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lunes, 9 de junio de 2025

Alquileres a peor, tras 2 años de Ley de Vivienda

El 26 de mayo se cumplieron  2 años de la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno con la oposición del PP (y Vox), que no la aplican en sus autonomías. Y su balance es nefasto: los alquileres han subido un +24% estos dos años y el precio de las viviendas se ha disparado otro +28%. La Ley ha sido contraproducente, porque los controles de precios han “asustado” a los propietarios, cayendo más oferta de alquileres (-120.000 en dos años): unos alquileres se han desviado a pisos turísticos alquileres de temporada, otros pisos se han vendido y otros están vacíos. Resultado: no hay pisos para alquilar y cada uno tiene 35 inquilinos esperando. Además, no hay suelo disponible ni inversión y se construyen 127.721 viviendas, cuando faltan  600.000. El problema es político: el enfrentamiento constante entre Gobierno y autonomías impide pactar medidas eficaces, como reflejó la Conferencia de Presidentes. Y así, la vivienda no tiene enmienda, en perjuicio de millones de españoles.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda angustia cada día más a muchos españoles, sobre todo jóvenes y nuevas familias. La mayoría de los que necesitan una casa no la pueden comprar, porque los precios se han disparado: este año suben un +12,2% anual (la mayor subida trimestral en 18 años), según el INE, que se suma al +55,1% que subió la vivienda entre 2014 y 2024. Resultado: una vivienda usada  cuesta de media 2.391 euros/m2 (215.190 euros por 90m2), subiendo a 4.895 euros en Barcelona (440.550 euros por 90 m2) y 5.573 euros en Madrid (501.570 euros por 90m2), según el portal Idealista (mayo 2025). Estos precios disparados exigen pedir una elevada hipoteca (más un 30% ahorrado para el 20% que no se financia, impuestos y gastos), una cuota hipotecaria que supone ya el 23% de los ingresos de una familia (y sube al 46% si se quiere comprar en Barcelona, el 41% en Palma el 40% en Málaga y el 38% en Madrid).

Y si muchas familias y jóvenes no pueden comprar, tampoco pueden alquilar a los precios actuales: en mayo, los alquileres han vuelto a subir otro +9,9% anual, según Idealista, que se suma al +81% que han subido los alquileres en España entre 2014 y 2024. Con ello, el precio medio del alquiler está ya en 14,5 euros/m2, según Idealista, un máximo histórico que se traduce en un alquiler medio (90m2) de 1.305 euros mensuales. Pero es mucho más en las principales capitales, donde hay más demanda: 23,9 euros/m2 en Barcelona (2.151 euros por 90m2), 21,7 euros en Madrid (1.953 euros alquiler 90m2), 18,5 euros en San Sebastián, 17,8 euros en Palme, 15,7 euros en Valencia, 15,6 euros en Málaga y 15 euros en Bilbao. Unos alquileres disparados que obligan a los inquilinos a destinar el 40% de sus ingresos, según el Banco de España, cuando en la UE-27 el “esfuerzo” es del 27%.

El problema en ambos casos (compra o alquiler) es el mismo: los precios se han disparado porque faltan viviendas (para comprar y alquilar), porque hay pocas viviendas que salen a la venta o al alquiler frente a una demanda creciente. El mercado para comprar piso es muy estrecho y cada vez hay más inversores, inmobiliarias y particulares que pujan por comprar un piso para alquilarlo después y sacar rentabilidades que superan el 10%. Un dato que demuestra esta “especulación” en la compra es que un tercio de las viviendas se compran al contado, sin pedir hipoteca. Y las inmobiliarias informan que cada día ven compradores que “pujan” por una vivienda, pagando incluso más de lo que piden. En el caso del alquiler pasa lo mismo: los pisos “vuelan” en el día, con una media de 35 inquilinos pujando por cada vivienda que se pone en alquiler (en 2023 eran 19 candidatos por piso).

Y todo esto pasa 2 años después de la entrada en vigor (el 26 de mayo de 2023) de la Ley de Vivienda, que pretendía bajar el precio de los alquileres, implantando unos “topes” en las ciudades más “tensionadas”. La realidad es que la Ley no se aplica en la mayoría de autonomías y Ayuntamientos, porque el PP (y Vox) están en contra. La primera aplicación de “topes” al alquiler se hizo en marzo de 2024, en 140 municipios catalanes (incluidas las 4 capitales y sus áreas metropolitanas) y se amplió en octubre a 131 municipios más (271 en total). Y este año, se han declarado “zonas tensionadas” algunos municipios del País Vasco (incluido San Sebastián) y 21 municipios de Navarra, mientras se tramita en A Coruña y Las Palmas. Pero poco más. Los expertos y el PP (y Vox) reiteran que estos controles no han bajado los alquileres, mientras el Gobierno y la Generalitat señalan que sí han bajado en algunas ciudades catalanas. Pero lo preocupante es que los contratos de alquiler han caído un -21,5% en 9 de los 15 mayores municipios donde se ha aplicado, según Idealista.

Esto probaría la principal crítica que hacen la mayoría de expertos inmobiliarios a la Ley de Vivienda: que retrae a los propietarios a alquilar. Y que esa “desconfianza”, ante los controles de la Ley y “el intervencionismo anterior” (desde 2019 se han puesto topes a la subida de alquileres y a los plazos) han llevado a muchos propietarios a no alquilar sus pisos, desviando esas viviendas a otros fines o alquilando más caro, para “cubrirse”. El portal Idealista ha hecho un estudio y desvela que la oferta de alquileres ha caído un -17% en estos 2 años de vigencia de la Ley de Vivienda, mientras la demanda de alquileres ha aumentado un +79% en estos dos años. Pero esa caída de la oferta de alquileres ha sido mucho más drástica en muchas ciudades: Barcelona (-46%), Madrid (-21%), Bilbao (-36%), Sevilla (-31%), Huesca (-43%), Córdoba (-66%), San Sebastián (-36%), Girona (-28%), Lleida (-38%), Orense (-43%), Oviedo (-52%), Palma (-35%), Palencia (-36%), Tarragona (-35%), Zamora (-25%), Valladolid (-37%), Zaragoza (-37%), Salamanca (-29%), Logroño (-23%)…

El estudio revela que en estos 2 años se han perdido 120.000 alquileres. ¿Dónde han ido? Una parte importante de los alquileres se han “desviado” a pisos turísticos, que permiten conseguir mayores ingresos sin controles de precios y contratos. Serían unos 85.600 los alquileres desviados a pisos turísticos, un aumento del 30%. De hecho, en las 25 grandes ciudades (donde hay más problemas de alquiler) había 345.000 pisos turísticos en 2024, según Exceltur, una cifra que no refleja los pisos turísticos “ilegales” (150.000 en Madrid).

Otra cifra importante de alquileres se ha “desviado a alquileres de temporada: su duración es menor de 1 año y se rigen por el contratos privados, sin controles de precios ni plazos. Estos alquileres de temporada suponen ya el 14% de todo el mercado del alquiler  y mucho más en las ciudades más tensionadas, según Idealista: Barcelona (47% de los alquileres son de ya de temporada), San Sebastián (37%), Badajoz (27%), Girona (26%), Tarragona (20%), Madrid (17%), Bilbao y Palma (15%), Santander y Valencia (14%)… Y en todas las capitales han aumentado mucho el último año, bajando sólo en Sevilla y Málaga.

El tercer “desvío” de alquileres tradicionales ha sido por la venta de estas viviendas: los propietarios, ante los altos precios de los pisos, han optado por vender y “quitarse problemas” (controles de precios, impagos…) con los alquileres. No hay datos, pero está claro que una parte importante de las 1.230.000 viviendas vendidas entre 2023 y 2024 eran viviendas que antes estaban en alquiler. Y queda otra 4ª vía por la que se ha reducido la cifra de alquileres: los pisos que se han quedado vacíos estos años, sin vender ni alquilar: en España hay 3,8 millones de viviendas vacías, aunque sólo el 10,5% (unas 400.000) están en las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde hay más problemas de alquileres.

En definitiva, que los controles y la Ley de Vivienda han retraído los alquileres, algo que ya se ve desde las primeras medidas tomadas por el Gobierno en 2019.Eso llevó a que la oferta de alquileres haya caído un -56% desde finales de 2020 a finales de 2024, mientras la demanda de alquileres ha aumentado +319% desde la pandemia, según Idealista. Este desfase entre oferta y demanda es el que ha disparado el precio de los alquileres (de 10,4 euros/m2 en diciembre de 2019 a 14,5 euros/m2 en mayo 2025: +39,5%).

Como en cualquier mercado, los precios del alquiler sólo bajarán si aumenta la oferta o baja la demanda. La demanda no puede bajar, porque cada año hay 250.000 familias y jóvenes que buscan casa, así que la solución es aumentar la oferta, de viviendas y de alquileres. Y eso no lo aborda la Ley de Vivienda ni las autonomías y Ayuntamientos del PP. Lo que ha hecho el Gobierno es tratar de “tapar las fugas” de alquileres, frenar los pisos turísticos y los alquileres de temporada, imponiendo un registro obligatorio, que entrará en vigor este 1 de julio, a los propietarios que quieran hacer este tipo de alquileres. Pero no se limitan ni reforman. Y, en paralelo, el Gobierno ha presentado, a través de una proposición de Ley del PSOE, una batería de medidas fiscales para subir el IVA de los pisos turísticos, aumentar los impuestos a las viviendas vacías y  proponer un nuevo impuesto a la compra de extranjeros, medidas que son parches y van a retraer aún más la oferta de alquileres.

El único camino para resolver el grave problema de la vivienda es aumentar la oferta, con la rehabilitación de viviendas, la construcción de nuevas viviendas y el aumento del parque de alquiler. Y eso exige que el Gobierno, las autonomías, Ayuntamientos, constructores y bancos pacten Planes de vivienda, ciudad por ciudad. Eso supone, primero, agilizar el suelo disponible para construir, algo que ahora es un problema, porque no hay Censos actualizados y una parte de los planes urbanísticos están “paralizados” por recursos en los Tribunales. El Gobierno propuso (en la anterior Legislatura y en marzo de 2024)  una reforma de la Ley del Suelo, para ayudar a los Ayuntamiento a agilizar el planeamiento, pero la ha retirado (mayo 2024) por falta de apoyo parlamentario: el PP y Vox estaban en contra, para debilitar al Gobierno con otra derrota parlamentaria (aunque sus Ayuntamientos habían pedido la reforma) y los grupos de izquierda tampoco lo apoyaron por temor a una “burbuja urbanística”…

Además de suelo, construir más viviendas (para venta y alquiler) pasa por contar con financiación suficiente y con la colaboración público-privada, pactando precios de venta (sobre todo en VPO) que compensen las nuevas promociones. Y un mayor gasto en vivienda (ahora mucho menor que en Europa) , tanto de Ayuntamientos como autonomías y del Gobierno central. Por eso, el presidente Sánchez ha propuesto a las autonomías, en la Conferencia de Presidentes, triplicar el gasto en vivienda: pasar de los 2.300 millones del Plan actual (2022-2025) a 7.000 millones entre 2026 y 2030, un 60% aportados por el Estado central y otro 40% por las autonomías (que ahora aportan el 25%). Y eso a cambio de que las viviendas públicas que se construyan sean siempre viviendas públicas, no se puedan vender como “libres” (como se ha hecho con las 2,4 millones de VPO construidas en los últimos 40 años), para poder tener un parque público (hoy es el 2,5% frente al 8% en la UE-27).

Otro frente de actuación es aumentar el parque de viviendas en alquiler, lo que exige “no asustar” a los propietarios, sino incentivarlos y ayudarlos para que alquilen. Eso pasa por varias medidas: ayudarles (con créditos y subvenciones) a rehabilitar viejas casas para alquiler, incentivarles fiscalmente (con una deducción de hasta el 100% en el IRPF) si alquilan a precios “razonables”, agilizar la normativa en caso de impagos y, sobre todo, facilitarles el alquiler con seguridad. Una vía es crear empresas municipales y autonómicas que hagan de “intermediarias” entre el propietarios e inquilinos, como hace el País Vasco con el “Programa Bizigune”: los propietarios les ceden las viviendas y cobran seguro cada mes, despreocupándose de todo. Eso sí, hay que aprobar normas legales para torpedear el trasvase de alquileres a pisos turísticos y alquileres de temporada, dos fórmulas que suponen la mitad de los desvíos de alquileres tradicionales.

Con todo, la clave es “cambiar el rumbo”, aceptar que la Ley de Vivienda ha sido ineficaz y hasta contraproducente: el Gobierno no puede empecinarse con ella. Hay que cambiar de estrategia y pactar medidas para construir más viviendas y ampliar la oferta de alquileres. Pero hay un problema de fondo: el enfrentamiento político entre el Gobierno y las autonomías y Ayuntamientos, que son quienes gestionan la política de vivienda. Sin acuerdo para agilizar el suelo urbanizable, la financiación, las promociones y la colaboración público-privada, es imposible poner en marcha una política de vivienda eficaz. Hace falta sentarse, a nivel estatal, en cada autonomía y en cada Ayuntamiento, para ver cuántas viviendas se pueden construir y financiar y para sacar más pisos en alquiler (asequible).

La propia Comisión Europea acaba de pedir a España que aumente la oferta de vivienda social, con 3 recomendaciones: aumentar la oferta de suelo (reformando la Ley), reducir los plazos de construcción y los cuellos de botella administrativos (más la escasez de mano de obra en la construcción) y reforzar la oferta de vivienda social asequible. Pero no parece que vayan a escucharlos. El Gobierno está empecinado en aplicar su Ley y sus controles y el PP está empeñado en no apoyar ninguna medida del Gobierno (ni la reforma de la Ley del Suelo ni invertir más) y desgastarlo, aún a costa de que sigan disparándose los alquileres. Así no hay forma de avanzar. En definitiva, con este irresponsable enfrentamiento político, la vivienda no tiene enmienda. Y lo están pagando millones de españoles.  

lunes, 14 de octubre de 2024

Alquileres imposibles: faltan viviendas

El grave problema de la vivienda, con precios y alquileres disparados, preocupa a muchos españoles, sobre todo jóvenes y familias vulnerables, que destinan más del 40% de ingresos (los jóvenes el 92%) a pagar un alquiler. Si lo encuentran, porque hay un 33% menos que en 2009, consecuencia de cambios legales y topes que han llevado a muchos propietarios a cambiar su piso en alquiler a uno de temporada o turístico. O a venderlo. La Ley de Vivienda (mayo 2023) es un fracaso y ha reducido los alquileres. Mientras, se terminan 89.000 viviendas al año (frente a 424.000 en 2009), cuando se crean 275.000 nuevas familias. Tenemos pocos alquileres y carísimos porque apenas hay viviendas disponibles: faltan 600.000 hasta 2025 y el doble para 2030. La única solución es que Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores y bancos pacten un Plan de Vivienda, conseguir suelo y financiación para construir 200.000 viviendas al año, la mayoría para alquiler. Y ayudar (no amenazar) a los propietarios para que alquilen. Menos Leyes demagógicas y más medidas eficaces.

                            Enrique Ortega

Las manifestaciones, en Madrid y en media España, revelan que el problema de la vivienda agobia cada día más a los españoles. Y no es para menos. Este año 2024, los alquileres siguen subiendo, un +10,2% anual en el tercer trimestre, según el portal Idealista. Y el precio medio de un alquiler en España se coloca en 13 euros/m2 (10,4 euros en 2019). Eso supone pagar 1.170 euros por alquilar un piso de 90 m2. Pero esa es la media. En Barcelona, el precio sube a 2.016 euros (22,4 euros/m2), en Madrid son 1.836 euros (20,4 euros/m2), en San Sebastián  son 1.629 euros (18,1 €/m2, en Palma 1.557 euros (17,3 €/m2), en Málaga 1.305 euros (14,5 €/m2) y en Valencia 1.287 euros (14,3 €/m2).

El problema es que la subida de alquileres de este año se suma a las subidas del alquiler desde 2014. En 2023, los alquileres subieron un +10,1%, más que el +8,4% en 2022 y el 4,6% en 2020 (en 2021, con la pandemia. bajaron un -3,6%). Y antes, entre 2014 y 2019, los alquileres subieron en España un +50%, según Idealista. Así que en la última década (2014-2023), los alquileres han subido un +69,5%, el triple que la inflación general (+21,3%, según el INE) y cuatro veces más que los salarios (+17,6% han subido los convenios). Y si sumamos la subida de este año, los alquileres suben casi un 80% desde 2014…

¿Por qué suben tanto los alquileres? Básicamente, porque hay pocas viviendas disponibles y una demanda creciente. Por un lado, apenas se construye vivienda nueva: en 2023 se terminaron 89.119 viviendas, casi las mismas que en 2022 (89.545), tras una década en la que se construyeron incluso muchas menos (60.000 en 2013, 44.630 en 2016, 78.810 en 2018). Es una cifra ridícula si la comparamos con las 424.459 viviendas terminadas en 2009 o las 650.000 terminadas en 2006 y 2007. Además, apenas se hacen viviendas protegidas (8.646 VPO en 2023) y la nueva construcción se concentra en la costa mediterránea y las islas (el 37,2% de las viviendas terminadas) y en el resto de España (39,1%), más que en Madrid y Barcelona (27,7%).

Apenas se hacen viviendas nuevas mientras cada año crecen las nuevas familias y los jóvenes que buscan un alquiler, más los últimos años, cuando la subida de tipos e hipotecas hacen que muchos españoles no piensen en comprar casa, máxime cuando los precios de compra de los pisos de han disparado también (+7,8% este año y +39,8% entre 2014 y 2023). El Banco de España estima que cada año hay 275.000 nuevas familias que buscan techo, además de 60.000 nuevos inmigrantes. El dato es muy llamativo: el número de hogares creció en 1.491.700 entre 2011 y 2023, mientras se construyeron 762.843  viviendas…

Está claro: la demanda de alquileres se ha disparado y mientras, apenas se construye. Y tampoco se alquilan muchas de los 4 millones de viviendas que están vacías. Unas, la mayoría, porque son segundas residencias o están en mal estado, necesitan rehabilitación. Y, sobre todo, porque hay pocas viviendas vacías en las grandes ciudades donde hay más demanda de alquileres: el Banco de España estima que sólo hay 400.000 viviendas vacías (el 10% del total) en ciudades de más de 250.000 habitantes.

Esta falta de oferta se ha agravado en los últimos años, porque los propietarios se han retraído a alquilar, a la vista de los cambios normativos aprobados por el Gobierno Sánchez. En marzo de 2019 se cambió la Ley de Arrendamientos (LAU), con un Decreto que limitaba las subidas al IPC y ampliaba los plazos de alquiler: de 3 a 5 años si el propietario era particular y hasta 7 años si era empresa. Eso retrajo a muchos propietarios, que reaccionaron con subidas extras de los alquileres (para “cubrirse”) y retrasando su alquiler o vendiendo. En febrero de 2022, el Gobierno aprobó la Ley de Vivienda, que establecía “topes” de subida a los alquileres en las zonas tensionadas, lo que redujo más la oferta de alquileres, “asustando a los propietarios”. En mayo de 2023, la Ley entró en vigor y la mayoría de expertos coinciden: ha reducido drásticamente la oferta de alquileres, disparando más los precios.

Los datos vuelven a ser elocuentes. Entre 2019 y 2024, la oferta de alquileres en España ha caído un -33%, según un reciente estudio del portal Idealista. Pero en Barcelona (donde la Generalitat aprobó un control de alquileres ya en 2020), la oferta de alquileres se ha reducido un 75% desde 2019 a hoy: han desaparecido del mercado 3 de cada 4 viviendas en alquiler. También ha caído drásticamente la oferta de alquileres en Oviedo (-55%), San Sebastián (-55%), Las Palmas (51%), Madrid (-46%), Palma (-46%), Girona (-45%), Bilbao (-44%), Zamora (-42%), Toledo (-42%) y Burgos (-40%). Y se ha reducido también la oferta de alquileres en Málaga y Valencia (-33%), Sevilla y Alicante (-42%).

¿Cómo se ha producido este drástico recorte de la oferta de alquileres? Por 3 vías: se han “desviado” los alquileres tradicionales a alquileres de temporada, a alquileres turísticos o a la venta. El primer camino, el más utilizado, ha sido “desviar” alquileres permanentes a alquileres de temporada: son por menos de un año, a estudiantes, trabajadores desplazados (profesores, médicos, camareros, temporeros) o por vacaciones. No se rigen por la nueva Ley de Vivienda (ni por la normativa de apartamentos turísticos) y las condiciones se pactan libremente. Estos alquileres han crecido un +182% entre 2019 y 2024 (+220% en Barcelona) y suponen ya el 14% de todo el mercado del alquiler, aunque hay ciudades donde superan la tercera parte del total (y creciendo). El Gobierno intentó regularlos con un reciente Decreto, pero no consiguió aprobarlo en el Congreso, por el veto de Junts, junto al PP y Vox.

El 2º camino para desviar alquileres permanentes es destinarlos a alquiler turístico. En septiembre había 388.259 pisos turísticos en las 25 mayores capitales, +55.295 que en junio, según la patronal turística Exceltur. El problema es más relevante en 48 municipios, con  más del 10% de alquileres turísticos, destacando los centros de Barcelona y Madrid (con más del 25% de pisos turísticos), Málaga, Sevilla o Palma. El Gobierno promete regular estos alquileres para el futuro, pero la competencia es autonómica y municipal y cada ciudad va a su aire, mientras los pisos turísticos aumentan (ver cuadro), a pesar de las protestas.

El tercer camino para desviar pisos que antes se alquilaban es venderlos, aprovechando los altos precios actuales (han subido +47,6% desde 2014) y la gran demanda, que aumentará con la próxima bajada de tipos e hipotecas. En los últimos años, Fotocasa estima que  el 12% de los propietarios que antes alquilaban han vendido, lo que supondría 327.000 alquileres menos desde 2019. La mitad de estos propietarios han desistido de alquilar, según Fotocasa, “por malas experiencias” con inquilinos o por temor a la nueva normativa.

La consecuencia de este triple recorte de la oferta es clara: hay muchos menos alquileres disponibles y eso sube los precios y dificulta encontrar un piso para alquilar ("vuelan") Y los que lo consiguen, tienen que destinar una mayor parte de sus ingresos al alquiler : ya suponía el 43% del sueldo medio en 2023, frente al 38% en 2019, según este estudio de InfoJobs. Pero en las ciudades con los alquileres más caros, representa mucho más: en Barcelona, el alquiler se lleva el 65% del sueldo medio, en Palma el 63%, en Madrid el 62%, en San Sebastián el 60%, en Las Palmas el 53%, en Valencia y Santa Cruz de Tenerife el 50%, en Málaga el 49% y en Girona el 48%.

El esfuerzo para pagar el alquiler es mayor en las familias más vulnerables (con bajos ingresos) y entre los jóvenes. Así, el pago del alquiler se lleva más del 40% del Salario Mínimo (SMI) en toda España, según este estudio de El País. Y supone la mitad o más del SMI en Barcelona (70%), Madrid (61%), San Sebastián (57%), Bilbao y Málaga (50% SMI). Esto hace que el pago del alquiler haya llevado a muchas familias a caer en la pobreza, según reiteran Cáritas y la EAPN. Y provoca que muchas familias vulnerables no puedan pagar ahora su alquiler y aumenten los desahucios (en los últimos 9 meses): en el 2º trimestre de 2024 han sido 7.850 desahucios, según el CGPJ, las tres cuartas partes por alquileres (5.874, un 40% más que hace un año y 5 veces más que en 2020, en plena pandemia).

Con todo, los que más sufren los alquileres disparados y escasos son los jóvenes: ganan de media 1.050,77 euros netos al mes, los menores de 30 años (según el último estudio del Consejo de la Juventud ) y para pagar un alquiler necesitan 968 euros de media, según este estudio de UGT. Además, tienen que pagar los gastos fijos de la vivienda (agua, luz, Internet y gastos comunitarios):  en total 1.131 euros al mes, 80 euros más de lo que ganan los jóvenes en España. Y luego hay que comer, pagar transporte, vivir… Imposible. Así que la mayoría no pueden alquilar y siguen viviendo con sus padres, emancipándose mucho más tarde que en Europa: a los 30,4 años de media, frente a los 26,3 años en Europa.

El panorama de la vivienda y los alquileres es desolador, además de suponer “un cáncer para la economía”, porque muchas empresas (turismo, hostelería, campo, sanidad, educación, industrias) no encuentran personal debido a que los trabajadores no encuentran un alquiler accesible en muchas ciudades y pueblos. Urge dejar de “empecinarse” en la Ley de Vivienda: la ministra Isabel Rodríguez, en un doble gesto de “impotencia” e “incapacidad” , ha apelado a la “solidaridad” de los caseros y ha amenazado con recortar aportaciones estatales a las autonomías que no aplican “topes”(todas menos Cataluña). Hay que dejarse de “demagogia” y “populismo”  y probar otro camino, el que ha abierto el presidente Illa, con su Plan de vivienda para Cataluña.

El Plan Illa tiene 4 ejes, que va a proponer a los municipios catalanes, a arquitectos y constructores: crear un Fondo de suelo, agilizar los trámites de las licencias y el periodo de construcción de viviendas (bajar las entregas de 100 meses a 50), más inversión para facilitar la construcción a promotores públicos y privados y ayudas al alquiler, sobre todo a jóvenes. En total, Illa propone invertir 4.400 millones desde la Generalitat para construir 50.000 pisos públicos en Cataluña de aquí a 2030 (se terminaron 2.243 VPO en 2023). Un objetivo ambicioso, que supone hacer las cosas de otra manera: con suelo, negociación e inversión.

El problema del alquiler no se resuelve imponiendo topes y una Ley: se resuelve negociando un Plan con los que tienen las competencias y la decisión (autonomías, Ayuntamientos, promotores y propietarios), garantizando además los derechos de los inquilinos. Hay que empezar por el principio, el suelo, que es clave (supone la mitad o más del coste de una vivienda). En España hay suelo “urbanizable”, pero falta suelourbanizado”, listo para construir. Y no se sabe cuánto hay ni dónde está. Por eso, Gobierno, autonomías y Ayuntamientos deben hacer un Censo de suelo público. Y agilizar que se puede construir en él. El Gobierno aprobó en marzo de 2024 una reforma parcial de la Ley del Suelo, para facilitar a los Ayuntamientos que pudieran aprobar Planes urbanísticos con defectos menores, que llevan años paralizados en los Tribunales. Pero tuvo que retirarla en el Congreso por el veto de Sumar, Junts, ERC y Podemos… Urge conseguir suelo público y facilitárselo a promotores públicos y privados, porque hoy el proceso tarda de 7 a 10 años.

Además, hay que relanzar las promociones de nuevas viviendas, aportando inversión pública suficiente y pactando financiación privada (con bancos e inversores). Ahora hay poca inversión pública en vivienda (6.900 millones, un 0,5% del PIB, frente al 1% en Europa) y urge aumentarla, a nivel estatal, autonómico y municipal. Sobre todo, porque la inversión pública para construir viviendas  protegidas es sólo la mitad del gasto total (3.472 millones en 2023): el 70% lo aporta el Gobierno central (ojo: con Fondos europeos) y sólo el 30% lo financian las autonomías. Además,  los bancos deben volver a financiar promociones, favoreciendo la promoción privada (subiendo módulos)  de VPO (se construyeron 8.646 en 2023, frente a 67.909 en 2009). En paralelo, hay que frenar los costes de construcción (disparados), mejorar la formación de trabajadores (las constructoras de quejan de que no encuentran personal cualificado) y agilizar el proceso de  construcción (aumentando su  ” industrialización”).

Otro frente de actuación es frenar los alquileres de temporada y los pisos turísticos, para aumentar la oferta. Y en paralelo, negociar con los propietarios para facilitarles el alquiler con garantías, sin topes y con ayudas a los que voluntariamente contengan precios. Una vía es crear empresas municipales y autonómicas que hagan de “intermediarias”, como hace el País Vasco con el “Programa Bizigune”: los propietarios les ceden las viviendas y cobran seguro el alquiler, mientras se despreocupan de todo. Además, deberían plantearse ayudas para rehabilitar más viviendas y fomentar fiscalmente (rebajas IRPF, IBI...) que no estén vacías y se alquilen.

Cara a los inquilinos, hace falta que el Estado (con los pisos del “banco malo”), las autonomías y Ayuntamientos promuevan más viviendas protegidas (hoy suponen el 2,5% del parque, frente al 10-30% en Europa), para ofrecer alquileres públicos subvencionados a las familias que no pueden pagar un alquiler de mercado, aunque baje. Y urge mejorar las ayudas a los jóvenes para el alquiler, que ahora se retrasan y no funcionan (7 de cada 10 solicitantes del bono joven de alquiler no lo consiguen) , fomentando la construcción pública de residencias para estudiantes. Y necesitamos un sistema ágil, con viviendas públicas alternativos, para evitar los desahucios de familias vulnerables.

No hay una medida milagrosa para que bajen los alquileres. Pero la clave es que haya más viviendas y eso debería obligar a las distintas Administraciones a pactar un Plan de choque para la Vivienda, hasta 2030, para construir 200.000 viviendas al año (más del doble que ahora) y que viviendas “desviadas” hoy vuelvan a alquilarse. Debería ser una prioridad para todos. Eso exige dejarse de politiqueos y demagogia, “sentarse” en toda España (en cada autonomía y cada ciudad) y negociar suelo, inversiones, medidas y ayudas. Urge.

lunes, 13 de mayo de 2024

Faltan viviendas: apenas se construye

Los alquileres siguen subiendo mes a mes (+6,7% hasta abril) y son un 70% más caros que hace una década, comiéndose el 40% del sueldo de los inquilinos. Y la compra de un piso se ha encarecido otro +7% anual, con los tipos de interés por las nubes. El problema de la vivienda se agrava, mientras la Ley de Vivienda cumple un año y resulta no sólo inútil sino contraproducente: muchos propietarios afrontan los topes al alquiler desviando sus casas a alquileres turísticos y de temporada o vendiéndolas. En consecuencia, cada vez hay menos oferta, lo que encarece el alquiler. Y se construyen sólo 100.000 casas nuevas, la 8ª parte que en 2016. El problema de fondo es que faltan viviendas, para alquilar y comprar, unas 150.000 al año. Y eso dispara los precios. Por eso urge un Pacto entre administraciones, promotores y bancos para movilizar suelo y dinero y construir más viviendas. Y en paralelo, incentivar a los propietarios (no asustarlos) para que alquilen con seguridad.

                    Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. Los alquileres llevan ya 10 años consecutivos subiendo y en 2024 se han encarecido otro +6,7% entre enero y abril, según los datos del portal Idealista, que refleja un precio del alquiler que alcanza otro récord histórico: 13 euros por metro cuadrado, lo que supone un alquiler medio de 1.170 euros mensuales para un piso de 90 m2. Pero hay 7 grandes ciudades (donde viven 7,3 millones de españoles, la sexta parte de la población) donde el alquiler medio es más caro: Barcelona (21,1 euros/m2), Madrid (19,2 euros), San Sebastián (17,2), Palma (15,8), Málaga (14,2), Bilbao y Valencia (13,9 euros/m2). Y con estas subidas, los alquileres se han encarecido ya un +76,2% en los últimos 10 años (desde 2014), el triple que la inflación general (+22,8%) y casi cuatro veces lo que han subido los salarios (+20,66%). Por eso, ahora, un inquilino debe destinar un tercio de sus ingresos mensuales (el 33% de media en España, pero el 44% en Barcelona y el 37% en Madrid) a pagar su alquiler (si lo encuentra). Un agobio.

Pero no sólo suben los alquileres. También comprar un piso es más caro cada mes, porque suben los precios de las viviendas en venta y el coste de las hipotecas: los pisos subieron un +4,7% en 2023, la mayor subida en 6 años, tras haberse encarecido un +44,5% en los últimos 10 años (más del doble que la inflación y los salarios). Y en 2024, el precio medio de la vivienda usada (la que más se vende) es de 2.079 euros por metro cuadrado (187.000 euros por una casa de 90 m2), lo que supone una subida del +7% en el último año, según Idealista, aunque el precio se dispara mucho más en las grandes ciudades: desde 4.355 euros/m2 en Madrid (392.000 euros por 90 m2) a 4.317 euros/m2 en Barcelona, 2.759 euros/m2 en Málaga, 2.400 euros/m2 en Valencia, 2.247 euros/m2 en Las Palmas y el despropósito de 5.465 euros/m2 en San Sebastián. Unos precios imposibles para la mayoría: suponen tener ahorrado un 30% del valor y pagar una hipoteca mínima de 650 euros mensuales.

¿Qué está pasando, porqué se disparan los alquileres y el precio de los pisos? La respuesta corta es porque no hay viviendas para alquilar y comprar, porque hay mucha demanda, sobre todo de alquiler: 27 inquilinos se interesan por cada piso que se alquila en 2024 (en 2023 eran 17 por alquiler). Y en el caso de las ventas, la demanda para comprar sigue fuerte, a pesar de los altos tipos de interés, porque muchos compradores son inversores o ahorradores que las compran para especular (6 de cada 10 viviendas se compran al contado, sin hipoteca), en muchos casos extranjeros que buscan casa en España (el 15% de las compras totales). Y frente a esta creciente demanda de alquileres y pisos para comprar, sigue cayendo la oferta, tanto de alquileres como de pisos en venta. 

Veamos qué sucede con la oferta de alquileres. Los expertos alertan que la oferta de pisos en alquiler se ha retraído en los tres últimos años, debido primero a los topes impuestos a la revisión de alquileres (2% desde marzo de 2020 a diciembre de 2023 y el 3% para 2024) para combatir la inflación y ayudar a los inquilinos más vulnerables. Eso provocó que muchos propietarios se pensaran alquilar y muchos forzaron subidas bajo cuerda o alquileres irregulares. Luego vino la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno Sánchez en febrero de 2022 y que entró en vigor hace casi un año, el 26 de mayo de 2023. El primer efecto de esta Ley, que pretendía mejorar los alquileres, ha sido el contrario: ha retraído a muchos propietarios a alquilar, porque fija unos topes al alquiler en las zonas tensionadas, por presión de Sumar y Podemos. Este “populismo intervencionista” ha frenado drásticamente la oferta de pisos en alquiler, porque la Ley congela los alquileres actuales en las zonas tensionadas (lo tienen que solicitar las autonomías y por ahora sólo lo ha hecho Cataluña) y fija un tope a los alquileres futuros, según un precio máximo fijado para esas zonas tensionadas.

Esta nueva Ley de vivienda ha agravado el problema del alquiler en España, ya que redujo la oferta de alquileres un 30%, sólo entre mayo y octubre de 2023 (ahora será más), según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Según una encuesta hecha a 637 agencias inmobiliarias, el 45,59% de los propietarios han aprovechado para subir los nuevos alquileres (para cubrirse de las bajas revalorizaciones e impagos) y han endurecido los requisitos que exigen a sus potenciales inquilinos (obligándoles además a “casting muy severos para “filtrarles por ingresos, empleo y contrato, edad, nacionalidad o color de piel y tipo de familia). Otro 15,44% de propietarios responden que se han pasado al alquiler de temporada (ya supone el 11% de todos los alquileres), un 6,2% se han pasado al alquiler turístico (hay 340.000 viviendas turísticas (entre un 10 y un 20% de los alquileres totales, según zonas) y otro 13,07% de propietarios han decidido vender el piso que hasta ahora alquilaban.

En consecuencia, hay muchas menos viviendas que se alquilan. Y en paralelo, se construyen cada año menos viviendas nuevas, lo que aumenta el déficit de viviendas para alquilar o comprar, disparando los precios. Así, en 2023, los visados de obra nueva fueron 107.934, un -0,91% menos que en 2022 (108.923 visados de obra nueva), una cifra similar a las viviendas iniciadas en 2019 (106.266) y que queda muy lejos de las viviendas nuevas que se iniciaban en España en los años del boom inmobiliario (865.561 viviendas iniciadas en 2006, ocho veces más que ahora) e incluso después (264.795 en 2008). Los visados de vivienda libre fueron 98.040 en 2023 y apenas se hizo vivienda protegida (VPO), sólo 11.982 en 2023 (frente a las 90.531 VPO iniciadas en 2008), según los datos oficiales. Y choca que se hayan hecho 3.491 VPO en Cataluña, 1.906 en Andalucía (3 VPO en Málaga…), 1.854 en Madrid, 1.784 en País Vasco, 511 en la Comunidad Valenciana o cero VPO en Canarias…

En resumen, no sólo se alquilan menos viviendas sino que además se construyen pocas viviendas nuevas, por falta de suelo y financiación y porque a los promotores no les compensa hacer viviendas libres ni protegidas (ni a las autonomías y Ayuntamientos promoverlas) , por sus bajos precios (módulos). El resultado es que tenemos un enorme déficit de viviendas disponibles y esa es la razón básica de los altos precios de alquileres y viviendas. En España, cada año se crean 275.000 hogares y llegan además unos 60.000 inmigrantes, lo que supone una demanda de 335.000 viviendas (alquiler o propiedad), según el Banco de España. Y frente a esta demanda, se construyen menos de 100.000 nuevas viviendas al año y caen los pisos destinados al alquiler, con lo que tenemos un déficit de 600.000 viviendas, sólo entre 2012 y 2025, según el Banco de España.

Otros cálculos estiman que España necesita 1.500.000 nuevas viviendas en 10 años (150.000 al año), de ellas 1.300.000 para alquilar. Este es el gran objetivo que tenemos pendiente, no poner topes artificiales a los alquileres (que retraen más la oferta). Para ello hay que resolver los 4 problemas que tiene hoy la construcción, según el Consejo de Arquitectos: la falta de suelo (y sus elevados precios), la falta de financiación (los bancos se han retirado de financiar a los promotores, tras la burbuja inmobiliaria y más tras las fusiones), el alto precio del dinero (los tipos más altos desde 2008) y la enorme burocracia y complicaciones jurídicas que rodean a los planes urbanísticos. Los promotores-constructores hacen hincapié en los dos que más les preocupan: la falta de suelo disponible para construir y lo complicado que resulta conseguir una licencia de obra (hasta 18 meses). Y añaden dos más: aumento de los costes de construcción y falta de mano de obra formada.

Así que la clave del problema de la vivienda está en aumentar la oferta, construyendo más viviendas y facilitando que los propietarios las alquilen, lo que exigiría ponérselo fácil, no imponerles topes que les disuaden a alquilar. Una vía, seguida por el gobierno vasco (Programa Bizigune), es impulsar la creación de agencias públicas autonómicas que les gestionen y aseguren el cobro del alquiler. Otra, incentivar los alquileres asequibles con deducciones fiscales a los propietarios que los hagan. Y fomentar la salida al mercado de los 4 millones de viviendas vacías, aunque eso requiere ayudas para rehabilitar muchas de ellas, que no están para alquilar. Pero ojo: este enorme parque de viviendas vacías no es la panacea para resolver el problema del alquiler, porque sólo 400.000 (1 de cada 10) están en ciudades con más de 250.000 habitantes, donde se concentran los problemas.

La otra vía, construir más viviendas es clave, conseguir iniciar al menos 150.000 viviendas al año (50.000 más que ahora). Para conseguirlo, es urgente lograr un Acuerdo entre administraciones, promotores/constructores y bancos (privados y el ICO), para conseguir sacar al mercado todo el suelo posible y financiar promociones de nuevas viviendas, la mayoría para alquileres a precio tasado. Ese era el objetivo de la reunión que mantuvo el presidente Sánchez, el pasado 11 de abril, con los promotores y patronales inmobiliarias, sindicatos y bancos, aunque no se concretaron objetivos y faltaban autonomías y ayuntamientos (cuya colaboración es básica, aunque difícil dada la actual crispación política).

En paralelo, el Gobierno ha tomado algunas medidas normativas para ayudar a relanzar la construcción de viviendas. Por un lado, ha aprobado (26 de marzo 2024) y enviado al Congreso una reforma parcial de la Ley del Suelo, para dar más seguridad jurídica a los Planes urbanísticos de los Ayuntamientos, para que se puedan poner en marcha cuando tengan deficiencias subsanables (y no se paralicen, como ahora, en los Tribunales), además de facilitar que los municipios realicen un registro de solares vacíos donde obliguen a los propietarios a edificar. En paralelo, ha aprobado una Orden para facilitar a autonomías y Ayuntamientos la concesión de “licencias rápidas. 

Y además de facilitar la construcción de nuevas viviendas, el Gobierno promueve ampliar la oferta de vivienda por otras dos vías. Una, con el Plan para construir viviendas públicas con dinero de los Fondos europeos (1.000 millones): se iban a construir 20.000 viviendas, pero ya se han firmado convenios con las autonomías para construir 25.000 VPO, para alquileres asequibles. La otra, movilizar las 50.000 viviendas que tiene la SAREB, el “banco malo” público que se creó con los pisos y suelo acumulados tras la crisis bancaria. La SAREB ha ofrecido 21.000 de estas viviendas para que las compren las autonomías, pero ha sido un fiasco: sólo habían comprado 350 viviendas a finales de 2023. También la SAREB ha ofrecido 4.770 suelos a Ayuntamientos en condiciones ventajosas. Y hay otras 14.000 viviendas de la SAREB habitadas cuya situación se está tratando de regularizar, mientras la SAREB ofrece el suelo para otras 15.000 viviendas a construir con promoción público-privada.

Además, el Gobierno ha creado un Grupo de Trabajo para aprobar una futura regulación de los pisos turísticos, para facilitar su regulación y control a autonomías y Ayuntamientos. Y lo mismo para los alquileres de temporada, una vía de escape para alquilar sin control que se debe regular. Pero la clave sigue siendo “atraer” a los propietarios para que alquilen (en lugar de asustarlos con los topes al alquiler) y conseguir que entre la promoción pública, la SAREB y la promoción privada, se construyan más viviendas en España. Que aumente más la oferta, de alquileres y pisos en venta, lo que acabará haciendo bajar alquileres y precios. No hay otro camino, por mucho que los controles de precios (“populismo” contraproducente) suenen bien a algunos. El problema de la vivienda sí tiene enmienda: construir más.

jueves, 24 de febrero de 2022

Vivienda: ventas récord, hipotecas más caras

En 2021 se dispararon las ventas de viviendas, las mayores desde 2007. El motor de estas ventas ha sido la abundante liquidez, porque una cuarta parte de las compras han sido como inversión, para alquilar la vivienda o especular. También han ayudado los tipos bajos, con un récord de hipotecas desde 2010. Aún así, los expertos aseguran que no estamos en otra “burbuja”, porque las ventas y precios de la vivienda están muy por debajo de la “burbuja” de 2007. Eso sí, el BCE ha advertido de que sí hay “burbuja inmobiliaria” en 7 paises del centro y norte de Europa, entre ellos Alemania, Austria, Paises Bajos o Dinamarca, donde los precios de la vivienda suben más del 10%, frente al 4,2% en España. Ahora, se espera que las ventas y los precios sigan creciendo, por la mejora del empleo, aunque las hipotecas han empezado a subir y subirán más si se descontrola la inflación. El problema de fondo es que se construyen pocos pisos.

Enrique Ortega

Cada día de 2021 se compraron y vendieron en España más de 1.500 viviendas, un total de 565.613 operaciones de compraventa, lo que supone un aumento del 34,6% sobre las ventas de 2020, según el INE. Eso supone la mayor cifra de ventas de viviendas desde 2007, el año del boom inmobiliario, cuando se vendieron 775.300 viviendas. Y supone una gran “remontada” de ventas, desde el mínimo de 2013: 312.500 viviendas vendidas. Casi el 80% de todas las ventas de 2021 han sido viviendas de segunda mano (450.485) y sólo una de cada cinco fueron compraventas de viviendas nuevas (115.128). Las mayores ventas (por 100.000 habitantes) se dieron en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, la Rioja y Cantabria, muy ligadas a segundas residencias y zonas de costa.

En 2021 no sólo se han recuperado las ventas de viviendas de antes de la pandemia (505.467), sino que también han batido récords las donaciones de viviendas y las herencias de pisos. Se contabilizaron 25.062 donaciones de viviendas, un 24,6% más y el récord desde 2008 (23.500), normalmente traspasos de propiedad de padres a hijos para aprovechar las ventajas fiscales en algunas zonas (Madrid) y ante el temor de futuras subidas fiscales. También aumentaron, un +29,6% las herencias de pisos, 198.939 operaciones, superando el anterior récord de 2018 (179.385 herencias), debido fundamentalmente al aumento de la mortalidad por la COVID-19. También crecieron las permutas, divisiones horizontales y concentraciones de parcelas, con lo que al final, el balance de movimientos de propiedad en 2021 fue de 986.905 operaciones, un 27,3% más que en 2020, y cerca de las 1.182.141 operaciones inmobiliarias registradas en el “boom” de 2007.

La pandemia ha acelerado el apetito de los españoles por tener una vivienda en propiedad, ya sea para cambiar de casa (una más grande y con terraza o pequeño terreno) o para comprar una vivienda como inversión, aprovechando el ahorro acumulado. Así, se estima que el 23% de las casas se compran como inversión, según Tecnocasa, que añade que el 70% de estas compras se hacen al contado. Y la mayoría de los inversores, particulares y empresas,  buscan un doble objetivo: alquilar la vivienda que se compra, que aseguró una rentabilidad media del 6,6% en 2021 (superior a la de muchas otras inversiones, como la Bolsa o los bonos del Estado), o especular con ella y venderla más cara en unos años.

El otro motor de las compras, junto a los inversores, son particulares y familias que han aprovechado para cambiar de casa o acceder a una vivienda por primera vez, ahora que tienen más ahorros y el dinero está barato. Además, en los dos últimos años, los bancos han abierto la mano en la concesión de hipotecas, ante la falta de demanda de crédito. Y la consecuencia es que en 2021 se alcanzó también un récord de hipotecas: se firmaron 417.501 hipotecas, un 23,6% más que en 2020 y la mayor cifra de hipotecas firmadas en 11 años (desde 2010, cuando se firmaron 607.535), según los datos publicados hoy por el INEEn cantidades prestadas, el Banco de España ya publicó el dato hace días: 59.426 millones de euros concedidos en hipotecas, un 35% más que en 2020 y la mayor cifra de hipotecas concedidas desde 2010.

Este empujón en las hipotecas, que explica una gran parte del récord de venta de viviendas, se debe a que los tipos de interés siguen bajos, al amparo del “precio cero” del dinero mantenido por el BCE. Así, los datos del INE (diciembre 2021) revelan que el tipo medio pagado por una nueva hipoteca (139.921 euros a 24 años) ha sido del 2,53% (2,80% las de tipo fijo y 2,08% las de tipo variable), un tipo similar al de un año antes (2,42% en noviembre 2020) pero la mitad del coste de las hipotecas hace una década (4,19% en noviembre de 2011 y 4,27% en noviembre de 2013). Un cambio importante es que los bancos han llevado a los clientes a que la mayoría de las hipotecas que contratan sean a tipo fijo (para cubrirse ante los “vaivenes” de tipos): en diciembre de 2021, el 67,7% de las hipotecas contratadas fueron a tipo fijo, cuando dos años antes eran sólo el 42,8% y cuatro años antes (noviembre 2017) sólo el 36,3% de las hipotecas eran a tipo fijo y los dos tercios restantes  (63,7%) eran variables (Euribor + un %fijo), según la Asociación Hipotecaria y el INE.

El récord en la venta de viviendas ha tirado para arriba de sus precios, aunque todavía de una forma moderada: en el tercer trimestre de 2021 (último dato del INE), la subida anual de la vivienda en España fue del +4,2%, más que en todo 2020 (subió un +2,1%, por la pandemia) pero menos que en 2019 (+5,1%). Con ello, la vivienda lleva ya subiendo 8 años consecutivos (desde el +0,3% que subió en 2014), tras el desplome de precios que siguió al estallido de “la burbuja” inmobiliaria, cuando los precios cayeron un -45%. Pero la recuperación no ha sido suficiente y los precios están todavía un -20,92% por debajo de los precios de la vivienda a finales de 2008: 1.661,6 euros por metro cuadrado (septiembre 2021) frente a 2.101,4 euros de media a finales de 2008, según los datos del INE.

Por eso, los expertos creen que no puede hablarse de una nueva “burbuja de la vivienda en España: los precios todavía son un 20,92% más bajos y las ventas de viviendas, aunque hayan mejorado mucho, todavía son un 27% inferiores a las de 2007 (565.613 en 2021 frente a 775.300 viviendas vendidas en 2007). Pero la situación sí preocupa en una gran parte de Europa, en los paises del centro y norte, donde el BCE ha advertido del riesgo de estar en una nueva burbuja inmobiliaria. La última estadística de Eurostat, sobre la subida de precios de la vivienda en el tercer trimestre de 2021 es muy llamativa: sube más del 10% anual en República Checa (+22%), Lituania (+18,9%), Estonia (+17,3%), Paises Bajos (+16,8%), Luxemburgo (+13,4%), Austria y Eslovenia (+12,9%), Letonia (+12,7%), Alemania (+12%) y Dinamarca (+10,3%). Y sólo tres paises tienen unas subidas de precios de la vivienda “moderadas”: Chipre (+2,2%), España e Italia (+4,2%).

Ante este panorama, con unos precios de la vivienda que suben demasiado (por el exceso de liquidez y las compras especulativas), el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado una alerta, en febrero,  a 7 paises, por temor a que se esté gestando una “burbuja financiera” que pueda estallar y provocar problemas en los bancos y las economías, como ya pasó en 2008-2010: ha “apercibido”  a Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría, Liechtenstein y Eslovaquia, que se suma a otra advertencia similar enviada a Alemania y Austria en 2019. El informe alerta del excesivo riesgo por el elevado endeudamiento de los hogares y el rápido crecimiento del crédito hipotecario, por lo que advierte a las autoridades y a los bancos que vigilen el riesgo hipotecario. Y además, el BCE advierte que hay paises apercibidos ya en 2019, cuya “burbuja inmobiliaria” está hoy peor: Dinamarca, Finlandia, Suevia, Holanda y Luxemburgo. Así que están todos bajo vigilancia. Y el propio vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha alertado del “riesgo de una burbuja inmobiliaria en Europa”.

El BCE no ve riesgo de “burbuja inmobiliaria” en España, donde la sobrevaloración de la vivienda es de las más bajas de Europa. Pero todo indica que las ventas y los precios seguirán subiendo en 2022, alimentados por la recuperación económica y la mejora del empleo. Pero hay dos riesgos, que están unidos entre sí: la inflación (que es come parte de los ingresos y ahorros de las familias) y la esperada subida de tipos, para contrarrestar las subidas de precios. El conflicto en Ucrania ya ha disparado el precio del petróleo y el gas, lo que se trasladará a nuevas subidas de la electricidad, el transporte y los alimentos, una preocupante perspectiva que puede frenar compras de viviendas. Y más si las subidas de materiales y la falta de mano de obra cualificada encarecen los costes de la construcción. Pero la clave va a estar en los tipos de interés: el BCE ha prometido no subirlos hasta 2023, pero si la inflación no se contiene de aquí al verano, podría subirlos antes, en el otoño de 2022, como hará en marzo la Reserva Federal en EEUU.

Adelante o no el BCE la subida oficial de tipos, el caso es que las hipotecas se han encarecido ya. Y eso, porque el Euribor (el tipo de interés a que se prestan los bancos entre ellos) lleva subiendo año y medio (ver gráfico) y está hoy en el -0,337, el tipo máximo en los últimos 20 meses. Con una media del -0,335 en febrero, superior a la de hace un año (-0,501), las hipotecas que se revisen en marzo subirán: una hipoteca media (150.000 euros a 25 años), a tipo variable (Euribor + 1%), pasará de una mensualidad de 531,5 euros a 542 euros, 10,5 euros más al mes (+126 euros al año). Y así pasará con la mayoría de hipotecas a tipo variable (el 80% de las pendientes de pago) que se revisen a lo largo der 2022, aunque no se espera que el Euribor sea positivo hasta 2023 (o quizás a finales de este año).

No es que las hipotecas vayan a subir mucho, al menos hasta 2023, pero algo subirán y eso desalentará algo las compras, aunque mucho va a depender de la actitud de la banca. Dado que el resto del crédito no acaba de despegar, las entidades se han metido en una nuevaguerra hipotecaria, para tratar de captar a los futuros compradores. Y más si la reforma laboral reduce los contratos temporales y hace menos precarias las nóminas de los jóvenes. Ahora, la tendencia de los bancos es volver a ofrecer hipotecas a tipo variable, para aprovechar la esperada subida del Euribor. Y además, todos buscan colocar productos a los hipotecados, desde tarjetas y seguros a alarmas, para mejorar sus ingresos por comisiones.

Al final, la tendencia de la vivienda es que aumente la demanda y los precios, porque los alquileres siguen disparados y hay una enorme demanda insatisfecha. De hecho, un informe del IESE estima que harán falta 140.000 viviendas nuevas en la próxima década, para atender a las nuevas familias, siendo Madrid, Andalucía y Cataluña donde crecerá más la demanda. Y el problema es que la construcción de nuevas viviendas ha caído en picado: de construirse 580.000 nuevas viviendas al año entre 1998 y 2007 se pasó a una media de 75.000 nuevas viviendas construidas entre 2007 y 2014 y menos de 100.000 viviendas que se habrán construido en 2021. Es un problema de falta de suelo (los Ayuntamientos tendrían que ayudar), de falta de financiación, de temor a una falta de demanda estable y, en el último año, a una fuerte subida de costes: tanto materias primas (cemento, vidrio, energía, maquinaria…) como de personal (faltan trabajadores especializados, disparando algunos sueldos).

Al final, la vivienda es una necesidad y una industria clave, para la que hay una demanda insatisfecha que seguirá alimentando ventas y precios, de momento sin riesgo de entrar en una nueva “burbuja inmobiliaria”. Pero habría que planificar una oferta suficiente a medio plazo, con colaboración público-privada, más incentivos al alquiler y vigilando el mercado de compraventa, con precios y endeudamientos razonables, que eviten “sustos” futuros. Porque si la vivienda tira, ayudará a recuperar la economía y el empleo.  

lunes, 19 de julio de 2021

Viviendas: la ola de rehabilitación que viene

El pasado martes 13 de julio, el mismo día que la Comisión Europea aprobaba el Plan de Recuperación de España, el Gobierno liberaba aquí los primeros 1.631 millones europeos para gastarlos en la rehabilitación de viviendas, el 2º mayor programa del Plan tras el coche eléctrico. Ahora se tienen que montar oficinas en las autonomías para que este otoño se puedan pedir ya las ayudas para rehabilitar viviendas (ventanas, aislamientos, calderas…) y que consuman menos energía. El gran objetivo es rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y luego, otras 300.000 cada año a partir de 2030. Los propietarios (incluso los inquilinos) podrán pedir estas ayudas europeas (del 35 al 100% de la rehabilitación) y también incentivos fiscales en el IRPF, lo que podrá en marcha “una gran ola rehabilitadora”, que tirará de la construcción y creará 180.000 empleos. Para conseguir renovar nuestras viviendas y reanimar la economía, el Plan debe ser ágil, sin mucha burocracia y dar facilidades a los vecinos.

Enrique Ortega 

La Comisión Europea se ha fijado como una de sus prioridades de futuro “la rehabilitación energética” de los edificios europeos, porque son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su gran objetivo, dentro de su estrategia contra el Cambio Climático, es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones en 2050”. Para lograrlo, ha incluido la rehabilitación energética de edificios como una de las prioridades de su Plan de recuperación, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a fondo perdido).

A partir de aquí, cada país ha elaborado su Plan de Recuperación, bajo las directrices europeas. El de España se aprobó definitivamente en el Ecofín (reunión Ministros de Economía de los 27) del pasado martes 13 de julio y en septiembre vendrán ya los primeros 9.000 millones de Fondos europeos, a los que seguirán otros 10.000 más en diciembre. Y ese mismo martes, el Consejo de Ministros “liberaba” en España el primer gasto con cargo a esos Fondos europeos: 1.631 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, el 2º programa de inversión más importante (tras el coche eléctrico y la movilidad sostenible) del Plan de recuperación presentado a Bruselas y que espera contar con un total de 70.000 millones de ayudas europeas en los próximos 5 años.

El programa de rehabilitación de viviendas de España, incluido en el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas, contempla una inversión total de 6.820 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023. Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y a partir de ahí, poner en marcha una industria de rehabilitación de viviendas y un esfuerzo inversor privado que permitan seguir por esta senda, con otro objetivo aún más ambicioso después: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, 7,2  millones de viviendas rehabilitadas en total para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo suena desmesurado si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2.01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media UE-27 está en el 1,5% de rehabilitación. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, por habitabilidad y alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). Tenemos un parque de viviendas de 25,7 millones, de las que 19 millones son viviendas principales. Y se estima que más de la mitad, concretamente 9,7 millones son anteriores a 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que serían las candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación 2021-2023, incluido en el Plan de recuperación de España, contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene 3 líneas de actuación: ayudas del 35 al 100% a particulares y empresas para la rehabilitación de viviendas (1.994 millones), rehabilitación de barrios enteros (976 millones) y nuevos incentivos fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) para la rehabilitación (otros 450 millones). El segundo Plan (1.000 millones de inversión) contempla la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades, donde el 30% de las viviendas son anteriores a 1960 y el 10% están en estado ruinoso, malo o deficiente), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos, de la administración Central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos y culturales o asistenciales (1.080 millones de inversión). Y el cuarto Plan del programa (1.000 millones más) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler entre 2022 y 2023.

El Plan de rehabilitación de viviendas privadas, el núcleo del programa (3.420 millones) contempla dos tipos de ayudas al propietario de la vivienda. Unas serán ayudas directas, subvenciones que irán del 35% al 100% del coste, según el tipo de rehabilitación que se haga. Y las otras serán incentivos fiscales en el IRPF, sólo para particulares, que serán del 20% (para obras menores), el 40% (para procesos integrales de rehabilitación) y hasta del 60% cuando se rehabiliten edificios enteros (o viviendas unifamiliares). En todos los casos, se exigirá que la rehabilitación suponga al menos un ahorro de energía del 30%, con obras ligadas al cambio de ventanas, reforzamiento de fachadas, aislamiento y cambio de calderas. Y se permite que las ayudas las puedan solicitar también los inquilinos, si pactan con el propietario destinar  el pago del alquiler al coste de la rehabilitación.

Todavía es pronto para cuantificar las ayudas, pero se estima que podrían ser de 5.000 a 15.000 euros por vivienda, según el proyecto de rehabilitación y el ahorro energético que se consiga. Y también se contemplan otras ayudas para que las comunidades de vecinos encarguen un Libro del Edificio (un estado de situación y sus necesidades) y para pagar la redacción de los proyectos de rehabilitación por parte de empresas y consultoras (financiando a las comunidades del 40 al 80% de su coste, hasta 16.000 euros).

De momento, el Consejo de Ministros ya liberó el 13 de julio la parte de este programa de rehabilitación correspondiente a 2021, los primeros 1.631 millones destinados a la rehabilitación residencial: 1.151 millones serán para la rehabilitación de viviendas y barrios y 480 millones serán para rehabilitar edificios públicos. Ahora, el siguiente paso es repartir este dinero público, porque el 80% lo gestionarán las autonomías, que son las que tienen las competencias de vivienda. Próximamente habrá una reunión del Consejo Interterritorial para repartir los fondos por autonomías, en base a los hogares y la población de cada una. Las 4 autonomías que van a recibir más de 100 millones para rehabilitar este año son Andalucía (199,9 millones), Cataluña (186), Madrid (161) y la Comunidad Valenciana (124,6 millones). Pero cara al futuro, la propuesta del Gobierno es que las autonomías que mejor lo hagan, que rehabiliten más viviendas, se les “premie” con más fondos para 2022 y 2023.

La intención del Gobierno es aprovechar estos meses para poner en marcha el sistema y que se puedan solicitar las ayudas para rehabilitación ya en septiembre, aunque lo más probable es que 2021 sea un año medio perdido. La clave es que no haya “peleas” entre el Gobierno central y los autonómicos de distinto color y que las autonomías pongan en marcha Oficinas únicas para la rehabilitación en los Ayuntamientos, facilitando los trámites a los particulares y comunidades de vecinos interesadas. Además, Fomento está promoviendo que se creen empresas para facilitar la rehabilitación ”llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a constructoras, energéticas y bancos. Además, se ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

A poco que se haga bien, podemos asistir a una “ola de rehabilitación”, donde particulares y empresas aprovechen estos Fondos europeos para remozar sus viviendas, a la vez que se rehabilitan barrios enteros y edificios públicos. El objetivo es que esos 6.820 millones de Fondos europeos puedan movilizar tres veces más de Fondos públicos y privados y conseguir así hasta 22.500 millones de inversión para rehabilitar el parque de vivienda. Esta nueva actividad puede generar una importante industria (se crearán empresas para gestionar las ayudas y otras para realizar la rehabilitación) y colaborar en la esperada recuperación. De hecho, el Gobierno estima que los Planes de rehabilitación crearán 188.000 nuevos empleos y contribuirán con 13.500 millones de euros al PIB. Eso sin contar con el ahorro energético que lograrán (-40% de energías fósiles) y el recorte estimado de emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales).

Todo apunta a que estamos ante una oportunidad histórica para mejorar el parque de viviendas (lo que podría aumentar la oferta de alquileres), fomentar nuevas empresas, crear empleos con futuro y colaborar en la lucha mundial contra el Cambio Climático. Y también estamos ante un gran reto: saber si España es capaz de gastar estos Fondos europeos con rapidez y eficacia. La Comisión Europea nos va a mirar con lupa, año tras año, con el compromiso de que el dinero europeo que no se haya gastado en rehabilitación (la fecha tope es el 26 de junio de 2026) habrá que devolverlo. Y que si el programa se atasca o va lento, no nos liberarán nuevos pagos. Nos jugamos mucho con hacerlo bien. A rehabilitar tocan.