativas.

España se consolida como la 2ª gran potencia turística mundial, tras dos recientes récords. Uno, los 85,05 millones de turistas extranjeros llegados en 2023, un récord histórico que supera en +1,9% el anterior año récord de 2019, turistas que se gastaron aquí 108.662 millones de euros (+18,2% que en 2019) . Y el otro, un primer trimestre de 2024 donde se ha vuelto a batir el récord de turistas (16,1 millones, un +17,7% más que el año pasado) y de gasto (21.948 millones de euros, +27,2% que al inicio de 2023), a pesar de que las lluvias de Semana Santa impidieron lograr un récord mayor. Y ahora, se espera una ocupación turística récord en primavera y verano, con lo que los expertos y el Gobierno apuestan por cerrar 2024 con otro récord de turistas, en torno a los 90 millones de extranjeros. Y ya se habla abiertamente de que es posible rozar los 100 millones de visitantes extranjeros en 2025.

Este aluvión de turistas extranjeros, al que se suma un aumento de viajes de los españoles, ha provocado un tirón de los precios turísticos, en especial el precio de los hoteles en España: subieron un +16,3% de enero a abril de 2024, según el INE. En el primer trimestre de 2024, el precio medio de una habitación de hotel en España fue de 135 euros (llegando a 171 euros en Canarias), un 12% más que un año antes y el precio más alto en nuestra historia, según el Barómetro del sector hotelero elaborado por Cushman&Wakefield y STR. Y también bate récords el ingreso medio por habitación de hotel (Revpar), que es ya de 92,1 euros, +17,1% que hace un año, siendo mucho más alto en Canarias (144 euros), Barcelona (107,3) y Málaga (104,7 euros). Con estos precios disparados, la rentabilidad de los hoteles en España es muy atractiva para los inversores: 6,25% anual para los hoteles de Canarias y Baleares y un 5,25% de rentabilidad para los hoteles en Madrid y Barcelona, según la consultora CBRE.

Estos dos factores, un creciente récord de turistas y un precio histórico de las habitaciones, han provocado un aluvión de inversores extranjeros y españoles hacia el turismo en España y, en especial, hacia los hoteles. Así, en 2023, España fue el primer país europeo en inversión hotelera, recibiendo 4.248 millones de euros, por delante de Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, según la consultora Colliers. Una inversión hotelera que fue la 2ª mayor de nuestra historia (sólo superada por los 4.810 millones invertidos en 2018) y que supone multiplicar por 5,3 las inversiones hoteleras hechas diez años antes (792 millones en 2013). Sólo nos supera en el mundo EE. UU., donde la inversión hotelera en 2023 fue de 21.160 millones euros.

En 2023 se hicieron operaciones de inversión y compraventa en 171 hoteles españoles, afectando a 21.748 habitaciones (frente a 133 hoteles y 17.754 habitaciones en 2022), más 34 operaciones de suelo para futuros hoteles, según la consultora Colliers . Por destino, la mitad de esta inversión hotelera se hizo en Canarias (39 operaciones y 1.175 millones invertidos) y Baleares (39 operaciones y 796 millones), seguidas por Madrid (21 operaciones y 601 millones), Barcelona (11 operaciones y 582 millones) y Málaga (13 operaciones y 560 millones). Las dos mayores operaciones hoteleras las protagonizaron dos Fondos de inversión soberanos (de países): GIC, el Fondo soberano de Singapur, compró por 1.400 millones el 35% de HIP (el brazo hotelero del mayor Fondo del mundo, Blackstone, que tiene 51 hoteles en España) y el Fondo soberano de Abu Dhabi (ADIA) compró por 600 millones 17 hoteles de Equity Inmuebles. Otras operaciones importantes fueron la venta de 7 hoteles de Meliá al Fondo ADIA, por 250 millones), la venta del Hotel Mandarin Oriental de Barcelona (propiedad de Reig Capital) a Olayan Investment, por 200 millones, la del Hotel Sofia de Barcelona (de Brookfield) a Axa y Blasson Ibérica, por 180 millones, la venta del 50% de Only You Hotels (de El Corte Inglés a Palladium, por 130 millones) y la venta de Be Live Hotels (de Globalia) a Bain Capital y Stoneweg, por 83 millones de euros, según Deloitte.

La tendencia a la compra y apertura de hoteles continúa en 2024. En el primer trimestre se han invertido 577 millones de euros en hoteles en España, un +12% que al inicio de 2023 (516 millones), según la consultora CBRE, que detalla el traspaso de 28 hoteles (con 3.000 habitaciones) en estos tres primeros meses, frente a los 19 hoteles traspasados (con 2.900 habitaciones) al inicio de 2023. Las tres cuartas partes de estas operaciones son de inversores y cadenas españolas, la mayoría en Barcelona, Canarias, Baleares y Málaga (en 2023 se concentraron en Barcelona y Málaga). Cuatro operaciones concentraron casi la mitad de las inversiones, siendo la principal la compra por el Banco Santander del 38% de Meliá en tres hoteles de Londres, Tenerife y Menorca (por 300 millones de euros).

La mayor parte de las inversiones hoteleras hechas en este primer trimestre, 473 millones (de 577), se han concentrado en hoteles de alta categoría ( 5 estrellas y 5 estrellas lujo), que son los que “despiertan el mayor apetito de los inversores”, porque su demanda es muy estable y sus ingresos y rentabilidad muy altos. De hecho, el mayor interés de los inversores son los hoteles de lujo en Madrid, que ha superado a París en el interés de los inversores y grandes cadenas internacionales, sólo por detrás de Londres. Y crece el interés por Barcelona, entre las 10 ciudades europeas más atractivas para abril o comprar un hotel de lujo. Esta “fiebre compradora” hace que el precio medio de compra de un hotel haya subido a 182.900 euros por habitación. Y que en Madrid y Barcelona se haya pagado más de 1 millón de euros por habitación en la compra de un hotel de lujo…

La “fiebre compradora” de hoteles va a seguir en 2024 y 2025, en toda Europa y sobre todo en España, según la previsión de la consultora CBRE. Un “boom” que tiene dos causas. Una, las buenas perspectivas para el turismo en los próximos años, dado que “viajar” se ha convertido en “una necesidad” tras la pandemia, lo que dispara los precios hoteleros, que seguirán al alza. Y la otra razón, el cambio en el modelo de gestión de los grandes grupos hoteleros internacionales, en especial los norteamericanos: hasta ahora, alquilaban hoteles, pero eso perjudicaba sus cuentas (el alquiler contabilizaba como deuda) y ahora optan por gestionar hoteles ajenos o entrar en hoteles nuevos para franquicias. Eso está “animando” a las grandes cadenas, en alianza con Fondos de inversión, bancos e inversores particulares, que especulan comprando y vendiendo hoteles y abriendo otros nuevos.

Por todo ello, la fiebre por los hoteles en España va a seguir, con la apertura de 260 nuevos hoteles entre abril de 2024 y diciembre de 2025 (una apertura cada 4 días), según prevé la consultora CBRE. Estiman que la mitad de las nuevas aperturas se harán en Madrid, Málaga, Valencia y Canarias, con dos características nuevas sobre las inversiones hechas antes de la pandemia: un mayor peso de los hoteles de lujo (55 de las 260 aperturas) y una mayor concentración de nuevos hoteles en ciudades (sobre todo en Madrid, Valencia y Málaga), frente a la inversión de décadas pasadas, que se dirigía a zonas de sol y playa.

La apuesta por invertir en nuevos hoteles en España procede de las grandes cadenas internacionales y de los grupos hoteleros nacionales (apoyados ambos por Fondos, bancos e inversores, atraídos por el creciente flujo de caja, la alta rentabilidad y las posibles futuras plusvalías al vender su participación). Veamos primero las previsiones de las grandes cadenas hoteleras internacionales. La norteamericana Marriott, la 1ª cadena hotelera mundial (8.800 hoteles y 1,5 millones de habitaciones en 139 paises), anunció en abril que espera incorporar en Europa 100 nuevos hoteles y 12.000 habitaciones, de ellos una cuarta parte en España (donde ya tiene 98 hoteles y 14.101 habitaciones. La 3ª mayor cadena (tras la china Jin Jiang) es la también norteamericana Hilton (7.530 hoteles y 1,18 millones de habitaciones en el mundo), que espera abrir 18 establecimientos en los próximo 5 años en la Península (donde ya cuenta con 19 establecimientos y 4.546 habitaciones). La 4ª mayor hotelera del mundo, Intercontinental Hotels (IHG, también de EE. UU.) ha optado por ampliar sus franquicias en Europa, incluyendo España (donde tiene 56 hoteles): acaba de abril dos hoteles en Madrid y espera abrir pronto otros en Sevilla, Málaga y Ávila.

La cadena norteamericana Hyatt, la 11ª mayor del mundo (1.310 hoteles y 314.000 habitaciones, es ya la 2ª cadena internacional con más habitaciones en España(donde gestiona 56 hoteles y 12.313 habitaciones). Aspira también a ampliar sus hoteles en Europa, entre ellos nuevos establecimientos en Sevilla, Tenerife y Mallorca. Y la cadena NH, controlada ahora por la tailandesa Minor, que tiene 355 hoteles en Europa (90 en España), América y África, está buscando ampliar su red en Marruecos, Europa (también en España) y Asia.

La apertura de nuevos hoteles no sólo se dirige a los hoteles de lujo, sino también al segmento de los hoteles “low cost”. Un negocio en el que es líder en Europa la francesa Accor, la 7ª mayor cadena hotelera del mundo (5.100 hoteles y 821.000 habitaciones en más de 100 paises), que controla el mercado español de bajo coste, con las tres marcas de Ibis (que tienen 74 hoteles) . Su idea es abrir 79 hoteles en 2024 en el mundo, 3 en España (Barcelona, Valencia y Cádiz), mientras amenaza con arrebatar al grupo Meliá la gestión del icónico hotel de los toreros en Madrid, el Reina Victoria (propiedad del Fondo ADIA, de Abu Dhabi). Su competidor, la cadena británica Travelodge (con 600 hoteles “low cost” en el mundo) ha comprado 6 hoteles en España al grupo francés Louvre Hotels. Y otro grupo del sector “low cost”, la cadena francesa B&B (ahora propiedad del banco Goldman Sachs), tiene 61 hoteles en la Península Ibérica (48 en España) y planea más aperturas.

Las cadenas hoteleras españolas también tienen proyectos para abrir o gestionar nuevos hoteles. El líder por habitaciones, el grupo Meliá, con 92.000 habitaciones operativas, pretende llegar a las 150.000 habitaciones en un plazo de 5 a 7 años, creciendo no sólo en España sino con la gestión de nuevos hoteles en Oriente Medio (Arabia) y Sudeste asiático (Vietnam, Tailandia). Su objetivo es pasar de los 350 hoteles que gestiona hoy a entre 450 a 500 hoteles, con la apertura de 25 a 30 hoteles al año (+7.000/+10.000 habitaciones), sobre todo a través de acuerdos de gestión y franquicia. También Barceló (250 hoteles en 22 paises),  Eurostars (200 hoteles), Iberostar (120 hoteles) y RIU (más de 100 hoteles) han anunciado la apertura o incorporación futura de nuevos hoteles, no sólo en España sino también en Marruecos, Europa, Caribe, Asia y Latinoamérica.

Todo apunta a que el sector hotelero en España (12.494 hoteles y 1.239.000 plazas, según CBRE) seguirá sumando hoteles y habitaciones, de la mano de inversores y grupos hoteleros. Y eso a pesar de que hay un serio competidor que ha disparado su oferta: los pisos turísticos. Ya hay censados 351.389 viviendas de alquiler turístico, con 1.751.263 plazas turísticas, según el último dato del INE (a febrero de 2024), que refleja cómo tienen ya más plazas turísticas que todos los hoteles (sin contar los pisos turísticos ilegales, más de un tercio de los censados). Por autonomías, las 5 autonomías con más turistas ofrecen el 76% de toda la oferta de pisos turísticos: Andalucía (82.000), Comunidad Valenciana (60.000), Cataluña (53.000), Canarias (46.784) y Baleares (25.073), con 16.100 pisos turísticos censados en Madrid capital (más 13.500 ilegales, según el Ayuntamiento).

Cara al futuro, a una posible llegada de 100 millones de turistas extranjeros en 2025 y con los españoles viajando en cada ocasión, la fiebre por invertir en hoteles va a seguir, batiendo récords. La reflexión que no se hace es que el turismo, tal como lo conocemos, puede haber tocado techo y que hay que replantearse el sector, la primera industria española, que lleva años sosteniendo el crecimiento y el empleo. Y eso, por dos razones. Una, porque la avalancha de turistas (nacionales y extranjeros) ya ha provocado protestas en las zonas más colapsadas, como Canarias, Baleares y Cataluña. La otra, porque la crisis climática obliga a replantearse el negocio, por falta de agua y por las olas de calor, que ya están desviando el turismo del pleno verano y el sur a otros meses y a destinos del norte, como advierte un informe del Banco de España. Así que el turismo no puede crecer indefinidamente y tampoco los hoteles, aunque hoy sean un gran negocio. Hay que tener cuidado de no crear una “burbuja hotelera” que en unos años nos estalle encima. Planificar el futuro y no sólo especular.

Riqueza muy desigual entre mayores y jóvenes

En España, la desigualdad se ha reducido tras la pandemia y la inflación, por las ayudas públicas, aunque todavía supera la de las dos últimas décadas. Lo más preocupante es que ha crecido la desigualdad generacional, entre los jóvenes y sus padres y abuelos, según un informe del Banco de España. Más desigualdad porque tienen menos ingresos y tienen menos pisos en propiedad (el 31,8% frente el 69,3% de jóvenes propietarios en 2011), con lo que tienen menos patrimonio y riqueza. Y no pueden endeudarse, con lo que dos tercios de los jóvenes se ven obligados a vivir con sus padres hasta los 34 años. Un informe que reitera la idea de otro informe de la Fundación AFI: los jóvenes españoles viven peor que sus padres y abuelos. Un grave problema, que pone en riesgo nuestro futuro y que exige tomar medidas urgentes en la educación, la formación, el empleo, las políticas de vivienda y familia, para reducir la desigualdad de los jóvenes.

                   Enrique Ortega

La última crisis (2020-2022), tras la pandemia, la invasión de Ucrania y la alta inflación, más la drástica subida de tipos del BCE, ha estancado los ingresos reales de las familias: la renta mediana pasó de 32.100 euros por hogar en 2020 (ingresos 2019) a 32.400 en 2022 (+0,93%), aunque subió sobre la de 2017 (29.000 euros). Pero la crisis afectó de forma muy diferente a las familias, según sus ingresos. Así, el 20% de las familias que menos ganan estancaron sus ingresos entre 2020 y 2022 (+0,%, 10.800 euros en ambos años) y los que están en el percentil del 20 al 40% de ingresos los redujeron -0,47%, de 21.000 a 20.900 euros). Sólo mejoró algo el tercer grupo, los que están en el percentil de renta del 40 al 60% mediano, cuyos ingresos crecieron un +0,9% (de 32.100 a 32.400). Y mejoraron más los hogares de la parte media alta (percentil 60 al 80% de renta), cuyos ingresos crecieron un +4,8% (de 46.000 a 48.200 euros). Y más los hogares del percentil 80 y 90, cuyos ingresos medianos subieron un +7,75 (de 66.300 a 71.400). Pero los que salieron mejor parados, entre 2000 y 2020, fueron las familias más ricas (percentil 90 al 100), cuyos ingresos subieron un +11,2% (de 101.800 a 113.200 euros de ingresos anuales), según la Encuesta Financiera de las Familias 2022, que acaba de publicar el Banco de España.

A lo claro: que la crisis y la inflación han hecho más daño a las familias con menos ingresos, aumentando la desigualdad. Pero la Encuesta revela otro hecho menos conocido: hay una llamativa desigualdad generacional, según la edad del cabeza de familia, que revela que los jóvenes son los que han perdido más renta real en esta crisis. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares con cabeza de familia entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

En definitiva, los hogares jóvenes han perdido más ingresos reales porque tienen peores trabajos (más precarios) y sueldos más bajos, además de beneficiarse menos de las ayudas contra la inflación (que porcentualmente han ayudado más a los que más ganan).Y los mayores se han beneficiado de que las jubilaciones han compensado la inflación.

El estudio del Banco de España avanza hacia otro dato clave, la riqueza neta de los hogares (el valor de sus activos menos sus deudas). Una riqueza (o patrimonio) que apenas ha mejorado en la última crisis, subiendo un +3,7% entre 2022 y 2020 (de 137.600 de riqueza neta mediana a 142.700: la mitad de las familias por encima y la otra mitad por debajo). Pero aquí ha pasado lo mismo que con la renta: los hogares más pobres han visto caer su riqueza neta entre 2020 y 2022, mientras ha crecido entre los más ricos. Así, en el 20% de hogares con menos renta, la riqueza neta cayó un -19,8% (de 45.900 a 36.800 euros), igual que en la franja siguiente (percentil renta del 20 al 40%), en que cayó un -10,9%). En las franjas medias de renta (percentil 40 al 60 y percentil 60 a 80), la riqueza neta subió un +7 y un +1,3%, mejorando mucho más en los dos últimos niveles, los de los más ricos (percentil 80-90 y 90-100), cuya renta subió con la crisis un +9 y un +12% respectivamente.

Otro dato que confirma el aumento de la desigualdad, esta vez de la riqueza neta. Pero de nuevo, lo más llamativo es la desigualdad de riqueza generacional, según la edad del cabeza de familia. Los hogares encabezados por menores de 35 años han perdido un -26% de su riqueza neta entre 2020 y 2022 (de 27.000 a 20.000 euros), lo que contrasta con ese +3,7% que subió la riqueza neta de todos los españoles, según el Banco de España. Los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años también perdieron riqueza neta (de 78.800 a 75.700), pero menos (-3,9%), lo mismo que los hogares de 45 a 54 años (de 131.200 a 128.300 euros de renta neta, -2,2%), mientras subió la renta del resto de hogares: +4,7% los encabezados por personas de 55 a 64 años (su riqueza subió de 180.900 a 189.400), +1,3% los de 65 a 74 años (subió de  222.900 a 225.800 euros su riqueza neta) y +18,96% subió la riqueza de los mayores de 75 años (de 186.100 a 221.400 euros).

La clave de este aumento de la desigualdad, sobre todo entre los más jóvenes y sus abuelos, se debe a la distinta composición de la riqueza por edades, a que la vivienda, las acciones y los Fondos tienen poco peso en el patrimonio de los jóvenes y mucho en el de los mayores, lo que mejora su riqueza al revalorizarse el valor de su vivienda o sus inversiones. En el conjunto de los hogares, el activo que más pesa es la vivienda habitual, que supone el 53% de todos los activos reales de los hogares (el 35,4% tienen otras propiedades inmobiliarias, un 10,2% negocios y el 1,4% restante joyas arte y antigüedades). Y lo que sucede es que tres de cada cuatro hogares (el 72,1%) tiene en propiedad su vivienda habitual, pero sólo la tienen el 31,8% de los hogares jóvenes menores de 35 años, según el Banco de España. Eso reduce drásticamente su patrimonio, su riqueza. Y contrasta con el dato de 2011, donde el 69,3% de los jóvenes menores de 35 años tenían su vivienda en propiedad. Un cambio drástico en España, que hace que los jóvenes no se emancipen y tengan menos riqueza.

Lo mismo pasa con la inversión en otros activos inmobiliarios (2ª vivienda, solares y fincas), que se concentran en los hogares más ricos y los mayores, contribuyendo con su revalorización a una mayor riqueza. Y también la inversión en acciones, Fondos y Planes de pensiones, concentrados en los más ricos (aumentando más su riqueza) y entre los mayores (sólo tienen acciones el 8% de los hogares jóvenes y Fondos el 4,9%, frente a 17,8% y el 12,4% de los hogares encabezados por mayores de 65 años), según el Banco de España. Eso sí, las cuentas y depósitos, que apenas rentan las tienen porcentualmente más los hogares pobres y de renta media que los más ricos. Y también más los jóvenes.

Más de la mitad de los hogares españoles (el 57%) tenían algún tipo de deuda en 2022 (35.000 euros de media), un porcentaje mayor que antes de la crisis financiera (en 2002, sólo tenían deuda el 42,5% de los hogares). Pero su peso ha caído, porque las familias han tratado de desendeudarse desde 2008 y ahora sus deudas representan sólo el 9,3% del valor de sus activos (suponía el 12,5% en 2014 y el 11,3% en 2020). Dos tercios de esa deuda de las familias (el 66%) es por la compra de la vivienda habitual y el resto es para afrontar la compra de propiedades inmobiliarias (16,9% de la deuda total) y otras inversiones (17% deuda).

Y a la hora de endeudarse, también hay desigualdad, según la riqueza y la edad de los hogares, revela el informe del Banco de España. Así, en los hogares más pobres (el 20% con menos renta), la carga de la deuda se lleva el 21,3% de la renta, por encima de la media en todos los hogares (supone un 13,7% de la renta). Y también supera el esfuerzo medio en los hogares de renta media baja (16,2% de esfuerzo en percentil 20-40) y media (14,9% en hogares con percentil 40-60). Pero los hogares más ricos están menos endeudados y la carga de la deuda se lleva entre el 13,4% de sus ingresos (percentil 60-80), el 10,4% (percentil 80.90) y el 7,1% de los ingresos (percentil 90-100). Y ojo: el 28% de los hogares más pobres destinan el 40% de sus ingresos a pagar sus deudas (frente al 8,1% la media der endeudados).

Por edades, el esfuerzo de pagar las deudas es alto entre los hogares encabezados por jóvenes menores de 35 años (se lleva el 12,1% de sus ingresos), pero mayor entre los hogares de 35 a 44 años (14,9% de ingresos los lleva atender sus deudas) y 45 a 54 años (14,2%), las edades en que se pagan las hipotecas, bajando el esfuerzo de pagar deudas del 10% de los ingresos en los hogares encabezados por mayores de 65 años. En cualquier caso, la mayoría de los jóvenes no tienen capacidad financiera para endeudarse (por su precariedad laboral y sus bajos salarios), lo que provoca que el 65,9% de los jóvenes españoles de 18 a 34 años vivían en casa de sus padres en 2022, según el Banco de España, cuando en 2008, los no emancipados sólo eran el 52,9% de los jóvenes.

En definitiva, este informe del Banco de España revela que los hogares encabezados por jóvenes menores de 35 años han sido “los perdedores” de la última crisis, ya que redujeron su renta entre 2020 y 2022 y también su riqueza, debido básicamente a que ahora son la mitad que en 2011 los jóvenes que tienen un piso en propiedad. A nivel global, la desigualdad entre los españoles se ha reducido en esta crisis 2020-2022, gracias a las ayudas públicas contra los efectos de la pandemia y la alta inflación. Así, el 10% más rico ha pasado de tener el 54,3% de toda la riqueza neta (2020) al 52,7%. Y el 1% de españoles más ricos tenían al 19,4% de toda la riqueza en 2022, frente al 22,9% que tenían en 2020.

Pero el grueso de la desigualdad entre ricos y pobres sigue ahí, peor que en las dos últimas décadas. Así , el 10% más rico controla todavía más de la mitad de toda la riqueza en España, el 52,7% en 2022, similar a 2014 (52,6%), pero muy superior al porcentaje que controlaban en 2008 (44,4%) y en 2002 (42,9%). Y lo mismo el 1% de superricos: controlaban en 2022 casi la quinta parte de toda la riqueza (el 19,2%), algo menos que en 2014 (20,2%), pero mucho más que en 2008 (15,3%) y 2002 (13,8%). Y si miramos otro indicador, el P80/P20 (la proporción entre la renta del 20% más rico y el 20% más pobre), ha bajado de tener 5,9 veces más de renta en 2019 a 5,5 veces en 2023, según el INE, pero estamos casi como en 2008 (el 20% más rico tenía 5,5 veces la riqueza del 20% más pobre).

Así que queda mucho por hacer para reducir la desigualdad en España, que es mayor a la de la media de Europa (donde el 20% más rico tiene 4,7 veces lo que el 20% más pobre). Pero no basta con medidas fiscales y ayudas para corregir las diferencias de riqueza entre familias. A la vista del informe del Banco de España, el Gobierno debe tomar medidas concretas para reducir la desigualdad generacional, para mejorar la renta y riqueza de los jóvenes, que son la generación que más ha pagado la última crisis y también la crisis financiera de 2008. Y todos los datos revelan que viven peor que sus padres y abuelos.

La OCDE ya alertó a España, en octubre de 2023, que tenemos un grave problema con los jóvenes: altísimo paro juvenil (27,2% frente a 14,6% en la UE-27 y 5,8% en Alemania), baja ocupación (38,8% entre 15 y 29 años, frente al 49,2% en la UE-27 y el 61,7% en Alemania), excesiva precariedad (35% contratos temporales, el triple que en Europa), bajos salarios (el sueldo medio de los menores de 29 años ronda los 13.830 euros, la mitad que en el conjunto de trabajadores) y un acceso casi imposible a la vivienda (en alquiler y compra), lo que les crea marginación, dependencia y hasta problemas de salud mental (los tienen el 16% de los jóvenes españoles, según la OCDE).

Es hora de afrontar la preocupante situación de los jóvenes, por pura justicia social y también porque “es un lastre para el crecimiento potencial del país”, según el informe de la OCDE, que pedía al Gobierno medidas educativas (mejora de la formación desde la escuela a la Universidad, potenciando la FP), medidas laborales (para promover la empleabilidad de los jóvenes y el relevo de los mayores), medidas en vivienda (para promover el alquiler de los jóvenes y las nuevas familias) y otras políticas públicas, desde el ocio a la integración social y política de la juventud, para evitar su aislamiento social o su deriva a posiciones extremistas o populistas. Urge un Plan de medidas en favor de la juventud, a costo y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Es prioritario.

Tenemos una sanidad cada vez más privada

Cada día, mil españoles contratan un seguro médico privado. Ya lo tienen 12,4 millones de personas, 1,8 millones más que antes de la pandemia. Y se contrata más en Madrid, Cataluña y Baleares, curiosamente 3 autonomías con la sanidad “deficiente”. Estos seguros médicos, que nos cuestan 10.711 millones, son “la gasolina” de la sanidad privada, que no deja de crecer: somos el 2º país UE (tras Portugal) donde tiene más peso, el 28,4% de todo el gasto sanitario. Su otra fuente de ingresos son los conciertos de la sanidad pública, que destina un 10,2% de su presupuesto a financiar pruebas y operaciones en la sanidad privada. Con todo ello, la privatización sanitaria no deja de crecer desde 2009, sobre todo en Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía, precisamente las autonomías con peor sanidad pública. Urge reducir las listas de espera, que alimentan los seguros privados. Mientras, el Gobierno propone una Ley para limitar la privatización de la sanidad, aunque la gestión está en manos de las autonomías.

                    Enrique Ortega

España es uno de los paises europeos que menos gasta en sanidad y donde el peso de la sanidad pública se reduce mientras aumenta año tras año el porcentaje de la sanidad privada. El gasto total en sanidad suponía en España el 10,7% de la riqueza (PIB), en 2021, por debajo del peso del gasto sanitario en la OCDE (10,9%), Francia (12,3%), Reino Unido (12,4%) o Alemania (12,9% de su PIB). Pero no sólo gastamos menos en sanidad, sino que gastamos aún menos (comparativamente) en la sanidad pública: un 7,7% del PIB, frente al 8,7% de media en la OCDE, el 10,4% en Francia, el 10,3% en Reino Unido y el 11,1% en Alemania (y el 7,1% en Italia). A cambio, somos el 2º país de la UE con más gasto sanitario privado: el 3,1% del PIB en 2021, tras Portugal (4,1% del PIB), frente al 2,3% en la OCDE, el 1,9% en Francia, el 2,1% en Reino Unido y el 1,9% en Alemania y el 2,3% en Italia.

A lo claro: gastamos mucho menos en la sanidad pública que la mayoría mientras somos casi líderes en el gasto en sanidad privada. De hecho, en 2021. España gastó 36.805 millones en la sanidad privada, un 28,4% de todo el gasto sanitario (129.615 millones), sólo superados por Portugal (36,8% de su gasto fue privado) y Suiza (30,8%) y muy alejados del peso del gasto sanitario privado en Italia (24,5%), Bélgica (22,4%), OCDE (17,1%), Reino Unido (17%), Francia (15,2%), Paises Bajos (15,1%), Dinamarca (14,8%), Alemania (14,5%) y Suecia (14,1%), según el informe 2024 de la Fundación IDIS (sanidad privada).

¿Qué incluye el gasto sanitario privado? Básicamente dos cosas. Una, el “dinero de bolsillo” que gastamos los españoles (27.215 millones en 2021) en atención sanitaria privada (dentista, oculista, fisioterapeutas…), en medicamentos no financiados y en el copago de las recetas (los trabajadores pagan entre el 40 y el 50%, los pensionistas el 10%, los más ricos el 60% y algunos nada). La otra, los seguros médicos que contratamos (9.091 millones pagados en primas en 2021). Y quedan otros 499 millones que gastan en sanidad instituciones benéficas.

El gasto sanitario privado se ha disparado porque han subido las consultas privadas y la gente cuida más su boca, sus ojos o su cuerpo, al margen de la sanidad pública. Pero el gran salto se ha dado en los seguros médicos privados, según la Fundación IDIS: en 2023 había ya 12.422.000 españoles cubiertos por un seguro médico privado, 360.000 más que en 2022 y 1.836.000 asegurados más que en 2019, antes de la pandemia. De ellos, 1.988.000 son empleados públicos (funcionarios de MUFACE, personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil integrados en ISFAS y personal judicial de MUGEJU), a los que la Administración les paga un seguro médico privado (porque el 78% de los funcionarios lo eligen frente a la sanidad pública). Y el resto, 10.681.200 españoles son personas que pagan cada mes un seguro médico privado (casi 2 millones más que en 2019).

Eso supone que uno de cada cuatro españoles tiene un seguro médico privado (25,9% de penetración media), aunque resulta mucho mayor en 3 autonomías: Madrid (el 38,7% de la población tiene seguro médico), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), según el informe IDIS. Curiosamente, son 3 autonomías que tienen una sanidad pública “deficiente”, según el informe 2023 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP), que valora la sanidad de cada autonomía” (Madrid ocupa el puesto 13º, Barcelona el 12º y Baleares el 10%). En el otro extremo, las autonomías con menos peso de los seguros médicos están Navarra (11,2% de la población los tiene), Cantabria (11,8%), Murcia (13,2%), Extremadura (13,2%) y Galicia (16,5%). Y Navarra es la autonomía con la mejor sanidad pública, según el ranking 2023 de la FADSP, Extremadura es la 3ª mejor, Galicia la 6ª y Cantabria la 9ª mejor (sólo Murcia rompe la tendencia, ocupando el puesto 16º, sólo por delante de Andalucía, el “farolillo rojo”).

Las primas que pagan los que tienen un seguro médico privado también se han disparado, hasta los 10.711 millones en 2023 (frente a 8.923 millones en 2019). Los seguros médicos llevan cinco años siendo los seguros que más crecen, por encima del seguro de hogar, del automóvil o los seguros de vida. El negocio está muy concentrado y las 3 primeras aseguradoras controlan más de la mitad del mercado: SegurCaixa Adeslas (3.244 millones en primas, el 28,6% de cuota), Sanitas (1.831 millones, el 16,9%) y Asisa (1.459 millones, el 12,9%). Les siguen DKV Seguros (7,5% cuota), Mapfre (6,8%), Axa (2,6%), IMQ (2%), Asistencia Médica Colegial (1,9%) y FIATC (1,8%). Estas 9 controlan el 80,4% de las primas.

Entre “el gasto de bolsillo” (sanidad, medicinas y copagos) y los seguros médicos, cada español paga 699 euros al año en sanidad privada (503 euros en gasto de bolsillo y 195 euros en seguros médicos), según el Informe IDIS 2024. Pero hay 8 autonomías donde los ciudadanos pagan mucho más. Por un lado, Cataluña (854 euros per cápita en gasto sanitario, 560 de bolsillo y 294 euros en seguros médicos), Madrid (851 euros por persona, 489 en gasto sanitario y 362 euros per cápita en seguros médicos, el pago más alto en España) y Baleares (803 euros de gasto privado per cápita, 491 en sanidad y copagos y 312 euros en seguros médicos, el 2º mayor pago), las tres autonomías con sanidad pública “deficiente”, según la FADSP. Les siguen La Rioja (748 euros: 594 en sanidad y 154 en seguros), Aragón (741: 550 y 191), Comunidad Valenciana (736: 575 y 161), País Vasco (715: 524 y 191) y Castilla y León (701 euros per cápita: 542 en sanidad y 195 en seguros).

La otra gran fuente de ingresos de la sanidad privada, junto a los “gastos de bolsillo” y los seguros médicos son los “conciertos” que les paga la sanidad pública, para que atiendan y operen en hospitales privados a pacientes de la sanidad pública o en pago por la gestión privada de hospitales públicos. Estos conciertos se han disparado en la última década, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP, y en 2022 supusieron 9.521 millones de ingresos extras para la sanidad privada (que se llevó el 10,2% del Presupuesto sanitario público). El 63% de los hospitales privados tienen algún tipo de concierto y hay 8 hospitales públicos de gestión privada (4 en Madrid, 3 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Rioja). El peso de los conciertos es mayor en Cataluña (el sector privado sanitario se lleva 3.299 millones, el 22,7% del gasto sanitario público, porque hay 98 hospitales privados de utilización pública), en Madrid (1.377 millones, el 12,4% del presupuesto público en sanidad) y en Canarias (296 millones, el 7,2% del presupuesto sanitario público allí), precisamente tres autonomías con la sanidad “deficiente” (Madrid y Cataluña) o “peor” (Canarias), según el ranking de la FADSP. Otras tienen un menor porcentaje de conciertos (6,5% Navarra, 6,1% Baleares y 6% en Asturias y País Vasco, siendo menor lo que ingresan el resto.

El “gasto de bolsillo”, los seguros médicos y los conciertos son las tres fuentes de ingresos de la sanidad privada y los tres motores que la han impulsado, hasta suponer casi el 40% del gasto sanitario total (28,4% más 10,2% los conciertos). Gracias a esta “gasolina”, la sanidad privada cuenta con 438 hospitales (el 57% del total) y 50.574 camas (el 32% del total), donde trabajan 300.226 profesionales (69.052 médicos). Una sanidad privada que ya gestiona el 29% de las altas, el 31,2% de las estancias hospitalarias, el 29,7% de las consultas, el 31% de las urgencias y el 41,3% de las intervenciones quirúrgicas, un trabajo creciente apoyado por la derivación de pacientes, consultas (6,3%), urgencias (el 5,8%) e intervenciones (el 8,7%) desde la sanidad pública. Eso sí, según diversos estudios, la sanidad privada absorbe los casos menos complejos y las estancias e intervenciones más cortas y menos costosas.

La sanidad privada está cada vez más concentrada y en manos de inversores extranjeros, con 13 Grupos sanitarios que concentran el 47% de los hospitales y el 55% de las camas privadas, según el informe IDIS. Encabeza el ranking, el grupo Quirón Salud (propiedad del grupo alemán Fresenius), con 45 hospitales y 6.139 camas, seguido de los Hermanos de San Juan de Dios (29 hospitales y 6.110 camas), HM Hospitales (propiedad familia Abarca Cidón), con 21 hospitales y 1883 camas, el grupo Vithas (80% familia Gallardo y 20% Criteria Caixa), con 20 hospitales y 2.189 camas, el grupo HLA (de Asisa), con 16 hospitales y 1.310 camas, el grupo Viamer (propiedad del fondo australiano MAM), con 14 hospitales y 946 camas, las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con 13 hospitales y 3.326 camas, el grupo Hestia Alliance (propiedad del gigante alemán Median Kliniken), con 10 hospitales y 1.932 camas, el grupo Ribera Salud (vendido al Fondo francés Vivalto Partners), con 10 hospitales y 1.112 camas, el grupo vallisoletano Recoletas, con 7 hospitales y 830 camas y el grupo canario Hospiten, con 7 hospitales y 1.219 camas, agrupando el resto de hospitales independientes 15.200 camas privadas.

El negocio de los hospitales privados facturó 12.400 millones de euros en 2022, que obtuvieron de las aseguradoras (6.865 millones, un 55,3% más que en 2021), de los conciertos con la sanidad pública (4.325 millones, +34,88%) y de su actividad sanitaria puramente privada (1.210 millones), según la Fundación IDIS. Más de un tercio del negocio total (4.441 millones) lo facturó el gigante del sector, el grupo Quirón, seguido muy lejos de Vithas (699 millones), Ribera Salud (585 millones), grupo HLA (576 millones), HM hospitales (575 millones), Hospitales Católicos de Madrid (410 millones), Hospiten (360 millones), Sanitas (350 millones), Clínica Universitaria de Navarra (300) y grupo IMED (hospitales Levante), 180 millones.

La sanidad privada crece, pero a costa de la sanidad pública, que pierde peso desde 2009 y sobre todo desde 2022, según un reciente estudio de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que destaca el fuerte aumento del “gasto de bolsillo” en España (21% del gasto total, frente al 18% en la OCDE) y los conciertos, crecientes en las autonomías gobernadas por el PP y nacionalistas, sobre todo durante los años de recortes. El estudio analiza 10 variables del avance de la privatización sanitaria por autonomías, desde el gasto en seguros privados a los conciertos y las derivaciones de pacientes, los modelos de colaboración público-privada y la dedicación exclusiva entre los sanitarios. Y analizando estas variables, distinguen 3 grupos de autonomías, con más y menos privatización sanitaria.

El primer grupo lo integran las 4 autonomías con mayor grado de privatización de la sanidad: Madrid (28 puntos), Baleares (27 puntos), Cataluña (26) y Andalucía (25), cuatro regiones que tienen una sanidad “deficiente” (Madrid, Baleares y Cataluña) o “pobre” (Andalucía, la autonomía con la peor sanidad pública, según el ranking de la FADSP). En el 2º grupo, con un grado “intermedio” de privatización están Aragón y Comunidad Valenciana (24 puntos), Asturias y Canarias (23), Murcia (22), Castilla y León (21), Cantabria y Galicia (20 puntos), País Vasco y la Rioja (19 puntos). Y en el tercer grupo, con el menor grado de privatización sanitaria, están Castilla la Mancha (18 puntos), Extremadura y Navarra (16 puntos), las dos autonomías con la sanidad menos privatizada y, curiosamente, dos de las autonomías con mejor sanidad pública (Navarra la nº1 y Extremadura la 3ª).

Los expertos dela FADSP critican la creciente privatización de la sanidad porque incrementa costes y "mercantiliza" un derecho fundamental de las personas. Pero creen que no puede reducirse esta elevada privatización mientras no se resuelva el grave problema de las listas de espera (849.535 españoles en lista de espera quirúrgica y 3.917.485 en espera de una primera consulta) , que explican el auge de los seguros médicos y de los conciertos con la privada. Y denuncian que “no se está haciendo nada” para reducirlas, ni desde Sanidad ni desde las autonomías, por lo que piden reforzar los medios y personal de la sanidad pública. Y en paralelo, piden unas políticas públicas que refuercen la sanidad pública y frenen el ascenso de la privada.

Precisamente, el lunes pasado, la ministra de Sanidad inició la consulta pública de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que decayó en la pasada Legislatura por el adelanto electoral. La Ley pretende, según el Gobierno, “asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar el paso a las empresas privadas con ánimo de lucro”, sustituyendo a la Ley 15/1997 aprobada por Aznar, que “ha deteriorado la sanidad”, según la ministra Mónica García. La futura Ley, sometida a consulta, pretende limitar la gestión privada de la sanidad, mejorar la auditoría y transparencia de los modelos de gestión privada existentes, facilitar la reversión de servicios ahora privatizados y fijar nuevos criterios para la gestión futura del sistema sanitario público. El proyecto ya ha despertado recelos en la sanidad privada, pero tiene un problema de partida: por mucho que se cambie la Ley, el día a día de la gestión sanitaria lo controlan las autonomías, 11 en manos del PP (y VOX). Y no parece que quieran dar marcha atrás en la privatización que han alentado estos años.

En cualquier caso, algo habrá que hacer, porque la sanidad es “la 2ª mayor preocupación de los españoles” (tras la economía y el empleo), según el CIS. Y no parece lógico que sigamos afrontando los problemas de atención y listas de espera a golpe de seguros privados y más conciertos con la privada. Una cosa es que la sanidad privada cubra vacíos y complemente la oferta y otra que cope el 40% del gasto sanitario y deje fuera a los que no puedan pagarlo. Urge reforzar la sanidad pública y no hundirla para que crezca la privada.

Pocas residencias de ancianos

El IMSERSO ha publicado el primer Censo de las residencias de ancianos en España: 5.188 Centros, con 381.514 plazas, aunque 100.000 plazas están vacías, por el desigual reparto de oferta y demanda. España, el 4º país más envejecidos de Europa, tiene menos residencias de ancianos (4,11 plazas por cada 100 mayores) que la media europea (4,5) y la recomendación de la OMS (5 plazas), que sólo cumplen 5 autonomías, con un gran déficit de residencias en Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid. El problema es que las autonomías apenas gastan en residencias, aunque el Estado les transfiere 4.000 millones más para Dependencia. Y que el 75% de las residencias son privadas y buscan la rentabilidad, impulsadas por Fondos de inversión extranjeros, constructoras y aseguradoras. Faltan ahora 100.000 plazas de residencias y 400.000 para 2050. Urge cambiar el modelo de residencia, más pequeña y con más servicios y personal, mientras se refuerza la atención de los mayores en su casa, para que no tengan que irse.

                     Enrique Ortega

El primer Censo de residencias, publicado en abril por el IMSERSO con datos de 2022, refleja que existen en España 6.831 Centros de atención residencial: 5.188 residencias de ancianos, 1.455 residencias para discapacitados y 188 Centros mixtos (para ambos colectivos). La mayor parte de las residencias de ancianos están en Cataluña 81023), seguida de lejos por Castilla y León (654), Madrid (469), Andalucía (427), Castilla la Mancha (411), Galicia (345), País Vasco y Comunidad Valenciana (321 residencias cada una). El informe señala que hay 381.514 plazas en las residencias para mayores, aunque sólo 288.765 estaban ocupadas a finales de 2022: hay 92.749 plazas vacías, que el IMSERSO no explica, aunque se deben a la desigualdad entre oferta y demanda en algunas regiones.

Más de 3 de cada 4 residencias de ancianos son de titularidad privada (77,3% del total) y sólo un 22,7% son de titularidad pública, aunque incluso una parte de estas residencias públicas las gestionan empresas privadas: sólo el 14,2% de todas las residencias de ancianos en España son de titularidad y gestión pública, siendo el 85,8% restante de gestión privada. En cuanto al reparto de las plazas, el 75% de los mayores están en residencias de titularidad privada. La mayoría de las residencias de mayores son pequeñas o medianas y sólo el 36,1% de los Centros tienen más de 75 plazas (de ellos, sólo el 3,4% de las residencias tienen más de 200 plazas), aunque estas residencias más grandes, en su mayoría privadas, concentran a dos tercios de los mayores residentes (al 66,3%).

La mayoría de las habitaciones en las 5.188 residencias de mayores censadas son dobles (el 56%) o triples (el 1%), siendo sólo el 43% de las habitaciones de uso individual (en las residencias públicas, suben al 48% y en las privadas bajan al 39%), según el IMSERSO. Es llamativo que sólo el 39% gestionen la accesibilidad y que sólo el 75% de las residencias permitan “sectorializar el edificio” por razones de seguridad o sanitarias (una cuestión clave en la pandemia). Un 79% de las residencias están dentro de los cascos urbanos, el 90,7% disponen de terraza o jardín exterior y sólo el 71% de las residencias disponen de acceso a Internet (un porcentaje que baja al 56,3% en las residencias públicas).

De los 288.765 mayores en residencias a finales de 2022, sólo el 13,6% están en Centros de titularidad y gestión pública, según el IMSERSO, estando el resto en residencias privadas (75,7%) o públicas con gestión privada (10,7%). Casi 3 de cada 4 mayores en residencias tienen más de 80 años (el 74,3%), otro 21,4% tienen entre 65 y 69 años y el 4,2% restante son residentes con menos de 65 años. Dos de cada tres mayores en residencias son mujeres (68,2%), porque viven más años que los hombres (el 31,8%). La mayoría de residentes tienen una dependencia moderada o severa (43,2% tienen grado 1 y 2) y algo más de un tercio (36,7%) son grandes dependientes (grado 3), siendo el resto de residentes dependientes pendientes de valorar o sin grado.

En las residencias de ancianos censadas por el IMSERSO trabajan 206.496 empleados (el 86,1 % son mujeres), el 95,4% de ellos en plantilla de los Centros y el resto (9.522 personas) subcontratados. Las residencias de titularidad y gestión pública tienen más del doble de subcontratados que las privadas (8,9% de las plantillas frente al 3,5%). Y en conjunto, las residencias disponen de 0,62 personas por residente (0,36 de atención directa, 0,11 de personal de 2º nivel y 0,15% de atención indirecta), pero hay más atención de personal en las residencias públicas (0,96 personas por residente) que en las privadas (0,55 personas por residente), que en definitiva tienen “ánimo de lucro”.

España, el 4º país más envejecido de Europa, tiene menos residencias de ancianos que la media europea. Este Censo aporta una ratio de 4,11 plazas por cada 100 mayores de 65 años, frente a 4,5% de media en Europa y a tasas mayores en el centro y norte de Europa: 7,5 plazas por 100 mayores en Paises Bajos, 7,1 en Suecia, 6,8 en Bélgica, 5,7 en Finlandia, 5,4 en Alemania y 5,1 en Francia, según este estudio de PwC. Y estamos lejos del 5% de plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), ratio que sólo cumplen 5 autonomías: Castilla y León (7,8 plazas por cada 100 mayores de 65 años), Castilla la Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%). Las autonomías con más déficit de residencias son Murcia (2,27 plazas por cada 100 mayores), Comunidad Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).

El problema no es sólo que falten residencias de mayores en media España, sino que cada vez hay más mayores y las plazas disponibles apenas crecen. Así, entre 2010 y 2020, aumentaron en 1,2 millones los españoles mayores de 65 años y las plazas en residencias sólo crecieron en 20.226 plazas, según el IMSERSO. Y hoy, con 9,4 millones de españoles superando los 65 años (1 de cada 5), sólo hay 381.514 plazas en residencias.

Lo que urge es aumentar las plazas en residencias para los dependientes que ya las necesitan: de los 190.000 dependientes “en lista de espera” para recibir una prestación pública, 30.000 mayores esperan una plaza en una residencia de ancianos, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han denunciado reiteradamente que muchos de estos mayores se mueren sin recibir la ayuda (45.360 dependientes murieron en 2022 esperando una ayuda que tenían reconocida). Actualmente, una plaza subvencionada en una residencia es una de las ayudas más difíciles de conseguir para los dependientes: de los 1.410.084 dependientes beneficiarios de una ayuda a la dependencia en abril, sólo 181.496 (el 12,87%) estaban en una residencia. Y eso, porque es la ayuda más cara de financiar, por lo que las autonomías concentran sus ayudas en servicios más baratos, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día o el pago a los cuidados familiares.

Con ello, el problema de las familias con mayores dependientes es que no encuentran una residencia subvencionada (el 75% son privadas) que sufren una larga lista de espera y cuyo precio es muy dispar, según la autonomía donde se viva: el precio público de una residencia está en 18.645 euros anuales, pero varía entre los 11.409 euros en La Rioja y los 22.392 euros en Extremadura. Y además, el precio varía según el mayor sea no dependiente (17.526 euros), dependiente (19.897 euros) o necesite atención psicogeriátrica (24.299 euros), según datos del IMSERSO. Así que muchos, que no quieren esperar o que tienen mayores ingresos, optan por una plaza no concertada, en una residencia privada. Y eso supone de media pagar 2.000 euros al mes (más en algunos lugares y Centros).

Por todo esto, la falta de plazas y la dificultad de recibir ayudas públicas, las residencias de ancianos se han convertido en un negocio para las empresas privadas que sostienen el 75% de la oferta de residencias en España y que facturan ya más de 5.000 millones anuales. Un negocio en auge, que ha atraído a muchos Fondos de inversión extranjeros (bastantes radicados en paraísos fiscales), a constructoras y aseguradoras, que están multiplicado sus inversiones en el sector (junto a inmobiliarias, la otra pata del negocio), concentrando la oferta en menos grupos, con compras e inauguraciones.

El top 10 de las residencias privadas está encabezado por la multinacional francesa DomusVi (propiedad del fondo británico ICG y capital francés) con 200 centros y 25.000 plazas. Le siguen el Grupo Clece, filial de la constructora ACS (Florentino Pérez), “los Albertos” y el Fondo BlackRock, con 145 residencias y 17.000 plazas. En tercer lugar, el grupo Orpea (cuyo mayor accionista es el fondo de pensiones Canadá Pension Plan, junto a inversores franceses y belgas), con 53 Centros y 8.800 plazas. En 4º lugar, el grupo Vitalia Home (vinculado al Fondo británico CVC y otros 2 fondos más, todos con sede en Jersey), con 54 Centros y 8.000 camas. En 5º lugar, el grupo español Ballesol (75,3% propiedad de la aseguradora Santa Lucía), con 50 Centros y 7.334 plazas, seguido de Mensajeros de la Paz, con 104 residencias y 6.364 plazas, y Sanitas Mayores (propiedad del grupo británico que controla Sanitas), con 47 Centros y 6.344 plazas. En 8º lugar, el grupo francés Amavir (propiedad de la familia Mulliez, la 5ª fortuna de Francia, dueños de Alcampo, Decathlon y LM), con 42 Centros y 6.223 plazas, seguido por Colisée España (otra multinacional francesa, aunque la mayoría corresponde al Fondo IK VIII Fund, con sede en Jersey), con 51 Centros y casi 6.000 plazas. Y en el 10º puesto del ranking, la Fundación San Rosendo, dependiente del obispado de Orense, con 47 Centros y 3.342 plazas para mayores.

Viendo las multinacionales y Fondos internacionales que controlan el negocio de las residencias de ancianos puede entenderse su apuesta por España, dado que seremos el país más envejecido del mundo en 2050 : el 30,4% de la población española tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,4 millones). Eso les abre unas enormes perspectivas de negocio, con una demanda segura, a la que buscan ofrecer una oferta con más servicios, aunque más caros (y con los menores costes posibles).

El déficit de residencias para mayores es ya importante, porque si tuviéramos el 5% de oferta para los mayores que recomienda la OMS, España debería tener casi 100.000 plazas más que ahora (+93.486 plazas), según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Donde hacen falta más plazas hoy es en Andalucía (se necesitan 28.457 plazas más), Comunidad Valenciana (+21.900), Galicia (+14.902), Cataluña (+9.045), Madrid (+8.283), Canarias (+7.574), Murcia (+6.542) y País Vasco (+6.074 plazas). Y según el último Censo, las autonomías que tienen menos residencias para la población mayor de 80 años ( hay 18,11 centros por cada 10.000 mayores) son Ceuta y Melilla (8,23 centros por cada 10.000 mayores de 80 años), Murcia (,893), Andalucía (10,16) Baleares (10,34), Comunidad Valenciana (11,13) y Madrid (12,67 Centros).

Como cada vez habrá más mayores, este déficit de 100.000 residencias irá a más en las próximas décadas: en 2050, España debería contar con 400.000 plazas más de residencias de ancianos, hasta 785.000, más del doble que hoy (381.514), según este informe de la consultora PwC. El problema es quien las construye y financia, porque la gestión de la Dependencia (y de las residencias) es de las autonomías, no del Gobierno central. Y aunque financian el 60,4% del gasto público en Dependencia (el 39,6% restante lo aporta el Estado), cada vez “racanean” más. De hecho, el Gobierno Sánchez ha aumentado su aportación a la Dependencia en +4.000 millones en los últimos tres años (2021-2023) y muchas autonomías han aprovechado estos mayores recursos estatales para reducir ellas su gasto (ver Blog). Así que mucho me temo que las autonomías no promuevan las nuevas residencias que hacen falta y lo dejen en mano de las empresas privadas, que abrirán nuevos Centros sólo en los lugares que vean negocio.

Otro problema de las residencias de mayores es que hay una gran disparidad en la oferta, no sólo en precios, sino también en los servicios que ofrecen a los mayores, desde el tipo de habitación al personal y los cuidados. Por ello, el Gobierno Sánchez trató hace dos años de coordinar la oferta y crear un marco más homogéneo para las residencias en toda España. Así, el 28 de junio de 2022 aprobó con las autonomías un nuevo modelo de cuidados, que prohíbe la construcción de macro residencias para mayores, fijando un tamaño máximo para las futuras (no más de 75 plazas en zonas rurales, 90 en zonas medias y 120 plazas en ciudades) y unos requisitos mínimos de personal para mejorar la atención a los mayores: en 2029 se exigirá un trabajador de atención directa (desde auxiliares a fisios o terapeutas ocupacionales) por cada 2 residentes, frente a los 0,72 trabajadores que hay ahora.

La idea de mejorar la oferta futura y la calidad de las residencias es buena, pero hay que financiarla, porque encarecerá las instalaciones y la atención. Y por eso, sólo 10 autonomías votaron a favor de este Plan y 9 autonomías votaron en contra , una de ellas la “socialista” Castilla la Mancha (“ellos invitan y yo pago”, se quejó muy gráficamente su presidente, García Page). Así que con la pelea política actual y la mayoría de autonomías controladas por PP ( y Vox), no parece posible que este acuerdo avance y la mayoría de las autonomías se embarquen en mejorar su oferta de residencias en los próximo años.

El progresivo envejecimiento de España obliga a abrir nuevas plazas en residencias, mientras en paralelo se debería reducir una parte de la demanda mejorando la atención a domicilio de los mayores (para que no tengan que salir de casa). Urge poner más dinero en todo el proceso de atención a los mayores, en la Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar, que está claramente infra financiada. Basta ver los datos: el gasto público en Dependencia es de 8.312 millones anuales (y otros 2.134 millones que aportan las familias por copagos), frente a los 55.175 millones del gasto público en educación, los 92.000 millones que cuesta la Sanidad y los 190.687 millones que gastamos en pensiones. Hay margen para gastar más en Dependencia y en residencias asequibles y decentes. Y en atención domiciliaria, para que no tengan que irse. Es lo menos que les debemos a nuestros mayores.